El Diario, 29 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Para qué encubrir con mentiras, o verdades a medias, lo que son –debieran ser– actos legítimos y legales de las autoridades respectivas? ¿Será porque no es cierto el argumento esgrimido por el Presidente del Congreso del Estado, Gabriel Sepúlveda Reyes, acerca de que la renuncia de Sérbulo Lerma a la Auditoría Superior del Estado tiene como razón los problemas de salud de éste, derivados de las secuelas de un accidente automovilístico sufrido a principios del año anterior?
Y es que en el fondo se encuentra –para explicarnos medianamente este cambio de funcionarios en una de las dependencias que mayor peso ciudadano debiera tener– ni más ni menos que la revisión de las cuentas públicas de los órganos de los gobiernos, el estatal y los municipales. Un asunto en el que los gobernantes chihuahuenses contemporáneos le salen debiendo a la sociedad, la misma que le ha apostado a la alternancia partidista como mecanismo para obtener una mejoría en la composición y conducta de los gobernantes.
Por desgracia, en este aspecto, central en el manejo transparente de los recursos públicos, lo realizado hasta ahora es absolutamente igual a como se hacía antes de la aparición de la alternancia partidaria. El gobernante en turno impone en la Auditoría Superior del Estado (antes en la Contaduría Mayor de Hacienda) a uno de los suyos, mientras más suyo, mejor.
Ese fue el comportamiento del panista Francisco Barrio y de los priístas Patricio Martínez y José Reyes Baeza Terrazas. Muy pocos dudamos de la capacidad profesional del contador Sérbulo Lerma en la fiscalización del modo en que se ejercen los recursos públicos, el problema estribó, sobre todo en el sexenio anterior, en que fue activísimo promotor de la precandidatura y la candidatura del deliciense y esos antecedentes lo pusieron en el riesgo, siempre presente, de que su trabajo siempre sería visto por la oposición con visos de partidismo.
Pero el peso fundamental de su nombramiento recayó, paradójicamente, no en su partido sino en el de enfrente, el PAN, pues el grupo parlamentario de este partido aprobó la designación del oriundo de Jiménez. ¿A cambio de qué? Todavía hoy siguen siendo desconocidas las razones, pero a lo largo de la gestión de Lerma fueron constantes sus críticas –con razón o sin ella– al ahora ex auditor superior.
¿Cuál es el problema? Que los grupos gobernantes no terminan de aceptar que la revisión de sus cuentas públicas sea efectuada por alguien ajeno a su partido, a sus querencias y a sus confianzas. Y en tanto sean más cercanos, más crece la certidumbre ciudadana de que no se ejercen con transparencia los recursos públicos.
Pero ese es el problema de quienes son hegemonía –o la han sido–, otras son las responsabilidades de las fuerzas de oposición, las que permanentemente se han negado a actuar como tales en los asuntos de la mayor importancia, calidad que pierden en la negociación de las pequeñas prebendas, aquellas en las que la sociedad no obtiene ventaja alguna y sí, en cambio, los negociadores.
Ahora estamos frente a una de esas coyunturas. El PRI no cuenta con la mayoría calificada de dos tercios en el Congreso del Estado, para nombrar al Auditor, ni siquiera con la participación de la ex del PVEM, Alva Melania Almazán Negrete, y necesita, por tanto, de dos diputados. El PANAL cuenta con cuatro, el PVEM con una y los partidos coaligados de izquierda (pero allá, en el ámbito nacional, aquí quién sabe), PT y PRD, con uno cada uno.
Como siempre, hay dos opciones, o se pliegan a los deseos del grupo gobernante, o del mandatario en turno (¿Hará César Duarte lo mismo que sus antecesores?) o deciden, en conjunto con los legisladores priístas, nombrar a un profesional que reúna todos los requisitos y goce la de la confiabilidad primordialmente, no de los partidos o de uno en especial, sino de la sociedad. Es decir, alguien que sea ajeno a cualquiera de ellos, o que su capacidad y desempeño profesional lo ponga lejos de las filias y fobias de ellos.
Se fue Sérbulo pero quedó pendiente un asunto: El de otorgarle autonomía constitucional a la Auditoría Superior del Estado, la que debería estar acompañada de la capacidad sancionadora para castigar a los funcionarios públicos que caigan en la comisión de irregularidades ¿Cuándo veremos eso?
Quienes ahora gobiernan tienen la palabra. Como antes sus antecesores.
ABRAZO.- Vaya un abrazo solidario a Ricardo Gómez, por el lamentable deceso de su señor padre, don Jesús Gómez Herrera.
martes, 29 de noviembre de 2011
domingo, 27 de noviembre de 2011
Los de ayer ¿Ya no somos los mismos?
El Diario, 27 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Lo tratamos en el curso de la semana, pero han sido tan sorprendentes las reacciones del priismo nacional, que obligan a una reflexión más sobre la declinación del senador Manlio Fabio Beltrones a la disputa por la candidatura presidencial del PRI.
¿Realmente obedece a la búsqueda de la unidad la postura de Beltrones? ¿O, por el contrario, obedece a una reacción, acaso más inteligente, a la burda “cargada” que se avizoraba a favor de Enrique Peña Nieto? ¿Esperaba una conducta distinta de quienes acompañan al mexiquense –y del mismo precandidato– que, al percibir el paso de los búfalos decidió no aportarle más al proceso de su partido?
Pocas, muy pocas voces se han escuchado en la semana reparando en los aspectos críticos del documento publicado el martes en algunos periódicos de la Cd. de México. Entre ellos, aquel en el que hace referencia a quienes “en mi partido… tienen prisa y alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios o para garantizar sus intereses personales o de grupo”.
No son las únicas frases críticas. Informa de la petición de muchos priístas para que declinara, en aras de la unidad, y él plantea que la unidad debe ser “un medio para cambiar, no para seguir igual” porque, dice, “coincidimos en que el rumbo del país ya no puede ser el mismo, ni tampoco repetir el que ya dejamos atrás”.
Y esto último es el principal reto de los priístas, coincidan o no en la real necesidad de la transformación, profunda, que necesita el país. Porque, alejados del poder presidencial durante dos sexenios, las evidencias mostradas en muchos aspectos son de que al parecer, las transformaciones de las que hablamos no las conciben de esa manera y se percibe solamente, la búsqueda de la recuperación del poder, y nada más.
El problema estriba en que si el priismo no cambió en estos dos sexenios, la mayoría del país, sí. Y mucho, de tal modo que las conductas del pasado chocarán frontalmente con esa parte de la sociedad que sí se transformó. Para empezar, el electorado es altamente plural y diverso, con menos cadenas (de todo tipo) a las del pasado, el corporativismo sindical –salvo en algunos sectores, varios de ellos importantes, como el del magisterio y el petrolero– no goza precisamente de cabal salud y una de las funciones que ejercía implacablemente, la electoral, ya no puede ejercerla a plenitud.
Los medios de comunicación, si bien los más importantes siguen siendo, como antes, como casi siempre, propiedad de los más poderosos hombres de empresa del país, tienen hoy una vasta pluralidad y el acceso a internet de un influyente sector de la sociedad hace que los controles del pasado, ejercidos por el PRI cuando era partido casi único, ya no sean los mismos.
Y es que, con matices, los priístas han gobernado sus entidades con el mismo patrón de antes. Salieron de la Presidencia de la República pero en los estados no cambiaron y la equivocada manera de panismo para gobernar al país y algunas entidades federativas no hizo otra cosa que arrojar a muchos electores a los brazos del priismo. Lo mismo hizo el perredismo gobernante, salvo en el DF, y eso que el gobierno de Marcelo Ebrard va dejando una larga estela de acciones gubernamentales altamente cuestionables que han llevado al PRD a perder innumerables simpatías y el PRI defeño, por esta razón y por la inercia nacional, se ha ubicado en condiciones de disputar la jefatura de gobierno.
A donde posemos los ojos, los gobiernos del PRD tampoco han sido ejemplo de buen gobierno y añoran, sus militantes, el de López Obrador cuando estuvo al frente del DF. Esos malos gobiernos son la razón fundamental de las derrotas electorales en las entidades en las que llegaron a gobernar, con casos de escándalo, como el de Amalia García en Zacatecas, o de una mediocridad apabullante, como el de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy en Michoacán; o los enfrentados a la izquierda social (y algunos sectores de la izquierda electoral) como el de Zeferino Torreblanca en ¡Guerrero Ni más ni menos, con el agravante de que ganaron la última elección con un ex priísta de último momento, y de toda la vida.
Pero si el perredismo no supo, con su ejemplo, con sus gobiernos, construir una buena imagen electoral, lo realizado por los panistas, especialmente Felipe Calderón, es de antología. Con dos ejercicios de gobierno llevaron a su partido a las derrotas, una tras otra, con excepciones (y la del 2006 es una de ellas, pues sin la decepción de numerosos votantes priístas no se hubiera explicado el resultado de esa elección presidencial).
Tanto las elecciones federales del 2009 y la cuasi elección nacional del 2010, que eso puede representar el inédito ejercicio de las 14 elecciones locales celebradas ese año, la tendencia es la misma, el electorado los ha castigado y nada hace prever que cambie tal situación. Los resultados del Estado de México son el mejor ejemplo.
Dejamos aparte Michoacán pues ahí el PAN logró una abultada votación, fruto de una gran cantidad de factores, no todos atribuibles al partido, sino más bien a la decisión gubernamental de apoyar con todo a la hermana del presidente.
De ahí que los méritos del PRI para llegar con tan altas expectativas electorales al 2012, no todos son de su factura, obedecen en alto grado a los errores de sus adversarios, fundamentalmente al PAN y a la estrategia de Calderón (en sus dos ámbitos, el electoral y el del combate a los narcotraficantes), que la mayoría de los votantes se lo ha cobrado al entregarle sus preferencias a los candidatos priístas.
Pero si alcanzado el objetivo de ganar la Presidencia de la República, se comportan como evidencian los primeros actos de quien seguramente será el candidato, nos esperan muchos tragos amargos.
En primer lugar, al igual que Fox y Calderón, por la vía de Humberto Moreira, el todavía presidente nacional priísta, Peña Nieto ratificó la alianza con Elba Esther Gordillo, como una de sus primeras prioridades, seguramente en previsión de un desmedido crecimiento electoral de López Obrador y de quien resulte ganador en el PAN.
Luego, inusitadamente, Moreira cambió las cláusulas que le darían equidad a la contienda e impedían la formación de la “cargada”, con lo que precipitó la declinación de Beltrones y el enojo de Francisco Labastida y de dos ex presidentas nacionales del PRI, la yucateca Dulce María Sauri Riancho y de María de los Angeles Moreno, la capitalina que fue declarada por Carlos Salinas, el último año de su mandato, como “La mujer del año”.
Y si hubiera necesidad de aportar más evidencias de que el priismo –por lo menos ese– se comportaría como antes, ahí están las manifestaciones de apoyo de los organismos de mujeres y el del sector popular.
Pero detengámonos un momento en los hechos acaecidos en Chihuahua durante la semana. En tanto la clase política se amanecía, y se cimbraba el martes con la declinación de Beltrones, por la tarde de ese día, la dirigencia estatal del PRI chihuahuense recibía a un enviado de Peña Nieto, Rodrigo Villar Monroy, para suscribir ¡un convenio de colaboración, acto en el que el dirigente estatal, Leonel de la Rosa, declaró que el ex gobernante mexiquense tenía “el apoyo del priismo chihuahuense”. ¡Nomás (Nota de Hiram Ortega, El Diario, 23/XI/11).
O sea, son pitonisos, ya sabían que Beltrones declinaría y, raudos y veloces, ese día por la mañana se desplazaron a todo el país para obtener el respaldo del priismo nacional. La cargada en todo su esplendor, como antes, como siempre. Bueno, hechos como estos no pueden desligarse de las razones que llevaron al sonorense a deslindarse del proceso electoral y continuar, dice, luchando por llevar adelante sus propuestas.
Por su parte, en una entrevista concedida a Aserto a fines de octubre (Aserto No. 100, noviembre de 2011), el gobernador de Chihuahua, César Duarte, declaraba sus preferencias por quien hoy será declarado, casi seguramente, candidato del PRI, en virtud de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en el sentido de que si sólo se registra un precandidato, ya se le podrá considerar como el candidato de ese partido.
¿Y los gobernadores del PRI? Los que, como dice la melodía: “Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad y me gustó” ¿Podrán aceptar, de nueva cuenta, el presidencialismo de antes, ese que el priismo sigue practicando en el ámbito estatal y que Peña Nieto se apresta desde ahora a ejercer –y ejerce–?
Luis Javier Valero Flores
Lo tratamos en el curso de la semana, pero han sido tan sorprendentes las reacciones del priismo nacional, que obligan a una reflexión más sobre la declinación del senador Manlio Fabio Beltrones a la disputa por la candidatura presidencial del PRI.
¿Realmente obedece a la búsqueda de la unidad la postura de Beltrones? ¿O, por el contrario, obedece a una reacción, acaso más inteligente, a la burda “cargada” que se avizoraba a favor de Enrique Peña Nieto? ¿Esperaba una conducta distinta de quienes acompañan al mexiquense –y del mismo precandidato– que, al percibir el paso de los búfalos decidió no aportarle más al proceso de su partido?
Pocas, muy pocas voces se han escuchado en la semana reparando en los aspectos críticos del documento publicado el martes en algunos periódicos de la Cd. de México. Entre ellos, aquel en el que hace referencia a quienes “en mi partido… tienen prisa y alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios o para garantizar sus intereses personales o de grupo”.
No son las únicas frases críticas. Informa de la petición de muchos priístas para que declinara, en aras de la unidad, y él plantea que la unidad debe ser “un medio para cambiar, no para seguir igual” porque, dice, “coincidimos en que el rumbo del país ya no puede ser el mismo, ni tampoco repetir el que ya dejamos atrás”.
Y esto último es el principal reto de los priístas, coincidan o no en la real necesidad de la transformación, profunda, que necesita el país. Porque, alejados del poder presidencial durante dos sexenios, las evidencias mostradas en muchos aspectos son de que al parecer, las transformaciones de las que hablamos no las conciben de esa manera y se percibe solamente, la búsqueda de la recuperación del poder, y nada más.
El problema estriba en que si el priismo no cambió en estos dos sexenios, la mayoría del país, sí. Y mucho, de tal modo que las conductas del pasado chocarán frontalmente con esa parte de la sociedad que sí se transformó. Para empezar, el electorado es altamente plural y diverso, con menos cadenas (de todo tipo) a las del pasado, el corporativismo sindical –salvo en algunos sectores, varios de ellos importantes, como el del magisterio y el petrolero– no goza precisamente de cabal salud y una de las funciones que ejercía implacablemente, la electoral, ya no puede ejercerla a plenitud.
Los medios de comunicación, si bien los más importantes siguen siendo, como antes, como casi siempre, propiedad de los más poderosos hombres de empresa del país, tienen hoy una vasta pluralidad y el acceso a internet de un influyente sector de la sociedad hace que los controles del pasado, ejercidos por el PRI cuando era partido casi único, ya no sean los mismos.
Y es que, con matices, los priístas han gobernado sus entidades con el mismo patrón de antes. Salieron de la Presidencia de la República pero en los estados no cambiaron y la equivocada manera de panismo para gobernar al país y algunas entidades federativas no hizo otra cosa que arrojar a muchos electores a los brazos del priismo. Lo mismo hizo el perredismo gobernante, salvo en el DF, y eso que el gobierno de Marcelo Ebrard va dejando una larga estela de acciones gubernamentales altamente cuestionables que han llevado al PRD a perder innumerables simpatías y el PRI defeño, por esta razón y por la inercia nacional, se ha ubicado en condiciones de disputar la jefatura de gobierno.
A donde posemos los ojos, los gobiernos del PRD tampoco han sido ejemplo de buen gobierno y añoran, sus militantes, el de López Obrador cuando estuvo al frente del DF. Esos malos gobiernos son la razón fundamental de las derrotas electorales en las entidades en las que llegaron a gobernar, con casos de escándalo, como el de Amalia García en Zacatecas, o de una mediocridad apabullante, como el de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy en Michoacán; o los enfrentados a la izquierda social (y algunos sectores de la izquierda electoral) como el de Zeferino Torreblanca en ¡Guerrero Ni más ni menos, con el agravante de que ganaron la última elección con un ex priísta de último momento, y de toda la vida.
