El Diario, 28 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Un aspecto no bien resaltado de las controvertidas elecciones internas del PAN chihuahuense del domingo 19, para designar a sus candidatos a senadores, y que ha sido denunciado por el aspirante Javier Corral, es el relacionado con la probable comisión de delitos electorales, entre otros, por Arturo Urquidi, y de –como se asienta en los expedientes judiciales– quienes resulten responsables.
Porque no se trata solamente de las denuncias de “acarreo” que, por lo demás, en el ámbito externo no merece sanción alguna, salvo si se demuestra condicionamiento para la emisión del voto, y eso en los procesos electorales constitucionales (podría ser que también en las elecciones internas, pero esa es una veta aún no explorada pues se pueden argumentar violaciones a los derechos de los ciudadanos), pero importa, y mucho, el uso de recursos públicos, tanto en el “acarreo”, como en el condicionante a votar.
Las denuncias de Corral apuntan, en este sentido, no solamente a los funcionarios del ayuntamiento de Ojinaga, también a los de Meoqui y a algunos delegados federales, entre ellos al de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Esperón.
Pero no es el único de los participantes de esa contienda memorable para los panistas que ha denunciado el uso de recursos públicos en la contienda interna. Cruz Pérez Cuéllar, en su portal de Facebook, al momento que le pedía a Carlos Borruel reconocer su derrota, lo acusó de contar “con al menos el triple de recursos que nosotros gracias al financiamiento del principal extorsionador de constructores en Chihuahua que es Eduardo Esperón delegado de la SCT en nuestro estado y el ilegal e indebido apoyo del delegado estatal de Oportunidades, Jorge Bermúdez”.
La respuesta no pudo ser más contundente, el delegado Esperón le dijo que “para hacer ese tipo de declaraciones, se deben tener las manos limpias”.
Con estas acusaciones se estrenará la nueva titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electoral (Fepade), Imelda Calvillo, a quien el PRI acusó de ser una funcionaria “a modo” de Felipe Calderón, a fin de intervenir en el actual proceso electoral.
A tales denuncias se sumará una aun más preocupante, la del PRD a Felipe Calderón, a quien acusa de cometer el mismo delito, por el hecho de haber presentado una encuesta –en la que se leía en la parte inferior, “Fuente, Presidencia de la República”– en la que señaló el nombre (a juicio de la mayoría de las fuentes citadas) de Josefina Vázquez Mota y expresar que ya solo había una diferencia de 4 puntos entre la candidata del PAN y el del PRI, Enrique Peña Nieto, y no mencionar al de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y expresar que la contienda presidencial sería muy competida.
Por supuesto que tales declaraciones no guardan inocencia política alguna. Las lanzó en el seno del Consejo de Administración del Banco Nacional de México, en el curso de una intervención en la que Calderón insistía en convencer, a uno de los grupos de los hombres más ricos de México, que el rumbo tomado por la actual administración es el correcto, y de manera tangencial, como no queriendo la cosa, mandar el mensaje de que vale la pena darle continuidad en la persona de la abanderada del blanquiazul. Igual que seis años atrás hacía Vicente Fox, al que tanto denuesta hoy al actual ocupante de la residencia presidencial.
Asombran las coincidencias. Los propietarios de esa institución bancaria fueron de los más beneficiados de la obra de gobierno de Fox –el principal accionista, Roberto Hernández había sido compañero de estudios del entonces presidente–, y en una de las propiedades del banco el guanajuatense vacacionó entre el 2 de julio y el 1 de diciembre del año 2000, además de que un edificio fue ocupado en ese período por quien sería descrito por Fox como el equipo que trabajaba “por amor a la patria”.
Hoy se les intenta seducir por quien debería mantenerse ajeno a la contienda presidencial y que, por pura coincidencia, es el jefe de la responsable de la persecución de los delitos electorales.
¿Investigará a su jefe, y a los funcionarios de su mismo equipo, denunciados por el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, es decir, Javier Corral, su compañero de partido?
Nunca, dirían en mi rancho.
martes, 28 de febrero de 2012
lunes, 27 de febrero de 2012
Sorpresa electoral
El Diario, 26 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Pocos pudieron no sorprenderse la mañana del lunes anterior cuando, en el curso de la presentación de la memoria del proceso electoral del 2010, a cargo del presidente del Instituto Estatal Electoral, Fernando Herrera, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, anunció la presentación de una reforma para ampliar a cuatro años los períodos de los alcaldes y de los integrantes del Poder Legislativo, así como el de acortar el período de la siguiente administración estatal a fin de empatar –hacer coincidentes– las elecciones de gobernador del estado con las federales de mitad de sexenio.
Pero mayor fue la sorpresa al saberse que al día siguiente, César Duarte presentó personalmente ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma.
Duarte afirmó que tal iniciativa estaba abierta a la consideración de los chihuahuenses, lo que ratificó instantes después al abordársele por el escribiente. No puede esperarse cosa distinta del Poder Legislativo, pues si bien es una propuesta, en lo general, bien recibida, deberá acompañarse de una discusión que no deje de lado un conjunto grande de reformas al marco electoral, y de aspectos que pudieran obligar, al poco tiempo, a la reconsideración de una reforma que es de hondo calado.
La exposición de motivos aborda de manera tangencial el tema de la reelección continua, asunto en el que aparentemente ya no hay diferendos entre las fuerzas partidarias, y que en el documento pareciera que sus autores deploran el hecho de que se requiera una modificación constitucional –de la república– para concretarla.
La reforma afectará tanto la dinámica político-electoral que obliga al Poder Legislativo a actuar de manera distinta a lo hecho hasta hoy en el poco más de un tercio de su gestión, es decir, deberá, además de abrir la discusión a los chihuahuenses, invitar a expositores del más alto nivel en esta materia y a legisladores y gobernantes de otras latitudes a ofrecer sus experiencias a quienes seremos beneficiarios de tal reforma.
De entrada, además de los beneficios aparentes que se derivarían del alargamiento del período de los alcaldes –ya es una certidumbre más o menos generalizada– que, se dice, podría hacer que los equipos gobernantes se consolidaran en el ejercicio de la administración pública, hay un aspecto que puede redundar en beneficio de la sociedad, esto es que de acuerdo con la propuesta, se reduciría mucho el efecto “chapulín”, esto es, el abandono de una responsabilidad derivada de una elección por la intención de ir a ocupar otra, sin haber terminado el período para el que fue electo el aspirante.
Más allá de tales alcances, y de la posibilidad de que las fuerzas políticas finalmente le impongan a la sociedad la reelección inmediata, el hecho de prolongar la gestión de alcaldes y diputados, sin antes aprobar la reglamentación de las diversas figuras de la democracia participativa, hace que las reformas propuestas aparezcan más como una necesidad de la clase política que de la sociedad.
Pero el hecho de acotar el efecto “chapulín” sí que es para reflexionarlo. Los gobernadores, por lo menos a partir del próximo ya no llegarán acompañados de sus compañeros candidatos a las diputaciones, más aún, se abre la posibilidad de que los grupos hegemónicos de legisladores no sean de las simpatías del nuevo gobernador, independientemente del partido, pues los legisladores tendrán ya dos o tres años en sus encargos cuando arribe el nuevo mandatario. Eso no ocurrirá en el siguiente período (y se repetirá hasta el 2033) pues en 2021 se elegirán el mismo día el gobernador, los legisladores locales, los alcaldes y los diputados federales, y así cada 12 años.
