Caso Leyva-Congreso, ruta esperanzadora

El Diario, 30 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

La decisión de la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado, de no presentar el recurso de revisión al amparo otorgado por la justicia federal al abogado Rodolfo Leyva Martínez, en su litigio con el Poder Legislativo por el nombramiento de 2 consejeros propietarios y 5 suplentes se ha convertido en una bocanada de aire fresco al enrarecido ambiente político en que se desenvuelve la relación de la sociedad chihuahuense con la administración pública, y no sólo en el ámbito estatal; las quejas y malestar de un sector de la sociedad provocadas por la reforma fiscal se incrementan con el paso de los días.

Al resolver que se allanarían a lo decidido por el juez Ignacio Cuenca, los diputados locales han abierto una veta que permitirá -claro, si no aparecieran más imponderables- transparentar los procesos de designación de los integrantes de distintos órganos de la vida pública en Chihuahua y le quitarán una enorme capacidad discrecional a los partidos políticos y sus legisladores, cuyos abusos en los nombramientos de los integrantes de diversos organismos “ciudadanizados” han echado al traste el espíritu con el que fueron concebidos y han conculcado los derechos ciudadanos que se creía deberían preservar.

En adelante, por lo menos en Chihuahua, en los procesos de designación de los integrantes del Poder Judicial -y su ratificación-, de los órganos electorales, de la Comisión de los Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), los legisladores estarán obligados a “fundar y motivar” su elección por determinado ciudadano a uno de esos cargos; ya no podrán, como el fue el caso impugnado, simplemente votar por el que se les ocurra, independientemente de los conocimientos demostrados por cada uno de los aspirantes, ni podrán, a contrapelo de estas determinaciones, acatar a pie juntillas las indicaciones recibidas de quien -o quienes- todo lo deciden, sin percatarse que en las democracias eso está superándose.

La diferencia para que eso ocurriera, se encuentra en las disposiciones legales existentes, por supuesto, propuestas y aprobadas por los integrantes de los mismos partidos a los que pertenecen los que han sido, no solamente impugnados, sino puestos en ridículo con la sentencia del juez Cuenca.

Y es que, al contrario de otras legislaciones, la chihuahuense en la elección de los consejeros del Ichitaip trazó una ruta a fin de que los mejores aspirantes (por su capacidad, conocimientos, disposición y desempeño) pudieran acceder en primer lugar a ese órgano, precisamente para que se ocuparan los puestos de ese Consejo por los aspirantes con los mejores perfiles y que tales características pudieran dar una cierta garantía de imparcialidad e independencia, en su desempeño frente a los 3 poderes del Estado, a fin de garantizar la vigencia del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y evitar, por tanto, que ese organismo se convierta en una valladar para la transparencia en Chihuahua.

Pero al allanarse a la resolución judicial, el Congreso del Estado nos mostró la ruta que en adelante los chihuahuenses pueden seguir en la elección de los integrantes de los organismos mencionados, es decir, que emitió el mensaje de que sus actos, en adelante, por lo menos en esta materia, se harán conforme a los procedimientos tan bien señalados en la legislación y que ayudan a disminuir el poder de los partidos políticos en la conformación de estos organismos que se soñaron “ciudadanizados”, que al paso del tiempo se convirtieron, solamente, en el lugar del reparto de cuotas de poder entre los principales partidos políticos y cuya máxima expresión se alcanzó -por lo menos en el ámbito federal- cuando el hasta entonces muy reconocido jurista, Sergio García Ramírez, votó en el Consejo General del IFE para negar la existencia de las tarjetas Monex en el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto, luego que se había excusado de participar en el debate por tener, dijo, “un conflicto de interés”.

Ese fenómeno -de las cuotas de los partidos- llegó a alcanzar carta de naturalización. Hoy ha sufrido un serio quebranto. Tampoco lanzamos las campanas a vuelo. En esta materia, como en prácticamente todo lo que atañe a la administración pública, también dependerá del talante democrático de los gobernantes.

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Laicidad

El Diario, 28 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Constitución General de la República:

“Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

Ley Electoral del Estado de Chihuahua:

“Artículo 41

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales:

…

l) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión o secta;

m) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones o alusiones de carácter religioso o racial en su propaganda, salvo cuando de manera democrática se resalte la necesidad de la representación de las diversas etnias que componen la población del Estado;…”.

Quizá porque se ha elevado la religiosidad de la sociedad chihuahuense; o porque los creyentes la incrementaron poderosamente, o, simplemente a muy pocos importa que se hayan elevado sustancialmente las expresiones religiosas en el ámbito oficial.

Probablemente, también se deba a los triunfos electorales del PAN en la presidencia de la república -y en entidades y municipios- de tal manera que, aunque sorprendidos, las primeras manifestaciones religiosas realizadas por un presidente éstas fueron las efectuadas por Vicente Fox en la asunción de su cargo en el año 2000.

También deberá contar ¡Y cómo no! las nuevas regulaciones en materia de agrupaciones religiosas y el indudable protagonismo de la jerarquía católica, aunque no sea la única, pero en la actuación de los funcionarios públicos -especialmente los titulares del Poder Ejecutivo- se aprecia un desmedido afán por hacerle llegar a los ciudadanos -cuando es de buena fé- el mensaje de que su gobernante -o aspirante- es portador de una profunda y acendrada creencia religiosa.

A  muy pocos días de haber asumido la gubernatura, César Duarte empezó a terminar sus discursos con una inocultable frase religiosa: “Que el cielo bendiga a Chihuahua”.

Nadie podría oponerse a que le dedique tan buenos deseos a nuestra entidad, sabiendo que esa es una frase tradicional entre los creyentes, entre los cuales la frase verdadera es la de: “Dios bendiga a Chihuahua”.

El problema estriba en que los ciudadanos, que no ocupan cargos públicos, pueden usarla indistintamente en su vida diaria; no así los gobernantes, éstos, y sobre todo los mexicanos con esa larga tradición de separación de los asuntos religiosos y del Estado deberán comportarse de manera tal que en su actuación pública no podrán efectuar actos que conlleven discriminación alguna, ni preferencia religiosa, de ahí que durante muchos años los gobernantes mexicanos guardaron muy en la discrecionalidad de su vida privada sus creencias y prácticas religiosas.

Sinceramente ¿A quién le importa si el presidente de la República o el gobernador asiste a misa o al rito religioso de sus respectivas creencias?

Ese es un asunto de su más íntima vida personal, por lo menos así se debería esperar de los “más buenos” creyentes.

Bueno, pues durante estos años el mencionado lema fue el principal de prácticamente todos los discursos del Gobernador Duarte y de una buena cantidad de artículos regalados por la actual administración estatal -tazas para el café, termos,  bolsas, etc.- pero ahora también de las camisetas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido del mandatario.

“Cientos de priistas acudirán este sábado al Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, en donde se llevará a cabo la toma de Protesta de Dirigentes Municipales del PRI; para esta ocasión se entregará una camisa en color rojo, que en la parte posterior tiene la frase con la que el Gobernador del Estado cierra todos sus mensajes, ‘que el cielo bendiga a Chihuahua”. (Nota de laopción.com, 25/I/14).

Tales actitudes resultaron altamente contagiosas. En su discurso, en la reunión de toma de protesta de los presidentes de comités municipales, el dirigente nacional del PRI, César Camacho, afirmó, al “reconocer” el trabajo, esfuerzo y resultados del gobernante chihuahuense, que “El Gobernador dice que el cielo bendiga a Chihuahua y creo que Dios lo ha escuchado”. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 26/I/14).

Ahora resulta que su dios los ha favorecido, por encima de los intereses y aspiraciones de los militantes y simpatizantes de los otros partidos políticos

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Similitudes a querer y no

El Diario, 26 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

En ocasión de la visita de los dirigentes nacionales de los 2 más importantes partidos en el escenario chihuahuense, -PRI y PAN- César Camacho y Gustavo Madero, respectivamente, no dejan de llamar la atención que los esfuerzos de sus más representativos militantes en la entidad -César Duarte y el dirigente nacional blanquiazul- se hayan dirigido a tratar de desmentir los intensos rumores -en el caso del gobernador Duarte- y las insistentes acusaciones -para Gustavo Madero- de la posible comisión de actos de corrupción en sus respectivas gestiones, del gobierno del Estado Grande para el ballezano y la del Comité Nacional de su partido para el empresario hotelero.

