jueves, 28 de febrero de 2019

Restan 32 meses, son muchos


El Diario, 28 de febrero de 2019
Luis Javier Valero Flores
Casi dos años y medio atrás, el nuevo gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, tomaba posesión en medio de las muy elevadas expectativas despertadas por su retadora campaña electoral.
En el discurso inaugural hiló una retahíla de buenos deseos, muchos de ellos referentes a lo que parecía connatural al luengo legislador chihuahuense, conocido por sus atributos oratorios, sobre todo en lo referente al pleno respeto “a la división de poderes” que existiría bajo su mandato y al calificar como “vital (la) tarea de escrutinio, contrapeso y complemento que realizan los legisladores”.
Exultante, les lanzó la invitación (curiosamente, no se comprometió a elaborar proyecto alguno) a que legislaran “para que, cuando ustedes quieran, que el Gobernador del Estado comparezca ante el Congreso, simplemente lo dispongan y se me convoque…”.
Mañana deberá presentar ante el Congreso del Estado su segundo informe de gobierno. Lo hará como prácticamente todos los gobernadores. Lo entregará en una más que sencilla ceremonia, si es que va él, pues puede hacerlo en su nombre el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles.
Luego, salvo por la inesperada visita a Chihuahua del presidente López Obrador, se entregará de brazos abiertos a que sus simpatizantes, regados por la geografía chihuahuense, lo aclamen como el gobernante bueno, honesto, justo y eficiente que se considera, en unos actos que hubiese querido para sí su paradigma, el ex gobernador Francisco Barrio, pues los realizará en varias ciudades de la entidad, sin el acompañamiento de sus opositores, sin los cuestionamientos ni de sus compañeros de partido, en el gobierno o en el Congreso, y sí, en medio de la fastuosidad a la que tanto dijo dejaría de lado.
Puras frases grandilocuentes que nada tienen que ver con lo realizado hasta hoy, que puede constatarse, por ejemplo, con lo que hará alrededor de la presentación del II Informe.
Repetirá los actos faraónicos que repudió hasta el cansancio de los gobiernos priistas; bueno, hasta un código de ética promovió para los funcionarios estatales, para que ocupara el lugar de su fotografía como gobernador. Sin embargo, en los actos que realizará faltará al numeral X de lo que dijo respetaría: “X. Manejaré los recursos económicos y materiales con responsabilidad, austeridad y honradez…”.
Llegado prácticamente a la mitad de su gobierno, -aunque políticamente es menor el tiempo faltante debido a que cerca de medio año, el de las campañas electorales, políticamente ya no cuenta para él- no envió iniciativa alguna para modificar el formato de la presentación del informe, ni para normar la presentación del gobernador en comparecencias ante el Poder Legislativo, a fin de que pudiera rendir cuentas ante los diputados, en un verdadero intercambio republicano.
Vamos, ni es capaz, siquiera, de acogerse al otro formato de la presentación del informe, esto es, que lo presentaría mediante un discurso, para que, a continuación, el presidente del Congreso hiciera un balance general y luego, los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios harían su propio balance del gobierno de Corral, discursos que el mandatario debería escuchar.
Bueno, pues el que se vanagloriaba de ser un tribuno de excelencia no ha optado por este formato; igual que Duarte, prefirió el otro, el de los autoelogios y del faraonismo, que copió hasta en lo lujoso de las invitaciones al acto, con motivo del informe.
Y será una prueba de fuego para el gobernante. 
Resolvió realizar actos en varias ciudades, en los que hará un remedo de informe a los chihuahuenses, sin nadie que le cuestione, le pregunte o le refute; sin embargo, podría encontrarse con más de un ciudadano que le intercepte y le reclame, ya sea su deficiente gobierno, o el hecho de que no haya encarcelado a César Duarte, como prometió.
No sería sorpresivo tal hecho, el repudio hacia él en las redes sociales es realmente muy extendido, podría asentarse que hasta exagerado, rasgo seguramente generado por las enormes esperanzas depositadas en su gobierno y el pobre desempeño efectuado, signado en estos días por su desenfrenado protagonismo rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 y el enorme fracaso en la seguridad pública, ahora enfatizado por el asesinato del Director de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores, y su acompañante, Alejandro López Rivera.  
Y aún faltan largos 32 meses. Son muchos.

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domingo, 24 de febrero de 2019