Para ilustrarlo mejor, asentemos las elecciones a celebrar, por lo menos hasta el año 2022, en caso de aprobarse la reforma: En 2013 elecciones de alcaldes y diputados; 2014 sin elecciones; 2015, elección de diputados federales; 2016, de gobernador; 2017, alcaldes y diputados locales; 2018, presidente de la república, senadores y diputados federales.
Las siguientes elecciones son hasta el 2021, de gobernador, alcaldes, diputados locales y federales; 2024, presidente y diputados federales; 2025, alcaldes y diputados locales, etc.
En tanto, la frecuencia con la que tendremos elecciones cada año se acortará o se alargará, conforme a la coincidencia de las fechas electorales, y la variación será que en algunos sexenios habrá elecciones en tres años y en otros, cuatro, de tal manera que el ahorro económico y anímico –respecto del hartazgo electoral de la ciudadanía– realmente es poco.
Por supuesto que hacer modificación tendrá un efecto directo en el abatimiento de la enfermedad del “chapulín”. Ya no los veremos, por lo menos no tan frecuentemente, saltar de un puesto de elección popular a otro como ahora pues en la mayoría de los casos, quienes busquen un cargo local y después uno federal, deberán esperar uno o dos años para tal acontecimiento. Por supuesto que esto no evita que algunos busquen la diputación local desde la alcaldía, o desde las regidurías, y viceversa.
Del mismo modo, los alcaldes que ansían la gubernatura ya no deberán dejar la presidencia municipal para alcanzarla, ni los diputados locales, a menos, claro, que sean los que están en funciones.
Y esa sí que es una afortunada ventaja. Solamente cada 12 años tendremos la posibilidad de que los alcaldes y diputados locales en funciones sean acosados por tan temible virus del poder político, pues sólo hasta que transcurra dicho período vuelven a coincidir las elecciones de tales funcionarios.
El enfoque deberá abordarse en otra de las facetas de la reforma propuesta. En la de las ventajas de alargar los períodos gubernamentales de alcaldes y diputados, pero en las que necesariamente debería ir acompañado de otras múltiples reformas al quehacer legislativo, en primer lugar al de la importancia otorgada al trabajo de las Comisiones Legislativas, que en este momento es prácticamente nulo.
Sólo para dar un ejemplo de tal aserto. La clase política chihuahuense ahora se ufana de haber impulsado, primera en el país, la prisión vitalicia para sancionar diversos delitos y que hasta en el ámbito federal ya se inició el proceso legislativo para ello.
Pero si hiciéramos una revisión del trabajo de investigación efectuado, ya no por los iniciadores de la reforma –el Poder Ejecutivo–, sino por los más directamente responsables de aprobarla, los legisladores, nos encontraremos que las comisiones respectivas no realizaron trabajo alguno de investigación, ni de confrontación con las legislaciones de otros países que les hubieran allegado más elementos para argumentar que tal reforma incidió directamente en la disminución de los delitos a perseguir con una legislación de este tipo.
Pues bien, tales aristas del quehacer legislativo son las que se deben cambiar, es decir, efectuar una gran reforma de la ley orgánica del Poder Legislativo porque así como están los cuatro años se antojarán eternos, hasta para los mismos diputados.
Pero apenas empezamos el debate sobre la reforma.
Insensata e ilegal detención— No podían fallar, como en prácticamente todos los procesos electorales celebrados a partir del año 2000 en nuestra entidad, las fuerzas federales se dan el tiempo necesario para encarcelar a alguno de los dirigentes sociales chihuahuenses.
Ahora es el caso de Francisco Hernández Ochoa, miembro de la dirigencia del Movimiento Amplio de Resistencia Civil en Chihuahua, y de la Red Nacional de Resistencia Civil en Contra de las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, a quien acusan de “robo de energía eléctrica”, que seguramente tiene su origen en las múltiples manifestaciones y acciones realizadas por este grupo de la sociedad civil de la capital del estado, en contra de la elevación de las tarifas del servicio eléctrico.
Por razones semejantes a las del episodio aquí relatado, años atrás el hoy fallecido dirigente campesino, Armando Villarreal Marta, debió pasar poco más de dos años en la cárcel, después de recibir la solidaridad de todas las agrupaciones sociales y campesinas de Chihuahua, incluida la ofrecida en su momento por la dirigencia estatal y nacional de la CNC, a la que entonces pertenecía el hoy gobernador del estado, César Duarte.
Igual solidaridad y atención merece Francisco Hernández, hombre al que sólo puede achacársele su inveterada militancia social al lado de los más desamparados durante más de tres décadas.
Luis Javier Valero Flores
Pocos pudieron no sorprenderse la mañana del lunes anterior cuando, en el curso de la presentación de la memoria del proceso electoral del 2010, a cargo del presidente del Instituto Estatal Electoral, Fernando Herrera, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, anunció la presentación de una reforma para ampliar a cuatro años los períodos de los alcaldes y de los integrantes del Poder Legislativo, así como el de acortar el período de la siguiente administración estatal a fin de empatar –hacer coincidentes– las elecciones de gobernador del estado con las federales de mitad de sexenio.
Pero mayor fue la sorpresa al saberse que al día siguiente, César Duarte presentó personalmente ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma.
Duarte afirmó que tal iniciativa estaba abierta a la consideración de los chihuahuenses, lo que ratificó instantes después al abordársele por el escribiente. No puede esperarse cosa distinta del Poder Legislativo, pues si bien es una propuesta, en lo general, bien recibida, deberá acompañarse de una discusión que no deje de lado un conjunto grande de reformas al marco electoral, y de aspectos que pudieran obligar, al poco tiempo, a la reconsideración de una reforma que es de hondo calado.
La exposición de motivos aborda de manera tangencial el tema de la reelección continua, asunto en el que aparentemente ya no hay diferendos entre las fuerzas partidarias, y que en el documento pareciera que sus autores deploran el hecho de que se requiera una modificación constitucional –de la república– para concretarla.
La reforma afectará tanto la dinámica político-electoral que obliga al Poder Legislativo a actuar de manera distinta a lo hecho hasta hoy en el poco más de un tercio de su gestión, es decir, deberá, además de abrir la discusión a los chihuahuenses, invitar a expositores del más alto nivel en esta materia y a legisladores y gobernantes de otras latitudes a ofrecer sus experiencias a quienes seremos beneficiarios de tal reforma.
De entrada, además de los beneficios aparentes que se derivarían del alargamiento del período de los alcaldes –ya es una certidumbre más o menos generalizada– que, se dice, podría hacer que los equipos gobernantes se consolidaran en el ejercicio de la administración pública, hay un aspecto que puede redundar en beneficio de la sociedad, esto es que de acuerdo con la propuesta, se reduciría mucho el efecto “chapulín”, esto es, el abandono de una responsabilidad derivada de una elección por la intención de ir a ocupar otra, sin haber terminado el período para el que fue electo el aspirante.
