El Diario, 31 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Instalado ya el periodo preelectoral presidencial en el país, los primeros escarceos provocan preocupación de la buena. Desde varias semanas atrás, no solamente corrían los rumores, sino que distintas columnas políticas se hacían eco de una noticia dada por verídica: se preparaban en la PGR sendos expedientes en contra de varios ex gobernadores priístas, sobre todo los del norte del país.
Entre ellos se mencionaba al ex mandatario de Chihuahua, José Reyes Baeza, así como a los de Durango y Tamaulipas, todos ellos muy ligados a otro ex gobernador, el de Coahuila, ahora instalado en la silla principal del Comité Nacional del PRI, Humberto Moreira, y a quienes se señalaba como posibles integrantes de ese organismo partidario.
Del mismo modo, desde muchas más semanas atrás, corría en la internet un correo electrónico en el que se daba cuenta de un supuesto regaño del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al alcalde juarense, Héctor Murguía. Y hasta se hablaba de un manotazo en la mesa del funcionario federal intentando llamar al orden al popular “Teto”.
Todo por sus supuestos vínculos criminales con su último director de seguridad municipal, Saulo Reyes, en la anterior gestión, la 2004-2007, tiempo suficiente, piensa el escribiente, para que la PGR hubiese procedido, y no esperarse hasta el regreso de Murguía al Palacio Municipal.
Bueno, pues la situación ha llegado a tal grado de encono que los gobernadores emanados del PRI han creado un frente contra las acusaciones que los vinculan con el narco, en el curso de una reunión convocada por Moreira, y con la participación de los coordinadores de las bancadas del tricolor en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, la presencia de 15 gobernadores, y los líderes de los sectores priístas, Emilio Gamboa, del sector popular, Carlos Flores Rico, del sindical y Canek Vázquez del campesino, en la que externaron su oposición a la utilización del tema de la inseguridad “con ánimos electorales”.
La postura de la cúpula priísta es tajante, no solo rechazaron la supuesta o real pretensión de vincular a algunos de los ex gobernadores “con el crimen organizado”, sino que también cuestionaron los criterios utilizados –“unilaterales”, dijeron– por las autoridades federales en la evaluación de las policías estatales y pusieron en duda los mecanismos de evaluación de la Policía Federal.
Más aún, los gobernadores se quejaron de no ser avisados “cuando el Gobierno federal envía militares a los estados para combatir al crimen organizado”.
En el centro de su inconformidad pusieron el ejemplo del “Michoacanazo”, el famoso operativo dirigido en contra de funcionarios estatales y alcaldes de aquella entidad, detenidos por la PGR y que a la postre, todos, absolutamente todos, fueron liberados “por falta de elementos”.
Es decir, sin que se expresaran muchas descalificaciones verbales, el priísmo de primera línea enderezó una de las posturas más radicales en contra de la estrategia antinarco de Felipe Calderón, eje de la cual se encuentra su preocupación acerca del uso faccioso de este problema y de las instituciones encargadas de combatirlo.
No le falta razón, no hace mucho el priísmo local también sufrió un episodio semejante al de Michoacán, cuando un grupo de jefes de la Policía Municipal fue detenido por las mismas razones que los de aquella entidad; hoy, como aquellos, también están liberados de cualquier cargo sin que hasta la fecha se sepa de los correctivos a los funcionarios responsables de tales pifias.
Sin dejar de apoyar a Calderón, dijeron, lo llamaron a modificar las estrategias pues no han dado los resultados esperados.
En conclusión, apenas empiezan a calentarse los precandidatos y ya asoman negros nubarrones en el horizonte político, el único problema, absolutamente menor en comparación con episodios previos, es que nunca había estado sometido el país a una situación, en materia de seguridad pública, tan crítica.
Los errores que cometan los actores políticos pueden desencadenar una crisis de proporciones inimaginables, sólo recuerden que ya han muerto 40 mil mexicanos, que pueden ser muchos, muchos más, si este tema, y las dependencias judiciales, son usados con fines electorales.
Lo habremos de lamentar muchos años
martes, 31 de mayo de 2011
domingo, 29 de mayo de 2011
Drogas: Los tiempos presupuestales
El Diario, 29 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Nunca serán inútiles los esfuerzos encaminados a resolver la crítica situación por la que atravesamos, todas las iniciativas, de la sociedad, de manera individual u organizada y las de los órganos de gobierno deberán ser bienvenidas. Pero en la misma actitud con las que son recibidas, deberán, sus autores, poseer la necesaria tolerancia para aceptar las críticas y asumir la necesidad de establecer un profundo debate sobre ellas.
Por supuesto que las iniciativas procedentes de la sociedad prácticamente no son sometidas a discusión alguna, simplemente, como hasta ahora ha sido, quienes tienen una idea sobre el mejoramiento de algunos asuntos en particular pues, lo hacen, y ya.
Así hemos visto como en las ciudades más abatidas por la ola de violencia las iniciativas, los esfuerzos de distintos ciudadanos y de algunas iglesias, se ha encaminado a la atención a los adictos a las drogas, a la atención de grupos sociales en las colonias, a la instalación de centros de rehabilitación y de instrumentación de distintas dinámicas dirigidas a la reconstrucción del tejido social, como ahora pomposamente se denomina a esta tarea de regeneración social.
Los esfuerzos societarios han abarcado, como en el caso de Juárez, hasta la instrumentación de ayudas sicológicas a los familiares de las más de 7 mil víctimas, caídas de 2008 a la fecha. Los cálculos realizados ubican a un promedio de cinco familiares directos los afectados por la muerte violenta de una persona, y hasta en 15 los indirectos.
Del mismo modo, los familiares afectados en los casos de secuestros, extorsiones y robo de vehículos con violencia se calculan en los mismos números –incluso en las extorsiones y secuestros el círculo de afectados se agranda aún más- de tal modo que el número de personas afectadas de alguna manera –por lo menos en Juárez-, de manera directa puede rebasar a los 200 mil habitantes.
Cifras proporcionales deben ser consideradas en Chihuahua; las tasas de homicidios en ambas ciudades, el año pasado rebasaban los 200 por cada 100 mil habitantes en Juárez, y rondaban los 190 en Chihuahua.
Sirva, solo para anotarlo y para los efectos de esta reflexión, que en lo que va del año en Juárez la tasa se ubica en 72.46 ejecuciones por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las cifras citadas por Francisco Ortiz Bello (El Diario-Juárez, 28/V/11) de que hasta el 25 de mayo se habían presentado “942 asesinatos violentos, lo que nos da un promedio de 6.5 por día”.
Al mismo tiempo, el número de ejecuciones, en el mismo período en la ciudad de Chihuahua, se ubica en 255, hasta el 20 de mayo (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario-Chihuahua, 28/V/11), con un promedio diario de 1.8, según el documento “Homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado”, de la Fiscalía General del Estado, lo que implica que la tasa se coloca en 36.42 ejecuciones por cada 100 mil habitantes.
Así, de mantenerse estos promedios, al fin del año las tasas se ubicarán en 94.97 en la capital y en Juárez en 182, lo que representará, estas sí, una verdadera tendencia a la baja, pues Chihuahua presentó una tasa de 188 en 2010 y Juárez de 238, pero de ninguna manera un 60% menos, como lo presentaron Alejandro Poiré y Felipe Calderón en su última visita a Juárez.
Pero esos son los datos más escalofriantes de la tragedia vivida por cientos de miles de chihuahuenses, abundan los datos de otras consecuencias de la misma, y deberán anotarse algunas otras no cuantificadas, y que difícilmente lo serían, como, por ejemplo, el número de personas sometidas a distintos estadios de stress, o de las solicitantes de ayuda sicológica y hasta siquiátrica, o el estado de stress colectivo existente en varias de las principales ciudades de la entidad, y no pocas poblaciones menores, también sometidas a la violencia cotidiana, amén de las cuantiosas pérdidas económicas, o de las derivadas de la salida de Juárez de alrededor de 200 mil personas.
Si damos por cierta la coincidencia en la necesidad de rehacer el tejido social, que en realidad significa hacerle frente a todas las manifestaciones de desigualdad social y económica generadas por los gobiernos de las últimas cuatro décadas, importa detenerse en dos aspectos en los cuales todas las instancias de gobierno han sido omisas, en parte porque consideran que no forman parte del conjunto de problemas sociales a resolver y porque a uno de estos aspectos no lo ubican como un problema sensible a los efectos de la publicidad.
Tales aspectos, en los que han dejado a la sociedad prácticamente inerme, son el de la rehabilitación de las personas adictas a las drogas y el de la prevención en el consumo de drogas.
En ambos problemas la desatención del Estado es mayúscula, de la cual pocas evidencias existían hasta la aparición de las numerosas masacres acaecidas en distintos centros de rehabilitación en diversas ciudades en el país, destacando las sucedidas en Juárez y Chihuahua.
Y para qué abordar las inexistentes campañas de prevención a las adicciones. Las pocas acciones en ese sentido son absolutamente irregulares y de una escasa penetración social. Nadie podrá negar que los dos aspectos forman parte esencial, no solamente de la salud, sino también de la seguridad pública, concepción en la que poco abrevan nuestras autoridades; si se duda de lo anterior, nada más deberíamos detenernos en el poco menos de medio billón de pesos invertidos en las dependencias federales de seguridad pública, del 2007 a la fecha y los escasos recursos aplicados a rehabilitación y prevención de las drogas, en los cuales, ni siquiera hay un programa para asuntos tan importantes en el momento actual y que podrían considerarse como vitales para el futuro inmediato pues de la disminución de personas adictas a las drogas se pueden derivar, así sean de poca monta, la disminución de algunos delitos.
La argumentación, no podría ser de otro modo, es, dicen recurrentemente autoridades de todos los niveles, los escasos recursos disponibles. Para ello, la respuesta, no hay otra, es la profunda transformación de la estructura presupuestal, de los presupuestos de los tres niveles de gobierno, para lo cual, no hay, no se vale, pretextar que los otros (niveles, gobiernos, fuerzas políticas) no lo hacen, o porque no son de la competencia de ese nivel de gobierno; o se abordan de frente, y ya, con ingentes recursos aspectos tan sensibles de la problemática actual –por supuesto, chihuahuense- o seguiremos hundidos en la vorágine de la creciente violencia y descomposición social, ésta cada vez a niveles inimaginables.
Este es el momento para efectuar el cambio de concepciones de los gobernantes, de los planeadores económicos, de los funcionarios que para estas fechas empiezan a acopiar la información de los gastos a efectuar en 2012, que empiezan a planear las obras a realizar, los programas a desarrollar y los recursos a aplicar en ellos.
Las obras materiales, que tanto nos gustan a todos, gobernados y gobernantes, y sobre todo a éstos, porque se ven, porque hablan de la “magnífica” labor efectuada por fulano de tal cuando fue gobernador, alcalde, presidente de la república pudiera que necesitáramos hacer un paréntesis, una pausa y enfilar cuantiosos recursos a los rubros mencionados.
Es el momento de hacer un alto e iniciar la reestructuración del presupuesto para que se incluyan ambiciosos programas de rehabilitación y persistentes y profundas campañas de prevención a las drogas. Sobre todo en la rehabilitación, no se puede continuar solamente ayudando a las iniciativas de la sociedad, o vigilando que funcionen bien los centros de rehabilitación e impedir que se cometan irregularidades en ellos, pero no comprometiéndose en la aplicación de un programa general de rehabilitación, con toda la infraestructura que necesitaría un problema de tal magnitud.
La rehabilitación de los adictos a las drogas, señores, es un problema de salud pública y como tal, el Estado, -los gobiernos de todos los niveles- es quien tiene la principal responsabilidad para asumirla, dejarlo para después, o para el partido de enfrente, es permitir que cada vez nos enfilemos al abismo, por ello, reestructurar desde ahora el presupuesto es algo que la sociedad agradecerá.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Nunca serán inútiles los esfuerzos encaminados a resolver la crítica situación por la que atravesamos, todas las iniciativas, de la sociedad, de manera individual u organizada y las de los órganos de gobierno deberán ser bienvenidas. Pero en la misma actitud con las que son recibidas, deberán, sus autores, poseer la necesaria tolerancia para aceptar las críticas y asumir la necesidad de establecer un profundo debate sobre ellas.
Por supuesto que las iniciativas procedentes de la sociedad prácticamente no son sometidas a discusión alguna, simplemente, como hasta ahora ha sido, quienes tienen una idea sobre el mejoramiento de algunos asuntos en particular pues, lo hacen, y ya.
Así hemos visto como en las ciudades más abatidas por la ola de violencia las iniciativas, los esfuerzos de distintos ciudadanos y de algunas iglesias, se ha encaminado a la atención a los adictos a las drogas, a la atención de grupos sociales en las colonias, a la instalación de centros de rehabilitación y de instrumentación de distintas dinámicas dirigidas a la reconstrucción del tejido social, como ahora pomposamente se denomina a esta tarea de regeneración social.
Los esfuerzos societarios han abarcado, como en el caso de Juárez, hasta la instrumentación de ayudas sicológicas a los familiares de las más de 7 mil víctimas, caídas de 2008 a la fecha. Los cálculos realizados ubican a un promedio de cinco familiares directos los afectados por la muerte violenta de una persona, y hasta en 15 los indirectos.
Del mismo modo, los familiares afectados en los casos de secuestros, extorsiones y robo de vehículos con violencia se calculan en los mismos números –incluso en las extorsiones y secuestros el círculo de afectados se agranda aún más- de tal modo que el número de personas afectadas de alguna manera –por lo menos en Juárez-, de manera directa puede rebasar a los 200 mil habitantes.
Cifras proporcionales deben ser consideradas en Chihuahua; las tasas de homicidios en ambas ciudades, el año pasado rebasaban los 200 por cada 100 mil habitantes en Juárez, y rondaban los 190 en Chihuahua.
Sirva, solo para anotarlo y para los efectos de esta reflexión, que en lo que va del año en Juárez la tasa se ubica en 72.46 ejecuciones por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las cifras citadas por Francisco Ortiz Bello (El Diario-Juárez, 28/V/11) de que hasta el 25 de mayo se habían presentado “942 asesinatos violentos, lo que nos da un promedio de 6.5 por día”.
Al mismo tiempo, el número de ejecuciones, en el mismo período en la ciudad de Chihuahua, se ubica en 255, hasta el 20 de mayo (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario-Chihuahua, 28/V/11), con un promedio diario de 1.8, según el documento “Homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado”, de la Fiscalía General del Estado, lo que implica que la tasa se coloca en 36.42 ejecuciones por cada 100 mil habitantes.
Así, de mantenerse estos promedios, al fin del año las tasas se ubicarán en 94.97 en la capital y en Juárez en 182, lo que representará, estas sí, una verdadera tendencia a la baja, pues Chihuahua presentó una tasa de 188 en 2010 y Juárez de 238, pero de ninguna manera un 60% menos, como lo presentaron Alejandro Poiré y Felipe Calderón en su última visita a Juárez.
Pero esos son los datos más escalofriantes de la tragedia vivida por cientos de miles de chihuahuenses, abundan los datos de otras consecuencias de la misma, y deberán anotarse algunas otras no cuantificadas, y que difícilmente lo serían, como, por ejemplo, el número de personas sometidas a distintos estadios de stress, o de las solicitantes de ayuda sicológica y hasta siquiátrica, o el estado de stress colectivo existente en varias de las principales ciudades de la entidad, y no pocas poblaciones menores, también sometidas a la violencia cotidiana, amén de las cuantiosas pérdidas económicas, o de las derivadas de la salida de Juárez de alrededor de 200 mil personas.
Si damos por cierta la coincidencia en la necesidad de rehacer el tejido social, que en realidad significa hacerle frente a todas las manifestaciones de desigualdad social y económica generadas por los gobiernos de las últimas cuatro décadas, importa detenerse en dos aspectos en los cuales todas las instancias de gobierno han sido omisas, en parte porque consideran que no forman parte del conjunto de problemas sociales a resolver y porque a uno de estos aspectos no lo ubican como un problema sensible a los efectos de la publicidad.
Tales aspectos, en los que han dejado a la sociedad prácticamente inerme, son el de la rehabilitación de las personas adictas a las drogas y el de la prevención en el consumo de drogas.
En ambos problemas la desatención del Estado es mayúscula, de la cual pocas evidencias existían hasta la aparición de las numerosas masacres acaecidas en distintos centros de rehabilitación en diversas ciudades en el país, destacando las sucedidas en Juárez y Chihuahua.
Y para qué abordar las inexistentes campañas de prevención a las adicciones. Las pocas acciones en ese sentido son absolutamente irregulares y de una escasa penetración social. Nadie podrá negar que los dos aspectos forman parte esencial, no solamente de la salud, sino también de la seguridad pública, concepción en la que poco abrevan nuestras autoridades; si se duda de lo anterior, nada más deberíamos detenernos en el poco menos de medio billón de pesos invertidos en las dependencias federales de seguridad pública, del 2007 a la fecha y los escasos recursos aplicados a rehabilitación y prevención de las drogas, en los cuales, ni siquiera hay un programa para asuntos tan importantes en el momento actual y que podrían considerarse como vitales para el futuro inmediato pues de la disminución de personas adictas a las drogas se pueden derivar, así sean de poca monta, la disminución de algunos delitos.
La argumentación, no podría ser de otro modo, es, dicen recurrentemente autoridades de todos los niveles, los escasos recursos disponibles. Para ello, la respuesta, no hay otra, es la profunda transformación de la estructura presupuestal, de los presupuestos de los tres niveles de gobierno, para lo cual, no hay, no se vale, pretextar que los otros (niveles, gobiernos, fuerzas políticas) no lo hacen, o porque no son de la competencia de ese nivel de gobierno; o se abordan de frente, y ya, con ingentes recursos aspectos tan sensibles de la problemática actual –por supuesto, chihuahuense- o seguiremos hundidos en la vorágine de la creciente violencia y descomposición social, ésta cada vez a niveles inimaginables.
Este es el momento para efectuar el cambio de concepciones de los gobernantes, de los planeadores económicos, de los funcionarios que para estas fechas empiezan a acopiar la información de los gastos a efectuar en 2012, que empiezan a planear las obras a realizar, los programas a desarrollar y los recursos a aplicar en ellos.
Las obras materiales, que tanto nos gustan a todos, gobernados y gobernantes, y sobre todo a éstos, porque se ven, porque hablan de la “magnífica” labor efectuada por fulano de tal cuando fue gobernador, alcalde, presidente de la república pudiera que necesitáramos hacer un paréntesis, una pausa y enfilar cuantiosos recursos a los rubros mencionados.
Es el momento de hacer un alto e iniciar la reestructuración del presupuesto para que se incluyan ambiciosos programas de rehabilitación y persistentes y profundas campañas de prevención a las drogas. Sobre todo en la rehabilitación, no se puede continuar solamente ayudando a las iniciativas de la sociedad, o vigilando que funcionen bien los centros de rehabilitación e impedir que se cometan irregularidades en ellos, pero no comprometiéndose en la aplicación de un programa general de rehabilitación, con toda la infraestructura que necesitaría un problema de tal magnitud.
La rehabilitación de los adictos a las drogas, señores, es un problema de salud pública y como tal, el Estado, -los gobiernos de todos los niveles- es quien tiene la principal responsabilidad para asumirla, dejarlo para después, o para el partido de enfrente, es permitir que cada vez nos enfilemos al abismo, por ello, reestructurar desde ahora el presupuesto es algo que la sociedad agradecerá.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
jueves, 26 de mayo de 2011
Ni control ni inteligencia
El Diario, 26 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
El más reciente de los escándalos penitenciarios, en la capital de Chihuahua, en el viejo penal, ahora denominado Unidad de Bajo Riesgo (UBR), y los acontecimientos fatales de las últimas semanas en el penal de San Guillermo, –amén de la situación, siempre conflictiva de los penales juarenses– considerado de alta seguridad, en los que han asesinado a por lo menos seis reos señalados como integrantes del comando que mató a los dos integrantes de la familia Lebaron, vienen a demostrar de manera concreta, no sólo la absoluta falta de control de las autoridades sobre las instalaciones penitenciarias, sino la total carencia de una verdadera estrategia para combatir al crimen organizado, y por supuesto, derivado de lo anterior, la carencia de los elementos de inteligencia para hacerlo. Lo contrario, es decir, que sí las posean, es peor.
Si existen algunas áreas en las que las autoridades sí pueden ejercer el control total, por lo menos hipotéticamente, son los recintos penitenciarios. Lo podrían hacer porque tienen bajo su mando todos los mecanismos para controlar el acceso y salida de personas y cosas, y teóricamente tendrían bajo su control, también, la integridad moral (en lo referente a los asuntos laborales) del personal de las prisiones.
Esas son las áreas, quizá las únicas en estos momentos en buena parte del país, que podrían presumir, y la sociedad esperar confiadamente, en los que ejercieran plenos controles.
La realidad es dramáticamente contraria, los penales se han convertido en uno de los principales centros de mando de las bandas criminales y en ellos se recrudece la cruenta lucha de los cárteles de la droga. Y nadie parece hacer nada ¿O será que también ahí intentan reproducir la consigna del general Juárez Loera, que pareciera ser la del Ejército, es decir, que se maten entre ellos? Los hechos escandalosos suceden en prácticamente todo el país: la fuga de reos en Reynosa, las masacres recientes en Mazatlán, Tepic y Durango, etc.
Lo descubierto en el penal de Chihuahua concita (ya ven como somos los mexicanos, hasta de la muerte hacemos bromas) hasta la risa: Tres mesas de billar, infinidad de botellas de tequila y vodka, latas de cerveza, dos armas de fuego abastecidas con tiros útiles, 180 dosis de mariguana, 90 grapas de heroína, además de 20 celulares y 50 puntas hechizas, así como 100 aparatos electrodomésticos, entre refrigeradores, televisores y parrillas eléctricas, como pantallas de plasma.
Y luego, ya no hay ni en quién confiar, el subdirector es un militar retirado, ahora suspendido, el capitán Fernando Oropeza Oaxaca ¿Por qué no, también, al director y a sus jefes inmediatos superiores, es decir, a los encargados de la fiscalía correspondiente, responsables de los penales en la entidad?