En tanto que a Gustavo Madero todas las notas informativas le destacaron la parte defensiva de su discurso -“en el PAN no hay corrupción”- los priistas sacaron su faceta festiva para recibir a su líder nacional, luego que un día antes, en un inesperado giro de su política de comunicación social, el Gobernador César Duarte rechazó las innumerables acusaciones que corren como rumores en una buena parte de los lugares de reunión de los chihuahuenses y, sobre todo, en las redes sociales de la internet.

“Hay quien dice, el Gobernador está haciendo un hotel en Parral, que soy el dueño del (hotel) Soberano, que el Gobernador anda comprando muchos ranchos, cuando me dediqué a que la gente recuperara las calles, la paz, la tranquilidad”. (Nota de la Redacción, El Diario de Chihuahua, 24/I/14).

No dejó fuera del desmentido ninguno de los rubros por los que tanto se le cuestiona en los medios de comunicación alterna: “No me he dedicado a endeudar el estado, como han pretendido hacer creer. Los resultados ahí están. Hay seguridad, hay educación, hay empleo; fuimos el estado que más creció en economía el año pasado. Nadie nos lo regaló, me ocupé de eso, no de los rumores que me andan inventando…”.

La diferencia estriba en que para el priista las acusaciones y rumores provienen de la sociedad y de los opositores a su gobierno, -aunque no necesariamente piense el escribiente que fueron diseñados y ejecutados por éstos- cuyo nivel de difusión es de tal magnitud que obligó al mandatario a salir al quite y desmentirlos; en cambio, las acusaciones arrostradas por Madero provienen de sus compañeros, muchos de ellos del mismo nivel de dirigencia, ya sea el Comité o el Consejo nacionales e involucran a varios de sus más cercanos colaboradores.

El encono es tanto que los simpatizantes del senador Ernesto Cordero (allegado a Felipe Calderón, ex secretario de Hacienda en la gestión presidencial de éste) resolvieron celebrar diversas actividades un día antes de la visita de Madero, quien vino a Chihuahua con el sambenito de “informar” de su gestión y de las leyes secundarias con “el ADN panista” que habrán de aprobarse, luego de la puesta en vigor de las reformas impulsadas por su partido, en especial la energética.

Nadie se lo creyó, menos en el PAN; Madero vino a una reunión proselitista en la que, si bien no llamó a sufragar por él, dados los antecedentes del evento y su entorno, no era necesario que lo hiciera.

Podrá ganar la contienda que se realizará a mediados de año, pero el daño “colateral” -como dijo su compañero Felipe Calderón- está hecho; la acusación y las distintas evidencias de la corrupción en el manejo y conducta de algunos de los integrantes de los grupos parlamentarios de su partido, y la directa vinculación de varios de ellos con el actual dirigente nacional, le ha otorgado al blanquiazul un nuevo motivo de preocupación: Muy difícilmente se podrá negar que los niveles de corrupción en el PAN han llegado a magnitudes insospechadas todavía muy poco tiempo atrás.

Les costará caro en la siguiente etapa electoral… y aún les falta el ingrediente estatal en el que la demanda de la renuncia del dirigente estatal, Mario Vázquez, por parte de algunos de los aspirantes a la dirigencia estatal, ha sido, hasta ahora, el principal tema hacia el interior de este partido.

En cuanto haya convocatoria, si decido participar, dijo Vázquez, me separaré del cargo.

En cambio, el fin de semana no fue tan agradable para el partido en el poder en Chihuahua y el mandatario estatal. 

A las comentadas declaraciones del gobernador Duarte -que tienen un inocultable trasfondo de creciente rechazo a su administración- deberíamos agregar que en la presentación del informe del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz (quien se ganó un merecido reconocimiento), se supo del requerimiento del presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, acerca de la postergada disculpa pública exigida por este organismo ante las denuncias presentadas por la activista Marisela Escobedo, por la inacción del gobierno estatal en la investigación del asesinato de su hija, Rubí Frayre.

Ante ello, el Fiscal General, Jorge González Nicolás, anunció que se realizará “un pequeño” evento con ese motivo, en el que asistirá la “mayor parte de familia que pueda ir y el Estado dará lectura a un documento donde se mencionarán las omisiones en que se incurrió y ofrecerá la disculpa pública”, dijo.

Dicho de esa manera, pareciera revestir no tanta importancia. No es así, es una severa reprimenda al sistema de procuración de justicia de Chihuahua, a la que debiera responderse con la mismísima participación del titular del Poder Ejecutivo en ese evento. 

No puede aceptarse cosa menor luego de la larga, dolorosa y sangrienta noche vivida en la entidad, y más cuando debieron enfrentar otro ejemplar revés jurídico, con el amparo otorgado al abogado Rodolfo Leyva en la designación de los consejeros del Ichitaip, al que decidieron allanarse y convocar, por tanto, a una nueva elección, en acatamiento a la orden judicial quien, además, les ordenó “fundar y motivar” la elección de los consejeros y, como si fuera poco, aplicar ese mismo criterio a la hora de votar y no incluir como consejero propietario a Leyva.

El Congreso acatará la sentencia del juez Octavio Cuenca, por lo tanto convocará a una nueva elección de los dos consejeros propietarios y 5 suplentes del Ichitaip, en lo que se aprecia como una atinada decisión para no afrontar, nuevamente, una posible sentencia en su contra, en ocasión de un evento semejante, como lo fue el caso de la ratificación del Magistrado Carlos Flores Silva.

No son los únicos asuntos controversiales de difícil digestión para el priismo que festejó la toma de protesta de sus nuevos dirigentes municipales. La muy mencionada operación de renovación del titular del Poder Judicial se vio, de pronto, sometida a nuevas eventualidades en el momento en el que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Alberto Vázquez Quintero, anunció que no renunciará a su cargo, que llegó para quedarse 3 años, dice, pese a que insistentemente se rumoraba que sería prontamente relevado, en lo que era otro episodio, acusaban en las redes sociales, de la extrema injerencia del mandatario en los asuntos de los otros poderes del Estado.

Más aún, las tragedias del Aero Show (incomparablemente en un nivel superior ésta) y la de la fábrica Blueberry, están sometiendo al priismo local a fuertes cuestionamientos. 

Por una parte, el señalamiento a la administración municipal saliente en la capital, realizado por el Síndico Héctor Barraza (de extracción perredista, pero de una cercanía extrema a la cúpula priista) y al renombrado empresario priista Eloy Vallina, en el segundo caso, ponen en serio predicamento a las administraciones municipales de extracción priista pues, en ambos, el componente de las presuntas corruptelas es el principal.

Lo dicho, parecían diferentes entornos; no se aprecia así, podrá, el panismo, remontar lo adverso de su elección -tanto local como nacional- pero crece la percepción ciudadana de que el cáncer de la corrupción ha crecido a tal grado que es inmanejable. 

En tanto, la administración priista en Chihuahua deberá inventar y realizar muchas cosas para poder revertir lo que se antoja como irreversible: La percepción ciudadana le es desfavorable.

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La resolución del Tribunal Unitario acerca de los militares procesados por el asesinato de Estrada Reyes, caso por el cual la activista Cipriana Jurado recibió innumerables y ominosas amenazas -que ubicó en elementos del Ejército Mexicano- ante las que resolvió solicitar asilo político al gobierno de EU y que éste, insólitamente, le concediera.

Oscuro panorama

Editorial Aserto No. 126, enero 2014

Para el año 2013, la administración de Enrique Peña Nieto había pronosticado que el crecimiento económico del país alcanzaría el 3.5%. Con dificultades, al término del año, habrá alcanzado poco menos del 1%.