Más allá de tales alcances, y de la posibilidad de que las fuerzas políticas finalmente le impongan a la sociedad la reelección inmediata, el hecho de prolongar la gestión de alcaldes y diputados, sin antes aprobar la reglamentación de las diversas figuras de la democracia participativa, hace que las reformas propuestas aparezcan más como una necesidad de la clase política que de la sociedad.
Pero el hecho de acotar el efecto “chapulín” sí que es para reflexionarlo. Los gobernadores, por lo menos a partir del próximo ya no llegarán acompañados de sus compañeros candidatos a las diputaciones, más aún, se abre la posibilidad de que los grupos hegemónicos de legisladores no sean de las simpatías del nuevo gobernador, independientemente del partido, pues los legisladores tendrán ya dos o tres años en sus encargos cuando arribe el nuevo mandatario. Eso no ocurrirá en el siguiente período (y se repetirá hasta el 2033) pues en 2021 se elegirán el mismo día el gobernador, los legisladores locales, los alcaldes y los diputados federales, y así cada 12 años.
Para ilustrarlo mejor, asentemos las elecciones a celebrar, por lo menos hasta el año 2022, en caso de aprobarse la reforma: En 2013 elecciones de alcaldes y diputados; 2014 sin elecciones; 2015, elección de diputados federales; 2016, de gobernador; 2017, alcaldes y diputados locales; 2018, presidente de la república, senadores y diputados federales.
Las siguientes elecciones son hasta el 2021, de gobernador, alcaldes, diputados locales y federales; 2024, presidente y diputados federales; 2025, alcaldes y diputados locales, etc.
En tanto, la frecuencia con la que tendremos elecciones cada año se acortará o se alargará, conforme a la coincidencia de las fechas electorales, y la variación será que en algunos sexenios habrá elecciones en tres años y en otros, cuatro, de tal manera que el ahorro económico y anímico –respecto del hartazgo electoral de la ciudadanía– realmente es poco.
Por supuesto que hacer modificación tendrá un efecto directo en el abatimiento de la enfermedad del “chapulín”. Ya no los veremos, por lo menos no tan frecuentemente, saltar de un puesto de elección popular a otro como ahora pues en la mayoría de los casos, quienes busquen un cargo local y después uno federal, deberán esperar uno o dos años para tal acontecimiento. Por supuesto que esto no evita que algunos busquen la diputación local desde la alcaldía, o desde las regidurías, y viceversa.
Del mismo modo, los alcaldes que ansían la gubernatura ya no deberán dejar la presidencia municipal para alcanzarla, ni los diputados locales, a menos, claro, que sean los que están en funciones.
Y esa sí que es una afortunada ventaja. Solamente cada 12 años tendremos la posibilidad de que los alcaldes y diputados locales en funciones sean acosados por tan temible virus del poder político, pues sólo hasta que transcurra dicho período vuelven a coincidir las elecciones de tales funcionarios.
El enfoque deberá abordarse en otra de las facetas de la reforma propuesta. En la de las ventajas de alargar los períodos gubernamentales de alcaldes y diputados, pero en las que necesariamente debería ir acompañado de otras múltiples reformas al quehacer legislativo, en primer lugar al de la importancia otorgada al trabajo de las Comisiones Legislativas, que en este momento es prácticamente nulo.
Sólo para dar un ejemplo de tal aserto. La clase política chihuahuense ahora se ufana de haber impulsado, primera en el país, la prisión vitalicia para sancionar diversos delitos y que hasta en el ámbito federal ya se inició el proceso legislativo para ello.
Pero si hiciéramos una revisión del trabajo de investigación efectuado, ya no por los iniciadores de la reforma –el Poder Ejecutivo–, sino por los más directamente responsables de aprobarla, los legisladores, nos encontraremos que las comisiones respectivas no realizaron trabajo alguno de investigación, ni de confrontación con las legislaciones de otros países que les hubieran allegado más elementos para argumentar que tal reforma incidió directamente en la disminución de los delitos a perseguir con una legislación de este tipo.
Pues bien, tales aristas del quehacer legislativo son las que se deben cambiar, es decir, efectuar una gran reforma de la ley orgánica del Poder Legislativo porque así como están los cuatro años se antojarán eternos, hasta para los mismos diputados.
Pero apenas empezamos el debate sobre la reforma.
Insensata e ilegal detención— No podían fallar, como en prácticamente todos los procesos electorales celebrados a partir del año 2000 en nuestra entidad, las fuerzas federales se dan el tiempo necesario para encarcelar a alguno de los dirigentes sociales chihuahuenses.
Ahora es el caso de Francisco Hernández Ochoa, miembro de la dirigencia del Movimiento Amplio de Resistencia Civil en Chihuahua, y de la Red Nacional de Resistencia Civil en Contra de las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, a quien acusan de “robo de energía eléctrica”, que seguramente tiene su origen en las múltiples manifestaciones y acciones realizadas por este grupo de la sociedad civil de la capital del estado, en contra de la elevación de las tarifas del servicio eléctrico.
Por razones semejantes a las del episodio aquí relatado, años atrás el hoy fallecido dirigente campesino, Armando Villarreal Marta, debió pasar poco más de dos años en la cárcel, después de recibir la solidaridad de todas las agrupaciones sociales y campesinas de Chihuahua, incluida la ofrecida en su momento por la dirigencia estatal y nacional de la CNC, a la que entonces pertenecía el hoy gobernador del estado, César Duarte.
Igual solidaridad y atención merece Francisco Hernández, hombre al que sólo puede achacársele su inveterada militancia social al lado de los más desamparados durante más de tres décadas.
jueves, 23 de febrero de 2012
Enturbiamiento
El Diario, 23 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Imposible dejar de lado el tema de las controvertidas elecciones “internas” del PAN. Se ha convertido en asunto obligado de las conversaciones de cientos de miles de chihuahuenses pues este partido, contra lo que evidencian pensar los actores principales del presente conflicto, es patrimonio de la sociedad chihuahuense pues ha representado, en prácticamente todas las elecciones celebradas a partir de 1983, a casi la mitad de los votantes, y su presencia fue, durante mucho tiempo, sinónimo de fuerza de oposición.
Más aun, en la mayor parte de tiempo de su existencia como partido de oposición pudo aparecer ante el electorado como un partido probo y honesto. Muchos de sus dirigentes así fueron apreciados. Hasta que se convirtieron en gobierno en la época de Francisco Barrio gobernador, ahí empezaron a ser catalogados, por un creciente número de ciudadanos, como una agrupación política muy semejante al PRI.
Sin embargo, la fuerza del régimen autoritario era tanta, y más el repudio que acumuló que ese partido logró que se le considerara como la opción frente a aquel régimen de oprobio. Eso constituyó el punto de arranque de lo que hoy nos enteramos, casi cada hora en relación a la elección del domingo pasado.
Les ocurrió lo mismo que al PRD, del que tanto se mofaron. Copiaron los peores métodos del priismo del pasado para agenciarse los triunfos electorales, tanto en el ámbito interno, como en el externo. Todo por allegarse del poder. Perdieron el partido... Y ahora parece que también el gobierno.
Conforme pasan los días, crece el número de denuncias realizadas entre los aspirantes a la senaduría por el Partido Acción Nacional y se amplía la fractura al interior, con sus correspondientes consecuencias al exterior.