Pero si se cree que esto es exclusivo del estado de Chihuahua, nos equivocaremos. Es el resultado de la falta de una estrategia que les señale las tareas y áreas prioritarias, una de las cuales debería ser el desmantelamiento de las bandas criminales al interior de los penales, que serviría para destruir una buena parte de las redes de las mismas al exterior, es decir, en el seno de la sociedad ¿Por qué no lo hacen?
Todo mundo sabe que desde el traslado de los primeros integrantes de las bandas de Los Aztecas y Los Mexicles a los penales de la ciudad de Chihuahua, también se trasladó el enfrentamiento entre ellas ¿Por qué no se realizaron las medidas necesarias para salirle al frente a problema tan desmesurado?
Más aún, la falta de control sobre los penales denota, también, que entre las operaciones de inteligencia no se encuentra contemplada la importancia de los penales, y de quienes caen en ellos, por supuesto, a los que se considera elementos vitales de las bandas criminales, para iniciar un proceso de desmantelamiento de las mismas, para informarse de las fuentes y vías de financiamiento de ellas.
Pero nada de eso se hace, al contrario, cada vez se aprecia el mayor control de los centros penitenciarios, pero por parte de los criminales, y si eso sucede en las áreas en las que las autoridades deberían ejercer el control ¿Qué podemos esperar fuera de ellos?
¡Ah, triste perspectiva tenemos a la vista!
Luis Javier Valero Flores
El más reciente de los escándalos penitenciarios, en la capital de Chihuahua, en el viejo penal, ahora denominado Unidad de Bajo Riesgo (UBR), y los acontecimientos fatales de las últimas semanas en el penal de San Guillermo, –amén de la situación, siempre conflictiva de los penales juarenses– considerado de alta seguridad, en los que han asesinado a por lo menos seis reos señalados como integrantes del comando que mató a los dos integrantes de la familia Lebaron, vienen a demostrar de manera concreta, no sólo la absoluta falta de control de las autoridades sobre las instalaciones penitenciarias, sino la total carencia de una verdadera estrategia para combatir al crimen organizado, y por supuesto, derivado de lo anterior, la carencia de los elementos de inteligencia para hacerlo. Lo contrario, es decir, que sí las posean, es peor.
Si existen algunas áreas en las que las autoridades sí pueden ejercer el control total, por lo menos hipotéticamente, son los recintos penitenciarios. Lo podrían hacer porque tienen bajo su mando todos los mecanismos para controlar el acceso y salida de personas y cosas, y teóricamente tendrían bajo su control, también, la integridad moral (en lo referente a los asuntos laborales) del personal de las prisiones.
Esas son las áreas, quizá las únicas en estos momentos en buena parte del país, que podrían presumir, y la sociedad esperar confiadamente, en los que ejercieran plenos controles.
La realidad es dramáticamente contraria, los penales se han convertido en uno de los principales centros de mando de las bandas criminales y en ellos se recrudece la cruenta lucha de los cárteles de la droga. Y nadie parece hacer nada ¿O será que también ahí intentan reproducir la consigna del general Juárez Loera, que pareciera ser la del Ejército, es decir, que se maten entre ellos? Los hechos escandalosos suceden en prácticamente todo el país: la fuga de reos en Reynosa, las masacres recientes en Mazatlán, Tepic y Durango, etc.
Lo descubierto en el penal de Chihuahua concita (ya ven como somos los mexicanos, hasta de la muerte hacemos bromas) hasta la risa: Tres mesas de billar, infinidad de botellas de tequila y vodka, latas de cerveza, dos armas de fuego abastecidas con tiros útiles, 180 dosis de mariguana, 90 grapas de heroína, además de 20 celulares y 50 puntas hechizas, así como 100 aparatos electrodomésticos, entre refrigeradores, televisores y parrillas eléctricas, como pantallas de plasma.
Y luego, ya no hay ni en quién confiar, el subdirector es un militar retirado, ahora suspendido, el capitán Fernando Oropeza Oaxaca ¿Por qué no, también, al director y a sus jefes inmediatos superiores, es decir, a los encargados de la fiscalía correspondiente, responsables de los penales en la entidad?
Pero si se cree que esto es exclusivo del estado de Chihuahua, nos equivocaremos. Es el resultado de la falta de una estrategia que les señale las tareas y áreas prioritarias, una de las cuales debería ser el desmantelamiento de las bandas criminales al interior de los penales, que serviría para destruir una buena parte de las redes de las mismas al exterior, es decir, en el seno de la sociedad ¿Por qué no lo hacen?
Todo mundo sabe que desde el traslado de los primeros integrantes de las bandas de Los Aztecas y Los Mexicles a los penales de la ciudad de Chihuahua, también se trasladó el enfrentamiento entre ellas ¿Por qué no se realizaron las medidas necesarias para salirle al frente a problema tan desmesurado?
Más aún, la falta de control sobre los penales denota, también, que entre las operaciones de inteligencia no se encuentra contemplada la importancia de los penales, y de quienes caen en ellos, por supuesto, a los que se considera elementos vitales de las bandas criminales, para iniciar un proceso de desmantelamiento de las mismas, para informarse de las fuentes y vías de financiamiento de ellas.
Pero nada de eso se hace, al contrario, cada vez se aprecia el mayor control de los centros penitenciarios, pero por parte de los criminales, y si eso sucede en las áreas en las que las autoridades deberían ejercer el control ¿Qué podemos esperar fuera de ellos?
¡Ah, triste perspectiva tenemos a la vista!
martes, 24 de mayo de 2011
El general de las restas
El Diario, 24 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
La entrevista transcurría en medio de sonrisas del general, pero cuando respondió acerca del número de delincuentes caídos, dijo: “Apúntele bien, 14 menos”, la sonrisa se transformó en risa, coincidente con la desatada por quienes lo entrevistaban y algunos de sus subordinados presentes en la conferencia de prensa, poco después de una sangrienta y prolongada refriega entre delincuentes, y entre éstos y las fuerzas militares, en las que existió –y hasta la fecha subsiste– una marcada discrepancia entre las cifras otorgadas por las dependencias civiles y las militares, acerca del número de víctimas.
Pero no fue lo único, al responder la siguiente pregunta: ¿Cuántos detenidos?, tajante, en un tono como si la pregunta fuera inútil, respondió: “Ni uno, no nos gusta cargar a nadie”. (Video del 16/XII/08, Tiempo.com.mx).
De aquellas restas que exigía efectuara la prensa, la suya es, paradójicamente, una más. En un más que confuso incidente, del cual la autoridad civil no acierta a proporcionar información, y la que se tiene es la escueta otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consistente en que el primer jefe de la Operación Conjunta Chihuahua, el Gral. Jorge Juárez Loera, fue asesinado de dos tiros en la cabeza en el Estado de México, debido, al parecer, a “un incidente vial”, a escasos 20 días de pasar a retiro del Ejército.
Lamentable, como todas las muertes, importa detenerse en esta figura porque su importancia en la cúpula castrense y sus concepciones develan las reinantes en una más que influyente y poderosa parte del Ejército; la que reiteradamente ha insistido en hacerse de más prerrogativas y facultades de las hasta ahora establecidas, en un viraje contrario al que otra cúpula militar, la revolucionaria de las tres primeras décadas del siglo anterior, que por sí decidió disminuir la injerencia de los mílites en la vida del país y restringirla a los estrictos marcos de la defensa nacional y de las catástrofes naturales.
Llamados a afrontar la guerra de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, bien pronto mostraron su poca disposición –aunque bien debiéramos decir que probablemente no todos– a respetar el marco legal establecido y que seguirían al pie de la letra el espíritu con el que fueron creados los ejércitos de todo el mundo, el de eliminar al enemigo, para lo cual muy poco importaban los numerosos vericuetos de la ley.
Una frase, dicha por Juárez Loera ante la mayor parte de los empresarios más poderosos de Chihuahua y casi el total de las autoridades civiles en el estado, retrató (además de la ya citada, que descartaba, de antemano, la aprehensión de los delincuentes para enjuiciarlos y, por supuesto, para conocer las redes de las bandas criminales) al jefe militar y el respeto que le merecía el estado de Derecho. En la parte central de su discurso le expresó al entonces mandatario chihuahuense, José Reyes Baeza, “mi orden de cateo es un marro, señor gobernador”.
En julio de 2008 fue relevado –sin que se dieran mayores explicaciones– de la OCCh. Fue nombrado Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, cargo en el que permaneció hasta febrero de 2009 para ocupar, hasta el 1º de mayo de este año, la Oficialía Mayor de la Sedena, el tercer cargo en importancia de la dependencia.
Pero si lo anterior provocaba escozor, y del bueno, saber de su importancia en la jerarquía militar y las tareas asignadas en los tiempos más recientes, sí que preocupa en grado superlativo. A Juárez Loera se le consideraba como uno de los más fuertes aspirantes a ocupar una curul en el Senado de la República y era quien apoyó, muy de cerca, al subsecretario de la Sedena, el General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, en la elaboración y aprobación de los cambios a la Ley de Seguridad Nacional aún no dictaminados, pero que han concitado el rechazo de académicos, derechohumanistas y fuerzas políticas, no solamente de la izquierda, y que fueron la causa de la recriminación de Beatriz Paredes.
Aún no somos gobierno, ¿por qué la prisa?, les dijo a los personeros de Enrique Peña Nieto, los más empeñados en aprobarlas.
A ese grupo pertenecía quien llamaba a no sumar las víctimas. Hoy forma parte de esa estadística.
Luis Javier Valero Flores
La entrevista transcurría en medio de sonrisas del general, pero cuando respondió acerca del número de delincuentes caídos, dijo: “Apúntele bien, 14 menos”, la sonrisa se transformó en risa, coincidente con la desatada por quienes lo entrevistaban y algunos de sus subordinados presentes en la conferencia de prensa, poco después de una sangrienta y prolongada refriega entre delincuentes, y entre éstos y las fuerzas militares, en las que existió –y hasta la fecha subsiste– una marcada discrepancia entre las cifras otorgadas por las dependencias civiles y las militares, acerca del número de víctimas.
Pero no fue lo único, al responder la siguiente pregunta: ¿Cuántos detenidos?, tajante, en un tono como si la pregunta fuera inútil, respondió: “Ni uno, no nos gusta cargar a nadie”. (Video del 16/XII/08, Tiempo.com.mx).
De aquellas restas que exigía efectuara la prensa, la suya es, paradójicamente, una más. En un más que confuso incidente, del cual la autoridad civil no acierta a proporcionar información, y la que se tiene es la escueta otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consistente en que el primer jefe de la Operación Conjunta Chihuahua, el Gral. Jorge Juárez Loera, fue asesinado de dos tiros en la cabeza en el Estado de México, debido, al parecer, a “un incidente vial”, a escasos 20 días de pasar a retiro del Ejército.
Lamentable, como todas las muertes, importa detenerse en esta figura porque su importancia en la cúpula castrense y sus concepciones develan las reinantes en una más que influyente y poderosa parte del Ejército; la que reiteradamente ha insistido en hacerse de más prerrogativas y facultades de las hasta ahora establecidas, en un viraje contrario al que otra cúpula militar, la revolucionaria de las tres primeras décadas del siglo anterior, que por sí decidió disminuir la injerencia de los mílites en la vida del país y restringirla a los estrictos marcos de la defensa nacional y de las catástrofes naturales.
Llamados a afrontar la guerra de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, bien pronto mostraron su poca disposición –aunque bien debiéramos decir que probablemente no todos– a respetar el marco legal establecido y que seguirían al pie de la letra el espíritu con el que fueron creados los ejércitos de todo el mundo, el de eliminar al enemigo, para lo cual muy poco importaban los numerosos vericuetos de la ley.
Una frase, dicha por Juárez Loera ante la mayor parte de los empresarios más poderosos de Chihuahua y casi el total de las autoridades civiles en el estado, retrató (además de la ya citada, que descartaba, de antemano, la aprehensión de los delincuentes para enjuiciarlos y, por supuesto, para conocer las redes de las bandas criminales) al jefe militar y el respeto que le merecía el estado de Derecho. En la parte central de su discurso le expresó al entonces mandatario chihuahuense, José Reyes Baeza, “mi orden de cateo es un marro, señor gobernador”.
En julio de 2008 fue relevado –sin que se dieran mayores explicaciones– de la OCCh. Fue nombrado Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, cargo en el que permaneció hasta febrero de 2009 para ocupar, hasta el 1º de mayo de este año, la Oficialía Mayor de la Sedena, el tercer cargo en importancia de la dependencia.
Pero si lo anterior provocaba escozor, y del bueno, saber de su importancia en la jerarquía militar y las tareas asignadas en los tiempos más recientes, sí que preocupa en grado superlativo. A Juárez Loera se le consideraba como uno de los más fuertes aspirantes a ocupar una curul en el Senado de la República y era quien apoyó, muy de cerca, al subsecretario de la Sedena, el General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, en la elaboración y aprobación de los cambios a la Ley de Seguridad Nacional aún no dictaminados, pero que han concitado el rechazo de académicos, derechohumanistas y fuerzas políticas, no solamente de la izquierda, y que fueron la causa de la recriminación de Beatriz Paredes.
Aún no somos gobierno, ¿por qué la prisa?, les dijo a los personeros de Enrique Peña Nieto, los más empeñados en aprobarlas.
A ese grupo pertenecía quien llamaba a no sumar las víctimas. Hoy forma parte de esa estadística.
domingo, 22 de mayo de 2011
¿Cómo creerle?
El Diario, 22 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
El problema es de percepción, dijo enfáticamente Felipe Calderón un día antes de su llegada a Juárez, poco antes de lanzar otra de sus muy inteligentes expresiones, al aseverar jocosamente que los turistas “los únicos shots que reciben son de tequila”.
Y eso lo dice el responsable de la administración federal que ha sufrido el asesinato de 40 mil de sus gobernados. No importa, son delincuentes y los “daños colaterales”, es decir, las víctimas inocentes, son solamente el 10% de esas muertes.
Terco, obsesionado con intentar convencer a los mexicanos que lo sufrido por más de la mitad de la población es un asunto de percepción, o que en el peor de los casos, la estrategia instrumentada por su gobierno va en el sentido correcto, recurre hasta las falsedades.
En una visita a Juárez caracterizada por la frivolidad –por las características de los actos celebrados, como si esta ciudad no fuera, como dice Javier Sicilia, el corazón del dolor nacional– incapaces de asimilar que aquí han caído más de 8 mil personas, víctimas de la guerra de los cárteles y que la urbe mayor de todas las fronteras mexicanas sufre la peor de sus catástrofes económicas, derivada de la ola delictiva, Calderón insistió machaconamente en que la incidencia delictiva, y sobre todo la homicida, va en retirada, gracias a la participación de las fuerzas federales y a que ahora sí existe coordinación con las autoridades estatales. Con las inmediatas anteriores, no.
Juárez es una inmensa tristeza hoy; no obstante, la “apretada” agenda de Calderón no contempló, para nada, ni siquiera un mínimo intercambio con los representantes civiles de la sociedad juarense. No. Puros actos de “lustre” burocrático, y para remachar, un desfile, para no variar, militar. De ahí en adelante, solamente ocasiones para que en los discursos nos diéramos cuenta que las cosas van mejorando en el antiguo Paso del Norte.
Y esa es la principal de las notas de los principales medios de comunicación editados en la ciudad de México, y con toda seguridad, de los principales noticieros televisivos del inicio de la próxima semana. Objetivo alcanzado, la inseguridad es un problema de percepción de los juarenses, y como ya fueron convencidos por el discurso calderonista, ya vamos en la senda de recuperar, no tomar como los revolucionarios de un siglo atrás, la principal de las urbes chihuahuenses.
Más allá de los discursos, pero basándonos en ellos, los de Calderón y los de Alejandro Poiré, el vocero del Consejo Nacional de Seguridad Pública, podemos fácilmente desnudar la gran mentira que vinieron a desplegar.
Calderón dijo que los homicidios, de octubre a abril, han disminuido en 60%, que en promedio se daban 11 homicidios diarios. “Ahora eso se ha reducido a cuatro o cinco diarios, todavía son muchos, pero se va reduciendo”.
Luego aclararían en el curso de la gira que octubre fue uno de los meses con las cifras más altas, y lo compararon con abril, sin duda el mes más bajo en tan siniestra estadística.
¡Bonita manera de hacer estadísticas Ahora resulta que tomamos el índice mayor y lo comparamos con el menor y ya, la Policía Federal es la mejor del mundo.
Pues no, las comparaciones deben hacerse en períodos semejantes. Ustedes disculpen, pero de acuerdo con el recuento de El Diario, hasta el 30 de abril habían asesinado a 804 personas, más 95 en los primeros 19 días de mayo.
Si esta última cifra se proyecta al resto del mes, entonces nos encontraríamos con una tendencia a la baja, ligera, pero solamente de los meses de marzo a mayo.
Los números son muy tercos –pues sí, reflejan la realidad, a diferencia de los discursos, que tratan de cambiarla, pero sólo en la apariencia–. En enero se cometieron 222 homicidios, luego, en febrero la cifra subió ligeramente a 231; en marzo bajó a 183 y en abril se presentaron 168; y si la tendencia de mayo se mantiene, seguramente se presentarán 150 ejecuciones al término del mes.
En total, en el primer cuatrimestre del año asesinaron a 804 personas, lo que arroja un promedio de 6.7 personas diariamente, cifra no muy diferente a la presentada en 2010, cuando asesinaron a 3 mil 115 personas, con un promedio, diario, de 8.5 ejecutados.
Y si nos atenemos a los índices mundialmente aceptados, nos encontraríamos que la tasa de homicidios, tan sólo por esta causa, en 2010 fue de 239.6 por cada 100 mil habitantes ¿Se parecerá a cualquiera de los presentados en los países de Centroamérica, ya no del Caribe, como dijo Calderón, con tasas de alrededor de 40?
Vamos, si tomamos en cuenta los primeros cuatro meses, resultará que la tasa, sólo en ese lapso, llega a 61.8 por cada 100 mil habitantes y que, si proyectamos las cifras para todo el año 2011, resultará que la cifra de ejecuciones podría ser de alrededor de 2 mil 400, con una tasa de 188, ciertamente inferior a 2011, pero muy parecida a la de 2009, de 200 ejecuciones por cada 100 mil habitantes.
¿En dónde está la disminución de 60% en homicidios?
Y puede ser que en secuestros, extorsiones y robos a casa habitación los índices hayan disminuido, pero hay un delito que se disparó en Juárez, el robo de vehículos, y de ellos el realizado a mano armada, que Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, califica de una experiencia de, prácticamente, una ejecución, pues la víctima sufre el stress de verse amenazada por un individuo con un arma de fuego que la puede disparar.
Bueno, pues en ese aspecto las cosas no están nada bien para Juárez, no lo estaban y ahora, por el contrario, están peor.
Las cifras del robo de vehículos en el primer trimestre, en Juárez, son superiores a las de los años precedentes, en lapsos semejantes. “… en el primer trimestre del año fueron robados 4 mil 800 vehículos, de los cuales mil 585 autos fueron hurtados en la modalidad conocida como ‘carjacking’. En 2010, las estadísticas oficiales detallan que fueron hurtadas 4 mil 127 unidades, de las cuales 662 fueron con violencia, es decir, los ‘carjackings’ denunciados se duplicaron al cabo de 12 meses”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 30/4/11).
Tales cifras arrojan una inquietante realidad: Cada día, 53 propietarios pierden su vehículo a manos de la delincuencia “común”, y de ellos, 17 frente a asaltantes armados, lo que ha motivado el aumento de propietarios asesinados por este motivo al resistirse al asalto, siete víctimas mortales se contabilizan en lo que va del año (Ibídem).
Si a lo anterior agregamos abril, mes en el que se interpusieron mil 210 denuncias ante el Ministerio Público por este delito, resultará que se han robado 6 mil 10 vehículos en el cuatrimestre, 50 diariamente. De ellos, 2 mil 063 lo fueron a mano armada, lo que arroja un promedio diario de 17.2 en números cerrados. Y otra vez, se observa una disminución de este delito, pero solo en los meses de abril y mayo.
No aparecen por ningún lado las cifras esperanzadoras, optimistas, enarboladas por Calderón y Poiré; y si no existen, entonces tampoco hay el sustento para venir a Juárez a desarrollar una gira como cualquier otra efectuada a cualquier otra ciudad en el país.
¿Acaso a nadie se le ocurrió que esta era una buena ocasión para realizar un balance del programa “Todos Somos Juárez” y efectuar, otra vez, un ejercicio de rendición de cuentas, en el que el principal responsable de la seguridad pública en el país respondiera de las indudables fallas cometidas en esta ciudad?
¡Ah pero eso sí, no podían faltar los edulcorados discursos exaltando la buena coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales
Bueno, po’s que de esa excelente coordinación hablen las escoltas, y el mismísimo alcalde de Juárez, Héctor Murguía. Están tan coordinados que los policías federales no alcanzan a distinguir entre el convoy de la máxima autoridad en la ciudad y los narcotraficantes, según expresara uno de los polifederales en el más reciente de los incidentes entre elementos de esta corporación y la municipal que protege al alcalde.
Y si eso sucede entre ellos ¿Cómo creerles en lo demás?
Pero no nos preocupemos, la incidencia delictiva es sólo nuestra percepción, de ahí que Calderón se dedique, cuando visita Juárez, a inaugurar obras, museos y lanzar discursos de ceremonias solemnes ¿Por qué no inauguraría alguna de las obras de Villas de Salvárcar, por ejemplo, digo? ¿Para no tener que acercarse a los dolientes de la masacre de Juárez?
Luis Javier Valero Flores
El problema es de percepción, dijo enfáticamente Felipe Calderón un día antes de su llegada a Juárez, poco antes de lanzar otra de sus muy inteligentes expresiones, al aseverar jocosamente que los turistas “los únicos shots que reciben son de tequila”.
Y eso lo dice el responsable de la administración federal que ha sufrido el asesinato de 40 mil de sus gobernados. No importa, son delincuentes y los “daños colaterales”, es decir, las víctimas inocentes, son solamente el 10% de esas muertes.
Terco, obsesionado con intentar convencer a los mexicanos que lo sufrido por más de la mitad de la población es un asunto de percepción, o que en el peor de los casos, la estrategia instrumentada por su gobierno va en el sentido correcto, recurre hasta las falsedades.
