El Diario, 14 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
Debiéramos regresarnos a mediados y fines de la década de los 80’s. En tales fechas, la CNC –que entonces gozaba de una mejor salud que ahora– anunció la puesta en marcha de un programa de nacionalización de vehículos extranjeros –sólo los necesarios para las actividades agropecuarias– que catapultó el ingreso a nuestro país de vehículos, ahora comúnmente llamados “chuecos”. Casi al mismo tiempo anunció que le garantizaba al candidato del PRI a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, la obtención de ¡20 millones de votos en las elecciones de 1988
Muchos años después, casi como casualidad ante los problemas encontrados por el gobierno de Chihuahua para llegar a un acuerdo con el federal, a fin de regularizar los chuecos circulantes en la entidad, la misma CNC –pero recordemos la famosa frase: Los de antes ya no somos los mismos de ahora– anunció el inicio de un “precenso” de regularización de carros chuecos a partir de esta semana.
No va sola, también la Unión Campesina Democrática –ligada a algunos grupos al interior del PRD– anunció que participará en el levantamiento de dicho “precenso” y que el costo, para los incautos –o ¿Muy avezados? – propietarios de tales vehículos será de 150 pesos, tal y como lo señaló el dirigente de la organización campesina priísta, Abraham Montes.
Dijeron que ese costo era exclusivamente para cubrir los gastos de operación, ya “que para nada se busca un beneficio económico, lo que se busca es un registro de los vehículos para conocer la magnitud del problema”.
Saltan a borbotones las preguntas, pero una es crucial: Si hablan de un “precenso” ¿Quiere decir que habrá un censo efectuado por alguna dependencia gubernamental estatal? ¿Quiere decir que tal actividad tiene el semi-respaldo oficial y que el requisito será afiliarse a alguna de las dos organizaciones patrocinadoras del programa?
Si es así ¿Quién manejará los recursos obtenidos? ¿Será la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado? ¿O es una simple maniobra de las dirigencias de esas organizaciones en la que la administración estatal no tiene nada que ver?
Llaman la atención tantas coincidencias pues de una de las organizaciones, la CNC, procede el gobernador del Estado, César Duarte, y pudiera antojarse oler un cierto tufillo de acuerdos, o de un intento por aprovechar tal circunstancia. En cualquiera de las dos situaciones, lo ideal sería la aclaración oficial de que estamos ante un episodio más de un mecanismo usado por las organizaciones sociales para agenciarse algunos recursos económicos para ofertar alguna protección ante un posible decomiso de “chuecos”.
Pues ¿Alguien creerá que alguna autoridad, de cualquiera de los niveles, osará efectuar un decomiso de decenas de miles de vehículos en los albores de la campaña presidencial?
¿Cuál es el problema? ¡Ah, po’s que el gobierno federal pretende seguir cobrando el arancel por permitir el ingreso de vehículos usados No tanto porque obtenga demasiados recursos económicos de tal medida, sino porque los vendedores de automóviles nuevos –que no los empresarios de la industria de autopartes, rubro prácticamente desaparecido desde la entrada en vigor del TLCAN– se oponen a la libre importación de chuecos, para preservar, según ellos, el mercado y la industria automotriz mexicanas.
Pero tales pretensiones y medidas violan flagrantemente el acuerdo comercial que tanta polémica y catástrofes produjo en nuestro país, pues desde hace algunos años, según las cláusulas específicas para tal industria, ya no debería cobrarse arancel alguno y los habitantes de Canadá, Estados Unidos y México podríamos adquirir vehículos usados –siendo de manufactura norteamericana– en cualquier lugar, como si fuera el propio país.
De ahí que, y efectuando todos los estudios jurídicos pertinentes ¿Por qué no promover un amparo multitudinario contra el cobro del arancel, patrocinado y promovido por el gobierno estatal, a fin de que los propietarios de chuecos pudieran, en ese momento, obtener sus placas y pagar sus derechos vehiculares y así todos los vehículos circulantes en la entidad contaran con los instrumentos necesarios para ser identificados?
Digo…
viernes, 15 de abril de 2011
¡Una luz! Revisarán patrimonio de jueces
El Diario, 12 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
No es novedad asentar la increíble crisis de credibilidad por la que atraviesan el total de las instituciones relacionadas con la procuración y administración de justicia. La percepción popular ubica casi en el mismo rango de niveles de corrupción a los agentes del ministerio público, policías judiciales y jueces. Por supuesto no todos son corruptos, ni libres de culpas, sin embargo, la crisis de seguridad pública por la que atravesamos desvela aún mayormente los niveles de corrupción de tales instituciones.
Por ello es de alabarse –y de criticarse al mismo tiempo- la medida aprobada ayer por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a propuesta de su nuevo presidente, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, de fiscalizar el patrimonio de los integrantes del Poder Judicial, por lo cual se revisarán las cuentas bancarias y la evolución de sus bienes, “con el propósito de prevenir y detectar actos de corrupción que puedan derivar en el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos”.
“La finalidad de esta decisión es garantizar que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación cuenten con una situación financiera que corresponda al nivel de sus ingresos; además de detectar cualquier evidencia o indicio de un enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar”, establece la resolución del CJF.
Es increíble se haya aprobado apenas hasta ahora, una medida tan elemental para prevenir la corrupción de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) pues el seguimiento de las propiedades y cuentas bancarias de tales funcionarios debiera formar parte –hace años- del permanente escrutinio que debieran recibir pues en esa medida podríamos tener indicios –y en muchos casos, evidencias plenas- de conductas irregulares de quienes tienen en sus manos la administración de justicia en el país, y al decir esto, debemos recalcar que es de todo el país pues a sus manos llegan, si así lo deciden todas las partes en pugna, todos los asuntos judiciales de los mexicanos.
A pesar de tales atribuciones, la sociedad no tiene muchos elementos para acreditar la buena conducta de ellos, hoy mismo, al aprobar esa medida, y en consonancia con los tiempos que vivimos en materia de transparencia, que no son precisamente los mejores, pues existe una marcada tendencia a la opacidad de parte de la mayoría de las instancias de gobierno, federales y estatales, el CJF acordó que sea el contralor del PJF, y no el Auditor Superior de la Federación, quien con solamente un aviso al pleno del CJF dará inicio a la fiscalización de las cuentas y propiedades de algún juzgador.
Todas las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, estarán obligadas a proporcionar la información y datos que la Judicatura Federal les solicite, relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los integrantes del PJF.
Sin embargo, y continuando con la tendencia prevaleciente, informaron que la información recabada será confidencial y será calificada como reservada con lo que solamente presentando una querella y ganándola, algún ciudadano podría tener acceso a tal información, a contrapelo del espíritu originario de la ley de transparencia que obligaba a todos los servidores públicos a exhibir los montos de su patrimonio, como lo hace la legislación de Coahuila, con lo cual cualquier ciudadano podría estar informado de la transparencia en los bienes personales de los funcionarios públicos, en especial de éstos cuya actuación es tan sensible para toda la sociedad y que debiera ser lo más transparente posible.
El principal argumento usado para oponerse a la difusión de los ingresos y bienes de tan encumbrados funcionarios ha sido que se pone en riesgo su integridad pues los delincuentes tendrían pleno conocimiento de su riqueza y, por tanto, se harían más sensibles a la posibilidad de sufrir extorsiones y secuestros.
Sinceramente, ¿Creen que es válido tal argumento? ¿Acaso no es una de las certidumbres más generalizadas el que los funcionarios públicos mexicanos gozan de las más altas percepciones en el planeta y que los integrantes del Poder Judicial, en especial, son los que más ganan?