A las impugnaciones presentadas por los tres aspirantes, se suma la presentada formalmente por la dirigencia municipal juarense, lo que simplemente hará que el conocimiento sobre el cúmulo de irregularidades presentadas en los comicios del domingo se eleve geométricamente y con ello el descrédito del PAN.
Podrán acusarse mutuamente de haber acudido a solicitar “ayuda” al PRI -lo que puede ser cierto o no- pero el mal está en el interior del PAN pues independientemente de la participación de priístas en las elecciones, lo cierto es que hubo la promesa -y se dio el hecho- de la entrega de despensas y, quizá, de dinero a los sufragantes del domingo.
Además, conforme lo presentaron diversas publicaciones digitales, se repartieron despensas en vehículos oficiales en algunos municipios del centro sur de la entidad, o en vehículos, como lo sostuvo el dirigente municipal del PAN juarense, Hiram Contreras, propiedad del Colegio de Bachilleres, lo que constituiría, de confirmarse, un delito electoral, razón por la cual, a partir de hoy la querella deberá seguir una doble vertiente, la estrictamente electoral, que puede culminar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (¿Ya ven para qué sirve el denominado período intercampaña, es decir, para que los órganos jurisdiccionales resuelvan los conflictos postelectorales internos de los partidos), si es que las denuncias de los participantes en la elección los lleva hasta allá.
Por otro lado, el reparto de despensas en vehículos oficiales, o el condicionamiento del otorgamiento de algunas de las prebendas de los programas asistenciales, especialmente los de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en particular, como lo han mencionado, los del programa Oportunidades, los llevará a que tal asunto se deba resolver por la Fepade, es decir, la Procuraduría General de la República, para perseguir delitos electorales.
Es de tal magnitud el conflicto generado que como lo resuelvan –si es que lo pueden hacer- el panismo saldrá perdiendo. No pueden optar por “lavar la ropa sucia en casa” pues le enviarán al electorado el mensaje que nada sucederá y los delitos –o irregularidades cometidas- quedarán impunes; y si deciden seguir el camino de la querella ante las autoridades electorales externas, deberán aceptar la existencia de gruesas anomalías en su vida interna.
La conclusión es la misma, hagan lo que hagan, perderán extensas franjas de electores, justamente cuando su candidata presidencial había empezado a levantar en las encuestas.
Luis Javier Valero Flores
Imposible dejar de lado el tema de las controvertidas elecciones “internas” del PAN. Se ha convertido en asunto obligado de las conversaciones de cientos de miles de chihuahuenses pues este partido, contra lo que evidencian pensar los actores principales del presente conflicto, es patrimonio de la sociedad chihuahuense pues ha representado, en prácticamente todas las elecciones celebradas a partir de 1983, a casi la mitad de los votantes, y su presencia fue, durante mucho tiempo, sinónimo de fuerza de oposición.
Más aun, en la mayor parte de tiempo de su existencia como partido de oposición pudo aparecer ante el electorado como un partido probo y honesto. Muchos de sus dirigentes así fueron apreciados. Hasta que se convirtieron en gobierno en la época de Francisco Barrio gobernador, ahí empezaron a ser catalogados, por un creciente número de ciudadanos, como una agrupación política muy semejante al PRI.
Sin embargo, la fuerza del régimen autoritario era tanta, y más el repudio que acumuló que ese partido logró que se le considerara como la opción frente a aquel régimen de oprobio. Eso constituyó el punto de arranque de lo que hoy nos enteramos, casi cada hora en relación a la elección del domingo pasado.
Les ocurrió lo mismo que al PRD, del que tanto se mofaron. Copiaron los peores métodos del priismo del pasado para agenciarse los triunfos electorales, tanto en el ámbito interno, como en el externo. Todo por allegarse del poder. Perdieron el partido... Y ahora parece que también el gobierno.
Conforme pasan los días, crece el número de denuncias realizadas entre los aspirantes a la senaduría por el Partido Acción Nacional y se amplía la fractura al interior, con sus correspondientes consecuencias al exterior.
A las impugnaciones presentadas por los tres aspirantes, se suma la presentada formalmente por la dirigencia municipal juarense, lo que simplemente hará que el conocimiento sobre el cúmulo de irregularidades presentadas en los comicios del domingo se eleve geométricamente y con ello el descrédito del PAN.
Podrán acusarse mutuamente de haber acudido a solicitar “ayuda” al PRI -lo que puede ser cierto o no- pero el mal está en el interior del PAN pues independientemente de la participación de priístas en las elecciones, lo cierto es que hubo la promesa -y se dio el hecho- de la entrega de despensas y, quizá, de dinero a los sufragantes del domingo.
Además, conforme lo presentaron diversas publicaciones digitales, se repartieron despensas en vehículos oficiales en algunos municipios del centro sur de la entidad, o en vehículos, como lo sostuvo el dirigente municipal del PAN juarense, Hiram Contreras, propiedad del Colegio de Bachilleres, lo que constituiría, de confirmarse, un delito electoral, razón por la cual, a partir de hoy la querella deberá seguir una doble vertiente, la estrictamente electoral, que puede culminar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (¿Ya ven para qué sirve el denominado período intercampaña, es decir, para que los órganos jurisdiccionales resuelvan los conflictos postelectorales internos de los partidos), si es que las denuncias de los participantes en la elección los lleva hasta allá.
Por otro lado, el reparto de despensas en vehículos oficiales, o el condicionamiento del otorgamiento de algunas de las prebendas de los programas asistenciales, especialmente los de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en particular, como lo han mencionado, los del programa Oportunidades, los llevará a que tal asunto se deba resolver por la Fepade, es decir, la Procuraduría General de la República, para perseguir delitos electorales.
Es de tal magnitud el conflicto generado que como lo resuelvan –si es que lo pueden hacer- el panismo saldrá perdiendo. No pueden optar por “lavar la ropa sucia en casa” pues le enviarán al electorado el mensaje que nada sucederá y los delitos –o irregularidades cometidas- quedarán impunes; y si deciden seguir el camino de la querella ante las autoridades electorales externas, deberán aceptar la existencia de gruesas anomalías en su vida interna.
La conclusión es la misma, hagan lo que hagan, perderán extensas franjas de electores, justamente cuando su candidata presidencial había empezado a levantar en las encuestas.
martes, 21 de febrero de 2012
Los acarreados
El Diario, 21 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Los peores designios para la elección de los candidatos a senador por el PAN se concretaron en la elección del domingo anterior. La feria de acusaciones entre los tres precandidatos –la nueva camada de dirigentes estatales, relativamente jóvenes, que han sustituido a la generación de Francisco Barrio, Guillermo Luján, Enrique Terrazas, Luis Herrera, etcétera– es de tal envergadura que amenaza en convertirse en la tumba de las aspiraciones de los integrantes de este partido de remontar la hegemonía ejercida, en el ámbito local, por el PRI en las últimas tres elecciones –dos locales y una federal–.
Más aún, es una crisis que puede convertirse en, quizá, la más importante de las últimas tres décadas en tierras chihuahuenses.
Los señalamientos son durísimos y muestran la peor cara del partido convertido en gobierno, que hoy le da la razón al electorado chihuahuense que rechaza, o repudia, a todos los partidos políticos pues unos y otros, en esa visión, son representativos de los peores defectos en la lucha por el poder político.