Con esa cifra, y lo incierto de los resultados, tanto de las reformas efectuadas, como de las expectativas a partir de la reforma fiscal, amén de lo incierto de la economía mundial, a pesar de la ligera recuperación de la norteamericana, el año que inicia no se aprecia como uno de buenos augurios para la enorme mayoría de la población.

Contra el optimismo gubernamental, desplegado en una poca menos que ofensiva campaña publicitaria, los efectos positivos -si los hubiera- de la reforma energética habrán de apreciarse en los próximos años y las grandes inversiones que pregonan llegarán, no lo harán en el curso del próximo año y no se aprecia medida alguna que le permita a la economía mexicana crecer al ritmo necesario.

A pesar de todo ello, es probable que la economía chihuahuense tenga un ligero crecimiento, que se deberá, no tanto a las políticas gubernamentales desplegadas (tanto del orden federal como del estatal) sino al ritmo de crecimiento de la economía norteamericana y a la elevada dependencia de nuestra economía respecto de ella, mayor que la del resto de México.

Sin embargo, no será suficiente para que la mayoría de los chihuahuenses enfrente en mejores condiciones la difícil situación económica por la que atraviesan. La pobreza se enseñorea en los suburbios de las principales ciudades de la entidad, es creciente, en una magnitud que develó, paradójicamente, la medida gubernamental de regalar pollos, frijol, despensas y otros artículos alimenticios a los más pobres de estas ciudades.

Las multitudes fueron la nota principal de tales actos gubernamentales que, contra el discurso oficial, tenían el objetivo de paliar el hambre, presente en cada vez más amplias capas de la población del estado que se preciaba por contar con tener uno de los estándares de vida más altos del país.

Al paso de los días de la actual administración estatal, no se aprecia el cambio de timón anunciado profusamente al inicio de la misma, las expectativas del crecimiento del empleo siguen fincadas, al igual que las últimas cuatro en la creación de empleos por la industria maquiladora, más allá de que el Gobernador César Duarte fincara sus esperanzas en el crecimiento del empleo en las actividades agropecuarias, lo cual no ha ocurrido, sin contar  con que a pesar de que se contara con un crecimiento inusitado de esta actividad no podría generar, ni la calidad de los empleos, ni de los salarios requeridos por los chihuahuenses.

En todo caso, las esperanzas de una mayor inversión se han depositado, para el próximo año, en el crecimiento de las partidas federales para Chihuahua, lo que significa, en el mejor de los casos, un crecimiento, en cifras reales descontando la inflación, de apenas 2-3%. Nada importante, por tanto.

Pero si las expectativas económicas son bajas para los chihuahuenses, en los aspectos sociales y políticos son peores, la aprobación de las reformas legislativas en el ámbito federal tienen su correlación en el local, casi en la misma tónica, la de no escuchar más que sus propias voces y acrecentando el control sobre todas las instancias y niveles de gobierno.

El rechazo ciudadano a tal tendencia se ha convertido en la nota significativa en todos los actos públicos masivos.

Reaccionar a actitud debiera ser prioridad de un gobierno que pretende alcanzar la continuidad ¿Lo hará?

Reciben servicios médicos en Ichisal Tratan a trabajadores del PRI como empleados de Gobierno

Aserto No. 127, Enero 2014

Luis Javier Valero Flores

De manera sorprendente, en respuesta a una solicitud de información, de manera oficial, el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) incluyó al PRI en la lista de dependencias gubernamentales cuyos trabajadores reciben servicios médicos, del mismo modo que el resto de los burócratas, lo que puede constituir diversos delitos que pudiesen haber cometido funcionarios de distintos niveles y jerarquías de gobierno, que hablaría del elevado grado de imbricación entre el gobierno de Chihuahua y su partido.

Conforme a los "nuevos" tiempos políticos, en los que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya forma parte, oficialmente, de los órganos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, y que, crecientemente, los gobernantes emanados de este partido asumen prácticamente todas las funciones dirigentes, en lo que parece ser un acelerado proceso de repetición del antiguo esquema del partido-gobierno.

El hallazgo en Chihuahua es un preocupante signo de tal asimilación que, por supuesto, viola distintos ordenamientos legales.

En respuesta a una solicitud de información, el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) decidió emitir un "Acuerdo Administrativo", con fecha del 12 de diciembre pasado, firmado por la Lic. Silvia Laura Lechuga Fuentes, titular de la Unidad de Información del Ichisal, en el que detallan la cantidad de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, tanto secretarías como organismos públicos descentralizados y órganos autónomos, a los que se brinda servicio médico en el ICHISAL.

La lista especifica, además, la cantidad de trabajadores por dependencia, desglosados por género y municipio, así como el monto de las cuotas aportadas por los trabajadores y las dependencias.

Del mismo modo, informa del total de trabajadores al servicio de las dependencias estatales que reciben servicio médico, como parte de las prestaciones, lo que hace un total de 52 mil 612 trabajadores, de los cuales 29 mil 422 son mujeres y 23 mil 190 hombres.

De acuerdo al texto enviado al solicitante de información, las autoridades del Ichisal no tuvieron mayor reparo en entregársela, conforme a los considerandos expuestos, en los que asumieron que les correspondía "recibir las solicitudes de acceso a la información que se le presenten, dándoles el seguimiento que corresponde", y que, después de verificar que la información solicitada no fuera susceptible de ser "clasificada como confidencial o reservada", emitió un acuerdo en el que, sin rodeos, publica una lista del número de trabajadores que cada dependencia tiene registrados ante el Ichisal como beneficiarios de los servicios médicos de la dependencia estatal.

En ella, en la página 4 del Acuerdo (que aquí publicamos íntegro), entre el personal de "Oficinas Centrales Ichisal" y "Presidencia Municipal Delicias" se ubica al Partido Revolucionario Institucional, con un número total de trabajadores de 188, 114 mujeres y 74 hombres.

Previsor, el acuerdo termina precisando la ruta legal que pudiera seguir el solicitante, en caso de no quedar satisfecho de la información otorgada, por lo que pudiera presentar "Solicitud de Aclaración ante este sujeto obligado, dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de su notificación, o bien, el Recurso de Revisión ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual deberá de presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a su notificación”.

Además, puso a su disposición, en el domicilio del Ichisal, copia, "sin costo alguno", así como por internet (por medio del sistema Infomex) del acuerdo emitido.

Faltaría precisar si para el otorgamiento de tales servicios, existe un convenio entre el partido político y la institución, y si tales prestaciones, a las que, por supuesto tienen derecho todos los trabajadores, abarcan a los empleados del resto de los partidos y si la dependencia estatal es la instancia que debiera prestar el servicio o, si debieran ser el Issste o el IMSS, que, por otro lado, probablemente deberían ser avalados por el Instituto Estatal Electoral, por ser, ésta, la máxima autoridad en materia electoral y de la regulación de la vida interna de los partidos políticos; porque de no existir tales convenios, entonces habremos tenido a la mano la confirmación de que el partido en el gobierno en Chihuahua es tratado como si fuera una dependencia estatal más.

Opacidad plena

El Diario, 23 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Vaya que el caso Rodolfo Leyva Martínez-Congreso del Estado va develando, por desgracia, infinidad de hechos reveladores de la escasa asimilación que varios de los más importantes (por la función que desempeñan) funcionarios públicos poseen acerca de derechos ciudadanos fundamentales, reconocidos y aceptados muy recientemente, como es el del derecho a la información pública.

El ciudadano común, un poco más informado de la existencia, tanto de estos derechos, como de los organismos encargados de garantizar su plena vigencia, podría dar como un hecho incuestionable que los aspirantes a integrar el Consejo General del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) tendrían como uno de sus principios -y por ello aspirarían a ocupar tan importante función- el de que la información pública, es eso, pública, la cual debe tener ciertos límites, como el de proteger la información personal y la seguridad pública, pero nada más.