GN, fracaso de la clase política


El Diario, 24 de febrero de 2019
Luis Javier Valero Flores
Una certidumbre abarcó a la totalidad de la clase política mexicana: La de su fracaso en el combate a la violencia y la preservación de la seguridad pública. 
Esa podría ser la mejor síntesis de las motivaciones que llevaron, primero, al presidente López Obrador, a cambiar radicalmente su postura electoral, de regresar a los militares a los cuarteles, para pasar a la actual, la de proponer la creación de la Guardia Nacional (GN), bajo un esquema de absoluta militarización; y, segundo, a los partidos de la oposición a aceptarla, pero bajo una serie de candados que acotarían seriamente la conducción de la GN por las fuerzas armadas.
Paradójicamente, los recién estrenados partidos de la oposición realmente existente en el país -PRI y PAN- apelaron a los argumentos usados por los organismos de la sociedad civil y de los derechohumanistas, nacionales e internacionales (y no sólo extranjeros, sino organizaciones multinacionales) que habían desdeñado cuando tuvieron la responsabilidad del gobierno.
En lo que pudiera ser una réplica del mundo al revés, las fuerzas morenistas asumieron el rol de panistas y priistas del pasado, cuando defendían a capa y espada las bondades de las fuerzas armadas y las de la izquierda, no sólo morenistas, apelaban a la necesidad de que la autoridad civil asumiera sus responsabilidades, que no dejara -por abulia o incapacidad- en manos de los mílites ese tema y se abocara a la verdadera creación de las fuerzas policiacas, que hicieran frente a la masacre desatada en el país y, además, realizaran los programas sociales necesarios para combatir la insoportable desigualdad.
Los papeles se cambiaron drásticamente en las semanas previas.
Una cosa es cierta. 
Luego de aquella reunión sostenida por López Obrador con la cúpula castrense, el discurso del tabasqueño cambió. A partir de ahí acrecentó su insistencia en la creación de la GN, con mandos, formación y capacidad operativa militar, además de la práctica sustitución de las autoridades estatales y municipales en la responsabilidad de la seguridad pública y la desaparición de la Policía Federal.
¿Qué panorama tan aterrador le presentaron a AMLO los militares? ¿Le hicieron saber que sólo bajo su conducción se preservaría la seguridad pública?
¿Le plantearon el hecho de que no había remedio, que la seguridad pública era prácticamente inalcanzable bajo mandos civiles, de ahí la terquedad de AMLO de mantener los mandos militares, todavía hasta el viernes cuando, ya aprobada por el senado, insistió en que un militar en activo pudiera ser el titular de la GN?
Durante meses ha circulado la especie que el morenista había recibido un ultimátum de la jerarquía militar, so pena de ser desbancado.
No hay elementos para sostener tal especulación. Por varias razones, la principal, y quizá la determinante, será la reciedumbre del ahora presidente, se le podrá acusar de muchas cosas, pero es verdaderamente inflexible en algunos temas, éste en particular, el de la dignidad de la figura presidencial, es uno en el que no cede -ni cedería- un ápice.
Como fuere, ahora está enfrentado al que será, sin duda, el mayor de los retos de la 4T, la seguridad pública, que supera, por las dimensiones de la matazón, a la de la enorme desigualdad social, la que tanto se comprometió combatir.
No hay garantía que la creación de la GN sea la llave mágica, más cuando, para hacer un análisis sobre la solidez de las posturas del gobierno de AMLO en materia de seguridad pública no hay más elementos que los contenidos de manera general en el “Proyecto de Nación”, el Plan de Paz y Seguridad y ahora en las discusiones sobre la GN, ya que durante años su postura no fue más allá de plantear que la inseguridad y la violencia derivaban de la desigualdad social y la pobreza extrema existente, sin que ahondara mayormente en varios de los aspectos centrales del tráfico de drogas y el papel del país en ese multimillonario negocio, entre ellos el de la legalización del tráfico, así fuera gradualmente, todos ellos causas centrales de la inmensa degradación de la vida social e institucional.
El reto es mayúsculo. 
Los múltiples diagnósticos acerca de la situación de las policías son increíblemente desoladores, aunque tampoco deberá exagerarse en ello, más cuando se usa el sambenito de que “cientos de municipios no cuentan con policía eficaz, ni el número de elementos necesarios”, pues la verdad es que en la inmensa mayoría de esos municipios, por su cuantía poblacional, no son plazas atractivas para las bandas criminales, salvo que por su ubicación geográfica sí lo sean, lo que, en todos los casos, sería responsabilidad de las corporaciones estatales y/o federales, enfrentarlas.
Otra es la violencia existente en los centros urbanos, tanto la generada por el crimen organizado, como la ajena a éste, cuya cuantía e importancia en muchos casos es mayor a la primera, a la que, necesariamente, se debe enfrentar no sólo con la cuantía de los efectivos destinados a combatirla.
Por ello se advierte positivamente que la GN vaya a tener todas las características de una corporación civil, independientemente del carácter de quienes la conformarán mayoritariamente, con un mando civil (más allá de la chabacanería argüida por los defensores de la propuesta de AMLO, en el sentido que el presidente “es el jefe de las fuerzas armadas”); que en cinco años los militares deben retornar a los cuarteles, después de que se les haya empleado en el combate al crimen organizado, bajo parámetros de convencionalidad establecidos por organismos internacionales de derechos humanos.; que el Presidente y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberán rendirle cuentas al Congreso de la Unión.
Se eliminó la figura de junta de jefes de estado mayor, en la que participaban las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC).
No habrá continuidad de las estrategias anteriores, con Calderón y Peña Nieto y ese es el principal riesgo del gobierno de la 4T. La presencia de la GN en los estados será a petición de los gobernadores.
Tendrá un control parlamentario mediante una institución acorde con los tratados internacionales de derechos humanos, pues el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) tendrá la obligación de rendir cuentas de su labor a la Cámara de Senadores.
Los miembros de la Guardia Nacional, aun quienes provengan del Ejército y la Marina, se sujetarán a la competencia de la jurisdicción civil. No habrá fuero militar para ellos.
No terminaban de asimilarse los efectos positivos de la aprobación de las reformas, cuando el presidente López Obrador soltó un nuevo tema controversial al sostener que al tener la facultad de nombrar al titular de la Guardia podía hacerlo en la persona de un militar en activo o en retiro, cosa que se puede hacer sin problema en el segundo caso, pero de ninguna manera en el de los militares en activo, salvo que éstos solicitaran su licencia en los términos de la ley militar, para que de esa manera se mantenga el carácter civil de la nueva corporación, están obligados a no realizar simulación alguna.
Ahora bien, nadie tiene la certeza de que la GN pueda ser la fuerza policíaca que mejore la seguridad, sólo el grupo gobernante y sus seguidores la mantienen, tiene, eso sí, algunos aspectos que podrían llevar a un más que moderado optimismo, entre ellos el de que las fuerzas federales elevarían sustancialmente sus efectivos sin que se elevara sustancialmente el gasto del gobierno federal.
López Obrador se juega el resto -también el país entero- ya que lo aprobado es, en esencia, cosa semejante a lo intentado en el pasado -con errores, con múltiples deficiencias e infinidad de corruptelas, además de la rampante impunidad en la violación de derechos humanos cometidos por todas las fuerzas policiales y militares.
Luego de la aprobación cundió un más que justificado optimismo, sobre todo en las élites. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró los acuerdos que “eliminaron algunos de los principales puntos de preocupación y retoma varias de las recomendaciones formuladas” por el representante en México de la ONU-DH Jan Jarab.
Del mismo modo, la Coparmex, al celebrarlo, insistió en que “la función de la GN debe ser integral e ir acompañada de otros elementos para el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio, y que tanto éste como la primera requieren y requerirán una evaluación permanente para tener un funcionamiento óptimo”.
El factor principal para la aprobación fue el hecho de que Morena y aliados no tuvieron mayoría calificada, lo que potenció a la oposición y obligó al grupo gobernante a ceder en el eje central de las reformas constitucionales, pero deberá justipreciarse la apertura de Morena para realizar el “parlamento abierto”, que permitió la presentación de las opiniones de las organizaciones de la “sociedad civil”, analistas, académicos y funcionarios de los organismos internacionales de derechos humanos.
Por último, es probable que luego de las palabras aprobatorias de López Obrador, ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, de lo contrario, la propuesta recorrería el mismo camino recién concluido, y si todavía no, hasta el siguiente período de sesiones.
No sería sensato.