No se necesitaría acceder a las páginas de transparencia para saber lo anterior, lo que sí se debería descartar es que poseyesen más allá de lo que sus ingresos generan.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
No es novedad asentar la increíble crisis de credibilidad por la que atraviesan el total de las instituciones relacionadas con la procuración y administración de justicia. La percepción popular ubica casi en el mismo rango de niveles de corrupción a los agentes del ministerio público, policías judiciales y jueces. Por supuesto no todos son corruptos, ni libres de culpas, sin embargo, la crisis de seguridad pública por la que atravesamos desvela aún mayormente los niveles de corrupción de tales instituciones.
Por ello es de alabarse –y de criticarse al mismo tiempo- la medida aprobada ayer por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a propuesta de su nuevo presidente, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, de fiscalizar el patrimonio de los integrantes del Poder Judicial, por lo cual se revisarán las cuentas bancarias y la evolución de sus bienes, “con el propósito de prevenir y detectar actos de corrupción que puedan derivar en el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos”.
“La finalidad de esta decisión es garantizar que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación cuenten con una situación financiera que corresponda al nivel de sus ingresos; además de detectar cualquier evidencia o indicio de un enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar”, establece la resolución del CJF.
Es increíble se haya aprobado apenas hasta ahora, una medida tan elemental para prevenir la corrupción de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) pues el seguimiento de las propiedades y cuentas bancarias de tales funcionarios debiera formar parte –hace años- del permanente escrutinio que debieran recibir pues en esa medida podríamos tener indicios –y en muchos casos, evidencias plenas- de conductas irregulares de quienes tienen en sus manos la administración de justicia en el país, y al decir esto, debemos recalcar que es de todo el país pues a sus manos llegan, si así lo deciden todas las partes en pugna, todos los asuntos judiciales de los mexicanos.
A pesar de tales atribuciones, la sociedad no tiene muchos elementos para acreditar la buena conducta de ellos, hoy mismo, al aprobar esa medida, y en consonancia con los tiempos que vivimos en materia de transparencia, que no son precisamente los mejores, pues existe una marcada tendencia a la opacidad de parte de la mayoría de las instancias de gobierno, federales y estatales, el CJF acordó que sea el contralor del PJF, y no el Auditor Superior de la Federación, quien con solamente un aviso al pleno del CJF dará inicio a la fiscalización de las cuentas y propiedades de algún juzgador.
Todas las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, estarán obligadas a proporcionar la información y datos que la Judicatura Federal les solicite, relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los integrantes del PJF.
Sin embargo, y continuando con la tendencia prevaleciente, informaron que la información recabada será confidencial y será calificada como reservada con lo que solamente presentando una querella y ganándola, algún ciudadano podría tener acceso a tal información, a contrapelo del espíritu originario de la ley de transparencia que obligaba a todos los servidores públicos a exhibir los montos de su patrimonio, como lo hace la legislación de Coahuila, con lo cual cualquier ciudadano podría estar informado de la transparencia en los bienes personales de los funcionarios públicos, en especial de éstos cuya actuación es tan sensible para toda la sociedad y que debiera ser lo más transparente posible.
El principal argumento usado para oponerse a la difusión de los ingresos y bienes de tan encumbrados funcionarios ha sido que se pone en riesgo su integridad pues los delincuentes tendrían pleno conocimiento de su riqueza y, por tanto, se harían más sensibles a la posibilidad de sufrir extorsiones y secuestros.
Sinceramente, ¿Creen que es válido tal argumento? ¿Acaso no es una de las certidumbres más generalizadas el que los funcionarios públicos mexicanos gozan de las más altas percepciones en el planeta y que los integrantes del Poder Judicial, en especial, son los que más ganan?
No se necesitaría acceder a las páginas de transparencia para saber lo anterior, lo que sí se debería descartar es que poseyesen más allá de lo que sus ingresos generan.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
domingo, 10 de abril de 2011
Ustedes disculpen
El Diario, 10 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
De veras que no tienen vergüenza. Por un lado, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, cual vulgar pitoniso, nos vino a decir que al término del próximo sexenio “disminuiría la violencia”, y por otro, el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Procuración de Justicia y Narcotráfico de Estados Unidos, William R. Brownfield, candorosamente vino a reconocer que “nos equivocamos (Los Estados Unidos)” al considerar que podría ser resuelto rápidamente con “una campaña agresiva y que no requería un enfoque gubernamental pleno”, al dirigirse a los participantes de XXVIII Conferencia Internacional Contra las Drogas, celebrada en Cancún en el curso de la semana.
No tiene desperdicio la intervención del funcionario norteamericano, el escribiente no había escuchado o leído una explicación tan puntual de los gravísimos errores de concepción de la estrategia a aplicar en el combate al narcotráfico, ni mucho menos había escuchado la descripción de las actividades diseñadas por los norteamericanos, para que las aplicaran los gobiernos y fuerzas armadas y policiacas de los países americanos.
Brownfield dijo que se equivocaron al pensar que se podría combatir país por país, o cuando creyeron que era “una cuestión que únicamente tenía que ver con el cumplimiento de la ley, con enjuiciamiento, y pensábamos que no requería un enfoque gubernamental pleno”. Quien expresaba tales cosas era, quizá, el funcionario norteamericano con más experiencia en el combate al narcotráfico, pues su trayectoria es de 32 años en tal empeño.
Muchos años más tarde, “miles de millones de dólares gastados y muchas estrategias después y podría decirles que no tuvimos razón, no le atinamos… y eso lo aprendimos en las décadas de los 70, 80 y 90, conforme las organizaciones de narcotráfico se hicieron más globales, y tendieron sus tentáculos más allá los países y las fronteras de los países individuales. En 1979 creíamos que el problema de las drogas podía ser enfrentado como una cuestión que tenía que ver con el cumplimiento de la ley, con enjuiciamiento, y pensábamos que no requería un enfoque gubernamental pleno, nos equivocamos, tiene que ver con cuestiones económicas, políticas, de seguridad, diplomáticas, sociales, de salud, educación y aspectos culturales, y si no integramos todos estos elementos en nuestra solución estamos condenados al fracaso”.
En un larguísimo mea culpa, Brownfield enumeró una a una las etapas de esa estrategia fallida, en 1979 evaluaron que el narcotráfico era como una cadena que empezaba con el cultivo y concluía con su distribución y venta final y si quitaban un eslabón, toda la cadena se rompería. Nos equivocamos, dijo.
El relato, a medida que se desarrollaba, mostraba con toda nitidez, no solamente la candidez (por llamarla de alguna manera) del norteamericano, sino la sumisión de los gobiernos mexicanos –los de entonces y los de ahora– al acatar dócilmente la elaboración y aplicación de una estrategia que claramente estaba condenada al fracaso, no solamente por su concepción sino porque áreas enteras de las agencias de seguridad norteamericana se dedicaban a patrocinar a las bandas del narcotráfico, en aras de combatir al “peligro comunista”, en la aventura de combatir a los sandinistas mediante la creación y patrocinio de los “contras” en Centroamérica en la década de los 80’s.
Hoy mismo, Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, al presentar una apelación ante una corte federal en Chicago, arguyó en su defensa que las actividades ilícitas de las cuales se le acusa fueron realizadas con autorización de funcionarios federales de los EU, en particular de la DEA, el ICE y el FBI y por lo menos durante 5 años, con lo que puso a juicio al gobierno norteamericano por patrocinar actividades ilegales.