Pero si el perredismo no supo, con su ejemplo, con sus gobiernos, construir una buena imagen electoral, lo realizado por los panistas, especialmente Felipe Calderón, es de antología. Con dos ejercicios de gobierno llevaron a su partido a las derrotas, una tras otra, con excepciones (y la del 2006 es una de ellas, pues sin la decepción de numerosos votantes priístas no se hubiera explicado el resultado de esa elección presidencial).
Tanto las elecciones federales del 2009 y la cuasi elección nacional del 2010, que eso puede representar el inédito ejercicio de las 14 elecciones locales celebradas ese año, la tendencia es la misma, el electorado los ha castigado y nada hace prever que cambie tal situación. Los resultados del Estado de México son el mejor ejemplo.
Dejamos aparte Michoacán pues ahí el PAN logró una abultada votación, fruto de una gran cantidad de factores, no todos atribuibles al partido, sino más bien a la decisión gubernamental de apoyar con todo a la hermana del presidente.
De ahí que los méritos del PRI para llegar con tan altas expectativas electorales al 2012, no todos son de su factura, obedecen en alto grado a los errores de sus adversarios, fundamentalmente al PAN y a la estrategia de Calderón (en sus dos ámbitos, el electoral y el del combate a los narcotraficantes), que la mayoría de los votantes se lo ha cobrado al entregarle sus preferencias a los candidatos priístas.
Pero si alcanzado el objetivo de ganar la Presidencia de la República, se comportan como evidencian los primeros actos de quien seguramente será el candidato, nos esperan muchos tragos amargos.
En primer lugar, al igual que Fox y Calderón, por la vía de Humberto Moreira, el todavía presidente nacional priísta, Peña Nieto ratificó la alianza con Elba Esther Gordillo, como una de sus primeras prioridades, seguramente en previsión de un desmedido crecimiento electoral de López Obrador y de quien resulte ganador en el PAN.
Luego, inusitadamente, Moreira cambió las cláusulas que le darían equidad a la contienda e impedían la formación de la “cargada”, con lo que precipitó la declinación de Beltrones y el enojo de Francisco Labastida y de dos ex presidentas nacionales del PRI, la yucateca Dulce María Sauri Riancho y de María de los Angeles Moreno, la capitalina que fue declarada por Carlos Salinas, el último año de su mandato, como “La mujer del año”.
Y si hubiera necesidad de aportar más evidencias de que el priismo –por lo menos ese– se comportaría como antes, ahí están las manifestaciones de apoyo de los organismos de mujeres y el del sector popular.
Pero detengámonos un momento en los hechos acaecidos en Chihuahua durante la semana. En tanto la clase política se amanecía, y se cimbraba el martes con la declinación de Beltrones, por la tarde de ese día, la dirigencia estatal del PRI chihuahuense recibía a un enviado de Peña Nieto, Rodrigo Villar Monroy, para suscribir ¡un convenio de colaboración, acto en el que el dirigente estatal, Leonel de la Rosa, declaró que el ex gobernante mexiquense tenía “el apoyo del priismo chihuahuense”. ¡Nomás (Nota de Hiram Ortega, El Diario, 23/XI/11).
O sea, son pitonisos, ya sabían que Beltrones declinaría y, raudos y veloces, ese día por la mañana se desplazaron a todo el país para obtener el respaldo del priismo nacional. La cargada en todo su esplendor, como antes, como siempre. Bueno, hechos como estos no pueden desligarse de las razones que llevaron al sonorense a deslindarse del proceso electoral y continuar, dice, luchando por llevar adelante sus propuestas.
Por su parte, en una entrevista concedida a Aserto a fines de octubre (Aserto No. 100, noviembre de 2011), el gobernador de Chihuahua, César Duarte, declaraba sus preferencias por quien hoy será declarado, casi seguramente, candidato del PRI, en virtud de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en el sentido de que si sólo se registra un precandidato, ya se le podrá considerar como el candidato de ese partido.
¿Y los gobernadores del PRI? Los que, como dice la melodía: “Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad y me gustó” ¿Podrán aceptar, de nueva cuenta, el presidencialismo de antes, ese que el priismo sigue practicando en el ámbito estatal y que Peña Nieto se apresta desde ahora a ejercer –y ejerce–?
jueves, 24 de noviembre de 2011
El renunciante
El Diario, 24 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
No es un apoyo muy acrítico, más bien lo contrario: “Mi coincidencia fundamental con @EPN (Enrique Peña Nieto) es unidad para cambiar no para seguir igual. Que así sea Suerte”. Tal fue el texto enviado por Manlio Fabio Beltrones través de Twitter, después de que el ex gobernador mexiquense lo felicitara por haber declinado en sus pretensiones de alcanzar la candidatura priísta a la Presidencia de la República el próximo año.
Contra todas las públicas manifestaciones de unidad y regocijo de numerosos militantes del PRI, el documento publicado por Beltrones apenas unas cuantas horas después de manifestar su contrariedad por las modificaciones a la convocatoria a la elección interna, efectuadas por el dirigente nacional, Humberto Moreira, son todo un compendio de conceptos críticos explícitos, y sobre todo implícitos, en el clásico lenguaje críptico de los priístas.
Las aseveraciones explícitas son de llamar la atención. Sustenta su declinación –por supuesto, en busca de la unidad– en dos argumentos: “Logramos un apretado triunfo en Michoacán, bajo el asedio de una injerencia gubernamental que parece ser la tónica que el PRI enfrentará en adelante. Por otro lado, pese a sus contradicciones, haciendo política, los partidos de izquierda han logrado unificarse en torno a una candidatura que permitió superar sus diferencias y ponerse de acuerdo”.
Más aún, en el cuerpo de su declaración se advierten críticas y posicionamientos no tan halagüeños para Peña Nieto. Informa que “distinguidos cuadros políticos del PRI” se acercaron a él para plantearle la necesidad de contribuir a la unidad, que en buen cristiano significa sumarse al otro, al de enfrente. A esos exhortos respondió Beltrones planteando que él entiende “la unidad como un medio para cambiar, no para seguir igual”, algo en lo que ha insistido tercamente en las últimas semanas, anotando indirectamente que Peña Nieto no necesariamente va en esa orientación.
¿Quiénes serían esos militantes distinguidos? ¿Será una de las sorpresas en la campaña, enterarnos de todos los que presionaron a Beltrones?
No todo es miel con hojuelas al interior del PRI con la declinación de Beltrones y las múltiples manifestaciones de la “cargada”. El líder de los senadores lo señala directamente: “Reconozco que en mi partido hay quienes tienen prisa (por tener candidato) y alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios o para garantizar sus intereses personales o de grupo. Es esta minoría la que ve un motivo de discordia en las reformas propuestas para modernizar la vida y la política del país”.
Hoy podrán alegar mil cosas los priístas acerca de la unidad y ensalzar a Beltrones, pero en el fondo del documento publicado se encuentran las razones de la inconformidad de miles de priístas –quizá no sean la mayoría, ni vayan a ir más allá– que son los espacios otorgados a los partidos aliados (Panal y Pvem) y la supresión de las cláusulas que le darían a la contienda interna, de haberse dado, condiciones de mayor equidad.
Fuera de ella el sonorense, queda el problema de las candidaturas a las diputaciones y senadurías por lo que, al contrario de lo afirmado por el gobernador chihuahuense, César Duarte, (dijo que lo peor ya había pasado, refiriéndose a la declinación de Beltrones y al hecho de que, probablemente, no haya contienda interna) aún quedan muchas etapas difíciles para su partido pues deberán afrontar a los priístas que se oponen a entregarle la primera fórmula de candidaturas al senado en Chiapas a Mónica Arriola, la hija de Elba Esther Gordillo, y a que en esa misma entidad ya se haya decidido entregarle la candidatura al gobierno del estado a Manuel Velazco, senador del Pvem; o a los priístas de Quintana Roo, reacios a aceptar como candidato de la primera fórmula a Jorge Emilio González, el “Niño verde”, ex dirigente nacional del mismo partido.
Los priístas de Sinaloa protestan por igual razón, pues allá le entregarán esa posición al Panal, y los de Puebla porque al mismo partido le adjudica, el pacto aliancista, la segunda fórmula de las candidaturas a senadores y ahí la protesta es mayor pues, acusan, el partido de Gordillo fue aliado del PAN en las elecciones a gobernador que perdieran el año pasado. A la vista de tales acontecimientos cuesta trabajo decir que lo peor ya pasó para el PRI. No, porque con tales acontecimientos se puede fortalecer la percepción, en una parte importante del electorado desilusionado del PAN y opuesto a votar por la izquierda, o por López Obrador, que el regreso del PRI, con todos los defectos de antes, es una posibilidad real y, por ende, descartarían votar por el priismo. ¡Vaya sorpresas!
Luis Javier Valero Flores
No es un apoyo muy acrítico, más bien lo contrario: “Mi coincidencia fundamental con @EPN (Enrique Peña Nieto) es unidad para cambiar no para seguir igual. Que así sea Suerte”. Tal fue el texto enviado por Manlio Fabio Beltrones través de Twitter, después de que el ex gobernador mexiquense lo felicitara por haber declinado en sus pretensiones de alcanzar la candidatura priísta a la Presidencia de la República el próximo año.
Contra todas las públicas manifestaciones de unidad y regocijo de numerosos militantes del PRI, el documento publicado por Beltrones apenas unas cuantas horas después de manifestar su contrariedad por las modificaciones a la convocatoria a la elección interna, efectuadas por el dirigente nacional, Humberto Moreira, son todo un compendio de conceptos críticos explícitos, y sobre todo implícitos, en el clásico lenguaje críptico de los priístas.
Las aseveraciones explícitas son de llamar la atención. Sustenta su declinación –por supuesto, en busca de la unidad– en dos argumentos: “Logramos un apretado triunfo en Michoacán, bajo el asedio de una injerencia gubernamental que parece ser la tónica que el PRI enfrentará en adelante. Por otro lado, pese a sus contradicciones, haciendo política, los partidos de izquierda han logrado unificarse en torno a una candidatura que permitió superar sus diferencias y ponerse de acuerdo”.
Más aún, en el cuerpo de su declaración se advierten críticas y posicionamientos no tan halagüeños para Peña Nieto. Informa que “distinguidos cuadros políticos del PRI” se acercaron a él para plantearle la necesidad de contribuir a la unidad, que en buen cristiano significa sumarse al otro, al de enfrente. A esos exhortos respondió Beltrones planteando que él entiende “la unidad como un medio para cambiar, no para seguir igual”, algo en lo que ha insistido tercamente en las últimas semanas, anotando indirectamente que Peña Nieto no necesariamente va en esa orientación.
¿Quiénes serían esos militantes distinguidos? ¿Será una de las sorpresas en la campaña, enterarnos de todos los que presionaron a Beltrones?
No todo es miel con hojuelas al interior del PRI con la declinación de Beltrones y las múltiples manifestaciones de la “cargada”. El líder de los senadores lo señala directamente: “Reconozco que en mi partido hay quienes tienen prisa (por tener candidato) y alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios o para garantizar sus intereses personales o de grupo. Es esta minoría la que ve un motivo de discordia en las reformas propuestas para modernizar la vida y la política del país”.
Hoy podrán alegar mil cosas los priístas acerca de la unidad y ensalzar a Beltrones, pero en el fondo del documento publicado se encuentran las razones de la inconformidad de miles de priístas –quizá no sean la mayoría, ni vayan a ir más allá– que son los espacios otorgados a los partidos aliados (Panal y Pvem) y la supresión de las cláusulas que le darían a la contienda interna, de haberse dado, condiciones de mayor equidad.
Fuera de ella el sonorense, queda el problema de las candidaturas a las diputaciones y senadurías por lo que, al contrario de lo afirmado por el gobernador chihuahuense, César Duarte, (dijo que lo peor ya había pasado, refiriéndose a la declinación de Beltrones y al hecho de que, probablemente, no haya contienda interna) aún quedan muchas etapas difíciles para su partido pues deberán afrontar a los priístas que se oponen a entregarle la primera fórmula de candidaturas al senado en Chiapas a Mónica Arriola, la hija de Elba Esther Gordillo, y a que en esa misma entidad ya se haya decidido entregarle la candidatura al gobierno del estado a Manuel Velazco, senador del Pvem; o a los priístas de Quintana Roo, reacios a aceptar como candidato de la primera fórmula a Jorge Emilio González, el “Niño verde”, ex dirigente nacional del mismo partido.
Los priístas de Sinaloa protestan por igual razón, pues allá le entregarán esa posición al Panal, y los de Puebla porque al mismo partido le adjudica, el pacto aliancista, la segunda fórmula de las candidaturas a senadores y ahí la protesta es mayor pues, acusan, el partido de Gordillo fue aliado del PAN en las elecciones a gobernador que perdieran el año pasado. A la vista de tales acontecimientos cuesta trabajo decir que lo peor ya pasó para el PRI. No, porque con tales acontecimientos se puede fortalecer la percepción, en una parte importante del electorado desilusionado del PAN y opuesto a votar por la izquierda, o por López Obrador, que el regreso del PRI, con todos los defectos de antes, es una posibilidad real y, por ende, descartarían votar por el priismo. ¡Vaya sorpresas!
martes, 22 de noviembre de 2011
Los “indignados” del PRI
El Diario, 22 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Tal parece que la dirigencia nacional del PRI está pecando de soberbia, de otra manera no se pueden entender los traspiés del presidente de ese organismo, Humberto Moreira, al decidir en pleno uso de sus facultades estatutarias –dicen los enterados de ese partido– el cambio en algunas de las cláusulas de la convocatoria del proceso interno que lo ha llevado a recibir duras, durísimas críticas, de innumerables dirigentes y legisladores priístas por el, dicen, desmedido otorgamiento de posiciones a los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido Nueva Alianza (PANAL).
Son de tal grado la oposición y la molestia ocasionadas que han llevado al mismísimo Manlio Fabio Beltrones a plantearse la duda acerca de su participación en el proceso electoral del 2012. Ojo, no planteó su posible inclusión en la elección interna para definir al candidato presidencial, sino su propia participación en las elecciones.
Más tajante ha sido la oposición del ex candidato presidencial, Francisco Labastida, quien ha expresado vivamente su rechazo a la alianza con el partido dirigido en la práctica por Elba Esther Gordillo, el PANAL, y ha dicho que en lugar de sumarles votos, se los restará. Dijo que la dirigencia de Moreira “Está preocupándose más por hacer alianzas con el PVEM y con el PANAL que lograr la unidad interna del partido y es mucho más importante ésta que la alianza”.
Y es que las modificaciones efectuadas por Moreira son de las que levantan ámpula. Unas son las referentes al proceso de elección interna y otras son las posiciones otorgadas a los partidos aliados.
Como si necesitara más apoyos el cuasi candidato presidencial, el dirigente nacional cambió la cláusula mediante la cual ahora, quienes apoyen la inclusión de determinado aspirante como precandidato, ya no podrían hacerlo por otro aspirante.
Asimismo, la otra cláusula modificada es aquella referente a la prohibición, existente en la aprobada por el Consejo Nacional, a que los militantes con puestos de elección popular (entiéndase bien, sobre todo los gobernadores) expresaran sus simpatías hacia alguno de los precandidatos.
En aras de un supuestísimo respeto a la libertad de expresión a los mandamases del partido, Moreira suprimió tal prohibición, seguramente pensando en la necesidad de que los priístas pudieran ver bien las señales emitidas por sus jefes de los palacios de gobierno, es decir, para decirlo en términos del priísmo, para propiciar la “cargada”.
El otro motivo de indignación es la alianza con el PANAL y el PVEM; innecesaria, sostienen la mayoría de quienes la rechazan. Son de tal grado las expresiones de repudio que ya la ex presidenta nacional, Dulce María Sauri Riacho, ha pedido la renuncia de Moreira “para que haga frente a las acusaciones en Coahuila” y otros, se habla de numerosos senadores y diputados federales, están considerando la posibilidad de inconformarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
A su vez, el dirigente del Movimiento Territorial (MT) del tricolor, Carlos Flores Rico acusó a Moreira de alterar el sentido de seriedad de la elección interna, pues tales cambios no permitirían “una elección equilibrada del candidato presidencial del PRI”. Vamos, hasta el dirigente del sector obrero prisita, Joaquín Gamboa Pascoe, expresó su inconformidad a los cambios de la convocatoria.
Más aún, sabedora de los peligros que puede correr su partido, Sauri Riancho (dirigente nacional en las elecciones del 2000) advirtió acerca del riesgo de división ya que los cambios efectuados, sostuvo, buscan “arrinconar a Beltrones”.