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jueves, 21 de febrero de 2019

Guardia Nacional, la definición de AMLO

El Diario, 21 de febrero de 2019
Luis Javier Valero Flores
La discusión que deberá celebrar el día de hoy la Cámara de Senadores -si es que no ocurriera cosa contraria- para aprobar las reformas constitucionales que darían origen a la Guardia Nacional (GN), como un órgano del Estado encargado de la Seguridad Pública y no, como hasta ahora, de la Seguridad Nacional, ha sido diáfanamente precisada por el promovente real, el presidente López Obrador.
Ya no hay confusión alguna, el tabasqueño definió a la GN como una “corporación de seguridad que garantizará el respeto a los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza, como operan las fuerzas de paz de la ONU”, porque, remarcó en una conferencia de prensa realizada en Monterrey,  “Queremos que el Ejército mexicano tenga la función de la seguridad, de garantizar la seguridad pública…”. (Nota de Reforma, 20 Febrero 2019).
Así, con todas sus palabras, es la pretensión del gobierno de la 4a. T, no hay más opciones, pretende hacer algo que ningún gobierno, en el planeta, ha optado para combatir la violencia generada por el crimen organizado, que esa es la principal de las características de la que sufrimos en México.
Y como si fuéramos un país sumergido en un conflicto bélico, aboga por la presencia de la fuerza militar, que eso son las fuerzas de paz de la ONU, que para actuar lo hacen bajo un régimen especial, el que conocíamos en México como el de la suspensión de las garantías individuales, es decir, de excepción.
¿Eso es lo que necesita el país, o sólo, -como lo han afirmado hasta la saciedad infinidad de activistas de las organizaciones de desaparecidos, de derechos humanos, investigadores, especialistas, etc.- en determinadas regiones y zonas del país, ahí en donde los grupos criminales han sustituido al Estado Mexicano y desarrollar un eficiente cuerpo de policías -o policías-, pensado, imaginado, soñado, para el México del futuro inmediato?
No falta a la verdad López Obrador. 
De acuerdo al dictamen aprobado solamente por los senadores de la coalición gobernante -Morena, PES y PT- se mantiene la intención de crear una Guardia Nacional con formación y disciplina militares, pues permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por tiempo indefinido, en tanto sea constituida la corporación; mantiene el fuero militar para los elementos que cometan delitos clasificados como del orden castrense, lo que sumado al hecho de que se mantiene la existencia de una Junta Militar de Jefes de Estado Mayor, conformada principalmente de militares.
No hay margen a la duda, la GN sería una institución militar.
Peor aún, los “senadores ampliaron como una de las responsabilidades de la Guardia Nacional ‘la preservación de la paz pública y el orden’, por lo que la agrupación puede participar en la disolución de manifestaciones que la autoridad considere que están alterando el orden público”. (Nota de Andro Aguilar, Pie de Página/La verdadJuárez, 20/II/19).
Por si fuera poco, le enmiendan la plana a la Cámara de Diputados y eliminan la perspectiva de género que tenían que ejercer como obligación los integrantes de la Guardia Nacional en sus funciones.
Más preocupante aún, en oposición a lo existente, el articulado propuesto por los senadores de Morena ya no le pone restricciones a las facultades del presidente.
Los legisladores de Morena y muchos de sus simpatizantes razonan como si AMLO fuera eterno y que siempre estará ahí conduciendo los destinos de la nación con honradez y eficiencia, no están actuando en función de la elevada tarea que les tocaba asumir: La de que, como primera fuerza de izquierda en asumir la presidencia, están obligados a crear el entramado jurídico democrático que preservara el rumbo del país para la presente y siguientes generaciones, y no se plantean la posibilidad, uno, la del término de la gestión de López Obrador y otra, para la que siempre deberán preparadas las instituciones, la falta del titular del Poder Ejecutivo, temporal o definitiva.
Nos pasamos casi todo un siglo para desterrar el presidencialismo, no sólo el denominado “imperial”, sino cualquiera, porque es un obstáculo mayor para el desarrollo de la democracia y ahora, desde el primer partido de izquierda que gana la presidencia en lugar de acentuar en aquel sentido, trazan la ruta para el contrario, al refortalecimiento de la figura presidencial.
¿Dónde quedaron las aportaciones de Porfirio Muñoz Ledo y otros en la vía de la construcción de un régimen parlamentario?
¡Qué grave!