Más aún, que quienes aspiran a ocupar un cargo en la administración pública debieran concebir que la mayor parte de sus acciones, ingresos y relaciones personales pasarán a formar parte de la información pública, que la ley no lo podría proteger, por ejemplo, de que cualquier ciudadano pueda conocer el monto de sus ingresos como funcionario público.

En el caso que nos ocupa, un aspecto relevante estriba en que la mayoría de los aspirantes a integrar el Consejo General del Ichitaip se negaron a que los resultados de sus evaluaciones, fundamentalmente del examen de conocimientos aplicado, como parte del proceso de selección, fueran dados a conocer.

¿Con base en qué criterio se le niega a la sociedad la posibilidad de conocer las aptitudes técnicas de quienes aspiran a esos cargos? ¿No es acaso una de las principales herramientas para saber que ciudadanos honorables con plenos conocimientos de la materia de transparencia y del derecho a la información pública se conviertan en los defensores de los derechos de la sociedad en esta materia?

Por lo menos para el escribiente eso sería motivo suficiente para, en automático, descartar a ese aspirante pues no demostraría poseer tan elemental concepto en derecho tan trascendente en la sociedad moderna.

Bueno, pues la mayoría de los aspirantes firmaron una petición en ese sentido. El colmo sobrevino después. En el largo litigio judicial protagonizado por el abogado Leyva, éste solicitó al Congreso del Estado que se le entregaran el listado de los aspirantes y las calificaciones obtenidas por cada uno de ellos.

Sorprendentemente, el Poder Legislativo de Chihuahua -suponemos garante del derecho a la información pública- le negó tal información. Leyva acudió al Ichitaip en el cual se desempeñaban las consejeras impugnadas por aquel.

El 4 de abril de 2013 se celebró la sesión extraordinaria del Consejo General del Ichitaip, “estando presentes el Consejero Manuel Enrique Aguirre Ochoa, la Consejera Alma Rosa Martínez Manríquez y el Consejero Enrique Medina Reyes, en su carácter de Consejero Presidente del … Ichitaip, así como el licenciado Eduardo José Gómez Arriaga, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto”. (Acta de la sesión firmada por los dos últimos, página del Ichitaip).

En ella, tenían como tema prácticamente único la discusión de un proyecto de revisión promovido por Leyva Martínez en contra del Congreso del Estado, porqueéste le había negado la información citada argumentando que “respecto de las calificaciones de todos los participantes, no es posible proporcionar la información en virtud de ser considerada información confidencial por tratarse de datos personales”. (Ibídem).

El consejero Manuel Aguirre fue el encargado de presentar el proyecto en el que le concedían la razón al Congreso del Estado. ¡La votación fue unánime!

El problema está en que en esa lista se encontraba la consejera Alma Rosa Armendáriz, la que votó porque no se dieran a conocer los resultados del examen de conocimientos que había presentado para ¡integrar ese órgano!

¿Y el conflicto de intereses? Ninguno.

¿Y la autoridad que debía velar porque no se presentara tal eventualidad? Bien, gracias.

Puras aportaciones para la picaresca nacional.

El acta comentada dice a continuación: “El Consejero Presidente felicitó al ponente por la precisión, pulcritud y la hermenéutica jurídica que se utilizó en el desarrollo del proyecto. Señaló que la resolución se sustenta en base a los tratados y convenciones internacionales… De igual modo se hace una correcta ponderación de derechos, entre los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, con el derecho a la vida íntima. Por todo ello, dijo, felicitaba al Consejero Ponente por el proyecto que se estaba presentando”. (Ibídem).

¿Para qué agregar más?

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¿Quién supiera lo que tú sabes?

El Diario, 21 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Estamos en un charco provocado por intereses de arribistas que llegaron al PAN cuando llegamos al Gobierno y que no hacen otra cosa más que servirse en lugar de servir”: Ernesto Ruffo.

Contra las expresiones públicas, triunfalistas, pletóricas de optimismo de los dirigentes del PAN acerca de los resultados de la reunión de su Consejo Nacional, las frases, discursos, declaraciones y diálogos de varios de sus principales dirigentes o militantes son su mejor desmentido.

Dos asuntos acaparaban la atención de la opinión pública -y la de cientos de miles de militantes y/o simpatizantes-: La emisión de las reglas para la elección de la dirigencia nacional, además de la integración de la Comisión Organizadora de ella; y la forma en que resolvieran el principal escándalo de los últimos meses, la denuncia de las supuestas -o reales- extorsiones de un grupo de diputados federales panistas a los alcaldes emanados de este partido a fin de obtener mayores recursos para los municipios gobernados por ellos.

En los dos, el balance es terrible, la dirigencia nacional salió peor que como había llegado.

Por la importancia pública, el último asunto es el que concitó la principal discusión. La propuesta de integrar una comisión que investigara, no solo las denuncias presentadas por algunos alcaldes, sino la grabación de una intervención del alcalde de Celaya ante el cabildo, en la que se acredita plenamente la extorsión y se enlistan a los legisladores responsables -además del modus operandi- fue rechazada por la mayoría de los integrantes del Consejo y en su lugar se designó una comisión de transparencia (sic) cuyas labores y objetivos quedaron en el limbo.

Contra la propuesta de investigar las denuncias de las corruptelas, se alzó el discurso de que no se podía poner en entredicho la dignidad del partido, ni de los panistas. Tal postura desató la furia del duranguense (originario de Lerdo) Juan de Dios Castro, uno de los más respetados panistas, reconocido como jurista competente, al terminar la reunión, le espetó irónicamente, a la Secretaria General, Cecilia Romero (titular del Instituto Nacional de Inmigración en los peores tiempos de la migración en México, es decir, el sexenio anterior), lo siguiente:

“No pesco a ningún narcotraficante porque se afecta el honor de 107 millones de mexicanos y no voy a investigar ni a castigar”, lo que llevó a la dirigente a plantearle -¿Me das un beso de despedida o no?

“Claro, Cecilia. ¿Quién supiera lo que tú sabes?”, le respondió Castro, con algo más que ironía. (Nota de Mayolo López y Arcelia Maya, Reforma, 19/I/14).

 El ex diputado federal, ex senador, ex subprocurador de la PGR con Fox llegó encendido a la reunión. A la llegada de Gustavo Madero lo recibió con un contundente “¡Usted es el peor presidente que ha tenido el PAN!”, a lo que Madero respondió con un seco -Esa es su opinión.

Luego vendrían sus acusaciones, ante la negativa del presidente panista de promover la investigación de las corruptelas: “… si el Alcalde de Celaya recibió propuesta para un 'moche', está obligado a decir quién se lo ofreció. Y si no lo hace, ya incurrió en un delito en grado de tentativa, porque es cómplice… En el partido esto se tiene que investigar, pero, lamentablemente, el señor Madero no investiga a nadie. El no hacerlo es un acto de corrupción, (pero) Madero no es capaz de emprender ninguna investigación”. (Nota de Mayolo López, Reforma, 19/I/14).

A tales acusaciones, Madero las calificó como producto de una “minoría frustrada” que opta por “descarrilar” la elección.

Y si en tal asunto la rispidez fue la nota distintiva, en el de la integración de la Comisión encargada de conducir el proceso eleccionario, el resultado fue peor ya que de acuerdo con Juan Manuel Oliva, ex gobernador guanajuatense, aspirante a presidir el PAN, y Max Cortázar, representante del también aspirante Ernesto Cordero, Madero incumplió acuerdos previos entre ellos para garantizar la equidad y limpieza de la elección. 

Cordero llegó más lejos, destacó la posibilidad de que las extorsiones a los alcaldes tuvieran el objetivo de allegarle recursos a la campaña del chihuahuense Madero, acusación que replica la presentada 3 años atrás, cuando se le acusó de usar recursos procedentes de la venta de concesiones de casinos.

Así, a las acusaciones de Cordero, Javier Lozano y Juan Ignacio Zavala (hermano de Margarita, la esposa de Calderón) se sumaron las críticas de los ex gobernadores, Fernando Canales Clariond (de  Nuevo León), el ya mencionado Olivas y Ernesto Ruffo (Baja California), lo que está configurando el peor de los escenarios para la elección del blanquiazul.