Realizar tales cambios, con semejantes reacciones, concita una razonable duda: Que Moreira tiene lecturas muy distintas a las conocidas públicamente, las cuales muestran, sí, una ventaja de Peña Nieto, pero no en los niveles conocidos, que puede disminuir a medida del avance de las campañas electorales y eso lo llevó a otorgarle tanta importancia y espacios a los partidos coaligados.
¿Será?
Luis Javier Valero Flores
Tal parece que la dirigencia nacional del PRI está pecando de soberbia, de otra manera no se pueden entender los traspiés del presidente de ese organismo, Humberto Moreira, al decidir en pleno uso de sus facultades estatutarias –dicen los enterados de ese partido– el cambio en algunas de las cláusulas de la convocatoria del proceso interno que lo ha llevado a recibir duras, durísimas críticas, de innumerables dirigentes y legisladores priístas por el, dicen, desmedido otorgamiento de posiciones a los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido Nueva Alianza (PANAL).
Son de tal grado la oposición y la molestia ocasionadas que han llevado al mismísimo Manlio Fabio Beltrones a plantearse la duda acerca de su participación en el proceso electoral del 2012. Ojo, no planteó su posible inclusión en la elección interna para definir al candidato presidencial, sino su propia participación en las elecciones.
Más tajante ha sido la oposición del ex candidato presidencial, Francisco Labastida, quien ha expresado vivamente su rechazo a la alianza con el partido dirigido en la práctica por Elba Esther Gordillo, el PANAL, y ha dicho que en lugar de sumarles votos, se los restará. Dijo que la dirigencia de Moreira “Está preocupándose más por hacer alianzas con el PVEM y con el PANAL que lograr la unidad interna del partido y es mucho más importante ésta que la alianza”.
Y es que las modificaciones efectuadas por Moreira son de las que levantan ámpula. Unas son las referentes al proceso de elección interna y otras son las posiciones otorgadas a los partidos aliados.
Como si necesitara más apoyos el cuasi candidato presidencial, el dirigente nacional cambió la cláusula mediante la cual ahora, quienes apoyen la inclusión de determinado aspirante como precandidato, ya no podrían hacerlo por otro aspirante.
Asimismo, la otra cláusula modificada es aquella referente a la prohibición, existente en la aprobada por el Consejo Nacional, a que los militantes con puestos de elección popular (entiéndase bien, sobre todo los gobernadores) expresaran sus simpatías hacia alguno de los precandidatos.
En aras de un supuestísimo respeto a la libertad de expresión a los mandamases del partido, Moreira suprimió tal prohibición, seguramente pensando en la necesidad de que los priístas pudieran ver bien las señales emitidas por sus jefes de los palacios de gobierno, es decir, para decirlo en términos del priísmo, para propiciar la “cargada”.
El otro motivo de indignación es la alianza con el PANAL y el PVEM; innecesaria, sostienen la mayoría de quienes la rechazan. Son de tal grado las expresiones de repudio que ya la ex presidenta nacional, Dulce María Sauri Riacho, ha pedido la renuncia de Moreira “para que haga frente a las acusaciones en Coahuila” y otros, se habla de numerosos senadores y diputados federales, están considerando la posibilidad de inconformarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
A su vez, el dirigente del Movimiento Territorial (MT) del tricolor, Carlos Flores Rico acusó a Moreira de alterar el sentido de seriedad de la elección interna, pues tales cambios no permitirían “una elección equilibrada del candidato presidencial del PRI”. Vamos, hasta el dirigente del sector obrero prisita, Joaquín Gamboa Pascoe, expresó su inconformidad a los cambios de la convocatoria.
Más aún, sabedora de los peligros que puede correr su partido, Sauri Riancho (dirigente nacional en las elecciones del 2000) advirtió acerca del riesgo de división ya que los cambios efectuados, sostuvo, buscan “arrinconar a Beltrones”.
Realizar tales cambios, con semejantes reacciones, concita una razonable duda: Que Moreira tiene lecturas muy distintas a las conocidas públicamente, las cuales muestran, sí, una ventaja de Peña Nieto, pero no en los niveles conocidos, que puede disminuir a medida del avance de las campañas electorales y eso lo llevó a otorgarle tanta importancia y espacios a los partidos coaligados.
¿Será?
domingo, 20 de noviembre de 2011
Pie derecho
El Diario, 20 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Cuesta trabajo recordar otra entrevista en la que un protagonista político planteara tan clara y firmemente su oposición a las políticas y acciones de la principal empresa de la televisión mexicana, Televisa.
La noche del miércoles, en el principal noticiero televisivo del país, Andrés Manuel López Obrador dio un campanazo más en el incipiente proceso electoral, rumbo a la elección del primer domingo de julio próximo.
El primero fue haber ganado en las encuestas efectuadas para encontrar al candidato de la izquierda mexicana, y el modo en que se resolvió. En esa mañana del lunes pasado las fuerzas de la izquierda electoral se amanecieron con dos aspirantes a la presidencia de la república, el tabasqueño para el 2012 y Marcelo Ebrard para 2018. Sí, falta mucho tiempo para la última fecha, pero la izquierda cuenta, ya, con ese capital político.
En pocas ocasiones unas cuantas frases dichas por alguien se pueden recordar al paso de muchos años. Las expresadas por López Obrador el miércoles por la noche son de esas. El conductor Joaquín López Dóriga le dio la bienvenida y, a continuación, sin interrupciones, AMLO lanzó verdaderos obuses, eso sí, dichos con serenidad y hasta cierta cortesía:
“Muy buenas noches Joaquín. Quiero agradecerte, agradecerle a Televisa por esta invitación, por estar luego de cinco años de cerrazón hacia mi persona y hacia el movimiento que represento; esto me ha llevado, en este tiempo, a hacer la crítica a Televisa de manera franca, abierta, directa, como me gusta decir las cosas. He venido sosteniendo, en las plazas públicas, que Televisa ha venido en este tiempo proyectando a (Enrique) Peña Nieto, con el propósito, la pretensión, por primera vez en la historia, de imponer, mediante la mercadotecnia, al próximo presidente de México.
Es todo desde luego no lo comparto, creo que nadie puede suplantar el derecho del pueblo de México a elegir libremente a su autoridad, a su presidente.
Dicho esto, porque no podría venir aquí sin decirlo, me gusta decir lo que siento, no soy hipócrita, también te digo que no soy poseedor de la verdad absoluta, que soy partidario de la reconciliación, que yo no odio y que tenemos que sacar adelante al país sin odios ni rencores y yo quiero, como ustedes, contigo, con todos los trabajadores de Televisa, con los que tengo buena relación y respeto, y con los directivos de Televisa, iniciar una nueva etapa y quiero que podamos darnos el beneficio de la duda, porque el país lo requiere, tiene que haber equidad, tiene que haber libertad plena para que el país salga adelante, vamos a sacar a todos, a México entre todos, a México de esta lamentable situación en que se encuentra.
Y todos tenemos que actuar con responsabilidad poniendo por delante de tus intereses personales, por legítimos que sean, o de los intereses de grupos, por legítimos que sean, el interés general.
Yo ofrezco la reconciliación, extiendo mi mano franca”.
Acto seguido, le extendió la mano a López Dóriga y éste le correspondió, además, con una sonrisa. A continuación dio inicio a la entrevista que, dijo, les había ofrecido a todos los aspirantes a la presidencia de la república.
Pero esas frases, el tono en el que fueron expresadas y la calma del aspirante presidencial, hicieron recordar al escribiente otras, las expresadas por Porfirio Muñoz Ledo a Ernesto Zedillo en la presentación del tercer informe presidencial en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Cada uno de nosotros, dijo Muñoz Ledo, somos menos que vos, pero, juntos, somos muchos más que vos. Ahí empezó a fincarse la etapa final de la derrota del PRI en las elecciones presidenciales.
Seguramente que la entrevista mencionada influyó en el ánimo de muchos mexicanos, pero el anuncio de su triunfo en las encuestas surtió efectos inesperados desde que se diera a conocer, en lo que puede ser una de las primeras sorpresas del actual proceso electoral.
Otro de sus más contumaces críticos, el periodista Ciro Gómez Leyva, preguntó en su colaboración editorial en Milenio que si López Obrador podía derrotar a Peña Nieto. “Después de lo visto y escuchado en las últimas 48 horas, la respuesta tiene que ser sí, definitivamente sí. Ya entró en una espiral ascendente. Tiene causa, proyecto y, si es hábil, tendrá grupo”. (LA HISTORIA EN BREVE, 17/XI/11).
Sus primeras palabras, escribió, “hacen creer que aprendió la lección de 2006 y que en 2012 no será un justiciero soberbio, ni un Mesías, sino un candidato que buscará de los convencidos, de los dudosos y de los reacios… Hay millones de mexicanos que no están enamorados de Peña Nieto. Y millones que no le darán una tercera oportunidad al PAN, así venga con perfume de mujer… López Obrador tiene siete meses y medio para seducirlos. Tiene mucho tiempo”.
A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, quien era presidente de la Concanaco en 2006, afirmó no estar “viendo a López Obrador como un peligro… Los tiempos –dijo– traen cambios y habrá que analizar cuáles son los planteamientos; tenemos que esperar a que se nombre a los demás candidatos y los escucharemos a todos”. (Nota de Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 18/XI/11).
Además, sostuvo, que la propuesta y el discurso del tabasqueño “son distintos”.
En el ámbito local, y coincidiendo con lo expresado por varios dirigentes nacionales de su partido, el ex gobernador Patricio Martínez calificó a AMLO como un adversario difícil, que “dará batalla en la elección… con todo y las derrotas anotó importantes triunfos para la sociedad con su discurso, con su oposición, al gobernar con su oposición, yo creo que no es ningún adversario que pueda dejarse de lado, es adversario batallador”.
Pero si hubiera que ubicarse este vuelco en las preferencias electorales –|por supuesto no se plantea que está en condiciones de ganar las elecciones en este momento, pero sí que será un competidor muy serio para quien aparece en el top de las preferencias, el priísta Enrique Peña Nieto– hay a la mano dos hechos que deberán concitar la atención de los protagonistas electorales:
Uno, ya mencionado en estas páginas, es el de las exitosas reuniones de empresarios regiomontanos con López Obrador, y el otro, el resultado del sondeo de El Diario-Juárez en el que, contra todo pronóstico, sobre un universo de 9 mil 741 votos AMLO obtiene el 40% frente al 32% de Josefina Vázquez Mota y el 29% de Peña Nieto (el más grande obtenido por sondeo alguno y del cual da cuenta Gabriela Minjares, El Diario, 19/XI/11, cuando habían votado 9 mil 435 y en el que el izquierdista alcanzaba el 39%).
De la expectación creada nos podemos percatar porque el “… El total de votos recibidos al cierre de esta edición rompió el récord de participación en los 785 sondeos electrónicos realizados a la fecha por El Diario en la página de Internet, pues ninguno de ellos había superado los nueve mil sufragios, y sólo tres habían alcanzado cifras superiores a los ocho mil… La tendencia en los resultados se fue modificando cada día desde que se activó el sondeo el martes pasado”. (Ibídem).
Pero los simpatizantes del tabasqueño no debieran lanzar las campanas al vuelo, estas son apenas algunas expresiones, que reflejan lo sostenido constantemente aquí, aún no está dicho nada en relación a la elección presidencial, pero de que hay un mundo de cambios en las percepciones en una buena parte de la sociedad, alrededor del candidato de la izquierda, ni duda cabe.
Un parámetro es este sondeo que, por supuesto, no refleja las preferencias del antiguo Paso del Norte sino solamente el de un sector, no todo avecindado en esta ciudad, de las capas medias y medias altas, pero si ciudadanos de esta franja socioeconómica están optando por el tabasqueño significa que la disputa por los votos de ella será muy cerrada y que pudiera darse la posibilidad de que la contienda se convierta, otra vez, en parejera, ahora entre el priísta y el perredista.
Y todavía falta lo que suceda al interior del PRI, por lo pronto existe una molestia generalizada por los términos de la alianza pactada por Humberto Moreira –claro, a nombre del Comité Nacional– con el PANAL y el Verde Ecologista. Hombres como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida ya plantearon seriamente su rechazo a tal alianza, en esos términos, amén de las opiniones expresadas por otros militantes del resto del país.
Así, sin que se previera, ahora resulta que la izquierda parece –en este momento–| salir mejor librada de los prolegómenos de las elecciones internas, y con un candidato que inició de la mejor manera.
Veremos.
Luis Javier Valero Flores
Cuesta trabajo recordar otra entrevista en la que un protagonista político planteara tan clara y firmemente su oposición a las políticas y acciones de la principal empresa de la televisión mexicana, Televisa.
La noche del miércoles, en el principal noticiero televisivo del país, Andrés Manuel López Obrador dio un campanazo más en el incipiente proceso electoral, rumbo a la elección del primer domingo de julio próximo.
El primero fue haber ganado en las encuestas efectuadas para encontrar al candidato de la izquierda mexicana, y el modo en que se resolvió. En esa mañana del lunes pasado las fuerzas de la izquierda electoral se amanecieron con dos aspirantes a la presidencia de la república, el tabasqueño para el 2012 y Marcelo Ebrard para 2018. Sí, falta mucho tiempo para la última fecha, pero la izquierda cuenta, ya, con ese capital político.
En pocas ocasiones unas cuantas frases dichas por alguien se pueden recordar al paso de muchos años. Las expresadas por López Obrador el miércoles por la noche son de esas. El conductor Joaquín López Dóriga le dio la bienvenida y, a continuación, sin interrupciones, AMLO lanzó verdaderos obuses, eso sí, dichos con serenidad y hasta cierta cortesía:
“Muy buenas noches Joaquín. Quiero agradecerte, agradecerle a Televisa por esta invitación, por estar luego de cinco años de cerrazón hacia mi persona y hacia el movimiento que represento; esto me ha llevado, en este tiempo, a hacer la crítica a Televisa de manera franca, abierta, directa, como me gusta decir las cosas. He venido sosteniendo, en las plazas públicas, que Televisa ha venido en este tiempo proyectando a (Enrique) Peña Nieto, con el propósito, la pretensión, por primera vez en la historia, de imponer, mediante la mercadotecnia, al próximo presidente de México.
Es todo desde luego no lo comparto, creo que nadie puede suplantar el derecho del pueblo de México a elegir libremente a su autoridad, a su presidente.
Dicho esto, porque no podría venir aquí sin decirlo, me gusta decir lo que siento, no soy hipócrita, también te digo que no soy poseedor de la verdad absoluta, que soy partidario de la reconciliación, que yo no odio y que tenemos que sacar adelante al país sin odios ni rencores y yo quiero, como ustedes, contigo, con todos los trabajadores de Televisa, con los que tengo buena relación y respeto, y con los directivos de Televisa, iniciar una nueva etapa y quiero que podamos darnos el beneficio de la duda, porque el país lo requiere, tiene que haber equidad, tiene que haber libertad plena para que el país salga adelante, vamos a sacar a todos, a México entre todos, a México de esta lamentable situación en que se encuentra.
Y todos tenemos que actuar con responsabilidad poniendo por delante de tus intereses personales, por legítimos que sean, o de los intereses de grupos, por legítimos que sean, el interés general.
Yo ofrezco la reconciliación, extiendo mi mano franca”.
Acto seguido, le extendió la mano a López Dóriga y éste le correspondió, además, con una sonrisa. A continuación dio inicio a la entrevista que, dijo, les había ofrecido a todos los aspirantes a la presidencia de la república.
Pero esas frases, el tono en el que fueron expresadas y la calma del aspirante presidencial, hicieron recordar al escribiente otras, las expresadas por Porfirio Muñoz Ledo a Ernesto Zedillo en la presentación del tercer informe presidencial en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Cada uno de nosotros, dijo Muñoz Ledo, somos menos que vos, pero, juntos, somos muchos más que vos. Ahí empezó a fincarse la etapa final de la derrota del PRI en las elecciones presidenciales.
Seguramente que la entrevista mencionada influyó en el ánimo de muchos mexicanos, pero el anuncio de su triunfo en las encuestas surtió efectos inesperados desde que se diera a conocer, en lo que puede ser una de las primeras sorpresas del actual proceso electoral.