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domingo, 17 de febrero de 2019

Enfoques preocupantes


El Diario, 17 de febrero de 2019
Luis Javier Valero Flores
El viernes terminaron las participaciones de distintos invitados del Senado de la República a fin de aportar sus opiniones en la aprobación de la reforma más importante propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Si bien las expresiones ahí efectuadas fueron muy importantes, de una buena cantidad de especialistas en el tema, de todo tipo, de académicos, derechohumanistas nacionales y extranjeros, de representantes de organismos extranjeros y hasta de la ONU, la nota más descollante fueron las sorpresivas declaraciones del presidente López Obrador.
En un desusado ataque a las organizaciones de la sociedad civil, el tabasqueño le endilgó a los “especialistas“ ponerle “trabas a la Guardia Nacional”. (Nota de Juan Pablo Sibilla y Martha Lorena Pérez, La Jornada, 13/Feb/2019).
En vez de ayudar, la sociedad civil y los especialistas ponen trabas para solucionar el problema de la inseguridad y de la violencia en México, criticó el presidente Andrés Manuel López Obrado… el mandatario federal aseguró tener en su poder una encuesta que afirma que más del 80 por ciento de los mexicanos están a favor de la creación de dicha corporación…”.
“En vez de que ayuden, están poniendo trabas. Ojalá los legisladores hagan caso a la gente, porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil, y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera. Hay que acabar el elitismo, unos pocos opinando por todos”.
Estas cuantas frases pudieran resultar las más emblemáticas del gobierno de la 4a Transformación (4a.T). Encierran un conjunto muy grande de concepciones acerca de lo que los mexicanos hemos construido y efectuado a lo largo de por lo menos el último medio siglo de luchas populares de todo tipo y, también, las concernientes a los derechos de la llamada “tercera generación” y otros más, los mismos que generaron la posibilidad de contar con organismos especializados en la conducción de los procesos electorales, los organismos derechohumanistas, de la transparencia; y en la transformación del marco legal a fin de que se garantizaran derechos de ese tipo, y otros.
¿Cómo ubicará el presidente el nacimiento de diversos organismos derechohumanistas y feministas en Chihuahua, nacidos al influjo de la terrible tragedia que significaron “Las muertas de Juárez”, y antes, el nacimiento de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Cosyddhac) pionera  nacional en este tema?
¿O la aparición, por desgracia, de las múltiples organizaciones integradas por los familiares de los miles de desaparecidos y secuestrados en todo el país, todas integrantes de la sociedad civil que, entre otras cosas, fueron forjando una clara conciencia de oposición al régimen autoritario?
Y, por supuesto, el hecho de que miles de mexicanos se dedicaran de tiempo completo, con becas o salarios universitarios, o no, a investigar, a analizar las causas de la inmensa tragedia criminal en México. 
Esos, los especialistas que ahora critica el mandatario son responsables, también, del vasto movimiento popular que hizo posible su ascenso a la presidencia de la república, porque éste -y bastaría con que revisara las biografías de varios de sus colaboradores- fue el resultado, no sólo de su incansable trabajo al recorrer infinitamente el país, sino también al de una inmensa cantidad de luchas, mayores, menores, más grandes, más o menos importantes que produjeron la vasta riqueza de dirigentes sociales y políticos a lo largo de todo el país.
Esa es la sociedad civil. En su seno se construyeron, no sólo las organizaciones ligadas al panismo y a los grupos empresariales, sino las más cercanas a las concepciones del presidente, las integradas por los más desfavorecidos económicamente y que, por pura casualidad, se encuentran en las entidades mayormente golpeadas por la violencia, que nacieron debido a la terquedad de quienes perdieron a sus familiares y que decidieron, en contra de todo, crear esas organizaciones que en todos los tonos se oponen a la militarización de la seguridad pública, que eso es y no otra cosa la creación de la Guardia Nacional propuesta por López Obrador.
Y ahora, a vuelta de unos meses, cobra mayor significado el hecho de que el gobierno de AMLO cancelara la celebración, en los meses previos a la toma de posesión, de los foros de “construcción de la paz” en varias de las entidades con mayores índices de violencia, entre ellos los eventos de Morelos, Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero.
Ahí, en esos estados, las organizaciones de la sociedad civil -las ajenas al panismo y al empresariado- que reclaman la aparición de decenas de miles de desaparecidos, que cuentan con el mayor número de fosas clandestinas y número de cadáveres encontrados, se oponen resueltamente a la creación de la Guardia Nacional.
En esos estados, y no es coincidencia, se han documentado el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas.
La diferencia fundamental entre lo propuesto por infinidad de protagonistas, de todo tipo, durante los últimos 20 años, y la del presidente López Obrador, es la de la urgente necesidad de fortalecer a las instituciones policiales, influir determinantemente en el cambio del entorno social y económico, o la creación de la Guardia Nacional, mediante la incorporación de las fuerzas armadas, abiertamente y someter bajo su mando a la seguridad pública.
Pero si lo que se necesita -de acuerdo a la visión del presidente López Obrador- es sustituir a todas las policías por la Guardia Nacional, entonces ¿Porqué las fuerzas armadas tienen su propia policía?
Las frases del presidente encontraron pronta e inteligente, además de documentada, respuesta del conjunto de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la “Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos” que, para nada, podría identificarse con los organismos empresariales, que reafirmó su postura de rechazar la creación de la Guardia Nacional y declarar como inaceptables “lanzar críticas generalizadas a opositores y disidentes”. (Comunicado del 15/II/19).
Más aún, al igual que Amnistía Internacional, la ONU y múltiples especialistas, mantiene su posición en contra de la militarización y sostiene que “la Guardia Nacional sólo será viable si mantiene mando, composición y formación civil…”. (Ibídem).
La defensa de la actuación de la sociedad civil, realizada por este conjunto de organismos es puntual y debería servir como referente a lo que debiera construirse a partir del primer gobierno de izquierda (en el cual, aún, pudiera ubicarse el de AMLO), pues plantean que “Desde hace más de 30 años las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) hemos acompañado a víctimas de violaciones a derechos humanos de todos los estratos sociales, pero especialmente los más desfavorecidos. Desde finales del siglo pasado nos opusimos a los retenes militares que después fueron legitimados por la SCJN”.
Debieran reaccionar los nuevos gobernantes. 
No es fortuito que un conjunto grande de organizaciones y de activistas, así como de especialistas en el tema y académicos coincidan en que la creación de la Guardia Nacional no hace más que fortalecer el “paradigma militar”, hoy representado por el “regreso -dicen- de militares a Ciudad Juárez, una localidad emblemática por la valiente denuncia y las graves afectaciones que se sufrieron por la militarización”.
No es un llamado cualquiera a la reflexión, máxime cuando el organismo empresarial más ligado al PAN, la Coparmex, después de haber mantenido una opinión contraria, ha anunciado, por voz de su presidente, Gustavo de Hoyos, el apoyo del organismo empresarial a la conformación de la Guardia Nacional, encuadrada en el Plan de Seguridad que omitió a las Policías.
Pues de acuerdo con la opinión de Marcela Figueroa, de la red “Prevención y castigo”, (Nexos, 3/I/19) el secretario de seguridad, Alfonso Durazo, consideró que “la reforma policial no se consideró como un elemento “estratégico” del Plan, ya que “éste es la claudicación absoluta ante el problema policial. No sólo acepta que las Policías no están en condiciones de hacer frente a la situación actual de inseguridad del país, sino que, con la propuesta de la Guardia Nacional, oficialmente hace suya la estrategia de militarización de los sexenios anteriores con la agravante de que la plantea, ya no como un remedio a corto plazo, ‘mientras las Policías se desarrollan’, sino que institucionaliza su permanencia y se abandona por completo el anhelo de un regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles”.
Además, “el Plan conceptualiza a la seguridad pública como un subnivel dentro de la seguridad nacional. Esto, irremediablemente coloca a las Fuerzas Armadas y al poder militar, sobre las Policías y el poder civil”. 
Todo lo anterior son sólo algunas de las expresiones de la sociedad civil a la que tan arbitrariamente denostó el presidente de la 4a. Transformación.
No tiene razón.