Asombran las declaraciones de García Luna y Brownfield pues ahora resulta que el baño de sangre y el gravísimo deterioro del Estado de Derecho, y las enormes sumas empleadas por ambos países, en particular el nuestro, ante los resultados, han sido completamente inútiles y como si fuera cualquier otra cosa, banal y fútil, simplemente nos dicen nos equivocamos o ¿Qué creen? Esto va a durar siete años más.
¿Cuánto aguantará el país a este ritmo? ¿A dónde arrojaremos a ciudades como Juárez, Tijuana, Culiacán, Durango, Chihuahua, Nuevo Laredo, Torreón y otras, sometidas a una intensísima ola criminal de todo tipo?
Demos una ojeada al costo de la “guerra” de Calderón.
Según el subcomandante Marcos (en una carta al escritor Juan Villoro) las dependencias encargadas de la seguridad, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública han recibido, de enero de 2007 a diciembre de 2010, una cantidad superior a los 366 mil millones de pesos, más los 121 mil millones que recibirán este año, es decir, casi 500 mil millones de pesos. El crecimiento es enorme pues en 2007 recibieron 71 mil millones de pesos, es decir, un 70% de incremento para sostener la guerra de Calderón.
No es aceptable, bajo ningún punto de vista, aceptar tal hecho; casi duplican su presupuesto y la ola criminal, en lugar de disminuir, contra toda lógica, se ha incrementado en niveles no conocidos por casi todas las actuales generaciones de mexicanos ¿A dónde se ha ido tanto dinero?
¿No sería mejor haberle dado un salario a todos los ni-nis y emplearlos en las mil y una tareas pendientes en la sociedad, y dejar que los norteamericanos empleen todos los recursos que dispongan en impedir el ingreso de drogas a su territorio?
Porque de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación, en el año del 2010, un soldado federal raso ganaba 3,865 pesos mensuales y un general divisionario recibía 133,590 pesos mensuales. Con el presupuesto bélico total del 2009 (113 mil millones de pesos para las 4 dependencias) “se hubieran podido pagar los salarios anuales de 2 millones y medio de soldados rasos; o de 70 mil 500 generales de división; o de 60 mil 700 titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Y le agregamos nosotros, con un salario mensual de 7 mil 600 pesos se pagarían los salarios de 1 millón 250 mil jóvenes, es decir, los que ingresan cada año a la vida productiva.
A pesar de todo, Calderón insiste en mantener tal estrategia pues sueña con alcanzar la “gloria del triunfo” y anunció que las fuerzas armadas permanecerán en las calles hasta que existan “32 policías estatales confiables”, pues las existentes (en los estados) no lo son, como si la federal sí lo fuera, algo que para muchísimos juarenses ha quedado comprobado hasta el hartazgo de su ineficiencia y corrupción.
Pero no debemos preocuparnos, Calderón anunció que seguirán siendo “contundentes en un combate que no admite titubeos ni ambigüedad”, pero que ha mostrado cabalmente cuál bando está triunfando pues a decir de la administradora de la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) Michele Leonhart, los cárteles mexicanos han tomado el control total del trasiego y distribución de drogas, no solamente en México, sino también ¡en los Estados Unidos
“Los cárteles se relacionan con pandillas y otros grupos, pero el comando central está en los cárteles mexicanos, no hay cárteles específicos en Estados Unidos”, afirmó enfáticamente.
Po’s ora sí que no entendimos ¿Cómo está eso de que en plena guerra en México, los cárteles mexicanos no solamente no pierden fuerzas sino que se convierten en los controladores de la distribución y venta de drogas en el mayor mercado mundial de ellas?
Y encima, la presidencia de la conferencia recaerá en Genaro García Luna, el “mayor combatiente contra el narcotráfico en México”, como fue calificado por la funcionaria norteamericana.
Con razón el líder nacional del PAN, nuestro paisano, Gustavo Madero, lanza declaraciones tan correctas. Dijo que “la violencia no la inventó Calderón” pues existieron más ejecuciones durante los gobiernos del PRI ya que, sostuvo, en los 9 años de gobiernos panistas se suman 102 mil 99 ejecutados, pero que en los últimos 9 años del PRI fueron 128 mil.
Y como para que no quedara duda de la veracidad de tales frases, dijo que “antes de que llegara (Calderón) había cabezas humanas en las pistas de baile en los centros nocturnos de Morelia”.
Nomás hay que hacerle algunas pequeñas precisiones: Cuando aparecieron las primeras cabezas humanas, el presidente era su compañero de partido, Vicente Fox, y ocurrió en Uruapan, que está en Michoacán, no en Morelia.
Luis Javier Valero Flores
De veras que no tienen vergüenza. Por un lado, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, cual vulgar pitoniso, nos vino a decir que al término del próximo sexenio “disminuiría la violencia”, y por otro, el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Procuración de Justicia y Narcotráfico de Estados Unidos, William R. Brownfield, candorosamente vino a reconocer que “nos equivocamos (Los Estados Unidos)” al considerar que podría ser resuelto rápidamente con “una campaña agresiva y que no requería un enfoque gubernamental pleno”, al dirigirse a los participantes de XXVIII Conferencia Internacional Contra las Drogas, celebrada en Cancún en el curso de la semana.
No tiene desperdicio la intervención del funcionario norteamericano, el escribiente no había escuchado o leído una explicación tan puntual de los gravísimos errores de concepción de la estrategia a aplicar en el combate al narcotráfico, ni mucho menos había escuchado la descripción de las actividades diseñadas por los norteamericanos, para que las aplicaran los gobiernos y fuerzas armadas y policiacas de los países americanos.
Brownfield dijo que se equivocaron al pensar que se podría combatir país por país, o cuando creyeron que era “una cuestión que únicamente tenía que ver con el cumplimiento de la ley, con enjuiciamiento, y pensábamos que no requería un enfoque gubernamental pleno”. Quien expresaba tales cosas era, quizá, el funcionario norteamericano con más experiencia en el combate al narcotráfico, pues su trayectoria es de 32 años en tal empeño.
Muchos años más tarde, “miles de millones de dólares gastados y muchas estrategias después y podría decirles que no tuvimos razón, no le atinamos… y eso lo aprendimos en las décadas de los 70, 80 y 90, conforme las organizaciones de narcotráfico se hicieron más globales, y tendieron sus tentáculos más allá los países y las fronteras de los países individuales. En 1979 creíamos que el problema de las drogas podía ser enfrentado como una cuestión que tenía que ver con el cumplimiento de la ley, con enjuiciamiento, y pensábamos que no requería un enfoque gubernamental pleno, nos equivocamos, tiene que ver con cuestiones económicas, políticas, de seguridad, diplomáticas, sociales, de salud, educación y aspectos culturales, y si no integramos todos estos elementos en nuestra solución estamos condenados al fracaso”.
En un larguísimo mea culpa, Brownfield enumeró una a una las etapas de esa estrategia fallida, en 1979 evaluaron que el narcotráfico era como una cadena que empezaba con el cultivo y concluía con su distribución y venta final y si quitaban un eslabón, toda la cadena se rompería. Nos equivocamos, dijo.
El relato, a medida que se desarrollaba, mostraba con toda nitidez, no solamente la candidez (por llamarla de alguna manera) del norteamericano, sino la sumisión de los gobiernos mexicanos –los de entonces y los de ahora– al acatar dócilmente la elaboración y aplicación de una estrategia que claramente estaba condenada al fracaso, no solamente por su concepción sino porque áreas enteras de las agencias de seguridad norteamericana se dedicaban a patrocinar a las bandas del narcotráfico, en aras de combatir al “peligro comunista”, en la aventura de combatir a los sandinistas mediante la creación y patrocinio de los “contras” en Centroamérica en la década de los 80’s.