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Otro revés al Legislativo

El Diario, 19 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Lo resuelto por Ignacio Cuenca Zamora, juez Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es de una extrema importancia; se constituirá en uno de los más importantes precedentes para obligar a las legislaturas a proceder con estricto apego a la ley en las designaciones de los integrantes de los órganos de transparencia y otros semejantes; podrá esgrimirse, además, como una de las más sólidas evidencias de la extrema intervención partidista y gubernamental para evitar que la transparencia sobre la cosa pública sea una realidad y del cómo se conculca el derecho de la sociedad al acceso a la información pública.

De esa magnitud es la concesión del amparo de la justicia federal (juicio de amparo indirecto núm. 1574/2012) al abogado Rodolfo Leyva Martínez, quien la solicitó, al inconformarse por el proceso de designación de 2 consejeros titulares y 5 suplentes por el Congreso del Estado en las postrimerías del mes de noviembre del 2012.

La resolución es contundente y no deja margen a la especulación; le ordena al Congreso del Estado de Chihuahua:

“… Deje sin efectos (el decreto publicado por el Gobernador de Chihuahua) mediante el cual se eligieron a 2 consejeros propietarios y cinco suplentes para integrar el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública…”, la sesión del Congreso de Chihuahua del 29 de noviembre y el acta respectiva en el punto de la elección de consejeros.

“Como consecuencia del anterior, quedarán nulificadas la promulgación, refrendo y publicación del decreto del 1 de diciembre de 2012 mediante el cual se eligieron a los consejeros propietarios y cinco consejeros suplentes…”.

Lo que sigue no necesita interpretación:

“Hecho lo anterior, proceda de nueva cuenta a realizar la designación de los consejeros al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el voto razonado de cada uno de los diputados presentes a efecto de que el presidente, al momento de hacer la declaratoria de vencedores del concurso, lo haga de manera fundada y con una motivación reforzada, en específico, en caso de excluir como vencedor al aquí quejoso.

El amparo concedido, no impide que de advertirse de los votos razonados de los diputados presentes, que estos no cuentan con bases objetivas de ponderación previa del cumplimiento de los requisitos mínimos para ocupar el cargo de consejero, para inclinarse por uno u otro candidato, pero sobretodo para realizar una evaluación objetiva comparativa que permita establecer si el agraviado debía ser o no excluido de los vencedores, por virtud de que la propuesta de los 10 candidatos sometidos a consideración del Pleno del Congreso por parte de la Junta de Coordinación Parlamentaria, carezca de los resultados explicados del proceso comparativo relativo al análisis de perfiles, currículum, trayectoria, experiencia, evaluaciones de conocimientos y de entrevistas de cada uno de los 20 aspirantes, de los cuales se seleccionaron a los 10 finalistas, se llegue a la conclusión que, previa votación razonada, deba colmarse tal omisión por la Junta de Coordinación, lo anterior, porque la referida propuesta no vincula al Pleno, para que necesariamente de los 10 candidatos propuestos se elijan a los respectivos consejeros, máxime si no se exponen como se seleccionaron a dichos finalistas, pues el consenso para elegirlos por la Junta de Coordinación, no implica que deba hacer arbitrario, sino atendiendo a las evaluaciones antes precisadas de cada uno de los candidatos, en la inteligencia que de actualizarse ese supuesto, como el amparo no debe perjudicar al quejoso, debe ser incluido en la lista de 10 participantes finalistas a someterse a consideración del Pleno del Congreso, para que sea dicha legislatura la que emita la decisión respectiva, que podrá derivar en confirmar el resultado anterior de excluir al ahora recurrente, o modificarlo, incluyéndolo entre consejeros designados, todo ello, mediante una resolución fundada y con una motivación reforzada”. (Nota de LJVF: Todas las negrillas son del juez).

Reproducir tan larga parrafada tiene un solo objetivo, demostrar que la legislatura anterior violó todo el procedimiento para designar a los mencionados.

Hasta ahora todo mundo pensaba que el Congreso podía designar -en los procesos para los que está facultado- libremente a quienes los señores diputados decidieran.

No es así, por lo menos en el caso de los integrantes del Ichitaip, y tampoco en el caso de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, como ya dolorosamente debieron vivirlo en el caso del Magistrado Carlos Flores Silva.

Los diputados tienen que razonar y motivar su voto, ya no lo pueden hacer obedeciendo ciegamente las indicaciones recibidas; es decir, deben sustentar el porqué eligen a determinadas personas de un universo que la misma ley les señala.

No lo hicieron y ahora deberán afrontar las consecuencias. De acuerdo con el Lic. Rodolfo Leyva no les queda de otra, de lo contrario, dice, simplemente postergarán la determinación.

Y es que la enumeración de hechos adversos a la ley, realizados para la designación de las hasta ahora consejeras del Ichitaip, María Nancy Martínez Cuevas y Alma Rosa Armendáriz Sigala y de los 5 suplentes, puede convertirse en la emblemática del modo en el que los partidos políticos y las instancias gubernamentales actúan para evitar que los organismos de la Transparencia puedan conformarse de mejor manera.

Además, y aún en el supuesto que el Congreso del Estado, o las consejeras, decidieran impugnar el amparo concedido, éstas deberán separarse del cargo, por su cuenta, o por la determinación del mismo Congreso, o del Consejero Presidente del Ichitaip, pues no se trata de una decisión de Leyva Martínez, es una resolución judicial a la que todos están obligados a acatar y si ésta anula el procedimiento, entonces no hay argumento alguno para que continúen en el cargo, menos en el organismo garante de la transparencia, el cual debiera estar integrado por quienes, además de las capacidades técnicas en la materia, deberán actuar en consonancia con el espíritu de la ley que originó tal organismo. Es decir, con plena transparencia y apego a la ley.

Impacta el relato de los hechos: Leyva argumenta que los consejeros deberían ser aquellos que garantizaran plenos conocimientos de la materia, dada la especialización que requiere el Ichitaip, -para la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos- por lo tanto, dice, de acuerdo con los criterios exigidos por las instituciones de educación superior para acceder a estudios de postgrado, para lo cual la calificación mínima es la de 7, no se debería, ni siquiera, haber incluido a las ahora consejeras en las listas de preseleccionados ya que una apenas rebasaba la calificación aprobatoria -María Nancy Martínez Cuevas con un 6.6-, y la otra, Alma Rosa Armendáriz Sigala -4.5- ni siquiera aprobó el examen y había quedado en el último lugar de los aspirantes.

Los integrantes de la Comisión Especial (en la que participan, además, otros funcionarios de los tres poderes), afirma el abogado Leyva y lo secunda el juez, debieron tener a la mano los resultados del examen de conocimientos practicado antes de la realización de las entrevistas personales y en todo caso, desde ese momento, descartar a quienes no hubiesen aprobado el examen de conocimientos.

Por eso dice que "al final del proceso legal, al Congreso no le va a quedar de otra que elegir a Aída Amanda Cordero Chávez y a mí, por ser los únicos que cumplimos con todos los puntos de la convocatoria y que tenemos una calificación aprobatoria del examen”.

En sus alegatos, Leyva arremetió no solamente contra ese proceso electivo, también participó en el el de 2009, en el cual también obtuvo el primer lugar en el examen de conocimientos y devela que el actual presidente del organismo, Enrique Medina Reyes, obtuvo el lugar 15 y el actual consejero, Manuel Aguirre, el 87o, además de que éste último pidió que no fuera revelado el resultado de su examen, lo que choca frontalmente con el espíritu de la materia para la que estaba concursando, la transparencia sobre los asuntos públicos.