En una visita a Juárez caracterizada por la frivolidad –por las características de los actos celebrados, como si esta ciudad no fuera, como dice Javier Sicilia, el corazón del dolor nacional– incapaces de asimilar que aquí han caído más de 8 mil personas, víctimas de la guerra de los cárteles y que la urbe mayor de todas las fronteras mexicanas sufre la peor de sus catástrofes económicas, derivada de la ola delictiva, Calderón insistió machaconamente en que la incidencia delictiva, y sobre todo la homicida, va en retirada, gracias a la participación de las fuerzas federales y a que ahora sí existe coordinación con las autoridades estatales. Con las inmediatas anteriores, no.
Juárez es una inmensa tristeza hoy; no obstante, la “apretada” agenda de Calderón no contempló, para nada, ni siquiera un mínimo intercambio con los representantes civiles de la sociedad juarense. No. Puros actos de “lustre” burocrático, y para remachar, un desfile, para no variar, militar. De ahí en adelante, solamente ocasiones para que en los discursos nos diéramos cuenta que las cosas van mejorando en el antiguo Paso del Norte.
Y esa es la principal de las notas de los principales medios de comunicación editados en la ciudad de México, y con toda seguridad, de los principales noticieros televisivos del inicio de la próxima semana. Objetivo alcanzado, la inseguridad es un problema de percepción de los juarenses, y como ya fueron convencidos por el discurso calderonista, ya vamos en la senda de recuperar, no tomar como los revolucionarios de un siglo atrás, la principal de las urbes chihuahuenses.
Más allá de los discursos, pero basándonos en ellos, los de Calderón y los de Alejandro Poiré, el vocero del Consejo Nacional de Seguridad Pública, podemos fácilmente desnudar la gran mentira que vinieron a desplegar.
Calderón dijo que los homicidios, de octubre a abril, han disminuido en 60%, que en promedio se daban 11 homicidios diarios. “Ahora eso se ha reducido a cuatro o cinco diarios, todavía son muchos, pero se va reduciendo”.
Luego aclararían en el curso de la gira que octubre fue uno de los meses con las cifras más altas, y lo compararon con abril, sin duda el mes más bajo en tan siniestra estadística.
¡Bonita manera de hacer estadísticas Ahora resulta que tomamos el índice mayor y lo comparamos con el menor y ya, la Policía Federal es la mejor del mundo.
Pues no, las comparaciones deben hacerse en períodos semejantes. Ustedes disculpen, pero de acuerdo con el recuento de El Diario, hasta el 30 de abril habían asesinado a 804 personas, más 95 en los primeros 19 días de mayo.
Si esta última cifra se proyecta al resto del mes, entonces nos encontraríamos con una tendencia a la baja, ligera, pero solamente de los meses de marzo a mayo.
Los números son muy tercos –pues sí, reflejan la realidad, a diferencia de los discursos, que tratan de cambiarla, pero sólo en la apariencia–. En enero se cometieron 222 homicidios, luego, en febrero la cifra subió ligeramente a 231; en marzo bajó a 183 y en abril se presentaron 168; y si la tendencia de mayo se mantiene, seguramente se presentarán 150 ejecuciones al término del mes.
En total, en el primer cuatrimestre del año asesinaron a 804 personas, lo que arroja un promedio de 6.7 personas diariamente, cifra no muy diferente a la presentada en 2010, cuando asesinaron a 3 mil 115 personas, con un promedio, diario, de 8.5 ejecutados.
Y si nos atenemos a los índices mundialmente aceptados, nos encontraríamos que la tasa de homicidios, tan sólo por esta causa, en 2010 fue de 239.6 por cada 100 mil habitantes ¿Se parecerá a cualquiera de los presentados en los países de Centroamérica, ya no del Caribe, como dijo Calderón, con tasas de alrededor de 40?
Vamos, si tomamos en cuenta los primeros cuatro meses, resultará que la tasa, sólo en ese lapso, llega a 61.8 por cada 100 mil habitantes y que, si proyectamos las cifras para todo el año 2011, resultará que la cifra de ejecuciones podría ser de alrededor de 2 mil 400, con una tasa de 188, ciertamente inferior a 2011, pero muy parecida a la de 2009, de 200 ejecuciones por cada 100 mil habitantes.
¿En dónde está la disminución de 60% en homicidios?
Y puede ser que en secuestros, extorsiones y robos a casa habitación los índices hayan disminuido, pero hay un delito que se disparó en Juárez, el robo de vehículos, y de ellos el realizado a mano armada, que Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, califica de una experiencia de, prácticamente, una ejecución, pues la víctima sufre el stress de verse amenazada por un individuo con un arma de fuego que la puede disparar.
Bueno, pues en ese aspecto las cosas no están nada bien para Juárez, no lo estaban y ahora, por el contrario, están peor.
Las cifras del robo de vehículos en el primer trimestre, en Juárez, son superiores a las de los años precedentes, en lapsos semejantes. “… en el primer trimestre del año fueron robados 4 mil 800 vehículos, de los cuales mil 585 autos fueron hurtados en la modalidad conocida como ‘carjacking’. En 2010, las estadísticas oficiales detallan que fueron hurtadas 4 mil 127 unidades, de las cuales 662 fueron con violencia, es decir, los ‘carjackings’ denunciados se duplicaron al cabo de 12 meses”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 30/4/11).
Tales cifras arrojan una inquietante realidad: Cada día, 53 propietarios pierden su vehículo a manos de la delincuencia “común”, y de ellos, 17 frente a asaltantes armados, lo que ha motivado el aumento de propietarios asesinados por este motivo al resistirse al asalto, siete víctimas mortales se contabilizan en lo que va del año (Ibídem).
Si a lo anterior agregamos abril, mes en el que se interpusieron mil 210 denuncias ante el Ministerio Público por este delito, resultará que se han robado 6 mil 10 vehículos en el cuatrimestre, 50 diariamente. De ellos, 2 mil 063 lo fueron a mano armada, lo que arroja un promedio diario de 17.2 en números cerrados. Y otra vez, se observa una disminución de este delito, pero solo en los meses de abril y mayo.
No aparecen por ningún lado las cifras esperanzadoras, optimistas, enarboladas por Calderón y Poiré; y si no existen, entonces tampoco hay el sustento para venir a Juárez a desarrollar una gira como cualquier otra efectuada a cualquier otra ciudad en el país.
¿Acaso a nadie se le ocurrió que esta era una buena ocasión para realizar un balance del programa “Todos Somos Juárez” y efectuar, otra vez, un ejercicio de rendición de cuentas, en el que el principal responsable de la seguridad pública en el país respondiera de las indudables fallas cometidas en esta ciudad?
¡Ah pero eso sí, no podían faltar los edulcorados discursos exaltando la buena coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales
Bueno, po’s que de esa excelente coordinación hablen las escoltas, y el mismísimo alcalde de Juárez, Héctor Murguía. Están tan coordinados que los policías federales no alcanzan a distinguir entre el convoy de la máxima autoridad en la ciudad y los narcotraficantes, según expresara uno de los polifederales en el más reciente de los incidentes entre elementos de esta corporación y la municipal que protege al alcalde.
Y si eso sucede entre ellos ¿Cómo creerles en lo demás?
Pero no nos preocupemos, la incidencia delictiva es sólo nuestra percepción, de ahí que Calderón se dedique, cuando visita Juárez, a inaugurar obras, museos y lanzar discursos de ceremonias solemnes ¿Por qué no inauguraría alguna de las obras de Villas de Salvárcar, por ejemplo, digo? ¿Para no tener que acercarse a los dolientes de la masacre de Juárez?
jueves, 19 de mayo de 2011
Edomex, el sueño dorado del PRD
El Diario, 19 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
No lo podían creer ni los más empedernidos militantes del partido del sol azteca. Habían transcurrido largos años sin verlos juntos; eran innumerables las querellas entre ellos –explícitas, pero sobre todo las implícitas– y muchas más las diferencias que en algo han contribuido al desgaste electoral –y político– de su partido. Pero ahí estaban en el mismo templete del mitin –el primero de los tres– con el cual dio inicio su campaña al gobierno del Estado de México el ex jefe de gobierno del DF, Alejandro Encinas.
Así, contra todos los pronósticos de apenas medio año atrás, aparecieron juntos Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador y Jesús Zambrano. No sólo, en el inmenso templete también se encontraban Porfirio Muñoz Ledo –quien se acercó a darle la mano a Cuauhtémoc Cárdenas, luego de muchos años de un apasionado distanciamiento– y Dolores Padierna, la otra parte del perredismo gobernante en la capital del país.
De este modo, de la noche a la mañana, el PRD recuperó gruesas capas de credibilidad política, no sólo en el Estado de México sino en todo el país, y se acrecentaron las posibilidades de que aparezca como una fuerza competitiva en esa entidad, pero, quizá lo más importante, recuperó decenas de miles de posibles votantes para la elección presidencial.
El triunfador, y autor, de tan dramático giro en las posibilidades del mayor de los partidos de izquierda en la historia de México fue el más adelantado de sus aspirantes a la Presidencia de la República, López Obrador. Lo es, porque fue quien se opuso tenazmente a la pretendida alianza con el PAN, objetivo en el que coincidieron las dirigencias del PRD, del PAN y Felipe Calderón.
Pero AMLO se opuso con toda la fuerza política que goza en el centro del país, convenció a Encinas de postularse, a Ebrard de allanarse a esa candidatura y le cerró la salida a Manuel Camacho quien, contra toda lógica, apareció al lado de los “Chuchos” en la búsqueda de la alianza con el panismo. En esa postura del tabasqueño apareció la primera coincidencia con el principal fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, quien expresó firmemente su oposición a la alianza con el partido gobernante.
Los arranques de campañas parecieran darles la razón a quienes sostuvieron que la pretensión de la dirigencia real del panismo era la de buscar la alianza con el PRD, no tanto porque la desearan por sí, sino para evitarle a su partido la desventaja política, en la ruta a la elección presidencial, de aparecer en los resultados de este año como un partido en franca caída libre en la entidad con el mayor padrón electoral.
Es de tal grado el desánimo en las filas blanquiazules que, al inicio de la campaña, ni siquiera contaron con la presencia del dirigente nacional, el chihuahuense Gustavo Madero, y de sus presidenciables sólo estuvo presente Santiago Creel, hechos que refuerzan la especulación de que a unos días de la elección Luis Felipe Bravo Mena decline a la candidatura blanquiazul y llame a votar por la alternancia, para evitarle a sus militantes en todo el país ver al PAN caer al tercer lugar, y quizá muy lejos del segundo.
Si las elecciones mexiquenses fueran el día de hoy, todo apunta a que Eruviel Ávila las ganaría, pero Encinas accedería seguramente a la cuarta parte de los votos emitidos. Todo puede cambiar –en cuanto a la diferencia porcentual entre Ávila y Encinas– pero aún si se mantuviesen en la proporción de hoy (48% para el priísta, 24 para el perredista y 19 para Bravo Mena), el capital electoral obtenido por Encinas podría mantenerse el próximo año, con lo cual las expectativas de AMLO crecerían enormemente pues, antes de que apareciera en escena Alejandro Encinas, el PRD obtenía el 8% de las preferencias electorales. Pasar del 8 al 25% significa tener la posibilidad de obtener cerca de los 2 millones de votos en el Estado de México.
Y si suman los 3 millones que aspiran a obtener en el DF, entonces podremos explicarnos con mayor razón la insistencia de López Obrador en oponerse a la alianza.
Por supuesto, más de un simpatizante del tabasqueño dirá que no es solamente por las ganancias electorales, que también contó la postura política, y tienen razón, el discurso de quien puede aparecer nuevamente como un serio aspirante a la presidencia fue factor esencial para lo que presenciamos en el Edomex.
Luis Javier Valero Flores
No lo podían creer ni los más empedernidos militantes del partido del sol azteca. Habían transcurrido largos años sin verlos juntos; eran innumerables las querellas entre ellos –explícitas, pero sobre todo las implícitas– y muchas más las diferencias que en algo han contribuido al desgaste electoral –y político– de su partido. Pero ahí estaban en el mismo templete del mitin –el primero de los tres– con el cual dio inicio su campaña al gobierno del Estado de México el ex jefe de gobierno del DF, Alejandro Encinas.
Así, contra todos los pronósticos de apenas medio año atrás, aparecieron juntos Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador y Jesús Zambrano. No sólo, en el inmenso templete también se encontraban Porfirio Muñoz Ledo –quien se acercó a darle la mano a Cuauhtémoc Cárdenas, luego de muchos años de un apasionado distanciamiento– y Dolores Padierna, la otra parte del perredismo gobernante en la capital del país.
De este modo, de la noche a la mañana, el PRD recuperó gruesas capas de credibilidad política, no sólo en el Estado de México sino en todo el país, y se acrecentaron las posibilidades de que aparezca como una fuerza competitiva en esa entidad, pero, quizá lo más importante, recuperó decenas de miles de posibles votantes para la elección presidencial.
El triunfador, y autor, de tan dramático giro en las posibilidades del mayor de los partidos de izquierda en la historia de México fue el más adelantado de sus aspirantes a la Presidencia de la República, López Obrador. Lo es, porque fue quien se opuso tenazmente a la pretendida alianza con el PAN, objetivo en el que coincidieron las dirigencias del PRD, del PAN y Felipe Calderón.
Pero AMLO se opuso con toda la fuerza política que goza en el centro del país, convenció a Encinas de postularse, a Ebrard de allanarse a esa candidatura y le cerró la salida a Manuel Camacho quien, contra toda lógica, apareció al lado de los “Chuchos” en la búsqueda de la alianza con el panismo. En esa postura del tabasqueño apareció la primera coincidencia con el principal fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, quien expresó firmemente su oposición a la alianza con el partido gobernante.
Los arranques de campañas parecieran darles la razón a quienes sostuvieron que la pretensión de la dirigencia real del panismo era la de buscar la alianza con el PRD, no tanto porque la desearan por sí, sino para evitarle a su partido la desventaja política, en la ruta a la elección presidencial, de aparecer en los resultados de este año como un partido en franca caída libre en la entidad con el mayor padrón electoral.
Es de tal grado el desánimo en las filas blanquiazules que, al inicio de la campaña, ni siquiera contaron con la presencia del dirigente nacional, el chihuahuense Gustavo Madero, y de sus presidenciables sólo estuvo presente Santiago Creel, hechos que refuerzan la especulación de que a unos días de la elección Luis Felipe Bravo Mena decline a la candidatura blanquiazul y llame a votar por la alternancia, para evitarle a sus militantes en todo el país ver al PAN caer al tercer lugar, y quizá muy lejos del segundo.
Si las elecciones mexiquenses fueran el día de hoy, todo apunta a que Eruviel Ávila las ganaría, pero Encinas accedería seguramente a la cuarta parte de los votos emitidos. Todo puede cambiar –en cuanto a la diferencia porcentual entre Ávila y Encinas– pero aún si se mantuviesen en la proporción de hoy (48% para el priísta, 24 para el perredista y 19 para Bravo Mena), el capital electoral obtenido por Encinas podría mantenerse el próximo año, con lo cual las expectativas de AMLO crecerían enormemente pues, antes de que apareciera en escena Alejandro Encinas, el PRD obtenía el 8% de las preferencias electorales. Pasar del 8 al 25% significa tener la posibilidad de obtener cerca de los 2 millones de votos en el Estado de México.
Y si suman los 3 millones que aspiran a obtener en el DF, entonces podremos explicarnos con mayor razón la insistencia de López Obrador en oponerse a la alianza.
Por supuesto, más de un simpatizante del tabasqueño dirá que no es solamente por las ganancias electorales, que también contó la postura política, y tienen razón, el discurso de quien puede aparecer nuevamente como un serio aspirante a la presidencia fue factor esencial para lo que presenciamos en el Edomex.
martes, 17 de mayo de 2011
La definición de la maestra
Luis Javier Valero Flores
Metidas de lleno en las precampañas electorales, las fuerzas políticas buscan obsesivamente las definiciones que les habrán de redituar en las elecciones presidenciales del próximo año. Todos sin excepción van enhebrando, o buscan hacerlo, los hilos del poder que les permitan acceder a los mejores escenarios del próximo año.
Contrariamente a lo sostenido por muchos –papel en el que juega un rol destacadísimo el duopolio televisivo– la enorme ventaja en las preferencias electorales del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, no es, ni con mucho, un hecho ineluctable; todo lo contrario, los acontecimientos políticos y sociales, merced a la profundidad de la crisis de seguridad pública, pueden cambiar diametralmente la realidad del momento presente.
Más aún, la definición de los partidos podrá incidir seriamente en esos procesos y la unidad del PRI, el partido mejor ubicado en las preferencias electorales, puede sufrir serios quebrantos, no solamente en la determinación de su candidato presidencial, sino en la de los muchos puestos a disputar el próximo año.
Ese resquebrajamiento regional le arrojó sendas derrotas en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, victorias apretadísimas en Durango y Veracruz y una victoria sorpresiva en Hidalgo (no tanto en el resultado de quien triunfó, sino en el monto de votos obtenidos por Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN), resultados que pueden cambiar de alguna manera el escenario de inicio de las campañas electorales y que, de ninguna manera, se pueden descartar en 2012.
De ahí que una fuerza, como la del magisterio dirigido por Elba Esther Gordillo (que no incluye a todos los maestros) participe en esa subasta política y, en tanto en el ámbito nacional coquetea con Felipe Calderón (olvidando éste todo el discurso del panismo acerca del sindicalismo corporativo de las épocas priístas) en el local, el grupo gobernante concreta los ofrecimientos de la campaña electoral hacia el magisterio.
No tiene nada de malo invertir en la educación y especialmente en sus maestros, el problema estriba en el uso faccioso de las prebendas, salarios y demás prestaciones obtenidas por la cúpula sindical que dirige al sindicato más numeroso de América Latina y que ha llevado –compartiendo la responsabilidad con los grupos gobernantes de las dos últimas dos décadas en el ámbito federal– a los niveles educativos en el país a condiciones de las que no podemos enorgullecernos.
Y de esa crisis, de la que poco se suele hablar como fuente de la destrucción del tejido social en el México violento, especialmente en varias de las entidades norteñas –en los últimos años– y en muchas de las del sur, pues debemos recordar que antes de la presentación de la guerra de los cárteles y de la sostenida por Calderón –según decía antes y que ahora sólo llama como el combate al narcotráfico– ya existían, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, tasas de homicidios superiores a los 25 por cada 100 mil habitantes, cifras que no se pueden desligar de los niveles educativos de ese conjunto de entidades y que exigirían otra actitud de parte de los gobernantes.
Y que han llevado a ubicar a los alumnos de educación básica, según la prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) administrada por la OCDE, al último lugar de la evaluación de la edición 2006, aunque con alguna mejoría con respecto a los resultados obtenidos en las ediciones previas de la prueba (PISA 2000 y PISA 2003) y que ese mismo estudio, comparado con países que no forman parte de la OCDE, por ser economías emergentes, México aparece en antepenúltimo lugar, sólo por encima de Israel y Argentina.
Más. México se encuentra en el lugar 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.
Y esos son solamente algunos de los índices, que no mejoraron mucho en los siguientes reportes, pero que sí denotan que el control sindical ejerce una indudable influencia, merced a las extensas redes del poder creadas por la cúpula sindical y la connivencia de quienes llamaron a efectuar profundos cambios en la vida política de México.
¿Con la maestra Gordillo dirigiéndolos y empeñándose en alcanzar las mejores alianzas electorales, con quien sea, en 2012?
¡Qué país!
Metidas de lleno en las precampañas electorales, las fuerzas políticas buscan obsesivamente las definiciones que les habrán de redituar en las elecciones presidenciales del próximo año. Todos sin excepción van enhebrando, o buscan hacerlo, los hilos del poder que les permitan acceder a los mejores escenarios del próximo año.
Contrariamente a lo sostenido por muchos –papel en el que juega un rol destacadísimo el duopolio televisivo– la enorme ventaja en las preferencias electorales del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, no es, ni con mucho, un hecho ineluctable; todo lo contrario, los acontecimientos políticos y sociales, merced a la profundidad de la crisis de seguridad pública, pueden cambiar diametralmente la realidad del momento presente.
Más aún, la definición de los partidos podrá incidir seriamente en esos procesos y la unidad del PRI, el partido mejor ubicado en las preferencias electorales, puede sufrir serios quebrantos, no solamente en la determinación de su candidato presidencial, sino en la de los muchos puestos a disputar el próximo año.
Ese resquebrajamiento regional le arrojó sendas derrotas en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, victorias apretadísimas en Durango y Veracruz y una victoria sorpresiva en Hidalgo (no tanto en el resultado de quien triunfó, sino en el monto de votos obtenidos por Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN), resultados que pueden cambiar de alguna manera el escenario de inicio de las campañas electorales y que, de ninguna manera, se pueden descartar en 2012.
De ahí que una fuerza, como la del magisterio dirigido por Elba Esther Gordillo (que no incluye a todos los maestros) participe en esa subasta política y, en tanto en el ámbito nacional coquetea con Felipe Calderón (olvidando éste todo el discurso del panismo acerca del sindicalismo corporativo de las épocas priístas) en el local, el grupo gobernante concreta los ofrecimientos de la campaña electoral hacia el magisterio.
No tiene nada de malo invertir en la educación y especialmente en sus maestros, el problema estriba en el uso faccioso de las prebendas, salarios y demás prestaciones obtenidas por la cúpula sindical que dirige al sindicato más numeroso de América Latina y que ha llevado –compartiendo la responsabilidad con los grupos gobernantes de las dos últimas dos décadas en el ámbito federal– a los niveles educativos en el país a condiciones de las que no podemos enorgullecernos.
Y de esa crisis, de la que poco se suele hablar como fuente de la destrucción del tejido social en el México violento, especialmente en varias de las entidades norteñas –en los últimos años– y en muchas de las del sur, pues debemos recordar que antes de la presentación de la guerra de los cárteles y de la sostenida por Calderón –según decía antes y que ahora sólo llama como el combate al narcotráfico– ya existían, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, tasas de homicidios superiores a los 25 por cada 100 mil habitantes, cifras que no se pueden desligar de los niveles educativos de ese conjunto de entidades y que exigirían otra actitud de parte de los gobernantes.