Hoy mismo, Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, al presentar una apelación ante una corte federal en Chicago, arguyó en su defensa que las actividades ilícitas de las cuales se le acusa fueron realizadas con autorización de funcionarios federales de los EU, en particular de la DEA, el ICE y el FBI y por lo menos durante 5 años, con lo que puso a juicio al gobierno norteamericano por patrocinar actividades ilegales.
Asombran las declaraciones de García Luna y Brownfield pues ahora resulta que el baño de sangre y el gravísimo deterioro del Estado de Derecho, y las enormes sumas empleadas por ambos países, en particular el nuestro, ante los resultados, han sido completamente inútiles y como si fuera cualquier otra cosa, banal y fútil, simplemente nos dicen nos equivocamos o ¿Qué creen? Esto va a durar siete años más.
¿Cuánto aguantará el país a este ritmo? ¿A dónde arrojaremos a ciudades como Juárez, Tijuana, Culiacán, Durango, Chihuahua, Nuevo Laredo, Torreón y otras, sometidas a una intensísima ola criminal de todo tipo?
Demos una ojeada al costo de la “guerra” de Calderón.
Según el subcomandante Marcos (en una carta al escritor Juan Villoro) las dependencias encargadas de la seguridad, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública han recibido, de enero de 2007 a diciembre de 2010, una cantidad superior a los 366 mil millones de pesos, más los 121 mil millones que recibirán este año, es decir, casi 500 mil millones de pesos. El crecimiento es enorme pues en 2007 recibieron 71 mil millones de pesos, es decir, un 70% de incremento para sostener la guerra de Calderón.
No es aceptable, bajo ningún punto de vista, aceptar tal hecho; casi duplican su presupuesto y la ola criminal, en lugar de disminuir, contra toda lógica, se ha incrementado en niveles no conocidos por casi todas las actuales generaciones de mexicanos ¿A dónde se ha ido tanto dinero?
¿No sería mejor haberle dado un salario a todos los ni-nis y emplearlos en las mil y una tareas pendientes en la sociedad, y dejar que los norteamericanos empleen todos los recursos que dispongan en impedir el ingreso de drogas a su territorio?
Porque de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación, en el año del 2010, un soldado federal raso ganaba 3,865 pesos mensuales y un general divisionario recibía 133,590 pesos mensuales. Con el presupuesto bélico total del 2009 (113 mil millones de pesos para las 4 dependencias) “se hubieran podido pagar los salarios anuales de 2 millones y medio de soldados rasos; o de 70 mil 500 generales de división; o de 60 mil 700 titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Y le agregamos nosotros, con un salario mensual de 7 mil 600 pesos se pagarían los salarios de 1 millón 250 mil jóvenes, es decir, los que ingresan cada año a la vida productiva.
A pesar de todo, Calderón insiste en mantener tal estrategia pues sueña con alcanzar la “gloria del triunfo” y anunció que las fuerzas armadas permanecerán en las calles hasta que existan “32 policías estatales confiables”, pues las existentes (en los estados) no lo son, como si la federal sí lo fuera, algo que para muchísimos juarenses ha quedado comprobado hasta el hartazgo de su ineficiencia y corrupción.
Pero no debemos preocuparnos, Calderón anunció que seguirán siendo “contundentes en un combate que no admite titubeos ni ambigüedad”, pero que ha mostrado cabalmente cuál bando está triunfando pues a decir de la administradora de la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) Michele Leonhart, los cárteles mexicanos han tomado el control total del trasiego y distribución de drogas, no solamente en México, sino también ¡en los Estados Unidos
“Los cárteles se relacionan con pandillas y otros grupos, pero el comando central está en los cárteles mexicanos, no hay cárteles específicos en Estados Unidos”, afirmó enfáticamente.
Po’s ora sí que no entendimos ¿Cómo está eso de que en plena guerra en México, los cárteles mexicanos no solamente no pierden fuerzas sino que se convierten en los controladores de la distribución y venta de drogas en el mayor mercado mundial de ellas?
Y encima, la presidencia de la conferencia recaerá en Genaro García Luna, el “mayor combatiente contra el narcotráfico en México”, como fue calificado por la funcionaria norteamericana.
Con razón el líder nacional del PAN, nuestro paisano, Gustavo Madero, lanza declaraciones tan correctas. Dijo que “la violencia no la inventó Calderón” pues existieron más ejecuciones durante los gobiernos del PRI ya que, sostuvo, en los 9 años de gobiernos panistas se suman 102 mil 99 ejecutados, pero que en los últimos 9 años del PRI fueron 128 mil.
Y como para que no quedara duda de la veracidad de tales frases, dijo que “antes de que llegara (Calderón) había cabezas humanas en las pistas de baile en los centros nocturnos de Morelia”.
Nomás hay que hacerle algunas pequeñas precisiones: Cuando aparecieron las primeras cabezas humanas, el presidente era su compañero de partido, Vicente Fox, y ocurrió en Uruapan, que está en Michoacán, no en Morelia.
jueves, 7 de abril de 2011
Impunidad de cuello blanco
El Diario, 7 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
La decisión del Congreso del Estado, tomada por mayoría, de dar por finalizado el juicio político seguido en contra de los ex jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga, es un episodio más de los indudables yerros cometidos alrededor del caso Rubí Frayre-Sergio Barraza-Marisela Escobedo, y develó cuán poco hemos avanzado en la procuración y administración de justicia.
No podía esperarse otra cosa. Semanas atrás, el gobernador del estado, César Duarte, al conocerse la versión del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), en el sentido que los jueces de la polémica habían renunciado, afirmó que con ese acto “se le daba vuelta a la hoja”. Ayer, la mayoría del PRI, Verde Ecologista y PANAL expidieron la constancia: Aquí no ha pasado nada, los jueces han sido “castigados”, los reclamos de justicia de la sociedad han sido escuchados y todos contentos.
No es así. Si recordamos, cuando el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, solicitó la instauración del juicio político hizo una serie de reflexiones y consideraciones en las que, si bien señalaba que la absolución de Sergio Barraza por los jueces señalados era el acto que motivaba su petición, también decía que era necesario establecer la verdad sobre el caso e investigar a los demás actores de las dependencias oficiales, en particular a los elementos de la policía municipal de Juárez y a los agentes del Ministerio Público y sus respectivos jefes.
Más aún, en uno de sus apartados establecía la necesidad de que se abriera una investigación lo más completa a fin de llegar a conclusiones lo más cercanas a la realidad.
Al contrario del mundo oficial, se alzaron muchas voces que poníamos en duda la competencia (en términos jurídicos) del Congreso del Estado para conocer (otra vez, en esos términos) del caso, pues cuando se presentó la solicitud de juicio político ya se había iniciado en el STJ el proceso para sancionarlos, de encontrarlos responsables de la comisión de alguna irregularidad.
No es todo, algunos poníamos en duda que los jueces hubiesen cometido el error, y ubicamos las causas de tal desastre en la ineficiente labor del Ministerio Público y en la red de relaciones sospechosas en el interior de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) debido al elevado número de hechos generadores de incontables suspicacias en el caso de la muerte de Rubí Frayre, como el profundo rechazo de esa dependencia a encontrar a Sergio Barraza, primero, y luego, para detenerlo.
Más suspicacias despertaron con su actuación en el juicio y su posterior actuación cuando aún era vigente la condena en contra de Barraza, acordada por el Tribunal de Casación.
A tal cúmulo de hechos irregulares se vienen a agregar las decisiones del STJ y del Congreso del Estado ¿Por qué no iniciaron la investigación de los hechos, para ventura, no sólo de los jueces, sino de la sociedad toda?