Otro de sus más contumaces críticos, el periodista Ciro Gómez Leyva, preguntó en su colaboración editorial en Milenio que si López Obrador podía derrotar a Peña Nieto. “Después de lo visto y escuchado en las últimas 48 horas, la respuesta tiene que ser sí, definitivamente sí. Ya entró en una espiral ascendente. Tiene causa, proyecto y, si es hábil, tendrá grupo”. (LA HISTORIA EN BREVE, 17/XI/11).
Sus primeras palabras, escribió, “hacen creer que aprendió la lección de 2006 y que en 2012 no será un justiciero soberbio, ni un Mesías, sino un candidato que buscará de los convencidos, de los dudosos y de los reacios… Hay millones de mexicanos que no están enamorados de Peña Nieto. Y millones que no le darán una tercera oportunidad al PAN, así venga con perfume de mujer… López Obrador tiene siete meses y medio para seducirlos. Tiene mucho tiempo”.
A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, quien era presidente de la Concanaco en 2006, afirmó no estar “viendo a López Obrador como un peligro… Los tiempos –dijo– traen cambios y habrá que analizar cuáles son los planteamientos; tenemos que esperar a que se nombre a los demás candidatos y los escucharemos a todos”. (Nota de Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 18/XI/11).
Además, sostuvo, que la propuesta y el discurso del tabasqueño “son distintos”.
En el ámbito local, y coincidiendo con lo expresado por varios dirigentes nacionales de su partido, el ex gobernador Patricio Martínez calificó a AMLO como un adversario difícil, que “dará batalla en la elección… con todo y las derrotas anotó importantes triunfos para la sociedad con su discurso, con su oposición, al gobernar con su oposición, yo creo que no es ningún adversario que pueda dejarse de lado, es adversario batallador”.
Pero si hubiera que ubicarse este vuelco en las preferencias electorales –|por supuesto no se plantea que está en condiciones de ganar las elecciones en este momento, pero sí que será un competidor muy serio para quien aparece en el top de las preferencias, el priísta Enrique Peña Nieto– hay a la mano dos hechos que deberán concitar la atención de los protagonistas electorales:
Uno, ya mencionado en estas páginas, es el de las exitosas reuniones de empresarios regiomontanos con López Obrador, y el otro, el resultado del sondeo de El Diario-Juárez en el que, contra todo pronóstico, sobre un universo de 9 mil 741 votos AMLO obtiene el 40% frente al 32% de Josefina Vázquez Mota y el 29% de Peña Nieto (el más grande obtenido por sondeo alguno y del cual da cuenta Gabriela Minjares, El Diario, 19/XI/11, cuando habían votado 9 mil 435 y en el que el izquierdista alcanzaba el 39%).
De la expectación creada nos podemos percatar porque el “… El total de votos recibidos al cierre de esta edición rompió el récord de participación en los 785 sondeos electrónicos realizados a la fecha por El Diario en la página de Internet, pues ninguno de ellos había superado los nueve mil sufragios, y sólo tres habían alcanzado cifras superiores a los ocho mil… La tendencia en los resultados se fue modificando cada día desde que se activó el sondeo el martes pasado”. (Ibídem).
Pero los simpatizantes del tabasqueño no debieran lanzar las campanas al vuelo, estas son apenas algunas expresiones, que reflejan lo sostenido constantemente aquí, aún no está dicho nada en relación a la elección presidencial, pero de que hay un mundo de cambios en las percepciones en una buena parte de la sociedad, alrededor del candidato de la izquierda, ni duda cabe.
Un parámetro es este sondeo que, por supuesto, no refleja las preferencias del antiguo Paso del Norte sino solamente el de un sector, no todo avecindado en esta ciudad, de las capas medias y medias altas, pero si ciudadanos de esta franja socioeconómica están optando por el tabasqueño significa que la disputa por los votos de ella será muy cerrada y que pudiera darse la posibilidad de que la contienda se convierta, otra vez, en parejera, ahora entre el priísta y el perredista.
Y todavía falta lo que suceda al interior del PRI, por lo pronto existe una molestia generalizada por los términos de la alianza pactada por Humberto Moreira –claro, a nombre del Comité Nacional– con el PANAL y el Verde Ecologista. Hombres como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida ya plantearon seriamente su rechazo a tal alianza, en esos términos, amén de las opiniones expresadas por otros militantes del resto del país.
Así, sin que se previera, ahora resulta que la izquierda parece –en este momento–| salir mejor librada de los prolegómenos de las elecciones internas, y con un candidato que inició de la mejor manera.
Veremos.
jueves, 17 de noviembre de 2011
Las confirmaciones
El Diario, 17 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
El veredicto, casi unánime, es contundente: La estrategia para combatir al narcotráfico –y fundamentalmente para evitar la violencia desatada por éste– ha fracasado. Felipe Calderón se empeñó en ella y haciendo uso de todos los recursos a su alcance, y al del presidencialismo impuesto por el régimen anterior, logró llevarse consigo a todos los gobernantes priístas y a los legisladores federales de este partido, es decir, se llevó al baile al PRI.
Las escasas protestas y oposición de algunos de los principales de este partido no dejaron de ser meras declaraciones a la prensa, sin ninguna relación con los actos de gobierno. Conforme se acerca el final del sexenio, van apareciendo las evidencias de que, quizá, no estamos enfrentando a una estrategia delineada por Calderón y sus amigos en el gobierno.
Las revelaciones publicadas por WikiLeaks y más recientemente los reportes de Human Rights Watch (HRW) y de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), a la que nos referiremos ahora, –titulado “Un Relato Aleccionador” – apuntan a que el gobierno mexicano simplemente accedió a actuar como el operador de quienes delinearon la estrategia a aplicarse en México, una totalmente contraria a la aplicada en Estados Unidos.
El informe de Wola es desesperanzador, afirma que la Iniciativa Mérida disparó la violencia en México y, además, no trajo “mejoras significativas en materia de seguridad”, “en lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado, la ha generalizado”. (Nota de J. Jaime Hernández, El Universal digital, 10/XI/11).
Igual que el reporte de HRW, lo relatado por Wola debiera ser materia de estudio de quienes tienen la responsabilidad de los operativos en contra del crimen organizado. Así describen el “éxito” del gobierno de Calderón: “Los grupos del crimen organizado, cuyo número se ha expandido de aproximadamente seis confederaciones nacionales a las doce existentes en la actualidad, se han enfrentado al Estado, y entre ellos, en una guerra de todos contra todos”.
El reporte tiene la finalidad de prevenir a nuestro país de la tentación de copiar el modelo aplicado en Colombia y de evitar que se fortalezca la decisión del gobierno norteamericano de presionar a ambos gobiernos latinoamericanos para que lleguen a acuerdos de cooperación en ese sentido.
Y es que, dice, el éxito en Colombia “solo ha sido parcial y frágil”, con un “inaceptable costo en el terreno de los derechos humanos” con el registro de 3 mil ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas. Sostiene, además, que la desaparición de los cárteles de Medellín y Cali no incidió en la cantidad, precio y calidad de la droga introducida a Estados Unidos.
Tajante, dice “… Desde que Calderón lanzó la ofensiva contra los cárteles en diciembre de 2006, la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado ha acabado con la vida de unas 40 mil personas en México. El crimen organizado ha diversificados sus actividades lucrativas ilegales. La extorsión de pequeñas y grandes empresas ha aumentado dramáticamente, y esto ha llevado a muchas de ellas a cerrar sus puertas o, en ciudades como Ciudad Juárez, a huir. Los secuestros extorsivos se han disparado...”.
El reporte insiste en que en ese recrudecimiento de la violencia, uno de los factores a tomar en cuenta son los fondos y directrices derivadas de la Iniciativa Mérida, cuyos recursos no sólo fueron aportados por el gobierno de Estados Unidos, sino, además, fiscalizados por integrantes de ese gobierno en el país, como lo fueron las constantes presencias del embajador norteamericano, Carlos Pascual, en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, una de las cuales se celebrara, muchos meses atrás, en el antiguo Paso del Norte.
Andaban verificando que se aplicaran bien sus dineros… y su estrategia.
Eso se llama pérdida de soberanía, pero ¿A quién le importan términos tan desgastados? No le hace que en ello vaya la vida de decenas de miles de mexicanos y la pérdida de la seguridad pública.
Luis Javier Valero Flores
El veredicto, casi unánime, es contundente: La estrategia para combatir al narcotráfico –y fundamentalmente para evitar la violencia desatada por éste– ha fracasado. Felipe Calderón se empeñó en ella y haciendo uso de todos los recursos a su alcance, y al del presidencialismo impuesto por el régimen anterior, logró llevarse consigo a todos los gobernantes priístas y a los legisladores federales de este partido, es decir, se llevó al baile al PRI.
Las escasas protestas y oposición de algunos de los principales de este partido no dejaron de ser meras declaraciones a la prensa, sin ninguna relación con los actos de gobierno. Conforme se acerca el final del sexenio, van apareciendo las evidencias de que, quizá, no estamos enfrentando a una estrategia delineada por Calderón y sus amigos en el gobierno.
Las revelaciones publicadas por WikiLeaks y más recientemente los reportes de Human Rights Watch (HRW) y de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), a la que nos referiremos ahora, –titulado “Un Relato Aleccionador” – apuntan a que el gobierno mexicano simplemente accedió a actuar como el operador de quienes delinearon la estrategia a aplicarse en México, una totalmente contraria a la aplicada en Estados Unidos.
El informe de Wola es desesperanzador, afirma que la Iniciativa Mérida disparó la violencia en México y, además, no trajo “mejoras significativas en materia de seguridad”, “en lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado, la ha generalizado”. (Nota de J. Jaime Hernández, El Universal digital, 10/XI/11).
Igual que el reporte de HRW, lo relatado por Wola debiera ser materia de estudio de quienes tienen la responsabilidad de los operativos en contra del crimen organizado. Así describen el “éxito” del gobierno de Calderón: “Los grupos del crimen organizado, cuyo número se ha expandido de aproximadamente seis confederaciones nacionales a las doce existentes en la actualidad, se han enfrentado al Estado, y entre ellos, en una guerra de todos contra todos”.
El reporte tiene la finalidad de prevenir a nuestro país de la tentación de copiar el modelo aplicado en Colombia y de evitar que se fortalezca la decisión del gobierno norteamericano de presionar a ambos gobiernos latinoamericanos para que lleguen a acuerdos de cooperación en ese sentido.
Y es que, dice, el éxito en Colombia “solo ha sido parcial y frágil”, con un “inaceptable costo en el terreno de los derechos humanos” con el registro de 3 mil ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas. Sostiene, además, que la desaparición de los cárteles de Medellín y Cali no incidió en la cantidad, precio y calidad de la droga introducida a Estados Unidos.
Tajante, dice “… Desde que Calderón lanzó la ofensiva contra los cárteles en diciembre de 2006, la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado ha acabado con la vida de unas 40 mil personas en México. El crimen organizado ha diversificados sus actividades lucrativas ilegales. La extorsión de pequeñas y grandes empresas ha aumentado dramáticamente, y esto ha llevado a muchas de ellas a cerrar sus puertas o, en ciudades como Ciudad Juárez, a huir. Los secuestros extorsivos se han disparado...”.
El reporte insiste en que en ese recrudecimiento de la violencia, uno de los factores a tomar en cuenta son los fondos y directrices derivadas de la Iniciativa Mérida, cuyos recursos no sólo fueron aportados por el gobierno de Estados Unidos, sino, además, fiscalizados por integrantes de ese gobierno en el país, como lo fueron las constantes presencias del embajador norteamericano, Carlos Pascual, en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, una de las cuales se celebrara, muchos meses atrás, en el antiguo Paso del Norte.
Andaban verificando que se aplicaran bien sus dineros… y su estrategia.
Eso se llama pérdida de soberanía, pero ¿A quién le importan términos tan desgastados? No le hace que en ello vaya la vida de decenas de miles de mexicanos y la pérdida de la seguridad pública.
martes, 15 de noviembre de 2011
Agendas aéreas
El Diario, 15 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
El día de hoy abordaremos un tema que tiene que ver con un asunto ineludible para cualquier ser vivo: El de la muerte.
La del dirigente campesino y militante político, Rafael Jacobo Femat, es de las que duelen por haber empeñado, este aguerrido activista, toda su vida a la defensa de los trabajadores del campo, siempre con una actuación recta, honrada, honorable, cualidades con las que contribuyó a la construcción de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), organización de la que fuera su principal dirigente el también hoy desaparecido, Ramón Danzós Palomino.
Miembro del Partido Comunista Mexicano, Jacobo Femat pertenece, ya, a la pléyade de dirigentes agrarios que lucharon en la defensa del campo mexicano del ataque globalizador privatizador en el que hoy nos desenvolvemos.
Por desgracia, y en campos muy distintos a los de Rafael Jacobo, hoy debemos lamentar el deceso de un joven integrante del PAN. La del ex delegado de la Condusef en Chihuahua, Guillermo Campos Galván. Más allá de las fronteras ideológicas y políticas, Campos se había ganado un respetable lugar en la sociedad chihuahuense por su conducta, siempre profesional, al frente de las responsabilidades que le tocó vivir y por la congruencia con los principios de su partido. En ambos casos –ese es el México plural y diverso de hoy– les enviamos a sus familiares y amigos un muy apretado abrazo.
Pero si los dos casos anteriores no son motivo de mayores controversias, el accidente en el que muriera el segundo Secretario de Gobernación del sexenio en similares condiciones, es ya objeto de una incontenible ola de especulaciones y es prueba palpable del enorme descrédito de las instituciones gubernamentales. En las redes sociales son pocas las personas que se atreven a plantear la hipótesis de un accidente. Más aún, en el sondeo efectuado por El Diario-edición Juárez, en su versión digital, más del 70 por ciento de los consultados creen que fue obra de un atentado.
¿Cómo? Quién sabe, así las autoridades se empeñen en asegurar que no hay evidencias de explosión ni de incendio alguno en los restos del helicóptero accidentado.
Pero más allá de las condiciones particulares del accidente, éste y los acaecidos recientemente, tanto en el ámbito privado como en el público, ponen de relieve la necesidad de reflexionar seriamente en las intensas agendas de los funcionarios públicos que los obligan a casi adquirir el don de la ubicuidad.
Uno de ellos es el gobernador de Chihuahua, César Duarte. El gobernante chihuahuense prácticamente vive en los vehículos aéreos (no bien se baja de un avión cuando ya está abordando el helicóptero y viceversa, en viajes intraestatales o a la ciudad de México) y si bien las probabilidades de sufrir un accidente aéreo son infinitamente menores a las de los accidentes terrestres, de todos modos existe un riesgo, mayor en cuanto se viaje más frecuentemente, y más en las condiciones en las que se encuentra la flota aérea propiedad del Gobierno del Estado, la que cuenta con vehículos con más de treinta años de servicio.
Sin duda alguna que la presencia de los más elevados funcionarios estatales en los actos públicos es muy importante pero mucho bien nos haría que los reflectores no fueran exclusividad de los titulares del Poder Ejecutivo y sus más importantes integrantes y que la utilidad de los viajes creciera.
Un ejemplo de botón. Martha Sahagún visitó, años atrás, Sisoguichi para entregar un equipo de rayos X al hospital de la localidad.
El equipo tenía un costo, entonces, menor a los 100 mil pesos; sin embargo, los colaboradores y los periodistas movilizados para cubrir el acto, amén de los funcionarios estatales y municipales movilizados con ese motivo, nos costaron, con toda seguridad, más del doble del costo del equipo entregado.
Sin duda que la presencia del gobernante en muchos actos es fuente de mucha simpatía popular, pero de los actos reportados en poco más de un año de ejercicio gubernamental, puede concluirse que un buen número pudieron efectuarse sin la presencia del Duarte chihuahuense y que el tiempo empleado en el traslado pudo emplearse en otras tareas, acaso de mayor reflexión y discusión con su equipo de trabajo y con los ciudadanos, organizados o no.
Además, ¿por qué no? En un mayor rango de seguridad personal cuya importancia no es menor pues se trata del ciudadano elegido por la mayoría de los votantes para administrar los recursos de nuestra sociedad, y esa sí que es una responsabilidad mayor.
Luis Javier Valero Flores
El día de hoy abordaremos un tema que tiene que ver con un asunto ineludible para cualquier ser vivo: El de la muerte.
La del dirigente campesino y militante político, Rafael Jacobo Femat, es de las que duelen por haber empeñado, este aguerrido activista, toda su vida a la defensa de los trabajadores del campo, siempre con una actuación recta, honrada, honorable, cualidades con las que contribuyó a la construcción de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), organización de la que fuera su principal dirigente el también hoy desaparecido, Ramón Danzós Palomino.