Las acusaciones cruzadas entre sí por los precandidatos, por sí solas, en el antiguo método panista de resolver sus conflictos, podrían ser los argumentos necesarios para expulsarlos de sus filas. Conclusión tan simple es la inevitable, pero el problema es de mayor profundidad, afecta al total de la clase política mexicana, incapaz de arrostrar sus contiendas internas y de alguna manera en las externas, dentro del marco de la legalidad democrática, razón por la que frecuentemente la sociedad es testigo de espectáculos como el que ahora protagonizan los más destacados de la dirigencia panista estatal chihuahuense.
Sí, porque ninguno de los tres aspirantes, Carlos Borruel, Javier Corral y Cruz Pérez Cuéllar pueden calificarse, a pesar de sus edades, de improvisados en la militancia partidista. Y ahí estriba lo doloroso para los blanquiazules.
Salvo Borruel, Corral y Pérez han sido dirigentes estatales y legisladores federales y locales. De ellos, sólo Corral no ha ganado una elección constitucional de mayoría relativa, pero en conjunto atesoran largas décadas de servicio público; son, por tanto, altamente representativos de quienes militan en el PAN.
El problema es que, con toda seguridad, los métodos usados en esta elección no son los aceptados por la mayoría de quienes militan de buena fe en el panismo; pero en la lucha por el poder tales minorías poco a poco van siendo superadas en todos los partidos. Para nuestra desgracia, porque tal desplazamiento ha dado lugar a la brutal lucha por el poder, sin que en ello vaya la menor apuesta por la vigencia de los postulados doctrinarios. Y mal hacen en achacarles a sus adversarios externos los defectos de que ahora se acusan. El problema está adentro.
Y los contrastes adquieren mayor contundencia. En tanto la dirigencia panista se enfrascaba en la lucha por la candidatura de la primera fórmula al senado, el primer priísta del estado, el gobernador César Duarte, reunía a los alcaldes de los municipios más importantes y a los candidatos al Congreso de la Unión, en una demostración de unidad que ya la quisiera para sus mejores días o el antiguo PRI, el de cuando era fuerza, no hegemónica, sino única, tal y como lo evidencia el discurso de la “coordinadora de asesores” del sindicato de trabajadores del Gobierno del Estado, Xóchitl Reyes Castro, quien le declaró la lealtad de ese sindicato al primer mandatario chihuahuense ¿Por qué ella y no la dirigente formal de la agrupación?
Perdón por la digresión, pero de repente nos asaltó la preocupación por la más frecuente aparición de los fantasmas de Fidel Velázquez, Francisco Juárez (de los telefonistas), de Joaquín Gamboa Pascoe, de Elba Esther Gordillo, de Romero Deschamps, etc.
Pero ya de regreso a nuestro tema, el problema para el panismo es que la elección de sus candidatos a senadores todavía no termina, aún falta lo peor y quizá pudiera cambiar el resultado de algo que se ha perdido ante el cúmulo de acusaciones: Que tal intensidad en la disputa es generada por el hecho de que los panistas saben que no están en condiciones de disputarle al PRI la victoria en Chihuahua, razón por la que se cortan las cabelleras por ocupar la candidatura de la primera fórmula, pues quien la ocupe –porque seguramente el PAN obtendrá el segundo lugar de las votaciones– se convertirá, casi en automático, en senador de nuestra maltrecha república.
Y para su desgracia, ese es el mensaje que enviaron con sus agrias disputas.
Luis Javier Valero Flores
Los peores designios para la elección de los candidatos a senador por el PAN se concretaron en la elección del domingo anterior. La feria de acusaciones entre los tres precandidatos –la nueva camada de dirigentes estatales, relativamente jóvenes, que han sustituido a la generación de Francisco Barrio, Guillermo Luján, Enrique Terrazas, Luis Herrera, etcétera– es de tal envergadura que amenaza en convertirse en la tumba de las aspiraciones de los integrantes de este partido de remontar la hegemonía ejercida, en el ámbito local, por el PRI en las últimas tres elecciones –dos locales y una federal–.
Más aún, es una crisis que puede convertirse en, quizá, la más importante de las últimas tres décadas en tierras chihuahuenses.
Los señalamientos son durísimos y muestran la peor cara del partido convertido en gobierno, que hoy le da la razón al electorado chihuahuense que rechaza, o repudia, a todos los partidos políticos pues unos y otros, en esa visión, son representativos de los peores defectos en la lucha por el poder político.
Las acusaciones cruzadas entre sí por los precandidatos, por sí solas, en el antiguo método panista de resolver sus conflictos, podrían ser los argumentos necesarios para expulsarlos de sus filas. Conclusión tan simple es la inevitable, pero el problema es de mayor profundidad, afecta al total de la clase política mexicana, incapaz de arrostrar sus contiendas internas y de alguna manera en las externas, dentro del marco de la legalidad democrática, razón por la que frecuentemente la sociedad es testigo de espectáculos como el que ahora protagonizan los más destacados de la dirigencia panista estatal chihuahuense.
Sí, porque ninguno de los tres aspirantes, Carlos Borruel, Javier Corral y Cruz Pérez Cuéllar pueden calificarse, a pesar de sus edades, de improvisados en la militancia partidista. Y ahí estriba lo doloroso para los blanquiazules.
Salvo Borruel, Corral y Pérez han sido dirigentes estatales y legisladores federales y locales. De ellos, sólo Corral no ha ganado una elección constitucional de mayoría relativa, pero en conjunto atesoran largas décadas de servicio público; son, por tanto, altamente representativos de quienes militan en el PAN.
El problema es que, con toda seguridad, los métodos usados en esta elección no son los aceptados por la mayoría de quienes militan de buena fe en el panismo; pero en la lucha por el poder tales minorías poco a poco van siendo superadas en todos los partidos. Para nuestra desgracia, porque tal desplazamiento ha dado lugar a la brutal lucha por el poder, sin que en ello vaya la menor apuesta por la vigencia de los postulados doctrinarios. Y mal hacen en achacarles a sus adversarios externos los defectos de que ahora se acusan. El problema está adentro.
Y los contrastes adquieren mayor contundencia. En tanto la dirigencia panista se enfrascaba en la lucha por la candidatura de la primera fórmula al senado, el primer priísta del estado, el gobernador César Duarte, reunía a los alcaldes de los municipios más importantes y a los candidatos al Congreso de la Unión, en una demostración de unidad que ya la quisiera para sus mejores días o el antiguo PRI, el de cuando era fuerza, no hegemónica, sino única, tal y como lo evidencia el discurso de la “coordinadora de asesores” del sindicato de trabajadores del Gobierno del Estado, Xóchitl Reyes Castro, quien le declaró la lealtad de ese sindicato al primer mandatario chihuahuense ¿Por qué ella y no la dirigente formal de la agrupación?
Perdón por la digresión, pero de repente nos asaltó la preocupación por la más frecuente aparición de los fantasmas de Fidel Velázquez, Francisco Juárez (de los telefonistas), de Joaquín Gamboa Pascoe, de Elba Esther Gordillo, de Romero Deschamps, etc.