Y que han llevado a ubicar a los alumnos de educación básica, según la prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) administrada por la OCDE, al último lugar de la evaluación de la edición 2006, aunque con alguna mejoría con respecto a los resultados obtenidos en las ediciones previas de la prueba (PISA 2000 y PISA 2003) y que ese mismo estudio, comparado con países que no forman parte de la OCDE, por ser economías emergentes, México aparece en antepenúltimo lugar, sólo por encima de Israel y Argentina.
Más. México se encuentra en el lugar 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.
Y esos son solamente algunos de los índices, que no mejoraron mucho en los siguientes reportes, pero que sí denotan que el control sindical ejerce una indudable influencia, merced a las extensas redes del poder creadas por la cúpula sindical y la connivencia de quienes llamaron a efectuar profundos cambios en la vida política de México.
¿Con la maestra Gordillo dirigiéndolos y empeñándose en alcanzar las mejores alianzas electorales, con quien sea, en 2012?
¡Qué país!
Movilización social, la contención necesaria
El Diario, 15 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
El desastre en materia de seguridad pública es de tal magnitud que la frase utilizada por el Obispo de Saltillo, Raúl Vera, para describirlo va adquiriendo consenso: Emergencia humanitaria.
Ese concepto fue acuñado por el clérigo, en el acto celebrado con motivo del primer mes transcurrido del asesinato de Marisela Escobedo a las puertas de Palacio de Gobierno en Chihuahua, y al parecer no encuentra la respuesta adecuada en el mundo oficial.
La celebración de la Marcha por la Paz, convocada fundamentalmente por el poeta Javier Sicilia no despertó, de ninguna manera, el espíritu autocrítico en la actual administración federal pues las respuestas y actitudes del vocero del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, no abonan al establecimiento de un diálogo fructífero.
Quizá debamos esperar hasta la firma del Pacto Social, al que convocaron al concluir el acto del domingo anterior en el Zócalo de la Cd. de México, que se realizará –por lo menos hasta el momento de escribir estas líneas esas son las prevenciones- el próximo 10 de junio en Juárez, para apreciar si la actual movilización social alcanzará una mayor organicidad y más perdurabilidad, que tan necesaria es dada la debilidad de la estructuración social, particularmente en las entidades y ciudades con mayores problemas de delincuencia.
Pero aún y si sucediera lo mismo con esta movilización, al igual que lo sucedido con movilizaciones o manifestaciones del mismo o parecido corte, lo alcanzado por las acciones de los últimos días sí abona en el sentido que muchos creemos es la ruta adecuada y que sus resultados pueden parecer intangibles en el corto o mediano plazo pero que, sin especular, sí habrá servido para acometer una tarea no menor: Contener de alguna manera la incidencia criminal y la pasividad, la falta de inteligencia de las fuerzas del orden y la violación de la legalidad por parte de estas últimas.
Días atrás se celebró una reunión de una parte de la plantilla de periodistas y colaboradores externos de El Diario, edición Juárez, en ella, Gustavo de la Rosa, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una reflexión, luego seguida por varios de los asistentes, todos comprometidos hasta el tuétano en la tarea de informar, e informar bien a los juarenses –y mediante las nuevas herramientas a todo el mundo- acerca de la hecatombe humana sufrida por los juarenses en los últimos tres años, la misma que clasifica como ninguna en el término acuñado por Raúl Vera.
De la Rosa reflexionaba en el trascendente papel jugado por los medios de comunicación, particularmente El Diario, en este desastre humanitario, al poner al alcance de la mano de la sociedad la información de la masacre, el contexto de la misma, las reacciones de las autoridades, de los juarenses y las reflexiones de muchos de los integrantes de esta sociedad. Tal esfuerzo, sostenía, ha permitido contener en alguna medida la acción de los criminales y ha evitado la comisión de delitos relacionados con los derechos humanos (entendidos estos delitos como los cometidos por las autoridades, en perjuicio de los ciudadanos, independientemente de su calidad jurídica).
Si tal opinión tuviere sustento querría decir que los esfuerzos por informar sí tienen razón de ser y que, por tanto, los riesgos de tal oficio se acrecientan en la misma medida y hacen más encomiable la labor de quienes hacen posible la aparición diaria de este periódico –con todas sus diversas formas y presentaciones-.
Siguiendo esta línea de pensamiento, quiere decir que la movilización social, del rango que fuese, juega un importantísimo papel, muy semejante al desempeñado por los medios de comunicación, y es el de la más fuerte capacidad de contención a la delincuencia; y a las autoridades y sus fallidas estrategias, en las que, con mucha mayor frecuencia de la esperada, sus grupos policíacos cometen infinidad de desmanes –y para muestra, basta un botón, ahí tienen a polifederales balaceando un autobús de transporte urbano en Juárez-, factores, todos ellos, que inciden gravemente en la destrucción el tejido social, por lo menos el existente hasta antes de la actual oleada delictiva que amenaza con arrasar toda la estructura social, política y económica que habíamos poseído.
Y por desgracia, no es un nuevo orden social progresivo, al contrario, el reforzamiento de los peores rasgos de la sociedad –en lo colectivo e individualmente- es la tendencia predominante, en la que las autoridades son de las que más abonan. Cuando creíamos perdida la capacidad de asombro ante la mayor crueldad desplegada en los asesinatos, aparece un nuevo episodio que concita mayor repudio. Quienes lo aportan ahora, por lo menos hasta la entrega de la presente colaboración, son las autoridades prejudiciales de Durango, quienes, para desenterrar los cadáveres –más de 200 hasta el sábado- en varias de las fosas, recurrieron al trascabo con lo cual destrozaron infinidad de ellos, sin el menor respeto a esos restos y a los deudos, que durante meses y meses, muchos de ellos, recurrieron a las instalaciones de las autoridades judiciales para exhortarlos a investigar el paradero de sus familiares.
Es de tal magnitud lo realizado por esas negligentes y salvajes autoridades que será prácticamente imposible identificar a la mayor parte de los cadáveres.
¿Estaremos o no frente a una emergencia humanitaria, y no solo por el salvajismo de los criminales, al que sin duda alguna repudiamos, pero que al contrario de muchos sí nos lo explicamos y exigimos ir al fondo de los problemas que en mucho han contribuido a la situación por la que atravesamos?
Acudir a la reconstrucción del tejido social, como hoy lo dicen la mayoría de los gobernantes, es tarea impostergable, así nos tardemos décadas, pero es el único antídoto en contra, no solamente de la emergencia actual, sino para afrontar una realidad que tercamente se insiste en soslayar: Un porcentaje, bajo, pero real, que ronda el 5% de la población, tiene proclividad a la adicción a las drogas, de cualquier tipo.
¿Cómo enfrentar tal hecho? ¿Cómo hasta ahora, con pistolas, policías y patrullas? ¿O empezamos a modificar la estructura de los presupuestos gubernamentales?
Porque ahora los escuchamos enhebrar apasionados discursos acerca de la “pérdida de valores”, de la crisis de la familia, de la desaparición del tejido social, etc., pero a la hora de elaborar el presupuesto del siguiente año no se toman en cuenta tales expresiones y este es el mejor de los momentos para ello.
Efectivamente, porque es el tiempo en el que los secretarios de todas las dependencias gubernamentales –o sus equipos- ya deben estar elaborando las líneas generales del presupuesto del año 2012.
Ahí es en donde queremos ver reflejados los discursos y que las partidas de cada dependencia deban sufrir una profunda transformación.
Quizá en los términos más concretos, en los aspectos policiales, de las estrategias de inteligencia, la mayoría de los ciudadanos no atinen a señalarle al gobierno cuáles deberían ser las estrategias adecuadas para enfrentar esta situación, pero no podrá hablarse, desde el gobierno, que se están haciendo todos los esfuerzos en ese sentido si no se instrumenta un ambicioso programa de prevención a la adicciones –que incluya profundos cambios en los programas escolares-; un programa estatal de rehabilitación a las adicciones (que no aparece por ningún lado y sí la actitud de soslayar la indudable responsabilidad del Estado en este muy importante aspecto del tráfico de drogas, que, por otra parte, los narcotraficantes sí han ubicado, de ahí las no pocas masacres efectuadas en algunos centros privados de rehabilitación) y, finalmente, la vertebración de profundos programas de carácter social.
Nadie duda que la construcción de carreteras y, en general, de grandes obras, que conlleven no pocas toneladas de cemento, es loable –además, las grandes obras “visten” bien a los gobernantes-, pero ya es tiempo de hacer un alto y revisar la estructura de los presupuestos gubernamentales, sobre todo en esta época y empezar a recanalizar los recursos de manera distinta.
En pocos años podremos contar con enormes obras urbanas y centenares de kilómetros de carreteras, pero ya no serán patrimonio de los ciudadanos, sino de las bandas criminales, merced a que no atendimos a tiempo la urgente necesidad de rehacer el tejido social, y los esfuerzos realizados por segmentos de la sociedad por evitar la catástrofe, resultarán vanos.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
El desastre en materia de seguridad pública es de tal magnitud que la frase utilizada por el Obispo de Saltillo, Raúl Vera, para describirlo va adquiriendo consenso: Emergencia humanitaria.
Ese concepto fue acuñado por el clérigo, en el acto celebrado con motivo del primer mes transcurrido del asesinato de Marisela Escobedo a las puertas de Palacio de Gobierno en Chihuahua, y al parecer no encuentra la respuesta adecuada en el mundo oficial.
La celebración de la Marcha por la Paz, convocada fundamentalmente por el poeta Javier Sicilia no despertó, de ninguna manera, el espíritu autocrítico en la actual administración federal pues las respuestas y actitudes del vocero del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, no abonan al establecimiento de un diálogo fructífero.
Quizá debamos esperar hasta la firma del Pacto Social, al que convocaron al concluir el acto del domingo anterior en el Zócalo de la Cd. de México, que se realizará –por lo menos hasta el momento de escribir estas líneas esas son las prevenciones- el próximo 10 de junio en Juárez, para apreciar si la actual movilización social alcanzará una mayor organicidad y más perdurabilidad, que tan necesaria es dada la debilidad de la estructuración social, particularmente en las entidades y ciudades con mayores problemas de delincuencia.
Pero aún y si sucediera lo mismo con esta movilización, al igual que lo sucedido con movilizaciones o manifestaciones del mismo o parecido corte, lo alcanzado por las acciones de los últimos días sí abona en el sentido que muchos creemos es la ruta adecuada y que sus resultados pueden parecer intangibles en el corto o mediano plazo pero que, sin especular, sí habrá servido para acometer una tarea no menor: Contener de alguna manera la incidencia criminal y la pasividad, la falta de inteligencia de las fuerzas del orden y la violación de la legalidad por parte de estas últimas.
Días atrás se celebró una reunión de una parte de la plantilla de periodistas y colaboradores externos de El Diario, edición Juárez, en ella, Gustavo de la Rosa, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una reflexión, luego seguida por varios de los asistentes, todos comprometidos hasta el tuétano en la tarea de informar, e informar bien a los juarenses –y mediante las nuevas herramientas a todo el mundo- acerca de la hecatombe humana sufrida por los juarenses en los últimos tres años, la misma que clasifica como ninguna en el término acuñado por Raúl Vera.
De la Rosa reflexionaba en el trascendente papel jugado por los medios de comunicación, particularmente El Diario, en este desastre humanitario, al poner al alcance de la mano de la sociedad la información de la masacre, el contexto de la misma, las reacciones de las autoridades, de los juarenses y las reflexiones de muchos de los integrantes de esta sociedad. Tal esfuerzo, sostenía, ha permitido contener en alguna medida la acción de los criminales y ha evitado la comisión de delitos relacionados con los derechos humanos (entendidos estos delitos como los cometidos por las autoridades, en perjuicio de los ciudadanos, independientemente de su calidad jurídica).
Si tal opinión tuviere sustento querría decir que los esfuerzos por informar sí tienen razón de ser y que, por tanto, los riesgos de tal oficio se acrecientan en la misma medida y hacen más encomiable la labor de quienes hacen posible la aparición diaria de este periódico –con todas sus diversas formas y presentaciones-.
Siguiendo esta línea de pensamiento, quiere decir que la movilización social, del rango que fuese, juega un importantísimo papel, muy semejante al desempeñado por los medios de comunicación, y es el de la más fuerte capacidad de contención a la delincuencia; y a las autoridades y sus fallidas estrategias, en las que, con mucha mayor frecuencia de la esperada, sus grupos policíacos cometen infinidad de desmanes –y para muestra, basta un botón, ahí tienen a polifederales balaceando un autobús de transporte urbano en Juárez-, factores, todos ellos, que inciden gravemente en la destrucción el tejido social, por lo menos el existente hasta antes de la actual oleada delictiva que amenaza con arrasar toda la estructura social, política y económica que habíamos poseído.
Y por desgracia, no es un nuevo orden social progresivo, al contrario, el reforzamiento de los peores rasgos de la sociedad –en lo colectivo e individualmente- es la tendencia predominante, en la que las autoridades son de las que más abonan. Cuando creíamos perdida la capacidad de asombro ante la mayor crueldad desplegada en los asesinatos, aparece un nuevo episodio que concita mayor repudio. Quienes lo aportan ahora, por lo menos hasta la entrega de la presente colaboración, son las autoridades prejudiciales de Durango, quienes, para desenterrar los cadáveres –más de 200 hasta el sábado- en varias de las fosas, recurrieron al trascabo con lo cual destrozaron infinidad de ellos, sin el menor respeto a esos restos y a los deudos, que durante meses y meses, muchos de ellos, recurrieron a las instalaciones de las autoridades judiciales para exhortarlos a investigar el paradero de sus familiares.
Es de tal magnitud lo realizado por esas negligentes y salvajes autoridades que será prácticamente imposible identificar a la mayor parte de los cadáveres.
¿Estaremos o no frente a una emergencia humanitaria, y no solo por el salvajismo de los criminales, al que sin duda alguna repudiamos, pero que al contrario de muchos sí nos lo explicamos y exigimos ir al fondo de los problemas que en mucho han contribuido a la situación por la que atravesamos?
Acudir a la reconstrucción del tejido social, como hoy lo dicen la mayoría de los gobernantes, es tarea impostergable, así nos tardemos décadas, pero es el único antídoto en contra, no solamente de la emergencia actual, sino para afrontar una realidad que tercamente se insiste en soslayar: Un porcentaje, bajo, pero real, que ronda el 5% de la población, tiene proclividad a la adicción a las drogas, de cualquier tipo.
¿Cómo enfrentar tal hecho? ¿Cómo hasta ahora, con pistolas, policías y patrullas? ¿O empezamos a modificar la estructura de los presupuestos gubernamentales?
Porque ahora los escuchamos enhebrar apasionados discursos acerca de la “pérdida de valores”, de la crisis de la familia, de la desaparición del tejido social, etc., pero a la hora de elaborar el presupuesto del siguiente año no se toman en cuenta tales expresiones y este es el mejor de los momentos para ello.
Efectivamente, porque es el tiempo en el que los secretarios de todas las dependencias gubernamentales –o sus equipos- ya deben estar elaborando las líneas generales del presupuesto del año 2012.
Ahí es en donde queremos ver reflejados los discursos y que las partidas de cada dependencia deban sufrir una profunda transformación.
Quizá en los términos más concretos, en los aspectos policiales, de las estrategias de inteligencia, la mayoría de los ciudadanos no atinen a señalarle al gobierno cuáles deberían ser las estrategias adecuadas para enfrentar esta situación, pero no podrá hablarse, desde el gobierno, que se están haciendo todos los esfuerzos en ese sentido si no se instrumenta un ambicioso programa de prevención a la adicciones –que incluya profundos cambios en los programas escolares-; un programa estatal de rehabilitación a las adicciones (que no aparece por ningún lado y sí la actitud de soslayar la indudable responsabilidad del Estado en este muy importante aspecto del tráfico de drogas, que, por otra parte, los narcotraficantes sí han ubicado, de ahí las no pocas masacres efectuadas en algunos centros privados de rehabilitación) y, finalmente, la vertebración de profundos programas de carácter social.
Nadie duda que la construcción de carreteras y, en general, de grandes obras, que conlleven no pocas toneladas de cemento, es loable –además, las grandes obras “visten” bien a los gobernantes-, pero ya es tiempo de hacer un alto y revisar la estructura de los presupuestos gubernamentales, sobre todo en esta época y empezar a recanalizar los recursos de manera distinta.
En pocos años podremos contar con enormes obras urbanas y centenares de kilómetros de carreteras, pero ya no serán patrimonio de los ciudadanos, sino de las bandas criminales, merced a que no atendimos a tiempo la urgente necesidad de rehacer el tejido social, y los esfuerzos realizados por segmentos de la sociedad por evitar la catástrofe, resultarán vanos.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
viernes, 13 de mayo de 2011
Medidas necesarias… para ayer
El Diario, 12 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
El anuncio efectuado por el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, en el sentido que no renovarán, hasta en un 30 por ciento la cantidad de permisos para venta de bebidas alcohólicas, y el cierre de todos los expendios situados cerca de escuelas o centros religiosos va en el sentido que muchos quisiéramos hace tiempo. Probablemente muchos dirán que ante medidas como esas crecerá la venta clandestina, y es probable que les asista la razón, pero tal mecanismo de venta no igualará, ni de lejos, la indiscriminada compra de bebidas alcohólicas, ni la evidente opacidad en el manejo de los permisos de tales artículos.
También se dirá que las medidas coercitivas, o restrictivas, para la adquisición de drogas o sustancias finalmente adictivas en alguna de sus modalidades, va en sentido contrario de lo deseado, pero siempre será necesario imponer un orden en la venta de estas mercancías. De ahí la congratulación con tal anuncio, al que deberá acompañarlo un conjunto de medidas esperables para que un problema de salud pública –el alcoholismo– sea tratado de manera global, así como se desea se haga con el resto de las drogas adictivas.
Ni debemos detenernos tanto en las indeseadas y cuantiosas consecuencias del consumo de alcohol, tanto en el ámbito de la seguridad pública, como de la vialidad y la salud pública los daños a la sociedad –y a los individuos y familias en particular– son crecientes, de ahí que mejorar la regulación de su venta siempre será positivo.
Los problemas aparecen en el momento de que tales medidas no van acompañadas de las muy necesarias campañas publicitarias y programas educativos que llamen al no consumo indiscriminado y al buen uso de las bebidas alcohólicas, al que tantas voces autorizadas catalogan como parte de la herencia cultural y gastronómica de prácticamente todas las culturas en el mundo.
Pero hay de tradiciones a tradiciones. En la antigua Rusia Soviética el consumo de vodka adquirió niveles de verdadero escándalo, a grado tal que independientemente de la hora, las familias consideraban como parte de los gestos de hospitalidad recibir a sus visitantes con un inmenso vaso de vodka el cual indefectiblemente debería de consumirse en un instante.
Por supuesto que los índices de alcoholismo eran gigantescos. Casi al término de aquel régimen se dictaron normas más estrictas para la producción, la venta y el consumo y los efectos fueron casi inmediatos. El ahorro de recursos públicos para la atención a la salud y las enfermedades derivadas de esa enfermedad fueron cuantiosos.
Igual puede suceder en nuestro entorno, con un añadido extremadamente positivo, impedir que la edad de inicio del consumo de drogas siga disminuyendo como hasta ahora ha ocurrido en nuestra entidad, y de ese proceso forma parte esencial el consumo de alcohol en cualquiera de sus modalidades.
Pero una medida de tal envergadura deberá abarcar necesariamente la consiguiente transparencia. No basta con hacer los señalamientos de lo efectuado por las autoridades precedentes, es necesario que el otorgamiento de esos permisos, la renovación y la cancelación de ellos, con los nombres de sus propietarios sea del conocimiento público y que, tal y como lo señalaron, en la exposición de motivos, los autores de la iniciativa para crear la ley de Transparencia en el Estado de Chihuahua, deberá formar parte de la información que cualquier persona pueda acceder.
Con ello se aireará, no solamente la disminución de los puntos de venta, sino que se transparentará un aspecto del quehacer gubernamental, que ha sido fuente inagotable del otorgamiento de favores a quienes acompañaron a los gobernantes en sus respectivas campañas electorales y será un mecanismo para impedir que las empresas cerveceras impongan sus tiempos, ritmos y modos al quehacer público en nuestra entidad.
Si así se hiciese, entonces las medidas serían más aplaudidas y merecerían reconocimientos más extendidos.
Luis Javier Valero Flores
El anuncio efectuado por el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, en el sentido que no renovarán, hasta en un 30 por ciento la cantidad de permisos para venta de bebidas alcohólicas, y el cierre de todos los expendios situados cerca de escuelas o centros religiosos va en el sentido que muchos quisiéramos hace tiempo. Probablemente muchos dirán que ante medidas como esas crecerá la venta clandestina, y es probable que les asista la razón, pero tal mecanismo de venta no igualará, ni de lejos, la indiscriminada compra de bebidas alcohólicas, ni la evidente opacidad en el manejo de los permisos de tales artículos.
También se dirá que las medidas coercitivas, o restrictivas, para la adquisición de drogas o sustancias finalmente adictivas en alguna de sus modalidades, va en sentido contrario de lo deseado, pero siempre será necesario imponer un orden en la venta de estas mercancías. De ahí la congratulación con tal anuncio, al que deberá acompañarlo un conjunto de medidas esperables para que un problema de salud pública –el alcoholismo– sea tratado de manera global, así como se desea se haga con el resto de las drogas adictivas.
Ni debemos detenernos tanto en las indeseadas y cuantiosas consecuencias del consumo de alcohol, tanto en el ámbito de la seguridad pública, como de la vialidad y la salud pública los daños a la sociedad –y a los individuos y familias en particular– son crecientes, de ahí que mejorar la regulación de su venta siempre será positivo.
Los problemas aparecen en el momento de que tales medidas no van acompañadas de las muy necesarias campañas publicitarias y programas educativos que llamen al no consumo indiscriminado y al buen uso de las bebidas alcohólicas, al que tantas voces autorizadas catalogan como parte de la herencia cultural y gastronómica de prácticamente todas las culturas en el mundo.