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jueves, 14 de febrero de 2019

Sismo en la iglesia católica


El Diario, 14 de febrero de 2019
Luis Javier Valero Flores
La detención del sacerdote Aristeo Trinidad Baca, reconocido y querido clérigo católico de Juárez, se ha convertido en un verdadero terremoto al interior de su iglesia, debido al carácter de los delitos que se le imputan, violación agravada y abuso sexual en perjuicio de una menor de 11 años, hechos confirmados por los peritajes realizados por la Fiscalía General del Estado.
Tanto mayor es la actividad de un ministro religioso, y cuanto mayor es el reconocimiento de la sociedad por su labor, en esa proporción es el pasmo de sus feligreses y el desencanto de una sociedad, hastiada del conjunto de fenómenos a cual más de negativos que se ciernen sobre ella.
El padre Baca era una de esas figuras católicas -de las pocas descollantes- que se había significado por su labor en pro de su grey. 
Hoy es un verdadero escándalo que, de pronto, coloca a la sociedad frente a uno de sus peores espejos, el del abuso sexual, y entre éstos, el más agravado, el cometido en contra de los niños y las niñas, quienes, por la confianza despertada por el ministro religioso en sus padres, son presa fácil de quienes, en vez de actuar como los guías espirituales, tanto de los niños, como de sus padres, se convierten en el objeto de sus prácticas sexuales, aprovechándose de su estatus.
El caso del padre Baca se convertirá, -ya lo es- en uno de los hechos cardinales de los abusos cometidos por integrantes de la jerarquía católica, por ser el primero de tan elevada inserción social, tanta, que a muy pocas horas de su detención, el vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, el sacerdote Hesiquio Trevizo, anunció en conferencia de prensa que la Iglesia católica de Juárez le ofrecía su “respaldo jurídico y moral”, además de externar su preocupación por la salud del clérigo encarcelado. (Nota de Verónica Domínguez, El Diario de Juárez, 11/II/19). 
“El apoyo legal ya lo tiene y el apoyo moral de toda la comunidad católica; lo conocemos por su gran labor y sí tiene el apoyo moral de todos nosotros, de toda la comunidad católica y de otra gente de buena voluntad del Gobierno que lo ayudaron y lo conocieron y también de las grandes empresas”. (Ibídem).
Y habló de la “consternación de algo que nos duele mucho. Conocemos al padre Aristeo que es un ícono, que ha hecho un gran servicio en la comunidad como sacerdote desde hace 40 años; estamos ahorita en una audiencia inicial, no es ninguna sentencia firme, es un proceso acusatorio de una violación agravada”, en una postura que denotó la grave crisis por la que transita esta iglesia pues en ningún momento se acordó, ni él, ni los grupos de manifestantes que salieron a la calle a ofrecerle su apoyo al sacerdote, de otorgarle una palabra de aliento a la víctima y su familia, católicos como ellos mismos.
Aparentemente, hasta ahora, y de acuerdo con la información ofrecida por la Fiscalía, a través del vocero, Carlos Huerta, la orden de aprehensión en contra del clérigo se otorgó “en base a que los exámenes médicos de agresión sexual en contra de una niña de 11 años”, que resultaron positivos. (Ibídem).
¿Es un problema, sólo de la iglesia católica? Obviamente, no. Quizá sea un sector social con más problemas de este tipo que el común existente en la sociedad, pero las agresiones y el acoso sexual en contra de niños y mujeres es un verdadero problema societario al que los gobernantes no han dado respuesta alguna.
Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en violencia doméstica y en agresiones a las mujeres, que nos han llevado a ocupar, durante largos años, los primeros lugares en feminicidios, además de las agresiones a los niños, como es el presente caso y no hay, hasta ahora, una política pública, ni del ámbito estatal, ni del federal, encaminada a afrontar tan doloroso fenómeno, correlativo a otros presentes en la sociedad chihuahuense, que develan, con extrema crudeza, que lo sufrido es un problema estructural de la sociedad chihuahuense ante el cual poco, muy poco, se ha efectuado desde los gobiernos.
Sin duda más de un lector podrá asentar que conductas como las aquí relatadas debieran ubicarse en el ámbito de la sociedad y que en tanto ésta no cambie, pocas cosas se podrán hacer, pero es una verdad parcial, pues quienes administran los recursos de la sociedad son quienes tienen en sus manos los mejores y más poderosos instrumentos para influir en el desarrollo de la sociedad.
Y eso, es lo que ha faltado en Chihuahua, incluido el gobierno de amanecer, veremos con el de la 4a. Transformación.

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domingo, 10 de febrero de 2019