Pero ya de regreso a nuestro tema, el problema para el panismo es que la elección de sus candidatos a senadores todavía no termina, aún falta lo peor y quizá pudiera cambiar el resultado de algo que se ha perdido ante el cúmulo de acusaciones: Que tal intensidad en la disputa es generada por el hecho de que los panistas saben que no están en condiciones de disputarle al PRI la victoria en Chihuahua, razón por la que se cortan las cabelleras por ocupar la candidatura de la primera fórmula, pues quien la ocupe –porque seguramente el PAN obtendrá el segundo lugar de las votaciones– se convertirá, casi en automático, en senador de nuestra maltrecha república.
Y para su desgracia, ese es el mensaje que enviaron con sus agrias disputas.
domingo, 19 de febrero de 2012
“No más armas”
El Diario, 19 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
A poco más de dos años de la masacre de Villas de Salvárcar, Felipe Calderón visitó nuevamente Juárez, en una gira cuyo objetivo principal fue el de hacer patente que el gobierno federal ha realizado su “tarea” y con la cual pretendió lanzar el mensaje al país, dentro de su estrategia poco encubierta de influir en el proceso electoral, de que su administración es parte fundamental en el descenso de la criminalidad en el antiguo Paso del Norte.
Pero cuando la realidad es muy distinta a los discursos oficiales –y en el presente gobierno, por desgracia, es la tónica central– aparecen, indefectiblemente, las evidencias de tales contradicciones.
En esta ocasión no podía de ser de otra manera. La realidad es que algunas de las cifras delictivas han ido a la baja en todo el 2011 y el presente año, entre ellas las de los homicidios, pero de ahí a presentarlas con una disminución de casi el 60%, tal como lo asentó Felipe Calderón en esta visita, hay un mundo de diferencia.
No es el único hecho extremadamente criticable de quien hoy ocupa la silla presidencial. En una actitud rayana en lo ridículo, presidió el acto mediante el cual se instaló una manta –fabricada, la estructura, con material producto de armas decomisadas– en la que, a la manera de los manifestantes de cualquier lugar del orbe, le exigió a un destinatario –en este caso desconocido– cesara el tráfico de armas a nuestro país.
Por supuesto que todos sabemos –o la mayoría de los mexicanos, quizá– que tal demanda se le hace al gobierno norteamericano, pero al actuar de esa manera, la actual administración mostró su verdadero empaque, pues en lugar de hacerlo con la altura que le ofrece ostentarse como el gobierno legal, representante de una nación, se rebajó (por supuesto que tal expresión no lo es para quienes, desde la filas de la organización civil así lo hacen) al nivel de cualquier organización no gubernamental, o, incluso, al de las organizaciones criminales que en los últimos cinco años han usado tal medio como uno de los mejores para atacar verbalmente a sus contrincantes, o para lanzar amenazas a particulares y autoridades.
Pero si el difundir sus consignas y reclamos a través de este medio es una de las principales características de la sociedad civil del mundo contemporáneo, y cuya razón estriba en la carencia de los instrumentos necesarios para colmarlas, no lo es, de ninguna manera para un gobierno establecido, y menos en esta materia, en la que el gobierno federal cuenta con todos los instrumentos necesarios para impedir el ingreso a nuestro país de la enorme cantidad de armas existentes.
Así, en vez de pretender ocupar el lugar de los manifestantes, Calderón debería ordenar que los retenes hoy colocados de manera anticonstitucional a lo largo del país, para intentar impedir el ingreso de estupefacientes y migrantes a los Estados Unidos, debiera colocarlos en sentido distinto para detectar el ingreso de armas a nuestra nación y no sobajar aún más la deteriorada imagen del presidente de la república. ¿Se imaginan las carcajadas de Barak Obama y de todos los titulares de las dependencias norteamericanas relacionadas con este tráfico? Y ya no digamos las risas de los más altos funcionarios de esas dependencias, sino las de los fabricantes de armas, las de los jefes de los cárteles, las de los delincuentes mismos, y las de los ciudadanos más informados acerca de la dignidad que deben guardar los jefes de Estado.
No es el único desatino realizado por Calderón en la que puede ser su última visita a Juárez. Con el ánimo de llamar al optimismo y con ello a que la sociedad evalúe mejor a su gobierno, nuevamente mintió en el mejoramiento de las estadísticas criminales del antiguo Paso del Norte.
Ya lo había hecho en visita previa, cuando comparó el número de ejecuciones presentadas en el mes de octubre de 2010 y las sucedidas en febrero de 2011, y con ello dio por hecho que la caída en el número de este índice era el correcto. Ya en aquel momento ubicó el descenso en el 60%, lo que era una flagrante mentira, la que tuvo su origen en las cifras proporcionadas por Alejandro Poiré, entonces vocero del Consejo Nacional de Seguridad Pública y hoy flamante Secretario de Gobernación, testigo de las nuevas cifras-mentiras de su jefe.
Y es que Felipe Calderón afirmó que la tasa de homicidios ha bajado en Juárez en el 57% desde la vigencia del programa “Todos somos Juárez”. Dicha cifra choca con la obtenida por El Diario de Juárez (Nota de M. Coronado/R. Chaparro, El Diario, 18/II/12) ubicada en el orden del 33% “de acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado”, pues en 2010, según “los protocolos diarios que ha publicado la Fiscalía sobre este delito en los últimos dos años, desde que arrancó el programa” mencionado, “en 2010 se registraron un total de 3 mil 115 homicidios, en tanto que en 2011 el conteo oficial fue de 2 mil 086 asesinatos”. (Ibídem).
No es sólo eso. Los reporteros encontraron que en el blog de la Presidencia de la República, Calderón escribió que la reducción era del 45%, para luego manejar la anotada líneas arriba del 57%, merced a la misma maniobra estadística efectuada en la visita previa, cuando comparó las cifras de sólo dos meses, y no, como lo hacen todos los estadígrafos profesionales, períodos completos.
El panista comparó el número de crímenes cometidos en enero de 2011 –269– contra los 117 homicidios registrados el pasado enero de 2012 y dejó de lado que el año 2010, justamente el del inicio del programa mencionado, a raíz de la masacre de Villas de Salvárcar, fue el peor en materia de ejecuciones en Juárez y que, como lo sostienen varios de los entrevistados en la nota de referencia, tal fenómeno se presentó a pesar de la presencia de los contingentes del Ejército Mexicano y la Policía Federal.
Sin embargo, tales afanes por edulcorar o matizar la siniestra realidad de la ciudad que aún mantiene el liderazgo en esta tragedia no son exclusivos de la autoridad federal.
En otro descollante trabajo del Staff de El Diario de Juárez (13/I/12) se develó que la “página oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que presenta datos generales de la incidencia delictiva de todo el 2011, registra un número menor de asesinatos al de los documentados por ellos mismos a través de sus protocolos”.
El hallazgo consistió en que dicho portal informaba de la presentación, de enero a diciembre de 2011, de mil 682 homicidios, la que luego cambió, una semana después, en el mismo sitio, a mil 541. Las contradicciones siguieron. No es una novedad asentar que El Diario de Juárez ha establecido un seguimiento de este tipo de delitos, basado en los reportes oficiales de la Fiscalía General, los que mostraron, en el período mencionado, de una cifra de mil 973 homicidios.