¿Acaso no sopesaron adecuadamente que echarle el “carpetazo” al caso era acumularle más repudio de crecientes capas de la población al aparato de justicia, en general al “gobierno”, y en particular al encabezado por Duarte?
¿No pensaron que están enviando un mensaje altamente negativo a los chihuahuenses, y una especie de exhortación a los funcionarios públicos, pues en adelante ya no va a importar cuántos hechos irregulares cometan los empleados gubernamentales, ni el monto económico involucrado, pues al fin y al cabo con su renuncia se soluciona todo?
Es tan polémica la decisión tomada que casi el total de los medios de comunicación, al consignar las declaraciones del diputado presidente de la Comisión Jurisdiccional, Gabriel Sepúlveda Reyes, dieron cuenta que éste rechazó la existencia de alguna negociación con los jueces para dar por terminado el asunto.
La conclusión es una sola: Evadieron su responsabilidad; tanto en el STJ como en el Congreso debieron concluir el proceso pues así, de querer reingresar al Poder Judicial, o a cualquier otro puesto público, nada se los impedirá, sus derechos están a salvo.
De haber concluido, en cualquiera de las dos instancias, que hubiesen cometido irregularidades, podrían estar impedidos de acceder a puestos públicos hasta por diez años y los chihuahuenses habríamos sabido si fueron culpables de la liberación de Barraza y hasta habríamos confirmado la culpabilidad de éste en el asesinato de Rubí.
Hoy, nada de eso se sabe con certidumbre, y con la jurídica, menos.
Luis Javier Valero Flores
La decisión del Congreso del Estado, tomada por mayoría, de dar por finalizado el juicio político seguido en contra de los ex jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga, es un episodio más de los indudables yerros cometidos alrededor del caso Rubí Frayre-Sergio Barraza-Marisela Escobedo, y develó cuán poco hemos avanzado en la procuración y administración de justicia.
No podía esperarse otra cosa. Semanas atrás, el gobernador del estado, César Duarte, al conocerse la versión del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), en el sentido que los jueces de la polémica habían renunciado, afirmó que con ese acto “se le daba vuelta a la hoja”. Ayer, la mayoría del PRI, Verde Ecologista y PANAL expidieron la constancia: Aquí no ha pasado nada, los jueces han sido “castigados”, los reclamos de justicia de la sociedad han sido escuchados y todos contentos.
No es así. Si recordamos, cuando el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, solicitó la instauración del juicio político hizo una serie de reflexiones y consideraciones en las que, si bien señalaba que la absolución de Sergio Barraza por los jueces señalados era el acto que motivaba su petición, también decía que era necesario establecer la verdad sobre el caso e investigar a los demás actores de las dependencias oficiales, en particular a los elementos de la policía municipal de Juárez y a los agentes del Ministerio Público y sus respectivos jefes.
Más aún, en uno de sus apartados establecía la necesidad de que se abriera una investigación lo más completa a fin de llegar a conclusiones lo más cercanas a la realidad.
Al contrario del mundo oficial, se alzaron muchas voces que poníamos en duda la competencia (en términos jurídicos) del Congreso del Estado para conocer (otra vez, en esos términos) del caso, pues cuando se presentó la solicitud de juicio político ya se había iniciado en el STJ el proceso para sancionarlos, de encontrarlos responsables de la comisión de alguna irregularidad.
No es todo, algunos poníamos en duda que los jueces hubiesen cometido el error, y ubicamos las causas de tal desastre en la ineficiente labor del Ministerio Público y en la red de relaciones sospechosas en el interior de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) debido al elevado número de hechos generadores de incontables suspicacias en el caso de la muerte de Rubí Frayre, como el profundo rechazo de esa dependencia a encontrar a Sergio Barraza, primero, y luego, para detenerlo.
Más suspicacias despertaron con su actuación en el juicio y su posterior actuación cuando aún era vigente la condena en contra de Barraza, acordada por el Tribunal de Casación.
A tal cúmulo de hechos irregulares se vienen a agregar las decisiones del STJ y del Congreso del Estado ¿Por qué no iniciaron la investigación de los hechos, para ventura, no sólo de los jueces, sino de la sociedad toda?
¿Acaso no sopesaron adecuadamente que echarle el “carpetazo” al caso era acumularle más repudio de crecientes capas de la población al aparato de justicia, en general al “gobierno”, y en particular al encabezado por Duarte?
¿No pensaron que están enviando un mensaje altamente negativo a los chihuahuenses, y una especie de exhortación a los funcionarios públicos, pues en adelante ya no va a importar cuántos hechos irregulares cometan los empleados gubernamentales, ni el monto económico involucrado, pues al fin y al cabo con su renuncia se soluciona todo?
Es tan polémica la decisión tomada que casi el total de los medios de comunicación, al consignar las declaraciones del diputado presidente de la Comisión Jurisdiccional, Gabriel Sepúlveda Reyes, dieron cuenta que éste rechazó la existencia de alguna negociación con los jueces para dar por terminado el asunto.
La conclusión es una sola: Evadieron su responsabilidad; tanto en el STJ como en el Congreso debieron concluir el proceso pues así, de querer reingresar al Poder Judicial, o a cualquier otro puesto público, nada se los impedirá, sus derechos están a salvo.
De haber concluido, en cualquiera de las dos instancias, que hubiesen cometido irregularidades, podrían estar impedidos de acceder a puestos públicos hasta por diez años y los chihuahuenses habríamos sabido si fueron culpables de la liberación de Barraza y hasta habríamos confirmado la culpabilidad de éste en el asesinato de Rubí.
Hoy, nada de eso se sabe con certidumbre, y con la jurídica, menos.
martes, 5 de abril de 2011
Alianza derrotada, Peje triunfador
Luis Javier Valero Flores
En una de las acciones más controversiales y más decisivas de los últimos años, la izquierda electoral recuperó una parte importante de su identidad. En ella, los dirigentes formales del PRD sufrieron una estrepitosa derrota. Los Jesuses perredistas –Ortega y Zambrano– delinearon una política electoral en la que incluían buscar las alianzas sin discriminar al PRI o al PAN, línea muy parecida a la asumida por el PANAL y el Verde Ecologista, partidos que, sin identidad ideológica alguna, han efectuado alianzas electorales, locales y federales con ambos partidos.
Algo semejante intentaron los dirigentes del PRD. Pero tal estrategia la podían hacer en casi cualquier entidad en la que este partido fuera una fuerza marginal (que, por pura casualidad son los que el grupo de los jesuses dirigen) pero de ninguna manera en la que el perredismo fuera, como es el caso del Estado de México, una fuerza indiscutible y que, por pura coincidencia, siempre son zonas y regiones en las que Nueva Izquierda (NI) –la agrupación interna de los jesuses– es minoría en las dirigencias del PRD.
Y menos aún en el caso de la entidad gobernada por Peña Nieto, en la que la disputa va más allá de la gubernatura. Alcanzar porcentajes electorales como los ahora obtenidos por Alejandro Encinas en las distintas encuestas, que rondan el 24% de las preferencias electorales, significa estar en la disputa por la presidencia de la república el próximo año, pues no es lo mismo aspirar al 8-11% que alcanzaba Yeidkol Polevnsky, a que Encinas pueda pensar en una elección de tercios como apuntan las encuestas.