Miembro del Partido Comunista Mexicano, Jacobo Femat pertenece, ya, a la pléyade de dirigentes agrarios que lucharon en la defensa del campo mexicano del ataque globalizador privatizador en el que hoy nos desenvolvemos.
Por desgracia, y en campos muy distintos a los de Rafael Jacobo, hoy debemos lamentar el deceso de un joven integrante del PAN. La del ex delegado de la Condusef en Chihuahua, Guillermo Campos Galván. Más allá de las fronteras ideológicas y políticas, Campos se había ganado un respetable lugar en la sociedad chihuahuense por su conducta, siempre profesional, al frente de las responsabilidades que le tocó vivir y por la congruencia con los principios de su partido. En ambos casos –ese es el México plural y diverso de hoy– les enviamos a sus familiares y amigos un muy apretado abrazo.
Pero si los dos casos anteriores no son motivo de mayores controversias, el accidente en el que muriera el segundo Secretario de Gobernación del sexenio en similares condiciones, es ya objeto de una incontenible ola de especulaciones y es prueba palpable del enorme descrédito de las instituciones gubernamentales. En las redes sociales son pocas las personas que se atreven a plantear la hipótesis de un accidente. Más aún, en el sondeo efectuado por El Diario-edición Juárez, en su versión digital, más del 70 por ciento de los consultados creen que fue obra de un atentado.
¿Cómo? Quién sabe, así las autoridades se empeñen en asegurar que no hay evidencias de explosión ni de incendio alguno en los restos del helicóptero accidentado.
Pero más allá de las condiciones particulares del accidente, éste y los acaecidos recientemente, tanto en el ámbito privado como en el público, ponen de relieve la necesidad de reflexionar seriamente en las intensas agendas de los funcionarios públicos que los obligan a casi adquirir el don de la ubicuidad.
Uno de ellos es el gobernador de Chihuahua, César Duarte. El gobernante chihuahuense prácticamente vive en los vehículos aéreos (no bien se baja de un avión cuando ya está abordando el helicóptero y viceversa, en viajes intraestatales o a la ciudad de México) y si bien las probabilidades de sufrir un accidente aéreo son infinitamente menores a las de los accidentes terrestres, de todos modos existe un riesgo, mayor en cuanto se viaje más frecuentemente, y más en las condiciones en las que se encuentra la flota aérea propiedad del Gobierno del Estado, la que cuenta con vehículos con más de treinta años de servicio.
Sin duda alguna que la presencia de los más elevados funcionarios estatales en los actos públicos es muy importante pero mucho bien nos haría que los reflectores no fueran exclusividad de los titulares del Poder Ejecutivo y sus más importantes integrantes y que la utilidad de los viajes creciera.
Un ejemplo de botón. Martha Sahagún visitó, años atrás, Sisoguichi para entregar un equipo de rayos X al hospital de la localidad.
El equipo tenía un costo, entonces, menor a los 100 mil pesos; sin embargo, los colaboradores y los periodistas movilizados para cubrir el acto, amén de los funcionarios estatales y municipales movilizados con ese motivo, nos costaron, con toda seguridad, más del doble del costo del equipo entregado.
Sin duda que la presencia del gobernante en muchos actos es fuente de mucha simpatía popular, pero de los actos reportados en poco más de un año de ejercicio gubernamental, puede concluirse que un buen número pudieron efectuarse sin la presencia del Duarte chihuahuense y que el tiempo empleado en el traslado pudo emplearse en otras tareas, acaso de mayor reflexión y discusión con su equipo de trabajo y con los ciudadanos, organizados o no.
Además, ¿por qué no? En un mayor rango de seguridad personal cuya importancia no es menor pues se trata del ciudadano elegido por la mayoría de los votantes para administrar los recursos de nuestra sociedad, y esa sí que es una responsabilidad mayor.
domingo, 13 de noviembre de 2011
El reporte de Human Rights Watch
El Diario, 13 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La muerte lo sorprendió justamente cuando debería afrontar, entre otros muchos asuntos escabrosos, las durísimas críticas de la organización Human Rights Watch (HRW) en su más reciente reporte intitulado “Ni Seguridad, Ni Derechos, Ejecuciones; desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. El Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, ya había expresado algunas opiniones acerca de ese reporte. Más allá de la tragedia (a cuyo lamento nos unimos, ante la pérdida de ocho vidas, dos de ellas fundamentales por el momento que vive el país) la situación descrita por el organismo derechohumanista es espeluznante.
Preocupados por el desarrollo de las acciones gubernamentales para enfrentar al narcotráfico, decidieron efectuar un trabajo de investigación durante poco más de dos años, en el que realizaron más de 200 entrevistas a funcionarios de todos los órdenes de gobierno, de procuradurías, víctimas, familiares de víctimas, policías, agentes del ministerio público y periodistas.
En ese lapso investigaron y documentaron casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones en los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco.
Lo encontrado por esta organización es verdaderamente dramático. Asevera que tras el descenso sostenido del número de homicidios, durante casi dos décadas, “la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010” y reporta que la prensa informa acerca de poco más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico en 2011.
“En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una ‘guerra’ contra (las) organizaciones delictivas... Asignó al Ejército un rol central en su estrategia de seguridad pública, que se enfocó principalmente en enfrentar a los cárteles mediante el uso de la fuerza… más de 50,000 soldados están asignados a operativos de gran escala contra el narcotráfico en todo México. En los lugares donde se han desplegado estas fuerzas, los soldados han asumido varias de las responsabilidades propias de la Policía y de los agentes del Ministerio Público —como patrullar zonas, intervenir cuando hay enfrentamientos armados, investigar delitos y obtener datos de inteligencia sobre organizaciones delictivas—”.
Hoy, esa estrategia ha fracasado seriamente, dice, en dos aspectos: “No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigarían adecuadamente.
Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”.
La acusación es contundente: “En los cinco estados analizados, se observó que miembros de las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas. Y la evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país”. El trabajo de investigación –que incluyó innumerables solicitudes de información a las páginas de Transparencia de los gobiernos y sus dependencias– demostró que “los casos documentados en este informe no constituyen hechos aislados. Se trata, por el contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública”.
Relata las prácticas. Golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte— son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad… las víctimas son a menudo mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos.”.
Y sostiene que con base en esas prácticas, la mayoría de los detenidos son acusados teniendo como única evidencia sus propias declaraciones, cuando hay detenidos, y esto ha provocado que sólo exista una ínfima cantidad de sentenciados por homicidio, en relación con el crimen organizado.
Además, sostiene que se ha elevado el número de integrantes de las fuerzas del orden, denunciados por delitos cometidos en contra de civiles, “por ejemplo, los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 210 investigaciones de delitos cometidos por soldados contra civiles en 2007, 913 en 2008 y 1.293 en 2009”.
No es la tortura el principal problema de los excesos cometidos por las fuerzas del orden. HRW afirma que es creciente la impunidad en el número de ejecuciones extrajudiciales, las que prácticamente no son investigadas, a pesar del elevado número de homicidios en los que se presume la comisión de este delito.
Y le preocupan los indicios de creciente impunidad: “En los cinco estados relevados en el presente informe, desde 2007 los agentes del Ministerio Público militar han iniciado 1,615 investigaciones de violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por soldados contra civiles... En ninguna de estas investigaciones militares en los cinco estados se han dictado condenas. A su vez, la Procuraduría General de Justicia Militar indicó haber iniciado 3,671 investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre 2007 y junio de 2011. Durante este período, solamente fueron condenados 15 soldados…”.
Más aún, el reporte indica que prácticamente no se juzga ninguno de los homicidios que se presumen vinculados al narcotráfico. “En Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas —estados donde el gobierno federal ha puesto en marcha importantes operativos contra el narcotráfico con intervención del Ejército— la tasa de homicidios tanto en 2008 como en 2009 prácticamente duplicó los niveles récord correspondientes a las dos décadas anteriores.
Este aumento de la violencia no ha estado acompañado por un incremento de la cantidad de juicios penales… si bien el gobierno afirma que entre diciembre de 2006 y enero de 2011 ocurrieron 35,000 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República solamente registró 13,845 homicidios. La PGR… informó en un primer momento que había iniciado 1,687 investigaciones de homicidios, y tres meses después señaló que sólo había iniciado 997. Solamente han sido acusadas 343 personas en estos casos”.
El Poder Judicial Federal le informó a HRW que “la justicia federal solamente ha aplicado condenas en 22 casos de homicidios y otras lesiones vinculados con la delincuencia organizada. Los resultados a nivel estatal son igualmente deficitarios... Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua inició cerca de 10,000 investigaciones de homicidios entre 2007 y el 31 de marzo de 2011. Durante ese período, solamente se aplicaron condenas en 242 casos”.
En el extenso informe –poco más de 200 páginas– en el que se relatan casos concretos, se aprecia un eje vertebral, la preocupación acerca de la creciente violación de los derechos humanos de la población civil a manos de las fuerzas policiacas y militares y el devastador efecto que tal hecho provoca en la sociedad: La desconfianza hacia ellas y la disminución de su participación en la denuncia acerca de los hechos y relaciones delictuosas.
Mucho se previno, años atrás, en los meses iniciales del 2008, de la desafortunada decisión de incorporar a las fuerzas armadas al combate al narcotráfico, hoy es una realidad el fracaso, con un más preocupante hecho, el creciente deterioro del Estado de Derecho, ahora vulnerado, también, por las fuerzas del orden, y reforzado por la creciente tendencia de las clases gobernantes a mantener como arma prioritaria la elevación de las penas y la de regresarle a la declaración del inculpado el papel privilegiado que tuvo en el pasado para sentenciar a los presuntos delincuentes.
El fracaso no sólo es evidente, ahora mismo sufrimos las consecuencias. No se necesita elevar las penas, bastaría con detener a los delincuentes, procesarlos, lograr que los sentencien y ya.
Hay un mecanismo disuasivo más importante que la elevación de la severidad de las penas: La seguridad de que si se comete un delito, será remitido a la cárcel quien lo cometa.
Luis Javier Valero Flores
La muerte lo sorprendió justamente cuando debería afrontar, entre otros muchos asuntos escabrosos, las durísimas críticas de la organización Human Rights Watch (HRW) en su más reciente reporte intitulado “Ni Seguridad, Ni Derechos, Ejecuciones; desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. El Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, ya había expresado algunas opiniones acerca de ese reporte. Más allá de la tragedia (a cuyo lamento nos unimos, ante la pérdida de ocho vidas, dos de ellas fundamentales por el momento que vive el país) la situación descrita por el organismo derechohumanista es espeluznante.
Preocupados por el desarrollo de las acciones gubernamentales para enfrentar al narcotráfico, decidieron efectuar un trabajo de investigación durante poco más de dos años, en el que realizaron más de 200 entrevistas a funcionarios de todos los órdenes de gobierno, de procuradurías, víctimas, familiares de víctimas, policías, agentes del ministerio público y periodistas.
En ese lapso investigaron y documentaron casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones en los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco.
Lo encontrado por esta organización es verdaderamente dramático. Asevera que tras el descenso sostenido del número de homicidios, durante casi dos décadas, “la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010” y reporta que la prensa informa acerca de poco más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico en 2011.
“En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una ‘guerra’ contra (las) organizaciones delictivas... Asignó al Ejército un rol central en su estrategia de seguridad pública, que se enfocó principalmente en enfrentar a los cárteles mediante el uso de la fuerza… más de 50,000 soldados están asignados a operativos de gran escala contra el narcotráfico en todo México. En los lugares donde se han desplegado estas fuerzas, los soldados han asumido varias de las responsabilidades propias de la Policía y de los agentes del Ministerio Público —como patrullar zonas, intervenir cuando hay enfrentamientos armados, investigar delitos y obtener datos de inteligencia sobre organizaciones delictivas—”.
Hoy, esa estrategia ha fracasado seriamente, dice, en dos aspectos: “No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigarían adecuadamente.
Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”.
La acusación es contundente: “En los cinco estados analizados, se observó que miembros de las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas. Y la evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país”. El trabajo de investigación –que incluyó innumerables solicitudes de información a las páginas de Transparencia de los gobiernos y sus dependencias– demostró que “los casos documentados en este informe no constituyen hechos aislados. Se trata, por el contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública”.
Relata las prácticas. Golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte— son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad… las víctimas son a menudo mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos.”.
Y sostiene que con base en esas prácticas, la mayoría de los detenidos son acusados teniendo como única evidencia sus propias declaraciones, cuando hay detenidos, y esto ha provocado que sólo exista una ínfima cantidad de sentenciados por homicidio, en relación con el crimen organizado.
Además, sostiene que se ha elevado el número de integrantes de las fuerzas del orden, denunciados por delitos cometidos en contra de civiles, “por ejemplo, los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 210 investigaciones de delitos cometidos por soldados contra civiles en 2007, 913 en 2008 y 1.293 en 2009”.
No es la tortura el principal problema de los excesos cometidos por las fuerzas del orden. HRW afirma que es creciente la impunidad en el número de ejecuciones extrajudiciales, las que prácticamente no son investigadas, a pesar del elevado número de homicidios en los que se presume la comisión de este delito.
Y le preocupan los indicios de creciente impunidad: “En los cinco estados relevados en el presente informe, desde 2007 los agentes del Ministerio Público militar han iniciado 1,615 investigaciones de violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por soldados contra civiles... En ninguna de estas investigaciones militares en los cinco estados se han dictado condenas. A su vez, la Procuraduría General de Justicia Militar indicó haber iniciado 3,671 investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre 2007 y junio de 2011. Durante este período, solamente fueron condenados 15 soldados…”.
Más aún, el reporte indica que prácticamente no se juzga ninguno de los homicidios que se presumen vinculados al narcotráfico. “En Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas —estados donde el gobierno federal ha puesto en marcha importantes operativos contra el narcotráfico con intervención del Ejército— la tasa de homicidios tanto en 2008 como en 2009 prácticamente duplicó los niveles récord correspondientes a las dos décadas anteriores.
Este aumento de la violencia no ha estado acompañado por un incremento de la cantidad de juicios penales… si bien el gobierno afirma que entre diciembre de 2006 y enero de 2011 ocurrieron 35,000 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República solamente registró 13,845 homicidios. La PGR… informó en un primer momento que había iniciado 1,687 investigaciones de homicidios, y tres meses después señaló que sólo había iniciado 997. Solamente han sido acusadas 343 personas en estos casos”.
El Poder Judicial Federal le informó a HRW que “la justicia federal solamente ha aplicado condenas en 22 casos de homicidios y otras lesiones vinculados con la delincuencia organizada. Los resultados a nivel estatal son igualmente deficitarios... Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua inició cerca de 10,000 investigaciones de homicidios entre 2007 y el 31 de marzo de 2011. Durante ese período, solamente se aplicaron condenas en 242 casos”.
En el extenso informe –poco más de 200 páginas– en el que se relatan casos concretos, se aprecia un eje vertebral, la preocupación acerca de la creciente violación de los derechos humanos de la población civil a manos de las fuerzas policiacas y militares y el devastador efecto que tal hecho provoca en la sociedad: La desconfianza hacia ellas y la disminución de su participación en la denuncia acerca de los hechos y relaciones delictuosas.
Mucho se previno, años atrás, en los meses iniciales del 2008, de la desafortunada decisión de incorporar a las fuerzas armadas al combate al narcotráfico, hoy es una realidad el fracaso, con un más preocupante hecho, el creciente deterioro del Estado de Derecho, ahora vulnerado, también, por las fuerzas del orden, y reforzado por la creciente tendencia de las clases gobernantes a mantener como arma prioritaria la elevación de las penas y la de regresarle a la declaración del inculpado el papel privilegiado que tuvo en el pasado para sentenciar a los presuntos delincuentes.
El fracaso no sólo es evidente, ahora mismo sufrimos las consecuencias. No se necesita elevar las penas, bastaría con detener a los delincuentes, procesarlos, lograr que los sentencien y ya.
Hay un mecanismo disuasivo más importante que la elevación de la severidad de las penas: La seguridad de que si se comete un delito, será remitido a la cárcel quien lo cometa.
jueves, 10 de noviembre de 2011
Auto contemplación legislativa
El Diario, 10 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
El día de hoy, en continuación al acto realizado el lunes en la capital del estado, los legisladores locales presentarán su “informe del primer año de labores”. Lo harán de manera similar sus compañeros de la ciudad de Chihuahua. Además, lo harán en un solo acto, como si fuera un evento del Congreso del Estado en su conjunto, los diputados de todos los partidos, con la excepción de los diputados del PAN, y ahí “informarán” a sus electores sobre la labor realizada.