De ese modo, el descenso, tan solo en las estadísticas oficiales, es de poco más de 400 asesinatos, que impactan seriamente cualquier estadística y echan por tierra la confianza ciudadana en las ofrecidas por las instancias correspondientes.
En descargo parcial de tal hecho, deberá anotarse que la nota informa que al día siguiente de su publicación, el vocero de la Fiscalía, Carlos González, “reconoció que esta cifra estaba equivocada, por lo que comenzaron a trabajar en ella para corregir el error” y ubicaron el total de homicidios registrados en 2011 en 2 mil 86 asesinatos, pero “la cifra hasta ayer por la tarde no había sido actualizada en la página de la FGE”. (Ibídem).
Tales errores y dislates en nada ayudan a mejorar la percepción ciudadana acerca de la seguridad pública, al contrario, llaman a la desconfianza, más en una época en la que numerosas organizaciones y organismos de distinta índole efectúan muy serios estudios sobre la realidad delictiva del país. Así, de acuerdo con un informe elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, las urbes mayores de Chihuahua, Juárez y Chihuahua, se colocaron, durante el 2011, entre las 10 ciudades más peligrosas del ¡mundo Juárez en el segundo lugar, solo debajo de San Pedro Sula, de Honduras, con una tasa de 148 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en tanto que la capital presentó 83, debajo de Torreón con una tasa de 88, Chihuahua con una tasa de 83 y apenas por encima de Durango con una tasa de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario 13/I/12).
Lo dicho, la realidad es terca, muy terca, y esa es la que debe cambiarse.
Luis Javier Valero Flores
A poco más de dos años de la masacre de Villas de Salvárcar, Felipe Calderón visitó nuevamente Juárez, en una gira cuyo objetivo principal fue el de hacer patente que el gobierno federal ha realizado su “tarea” y con la cual pretendió lanzar el mensaje al país, dentro de su estrategia poco encubierta de influir en el proceso electoral, de que su administración es parte fundamental en el descenso de la criminalidad en el antiguo Paso del Norte.
Pero cuando la realidad es muy distinta a los discursos oficiales –y en el presente gobierno, por desgracia, es la tónica central– aparecen, indefectiblemente, las evidencias de tales contradicciones.
En esta ocasión no podía de ser de otra manera. La realidad es que algunas de las cifras delictivas han ido a la baja en todo el 2011 y el presente año, entre ellas las de los homicidios, pero de ahí a presentarlas con una disminución de casi el 60%, tal como lo asentó Felipe Calderón en esta visita, hay un mundo de diferencia.
No es el único hecho extremadamente criticable de quien hoy ocupa la silla presidencial. En una actitud rayana en lo ridículo, presidió el acto mediante el cual se instaló una manta –fabricada, la estructura, con material producto de armas decomisadas– en la que, a la manera de los manifestantes de cualquier lugar del orbe, le exigió a un destinatario –en este caso desconocido– cesara el tráfico de armas a nuestro país.
Por supuesto que todos sabemos –o la mayoría de los mexicanos, quizá– que tal demanda se le hace al gobierno norteamericano, pero al actuar de esa manera, la actual administración mostró su verdadero empaque, pues en lugar de hacerlo con la altura que le ofrece ostentarse como el gobierno legal, representante de una nación, se rebajó (por supuesto que tal expresión no lo es para quienes, desde la filas de la organización civil así lo hacen) al nivel de cualquier organización no gubernamental, o, incluso, al de las organizaciones criminales que en los últimos cinco años han usado tal medio como uno de los mejores para atacar verbalmente a sus contrincantes, o para lanzar amenazas a particulares y autoridades.
Pero si el difundir sus consignas y reclamos a través de este medio es una de las principales características de la sociedad civil del mundo contemporáneo, y cuya razón estriba en la carencia de los instrumentos necesarios para colmarlas, no lo es, de ninguna manera para un gobierno establecido, y menos en esta materia, en la que el gobierno federal cuenta con todos los instrumentos necesarios para impedir el ingreso a nuestro país de la enorme cantidad de armas existentes.
Así, en vez de pretender ocupar el lugar de los manifestantes, Calderón debería ordenar que los retenes hoy colocados de manera anticonstitucional a lo largo del país, para intentar impedir el ingreso de estupefacientes y migrantes a los Estados Unidos, debiera colocarlos en sentido distinto para detectar el ingreso de armas a nuestra nación y no sobajar aún más la deteriorada imagen del presidente de la república. ¿Se imaginan las carcajadas de Barak Obama y de todos los titulares de las dependencias norteamericanas relacionadas con este tráfico? Y ya no digamos las risas de los más altos funcionarios de esas dependencias, sino las de los fabricantes de armas, las de los jefes de los cárteles, las de los delincuentes mismos, y las de los ciudadanos más informados acerca de la dignidad que deben guardar los jefes de Estado.
No es el único desatino realizado por Calderón en la que puede ser su última visita a Juárez. Con el ánimo de llamar al optimismo y con ello a que la sociedad evalúe mejor a su gobierno, nuevamente mintió en el mejoramiento de las estadísticas criminales del antiguo Paso del Norte.
Ya lo había hecho en visita previa, cuando comparó el número de ejecuciones presentadas en el mes de octubre de 2010 y las sucedidas en febrero de 2011, y con ello dio por hecho que la caída en el número de este índice era el correcto. Ya en aquel momento ubicó el descenso en el 60%, lo que era una flagrante mentira, la que tuvo su origen en las cifras proporcionadas por Alejandro Poiré, entonces vocero del Consejo Nacional de Seguridad Pública y hoy flamante Secretario de Gobernación, testigo de las nuevas cifras-mentiras de su jefe.
Y es que Felipe Calderón afirmó que la tasa de homicidios ha bajado en Juárez en el 57% desde la vigencia del programa “Todos somos Juárez”. Dicha cifra choca con la obtenida por El Diario de Juárez (Nota de M. Coronado/R. Chaparro, El Diario, 18/II/12) ubicada en el orden del 33% “de acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado”, pues en 2010, según “los protocolos diarios que ha publicado la Fiscalía sobre este delito en los últimos dos años, desde que arrancó el programa” mencionado, “en 2010 se registraron un total de 3 mil 115 homicidios, en tanto que en 2011 el conteo oficial fue de 2 mil 086 asesinatos”. (Ibídem).
No es sólo eso. Los reporteros encontraron que en el blog de la Presidencia de la República, Calderón escribió que la reducción era del 45%, para luego manejar la anotada líneas arriba del 57%, merced a la misma maniobra estadística efectuada en la visita previa, cuando comparó las cifras de sólo dos meses, y no, como lo hacen todos los estadígrafos profesionales, períodos completos.
El panista comparó el número de crímenes cometidos en enero de 2011 –269– contra los 117 homicidios registrados el pasado enero de 2012 y dejó de lado que el año 2010, justamente el del inicio del programa mencionado, a raíz de la masacre de Villas de Salvárcar, fue el peor en materia de ejecuciones en Juárez y que, como lo sostienen varios de los entrevistados en la nota de referencia, tal fenómeno se presentó a pesar de la presencia de los contingentes del Ejército Mexicano y la Policía Federal.
Sin embargo, tales afanes por edulcorar o matizar la siniestra realidad de la ciudad que aún mantiene el liderazgo en esta tragedia no son exclusivos de la autoridad federal.