De incongruencias morenistas y revanchas corralistas



El Diario, 10 de febrero de 2019
Luis Javier Valero Flores
Del mismo modo que Javier Corral -quizá aumentado debido a los antecedentes programáticos de su líder, el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador- los recientemente estrenados como gobernantes, los militantes y aliados de Morena, estaban obligados a adoptar, -en los hechos, no en los discursos- una conducta republicana, en la que el centro de ella fuese la muy mentada por AMLO, austeridad republicana.
El ahora gobernador Corral enarboló como bandera central de su campaña la pretensión de llevar a la cárcel al “vulgar ladrón”, el ex gobernador César Duarte.
Los chihuahuenses entendieron, por extensión, que su gobierno se desempeñaría dentro de los límites aquellos. 
Corral no sólo lo hizo explícitamente, sino que hasta emitió un código de ética para los nuevos gobernantes y se autoproclamó como abanderado del combate a la corrupción y adalid de la transparencia y hoy se enfrenta al hecho de que es sabido que tanto él, como su gabinete, decidieron ocultar sus patrimonios, luego de que en muchísimas ocasiones el mandatario estatal prometiera que sí lo haría: 
“Tras dos años y cuatro meses a cargo del Gobierno de Chihuahua, Javier Corral y su gabinete mantienen en la opacidad su patrimonio, a pesar de haberse comprometido a hacerlo público. Según se desprende de los datos disponibles por obligaciones de transparencia, el gobernador, sus secretarios, subsecretarios y directores han optado por no detallar los bienes y montos de sus propiedades.
El 18 de enero de 2017, Corral anunció que a través de la página 3de3 se transparentarían las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de todo su gabinete. Dos años después la información no se ha actualizado, aunque, de acuerdo con los datos oficiales, el mandatario y sus colaboradores han tenido modificaciones en sus bienes”. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario de Juárez, 8/II/19).
La falta de cumplimiento a esa prometida conducta lo acompaña permanentemente. A dos años y medios del término de su mandato, los grados de rechazo lo invaden hasta en sus páginas oficiales; los comentarios ácidos, severos, hasta groseros hacia su persona, son la mayoría, especialmente cuando el gobernante chihuahuense endereza sus baterías en contra del presidente López Obrador.
Perdida la posibilidad de contar con un gobierno local, en una de las dos ciudades más importantes del estado -Morena ganó las presidencias municipales de Cuauhtémoc, Rosales, Guerrero y Gómez Farías- que le permitiese, no sólo presumir su trabajo en el ámbito local, capitalizar la buena imagen del gobierno del tabasqueño y proyectar a alguno de sus integrantes, con mayor fuerza, a las elecciones estatales del 2021, Morena se quedó con su grupo parlamentario en el Congreso del Estado como la única herramienta local para la siguiente etapa, muy importante, que será la disputa del gobierno del estado.
El desempeño de sus diputados locales se convertiría en el escaparate local, para hacerle frente a sus dos principales adversarios locales, el gobierno de Corral-PAN y el alcalde juarense, Armando Cabada.
Si el gobernador Corral estaba obligado a la austeridad, los diputados de Morena, aún más. 
No hace mucho López Obrador lanzó como lema de campaña “Honestidad valiente” y enarboló como uno de sus principales símbolos la figura de Benito Juárez; él mismo, contra todas las opiniones, vive de manera muy austera, viaja en avión comercial y en su automóvil particular, y cimbró a la clase política al realizar diversos actos encaminados a que los funcionarios públicos no ganen -en la realidad, no en los discursos- menos que el presidente.
Más aún, los primeros funcionarios públicos emergidos de Morena, entre ellos los legisladores federales de las elecciones del 2015, debieron ceder la mitad de sus salarios a un fondo creado por Morena para financiar diversas universidades, promovidas por este partido.
Debe realizarse la acotación, la mayoría de quienes se convirtieron en diputados locales de Morena en Chihuahua, proceden de las filas de Morena; son militantes de las primeras horas, de aquellos que recorrían, incansables, las calles, veredas y terracerías de los caminos y colonias de Chihuahua; otros, los menos, proceden de las organizaciones campesinas más prestigiadas de la entidad.
Con ellos accedieron al poder -en la burocracia legislativa- algunos de sus militantes, de aquellos que casi accediendo a la primera juventud se incorporaron al lopezobradorismo. 
Varios de ellos gozan del reconocimiento y hasta cariño de Andrés Manuel.
Hoy constituyen un baldón para el morenismo, en lo general. Habrá, como es obvio, sus excepciones, pero la crítica de los chihuahuenses más enterados de la “cosa” política los ha enterrado, sus hechos los han mal calificado.