Las fallas no solo se ubicaron en esa materia, Leyva demostró que de los 20 preseleccionados ninguno pasó el examen de revisión de documentos ni presentó planes concretos de trabajo y afirma -avalado por el juez- que el Congreso está obligado a hacer lo que no hizo entonces: un examen de constitucionalidad, en el cual cada aspirante deberá colmar la Acreditación, es decir, la presentación de la documentación completa, a tiempo, y en la forma exigida (documentos públicos); Conocimiento, consistente en haber obtenido, al menos, una calificación de 7 que sustente su especialización; y la profesionalidad, evidenciada en la entrevista mediante la cual haya demostrado la experiencia y la actitud apropiadas para el servicio público en la materia.

¿Lo harán? ¿O no les queda de otra?

Ya son muchas en este sentido.

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Remojo

El Diario, 16 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Los más recientes acontecimientos ocurridos en la región de Tierra Caliente de Michoacán -aunque no solamente- deben llevarnos a la reflexión, y a las autoridades a un inevitable giro en sus estrategias y programas de las seguridad pública.

Y esto aplica para nuestra entidad.

Nadie podría negar que la cresta de violencia y criminalidad del período 2008-2011 ha disminuido en el estado; pero mantenemos, aún, cifras preocupantes y situaciones que necesariamente deberán afrontarse con estrategias distintas a las hasta ahora aplicadas.

El total de los índices delictivos disminuyó en 2013 -insistimos, de manera contraria a lo sucedido en la mayor parte del país, en donde se aplica prácticamente el mismo modelo que en Chihuahua- pero, contrariamente a la curva claramente descendente de los homicidios, el resto de los delitos de alto impacto, con altibajos, si bien bajaron, se mantienen, de manera alarmante, prácticamente en la misma línea que en 2012.

Tales afirmaciones se derivan de la estadística presentada por Observatorio Ciudadano, con cifras hasta el mes de septiembre de 2013 -con base en la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado- en las que muestran, en el estado, una disminución en el promedio mensual, de los homicidios respecto del mismo período del 2012, ya que en ese año se presentaron 168 y al siguiente, 128.1.

Lo mismo ocurre con el robo de vehículos, pues pasaron de mil 113 en 2012, a 814 en 2013, igualmente, en promedio mensual hasta los meses de septiembre de ambos años.

No ocurre lo mismo con el robo a casa habitación y el robo a comercio. En el primer caso ocurrieron 277.7 en 2012, por 275.2 el año anterior. Y el robo de comercio sufrió un muy ligero incremento al pasar de 163.7 a 166.8 mensuales.

Sin embargo, un reciente estudio, efectuado por Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que dio a conocer Revolución 3.0, (Aristegui Noticias, 11/I/14) dentro de la lista de los 205 municipios en los que “el Estado mexicano está ausente o ha sido rebasado por poderes paralelos como el crimen organizado”, se encuentran 16 municipios de Chihuahua.

En ellos, dice el organismo ciudadano, “existe una elevada incidencia de asesinatos, o impunidad en las averiguaciones previas, u operan grupos fuera de la ley, o también ocurren desapariciones forzadas de personas, entre otras situaciones que implican fallas del gobierno”.

 La lista de los municipios chihuahuenses clasificados de tal manera son: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Chínipas, Cusihuiriachi, Guachochi, Guadalupe Distrito Bravos, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Juárez, Morelos, Moris, Ocampo, Práxedis (sic, probablemente se refieran a Praxedis G. Guerrero), Urique y Urachi.

Sorprende que localicen en tal calidad, aún, a Juárez, localidad en la que ha disminuido más notoriamente la incidencia homicida y la percepción ciudadana sobre la seguridad ha mejorado ostensiblemente.

Pero no deja de llamar la atención que el resto de los municipios, salvo los del Valle de Juárez, estén ubicados en La Tarahumara, y si bien esta región chihuahuense no se asemeja a la Tierra Caliente de Michoacán, sí comparten el hecho de que bandas del crimen organizado han afectado ostensiblemente la vida de las comunidades asentadas allá, hasta el grado de originar cientos -quizá miles- de versiones acerca del control ejercido en esas zonas por las bandas.

Precisamente por esas circunstancias es que, de distintos orígenes, se ha planteado que esa zona es una en las que sí podría plantearse la necesidad de aplicar una estrategia distinta, con la incorporación de cientos, quizá miles de elementos policiacos y militares, a fin de que restablezcan la normalidad de la zona, con pleno respeto a los derechos humanos y la legalidad.

Pareciera paradójico que, justamente quienes se han opuesto al uso del ejército en tareas policíacas planteen que sí intervenga en algunas regiones. Pero lo debiera hacer bajo esquemas totalmente contrarios a la manera en que lo ha hecho en muchos momentos, uno de los cuales, precisamente, es el ocurrido en la noche del lunes en la localidad de Antúnez, Mich.

¿A quién se le ocurrió que todo un pueblo, armado para defenderse de los delincuentes, esté dispuesto a desarmarse ante la sola llegada de las fuerzas militares?

Y vaya que no hay nada más paradójico que lo ocurrido en aquella zona del país: Que miles de ciudadanos decidan armarse y que acepten la llegada de las fuerzas armadas. Que, además, estén dispuestos a desarmarse.

Claro, dicen, después de que hayan detenido a todos los jefes criminales.

Por eso, antes de ir al remojo, actuar.

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Apariencias

El Diario, 14 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Tres distintos eventos, todos ellos ocurridos en Juárez, pero que se repiten a la saciedad en el territorio nacional, evidencian la creciente influencia de la empresa privada en el curso de la administración pública. 

Ya en el pasado, como prueba cimera de tal tendencia, justamente cuando se cernía sobre la entidad la peor ola de violencia, las autoridades celebraron infinidad de reuniones de seguridad pública en las que, fuera de los funcionarios de la materia, sólo eran invitados los representantes (o los que el Estado consideraba lo eran) de los empresarios chihuahuenses; el resto de la sociedad estaba fuera de las consideraciones gubernamentales.

Tal conducta cambió, de alguna manera, luego de la masacre de Villas de Salvárcar, con el establecimiento de distintos mecanismos, por medio de los cuales, así sea pobremente, las diversas voces de la sociedad se dejaron escuchar en los ámbitos oficiales.

Está bien que debamos ponderar bien a esta clase social, los empresarios, especialmente los más poderosos, -dada la estructura económica existente- pero otra, muy distinta, es que la estructura estatal se rinda ante ella. No en balde, el marco legal surgido de la Constitución de 1917 tomaba en cuenta dicha realidad, para proporcionarle, a las clases subordinadas, la tutela del Estado en los conflictos sociales de todo tipo y no sólo en los laborales.

Al parecer, todo eso forma parte de la historia.

El primer ejemplo, de los usados hoy, pareciera no ser importante. La imagen no da lugar a la duda: En las instalaciones de la Profeco de Juárez, en la sala de espera de los usuarios de la dependencia se encuentra un módulo de la compañía de gas natural -“Gas Natural de Juárez, empresa que da confianza”-, cual si fuera una dependencia más del gobierno federal y en la que no solo aparecen sus logotipos, también sus lemas, uno de los cuales es emblemático de ella: “… en gas hablamos con la verdad…”.

¿También se encuentran módulos parecidos de otras empresas y dependencias denunciadas por los ciudadanos?

No, solo de la empresa gasera a la que se le ha demostrado, judicialmente, que realiza mil y una trapacerías para aumentar sus ganancias. En el pasado grupos de usuarios reclamaron y obtuvieron fallo favorable acerca de las tarifas cobradas por la empresa. Ahora, pretendieron cobrar 16% de IVA en los consumos de diciembre. La falló que deberían cobrar el IVA del 11%.

Afortunadamente, usuarios indignados impidieron el funcionamiento del módulo en las instalaciones de la Profeco. (Nota de Francisco Chávez, El Diario de Juárez, 13/I/14).

Del mismo modo, días atrás, el cabildo juarense decidió cambiar de nombre una parte de la avenida Manuel Clouthier e imponerle el de un hombre “ilustre” de Juárez. Se llamará Robert Boch. Su apellido es el de una inmensa cantidad de refacciones y artículos automotrices y de otro tipo industrial ¡Vivan los héroes que nos dieron patria!