Obtener un tercio de la votación en el Edomex significan algo menos de los 2 millones de votos, incluso en el peor de los escenarios y que sumados a los obtenidos en el DF –hablando de la elección presidencial– rondarían los cinco millones de votos en esos comicios, de ahí el carácter estratégico de las acciones emprendidas por Andrés Manuel López Obrador al oponerse férreamente a la alianza con el PAN y el tamaño de la entrega de los jesuses perredistas a la administración calderonista pues en lugar de privilegiar la unidad de las izquierdas, como las definió Encinas, buscan a como dé lugar la alianza con el partido que más contratiempos le ha provocado a su propio partido.
Otras son las motivaciones de carácter ideológico –que, contra lo que se cree, aún existen– de Alejandro Encinas y López Obrador, las que en el discurso del primero adquieren sentido: “… porque yo voy por un proyecto claramente diferenciado de la derecha y con una propuesta plenamente acreditada ante la gente. Así que me mantendré puntualmente en mi compromiso con la izquierda”, afirmó en el acto del domingo anterior en el que recibió el apoyo hasta del presidente del Comité Nacional, Jesús Zambrano, quien mostró su absoluta falta de sensibilidad política pues ahí, en el centro del lopezobradorismo, todavía intentó presentar la propuesta de la alianza con el PAN obteniendo la mayor rechifla que presidente nacional de algún partido haya recibido, según la memoria del escribiente.
Fue un día de auténtica fiesta de las “izquierdas”, celebrado precisamente en Ecatepec, el municipio más poblado del país y en el cual el alcalde es el actual candidato del PRI a la gubernatura, Eruviel Ávila.
Encinas esbozó su programa de gobierno en el cual, no es sorpresa, enumeró varios de los aspectos de la política social llevada a la práctica por los gobiernos perredistas en el DF: Generar empleos y crear una ley de seguro del desempleo, apoyo para el campo, comedores populares, pensión universal para adultos mayores, atención médica y medicamentos gratuitos, apoyo a la educación, construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda, apertura de nuevos negocios, 407 comedores populares en toda la entidad, pensión alimentaria para 441 mil adultos mayores; ley de atención médica y medicamentos gratuitos, desayunos, útiles y uniformes escolares gratuitos. Así como becas para estudiantes de preparatoria, un programa de construcción, de ampliación y de mejoramiento de vivienda; mejorar el transporte público; aplicar un subsidio para bajar las tarifas y la construcción de nuevas líneas del Metrobús y del Metro.
Y no podía ser distinto, en su discurso afirmó que “… este proyecto, en 2012 ganará la Presidencia”.
Para ello, dijo, se necesita la unidad de la izquierda y desde ya convocó a Andrés Manuel López Obrador, a Cuauhtémoc Cárdenas y al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard a participar juntos en la campaña.
Bueno, pues no estaban muertos…
En una de las acciones más controversiales y más decisivas de los últimos años, la izquierda electoral recuperó una parte importante de su identidad. En ella, los dirigentes formales del PRD sufrieron una estrepitosa derrota. Los Jesuses perredistas –Ortega y Zambrano– delinearon una política electoral en la que incluían buscar las alianzas sin discriminar al PRI o al PAN, línea muy parecida a la asumida por el PANAL y el Verde Ecologista, partidos que, sin identidad ideológica alguna, han efectuado alianzas electorales, locales y federales con ambos partidos.
Algo semejante intentaron los dirigentes del PRD. Pero tal estrategia la podían hacer en casi cualquier entidad en la que este partido fuera una fuerza marginal (que, por pura casualidad son los que el grupo de los jesuses dirigen) pero de ninguna manera en la que el perredismo fuera, como es el caso del Estado de México, una fuerza indiscutible y que, por pura coincidencia, siempre son zonas y regiones en las que Nueva Izquierda (NI) –la agrupación interna de los jesuses– es minoría en las dirigencias del PRD.
Y menos aún en el caso de la entidad gobernada por Peña Nieto, en la que la disputa va más allá de la gubernatura. Alcanzar porcentajes electorales como los ahora obtenidos por Alejandro Encinas en las distintas encuestas, que rondan el 24% de las preferencias electorales, significa estar en la disputa por la presidencia de la república el próximo año, pues no es lo mismo aspirar al 8-11% que alcanzaba Yeidkol Polevnsky, a que Encinas pueda pensar en una elección de tercios como apuntan las encuestas.
Obtener un tercio de la votación en el Edomex significan algo menos de los 2 millones de votos, incluso en el peor de los escenarios y que sumados a los obtenidos en el DF –hablando de la elección presidencial– rondarían los cinco millones de votos en esos comicios, de ahí el carácter estratégico de las acciones emprendidas por Andrés Manuel López Obrador al oponerse férreamente a la alianza con el PAN y el tamaño de la entrega de los jesuses perredistas a la administración calderonista pues en lugar de privilegiar la unidad de las izquierdas, como las definió Encinas, buscan a como dé lugar la alianza con el partido que más contratiempos le ha provocado a su propio partido.
Otras son las motivaciones de carácter ideológico –que, contra lo que se cree, aún existen– de Alejandro Encinas y López Obrador, las que en el discurso del primero adquieren sentido: “… porque yo voy por un proyecto claramente diferenciado de la derecha y con una propuesta plenamente acreditada ante la gente. Así que me mantendré puntualmente en mi compromiso con la izquierda”, afirmó en el acto del domingo anterior en el que recibió el apoyo hasta del presidente del Comité Nacional, Jesús Zambrano, quien mostró su absoluta falta de sensibilidad política pues ahí, en el centro del lopezobradorismo, todavía intentó presentar la propuesta de la alianza con el PAN obteniendo la mayor rechifla que presidente nacional de algún partido haya recibido, según la memoria del escribiente.
Fue un día de auténtica fiesta de las “izquierdas”, celebrado precisamente en Ecatepec, el municipio más poblado del país y en el cual el alcalde es el actual candidato del PRI a la gubernatura, Eruviel Ávila.
Encinas esbozó su programa de gobierno en el cual, no es sorpresa, enumeró varios de los aspectos de la política social llevada a la práctica por los gobiernos perredistas en el DF: Generar empleos y crear una ley de seguro del desempleo, apoyo para el campo, comedores populares, pensión universal para adultos mayores, atención médica y medicamentos gratuitos, apoyo a la educación, construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda, apertura de nuevos negocios, 407 comedores populares en toda la entidad, pensión alimentaria para 441 mil adultos mayores; ley de atención médica y medicamentos gratuitos, desayunos, útiles y uniformes escolares gratuitos. Así como becas para estudiantes de preparatoria, un programa de construcción, de ampliación y de mejoramiento de vivienda; mejorar el transporte público; aplicar un subsidio para bajar las tarifas y la construcción de nuevas líneas del Metrobús y del Metro.
Y no podía ser distinto, en su discurso afirmó que “… este proyecto, en 2012 ganará la Presidencia”.
Para ello, dijo, se necesita la unidad de la izquierda y desde ya convocó a Andrés Manuel López Obrador, a Cuauhtémoc Cárdenas y al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard a participar juntos en la campaña.
Bueno, pues no estaban muertos…
domingo, 3 de abril de 2011
Tres años: éxodo, orfandad, depauperación, muerte…
El Diario, 3 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
Prácticamente todos los chihuahuenses han evaluado las acciones gubernamentales en contra del crimen organizado como un auténtico fracaso.
Ni falta hace enfatizar en las cifras de ejecutados, menos si tomamos en cuenta las ejecuciones múltiples de los últimos días y la información –terrible– acerca del siniestro hecho ocurrido en el bar El Castillo (En el que asesinaron a diez personas), reportado por los testigos, de que minutos antes de la masacre habían llegado agentes federales a avisarle al propietario que debería de cerrar pues le “iban a hacer un desmadre”. (Nota del Staff de El Diario, 2/4/11).