Por si fuera poco, también “informarán” los diputados de representación proporcional.
Y, pues nada, que no existe un mandamiento constitucional –o de la Ley Orgánica del Poder Legislativo- para celebrar semejantes actos, y mucho menos con el boato anunciado. Lo que hay, y es muy diferente a lo descrito líneas arriba, es el ordenamiento para que se pongan a trabajar de manera distinta a como lo están haciendo hasta ahora, por lo menos en lo que se refiere a materia de informes.
Inmersos en la tendencia generalizada de utilizar cualquier pretexto para auto-ensalzarse y simular la concreción de mandatos legales, la clase política ahora usa una figura que ni siquiera existe legalmente, esto es, la de “presentar informes a sus electores”. Dicha figura les sirve, más bien, para realizar un acto auto ensalzatorio, rodeados de los suyos, o utilizar ese “informe” para promoverse para la siguiente elección.
O como el acto de hoy y el del lunes, para auto-contemplarse, pues los informes presentados en paquete por los diputados en esos eventos ni siquiera son conocidos por los militantes de sus respectivos partidos ya que no son difundidos masivamente. Con la celebración de un acto, casi entre ellos mismos, se pretende engañar a la sociedad que se está cumpliendo con un deber. Nada, es una fiesta de y para la clase política, pues a lo más que llegan esos informes es a recibir unas cuantas pequeñas notas de los periódicos digitales –que no informan nada- y unas muy pocas líneas en los medios impresos.
Pero eso no es lo que dice la ley, ésta les marca otras cosas que, de hacerse, serían de más provecho para la sociedad.
Miren si no:
El artículo 65 de la Constitución Política de Chihuahua dice que son deberes de los diputados:
“…
IV. Visitar en los recesos de la Legislatura, cuando menos una vez, el distrito por el que resultaron electos, o los de aquel en que residan quienes fueron electos por el principio de representación proporcional, para informarse: A) Del estado que guardan la enseñanza pública, los derechos humanos y la procuración y administración de justicia; B) De la manera con que los funcionarios y empleados públicos cumplan con sus respectivas obligaciones; C) Del estado en que se encuentra el desarrollo socioeconómico y la prestación de los servicios públicos; D) De los obstáculos que se opongan al adelanto del Distrito, y de las medidas impulsivas que sea necesario dictar en todos o alguno de los ramos de la riqueza pública; E) Presentar al Congreso, a más tardar en la tercera sesión posterior inmediata a la visita, un informe por escrito que contenga las observaciones que hubieren hecho, proponiendo al mismo tiempo las medidas que crean convenientes”.
¿Cuándo han hecho tal trabajo nuestros ínclitos legisladores? ¿Cuándo les ha sido requerido ese informe del estado que guardan las cosas públicas en sus distritos?
Nunca.
En cambio, estamos acostumbrados a que en esos recesos nuestros diputados –de los dos niveles de gobierno y, por supuesto, también los senadores- se den vuelo realizando tareas partidarias, como si los puestos legislativos fueran becas partidarias y no, como debiera ser, ocasión y oportunidad para prestarle un servicio a la comunidad. Porque elaborar un informe como el descrito por la norma constitucional requiere que los legisladores trabajen –o, de perdida, sus extensas legiones de asesores- y de esa manera, al momento de participar en una de las tareas más importantes del Poder Legislativo –la discusión y aprobación del presupuesto estatal (y los municipales)- tendrían a la mano más elementos para saber si la propuesta de egresos, elaborada por el Poder Ejecutivo, se ajusta a las necesidades y realidades de los distritos que representan.
Y ese trabajo sí que se los celebraríamos la mayoría de los ciudadanos; pero de ahí a justipreciar actos como los ahora comentados…
Luis Javier Valero Flores
El día de hoy, en continuación al acto realizado el lunes en la capital del estado, los legisladores locales presentarán su “informe del primer año de labores”. Lo harán de manera similar sus compañeros de la ciudad de Chihuahua. Además, lo harán en un solo acto, como si fuera un evento del Congreso del Estado en su conjunto, los diputados de todos los partidos, con la excepción de los diputados del PAN, y ahí “informarán” a sus electores sobre la labor realizada.
Por si fuera poco, también “informarán” los diputados de representación proporcional.
Y, pues nada, que no existe un mandamiento constitucional –o de la Ley Orgánica del Poder Legislativo- para celebrar semejantes actos, y mucho menos con el boato anunciado. Lo que hay, y es muy diferente a lo descrito líneas arriba, es el ordenamiento para que se pongan a trabajar de manera distinta a como lo están haciendo hasta ahora, por lo menos en lo que se refiere a materia de informes.
Inmersos en la tendencia generalizada de utilizar cualquier pretexto para auto-ensalzarse y simular la concreción de mandatos legales, la clase política ahora usa una figura que ni siquiera existe legalmente, esto es, la de “presentar informes a sus electores”. Dicha figura les sirve, más bien, para realizar un acto auto ensalzatorio, rodeados de los suyos, o utilizar ese “informe” para promoverse para la siguiente elección.
O como el acto de hoy y el del lunes, para auto-contemplarse, pues los informes presentados en paquete por los diputados en esos eventos ni siquiera son conocidos por los militantes de sus respectivos partidos ya que no son difundidos masivamente. Con la celebración de un acto, casi entre ellos mismos, se pretende engañar a la sociedad que se está cumpliendo con un deber. Nada, es una fiesta de y para la clase política, pues a lo más que llegan esos informes es a recibir unas cuantas pequeñas notas de los periódicos digitales –que no informan nada- y unas muy pocas líneas en los medios impresos.
Pero eso no es lo que dice la ley, ésta les marca otras cosas que, de hacerse, serían de más provecho para la sociedad.
Miren si no:
El artículo 65 de la Constitución Política de Chihuahua dice que son deberes de los diputados:
“…
IV. Visitar en los recesos de la Legislatura, cuando menos una vez, el distrito por el que resultaron electos, o los de aquel en que residan quienes fueron electos por el principio de representación proporcional, para informarse: A) Del estado que guardan la enseñanza pública, los derechos humanos y la procuración y administración de justicia; B) De la manera con que los funcionarios y empleados públicos cumplan con sus respectivas obligaciones; C) Del estado en que se encuentra el desarrollo socioeconómico y la prestación de los servicios públicos; D) De los obstáculos que se opongan al adelanto del Distrito, y de las medidas impulsivas que sea necesario dictar en todos o alguno de los ramos de la riqueza pública; E) Presentar al Congreso, a más tardar en la tercera sesión posterior inmediata a la visita, un informe por escrito que contenga las observaciones que hubieren hecho, proponiendo al mismo tiempo las medidas que crean convenientes”.
¿Cuándo han hecho tal trabajo nuestros ínclitos legisladores? ¿Cuándo les ha sido requerido ese informe del estado que guardan las cosas públicas en sus distritos?
Nunca.
En cambio, estamos acostumbrados a que en esos recesos nuestros diputados –de los dos niveles de gobierno y, por supuesto, también los senadores- se den vuelo realizando tareas partidarias, como si los puestos legislativos fueran becas partidarias y no, como debiera ser, ocasión y oportunidad para prestarle un servicio a la comunidad. Porque elaborar un informe como el descrito por la norma constitucional requiere que los legisladores trabajen –o, de perdida, sus extensas legiones de asesores- y de esa manera, al momento de participar en una de las tareas más importantes del Poder Legislativo –la discusión y aprobación del presupuesto estatal (y los municipales)- tendrían a la mano más elementos para saber si la propuesta de egresos, elaborada por el Poder Ejecutivo, se ajusta a las necesidades y realidades de los distritos que representan.
Y ese trabajo sí que se los celebraríamos la mayoría de los ciudadanos; pero de ahí a justipreciar actos como los ahora comentados…
martes, 8 de noviembre de 2011
La cultura de la legalidad
El Diario, 8 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Aprobada por el Congreso del Estado en abril de este año, la Ley de la Cultura de la Legalidad es un verdadero desperdicio de recursos estatales, en aras de justificar, o intentar justificar, la falta de respeto a la legalidad, ya sea por integrantes de la sociedad, o de la esfera gubernamental.
Peor aún, pareciera que se trata del nicho que se le deja a la Fiscalía General del Estado (cualesquiera que sea su titular) para tratar de mejorar su presencia en la sociedad y que ésta califique de mejor manera su accionar.
Al participar, ayer, en la instalación del Consejo Estatal para Impulsar la Cultura de la Legalidad, el Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas, dijo que la Ley de la Cultura de la Legalidad “es la más completa y actualizada que se tiene en el país”, cuyo primer logro “es la integración de un consejo plural, que contribuirá al fortalecimiento de un Estado de Derecho, que trabajará en el diseño de estrategias y programas sociales”.
Bueno, si esa es su tarea, y la ley es la más completa, pues vayamos a verla. Es un verdadero bodrio. Al definir la única de las tareas del Consejo Estatal (y del Comité), la elaboración de un programa, éste se define así en la ley:
“Artículo 20. El Programa comprenderá campañas regionales permanentes y tendientes a difundir y sensibilizar a la población sobre la importancia de apegarse a la legalidad y el beneficio que esto conlleva… se difundirán o distribuirán, a través de los medios más idóneos, extractos de las leyes, códigos y reglamentos, dirigidos a sectores estratégicos de la región de que se trate, en donde los índices delictivos, de acuerdo a los estudios realizados, sean los más elevados o, en su caso, la difusión global, cuando se trate de una reforma a una ley.
Artículo 21. El Programa incluirá campañas permanentes, en coordinación con cada uno de los tres Poderes del Estado, tendientes a fomentar e implementar una cultura de la legalidad en todos los funcionarios y empleados que conforman la estructura gubernamental del Estado...
Artículo 22. El Programa se formulará conforme a las directrices metodológicas que se consideren más idóneas para ese fin y estará bajo la responsabilidad ejecutiva del Comité de Investigación y Análisis. En la elaboración del Programa deberá tomarse en cuenta el acervo cultural e histórico del Estado, cuáles han sido las acciones que tradicionalmente han ejercitado los chihuahuenses a favor del Estado de Derecho y que han influido positivamente en el engrandecimiento de la comunidad y en el progreso de la Entidad”.
Bien. En todo el articulado no se encuentra una sola referencia a la promoción de tal cultura en los planteles escolares, ni de la actividad que debiera desarrollar la dependencia más idónea para tales efectos, la de Educación sin ninguna duda. No, en lugar de eso se comisiona a personal de la Fiscalía General a que desarrolle torneos de futbol, de hip hop, etc. y las principales actividades de la semana de la Cultura de la Legalidad se centran en la impartición de algunas conferencias (que, por lo demás, no hay argumentos para desdeñarlas) pero se extraña la falta de un eje central de la estrategia gubernamental en la materia.
Tal pareciera que enarbolar la bandera de la cultura de la legalidad es solamente eso, una bandera discursiva y no, como debiera, una profunda transformación del quehacer gubernamental porque, y se les dificulta aceptarlo, las principales causas de los males sufridos por los chihuahuenses en materia de seguridad pública se encuentran en la labor de los funcionarios públicos, ahí es en donde se ha anclado mayormente la falta de respeto a la legalidad vigente.
Convenimos que una parte de la sociedad –ínfima, por cierto– se ha degradado aceleradamente, pero se trata de una porción, la mayoría absoluta conserva, así sea a pesar de la autoridad, márgenes muy grandes de respeto por la ley. Pero si toda la sociedad observa imágenes como las de la represión a los Indignados de Juárez, cometida brutalmente por la policía municipal juarense, y luego escucha las justificaciones de su jefe, Julián Leyzaola, así se celebren miles de semanas de la cultura de la legalidad que nada convencerá de la absoluta ilegalidad con la que se conducen muchos de los integrantes de este cuerpo, como otros.
Está muy bien celebrar actos y constituir organismos como los comentados, pero avanzaríamos más, mucho más, si los niveles de corrupción y de faltas a la ley disminuyeran en el ámbito gubernamental.
Luis Javier Valero Flores
Aprobada por el Congreso del Estado en abril de este año, la Ley de la Cultura de la Legalidad es un verdadero desperdicio de recursos estatales, en aras de justificar, o intentar justificar, la falta de respeto a la legalidad, ya sea por integrantes de la sociedad, o de la esfera gubernamental.
Peor aún, pareciera que se trata del nicho que se le deja a la Fiscalía General del Estado (cualesquiera que sea su titular) para tratar de mejorar su presencia en la sociedad y que ésta califique de mejor manera su accionar.
Al participar, ayer, en la instalación del Consejo Estatal para Impulsar la Cultura de la Legalidad, el Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas, dijo que la Ley de la Cultura de la Legalidad “es la más completa y actualizada que se tiene en el país”, cuyo primer logro “es la integración de un consejo plural, que contribuirá al fortalecimiento de un Estado de Derecho, que trabajará en el diseño de estrategias y programas sociales”.
Bueno, si esa es su tarea, y la ley es la más completa, pues vayamos a verla. Es un verdadero bodrio. Al definir la única de las tareas del Consejo Estatal (y del Comité), la elaboración de un programa, éste se define así en la ley:
“Artículo 20. El Programa comprenderá campañas regionales permanentes y tendientes a difundir y sensibilizar a la población sobre la importancia de apegarse a la legalidad y el beneficio que esto conlleva… se difundirán o distribuirán, a través de los medios más idóneos, extractos de las leyes, códigos y reglamentos, dirigidos a sectores estratégicos de la región de que se trate, en donde los índices delictivos, de acuerdo a los estudios realizados, sean los más elevados o, en su caso, la difusión global, cuando se trate de una reforma a una ley.
Artículo 21. El Programa incluirá campañas permanentes, en coordinación con cada uno de los tres Poderes del Estado, tendientes a fomentar e implementar una cultura de la legalidad en todos los funcionarios y empleados que conforman la estructura gubernamental del Estado...
Artículo 22. El Programa se formulará conforme a las directrices metodológicas que se consideren más idóneas para ese fin y estará bajo la responsabilidad ejecutiva del Comité de Investigación y Análisis. En la elaboración del Programa deberá tomarse en cuenta el acervo cultural e histórico del Estado, cuáles han sido las acciones que tradicionalmente han ejercitado los chihuahuenses a favor del Estado de Derecho y que han influido positivamente en el engrandecimiento de la comunidad y en el progreso de la Entidad”.
Bien. En todo el articulado no se encuentra una sola referencia a la promoción de tal cultura en los planteles escolares, ni de la actividad que debiera desarrollar la dependencia más idónea para tales efectos, la de Educación sin ninguna duda. No, en lugar de eso se comisiona a personal de la Fiscalía General a que desarrolle torneos de futbol, de hip hop, etc. y las principales actividades de la semana de la Cultura de la Legalidad se centran en la impartición de algunas conferencias (que, por lo demás, no hay argumentos para desdeñarlas) pero se extraña la falta de un eje central de la estrategia gubernamental en la materia.
Tal pareciera que enarbolar la bandera de la cultura de la legalidad es solamente eso, una bandera discursiva y no, como debiera, una profunda transformación del quehacer gubernamental porque, y se les dificulta aceptarlo, las principales causas de los males sufridos por los chihuahuenses en materia de seguridad pública se encuentran en la labor de los funcionarios públicos, ahí es en donde se ha anclado mayormente la falta de respeto a la legalidad vigente.
Convenimos que una parte de la sociedad –ínfima, por cierto– se ha degradado aceleradamente, pero se trata de una porción, la mayoría absoluta conserva, así sea a pesar de la autoridad, márgenes muy grandes de respeto por la ley. Pero si toda la sociedad observa imágenes como las de la represión a los Indignados de Juárez, cometida brutalmente por la policía municipal juarense, y luego escucha las justificaciones de su jefe, Julián Leyzaola, así se celebren miles de semanas de la cultura de la legalidad que nada convencerá de la absoluta ilegalidad con la que se conducen muchos de los integrantes de este cuerpo, como otros.
Está muy bien celebrar actos y constituir organismos como los comentados, pero avanzaríamos más, mucho más, si los niveles de corrupción y de faltas a la ley disminuyeran en el ámbito gubernamental.
domingo, 6 de noviembre de 2011
Encuesta crucial
El Diario, 6 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Pues ahora fue el Premio Nacional de Periodismo para El Diario, edición Juárez, en la modalidad de artículo de fondo por el trabajo “¿Qué quieren de nosotros”? que levantó una memorable controversia –no es una exageración– en el mundo entero, pues mostró de manera contundente el hartazgo de la sociedad juarense ante la ola homicida y la inutilidad de las autoridades, de todos los órdenes de gobierno. Vaya, pues, otra felicitación para nuestros colegas que tan merecidamente han obtenido el reconocimiento de organismos nacionales y extranjeros.