Pero si los ejemplos anteriores pudieran considerarse banales, el caso de la tragedia de la empresa Blueberry es más que emblemático. La autoridad resolvió que no había delito que perseguir, luego que los propietarios habían obtenido que una empresa norteamericana, contratada por ellos, participara en los peritajes de la explosión e incendio, merced a los cuales fallecieron 5 trabajadores y sufrieran lesiones decenas de ellos.

Luego de casi tres meses, un grupo de familiares de las víctimas anunciaron ayer que interpondrán denuncias penales y civiles, en contra de quienes resulten responsables “por la muerte y lesiones de sus seres queridos”. Las demandas por la vía penal serán por la comisión de los “delitos de homicidio, lesiones y omisión, mientras que por la vía civil, por daño moral y lo que resulte”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 13/I/14).

Prácticamente desde el mismo día del accidente, y por vía del alcalde juarense, Enrique Serrano, se supo la identidad del propietario de la empresa: Eloy Vallina.

A partir de ahí, las suspicacias se despertaron en cada momento de la investigación, hasta su culminación: Las autoridades estatales determinaron que no hay responsabilidad de la empresa.

No lo creen así los demandantes. Su representante afirmó que buscarán el caso  sea atraído por “la Procuraduría General de la República (PGR) porque presumen que a nivel local hay ‘intereses importantes’ que dificultan el acceso a la justicia a las víctimas”. (Ibídem).

¡Cuánto ha cambiado -para mal- el país!

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¿El gobierno no sabía de las negociaciones DEA-Narcos?

El Diario, 12 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

A la información publicada por El Universal el lunes pasado se sumó la ofrecida por Proceso de esta semana en la que unos ex policías mexicanos afirman que en las torturas aplicadas al agente norteamericano Enrique Camarena Salazar, estuvieron presentes los entonces secretarios, de Gobernación, Manuel Bartlet, y de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui.

En todos estos eventos, la participación de elementos de las agencias norteamericanas, especialmente de la DEA, fue el signo común, el exceso lo representaron las negociaciones de esta agencia con los narcotraficantes a fin de que integrantes del Cártel de Sinaloa les otorgaran información del resto de las bandas criminales y con ello originar la más violenta de las olas homicidas en el país.

Sin embargo, la información de El Universal establece el hecho de que los funcionarios gubernamentales mexicanos ignoraban los acuerdos de la DEA y sus informantes. 

Algunos hechos de tan espantosa época podrían llevarnos a, por lo menos, sospechar que no es así. El gobierno de Felipe Calderón abrió, como ningún otro, el país a la abierta intromisión de las dependencias norteamericanas en la administración federal, lo que implicó, incluso, la elaboración y vigilancia de las distintas estrategias y programas gubernamentales mexicanos, particularmente las referentes a la seguridad pública.

Espanta saber que desde el gobierno norteamericano se diseñó la estrategia de “combate” al narcotráfico; que se financió en parte merced a los recursos generados de la Iniciativa Mérida, que instrumentaron distintas operaciones para “monitorear” el curso de las armas introducidas ilegalmente a México; que establecieron dos políticas en el trato con los narcos, por una parte decían combatirlos y por la otra establecían los mecanismos y la información para que las corporaciones mexicanas y una de las bandas criminales intentaran arrasar con el resto de los cárteles y que determinaran cual agrupación militar nacional era “confiable”.

Así, como bien lo documentó El Diario de Juárez en distintos momentos, el porcentaje de detenidos del Cártel de Juárez era inmensamente mayor al de los integrantes del Cártel de Sinaloa. Proporciones semejantes arrojaban las cifras de ejecutados.

Por ello no es una mera casualidad que durante esos años el mayor número de víctimas mortales se presentaran en el estado de Chihuahua -especialmente Juárez-, La Laguna (y tangencialmente, la capital de Durango) y el estado de Michoacán, entidad que había adquirido una especial importancia debido a que en sus costas eran arrojadas cantidades inmensas de embarques de droga procedentes de Sudamérica.

Pero no sólo en territorio chihuahuense, lo mismo ocurría en otra decena de entidades. El mapa sangriento de esa época mostró un claro acentuamiento en las regiones que tenían las mejores rutas de introducción de droga a EU, y en las que se disputaron el control de esos territorios y el de los apoyos “institucionales”, es decir, las redes de funcionarios involucrados en el tráfico de drogas.

Llegó a tal extremo la intromisión norteamericana que hasta se encargaron de fiscalizar que los recursos aportados por su gobierno, mediante la Iniciativa Mérida, fueran “bien aplicados”.

Descrita así la conducta del gobierno norteamericano no ofrece racionalidad alguna, mucho menos la del mexicano de esos momentos; la intromisión de los gobernantes estadounidenses era más que evidente. Duele aún más la increíble sumisión de quienes conducían al país en ese momento, y el asombro ante su enorme irresponsabilidad ante la matazón desatada en poco más de la mitad del territorio nacional.

“El gobierno de Estados Unidos conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de cárteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa, para obtener información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón”. (Nota de El Universal, 6/I/14).

“Los agentes de la DEA construyeron una red de informantes de narcotraficantes quienes firmaban acuerdos de cooperación, sujetos a resultados, para que pudieran obtener beneficios futuros, entre ellos la cancelación de cargos en Estados Unidos… En ocasiones los agentes de la DEA o el gobierno de Estados Unidos proporcionaron datos obtenidos de esas reuniones, sin citarlas, al gobierno de México para que los policías o militares mexicanos realizarán detenciones. En el sexenio de Calderón 12 de las importantes detenciones de narcotraficantes fueron producto de la DEA, esto último de acuerdo con reportes de la agencia antidrogas. (Ibídem).

Tan solo en un proceso, el que se le sigue a Vicente Zambada Niebla, se da cuenta, mediante declaraciones de agentes de las dependencias norteamericanas de por lo menos 50 reuniones entre éstos “con miembros de alto nivel del cártel de Sinaloa”. “El Chapo dio su aprobación y el señor Loya-Castro comenzó a entregar información que recibía de El Chapo a los agentes", indicó en su declaración del 24 de Octubre de 2011 el abogado Fernando A. Gaxiola, quien fungió como intérprete legal para la defensa de Vicente Zambada-Niebla. (Ibídem).

Los tentáculos de tan enredada estrategia llegaron hasta la estructura de la policía municipal de Juárez. Ahora resulta que era un “secreto a voces” la participación del grupo especial de la agrupación, en la administración municipal anterior, conocido como “Jaguares”, al mando directamente de Julián Leyzaola, Secretario de Seguridad Pública, al que se le achaca haber realizado infinidad de detenciones, realizadas de manera ilegal, en coordinación con la DEA e, incluso, haber entregado a muchos de los detenidos a las agrupaciones norteamericanas, en clara violación al marco legal.

“Muchos casos de abuso del equipo especial –que realizaba actividades de inteligencia y detenía de forma extrajudicial a personas que fueron entregadas a otras autoridades nacionales o estadounidenses– no se hicieron públicos por el temor de los afectados, ya que los amenazaban con detener o matar a sus familiares, aseguraron”. (Nota de Martín Orquiz, El Diario de Juárez, 9/I/14).

“Era una situación común que se denunció en su tiempo, sobre todo en los juzgados federales, a donde llegaron muchas personas detenidas por ellos de forma sumaria (extrajudicial) y entregados a la PGR o a autoridades de los Estados Unidos”, expresó el abogado Salvador Urbina Quiroz. (Ibídem).

Es de tal consistencia la información que el alcalde juarense, Enrique Serrano, se vió obligado a afirmar que “no vamos a tener acuerdos extraoficiales con autoridades norteamericanas. Los acuerdos serán oficiales, nada extraoficial”. (Nota de Antonio Rebolledo , El Diario, 10/I/14).