Junto a la dramática cifra de los más de 7 mil ejecutados en Juárez –y los más de 11 mil en la entidad– casi todos ocurridos justamente a la entrada en vigor del operativo conjunto de las fuerzas federales y locales –que recibiera distintas denominaciones– existen otras miles de tragedias, a las de las viudas, hermanas, tías y madres de los caídos (y de los heridos) pocos hemos reparado en la existencia de más de una decena de miles de huérfanos y que, como en todos los aspectos de la actual guerra de los cárteles, poca, o muy poca atención han recibido de la esfera oficial.
Otra faceta de la tragedia vivida por los chihuahuenses en estos tres años, es el éxodo, calculado en más de 230 mil personas, que por sí solo es otra tragedia, pero cuyas repercusiones abarcan al total de la vida de las regiones afectadas, especialmente las de Juárez y el Valle del mismo nombre.
La actual administración estatal puso en marcha el Fideicomiso para Víctimas de la Violencia con un fondo de 100 millones de pesos, al cual, al cabo de tres semanas ha registrado a 550 niños. Esperan la inscripción de 2 mil huérfanos cuyos padres fueron ultimados, la mayoría, en el antiguo Paso del Norte.
Sin embargo, de acuerdo con el reportero Ignacio Alvarado Álvarez (Aserto No. 91, enero de 2011), cuando a comienzos de 2010 el Gobierno Federal convocó a distintos organismos de la ciudad para conformar las mesas de trabajo del programa “Todos Somos Juárez” se concluyó que el número de huérfanos existentes al segundo año “de establecida la estrategia de combate a la delincuencia organizada era de siete mil. En octubre, el Gobierno del Estado reveló el resultado de un censo elaborado a partir de las actas de defunción de las víctimas de homicidio. Calculó el número de huérfanos en nueve mil”.
En esas cifras coincide Gustavo De la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien, en el mismo artículo y citado por Alvarado, “estima que para enero de este año la cifra de huérfanos oscilará entre 11 mil y 12 mil. Para ello cruzó la base de datos del Inegi y el IFE y estableció una media de 1.7 hijos por adultos de entre 25 y 35 años, y de 1.6 en adultos de 18 a 25 años. Ese rango de edad es dominante en la estadística de asesinados”.
Si ubicamos en esas dimensiones el problema nos encontraremos que ahí, como en todo lo relacionado con la atención a niños y jóvenes, alrededor del consumo y tráfico de drogas, no hay la acción gubernamental esperada para problema social tan desmesurado. Según Lourdes Almada, coordinadora de la Mesa de Infancia en Ciudad Juárez, hasta antes de la puesta en marcha del fideicomiso señalado no pasaban “de una decena los que reciben asistencia directa de alguna institución de Gobierno” y al no hacerlo, señala, “puede suceder justo lo contrario, una profundización en el fenómeno de la delincuencia”.
Y ahí podemos encontrar, en la de-satención gubernamental, las razones de la catástrofe que vivimos, el no poner en práctica programa alguno para atender a “los hijos de la maquila”, como los denominó Víctor Quintana. Entre 2009 y 2010, el porcentaje de menores de 20 años asesinados en la guerra de los cárteles alcanzó el 30%. “Eran los niños de comienzos de la década, cuando una radiografía elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación concluyó que la ciudad requería de una inversión de 3.5 billones de dólares para revertir el atraso sensible en materia educativa y urbana”. (Ibídem).
No atender a quienes son ahora los huérfanos de la guerra de los cárteles nos puede llevar a escenarios aún peores a los hasta ahora vividos y menos, si como vemos, la masacre, ni se detiene, ni amaina, y las repercusiones, más allá de las tangibles, de las materiales, asevera Hugo Almada, coordinador de la maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es que “el tamaño del problema psico-emocional es descomunal. No tendrá solución en años. Miles de personas sufren problemas emocionales severos y no sabemos lo que dejará a la ciudad”.
El asesinato de 7 mil 364 personas en el municipio de Juárez, y la generación de una gravísima ola delincuencial ha originado la salida de miles de juarenses a consecuencia de la violencia, inseguridad y de la crisis económica y han producido una ciudad de pobres (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 1/03/11), pues de acuerdo con el investigador del Colegio de la Frontera Norte, especialista en estudios de población, Rodolfo Rubio Salas, citado por la reportera, el éxodo ha modificado la “participación porcentual de los diferentes niveles socioeconómicos de la ciudad”.
En un excelente reportaje, Gabriela Minjáres establece que el 54% de los emigrados lo hicieron a Estados Unidos, la mayoría de los cuales pertenecían a los estratos medio y alto de Juárez, migración que ha repercutido seriamente en la economía de esa ciudad, según la opinión de Raúl Quintero Novoa, profesor investigador de la UACJ, especialista en economía y ciencias sociales, pues se trataba de un buen número de propietarios de pequeñas y medianas empresas asentadas en Juárez y que, al emigrar, las cerraron con las consiguientes repercusiones en el total de las actividades económicas del municipio y la inevitable pérdida de empleos.
La depauperación producida por este éxodo no sólo llegó a quienes se quedaron, también a los migrantes, integrantes de las capas sociales con menores recursos pues, al regresar a sus lugares de origen (de los cuales salieron por razones económicas) quienes se fueron, llegaron y se encontraron con iguales o peores condiciones económicas que cuando salieron.
Y al paralizarse la economía, afirma el investigador, proliferaron las “actividades económicas alternativas o subterráneas para satisfacer sus necesidades, como el establecimiento de segundas y venta de comida”, opinión coincidente con la de Teresa Almada Mireles, quien informa que un número creciente de personas, en las colonias periféricas de Juárez “sólo hace una comida al día y los niños que van a guardería sólo comen cuando se encuentran en esos centros de cuidado”.
Así, la guerra de los cárteles, y la de Felipe Calderón están originando las secuelas clásicas de las zonas devastadas por un conflicto bélico sin que se asuman las medidas necesarias para afrontar tales situaciones. No basta con modificar levemente los programas “normales” de las dependencias federales, ni la puesta en marcha del Fideicomiso para Víctimas de la Violencia –ni modo de rechazarlas–.
Es de tal magnitud de la tragedia vivida por los juarenses (y a la cual se encaminan imperceptiblemente los habitantes de la capital chihuahuense y en la que ya viven decenas de miles de otras zonas del territorio estatal) que lo hecho por las autoridades, en especial las federales, sólo lleva al desencanto, la desesperanza, la impotencia y la parálisis, fenómenos agravados por la creciente percepción de la participación interesada de elementos de las corporaciones federales en la protección, cobertura o ejecución de hechos delictuosos como el relatado al inicio de la presente columna.
Y es que basta con hacer un somero recuento, con su correspondiente comparación con lo sucedido antes de la Operación Conjunta, para llegar a la conclusión que, quizá, fue la aparición de las fuerzas federales el detonante de la explosiva situación por la que atravesamos.
Puede ser lo anterior una equivocación, o una falsa apreciación, pero quienes están obligados a desmentirla, a descalificarla, son quienes han llevado la batuta de tales acciones a lo largo de los últimos tres años.
Y no pueden desmentirla con discursos, promesas o recuentos mentirosos, la realidad es más que elocuente.
Luis Javier Valero Flores
Prácticamente todos los chihuahuenses han evaluado las acciones gubernamentales en contra del crimen organizado como un auténtico fracaso.