Más acotaciones. 
Con varios de ellos existen vínculos amistosos, pero imposible aceptar conductas que chocan con lo esgrimido por AMLO. 
Lo revelado acerca del número de asesores del grupo parlamentario, el más alto de la actual legislatura, y sus salarios; la camioneta Suburban adjudicada al líder de los diputados, Miguel Colunga; el mantenimiento de sus ingresos y prerrogativas; y el elevado (50, según el diputado panista, Jesús Villarreal, presidente de la mesa directiva del Congreso y ex coordinador de los diputados en la pasada legislatura) número de personas dadas de alta en la ahora desaparecida Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, al frente de la cual estaba Omar Holguín, el expresidente del Consejo Estatal.
No hay noticia alguna acerca de, por lo menos, la donación de los salarios a las universidades de Morena o a alguna otra institución, en hechos que pudieran constatarse por entes, físicos o morales, ajenos a los legisladores, como en alguna ocasión, hace muchisisímos años, lo hicieran los diputados del PRD, Alma Gómez, Rafael Torres y Pavel Aguilar (aunque éste sólo lo hiciera en las primeras ocasiones) con los aumentos que se auto asignaron los diputados de la legislatura 1998-2001.
No se está haciendo un balance de la actuación de estos diputados, puede que sea buena, en términos de fuerza de oposición, pero en el rubro aquí abordado, que no es menor para una buena parte de la población, que rechaza (y en buena medida por ello AMLO obtuvo 30 millones de votos) los insultantes privilegios de la clase política -a la que tan rápida y alegremente se sumó un buen grupo de morenistas- salen debiendo; su fortaleza política está íntimamente ligada a la moral política, por ello debieron -deben- renunciar a los privilegios.
En lugar de ello, arguyeron, que se opusieron pero que fueron vencidos en las votaciones y, a continuación, como no prosperaron sus propuestas, po’s ni modo, a gozarlos, o a lo sumo, como lo hizo el diputado Benjamín Carrera, proponer una ley de austeridad, o como lo propuso Miguel Colunga, hacerles llamados al resto de los diputados para que se bajaran los salarios.
Porque desde el punto de vista estrictamente político le ofrecieron a la bancada del PAN una inmejorable oportunidad para denunciarlos como receptores de los privilegios que tanto criticó AMLO.
Así, los panistas no sólo los sacaron del co-gobierno del Congreso del Estado, sino que los “balconearon” y los mostraron como portadores de la peor de las incongruencias a las que pueden llegar los gobernantes de la “4a.Transformación”.
Y estos hechos hicieron que uno mayor, realizado por el grupo gobernante, incluido el mandatario Corral, perdiera notoriedad: La decisión de romper un acuerdo político entre Morena y el PAN para co gobernar en el Congreso del Estado, lo que le deparaba al partido de López Obrador importantes posiciones.
Con toda seguridad la causa fue el voto de los morenistas en contra de la aprobación de la reestructuración de la deuda. 
Algunas versiones sostienen que el presidente, luego de escuchar al gobernador Corral, convino en la aprobación, siempre y cuando se cumplieran tres requisitos: Que no creciera la deuda, que no fuera en perjuicio de los chihuahuenses y que no incrementara el número de gobiernos posteriores a los que se obligara a pagarla, pero que en todo caso, los diputados de Morena estaban en libertad de hacer lo que creyeran conveniente.
Luego las versiones se dividen. Una sostiene que AMLO dio la orden de  no aprobar la reestructuración y la otra que los legisladores locales decidieron, por su cuenta, rechazarla, lo que recibió el beneplácito de la presidenta nacional, Yeidckol Polevnsky.
En cualquier caso, como lo sostiene un  muy influyente panista local, la respuesta de Corral fue una “bola muy dura”: Expulsaron de los órganos administrativos del Congreso a Morena.
Con ello, los compañeros de López Obrador se quedaron sin la mejor de sus posiciones gubernamentales en el estado, más allá, obviamente, de los cargos en la administración federal.
Hoy el PAN ha logrado contar con una endeble mayoría, luego del rompimiento con Morena, pero ello lo obligará a negociar constantemente con los pequeños partidos acreditados en el Congreso.
Le saldrá muy costoso pues esas agrupaciones no son de las que guardan, ni lealtades permanentes, ni conductas políticas, por tanto, congruentes y sembró el camino para que Morena entrara a la ruta de la permanente confrontación con el gobierno de Corral, independientemente de las filias o fobias, o sustento real, que pudieran tener sus reacciones y que, probablemente, sería la postura política que mejor le conviniera, es decir, la de la verdadera oposición en el estado, como le corresponde.