¿Será posible aceptar que las autoridades juarenses no supieran de la información ahora aportada por El Universal? Aquí hemos consignado el hecho de que un alto mando de la Policía Federal intentó convencer a un distinguido juarense de las bondades de la táctica del gobierno mexicano, la de primero “acabar” con la banda criminal establecida de Juárez y luego “ir” por la otra, la que disputó en una guerra sin cuartel a la “local”.

Pero el hecho, ocurrido en Juárez, que más evidencia la política norteamericana  fueron las reuniones celebradas en el antiguo Paso del Norte, a principios de 2010, de los funcionarios estatales, algunos federales y el embajador de EU en México, Carlos Pascual, en lo que fue caracterizada como una “auténtica reunión cumbre de seguridad”, que tuvo como principal consecuencia quitar el mando del Operativo Conjunto Chihuahua (que en adelante se denominaría Operación Coordinada Chihuahua) al Gral. Felipe Espitia y se le entregaría días después a Vidal Díaz Ochoa, nuevo coordinador de la Policía Federal (PF).

A esa reunión asistieron el gobernador Reyes Baeza, la procuradora del estado Patricia González Rodríguez, Víctor Valencia de los Santos, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el alcalde José Reyes Ferriz y Facundo Rosas, titular de la Policía Federal, entre otros funcionarios. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 16/I/10).

Luego seguirían los escabrosos episodios del operativo “Rápido y furioso” de los norteamericanos, que le entregaría más de 2 mil armas al Cártel de Sinaloa; la eliminación de Héctor Beltrán Leyva, justamente después de que éste resolviera deslindarse de Joaquín Guzmán y, destacadamente, el del asesinato del agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Jaime Zapata, en el que resultara herido su compañero, Víctor Ávila, antiguo agente destacado en El Paso y con vínculos familiares en Chihuahua.

¿Qué hacían dos agentes de EU de tal rango, y de esa dependencia, en un tramo carretero a más de 400 kilómetros de la capital mexicana, a pesar de que los protocolos de seguridad se los prohiben, los mismos que los obligan a viajar por vía aérea cuando lo hagan a distancias superiores a esa?

¿Cómo era posible que una ventana de su vehículo -prácticamente a prueba de todo, como si fuera extraído de una película de ficción- se abriera y por ahí “les dispararan” a los agentes?

¿Acaso no sería una reunión de ellos y sus agresores?

Una semana después, y luego de operativos policiacos en 150 localidades norteamericanas, Brasil, El Salvador, Panamá, Colombia y México y la detención de más de 500 personas en EU, se dio a conocer la identidad y detención de los presuntos asesinos. Se dijo que eran miembros de los Zetas. (Nota de Karla García, El Diario de El Paso, 25/II/11).

Con estas informaciones, y otras, tenemos derecho a dudar del supuesto desconocimiento de los gobernantes mexicanos a los acuerdos de la DEA-Narcos.

Podríamos suponer que el cese de tales acuerdos sería uno de los factores para la disminución de la ola homicida en Chihuahua.

A lo mejor…

DEBATE PENDIENTE. La respuesta de José Díaz al artículo (os) de un servidor y sus encubiertos (y otros no tanto) señalamientos acerca de que los gobernantes que tanto critica el escribiente -según afirma- me “dan espacios democráticos y mucho dinero para que tengas buenos negocios periodísticos, radio, tele y revistas, en los que ejerzas libremente tu derecho a la ‘crítica”. En la visión de Díaz los gobernantes “apoyan” a los medios de comunicación para que ejerzamos la libertad de expresión, así les salgamos, como dice, “muy caros”. Solo que lo hacen con los recursos públicos y eso da pie a una buena reflexión sobre la publicidad gubernamental y los medios de comunicación.

Por otra parte, qué bien que mi sedicente amigo (Dicho de una persona: Que se da a sí misma tal o cual nombre, sin convenirle el título o condición que se atribuye: RAE) haga uso del “nosotros” para defender la obra de gobierno ¿De cuál? El que sea, el de Peña Nieto, el de Duarte o el de Garfio, independientemente de sus acciones.

Acelerados

El Diario, 9 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Conforme se acercan los tiempos de renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, empiezan a asomarse las evidencias del resquebrajamiento interno de la agrupación política que luchó poco más de 60 años para llegar a la presidencia de la república y que, una vez en el poder, mostraron los mismos vicios y defectos del partido al que tanto criticaron.

Derrotados contundentemente, tanto, que fueron enviados al tercer lugar en la elección presidencial, en distintos tonos y modalidades, la mayoría de sus integrantes han expresado la necesidad de efectuar una profunda reflexión a fin de cambiar y reencauzar su vida interna en los mejores valores de su doctrina.

Tales intenciones se caen a las primeras de cambio.

Los dirigentes nacional y estatal de este partido, Gustavo Madero y Mario Vázquez, respectivamente, han anunciado sus intenciones de buscar la reelección en sus respectivos cargos, en el proceso que deberá celebrarse -probablemente- en el mes de marzo y para el cual, en el curso de la semana, se emitirán las reglas específicas.

Las normas del PAN no exigen que los dirigentes que buscan reelegirse deban separarse de sus cargos. No les pasaba por la mente, a los elaboradores del estatuto del blanquiazul, que alguno de los militantes pudiera usar el peso y fuerza del cargo a favor de su reelección.

Pero eso sucedía en el mundo ideal, abstracto, del ideario panista, no en la realidad del mundo de la política, y menos en el de la practicada en México.

Las acusaciones de utilizar los recursos del partido y los recursos públicos en favor de candidatos y aspirantes a cargos de elección popular y de dirección partidaria fueron frecuentes a lo largo de la docena de años en los que el PAN fue el partido en el gobierno.

Sufrieron un incalculable daño por las acusaciones en ese sentido. Llegó a ser de tal magnitud que en las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón más del 70% de los integrantes del Consejo Nacional eran funcionarios federales. Las acusaciones de manipulación con tal estatus fueron frecuentes.

Aparentemente no asimilaron suficientemente tales acontecimientos.

Los aspirantes a la presidencia estatal, Ramón Galindo (ex alcalde de Juárez, ex senador y ex candidato al gobierno de Chihuahua) y Héctor Ortiz (ex Secretario General del Comité Estatal y ex líder del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado) han solicitado al dirigente estatal, Mario Vázquez, que renuncie a su cargo, para darle equidad al proceso eleccionario.

Tal petición ha sido calificada por Vázquez como “un acelere”, ya que, por el momento, dice, no es candidato, sólo aspirante (sic).

El PAN está urgido a realizar una profunda reconversión y esta no provendrá -quizá para ser efectiva- solamente de sus militantes de base, deberá ser promovida y ejecutada, fundamentalmente, por sus dirigentes. Si éstos no la realizan, dado el excesivo control que ejercen las capas dirigentes sobre la dinámica partidaria, las perspectivas no son nada halagüeñas para el panismo.

Durante años, sus dirigentes y candidatos insistieron en que el gobierno y el partido en el gobierno entonces -el PRI- no debieran intervenir en los procesos electorales. Decían que lo proponían con el objeto de darle equidad a las elecciones.

La respuesta de los gobernantes -hasta antes de 1994- era que el “gobierno de la república” garantizaba la limpieza de las elecciones y que los gobernantes, de ninguna manera, se inmiscuían en las contiendas electorales. Ajá.

Lo que hoy piden Ortiz y Galindo guarda congruencia con las viejas posturas de su partido, allá en aquellos años. Pero el líder estatal, Mario Vázquez les ha respondido que él sí les garantiza la “equidad y la tranquilidad de la contienda” ya que no ha hecho “pronunciamiento alguno que pueda considerarse como proselitismo dentro del PAN” y que sería una enorme irresponsabilidad para con el partido dejar el cargo.

“Sería irresponsable de mi parte dejar la gestión sin concluirla, sería irresponsable que no hiciera mi trabajo como presidente", dijo y defiende su gestión, la que, dice, obtuvo “… una nueva conformación de nuestro grupo parlamentario; haberse convertido en una real oposición; y haberle otorgado otra cara al PAN”.

Lo dicho, el PAN necesita una profunda reconversión.

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