Pero hay de tradiciones a tradiciones. En la antigua Rusia Soviética el consumo de vodka adquirió niveles de verdadero escándalo, a grado tal que independientemente de la hora, las familias consideraban como parte de los gestos de hospitalidad recibir a sus visitantes con un inmenso vaso de vodka el cual indefectiblemente debería de consumirse en un instante.
Por supuesto que los índices de alcoholismo eran gigantescos. Casi al término de aquel régimen se dictaron normas más estrictas para la producción, la venta y el consumo y los efectos fueron casi inmediatos. El ahorro de recursos públicos para la atención a la salud y las enfermedades derivadas de esa enfermedad fueron cuantiosos.
Igual puede suceder en nuestro entorno, con un añadido extremadamente positivo, impedir que la edad de inicio del consumo de drogas siga disminuyendo como hasta ahora ha ocurrido en nuestra entidad, y de ese proceso forma parte esencial el consumo de alcohol en cualquiera de sus modalidades.
Pero una medida de tal envergadura deberá abarcar necesariamente la consiguiente transparencia. No basta con hacer los señalamientos de lo efectuado por las autoridades precedentes, es necesario que el otorgamiento de esos permisos, la renovación y la cancelación de ellos, con los nombres de sus propietarios sea del conocimiento público y que, tal y como lo señalaron, en la exposición de motivos, los autores de la iniciativa para crear la ley de Transparencia en el Estado de Chihuahua, deberá formar parte de la información que cualquier persona pueda acceder.
Con ello se aireará, no solamente la disminución de los puntos de venta, sino que se transparentará un aspecto del quehacer gubernamental, que ha sido fuente inagotable del otorgamiento de favores a quienes acompañaron a los gobernantes en sus respectivas campañas electorales y será un mecanismo para impedir que las empresas cerveceras impongan sus tiempos, ritmos y modos al quehacer público en nuestra entidad.
Si así se hiciese, entonces las medidas serían más aplaudidas y merecerían reconocimientos más extendidos.
martes, 10 de mayo de 2011
Razones y propuestas
El Diario, 10 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Felipe Calderón se declaró dispuesto a escuchar “razones y propuestas” de los organizadores de la marcha celebrada el domingo anterior -Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad-, encabezada por el poeta Javier Sicilia y en la que participó destacadamente el chihuahuense Julián LeBaron y a que escuchen las acciones y la estrategia desarrollada por el gobierno federal en el combate al narcotráfico.
Pero una de las demandas concretas expresada por los manifestantes fue la inmediata renuncia del Secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), Genaro García Luna, sin duda alguna el más polémico de los funcionarios calderonistas y sobre el que recaen serias, muy serias denuncias públicas –en particular la planteada por la periodista Anabel Hernández en su libro “Los señores del narco”- y el permanente y creciente señalamiento de que su dependencia y los agrupamientos policiacos bajo sus órdenes, amén de varios de sus más cercanos colaboradores, son el vivo reflejo de la ineficacia y del involucramiento, de muchos de sus integrantes y mandos superiores.
¿Escuchará Calderón el reclamo de cientos de personas acerca de las graves irregularidades en las que constantemente aparecen los miembros de la Policía Federal y de la SSPF y dará de baja a uno de sus más cercanos colaboradores, sostenido contra viento y marea, incluso en contra de la opinión de una buena parte de la élite militar?
El 10 de junio, según anunció Javier Sicilia, se realizará en Juárez -el rostro más visible de la destrucción nacional, dijo- la firma de un nuevo pacto, que fuera leído en el acto realizado en el Zócalo de la Cd. de México por Olga Reyes, integrante de la familia Reyes Salazar que perdió a seis de sus integrantes en esta ola demencial.
En tal fecha, y seguramente desde antes, se pondrá a discusión la actuación y la estrategia de la Policía Federal, no su participación. De ella, en sentido contrario al que quisiéramos dan cuenta, casi diariamente, diversos hechos en todas las latitudes nacionales, pero que adquieren tonos de escándalo las presentadas en Juárez, especialmente en su relación con el alcalde Héctor Murguía.
Se sabe del protagonismo del presidente municipal, pero de ahí a sostener que fue el responsable del más reciente incidente con elementos de la PF hay mucho trecho. Con este es el tercero y en los cuales, por desgracia, el balance ya es mortal.
La actitud de los elementos policiacos federales es de verdadera soberbia y altanería. Independientemente de quien ocupe el lugar de presidente municipal, en cualquiera de los municipios del país, debe recibir de los policías el mejor de los tratos, vamos debiera recibirlo cualquier ciudadano que entrara en contacto con estos policías, pero no es así, la conducta policíaca pareciera la propia de las tropas de ocupación de cualquier potencia extranjera.
En lugar de disculparse ante Murguía por lo que fue a todas luces un exceso de autoridad, los mandos policiacos presentes en el momento se comportaron con prepotencia denotando así su escasa preparación policiaca, la misma que los muestra incapaces de comprender el fenómeno al que están –estamos- enfrentados: Sus enemigos no son los ciudadanos comunes y corrientes sino los delincuentes y, además, la enorme mayoría de estos optaron por la carrera delictiva, si es que en algún momento tuvieron esa oportunidad, la de optar, por la enorme carencia de oportunidades ofrecidas por el país, el régimen político establecido, es decir, por la sociedad en la que nacieron y esa forma de pensar, esa conceptualización del problema por el que pasamos no parece formar parte de la estructura mental de Genaro García Luna.
Pero, no importa, apostémosle al inveterado optimismo de siempre y que Sicilia bien reflejó en su poético discurso del domingo en el Zócalo: “… todavía creo que es posible que toquemos el corazón y ese pequeño gramo de bondad que hay en políticos, militares, policías e inclusive en delincuentes, para que entiendan que no queremos que el país siga como va...
(Porque)… este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades”.
Luis Javier Valero Flores
Felipe Calderón se declaró dispuesto a escuchar “razones y propuestas” de los organizadores de la marcha celebrada el domingo anterior -Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad-, encabezada por el poeta Javier Sicilia y en la que participó destacadamente el chihuahuense Julián LeBaron y a que escuchen las acciones y la estrategia desarrollada por el gobierno federal en el combate al narcotráfico.
Pero una de las demandas concretas expresada por los manifestantes fue la inmediata renuncia del Secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), Genaro García Luna, sin duda alguna el más polémico de los funcionarios calderonistas y sobre el que recaen serias, muy serias denuncias públicas –en particular la planteada por la periodista Anabel Hernández en su libro “Los señores del narco”- y el permanente y creciente señalamiento de que su dependencia y los agrupamientos policiacos bajo sus órdenes, amén de varios de sus más cercanos colaboradores, son el vivo reflejo de la ineficacia y del involucramiento, de muchos de sus integrantes y mandos superiores.
¿Escuchará Calderón el reclamo de cientos de personas acerca de las graves irregularidades en las que constantemente aparecen los miembros de la Policía Federal y de la SSPF y dará de baja a uno de sus más cercanos colaboradores, sostenido contra viento y marea, incluso en contra de la opinión de una buena parte de la élite militar?
El 10 de junio, según anunció Javier Sicilia, se realizará en Juárez -el rostro más visible de la destrucción nacional, dijo- la firma de un nuevo pacto, que fuera leído en el acto realizado en el Zócalo de la Cd. de México por Olga Reyes, integrante de la familia Reyes Salazar que perdió a seis de sus integrantes en esta ola demencial.
En tal fecha, y seguramente desde antes, se pondrá a discusión la actuación y la estrategia de la Policía Federal, no su participación. De ella, en sentido contrario al que quisiéramos dan cuenta, casi diariamente, diversos hechos en todas las latitudes nacionales, pero que adquieren tonos de escándalo las presentadas en Juárez, especialmente en su relación con el alcalde Héctor Murguía.
Se sabe del protagonismo del presidente municipal, pero de ahí a sostener que fue el responsable del más reciente incidente con elementos de la PF hay mucho trecho. Con este es el tercero y en los cuales, por desgracia, el balance ya es mortal.
La actitud de los elementos policiacos federales es de verdadera soberbia y altanería. Independientemente de quien ocupe el lugar de presidente municipal, en cualquiera de los municipios del país, debe recibir de los policías el mejor de los tratos, vamos debiera recibirlo cualquier ciudadano que entrara en contacto con estos policías, pero no es así, la conducta policíaca pareciera la propia de las tropas de ocupación de cualquier potencia extranjera.
En lugar de disculparse ante Murguía por lo que fue a todas luces un exceso de autoridad, los mandos policiacos presentes en el momento se comportaron con prepotencia denotando así su escasa preparación policiaca, la misma que los muestra incapaces de comprender el fenómeno al que están –estamos- enfrentados: Sus enemigos no son los ciudadanos comunes y corrientes sino los delincuentes y, además, la enorme mayoría de estos optaron por la carrera delictiva, si es que en algún momento tuvieron esa oportunidad, la de optar, por la enorme carencia de oportunidades ofrecidas por el país, el régimen político establecido, es decir, por la sociedad en la que nacieron y esa forma de pensar, esa conceptualización del problema por el que pasamos no parece formar parte de la estructura mental de Genaro García Luna.
Pero, no importa, apostémosle al inveterado optimismo de siempre y que Sicilia bien reflejó en su poético discurso del domingo en el Zócalo: “… todavía creo que es posible que toquemos el corazón y ese pequeño gramo de bondad que hay en políticos, militares, policías e inclusive en delincuentes, para que entiendan que no queremos que el país siga como va...
(Porque)… este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades”.
domingo, 8 de mayo de 2011
Lucha palaciega
El Diario, 8 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Dicen los de adentro de Palacio que ya se apagaron los fuegos desatados en los últimos días con motivo de las declaraciones realizadas por el gobernador del Estado, César Duarte y el fiscal general, Carlos Manuel Salas, en las que efectuaron una de las más serias y severas críticas a la anterior administración estatal, y especialmente a quien la encabezara, José Reyes Baeza.
Podrá ser cierta la versión que incluso puede constatarse por el giro tomado en sus declaraciones por el actual mandatario estatal, pero de que se lanzaron en un escenario por demás proclive a la sospecha de un enfrentamiento entre Reyes Baeza y César Duarte por razones que solamente podemos intuir, ni duda cabe.
Duchos en la construcción y envío de mensajes políticos, los priístas –y en general los habitantes del estado– han estado recibiéndolos a carretadas. Desde la campaña electoral, el discurso de Duarte (que no se salía de la ortodoxia priísta) insistió en la crítica a algunos de los ejes del gobierno de Reyes Baeza, en particular a la procuración y aplicación de justicia. Pero no era nada nuevo, incluso se tomaba como natural que el aspirante a la gubernatura realizara críticas de ese talante.
Vamos, hasta las duras críticas del discurso de la toma de protesta, en el que la nota relevante lo constituyó la severísima frase de que “el poder se hizo para poder y no para no poder”, podría aceptarse como parte del mismo ritual de la entrega del poder a uno y otro miembro de la élite priísta que poco entiende la mayoría de la población.
Sin embargo, en el fondo, como siempre, está la sempiterna lucha por el poder y los mensajes enviados desde las alturas de Palacio de Gobierno, con las constantes invitaciones a otro de los ex gobernadores, Patricio Martínez, dan sustento a la percepción de que en el aire está la disputa por los escaños senatoriales –y quizá algo más, dadas las altas probabilidades de que el PRI gane la presidencia de la república–, disputa que se ha recrudecido por las más severas críticas de Martínez a Baeza Terrazas que, incluso, es quien primero expresó, en términos muy semejantes, la más ácida frase de Duarte en contra de la administración del deliciense, cuando dijo haber recibido el estado “en las peores condiciones de su historia”, particularmente en materia de seguridad pública.
Sin embargo, ante las críticas de Martínez, quien afirmó que Chihuahua enfrentaba una situación económica “delicada” debido a que la anterior administración dejó a Chihuahua “terriblemente endeudada”, Duarte Jáquez rechazó tales afirmaciones al aseverar que los pasivos no le quitan margen de operación financiera al gobierno estatal.
Hoy esas frases forman parte del pasado.
César Duarte afirmó que recibió el estado “en las peores condiciones de su historia”, sobre todo en lo referente a seguridad pública, al deslindar seriamente su administración de la anterior y resaltar que “durante su gestión no ha quedado ni un solo secuestro sin esclarecer” y afirmar que se había disminuido la incidencia de homicidios en Juárez, “en un 70%, según cifras que le dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Federal”.
No es lo único, afirmó que tal disminución abarca a los municipios de Chihuahua, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Parral y que ahora “hay pleno control de todas las carreteras, de las regiones”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 4/V/11).
Contra tales declaraciones, y probablemente Duarte tenga razón en que el monto de la deuda no afecta la operación financiera de la administración estatal, aunque por doquier circula la versión que padece de serios problemas económicos (por muchas razones, por la desaparición del pago de tenencia, por la disminución de la recaudación y de las participaciones federales, etc.), se alza la terca realidad. El gobierno de Chihuahua arrastra una deuda de casi 13 mil millones de pesos, constituida por los 4.7 mil millones de pesos de deuda directa hasta enero del presente año, los 3 mil millones de pesos aprobados por el Congreso del Estado para este y los 5 mil millones de la deuda bursátil generada por los bonos carreteros. (Datos tomados de la nota de Alejandro Salmón, El Diario, 25/II/11).
Pero antes, y no mucho, el 20 de abril, al abordar el tema de las clínicas inauguradas el sexenio anterior, el gobernador César Duarte afirmó: “No podemos inaugurar algo que sólo sea un anuncio y mucho menos un esquema que nos refleje algo que no funciona”, al ser cuestionado sobre las más de 30 clínicas que la anterior administración estatal heredó sin equipo y sin recurso humano a la actual, lo que genera un monto inerte de más de 270 millones de pesos.
De ahí que no se crea que sean puras coincidencias las existentes entre tales declaraciones y las efectuadas por el Fiscal General, Carlos Manuel Salas, quien afirmó que “no comprendo cómo estaban operando anteriormente, cuando el 40 por ciento del personal de la Subprocuraduría de la Zona Norte no podía salir a las calles, y solamente checaba”.
No fue lo único, ni lo más serio, declaró, en una severa crítica, que “…la discrecionalidad no da buenos resultados”.
A esas declaraciones les siguió el anuncio del mismísimo gobernador (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario, 6/V/11) de que la Fiscalía General del Estado investigaría la comisión de anomalías cometidas durante la pasada administración, pero en ese ámbito, es decir, el de la procuración de justicia, pues dijo que “jamás habíamos tenido una condición tan deplorable en cuanto al tema de seguridad”.
Podrán, en el curso de la próxima semana, incluso durante la conmemoración de los 100 años de la Toma de Juárez, emitir nuevos mensajes tendientes a mostrar que lo anterior sólo fueron barruntos de tormenta, y que todo está superado, pero subsistirá la percepción que se trata de un episodio, quizá el primero en darse a conocer públicamente acerca de las intenciones, por lo menos de uno de los implicados en esta feria de declaraciones, pues en marzo Reyes Baeza, en una de las escasas apariciones en algún medio de comunicación, expresó que “la senaduría es un tema que vendrá más adelante e inevitablemente tienes que trabajar en la construcción de esa posibilidad, esperando con disciplina, prudencia y lealtad aquellas decisiones que tomarán los líderes de tu partido para ser congruente al proyecto de gobierno que estamos construyendo”. ¿Hay dudas?
Pero como siempre, se mostró reacio a lanzar crítica alguna a su sucesor: “No me toca juzgar, ni calificar, ni diagnosticar lo que está ocurriendo en nuestra entidad. El tiempo pondrá a cada quien en su lugar y el discernimiento de los chihuahuenses señalará cuánto avanzamos durante nuestro mandato”.
Pero la lucha política tiene plazos fatales, como diría Miguel Etzel Maldonado, y a ella se suman todos los actores, incluida, pero por supuesto, la Secretaria General del Comité Estatal del PRI, Adriana Fuentes Téllez, quien no negó que pudiera ser expulsado el ex gobernador, en una más que desafortunada declaración, pletórica de contradicciones.
Como dijo Agustín Carstens, aquí no pasa nada, a propósito de la crisis económica de Estados Unidos, sólo que aquí sí pasa de todo, incluida la más severa crisis de seguridad pública, no obstante las optimistas cifras dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública, en el sentido que disminuyeron ¡70% las ejecuciones en Juárez, pues si las cuentas no nos salen mal, y tomando en cuenta hasta hoy las cometidas en el antiguo Paso del Norte, al final del año, serían muy semejante a las del año 2009 que para nada es para vanagloriarse.
Menos si tomamos en cuenta la nueva ola homicida acaecida en la capital del estado en las últimas semanas que podría llevarnos a casi igualar, en tasa por cada 100 mil habitantes, lo sucedido en Juárez.
Y si a cifras vamos, tómese nota del incremento, por encima de los años anteriores en el mismo lapso, del robo de vehículos en el primer trimestre en Juárez ¡53 diarios, y de ellos 17 a mano armada
De tal modo que, con todo y ser un asunto importante para el relevo de la legislatura federal, la disputa debiera desarrollarse –y la debieran afrontar– de manera muy diferente a las precedentes; lo repetimos aquí, y está en curso una masiva manifestación nacional, el país se les está deshaciendo entre las manos y los políticos continúan con su vieja forma de disputarse el poder.
Luis Javier Valero Flores
Dicen los de adentro de Palacio que ya se apagaron los fuegos desatados en los últimos días con motivo de las declaraciones realizadas por el gobernador del Estado, César Duarte y el fiscal general, Carlos Manuel Salas, en las que efectuaron una de las más serias y severas críticas a la anterior administración estatal, y especialmente a quien la encabezara, José Reyes Baeza.
Podrá ser cierta la versión que incluso puede constatarse por el giro tomado en sus declaraciones por el actual mandatario estatal, pero de que se lanzaron en un escenario por demás proclive a la sospecha de un enfrentamiento entre Reyes Baeza y César Duarte por razones que solamente podemos intuir, ni duda cabe.
Duchos en la construcción y envío de mensajes políticos, los priístas –y en general los habitantes del estado– han estado recibiéndolos a carretadas. Desde la campaña electoral, el discurso de Duarte (que no se salía de la ortodoxia priísta) insistió en la crítica a algunos de los ejes del gobierno de Reyes Baeza, en particular a la procuración y aplicación de justicia. Pero no era nada nuevo, incluso se tomaba como natural que el aspirante a la gubernatura realizara críticas de ese talante.
Vamos, hasta las duras críticas del discurso de la toma de protesta, en el que la nota relevante lo constituyó la severísima frase de que “el poder se hizo para poder y no para no poder”, podría aceptarse como parte del mismo ritual de la entrega del poder a uno y otro miembro de la élite priísta que poco entiende la mayoría de la población.
Sin embargo, en el fondo, como siempre, está la sempiterna lucha por el poder y los mensajes enviados desde las alturas de Palacio de Gobierno, con las constantes invitaciones a otro de los ex gobernadores, Patricio Martínez, dan sustento a la percepción de que en el aire está la disputa por los escaños senatoriales –y quizá algo más, dadas las altas probabilidades de que el PRI gane la presidencia de la república–, disputa que se ha recrudecido por las más severas críticas de Martínez a Baeza Terrazas que, incluso, es quien primero expresó, en términos muy semejantes, la más ácida frase de Duarte en contra de la administración del deliciense, cuando dijo haber recibido el estado “en las peores condiciones de su historia”, particularmente en materia de seguridad pública.
Sin embargo, ante las críticas de Martínez, quien afirmó que Chihuahua enfrentaba una situación económica “delicada” debido a que la anterior administración dejó a Chihuahua “terriblemente endeudada”, Duarte Jáquez rechazó tales afirmaciones al aseverar que los pasivos no le quitan margen de operación financiera al gobierno estatal.
Hoy esas frases forman parte del pasado.
César Duarte afirmó que recibió el estado “en las peores condiciones de su historia”, sobre todo en lo referente a seguridad pública, al deslindar seriamente su administración de la anterior y resaltar que “durante su gestión no ha quedado ni un solo secuestro sin esclarecer” y afirmar que se había disminuido la incidencia de homicidios en Juárez, “en un 70%, según cifras que le dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Federal”.
No es lo único, afirmó que tal disminución abarca a los municipios de Chihuahua, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Parral y que ahora “hay pleno control de todas las carreteras, de las regiones”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 4/V/11).
Contra tales declaraciones, y probablemente Duarte tenga razón en que el monto de la deuda no afecta la operación financiera de la administración estatal, aunque por doquier circula la versión que padece de serios problemas económicos (por muchas razones, por la desaparición del pago de tenencia, por la disminución de la recaudación y de las participaciones federales, etc.), se alza la terca realidad. El gobierno de Chihuahua arrastra una deuda de casi 13 mil millones de pesos, constituida por los 4.7 mil millones de pesos de deuda directa hasta enero del presente año, los 3 mil millones de pesos aprobados por el Congreso del Estado para este y los 5 mil millones de la deuda bursátil generada por los bonos carreteros. (Datos tomados de la nota de Alejandro Salmón, El Diario, 25/II/11).
Pero antes, y no mucho, el 20 de abril, al abordar el tema de las clínicas inauguradas el sexenio anterior, el gobernador César Duarte afirmó: “No podemos inaugurar algo que sólo sea un anuncio y mucho menos un esquema que nos refleje algo que no funciona”, al ser cuestionado sobre las más de 30 clínicas que la anterior administración estatal heredó sin equipo y sin recurso humano a la actual, lo que genera un monto inerte de más de 270 millones de pesos.
De ahí que no se crea que sean puras coincidencias las existentes entre tales declaraciones y las efectuadas por el Fiscal General, Carlos Manuel Salas, quien afirmó que “no comprendo cómo estaban operando anteriormente, cuando el 40 por ciento del personal de la Subprocuraduría de la Zona Norte no podía salir a las calles, y solamente checaba”.
No fue lo único, ni lo más serio, declaró, en una severa crítica, que “…la discrecionalidad no da buenos resultados”.
A esas declaraciones les siguió el anuncio del mismísimo gobernador (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario, 6/V/11) de que la Fiscalía General del Estado investigaría la comisión de anomalías cometidas durante la pasada administración, pero en ese ámbito, es decir, el de la procuración de justicia, pues dijo que “jamás habíamos tenido una condición tan deplorable en cuanto al tema de seguridad”.