Desde el viernes y hasta el martes, probablemente, los equipos de las empresas Covarrubias y Asociados y Nodo Investigación Más Estrategia (cuyo titular es el ex Consejero Presidente del IFE, José Woldenberg) levantarán las encuestas para identificar, entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, al aspirante presidencial de izquierda con mayores preferencias rumbo a la elección del primer domingo de julio de 2012. Los resultados se conocerán antes del 15 de noviembre.
Serán solamente esas empresas las que realicen las encuestas, por medio de entrevistas personales, en vivienda, a 3 mil personas cada una de las empresas, y no habrá la participación de una tercera, como proponía el dirigente del PRD, Jesús Zambrano.
No es la única noticia alentadora para los votantes de izquierda. El viernes, las dirigencias nacionales del PRD, del PT, del partido Movimiento Ciudadano (anteriormente denominado Convergencia) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, la organización dirigida por AMLO) llegaron al acuerdo de pactar una coalición total para las elecciones federales del próximo año. Además, ese pacto tendrá vigencia para el total de elecciones locales a celebrar en 2012.
Paradójicamente, impulsores como nadie, en el espectro político nacional, de la celebración de elecciones abiertas a la ciudadanía, o con la mayor apertura posible, esto es, con la participación de todos sus miembros, los perredistas y sus aliados efectuarán encuestas en todos los distritos electorales y entidades a fin de encontrar a sus candidatos a todos los puestos de elección en juego el próximo año.
Por supuesto recurren a los servicios de las empresas en que más confían, una, la favorita del ex candidato presidencial, y otra, que aunque no posee una gran trayectoria –la de Woldenberg– su director general es uno de los hombres más confiables en el ámbito electoral del país. Tales credenciales hacen que exista una gran confianza en los resultados que probablemente conoceremos a fines de la próxima semana, o principios de la siguiente.
Si bien es de lamentarse que la izquierda electoral no posea la suficiente capacidad democrática como para celebrar comicios de manera regular, con la participación limpia, desinteresada de sus simpatizantes y miembros, y la aceptación de plena competencia democrática (ya lo vimos hace quince días, en las elecciones generales del PRD) la estratagema de recurrir a una de las mejores armas de la mercadotecnia política tiene, indudablemente, sus ventajas.
Van a tratar de encontrar el candidato que tenga el mejor escenario de entrada a las elecciones, partiendo de la base que los dos aspirantes gozan de un porcentaje muy alto entre la ciudadanía y que esto les permitiría –sin la preocupación de los enfrentamientos causados en el curso de una elección, otro de los argumentos para evitarla– iniciar la campaña electoral desde la mejor plataforma.
A tales afanes se viene a sumar la determinación de ir en coalición, en condiciones, al parecer, de plena distensión al interior del PRD, lo que hace suponer que el fantasma de la división se ha alejado casi completamente y que seguramente la izquierda electoral participará de manera conjunta en julio próximo. Por supuesto, no deben descartarse algunos desprendimientos, propios de competencias electorales como la que se desarrollará.
En tal sentido se pronunciaron ambos aspirantes en el curso de los últimos días, no sin aportarle cierta jiribilla a sus declaraciones al momento de expresar su determinación de apoyar al otro aspirante, en caso de no resultar triunfador en las encuestas a realizar.
En tanto el aún Jefe de Gobierno del DF dijo que acatará los resultados de las encuestas para elegir al candidato de la izquierda a la Presidencia en 2012. “No lo voy a discutir… Espero que Andrés Manuel haga lo mismo”, dijo.
A su vez, AMLO afirmó que “si el pueblo me apoya y soy yo, sé que Marcelo me respaldará incondicionalmente, porque es gente buena. Garantizo aceptar si pierdo la consulta, y lo mismo espero de Ebrard”.
¿Quién resultará mejor ubicado en las preferencias electorales en las encuestas en mención?
Vamos a ver lo que mostraron las realizadas informado por dos de las empresas más mencionadas en los últimos años, Mitofsky y Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).
La primera realiza entrevistas a mil personas, mayores de 18 años, (“cara a cara”, dice), en vivienda particular y con credencial de elector; en tanto, GCE efectúa entrevistas telefónicas a mil 500 personas, mayores de 18 años, con teléfono en vivienda particular.
El sesgo que puede tomar la de GCE es grande, de ahí la pertinencia de enfatizar que fue una encuesta telefónica que, por sus características, al dejar fuera a un buen número de personas, puede arrojar resultados distintos a los de otros sondeos.
La encuesta de Mitofsky, levantada del 21 al 24 de octubre arrojó los siguientes resultados: Entre los simpatizantes perredistas, AMLO goza de una muy grande simpatía al superar a Marcelo Ebrard por cuatro a uno –75 frente a 17–; en tanto que en el electorado abierto, si bien la distancia es menor, lo novedoso es que aumentó la pequeña diferencia que mantenía el mes anterior.
Así, en población abierta, AMLO obtiene el 31% de las preferencias frente al 24 de Ebrard, pero un mes atrás, en un vuelco inesperado, AMLO tenía 32 frente al 28 de Marcelo Ebrard. Por lo menos en los cinco meses previos, en población abierta, el Jefe de Gobierno mantenía una ligerísima ventaja, septiembre fue el cambio y octubre se acentuó el cambio de preferencias. Pero éstas también se aprecian entre quienes se dicen “independientes”, es decir, no se identifican con ningún partido, al quedar 31-23, con la misma preferencia.
En tanto, entre los electores “independientes” pero que se sienten cercanos a la izquierda, la diferencia es aún mayor, López Obrador obtiene 41% de las preferencias frente al 22 de Ebrard.
El resultado del sondeo del GCE difiere, aunque la ventaja de Ebrard en población abierta es mínima. Este sondeo fue levantado el 27 de septiembre –recordemos, por vía telefónica– y arrojó que entre los “algo o muy cercanos al PRD” las preferencias eran del orden del 62.5% para López Obrador y 26.8 para Ebrard.
En población abierta, las cosas cambian: El Jefe de Gobierno obtiene 39.3% de las preferencias por el 32 de AMLO. A su vez, quienes no se identifican con ningún partido prefieren, también, a Ebrard, al votar en un 35.9% por éste y 29.7 por el tabasqueño.
Ese es el panorama mostrado por algunas de las encuestadoras, difícilmente diferirá del que obtengan las ordenadas por los partidos de izquierda, quienes, al parecer, lograrán lo que hasta hace muy poco se antojaba muy lejano, la unidad. Si la logran, aún están en la posibilidad de convertirse en fuerza competidora en la elección presidencial, la que en estos momentos pareciera estar en manos del PRI, y de manera contundente.
No es así, la campaña electoral aún no inicia y el entorno nacional es muy propicio para que se presenten variables importantes que pueden cambiar el desarrollo de la contienda. En tanto, para salirle al frente a las especulaciones, los dos aspirantes de la izquierda insisten en sus declaraciones en asegurar que respetarán el resultado de las encuestas, algo difícil de creer para el electorado de derecha, preso de las campañas mediáticas que lo hicieron creer que efectivamente López Obrador era un peligro para el país.
Estamos a unos días de presenciar –en opinión del escribiente– la revitalización de un fenómeno político: El regreso de López Obrador a las contiendas electorales, igual que seis años atrás, como el candidato de toda la izquierda electoral del país, Cuauhtémoc Cárdenas incluido, y ahora sin la carga de ser el favorito de las encuestas.
El fenómeno lo constituye el hecho de que, a pesar del linchamiento mediático y del desesperado esfuerzo de los poderes fácticos por sacarlo de la escena pública, se haya mantenido entre los punteros en las preferencias electorales.
Por eso, no está nada resuelto en la elección presidencial del 2012.
Luis Javier Valero Flores
Pues ahora fue el Premio Nacional de Periodismo para El Diario, edición Juárez, en la modalidad de artículo de fondo por el trabajo “¿Qué quieren de nosotros”? que levantó una memorable controversia –no es una exageración– en el mundo entero, pues mostró de manera contundente el hartazgo de la sociedad juarense ante la ola homicida y la inutilidad de las autoridades, de todos los órdenes de gobierno. Vaya, pues, otra felicitación para nuestros colegas que tan merecidamente han obtenido el reconocimiento de organismos nacionales y extranjeros.
Desde el viernes y hasta el martes, probablemente, los equipos de las empresas Covarrubias y Asociados y Nodo Investigación Más Estrategia (cuyo titular es el ex Consejero Presidente del IFE, José Woldenberg) levantarán las encuestas para identificar, entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, al aspirante presidencial de izquierda con mayores preferencias rumbo a la elección del primer domingo de julio de 2012. Los resultados se conocerán antes del 15 de noviembre.
Serán solamente esas empresas las que realicen las encuestas, por medio de entrevistas personales, en vivienda, a 3 mil personas cada una de las empresas, y no habrá la participación de una tercera, como proponía el dirigente del PRD, Jesús Zambrano.
No es la única noticia alentadora para los votantes de izquierda. El viernes, las dirigencias nacionales del PRD, del PT, del partido Movimiento Ciudadano (anteriormente denominado Convergencia) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, la organización dirigida por AMLO) llegaron al acuerdo de pactar una coalición total para las elecciones federales del próximo año. Además, ese pacto tendrá vigencia para el total de elecciones locales a celebrar en 2012.
Paradójicamente, impulsores como nadie, en el espectro político nacional, de la celebración de elecciones abiertas a la ciudadanía, o con la mayor apertura posible, esto es, con la participación de todos sus miembros, los perredistas y sus aliados efectuarán encuestas en todos los distritos electorales y entidades a fin de encontrar a sus candidatos a todos los puestos de elección en juego el próximo año.
Por supuesto recurren a los servicios de las empresas en que más confían, una, la favorita del ex candidato presidencial, y otra, que aunque no posee una gran trayectoria –la de Woldenberg– su director general es uno de los hombres más confiables en el ámbito electoral del país. Tales credenciales hacen que exista una gran confianza en los resultados que probablemente conoceremos a fines de la próxima semana, o principios de la siguiente.
Si bien es de lamentarse que la izquierda electoral no posea la suficiente capacidad democrática como para celebrar comicios de manera regular, con la participación limpia, desinteresada de sus simpatizantes y miembros, y la aceptación de plena competencia democrática (ya lo vimos hace quince días, en las elecciones generales del PRD) la estratagema de recurrir a una de las mejores armas de la mercadotecnia política tiene, indudablemente, sus ventajas.
Van a tratar de encontrar el candidato que tenga el mejor escenario de entrada a las elecciones, partiendo de la base que los dos aspirantes gozan de un porcentaje muy alto entre la ciudadanía y que esto les permitiría –sin la preocupación de los enfrentamientos causados en el curso de una elección, otro de los argumentos para evitarla– iniciar la campaña electoral desde la mejor plataforma.
A tales afanes se viene a sumar la determinación de ir en coalición, en condiciones, al parecer, de plena distensión al interior del PRD, lo que hace suponer que el fantasma de la división se ha alejado casi completamente y que seguramente la izquierda electoral participará de manera conjunta en julio próximo. Por supuesto, no deben descartarse algunos desprendimientos, propios de competencias electorales como la que se desarrollará.
En tal sentido se pronunciaron ambos aspirantes en el curso de los últimos días, no sin aportarle cierta jiribilla a sus declaraciones al momento de expresar su determinación de apoyar al otro aspirante, en caso de no resultar triunfador en las encuestas a realizar.
En tanto el aún Jefe de Gobierno del DF dijo que acatará los resultados de las encuestas para elegir al candidato de la izquierda a la Presidencia en 2012. “No lo voy a discutir… Espero que Andrés Manuel haga lo mismo”, dijo.
A su vez, AMLO afirmó que “si el pueblo me apoya y soy yo, sé que Marcelo me respaldará incondicionalmente, porque es gente buena. Garantizo aceptar si pierdo la consulta, y lo mismo espero de Ebrard”.
¿Quién resultará mejor ubicado en las preferencias electorales en las encuestas en mención?
Vamos a ver lo que mostraron las realizadas informado por dos de las empresas más mencionadas en los últimos años, Mitofsky y Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).
La primera realiza entrevistas a mil personas, mayores de 18 años, (“cara a cara”, dice), en vivienda particular y con credencial de elector; en tanto, GCE efectúa entrevistas telefónicas a mil 500 personas, mayores de 18 años, con teléfono en vivienda particular.
El sesgo que puede tomar la de GCE es grande, de ahí la pertinencia de enfatizar que fue una encuesta telefónica que, por sus características, al dejar fuera a un buen número de personas, puede arrojar resultados distintos a los de otros sondeos.
La encuesta de Mitofsky, levantada del 21 al 24 de octubre arrojó los siguientes resultados: Entre los simpatizantes perredistas, AMLO goza de una muy grande simpatía al superar a Marcelo Ebrard por cuatro a uno –75 frente a 17–; en tanto que en el electorado abierto, si bien la distancia es menor, lo novedoso es que aumentó la pequeña diferencia que mantenía el mes anterior.
Así, en población abierta, AMLO obtiene el 31% de las preferencias frente al 24 de Ebrard, pero un mes atrás, en un vuelco inesperado, AMLO tenía 32 frente al 28 de Marcelo Ebrard. Por lo menos en los cinco meses previos, en población abierta, el Jefe de Gobierno mantenía una ligerísima ventaja, septiembre fue el cambio y octubre se acentuó el cambio de preferencias. Pero éstas también se aprecian entre quienes se dicen “independientes”, es decir, no se identifican con ningún partido, al quedar 31-23, con la misma preferencia.
En tanto, entre los electores “independientes” pero que se sienten cercanos a la izquierda, la diferencia es aún mayor, López Obrador obtiene 41% de las preferencias frente al 22 de Ebrard.
El resultado del sondeo del GCE difiere, aunque la ventaja de Ebrard en población abierta es mínima. Este sondeo fue levantado el 27 de septiembre –recordemos, por vía telefónica– y arrojó que entre los “algo o muy cercanos al PRD” las preferencias eran del orden del 62.5% para López Obrador y 26.8 para Ebrard.
En población abierta, las cosas cambian: El Jefe de Gobierno obtiene 39.3% de las preferencias por el 32 de AMLO. A su vez, quienes no se identifican con ningún partido prefieren, también, a Ebrard, al votar en un 35.9% por éste y 29.7 por el tabasqueño.
Ese es el panorama mostrado por algunas de las encuestadoras, difícilmente diferirá del que obtengan las ordenadas por los partidos de izquierda, quienes, al parecer, lograrán lo que hasta hace muy poco se antojaba muy lejano, la unidad. Si la logran, aún están en la posibilidad de convertirse en fuerza competidora en la elección presidencial, la que en estos momentos pareciera estar en manos del PRI, y de manera contundente.
No es así, la campaña electoral aún no inicia y el entorno nacional es muy propicio para que se presenten variables importantes que pueden cambiar el desarrollo de la contienda. En tanto, para salirle al frente a las especulaciones, los dos aspirantes de la izquierda insisten en sus declaraciones en asegurar que respetarán el resultado de las encuestas, algo difícil de creer para el electorado de derecha, preso de las campañas mediáticas que lo hicieron creer que efectivamente López Obrador era un peligro para el país.
Estamos a unos días de presenciar –en opinión del escribiente– la revitalización de un fenómeno político: El regreso de López Obrador a las contiendas electorales, igual que seis años atrás, como el candidato de toda la izquierda electoral del país, Cuauhtémoc Cárdenas incluido, y ahora sin la carga de ser el favorito de las encuestas.
El fenómeno lo constituye el hecho de que, a pesar del linchamiento mediático y del desesperado esfuerzo de los poderes fácticos por sacarlo de la escena pública, se haya mantenido entre los punteros en las preferencias electorales.