Ni falta hace enfatizar en las cifras de ejecutados, menos si tomamos en cuenta las ejecuciones múltiples de los últimos días y la información –terrible– acerca del siniestro hecho ocurrido en el bar El Castillo (En el que asesinaron a diez personas), reportado por los testigos, de que minutos antes de la masacre habían llegado agentes federales a avisarle al propietario que debería de cerrar pues le “iban a hacer un desmadre”. (Nota del Staff de El Diario, 2/4/11).
Junto a la dramática cifra de los más de 7 mil ejecutados en Juárez –y los más de 11 mil en la entidad– casi todos ocurridos justamente a la entrada en vigor del operativo conjunto de las fuerzas federales y locales –que recibiera distintas denominaciones– existen otras miles de tragedias, a las de las viudas, hermanas, tías y madres de los caídos (y de los heridos) pocos hemos reparado en la existencia de más de una decena de miles de huérfanos y que, como en todos los aspectos de la actual guerra de los cárteles, poca, o muy poca atención han recibido de la esfera oficial.
Otra faceta de la tragedia vivida por los chihuahuenses en estos tres años, es el éxodo, calculado en más de 230 mil personas, que por sí solo es otra tragedia, pero cuyas repercusiones abarcan al total de la vida de las regiones afectadas, especialmente las de Juárez y el Valle del mismo nombre.
La actual administración estatal puso en marcha el Fideicomiso para Víctimas de la Violencia con un fondo de 100 millones de pesos, al cual, al cabo de tres semanas ha registrado a 550 niños. Esperan la inscripción de 2 mil huérfanos cuyos padres fueron ultimados, la mayoría, en el antiguo Paso del Norte.
Sin embargo, de acuerdo con el reportero Ignacio Alvarado Álvarez (Aserto No. 91, enero de 2011), cuando a comienzos de 2010 el Gobierno Federal convocó a distintos organismos de la ciudad para conformar las mesas de trabajo del programa “Todos Somos Juárez” se concluyó que el número de huérfanos existentes al segundo año “de establecida la estrategia de combate a la delincuencia organizada era de siete mil. En octubre, el Gobierno del Estado reveló el resultado de un censo elaborado a partir de las actas de defunción de las víctimas de homicidio. Calculó el número de huérfanos en nueve mil”.
En esas cifras coincide Gustavo De la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien, en el mismo artículo y citado por Alvarado, “estima que para enero de este año la cifra de huérfanos oscilará entre 11 mil y 12 mil. Para ello cruzó la base de datos del Inegi y el IFE y estableció una media de 1.7 hijos por adultos de entre 25 y 35 años, y de 1.6 en adultos de 18 a 25 años. Ese rango de edad es dominante en la estadística de asesinados”.
Si ubicamos en esas dimensiones el problema nos encontraremos que ahí, como en todo lo relacionado con la atención a niños y jóvenes, alrededor del consumo y tráfico de drogas, no hay la acción gubernamental esperada para problema social tan desmesurado. Según Lourdes Almada, coordinadora de la Mesa de Infancia en Ciudad Juárez, hasta antes de la puesta en marcha del fideicomiso señalado no pasaban “de una decena los que reciben asistencia directa de alguna institución de Gobierno” y al no hacerlo, señala, “puede suceder justo lo contrario, una profundización en el fenómeno de la delincuencia”.
Y ahí podemos encontrar, en la de-satención gubernamental, las razones de la catástrofe que vivimos, el no poner en práctica programa alguno para atender a “los hijos de la maquila”, como los denominó Víctor Quintana. Entre 2009 y 2010, el porcentaje de menores de 20 años asesinados en la guerra de los cárteles alcanzó el 30%. “Eran los niños de comienzos de la década, cuando una radiografía elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación concluyó que la ciudad requería de una inversión de 3.5 billones de dólares para revertir el atraso sensible en materia educativa y urbana”. (Ibídem).
No atender a quienes son ahora los huérfanos de la guerra de los cárteles nos puede llevar a escenarios aún peores a los hasta ahora vividos y menos, si como vemos, la masacre, ni se detiene, ni amaina, y las repercusiones, más allá de las tangibles, de las materiales, asevera Hugo Almada, coordinador de la maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es que “el tamaño del problema psico-emocional es descomunal. No tendrá solución en años. Miles de personas sufren problemas emocionales severos y no sabemos lo que dejará a la ciudad”.
El asesinato de 7 mil 364 personas en el municipio de Juárez, y la generación de una gravísima ola delincuencial ha originado la salida de miles de juarenses a consecuencia de la violencia, inseguridad y de la crisis económica y han producido una ciudad de pobres (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 1/03/11), pues de acuerdo con el investigador del Colegio de la Frontera Norte, especialista en estudios de población, Rodolfo Rubio Salas, citado por la reportera, el éxodo ha modificado la “participación porcentual de los diferentes niveles socioeconómicos de la ciudad”.
En un excelente reportaje, Gabriela Minjáres establece que el 54% de los emigrados lo hicieron a Estados Unidos, la mayoría de los cuales pertenecían a los estratos medio y alto de Juárez, migración que ha repercutido seriamente en la economía de esa ciudad, según la opinión de Raúl Quintero Novoa, profesor investigador de la UACJ, especialista en economía y ciencias sociales, pues se trataba de un buen número de propietarios de pequeñas y medianas empresas asentadas en Juárez y que, al emigrar, las cerraron con las consiguientes repercusiones en el total de las actividades económicas del municipio y la inevitable pérdida de empleos.
La depauperación producida por este éxodo no sólo llegó a quienes se quedaron, también a los migrantes, integrantes de las capas sociales con menores recursos pues, al regresar a sus lugares de origen (de los cuales salieron por razones económicas) quienes se fueron, llegaron y se encontraron con iguales o peores condiciones económicas que cuando salieron.
Y al paralizarse la economía, afirma el investigador, proliferaron las “actividades económicas alternativas o subterráneas para satisfacer sus necesidades, como el establecimiento de segundas y venta de comida”, opinión coincidente con la de Teresa Almada Mireles, quien informa que un número creciente de personas, en las colonias periféricas de Juárez “sólo hace una comida al día y los niños que van a guardería sólo comen cuando se encuentran en esos centros de cuidado”.
Así, la guerra de los cárteles, y la de Felipe Calderón están originando las secuelas clásicas de las zonas devastadas por un conflicto bélico sin que se asuman las medidas necesarias para afrontar tales situaciones. No basta con modificar levemente los programas “normales” de las dependencias federales, ni la puesta en marcha del Fideicomiso para Víctimas de la Violencia –ni modo de rechazarlas–.
Es de tal magnitud de la tragedia vivida por los juarenses (y a la cual se encaminan imperceptiblemente los habitantes de la capital chihuahuense y en la que ya viven decenas de miles de otras zonas del territorio estatal) que lo hecho por las autoridades, en especial las federales, sólo lleva al desencanto, la desesperanza, la impotencia y la parálisis, fenómenos agravados por la creciente percepción de la participación interesada de elementos de las corporaciones federales en la protección, cobertura o ejecución de hechos delictuosos como el relatado al inicio de la presente columna.
Y es que basta con hacer un somero recuento, con su correspondiente comparación con lo sucedido antes de la Operación Conjunta, para llegar a la conclusión que, quizá, fue la aparición de las fuerzas federales el detonante de la explosiva situación por la que atravesamos.
Puede ser lo anterior una equivocación, o una falsa apreciación, pero quienes están obligados a desmentirla, a descalificarla, son quienes han llevado la batuta de tales acciones a lo largo de los últimos tres años.
Y no pueden desmentirla con discursos, promesas o recuentos mentirosos, la realidad es más que elocuente.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)