Podrán, en el curso de la próxima semana, incluso durante la conmemoración de los 100 años de la Toma de Juárez, emitir nuevos mensajes tendientes a mostrar que lo anterior sólo fueron barruntos de tormenta, y que todo está superado, pero subsistirá la percepción que se trata de un episodio, quizá el primero en darse a conocer públicamente acerca de las intenciones, por lo menos de uno de los implicados en esta feria de declaraciones, pues en marzo Reyes Baeza, en una de las escasas apariciones en algún medio de comunicación, expresó que “la senaduría es un tema que vendrá más adelante e inevitablemente tienes que trabajar en la construcción de esa posibilidad, esperando con disciplina, prudencia y lealtad aquellas decisiones que tomarán los líderes de tu partido para ser congruente al proyecto de gobierno que estamos construyendo”. ¿Hay dudas?
Pero como siempre, se mostró reacio a lanzar crítica alguna a su sucesor: “No me toca juzgar, ni calificar, ni diagnosticar lo que está ocurriendo en nuestra entidad. El tiempo pondrá a cada quien en su lugar y el discernimiento de los chihuahuenses señalará cuánto avanzamos durante nuestro mandato”.
Pero la lucha política tiene plazos fatales, como diría Miguel Etzel Maldonado, y a ella se suman todos los actores, incluida, pero por supuesto, la Secretaria General del Comité Estatal del PRI, Adriana Fuentes Téllez, quien no negó que pudiera ser expulsado el ex gobernador, en una más que desafortunada declaración, pletórica de contradicciones.
Como dijo Agustín Carstens, aquí no pasa nada, a propósito de la crisis económica de Estados Unidos, sólo que aquí sí pasa de todo, incluida la más severa crisis de seguridad pública, no obstante las optimistas cifras dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública, en el sentido que disminuyeron ¡70% las ejecuciones en Juárez, pues si las cuentas no nos salen mal, y tomando en cuenta hasta hoy las cometidas en el antiguo Paso del Norte, al final del año, serían muy semejante a las del año 2009 que para nada es para vanagloriarse.
Menos si tomamos en cuenta la nueva ola homicida acaecida en la capital del estado en las últimas semanas que podría llevarnos a casi igualar, en tasa por cada 100 mil habitantes, lo sucedido en Juárez.
Y si a cifras vamos, tómese nota del incremento, por encima de los años anteriores en el mismo lapso, del robo de vehículos en el primer trimestre en Juárez ¡53 diarios, y de ellos 17 a mano armada
De tal modo que, con todo y ser un asunto importante para el relevo de la legislatura federal, la disputa debiera desarrollarse –y la debieran afrontar– de manera muy diferente a las precedentes; lo repetimos aquí, y está en curso una masiva manifestación nacional, el país se les está deshaciendo entre las manos y los políticos continúan con su vieja forma de disputarse el poder.
Luis K’ Fong
El Diario, 5 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
El martes murió en la ciudad de Chihuahua, el militante socialista Luis Carlos Fong Fierro, que por decisión propia adoptó la K de su nombre, que en la parte final de su vida le diera identidad a una de las manifestaciones más perseverantes en contra de la violencia en nuestra entidad: Las kaminatas contra la muerte; la más reciente de las cuales encabezara ayer miércoles, su cuerpo, en una más que sui generis expresión de repudio de un sector de la población a la tragedia por la que transitamos los chihuahuenses.
Militante desde joven en una de las corrientes de la izquierda socialista, la del trotskismo, Luis K’ Fong, al paso de los años se convirtió en uno de los escasos referentes de esa izquierda que reivindicaba la posibilidad –el derecho y la obligación- de hacer posible la construcción del socialismo en México.
Integrante de la corriente socialista, probablemente más crítica de los países del socialismo “real”, denominación usada para definir a los países socialistas identificados con la línea de la extinta Unión Soviética, jamás se sintió desamparado ideológicamente por la desaparición de los regímenes en los países de Europa Oriental, al contrario, decía que tal fracaso era la viva demostración que ese era el futuro que tendrían, decía, las burocracias enquistadas en los gobiernos de esos países y sus enormes errores en la conceptualización de un gobierno de los trabajadores.
Ese era, en lo general, su marco teórico, del cual, debemos decirlo con todas sus letras, no se despegó un milímetro a lo largo de toda su vida. Hasta el final se declaró militante de la Liga Socialista, agrupación política que sucedió en México a las antiguas organizaciones identificadas con el legado teórico de León Trotsky, el legendario creador del Ejército Rojo en la añorada Revolución de Octubre en la vieja Rusia zarista.
Dueño de un muy ácido estilo para enfrentar cuanta discusión política o ideológica se presentara –y lo llegó a hacer en los más variados escenarios, tanto en Chihuahua como en cualquier lugar del país- entendió que era necesario unir la conceptualización ideológica a la actividad diaria y experimentó las más variadas formas para acercarse con tales discursos a la clase obrera –de ahí sus escritos, artículos periodísticos y sus libros en los que recreó la vida de las trabajadoras de la industria maquiladora, en pleno auge de esta rama industrial-.
A raíz del recrudecimiento de la ola homicida, y a partir de la ejecución de personas –a las que eufemísticamente Felipe Calderón ha llamado “daños colaterales”- al lado de decenas de jóvenes decidió efectuar una marcha semanal, -las kaminatas contra la muerte- que invariablemente iniciaba en el lugar en el que hubiese caído una víctima de la ola de sangre en Chihuahua.
Persistentemente exigió la salida del ejército de la entidad y posteriormente la de la Policía Federal, a la que acusó sistemáticamente de contribuir seriamente a la profundización de la delincuencia e impunidad reinantes. Tales actitudes, asumidas por decenas, y en ocasiones de jóvenes, tanto en Juárez como en Chihuahua, no porque fueran resultado de la imposición de criterios de K Fong, sino, también, deberá decirse claramente, por la determinación de estos jóvenes integrantes de las nuevas corrientes de izquierda chihuahuense y nada identificados con el PRD, partido con el que algunos pudieran tratar de identificar. No es así, en todo caso, forman parte de las nuevas tendencias políticas de izquierda en México, que luchan con determinación ý creatividad por tratar de superar, como sociedad, no sólo el difícil momento por el que atravesamos sino al régimen político que padecemos.
A la formación de tales jóvenes contribuyó como nadie Luis K’ Fong. Se podrá discrepar de sus opiniones, de sus conceptos, de sus métodos de lucha, y que nadie se llame a engañado, todos de carácter pacífico, pero llamando a superar el actual marco legal para cambiarlo por otro, en el que los trabajadores, las clases oprimidas asuman la dirección de la sociedad, pero nadie lo podrá acusar de incongruente, hasta el final lo fue, y en grado sumo. Quienes lo conocimos, supimos de lo ácido de sus argumentos para oponerlos a los nuestros, pero también de su entrega a las causas en las que pensaba.
Por eso se le extrañara en el ámbito de las luchas que la sociedad chihuahuense libra y librará.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
El martes murió en la ciudad de Chihuahua, el militante socialista Luis Carlos Fong Fierro, que por decisión propia adoptó la K de su nombre, que en la parte final de su vida le diera identidad a una de las manifestaciones más perseverantes en contra de la violencia en nuestra entidad: Las kaminatas contra la muerte; la más reciente de las cuales encabezara ayer miércoles, su cuerpo, en una más que sui generis expresión de repudio de un sector de la población a la tragedia por la que transitamos los chihuahuenses.
Militante desde joven en una de las corrientes de la izquierda socialista, la del trotskismo, Luis K’ Fong, al paso de los años se convirtió en uno de los escasos referentes de esa izquierda que reivindicaba la posibilidad –el derecho y la obligación- de hacer posible la construcción del socialismo en México.
Integrante de la corriente socialista, probablemente más crítica de los países del socialismo “real”, denominación usada para definir a los países socialistas identificados con la línea de la extinta Unión Soviética, jamás se sintió desamparado ideológicamente por la desaparición de los regímenes en los países de Europa Oriental, al contrario, decía que tal fracaso era la viva demostración que ese era el futuro que tendrían, decía, las burocracias enquistadas en los gobiernos de esos países y sus enormes errores en la conceptualización de un gobierno de los trabajadores.
Ese era, en lo general, su marco teórico, del cual, debemos decirlo con todas sus letras, no se despegó un milímetro a lo largo de toda su vida. Hasta el final se declaró militante de la Liga Socialista, agrupación política que sucedió en México a las antiguas organizaciones identificadas con el legado teórico de León Trotsky, el legendario creador del Ejército Rojo en la añorada Revolución de Octubre en la vieja Rusia zarista.
Dueño de un muy ácido estilo para enfrentar cuanta discusión política o ideológica se presentara –y lo llegó a hacer en los más variados escenarios, tanto en Chihuahua como en cualquier lugar del país- entendió que era necesario unir la conceptualización ideológica a la actividad diaria y experimentó las más variadas formas para acercarse con tales discursos a la clase obrera –de ahí sus escritos, artículos periodísticos y sus libros en los que recreó la vida de las trabajadoras de la industria maquiladora, en pleno auge de esta rama industrial-.
A raíz del recrudecimiento de la ola homicida, y a partir de la ejecución de personas –a las que eufemísticamente Felipe Calderón ha llamado “daños colaterales”- al lado de decenas de jóvenes decidió efectuar una marcha semanal, -las kaminatas contra la muerte- que invariablemente iniciaba en el lugar en el que hubiese caído una víctima de la ola de sangre en Chihuahua.
Persistentemente exigió la salida del ejército de la entidad y posteriormente la de la Policía Federal, a la que acusó sistemáticamente de contribuir seriamente a la profundización de la delincuencia e impunidad reinantes. Tales actitudes, asumidas por decenas, y en ocasiones de jóvenes, tanto en Juárez como en Chihuahua, no porque fueran resultado de la imposición de criterios de K Fong, sino, también, deberá decirse claramente, por la determinación de estos jóvenes integrantes de las nuevas corrientes de izquierda chihuahuense y nada identificados con el PRD, partido con el que algunos pudieran tratar de identificar. No es así, en todo caso, forman parte de las nuevas tendencias políticas de izquierda en México, que luchan con determinación ý creatividad por tratar de superar, como sociedad, no sólo el difícil momento por el que atravesamos sino al régimen político que padecemos.
A la formación de tales jóvenes contribuyó como nadie Luis K’ Fong. Se podrá discrepar de sus opiniones, de sus conceptos, de sus métodos de lucha, y que nadie se llame a engañado, todos de carácter pacífico, pero llamando a superar el actual marco legal para cambiarlo por otro, en el que los trabajadores, las clases oprimidas asuman la dirección de la sociedad, pero nadie lo podrá acusar de incongruente, hasta el final lo fue, y en grado sumo. Quienes lo conocimos, supimos de lo ácido de sus argumentos para oponerlos a los nuestros, pero también de su entrega a las causas en las que pensaba.
Por eso se le extrañara en el ámbito de las luchas que la sociedad chihuahuense libra y librará.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
miércoles, 4 de mayo de 2011
Industria en auge
El Diario, 3 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Las cifras son pavorosas, ante ellas, muy poco hacen las autoridades responsables y se deja el peso de persecución a las autoridades locales que, frente al tamaño de los auténticos consorcios encargados de tan rentable rubro, parecen inermes.
Las cifras del robo de vehículos en el primer trimestre, tan solo en las dos ciudades mayores chihuahuenses, son de verdadero espanto, además, porque se ha incrementado el porcentaje del robo a mano armada y en el caso de Juárez hay un notorio aumento en el número total pues “en el primer trimestre del año fueron robados 4 mil 800 vehículos, de los cuales mil 585 autos fueron hurtados en la modalidad conocida como ‘carjacking’. En 2010, las estadísticas oficiales detallan que fueron hurtadas 4 mil 127 unidades, de las cuales 662 fueron con violencia, es decir, los ‘carjackings’ denunciados se duplicaron al cabo de 12 meses”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 30/4/11).
Tales cifras arrojan una inquietante realidad: Cada día, 53 propietarios pierden su vehículo a manos de la delincuencia “común”, y de ellos, 17 frente a asaltantes armados, lo que ha motivado el aumento de propietarios asesinados por este motivo al resistirse al asalto, siete víctimas mortales se contabilizan en lo que va del año (Ibídem).
A su vez, en la capital del estado, y contra la tendencia en Juárez, este delito sufrió en el mismo período una notoria disminución, al pasar de 30 a 19 vehículos robados diariamente, pero con la inquietante presencia de 6 robos a mano armada, es decir, tres de cada 10 autos robados lo son de manera violenta en un incremento por demás preocupante. (Nota de José N. Hernández Berrios, El Heraldo de Chihuahua, 1/V/11).
Así, en el primer trimestre del año fueron robados 1,683 vehículos, de los cuales 523 lo fueron a punta de pistola.
De ese modo, tan solo entre Juárez y Chihuahua, los delincuentes “comunes” se robaron 72 vehículos diariamente, y de ellos, 23 violentamente ¿Tantos autos robados son los que necesitan los delincuentes para efectuar otros delitos? Es muy probable que no.
Más aún, para ubicar la magnitud y características del problema al que estamos enfrentados, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que entre 2004 y 2010 el robo de autos creció 74%. (Nota de El Universal, El Diario, 2/05/11).
Problema semejante es el afrontado por los habitantes del resto de la entidad. Tan solo en Parral, para dar otro ejemplo, diariamente se roban dos autos que, vistas las diferencias poblacionales, padece este problema en una proporción menor a la de Juárez y Chihuahua.
Si a la comisión de tales delitos le agregáramos las acaecidas en el resto de la entidad seguramente encontraremos que diariamente los delincuentes le roban a 80 chihuahuenses una parte importante de su patrimonio ¿Será un delito del orden común? ¿O lo es pero cometido por la delincuencia organizada?
Esas cifras, proyectadas al año, arrojarían que cerca de 30 mil vehículos serían robados en la entidad ¿A dónde van a parar?
Seguramente que muchos de ellos son desmantelados para surtir a la “industria” de la venta de autopartes, que otros sirven para la comisión de otros delitos y, con toda seguridad, los modelos más recientes son vendidos como mercancía legal.
¿Quién puede hacer eso? Solamente la delincuencia organizada, la misma que sólo puede florecer por la enorme corrupción gubernamental, y no solamente en las policías, sino también en las autoridades aduanales, tanto para el ingreso de vehículos chuecos como para la “exportación” de tales mercancías, que son embarcadas en enormes buques con destinos tan variados como Sudamérica, Africa y el Asia Central ¿Quién puede hacer eso?
La delincuencia común, no. Por desgracia, nos estamos acercando peligrosamente a una nueva etapa de la delincuencia organizada, en la que ésta adquiere la capacidad de “administrar” la comisión de los demás delitos, los no relacionados directamente con el tráfico de drogas. Llegados a esa etapa ¿Seguirá la misma permisividad oficial? ¿Hasta cuándo, hasta que pierdan absolutamente la gobernabilidad del país?
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Las cifras son pavorosas, ante ellas, muy poco hacen las autoridades responsables y se deja el peso de persecución a las autoridades locales que, frente al tamaño de los auténticos consorcios encargados de tan rentable rubro, parecen inermes.
Las cifras del robo de vehículos en el primer trimestre, tan solo en las dos ciudades mayores chihuahuenses, son de verdadero espanto, además, porque se ha incrementado el porcentaje del robo a mano armada y en el caso de Juárez hay un notorio aumento en el número total pues “en el primer trimestre del año fueron robados 4 mil 800 vehículos, de los cuales mil 585 autos fueron hurtados en la modalidad conocida como ‘carjacking’. En 2010, las estadísticas oficiales detallan que fueron hurtadas 4 mil 127 unidades, de las cuales 662 fueron con violencia, es decir, los ‘carjackings’ denunciados se duplicaron al cabo de 12 meses”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 30/4/11).
Tales cifras arrojan una inquietante realidad: Cada día, 53 propietarios pierden su vehículo a manos de la delincuencia “común”, y de ellos, 17 frente a asaltantes armados, lo que ha motivado el aumento de propietarios asesinados por este motivo al resistirse al asalto, siete víctimas mortales se contabilizan en lo que va del año (Ibídem).
A su vez, en la capital del estado, y contra la tendencia en Juárez, este delito sufrió en el mismo período una notoria disminución, al pasar de 30 a 19 vehículos robados diariamente, pero con la inquietante presencia de 6 robos a mano armada, es decir, tres de cada 10 autos robados lo son de manera violenta en un incremento por demás preocupante. (Nota de José N. Hernández Berrios, El Heraldo de Chihuahua, 1/V/11).
Así, en el primer trimestre del año fueron robados 1,683 vehículos, de los cuales 523 lo fueron a punta de pistola.
De ese modo, tan solo entre Juárez y Chihuahua, los delincuentes “comunes” se robaron 72 vehículos diariamente, y de ellos, 23 violentamente ¿Tantos autos robados son los que necesitan los delincuentes para efectuar otros delitos? Es muy probable que no.
Más aún, para ubicar la magnitud y características del problema al que estamos enfrentados, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que entre 2004 y 2010 el robo de autos creció 74%. (Nota de El Universal, El Diario, 2/05/11).
Problema semejante es el afrontado por los habitantes del resto de la entidad. Tan solo en Parral, para dar otro ejemplo, diariamente se roban dos autos que, vistas las diferencias poblacionales, padece este problema en una proporción menor a la de Juárez y Chihuahua.
Si a la comisión de tales delitos le agregáramos las acaecidas en el resto de la entidad seguramente encontraremos que diariamente los delincuentes le roban a 80 chihuahuenses una parte importante de su patrimonio ¿Será un delito del orden común? ¿O lo es pero cometido por la delincuencia organizada?
Esas cifras, proyectadas al año, arrojarían que cerca de 30 mil vehículos serían robados en la entidad ¿A dónde van a parar?
Seguramente que muchos de ellos son desmantelados para surtir a la “industria” de la venta de autopartes, que otros sirven para la comisión de otros delitos y, con toda seguridad, los modelos más recientes son vendidos como mercancía legal.
¿Quién puede hacer eso? Solamente la delincuencia organizada, la misma que sólo puede florecer por la enorme corrupción gubernamental, y no solamente en las policías, sino también en las autoridades aduanales, tanto para el ingreso de vehículos chuecos como para la “exportación” de tales mercancías, que son embarcadas en enormes buques con destinos tan variados como Sudamérica, Africa y el Asia Central ¿Quién puede hacer eso?
La delincuencia común, no. Por desgracia, nos estamos acercando peligrosamente a una nueva etapa de la delincuencia organizada, en la que ésta adquiere la capacidad de “administrar” la comisión de los demás delitos, los no relacionados directamente con el tráfico de drogas. Llegados a esa etapa ¿Seguirá la misma permisividad oficial? ¿Hasta cuándo, hasta que pierdan absolutamente la gobernabilidad del país?
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
domingo, 1 de mayo de 2011
De santos y príncipes. Laicidad perdida
El Diario, 28 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
Es verdaderamente insultante. Durante los últimos días, la cobertura informativa televisiva sobre la beatificación de Juan Pablo II y la boda del Príncipe Guillermo de Inglaterra es absolutamente grotesca pues se trata de dos acontecimientos importantes para quienes se verán afectados por ellos, y que en todo caso, para el resto de la población mundial, forma parte de la información general, pero que en realidad ilustra los reales intereses del duopolio televisivo, su línea editorial y la falta de respeto para los usuarios de estos medios de comunicación.
De veras ¿A quién le importa en dónde se le declaró el príncipe inglés a la plebeya? ¿O en qué escuela estudió alguien que no tendrá relevancia en la vida pública de Inglaterra, incluso llegando a ocupar el trono?
Pero tales asuntos ocupan la mayor parte de las emisiones televisivas de noticias y son la esencia de una buena cantidad de programas especiales lo que viene a consolidar –o intentar- la creciente tendencia de la clase política a comportarse con las normas de la realeza europea, de ahí sus frecuentes declaraciones acerca de sus “bonitas” familias y el cada vez más frecuente uso, en la propaganda política -y no solo en las campañas electorales- de las imágenes familiares, como prueba de su “excelente” calidad como maridos, padres y funcionarios públicos.
Del mismo modo, con una frecuencia que quita el sueño, a pesar de la tendencia contraria, en materia de creencias religiosas, que muestra el último censo de población, la clase política intenta mostrarse ante la población como los más fervientes y fieles creyentes religiosos aunque, en muchos casos, su conducta como funcionarios públicos deje bastante que desear. Y las evidencias de tal aserto son numerosísimas, baste señalar el número de mexicanos que viven en niveles de pobreza y pobreza extrema, a la que pomposamente ahora denominan pobreza multilateral.
¡Ah, pero son muy amigos de los obispos y arzobispos de la Iglesia Católica y se esfuerzan en mostrarnos que lo son!
Y tal conducta ha rendido no pocos ni intangibles frutos, basta efectuar una revisión a las donaciones de terrenos, efectuadas por gobiernos de todos los niveles, para la construcción de escuelas y colegios particulares en los que violando flagrantemente la ley se imparte educación religiosa, como si tal asunto no formara parte esencial de la iglesia a la que se pertenezca y no de los establecimientos escolares, independientemente de su carácter privado.
Así, la clase política y la alta jerarquía católica se empeñan en difundir, no con los mejores métodos, sus creencias e insisten en imponérselos al resto de la población. Y con esa tendencia –y ¿Por qué no, con esa intolerancia?- los gobiernos panistas han realizado mil malabares en esa dirección, hasta el grado de hincarse ante quien ahora pretenden elevar a la categoría de santo.
Dadas las regulaciones, las tradiciones y el respeto que debiera guardarle a los mexicanos, ahora Felipe Calderón se apresta a acudir a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II ¿En calidad de qué, de presidente de los mexicanos, o de un simple ciudadano, creyente católico? ¿Qué acto oficial del Estado Vaticano se celebrará que deba asistir el primer mandatario de una nación que legalmente mantiene el estatus de laico y que asistirá a un acto estrictamente religioso, por más que se intente, a través de la profusión de imágenes y discursos, hacerlo pasar como uno de los actos trascendentes del mundo en la época actual?