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jueves, 7 de febrero de 2019

Corral y sus proyecciones


El Diario, 7 de febrero de 2019
Luis Javier Valero Flores
Es imposible no acudir a esta figura al escuchar al gobernador Javier Corral, cuando critica al presidente López Obrador, especialmente en los temas de armado institucional y del respeto a la legalidad vigente. 
Se proyecta en cada frase.
Así ocurrió en sus más recientes disertaciones; primero, en la efectuada en la emblemática Universidad de Harvard -en Boston, ciudad en la que se recreó todo el “puente” del 1 al 4 de febrero- y, posteriormente, en el acto de protesta de lealtad a la Constitución de 300 alumnos de quinto y sexto grado de primaria, reunidos en los patios de Palacio de Gobierno para conmemorar el CII Aniversario de la Promulgación de la Carta Magna de 1917.
Sobre todo en el primer caso, las respuestas de la mayoría de quienes comentaron en la página oficial del mandatario rayaron en los límites de lo ofensivo, seguramente porque, como ocurrió en anterior ocasión, criticó acremente al presidente López Obrador, las que tuvieron como factor común la crítica a su desempeño, al que catalogan como improductivo para el estado.
No tienen desperdicio las incongruencias temáticas -y también las de las concepciones democráticas- del gobernante chihuahuense. 
Deplora que Morena posea mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores, así como en varias legislaturas.
A ver, a ver ¿Pues qué no pugnábamos, muchos, porque el presidente de México contara con mayoría en las cámaras, para que así pudiera concretar los programas de gobierno expuestos en la campaña, y de esa manera se pudiera superar la inmovilidad legislativa que padecimos en el país, desde 1997, debido a que ninguna fuerza tenía la mayoría necesaria para sacar adelante cualquier modificación legislativa, por mínima que fuera?
Pero no es un asunto teórico el problema; en el ámbito local, el PAN no sólo construye mayorías en el Poder Legislativo, sino que las utiliza para sancionar supuestas conductas políticas de sus adversarios -PRI y Morena-, lo que nos lleva a plantear que, de acuerdo con los planteamientos de Corral, lo que es bueno aquí, porque él gobierna, es malo allá, porque el gobernante es otro, en especial, AMLO, a cuyo gobierno, acusa, se puede convertir en un retroceso democrático, sin darse cuenta que en el ámbito local su mandato bien puede recibir semejante clasificación, y no porque se añore al de César Duarte, sino porque el candidato Javier Corral nos planteó otras expectativas, si llegaba al gobierno.
Entre paréntesis, y porque viene al caso, qué desafortunadas frases y concepciones de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, cuando asevera que es mejor PRIMOR, que PRIAN. 
Es que no tienen desperdicio las frases y proyecciones del gobernador Corral. 
En otra parte de su discurso harvardiano, sostuvo que “Las preocupaciones mayores en mi caso tienen que ver (en relación al gobierno de López Obrador) con una dinámica de polarización, un dinámica de encono, parece que en lugar de celebrar la nueva asunción, el nuevo régimen está encolerizado y ese ánimo no es bueno para gobernar, porque quien gobierna se tiene que constituir en un factor de armonía, de unidad, de estabilidad... quien gobierna tiene que convertirse en el principal elemento de la estabilidad”.
Sí, tienen razón la mayor parte de los lectores que llegaron a la conclusión del escribiente: Son frases que bien se le pueden aplicar al gobernante chihuahuense, Javier Corral no ha sido el factor de armonía que necesitaba Chihuahua, al contrario, su gobierno ha chocado, no con las fuerzas partidarias existentes -aunque también- sino con distintos estratos de la sociedad chihuahuense, su gobierno pareciera un régimen “encolerizado”.
Y se queja de la posibilidad de que el tabasqueño ejerza una “presidencia unipersonal”, cuando en Chihuahua ese es el rasgo del actual gobierno, del cual ya hemos dado cuenta de la concentración del poder realizada por el gobernador Corral.
Todo lo podemos sintetizar en la pregunta que el mismo Corral se planteó en esa conferencia: “¿Transformación profunda o regresión autoritaria? (la del gobierno de López Obrador)”.
Por desgracia, en Chihuahua, la respuesta es obvia, padecemos una regresión autoritaria, no por lo que teníamos previamente, sino por lo que podíamos alcanzar con un gobernante al que creíamos democrático, surgido del más amplio rechazo que algún gobernador chihuahuense hubiese concitado.
Nos equivocamos rotundamente.

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