Por eso, no está nada resuelto en la elección presidencial del 2012.
jueves, 3 de noviembre de 2011
Así fueran de eficientes con los “malandros”
El Diario, 3 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
No bien terminaba de recibir el premio María Moors Cabot, el Director General de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, cuando las compañeras Rocío Gallegos y Sandra Rodríguez Nieto, (a quienes felicitamos calurosamente con un abrazote) de El Diario de Juárez, recibían el premio internacional Knight 2011, entregado por el Centro Internacional de Periodismo (ICFJ), al tiempo que otro de sus compañeros, Christian Torres, reportero gráfico de El Diario, recibía tremenda golpiza a manos de la certificada policía municipal juarense, igual que su colega, el reportero gráfico de Radionet, Ramiro Escobar, del mismo modo que decenas de integrantes de diversas organizaciones fronterizas –los “Indignados de Ciudad Juárez”– que aprovechaban las fechas fúnebres para realizar una manifestación más en contra de la violencia y de exigencia a las autoridades para dar término a la actual situación.
Los reporteros fueron liberados en la noche con la cínica declaración de un capitán –¿Quién, el jefe policiaco Leyzaola?– de que había sido “una confusión”.
¡Cuánta razón le asistió al ICFJ en el acto de entrega del premio a las reporteras al afirmar que se hacía “en reconocimiento a la valentía y el trabajo que las dos periodistas han desarrollado en la cobertura de diversos aspectos de la violencia en la que es considerada la ciudad más violenta de México’’, cosa que no solamente las ahora premiadas han sufrido sino la población toda y el total de los periodistas juarenses
No solamente deben enfrentar los múltiples riesgos derivados de los constantes hechos de sangre presentados en el antiguo Paso del Norte, sino que además deben afrontar la irracional actitud de la policía municipal, de la que debe responder sin ninguna duda el jefe Julián Leyzaola.
No fue el único hecho lamentable de la inaceptable conducta de los polimunicipales, una fotografía exhibida en la página digital de El Diario, de afuera de las instalaciones de ese grupo policiaco, cuando el resto de los manifestantes exigían la liberación de sus compañeros, es altamente ilustrativa de la enorme incompetencia del agrupamiento: Por lo menos tres de los elementos tenían la mano en la cacha de su pistola, como si quienes tuvieran enfrente fueran los sicarios más peligrosos a quienes deberían enfrentar.
Un lector de la página digital de La Jornada los critica de mejor manera: “Son dignos de elogiar, Julián Leyzaola y Maris Domínguez, merecen medalla al valor, defendieron a la ciudadanía de Juárez, de unos peligrosísimos delincuentes cuasi terroristas, con sus pobres M16, cuernos de chivo, gases pimienta, etc. Definitivamente debemos equiparlos con tanquetas y armas químicas, pues francamente se encuentran en desventaja, ante feroces sujetos que portan pancartas de cartón, y gritan a todo pulmón, méndigos terroristas, que inquietan a la ciudadanía, con demandas como PAZ Y JUSTICIA. Por esto y muchas cosas más, desde este humilde sitio, ESTRELLITA EN LA FRENTE PARA Julián Leyzaola y Maris Domínguez para orgullo del Género (Sic)’’.
Tan violenta manera de reprimir una manifestación tuvo su origen en los perversos fines de la misma, pues pretendían “colocar unas nueve mil cruces –unas de papel y otras con pintura rosa– con el nombre y la edad de las personas asesinadas en esta frontera desde la guerra declarada por Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico”.
¿A quién se le ocurrió intentar detener a unos manifestantes, sólo porque pintaron una cruces en el muro de un cajero –coincido que está mal hacerlo, pero ¿por qué no intentar la disuasión y el acompañamiento de la manifestación?
Y luego la salvaje respuesta de quienes tienen la obligación de guardar el orden es de catálogo, la descripción de las salvajes golpizas propinadas a reporteros y manifestantes merecen algo más que la simple y vergonzosa petición de un –discúlpennos; lo realizado por los policías debe ser castigado ejemplarmente por las instancias correspondientes y deben ser sus jefes más altos en la jerarquía quienes le ofrezcan a la ciudadanía una disculpa y, además, la inmediata orden de liberar a quienes permanecían en la cárcel hasta el momento de escribir estas no tan reflexivas notas, es que la brutalidad policiaca no permite mucha mesura.
Luis Javier Valero Flores
No bien terminaba de recibir el premio María Moors Cabot, el Director General de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, cuando las compañeras Rocío Gallegos y Sandra Rodríguez Nieto, (a quienes felicitamos calurosamente con un abrazote) de El Diario de Juárez, recibían el premio internacional Knight 2011, entregado por el Centro Internacional de Periodismo (ICFJ), al tiempo que otro de sus compañeros, Christian Torres, reportero gráfico de El Diario, recibía tremenda golpiza a manos de la certificada policía municipal juarense, igual que su colega, el reportero gráfico de Radionet, Ramiro Escobar, del mismo modo que decenas de integrantes de diversas organizaciones fronterizas –los “Indignados de Ciudad Juárez”– que aprovechaban las fechas fúnebres para realizar una manifestación más en contra de la violencia y de exigencia a las autoridades para dar término a la actual situación.
Los reporteros fueron liberados en la noche con la cínica declaración de un capitán –¿Quién, el jefe policiaco Leyzaola?– de que había sido “una confusión”.
¡Cuánta razón le asistió al ICFJ en el acto de entrega del premio a las reporteras al afirmar que se hacía “en reconocimiento a la valentía y el trabajo que las dos periodistas han desarrollado en la cobertura de diversos aspectos de la violencia en la que es considerada la ciudad más violenta de México’’, cosa que no solamente las ahora premiadas han sufrido sino la población toda y el total de los periodistas juarenses
No solamente deben enfrentar los múltiples riesgos derivados de los constantes hechos de sangre presentados en el antiguo Paso del Norte, sino que además deben afrontar la irracional actitud de la policía municipal, de la que debe responder sin ninguna duda el jefe Julián Leyzaola.
No fue el único hecho lamentable de la inaceptable conducta de los polimunicipales, una fotografía exhibida en la página digital de El Diario, de afuera de las instalaciones de ese grupo policiaco, cuando el resto de los manifestantes exigían la liberación de sus compañeros, es altamente ilustrativa de la enorme incompetencia del agrupamiento: Por lo menos tres de los elementos tenían la mano en la cacha de su pistola, como si quienes tuvieran enfrente fueran los sicarios más peligrosos a quienes deberían enfrentar.
Un lector de la página digital de La Jornada los critica de mejor manera: “Son dignos de elogiar, Julián Leyzaola y Maris Domínguez, merecen medalla al valor, defendieron a la ciudadanía de Juárez, de unos peligrosísimos delincuentes cuasi terroristas, con sus pobres M16, cuernos de chivo, gases pimienta, etc. Definitivamente debemos equiparlos con tanquetas y armas químicas, pues francamente se encuentran en desventaja, ante feroces sujetos que portan pancartas de cartón, y gritan a todo pulmón, méndigos terroristas, que inquietan a la ciudadanía, con demandas como PAZ Y JUSTICIA. Por esto y muchas cosas más, desde este humilde sitio, ESTRELLITA EN LA FRENTE PARA Julián Leyzaola y Maris Domínguez para orgullo del Género (Sic)’’.
Tan violenta manera de reprimir una manifestación tuvo su origen en los perversos fines de la misma, pues pretendían “colocar unas nueve mil cruces –unas de papel y otras con pintura rosa– con el nombre y la edad de las personas asesinadas en esta frontera desde la guerra declarada por Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico”.
¿A quién se le ocurrió intentar detener a unos manifestantes, sólo porque pintaron una cruces en el muro de un cajero –coincido que está mal hacerlo, pero ¿por qué no intentar la disuasión y el acompañamiento de la manifestación?
Y luego la salvaje respuesta de quienes tienen la obligación de guardar el orden es de catálogo, la descripción de las salvajes golpizas propinadas a reporteros y manifestantes merecen algo más que la simple y vergonzosa petición de un –discúlpennos; lo realizado por los policías debe ser castigado ejemplarmente por las instancias correspondientes y deben ser sus jefes más altos en la jerarquía quienes le ofrezcan a la ciudadanía una disculpa y, además, la inmediata orden de liberar a quienes permanecían en la cárcel hasta el momento de escribir estas no tan reflexivas notas, es que la brutalidad policiaca no permite mucha mesura.
martes, 1 de noviembre de 2011
El Chapo
El Diario, 1 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Con un fuerte abrazo (así sea un poco extemporáneo) a Víctor y Fernando Mendoza, por la dolorosa pérdida de su señora madre y abuela, respectivamente, Doña Agustina Salcedo Vda. de Mendoza.
Primero fue un reportaje de la revista Proceso, de la semana anterior, y luego otro, éste en el conservador e influyente Washington Post (WP), ambos, dando cuenta de la información emitida por distintas fuentes confidenciales, en las que, por distintas razones, ya se especula acerca de la detención del más famoso capo mexicano, Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo.
Coincidentemente, en distintos programas de ASERTO-Radio de la semana anterior, al momento de evaluarse las posibilidades electorales del partido gobernante, se llegó a la conclusión que sólo la presencia coincidente de diversas circunstancias impedirían que su derrota electoral fuera en caída libre en los comicios del año próximo.
Ahí se ubicó que una de esas circunstancias podría ser la detención del jefe de la banda de narcotraficantes más poderosa (por lo menos en los reportes policiacos de todos los órdenes de gobierno) y que si esa aprehensión se realizaba con el tiempo necesario para incidir en la disminución de los índices de violencia, entonces podría presentarse una insólita (por lo menos en estos momentos) reñida competencia electoral entre el PRI y el PAN, pues se pensó que tal evento haría crecer sustancialmente las preferencias electorales del blanquiazul.
El escribiente es de los que coincide con Humberto Moreira, el dirigente nacional del PRI (que, por otro lado, es posible que no existan más coincidencias, salvo, quizá, en el gusto por Los Bukis y Marco Antonio Solís) en el sentido que la competencia electoral será entre el candidato priísta y el de la izquierda, pero si apareciera un factor como el ahora comentado, cambiaría todo el panorama electoral, sin duda.
Si el reportaje del semanario mexicano más prestigiado ponía el énfasis en el aprovechamiento electoral de tal detención, por parte del gobierno que hizo del enfrentamiento entre los cárteles su principal estrategia (aunque finalmente la percepción generalizada fue la de favorecer a uno de ellos) y que llevó al país a presenciar, y sufrir, una de las peores matazones de su historia, el trabajo periodístico del matutino de la capital norteamericana ya daba santo y seña de las corporaciones y las fuerzas encargadas de la detención de Guzmán.
Así, Proceso daba cuenta de las conclusiones elaboradas por el especialista más renombrado en México (y América Latina) en materia de narcotráfico, Edgardo Buscaglia, con base en la información recopilada en distintas agencias internacionales encargadas de tal tema (que, además, lo llevó a ser uno de los mejores especialistas en el mundo, y en esa calidad, miembro de la oficina respectiva de la ONU) y que lo llevaron a considerar que El Chapo es considerado algo así como una especie de “manjar” electoral, –no sólo del gobierno mexicano, también del encabezado por Barack Obama– el Washington Post informó de la creación de “fuerzas especiales (aportadas por Ejército, Marina y la PF) para capturar al capo y conjurar la versión de que se le protege”.
La información es contundente: “El gobierno de Felipe Calderón se propuso capturar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, cuyo imperio de distribución de drogas abarca todos los continentes, antes de que finalice su sexenio, el año próximo”, los reporteros del WP ubican a Guzmán como “el principal proveedor de drogas de Estados Unidos, con más y más profundas redes y control en territorios cada vez más extensos”. (Nota de la Redacción, La Jornada, 29 de octubre de 2011, p. 5).
A tal información se le agregará la publicada en esta semana por Proceso en la que se da cuenta de los tratos y acuerdos de la DEA con Guzmán, denunciados por Vicente Zambada, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, “socio principal de Guzmán Loera, quien enfrenta juicio por narcotráfico en un tribunal federal de Chicago. Según afirma Zambada, los agentes de la DEA han acordado dejar el camino libre al cártel de Sinaloa a cambio de información sobre los capos rivales”. (Ibídem).
Así, paso a paso se va develando la equivocada estrategia seguida por la actual administración. El problema es que todo apunta a que en ella no iba sola, era acompañada, o le marcaban pauta, las norteamericanas.
50 mil muertos después nada de eso importa, si la detención de Guzmán sirve para los propósitos de alcanzar por tercera vez consecutiva la presidencia de la república, ¡Po’s cómo no ¿Por qué no lo hicieron antes de la matazón?
Luis Javier Valero Flores
Con un fuerte abrazo (así sea un poco extemporáneo) a Víctor y Fernando Mendoza, por la dolorosa pérdida de su señora madre y abuela, respectivamente, Doña Agustina Salcedo Vda. de Mendoza.
Primero fue un reportaje de la revista Proceso, de la semana anterior, y luego otro, éste en el conservador e influyente Washington Post (WP), ambos, dando cuenta de la información emitida por distintas fuentes confidenciales, en las que, por distintas razones, ya se especula acerca de la detención del más famoso capo mexicano, Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo.
Coincidentemente, en distintos programas de ASERTO-Radio de la semana anterior, al momento de evaluarse las posibilidades electorales del partido gobernante, se llegó a la conclusión que sólo la presencia coincidente de diversas circunstancias impedirían que su derrota electoral fuera en caída libre en los comicios del año próximo.
Ahí se ubicó que una de esas circunstancias podría ser la detención del jefe de la banda de narcotraficantes más poderosa (por lo menos en los reportes policiacos de todos los órdenes de gobierno) y que si esa aprehensión se realizaba con el tiempo necesario para incidir en la disminución de los índices de violencia, entonces podría presentarse una insólita (por lo menos en estos momentos) reñida competencia electoral entre el PRI y el PAN, pues se pensó que tal evento haría crecer sustancialmente las preferencias electorales del blanquiazul.
El escribiente es de los que coincide con Humberto Moreira, el dirigente nacional del PRI (que, por otro lado, es posible que no existan más coincidencias, salvo, quizá, en el gusto por Los Bukis y Marco Antonio Solís) en el sentido que la competencia electoral será entre el candidato priísta y el de la izquierda, pero si apareciera un factor como el ahora comentado, cambiaría todo el panorama electoral, sin duda.
Si el reportaje del semanario mexicano más prestigiado ponía el énfasis en el aprovechamiento electoral de tal detención, por parte del gobierno que hizo del enfrentamiento entre los cárteles su principal estrategia (aunque finalmente la percepción generalizada fue la de favorecer a uno de ellos) y que llevó al país a presenciar, y sufrir, una de las peores matazones de su historia, el trabajo periodístico del matutino de la capital norteamericana ya daba santo y seña de las corporaciones y las fuerzas encargadas de la detención de Guzmán.
Así, Proceso daba cuenta de las conclusiones elaboradas por el especialista más renombrado en México (y América Latina) en materia de narcotráfico, Edgardo Buscaglia, con base en la información recopilada en distintas agencias internacionales encargadas de tal tema (que, además, lo llevó a ser uno de los mejores especialistas en el mundo, y en esa calidad, miembro de la oficina respectiva de la ONU) y que lo llevaron a considerar que El Chapo es considerado algo así como una especie de “manjar” electoral, –no sólo del gobierno mexicano, también del encabezado por Barack Obama– el Washington Post informó de la creación de “fuerzas especiales (aportadas por Ejército, Marina y la PF) para capturar al capo y conjurar la versión de que se le protege”.
La información es contundente: “El gobierno de Felipe Calderón se propuso capturar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, cuyo imperio de distribución de drogas abarca todos los continentes, antes de que finalice su sexenio, el año próximo”, los reporteros del WP ubican a Guzmán como “el principal proveedor de drogas de Estados Unidos, con más y más profundas redes y control en territorios cada vez más extensos”. (Nota de la Redacción, La Jornada, 29 de octubre de 2011, p. 5).
A tal información se le agregará la publicada en esta semana por Proceso en la que se da cuenta de los tratos y acuerdos de la DEA con Guzmán, denunciados por Vicente Zambada, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, “socio principal de Guzmán Loera, quien enfrenta juicio por narcotráfico en un tribunal federal de Chicago. Según afirma Zambada, los agentes de la DEA han acordado dejar el camino libre al cártel de Sinaloa a cambio de información sobre los capos rivales”. (Ibídem).
Así, paso a paso se va develando la equivocada estrategia seguida por la actual administración. El problema es que todo apunta a que en ella no iba sola, era acompañada, o le marcaban pauta, las norteamericanas.
50 mil muertos después nada de eso importa, si la detención de Guzmán sirve para los propósitos de alcanzar por tercera vez consecutiva la presidencia de la república, ¡Po’s cómo no ¿Por qué no lo hicieron antes de la matazón?
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