Vamos, ya encarrerados ¿Habrá alguien, de veras, que crea en que tal personaje hizo milagros y poseía la calidad de santo?
Porque si es así, lo necesitamos en México, país que se les está cayendo de las manos a quienes lo gobiernan, así sean priistas, panistas o perredistas –y fundamentalmente los dos primeros quienes han perdido la gobernabilidad de la nación, por más que se enojen ante las críticas y las muestras crecientes del hartazgo de amplias capas populares.
¡Ah, pero poco importa, nuestros políticos van regularmente a misa cada domingo y se reúnen frecuentemente con el obispo a platicar cálidamente y, juntos, irán a la beatificación!
¡Ah, si Benito Juárez viviera!
Luis Javier Valero Flores
Es verdaderamente insultante. Durante los últimos días, la cobertura informativa televisiva sobre la beatificación de Juan Pablo II y la boda del Príncipe Guillermo de Inglaterra es absolutamente grotesca pues se trata de dos acontecimientos importantes para quienes se verán afectados por ellos, y que en todo caso, para el resto de la población mundial, forma parte de la información general, pero que en realidad ilustra los reales intereses del duopolio televisivo, su línea editorial y la falta de respeto para los usuarios de estos medios de comunicación.
De veras ¿A quién le importa en dónde se le declaró el príncipe inglés a la plebeya? ¿O en qué escuela estudió alguien que no tendrá relevancia en la vida pública de Inglaterra, incluso llegando a ocupar el trono?
Pero tales asuntos ocupan la mayor parte de las emisiones televisivas de noticias y son la esencia de una buena cantidad de programas especiales lo que viene a consolidar –o intentar- la creciente tendencia de la clase política a comportarse con las normas de la realeza europea, de ahí sus frecuentes declaraciones acerca de sus “bonitas” familias y el cada vez más frecuente uso, en la propaganda política -y no solo en las campañas electorales- de las imágenes familiares, como prueba de su “excelente” calidad como maridos, padres y funcionarios públicos.
Del mismo modo, con una frecuencia que quita el sueño, a pesar de la tendencia contraria, en materia de creencias religiosas, que muestra el último censo de población, la clase política intenta mostrarse ante la población como los más fervientes y fieles creyentes religiosos aunque, en muchos casos, su conducta como funcionarios públicos deje bastante que desear. Y las evidencias de tal aserto son numerosísimas, baste señalar el número de mexicanos que viven en niveles de pobreza y pobreza extrema, a la que pomposamente ahora denominan pobreza multilateral.
¡Ah, pero son muy amigos de los obispos y arzobispos de la Iglesia Católica y se esfuerzan en mostrarnos que lo son!
Y tal conducta ha rendido no pocos ni intangibles frutos, basta efectuar una revisión a las donaciones de terrenos, efectuadas por gobiernos de todos los niveles, para la construcción de escuelas y colegios particulares en los que violando flagrantemente la ley se imparte educación religiosa, como si tal asunto no formara parte esencial de la iglesia a la que se pertenezca y no de los establecimientos escolares, independientemente de su carácter privado.
Así, la clase política y la alta jerarquía católica se empeñan en difundir, no con los mejores métodos, sus creencias e insisten en imponérselos al resto de la población. Y con esa tendencia –y ¿Por qué no, con esa intolerancia?- los gobiernos panistas han realizado mil malabares en esa dirección, hasta el grado de hincarse ante quien ahora pretenden elevar a la categoría de santo.
Dadas las regulaciones, las tradiciones y el respeto que debiera guardarle a los mexicanos, ahora Felipe Calderón se apresta a acudir a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II ¿En calidad de qué, de presidente de los mexicanos, o de un simple ciudadano, creyente católico? ¿Qué acto oficial del Estado Vaticano se celebrará que deba asistir el primer mandatario de una nación que legalmente mantiene el estatus de laico y que asistirá a un acto estrictamente religioso, por más que se intente, a través de la profusión de imágenes y discursos, hacerlo pasar como uno de los actos trascendentes del mundo en la época actual?
Vamos, ya encarrerados ¿Habrá alguien, de veras, que crea en que tal personaje hizo milagros y poseía la calidad de santo?
Porque si es así, lo necesitamos en México, país que se les está cayendo de las manos a quienes lo gobiernan, así sean priistas, panistas o perredistas –y fundamentalmente los dos primeros quienes han perdido la gobernabilidad de la nación, por más que se enojen ante las críticas y las muestras crecientes del hartazgo de amplias capas populares.
¡Ah, pero poco importa, nuestros políticos van regularmente a misa cada domingo y se reúnen frecuentemente con el obispo a platicar cálidamente y, juntos, irán a la beatificación!
¡Ah, si Benito Juárez viviera!
La terquedad como norma de gobierno
El Diario, 17 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
Estremecen las frases de Javier Sicilia, -el poeta, periodista y escritor que a raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco ha encabezado una masiva movilización en contra de la actual estrategia del gobierno federal en contra del narcotráfico, y de los criminales-; más sorprende la terquedad de Felipe Calderón en mantenerla, aún a costa de la contundente evidencia del fracaso y del creciente rechazo a la misma, así como de las cada vez más numerosas denuncias acerca de las violaciones a los derechos humanos (que es bueno resaltar, de ese modo se les denomina a las agresiones cometidas por elementos de las corporaciones policiacas y militares en contra de alguna persona, para diferenciarlas de las sufridas a manos de otra persona) y de la continua profundización del descrédito de las instituciones relacionadas con la seguridad pública, la procuración y administración de justicia.
Del mismo modo, los niveles de corrupción de las corporaciones han crecido de manera exponencial, abarcando en un cada vez mayor número, también, a elementos de las fuerzas armadas.
Prácticamente inmersos, ya, en los prolegómenos de la contienda electoral presidencial (no de otra manera se puede entender la decisión del PRI de no avanzar en la aprobación de su propuesta de reforma laboral, redactada del modo que mejor se le acomoda a la actual administración federal, de ahí el enojo de Javier Lozano, Secretario de Trabajo) a pesar del baño de sangre caído sobre el país –e insistamos, no por “el decidido” combate del gobierno federal en contra del narcotráfico, sino por la ruptura de las alianzas y las traiciones entre los jefes de los cárteles- empiezan a ser cada vez más frecuentes los ataques de Calderón a los priistas, y de éstos a aquel, en los cuales se responsabilizan mutuamente de los niveles de inseguridad existentes.
El colmo de todo lo comentado líneas arriba ocurrió la semana pasada cuando a raíz de las denuncias –y el respaldo nacional recibido- de Sicilia, Felipe Calderón le recriminó a la sociedad y a las fuerzas políticas –con un patético ¡Ya basta!- no emplearse a fondo en el combate al narcotráfico, en el caso de las segundas, y de no denunciar suficientemente a los criminales, en el caso de la primera, cuando reprochó pública pero veladamente la manifestación nacional del 6 de abril al exigir que el ¡Ya basta! lanzado en ella debería enviarse también a los criminales.
Pero un día antes, al recibir a Sicilia –según la versión de éste, aparecida en Proceso (No. 1797, 10/IV11)- ante los reclamos de cambiar la estrategia, planteados por el escritor, “Calderón reconoció que cometió errores, pero advirtió que no iba a modificar su método”.
Más adelante, Sicilia informó haber tenido un “diálogo cordial y con mucha claridad en las diferencias. Felipe Calderón reconoció que se ha equivocado. Eso ya es importante: que un presidente pueda tener una autocrítica, que reconozca que es necesario replantear otra serie de cosas. Lamentablemente dijo que no va a cambiar, porque para él es la forma de enfrentarlo (al narcotráfico)”.
Al dar a conocer lo anterior –y en las movilizaciones celebradas- Sicilia insistió en la necesidad del establecimiento de un diálogo nacional, cuyo inicio debiera ser en Juárez, dijo, por ser la ciudad que más muertes ha aportado a la ola de violencia, pues es necesario hacer “un alto, una tregua”.
Y como muchos otros mexicanos, el escritor le apostaba a que con las movilizaciones Calderón cambiase la estrategia, que escuchara a las múltiples voces que rechazamos la guerra de Calderón por estar “mal hecha, mal planteada y mal dirigida”.
La difusión de las cifras de las adicciones en el país, por desgracia, solo confirma lo que es un clamor nacional. Según Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional contra las Adicciones, en su participación durante el primer Foro de los Consejos Estatales de las Adicciones de la Región Norte, el Estado de Chihuahua tiene el primer lugar nacional en el consumo de crack, heroína, tranquilizantes e inhalantes a nivel nacional, además de que “el 3.3 por ciento de la población en la entidad consume algún tipo de droga ilegal, este porcentaje representa el doble de la media nacional que es del 1.7 por cada 100 habitantes”, cifras resultante de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 en la cual Chihuahua aparece como el tercer estado con más alto consumo de drogas ilegales en el país y que “en el caso del crack, la heroína, los tranquilizantes y los inhalantes, Chihuahua tiene el primer lugar en consumo. (Nota de Erika Talina Perea, El Diario de Chihuahua, 14/04/11).
Pero en el consumo de mariguana ocupa el tercer lugar, cuarto en el consumo de metanfetaminas y alucinógenos, “lo que a nivel global ubica a Chihuahua como el tercer estado con mayor consumo de droga”.
Esas son las cifras del 2008, cuando aún no aparecía lo peor de la ola homicida, ni en el país, ni en la entidad. Seguramente tales cifras no habrán disminuido, y probablemente, por la percepción generalizada, probablemente habrán aumentado.
Sin embargo, tales cifras de adicción son, por mucho inferiores a las de prácticamente todo el mundo desarrollado –la ONU ha divulgado que hasta el 5% de la población (en cualquier nación) se ubica en tal clasificación- lo que de inmediato nos debe llevar a cuestionarnos tal paradoja pues si mantenemos cifras inferiores a las de la media mundial, (incluso con la proporcionada por la encuesta mencionada para Chihuahua, del 3.3% de la población) entonces ¿Por qué los índices de criminalidad son extremadamente superiores a los de aquellos países?
La tasa de homicidios en el estado de Chihuahua, en 2010, superó los 120 por cada 100 mil habitantes, en cambio, en los Países Bajos, -Holanda y Bélgica- en los que la comercialización de las drogas es legal no llega al ¡0.5%! Es decir, un homicidio cada dos años por cada 100 mil habitantes.
La respuesta la ofrecen infinidad de personajes de todas las esferas sociales, especialmente los del área médica. “… las adicciones son un problema de salud, es importante que la sociedad utilice el término adecuado y no se les etiquete (a los adictos) como delincuentes”, dijo el Secretario de Salud en Chihuahua, Sergio Piña Marshall.
Vamos, si hasta los funcionarios norteamericanos encargados del combate a las drogas ya reconocen sus enormes equivocaciones en la estrategia ¿Por qué no lo hacen los mexicanos?
A cambio, una semana y otra también escuchamos la cantaleta de la presidencia de la república acerca de la enorme corrupción de las policías estatales y municipales, y que, en tanto no sean confiables, permanecerán las federales en las calles de las ciudades involucradas seriamente en tal problema.
Y cuando alguien se atreve a esbozar la posibilidad de que salgan, como lo afirmara sesgadamente el alcalde juarense, Héctor Murguía, de inmediato es desmentido y hasta es obligado a recular de lo expresado anteriormente, a pesar de que la policía municipal juarense fue formada, ya, bajo la supervisión de las fuerzas federales, las policiales y las militares y los resultados que se empiezan a apreciar, de ninguna manera son los apetecidos.
Por otra parte, no se ha podido demostrar que la permanencia de las fuerzas federales haya abatido algún índice criminal, al contrario, como repetidamente se ha dicho, ahora arrostramos una crisis sin precedente, en la que, sin dudarlo, la fortaleza de los cárteles del narcotráfico ha desencadenado el disparo del resto de las actividades delictivas a tal grado que ya se hable de la “administración” del delito por parte de estos conglomerados empresariales dedicados al tráfico de drogas y que ahora, en muchas regiones del país –y de Chihuahua, por supuesto- ya controlan la incidencia delictiva de la mayor parte de los rubros.
Si esto es así, palmariamente demostrado ¿Por qué continuar? ¿Para seguir administrando las ingentes sumas multimillonarias destinadas a tal combate?
Ni más ni menos, como diría Guillermo Terrazas, medio billón de pesos durante 4 años, sin nadie que los fiscalice…
¡Ah qué terquedad!
PD.- Por lo pronto, ante la imposibilidad de hacer como en el pasado, que cuando las cosas se ponían feas nos íbamos a Aldama, durante una semana nos ausentaremos. Ya nos encontraremos nuevamente el 26 de abril cuando reanudaremos, espero que con mayores bríos, estas colaboraciones.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Estremecen las frases de Javier Sicilia, -el poeta, periodista y escritor que a raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco ha encabezado una masiva movilización en contra de la actual estrategia del gobierno federal en contra del narcotráfico, y de los criminales-; más sorprende la terquedad de Felipe Calderón en mantenerla, aún a costa de la contundente evidencia del fracaso y del creciente rechazo a la misma, así como de las cada vez más numerosas denuncias acerca de las violaciones a los derechos humanos (que es bueno resaltar, de ese modo se les denomina a las agresiones cometidas por elementos de las corporaciones policiacas y militares en contra de alguna persona, para diferenciarlas de las sufridas a manos de otra persona) y de la continua profundización del descrédito de las instituciones relacionadas con la seguridad pública, la procuración y administración de justicia.
Del mismo modo, los niveles de corrupción de las corporaciones han crecido de manera exponencial, abarcando en un cada vez mayor número, también, a elementos de las fuerzas armadas.
Prácticamente inmersos, ya, en los prolegómenos de la contienda electoral presidencial (no de otra manera se puede entender la decisión del PRI de no avanzar en la aprobación de su propuesta de reforma laboral, redactada del modo que mejor se le acomoda a la actual administración federal, de ahí el enojo de Javier Lozano, Secretario de Trabajo) a pesar del baño de sangre caído sobre el país –e insistamos, no por “el decidido” combate del gobierno federal en contra del narcotráfico, sino por la ruptura de las alianzas y las traiciones entre los jefes de los cárteles- empiezan a ser cada vez más frecuentes los ataques de Calderón a los priistas, y de éstos a aquel, en los cuales se responsabilizan mutuamente de los niveles de inseguridad existentes.
El colmo de todo lo comentado líneas arriba ocurrió la semana pasada cuando a raíz de las denuncias –y el respaldo nacional recibido- de Sicilia, Felipe Calderón le recriminó a la sociedad y a las fuerzas políticas –con un patético ¡Ya basta!- no emplearse a fondo en el combate al narcotráfico, en el caso de las segundas, y de no denunciar suficientemente a los criminales, en el caso de la primera, cuando reprochó pública pero veladamente la manifestación nacional del 6 de abril al exigir que el ¡Ya basta! lanzado en ella debería enviarse también a los criminales.
Pero un día antes, al recibir a Sicilia –según la versión de éste, aparecida en Proceso (No. 1797, 10/IV11)- ante los reclamos de cambiar la estrategia, planteados por el escritor, “Calderón reconoció que cometió errores, pero advirtió que no iba a modificar su método”.
Más adelante, Sicilia informó haber tenido un “diálogo cordial y con mucha claridad en las diferencias. Felipe Calderón reconoció que se ha equivocado. Eso ya es importante: que un presidente pueda tener una autocrítica, que reconozca que es necesario replantear otra serie de cosas. Lamentablemente dijo que no va a cambiar, porque para él es la forma de enfrentarlo (al narcotráfico)”.
Al dar a conocer lo anterior –y en las movilizaciones celebradas- Sicilia insistió en la necesidad del establecimiento de un diálogo nacional, cuyo inicio debiera ser en Juárez, dijo, por ser la ciudad que más muertes ha aportado a la ola de violencia, pues es necesario hacer “un alto, una tregua”.
Y como muchos otros mexicanos, el escritor le apostaba a que con las movilizaciones Calderón cambiase la estrategia, que escuchara a las múltiples voces que rechazamos la guerra de Calderón por estar “mal hecha, mal planteada y mal dirigida”.
La difusión de las cifras de las adicciones en el país, por desgracia, solo confirma lo que es un clamor nacional. Según Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional contra las Adicciones, en su participación durante el primer Foro de los Consejos Estatales de las Adicciones de la Región Norte, el Estado de Chihuahua tiene el primer lugar nacional en el consumo de crack, heroína, tranquilizantes e inhalantes a nivel nacional, además de que “el 3.3 por ciento de la población en la entidad consume algún tipo de droga ilegal, este porcentaje representa el doble de la media nacional que es del 1.7 por cada 100 habitantes”, cifras resultante de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 en la cual Chihuahua aparece como el tercer estado con más alto consumo de drogas ilegales en el país y que “en el caso del crack, la heroína, los tranquilizantes y los inhalantes, Chihuahua tiene el primer lugar en consumo. (Nota de Erika Talina Perea, El Diario de Chihuahua, 14/04/11).
Pero en el consumo de mariguana ocupa el tercer lugar, cuarto en el consumo de metanfetaminas y alucinógenos, “lo que a nivel global ubica a Chihuahua como el tercer estado con mayor consumo de droga”.
Esas son las cifras del 2008, cuando aún no aparecía lo peor de la ola homicida, ni en el país, ni en la entidad. Seguramente tales cifras no habrán disminuido, y probablemente, por la percepción generalizada, probablemente habrán aumentado.
Sin embargo, tales cifras de adicción son, por mucho inferiores a las de prácticamente todo el mundo desarrollado –la ONU ha divulgado que hasta el 5% de la población (en cualquier nación) se ubica en tal clasificación- lo que de inmediato nos debe llevar a cuestionarnos tal paradoja pues si mantenemos cifras inferiores a las de la media mundial, (incluso con la proporcionada por la encuesta mencionada para Chihuahua, del 3.3% de la población) entonces ¿Por qué los índices de criminalidad son extremadamente superiores a los de aquellos países?
La tasa de homicidios en el estado de Chihuahua, en 2010, superó los 120 por cada 100 mil habitantes, en cambio, en los Países Bajos, -Holanda y Bélgica- en los que la comercialización de las drogas es legal no llega al ¡0.5%! Es decir, un homicidio cada dos años por cada 100 mil habitantes.
La respuesta la ofrecen infinidad de personajes de todas las esferas sociales, especialmente los del área médica. “… las adicciones son un problema de salud, es importante que la sociedad utilice el término adecuado y no se les etiquete (a los adictos) como delincuentes”, dijo el Secretario de Salud en Chihuahua, Sergio Piña Marshall.
Vamos, si hasta los funcionarios norteamericanos encargados del combate a las drogas ya reconocen sus enormes equivocaciones en la estrategia ¿Por qué no lo hacen los mexicanos?
A cambio, una semana y otra también escuchamos la cantaleta de la presidencia de la república acerca de la enorme corrupción de las policías estatales y municipales, y que, en tanto no sean confiables, permanecerán las federales en las calles de las ciudades involucradas seriamente en tal problema.
Y cuando alguien se atreve a esbozar la posibilidad de que salgan, como lo afirmara sesgadamente el alcalde juarense, Héctor Murguía, de inmediato es desmentido y hasta es obligado a recular de lo expresado anteriormente, a pesar de que la policía municipal juarense fue formada, ya, bajo la supervisión de las fuerzas federales, las policiales y las militares y los resultados que se empiezan a apreciar, de ninguna manera son los apetecidos.
Por otra parte, no se ha podido demostrar que la permanencia de las fuerzas federales haya abatido algún índice criminal, al contrario, como repetidamente se ha dicho, ahora arrostramos una crisis sin precedente, en la que, sin dudarlo, la fortaleza de los cárteles del narcotráfico ha desencadenado el disparo del resto de las actividades delictivas a tal grado que ya se hable de la “administración” del delito por parte de estos conglomerados empresariales dedicados al tráfico de drogas y que ahora, en muchas regiones del país –y de Chihuahua, por supuesto- ya controlan la incidencia delictiva de la mayor parte de los rubros.
Si esto es así, palmariamente demostrado ¿Por qué continuar? ¿Para seguir administrando las ingentes sumas multimillonarias destinadas a tal combate?
Ni más ni menos, como diría Guillermo Terrazas, medio billón de pesos durante 4 años, sin nadie que los fiscalice…
¡Ah qué terquedad!
PD.- Por lo pronto, ante la imposibilidad de hacer como en el pasado, que cuando las cosas se ponían feas nos íbamos a Aldama, durante una semana nos ausentaremos. Ya nos encontraremos nuevamente el 26 de abril cuando reanudaremos, espero que con mayores bríos, estas colaboraciones.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Precenso, volver al inicio
El Diario, 15 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
Debiéramos regresarnos a mediados y fines de la década de los 80’s. En tales fechas, la CNC –que entonces gozaba de una mejor salud que ahora- anunció la puesta en marcha de un programa de nacionalización de vehículos extranjeros –solo los necesarios para las actividades agropecuarias- que catapultó el ingreso a nuestro país de vehículos, ahora comúnmente llamados “chuecos”. Casi al mismo tiempo anunció que le garantizaba al candidato del PRI a la presidencia de la república, Carlos Salinas de Gortari, la obtención de ¡20 millones de votos en las elecciones de 1988!
Muchos años después, casi como casualidad ante los problemas encontrados por el gobierno de Chihuahua para llegar a un acuerdo con el federal, a fin de regularizar los chuecos circulantes en la entidad, la misma CNC –pero recordemos la famosa frase: Los de antes ya no somos los mismos de ahora- anunció el inicio de un “precenso” de regularización de carros chuecos a partir de esta semana.
No va sola, también la Unión Campesina Democrática –ligada a algunos grupos al interior del PRD- anunció que participará en el levantamiento de dicho “precenso” y que el costo, para los incautos –o ¿Muy avezados?- propietarios de tales vehículos será de 150 pesos, tal y como lo señaló el dirigente de la organización campesina priista, Abraham Montes.
Dijeron que ese costo era exclusivamente para cubrir los gastos de operación, ya “que para nada se busca un beneficio económico, lo que se busca es un registro de los vehículos para conocer la magnitud del problema”.
Saltan a borbotones las preguntas, pero una es crucial: Si hablan de un “precenso” ¿Quiere decir que habrá un censo efectuado por alguna dependencia gubernamental estatal? ¿Quiere decir que tal actividad tiene el semi-respaldo oficial y que el requisito será afiliarse a alguna de las dos organizaciones patrocinadoras del programa?
Si es así ¿Quién manejará los recursos obtenidos? ¿Será la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado? ¿O es una simple maniobra de las dirigencias de esas organizaciones en la que la administración estatal no tiene nada que ver?
Llaman la atención tantas coincidencias pues de una de las organizaciones, la CNC, procede el Gobernador del Estado, César Duarte, y pudiera antojarse oler un cierto tufillo de acuerdos, o de un intento por aprovechar tal circunstancia. En cualquiera de las dos situaciones, lo ideal sería la aclaración oficial de que estamos ante un episodio más de un mecanismo usado por las organizaciones sociales para agenciarse algunos recursos económicos para ofertar alguna protección ante un posible decomiso de “chuecos”.
Pues ¿Alguien creerá que alguna autoridad, de cualquiera de los niveles, osará efectuar un decomiso de decenas de miles de vehículos en los albores de la campaña presidencial?
¿Cuál es el problema? ¡Ah, po’s que el gobierno federal pretende seguir cobrando el arancel por permitir el ingreso de vehículos usados! No tanto porque obtenga demasiados recursos económicos de tal medida, sino porque los vendedores de automóviles nuevos –que no los empresarios de la industria de autopartes, rubro prácticamente desaparecido desde la entrada en vigor del TLCAN- se oponen a la libre importación de chuecos, para preservar, según ellos, el mercado y la industria automotriz mexicanas.
Pero tales pretensiones y medidas violan flagrantemente el acuerdo comercial que tanta polémica y catástrofes produjo en nuestro país, pues desde hace algunos años, según las cláusulas específicas para tal industria, ya no debería cobrarse arancel alguno y los habitantes de Canadá, EU y México podríamos adquirir vehículos usados –siendo de manufactura norteamericana- en cualquier lugar, como si fuera el propio país.
De ahí que, y efectuando todos los estudios jurídicos pertinentes ¿Por qué no promover un amparo multitudinario contra el cobro del arancel, patrocinado y promovido por el gobierno estatal, a fin de que los propietarios de chuecos pudieran, en ese momento, obtener sus placas y pagar sus derechos vehiculares y así todos los vehículos circulantes en la entidad contaran con los instrumentos necesarios para ser identificados?
Digo…
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Debiéramos regresarnos a mediados y fines de la década de los 80’s. En tales fechas, la CNC –que entonces gozaba de una mejor salud que ahora- anunció la puesta en marcha de un programa de nacionalización de vehículos extranjeros –solo los necesarios para las actividades agropecuarias- que catapultó el ingreso a nuestro país de vehículos, ahora comúnmente llamados “chuecos”. Casi al mismo tiempo anunció que le garantizaba al candidato del PRI a la presidencia de la república, Carlos Salinas de Gortari, la obtención de ¡20 millones de votos en las elecciones de 1988!
Muchos años después, casi como casualidad ante los problemas encontrados por el gobierno de Chihuahua para llegar a un acuerdo con el federal, a fin de regularizar los chuecos circulantes en la entidad, la misma CNC –pero recordemos la famosa frase: Los de antes ya no somos los mismos de ahora- anunció el inicio de un “precenso” de regularización de carros chuecos a partir de esta semana.
No va sola, también la Unión Campesina Democrática –ligada a algunos grupos al interior del PRD- anunció que participará en el levantamiento de dicho “precenso” y que el costo, para los incautos –o ¿Muy avezados?- propietarios de tales vehículos será de 150 pesos, tal y como lo señaló el dirigente de la organización campesina priista, Abraham Montes.
Dijeron que ese costo era exclusivamente para cubrir los gastos de operación, ya “que para nada se busca un beneficio económico, lo que se busca es un registro de los vehículos para conocer la magnitud del problema”.
Saltan a borbotones las preguntas, pero una es crucial: Si hablan de un “precenso” ¿Quiere decir que habrá un censo efectuado por alguna dependencia gubernamental estatal? ¿Quiere decir que tal actividad tiene el semi-respaldo oficial y que el requisito será afiliarse a alguna de las dos organizaciones patrocinadoras del programa?
Si es así ¿Quién manejará los recursos obtenidos? ¿Será la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado? ¿O es una simple maniobra de las dirigencias de esas organizaciones en la que la administración estatal no tiene nada que ver?
Llaman la atención tantas coincidencias pues de una de las organizaciones, la CNC, procede el Gobernador del Estado, César Duarte, y pudiera antojarse oler un cierto tufillo de acuerdos, o de un intento por aprovechar tal circunstancia. En cualquiera de las dos situaciones, lo ideal sería la aclaración oficial de que estamos ante un episodio más de un mecanismo usado por las organizaciones sociales para agenciarse algunos recursos económicos para ofertar alguna protección ante un posible decomiso de “chuecos”.
Pues ¿Alguien creerá que alguna autoridad, de cualquiera de los niveles, osará efectuar un decomiso de decenas de miles de vehículos en los albores de la campaña presidencial?
¿Cuál es el problema? ¡Ah, po’s que el gobierno federal pretende seguir cobrando el arancel por permitir el ingreso de vehículos usados! No tanto porque obtenga demasiados recursos económicos de tal medida, sino porque los vendedores de automóviles nuevos –que no los empresarios de la industria de autopartes, rubro prácticamente desaparecido desde la entrada en vigor del TLCAN- se oponen a la libre importación de chuecos, para preservar, según ellos, el mercado y la industria automotriz mexicanas.
Pero tales pretensiones y medidas violan flagrantemente el acuerdo comercial que tanta polémica y catástrofes produjo en nuestro país, pues desde hace algunos años, según las cláusulas específicas para tal industria, ya no debería cobrarse arancel alguno y los habitantes de Canadá, EU y México podríamos adquirir vehículos usados –siendo de manufactura norteamericana- en cualquier lugar, como si fuera el propio país.
De ahí que, y efectuando todos los estudios jurídicos pertinentes ¿Por qué no promover un amparo multitudinario contra el cobro del arancel, patrocinado y promovido por el gobierno estatal, a fin de que los propietarios de chuecos pudieran, en ese momento, obtener sus placas y pagar sus derechos vehiculares y así todos los vehículos circulantes en la entidad contaran con los instrumentos necesarios para ser identificados?
Digo…
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Albazos de Semana Santa
El Diario, 1 de mayo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Contra toda la percepción popular, los senadores de la República, en lugar de vacacionar, ¡trabajaron El problema está en que, por lo menos para el escribiente, lo hicieron, no en función de los intereses de la sociedad mexicana, sino de los propios.
Años atrás aprobaron una reforma electoral mediante la cual elevaron los requisitos para el registro de nuevos partidos que, contra la creencia generalizada, significa un retroceso democrático, luego, hace unos meses, aprobaron una ley mediante la cual las finanzas de los partidos políticos ya no serán auditadas por la Auditoría Superior de la Federación y ahora, matizada por la aprobación de otras reformas, aprobaron la reelección inmediata de diputados, senadores y alcaldes.
El país se les deshace en las manos, la ingobernabilidad crece, el manto de sangre e impunidad extiende sus límites y abarca, ya, a más de la mitad del país, y en el resto la delincuencia común crece paulatinamente ¡Ah, pero nuestros ínclitos legisladores, como si fuera un reclamo extraurgente de la sociedad, deciden quitar cualquier obstáculo para reelegirse de manera inmediata, hasta dos periodos más para los diputados y uno para los senadores
¿Dónde están las fuerzas, los agrupamientos de la sociedad reclamándoles que se reelijan? ¿Acaso no ven que el reclamo es el contrario –si no pueden, renuncien– y que, por doquier, brotan los gritos desesperados —ya sea por la violencia o por la desesperación económica– de miles de ciudadanos que piden eficiencia en los gobernantes, sensibilidad para afrontar la actual situación?
Vayamos por partes. Para los efectos del comentario de hoy, la reforma destacada de las aprobadas por los senadores la constituye la reelección inmediata. Dejemos a un lado, para el análisis, la tradición y la historia —aunque eso nunca debiera hacerse– ¿Qué ventajas reales tiene tal mecanismo?
Veamos a quienes hoy lo son por nuestra entidad, de cualquiera de los partidos y las excepciones son eso, excepciones, las que en un grupo partidario se pueden resolver pues en el resto de quienes son hoy legisladores federales ya existe la experiencia previa. Y es que saltan de la diputación local a la alcaldía, a la regiduría, luego a la diputación federal y los más afortunados a la senaduría, para luego regresar a las diputaciones y eventualmente a la gubernatura. De veras ¿Les falta experiencia?
Y varios no terminan una para empezar la otra y permanentemente, por lo menos en el caso de los legisladores, se la pasan, en el tiempo de su encargo, efectuando, en la mayor parte del tiempo, tareas político-partidarias, por encima de las parlamentarias. Y si alguien quisiera refutar tal aserto, baste señalar las frecuentes ausencias en las reuniones de las comisiones parlamentarias —cuando las hay, que es casi nunca– y que la mayor parte de la carga de trabajo parlamentario recae en un pequeño grupo de cada partido, así sea en el ámbito local o federal, en cualquiera de los partidos.
Nombre, si necesitáramos argumentos para criticar a los legisladores, la exposición de motivos nos los regala a manos llenas. Dice que la reelección permitirá el establecimiento de vínculos “más estrechos” entre los legisladores y sus electores. Es decir, necesitamos premiarlos por lo que no hacen, así que, en virtud del sempiterno alejamiento de los legisladores de sus representados, ahora les permitiremos ¡reelegirse
No es todo, dicen, en ese dictamen, que la reelección permitirá ¡Fomentar la responsabilidad de los representantes al imponerles la posibilidad de la reelección a través de los vínculos “más estrechos” (perdonen que repita tal argumento, pero así viene en el documento) y nos permitirá tener “legisladores más profesionales”; y –la perla que no falta en este tipo de reformas– “la estabilidad en el encargo legislativo que podría generar la reelección inmediata, probablemente (subrayado del escribiente) traiga consigo mejores condiciones de gobernabilidad…”.
¡Háganme el favor Ahora resulta que aprueban una ley que a lo mejor trae consigo una ventaja.
Y falta un argumento, que no contiene el dictamen pero que ha sido parte esencial del discurso del PAN y de los grupos empresariales ligados a Coparmex, únicos agrupamientos que clara y persistentemente habían propuesto la reelección, por lo cual no los podemos acusar de incongruentes. Pues bien, ellos señalaban que la reelección inmediata permitirá a los electores evaluar de manera concreta el desempeño de los legisladores —o de los alcaldes, que también se están metiendo en el paquete– pues dicen, con un candor digno de mejores causas (si es que lo es), que si los califican bien, entonces votarían nuevamente por ellos, desconociendo y haciendo a un lado todos los vicios del sistema político-electoral mexicano en el que las burocracias partidarias, entronizadas y empoderadas como nunca, resuelven prácticamente todas las candidaturas
¿Se imaginan a los diputados y senadores plurinominales, frutos e integrantes de esas cúpulas, reeligiéndose casi eternamente en esos cargos, pues van a pasar de la local a la federal, a la senaduría y luego, vuelta a empezar, con el agravante que en las dos primeras pueden pasar, fácilmente, haciendo cuentas, nueve años en la local, nueve en la federal y luego, vuelta a empezar sin pasar por la senaduría?
Con ese poder ¿Quiénes les podrían ganar, en el supuesto que se efectuaran, las elecciones internas, pues salvo en el caso del PAN, y sólo en Chihuahua, tales procedimientos democráticos sólo se efectuaron en 3 ó 4 distritos y en el resto de los partidos privó el mecanismo electoral vigente durante muchas décadas: el sacrosanto señalamiento digital?
¡Ah, cuánta creatividad de quienes nos gobiernan
Y luego ¿Se imaginan a los alcaldes empeñados en ganar la siguiente elección, y la siguiente? ¿Irán a pensar en el buen desempeño público o, mejor aún, en la mejor preparación de los operativos electorales para ganarlas? Y en los municipios menores, con ese poder, después de ejercer nueve años, “influir” en la designación del sucesor, esperar tres años y luego ¡El regreso del Charro Negro por nueve años más
¡Bien por nuestros senadores
A propósito, y esta pregunta sólo concierne a los legisladores federales del PRI ¿En qué parte de su propuesta de campaña venía que buscarían la aprobación de la reelección inmediata?
Y esta otra es para los legisladores del PAN ¿Por qué esta propuesta sí la recordaron y no la olvidaron, como la promesa de no subir el precio de la gasolina y el gas?
Pero el temor a la apertura democrática y a la ampliación de los espacios de participación de la ciudadanía se advierte hasta en las reformas que establecen la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes.
El colmo lo constituye la reforma que establece la consulta popular, que podrían solicitar el presidente, una parte de los legisladores o el 2% del listado de ciudadanos, pero que en cualquiera de los casos deberá ¡ser aprobada por la mayoría de las cámaras “para que las consultas populares no se conviertan en un instrumento sustitutivo de la instancia democrático-representativa por excelencia”.
Además, la pregunta motivo de la consulta deberá ser validada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por si faltara un requisito, al contrario de la elección de estos mismos funcionarios que hoy se pusieron el uniforme de censores de la vida democrática de la nación, establecieron que en la consulta popular, para ser válida, tendrían que participar al menos la mitad más uno de los electores del listado electoral.
¡Cuánto miedo a la ciudadanía
Pero esto es el sólo el comienzo, habrá más.
TRANSPARENCIA.- Asombran los comentarios de la columna del otro matutino de la capital del estado, en la que lanza una andanada de descalificaciones en contra de los consejeros Fernando Lino Bencomo, Claudia Alonso y Alma Rosa Martínez “y sobre todo con los dos primeros, a los que llega a calificar como —parásitos– porque éstos, en un sorprendente giro al interior del Ichitaip, aprobaron que cada uno de los consejeros cuenten con un asesor, para hacerle contrapeso a la todopoderosa Dirección Jurídica, verdadero obstáculo al acceso a la información pública, pues desde ahí se han elaborado todos los dictámenes fortalecedores de la opacidad en Chihuahua y contra la que Lino Bencomo y Alonso han sostenido memorables controversias, en las que, invariablemente, éstos han optado por entregarle a los solicitantes la información pública solicitada.
Luis Javier Valero Flores
Contra toda la percepción popular, los senadores de la República, en lugar de vacacionar, ¡trabajaron El problema está en que, por lo menos para el escribiente, lo hicieron, no en función de los intereses de la sociedad mexicana, sino de los propios.
Años atrás aprobaron una reforma electoral mediante la cual elevaron los requisitos para el registro de nuevos partidos que, contra la creencia generalizada, significa un retroceso democrático, luego, hace unos meses, aprobaron una ley mediante la cual las finanzas de los partidos políticos ya no serán auditadas por la Auditoría Superior de la Federación y ahora, matizada por la aprobación de otras reformas, aprobaron la reelección inmediata de diputados, senadores y alcaldes.
El país se les deshace en las manos, la ingobernabilidad crece, el manto de sangre e impunidad extiende sus límites y abarca, ya, a más de la mitad del país, y en el resto la delincuencia común crece paulatinamente ¡Ah, pero nuestros ínclitos legisladores, como si fuera un reclamo extraurgente de la sociedad, deciden quitar cualquier obstáculo para reelegirse de manera inmediata, hasta dos periodos más para los diputados y uno para los senadores
¿Dónde están las fuerzas, los agrupamientos de la sociedad reclamándoles que se reelijan? ¿Acaso no ven que el reclamo es el contrario –si no pueden, renuncien– y que, por doquier, brotan los gritos desesperados —ya sea por la violencia o por la desesperación económica– de miles de ciudadanos que piden eficiencia en los gobernantes, sensibilidad para afrontar la actual situación?
Vayamos por partes. Para los efectos del comentario de hoy, la reforma destacada de las aprobadas por los senadores la constituye la reelección inmediata. Dejemos a un lado, para el análisis, la tradición y la historia —aunque eso nunca debiera hacerse– ¿Qué ventajas reales tiene tal mecanismo?
Veamos a quienes hoy lo son por nuestra entidad, de cualquiera de los partidos y las excepciones son eso, excepciones, las que en un grupo partidario se pueden resolver pues en el resto de quienes son hoy legisladores federales ya existe la experiencia previa. Y es que saltan de la diputación local a la alcaldía, a la regiduría, luego a la diputación federal y los más afortunados a la senaduría, para luego regresar a las diputaciones y eventualmente a la gubernatura. De veras ¿Les falta experiencia?
Y varios no terminan una para empezar la otra y permanentemente, por lo menos en el caso de los legisladores, se la pasan, en el tiempo de su encargo, efectuando, en la mayor parte del tiempo, tareas político-partidarias, por encima de las parlamentarias. Y si alguien quisiera refutar tal aserto, baste señalar las frecuentes ausencias en las reuniones de las comisiones parlamentarias —cuando las hay, que es casi nunca– y que la mayor parte de la carga de trabajo parlamentario recae en un pequeño grupo de cada partido, así sea en el ámbito local o federal, en cualquiera de los partidos.
Nombre, si necesitáramos argumentos para criticar a los legisladores, la exposición de motivos nos los regala a manos llenas. Dice que la reelección permitirá el establecimiento de vínculos “más estrechos” entre los legisladores y sus electores. Es decir, necesitamos premiarlos por lo que no hacen, así que, en virtud del sempiterno alejamiento de los legisladores de sus representados, ahora les permitiremos ¡reelegirse
No es todo, dicen, en ese dictamen, que la reelección permitirá ¡Fomentar la responsabilidad de los representantes al imponerles la posibilidad de la reelección a través de los vínculos “más estrechos” (perdonen que repita tal argumento, pero así viene en el documento) y nos permitirá tener “legisladores más profesionales”; y –la perla que no falta en este tipo de reformas– “la estabilidad en el encargo legislativo que podría generar la reelección inmediata, probablemente (subrayado del escribiente) traiga consigo mejores condiciones de gobernabilidad…”.
¡Háganme el favor Ahora resulta que aprueban una ley que a lo mejor trae consigo una ventaja.
Y falta un argumento, que no contiene el dictamen pero que ha sido parte esencial del discurso del PAN y de los grupos empresariales ligados a Coparmex, únicos agrupamientos que clara y persistentemente habían propuesto la reelección, por lo cual no los podemos acusar de incongruentes. Pues bien, ellos señalaban que la reelección inmediata permitirá a los electores evaluar de manera concreta el desempeño de los legisladores —o de los alcaldes, que también se están metiendo en el paquete– pues dicen, con un candor digno de mejores causas (si es que lo es), que si los califican bien, entonces votarían nuevamente por ellos, desconociendo y haciendo a un lado todos los vicios del sistema político-electoral mexicano en el que las burocracias partidarias, entronizadas y empoderadas como nunca, resuelven prácticamente todas las candidaturas
¿Se imaginan a los diputados y senadores plurinominales, frutos e integrantes de esas cúpulas, reeligiéndose casi eternamente en esos cargos, pues van a pasar de la local a la federal, a la senaduría y luego, vuelta a empezar, con el agravante que en las dos primeras pueden pasar, fácilmente, haciendo cuentas, nueve años en la local, nueve en la federal y luego, vuelta a empezar sin pasar por la senaduría?
Con ese poder ¿Quiénes les podrían ganar, en el supuesto que se efectuaran, las elecciones internas, pues salvo en el caso del PAN, y sólo en Chihuahua, tales procedimientos democráticos sólo se efectuaron en 3 ó 4 distritos y en el resto de los partidos privó el mecanismo electoral vigente durante muchas décadas: el sacrosanto señalamiento digital?
¡Ah, cuánta creatividad de quienes nos gobiernan
Y luego ¿Se imaginan a los alcaldes empeñados en ganar la siguiente elección, y la siguiente? ¿Irán a pensar en el buen desempeño público o, mejor aún, en la mejor preparación de los operativos electorales para ganarlas? Y en los municipios menores, con ese poder, después de ejercer nueve años, “influir” en la designación del sucesor, esperar tres años y luego ¡El regreso del Charro Negro por nueve años más
¡Bien por nuestros senadores
A propósito, y esta pregunta sólo concierne a los legisladores federales del PRI ¿En qué parte de su propuesta de campaña venía que buscarían la aprobación de la reelección inmediata?
Y esta otra es para los legisladores del PAN ¿Por qué esta propuesta sí la recordaron y no la olvidaron, como la promesa de no subir el precio de la gasolina y el gas?
Pero el temor a la apertura democrática y a la ampliación de los espacios de participación de la ciudadanía se advierte hasta en las reformas que establecen la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes.
El colmo lo constituye la reforma que establece la consulta popular, que podrían solicitar el presidente, una parte de los legisladores o el 2% del listado de ciudadanos, pero que en cualquiera de los casos deberá ¡ser aprobada por la mayoría de las cámaras “para que las consultas populares no se conviertan en un instrumento sustitutivo de la instancia democrático-representativa por excelencia”.
Además, la pregunta motivo de la consulta deberá ser validada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por si faltara un requisito, al contrario de la elección de estos mismos funcionarios que hoy se pusieron el uniforme de censores de la vida democrática de la nación, establecieron que en la consulta popular, para ser válida, tendrían que participar al menos la mitad más uno de los electores del listado electoral.
¡Cuánto miedo a la ciudadanía
Pero esto es el sólo el comienzo, habrá más.
TRANSPARENCIA.- Asombran los comentarios de la columna del otro matutino de la capital del estado, en la que lanza una andanada de descalificaciones en contra de los consejeros Fernando Lino Bencomo, Claudia Alonso y Alma Rosa Martínez “y sobre todo con los dos primeros, a los que llega a calificar como —parásitos– porque éstos, en un sorprendente giro al interior del Ichitaip, aprobaron que cada uno de los consejeros cuenten con un asesor, para hacerle contrapeso a la todopoderosa Dirección Jurídica, verdadero obstáculo al acceso a la información pública, pues desde ahí se han elaborado todos los dictámenes fortalecedores de la opacidad en Chihuahua y contra la que Lino Bencomo y Alonso han sostenido memorables controversias, en las que, invariablemente, éstos han optado por entregarle a los solicitantes la información pública solicitada.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)