En otro descollante trabajo del Staff de El Diario de Juárez (13/I/12) se develó que la “página oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que presenta datos generales de la incidencia delictiva de todo el 2011, registra un número menor de asesinatos al de los documentados por ellos mismos a través de sus protocolos”.
El hallazgo consistió en que dicho portal informaba de la presentación, de enero a diciembre de 2011, de mil 682 homicidios, la que luego cambió, una semana después, en el mismo sitio, a mil 541. Las contradicciones siguieron. No es una novedad asentar que El Diario de Juárez ha establecido un seguimiento de este tipo de delitos, basado en los reportes oficiales de la Fiscalía General, los que mostraron, en el período mencionado, de una cifra de mil 973 homicidios.
De ese modo, el descenso, tan solo en las estadísticas oficiales, es de poco más de 400 asesinatos, que impactan seriamente cualquier estadística y echan por tierra la confianza ciudadana en las ofrecidas por las instancias correspondientes.
En descargo parcial de tal hecho, deberá anotarse que la nota informa que al día siguiente de su publicación, el vocero de la Fiscalía, Carlos González, “reconoció que esta cifra estaba equivocada, por lo que comenzaron a trabajar en ella para corregir el error” y ubicaron el total de homicidios registrados en 2011 en 2 mil 86 asesinatos, pero “la cifra hasta ayer por la tarde no había sido actualizada en la página de la FGE”. (Ibídem).
Tales errores y dislates en nada ayudan a mejorar la percepción ciudadana acerca de la seguridad pública, al contrario, llaman a la desconfianza, más en una época en la que numerosas organizaciones y organismos de distinta índole efectúan muy serios estudios sobre la realidad delictiva del país. Así, de acuerdo con un informe elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, las urbes mayores de Chihuahua, Juárez y Chihuahua, se colocaron, durante el 2011, entre las 10 ciudades más peligrosas del ¡mundo Juárez en el segundo lugar, solo debajo de San Pedro Sula, de Honduras, con una tasa de 148 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en tanto que la capital presentó 83, debajo de Torreón con una tasa de 88, Chihuahua con una tasa de 83 y apenas por encima de Durango con una tasa de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario 13/I/12).
Lo dicho, la realidad es terca, muy terca, y esa es la que debe cambiarse.
jueves, 16 de febrero de 2012
¿Qué pasa en los penales?
El Diario, 16 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
El asesinato de una mujer y el intento de suicidio de su presunto asesino, en una de las salas de visita conyugal, en el penal de San Guillermo en Chihuahua, así como la pobre calificación otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a los penales de la entidad, muestran palmariamente que algo muy grave está sucediendo en ellos y que las autoridades correspondientes están cometiendo una infinidad de omisiones y faltas a la legalidad vigente, y quizá no solamente pues, de acuerdo con la información proporcionada por El Diario de Chihuahua (Nota del Staff, 15/II/12), aparentemente la mujer tenía registros de visitar a varios reos, lo que lleva a la conclusión de la existencia de una red de prostitución en aquel centro penitenciario.
No es el único dato llamativo de este episodio. El reo, de nombre Alberto Guadalupe Reyes García, ya había suscitado un incidente semejante el pasado 12 de enero, cuando intentó privarse de la vida, aparentemente después de sostener un altercado con su mujer e intentar agredirla, pero fue detenido por los guardias. Todo ello en la entonces denominada Unidad de Bajo Riesgo (UBR).
El intento de suicidio fue realizado con un pequeño cuchillo “hechizo” fabricado con un pedazo de lámina. Hasta ahí nada, digamos, “anormal”. El problema estriba en que dicho sujeto fue detenido a mediados de 2009, acusado de pertenecer a un grupo delictivo denominado “La Familia”, que se dedicaba, según la acusación, a extorsionar y secuestrar personas en los estados de Coahuila, Chihuahua y Jalisco, entidad ésta última en donde fuera detenido junto con varios de sus cómplices. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 11/VI/09).
Todos ellos fueron recluidos en el penal de San Guillermo por su “elevado grado de peligrosidad”, de acuerdo con los reportes de las autoridades de aquel entonces. Entonces ¿Qué hacía el preso en la UBR? ¿Quién determinó que su “peligrosidad” había terminado? Más aún, si ya existía un antecedente de extremada violencia contra una mujer –aparentemente su esposa- y de un intento de suicidio con una arma hechiza ¿Quién autorizó tal visita conyugal, en caso de serlo, y peor, en el caso de no serlo?
Las respuestas a tales cuestionamientos, cualesquiera que fueran, dan pie a concluir que sin ir muy lejos estamos frente a muy probables actos de corrupción en los mandos que debiesen ser de los más ajenos a ellos pues tienen bajo su responsabilidad el cuidado –y ojalá rehabilitación- de miles de personas, muchas de ellas elevadamente peligrosas, tanto por los delitos cometidos, como por las redes existentes al exterior de los penales.
Pero tales preocupaciones se quedan sin respuesta por parte de las autoridades, en una gravísima situación, porque periódicamente los chihuahuenses nos amanecemos con las más trágicas y estremecedoras noticias procedentes de los reclusorios existentes en la entidad y ante las cuales invariablemente se informa que se están haciendo las “investigaciones correspondientes”, después de lo cual sobreviene el silencio… hasta la siguiente tragedia.
Tales hechos vienen a develar la existencia de un océano de corrupción, que en su momento fue revelado, por ejemplo, por Fernando Oropeza Oaxaca, ex subdirector de la UBR, y quien fuera asesinado, después de denunciar públicamente las corruptelas existentes en ese centro penitenciario, dos días después de su destitución, aparentemente causada por la comisión de graves delitos durante el desempeño de ese cargo.
Ojalá se entendiera en las más altas esferas del poder político de la entidad que sanear los penales es una de las urgencias más sentidas por la población, porque hechos como los ahora relatados solo ponen en evidencia que ni siquiera ahí en donde la autoridad tiene todos los instrumentos para controlar a los delincuentes puede hacerlo, y si no puede en esos centros ¿Cómo imaginarse que lo podrá hacer afuera de ellos?
Por supuesto que se hace imprescindible una investigación, solo que con algunas pequeñas diferencias, la autoridad deberá partir del presupuesto que los niveles de confianza de que goza han disminuido terriblemente, razón por la cual debiese efectuarla, pero con el máximo de transparencia y confiabilidad.
Está obligada.
Luis Javier Valero Flores
El asesinato de una mujer y el intento de suicidio de su presunto asesino, en una de las salas de visita conyugal, en el penal de San Guillermo en Chihuahua, así como la pobre calificación otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a los penales de la entidad, muestran palmariamente que algo muy grave está sucediendo en ellos y que las autoridades correspondientes están cometiendo una infinidad de omisiones y faltas a la legalidad vigente, y quizá no solamente pues, de acuerdo con la información proporcionada por El Diario de Chihuahua (Nota del Staff, 15/II/12), aparentemente la mujer tenía registros de visitar a varios reos, lo que lleva a la conclusión de la existencia de una red de prostitución en aquel centro penitenciario.
No es el único dato llamativo de este episodio. El reo, de nombre Alberto Guadalupe Reyes García, ya había suscitado un incidente semejante el pasado 12 de enero, cuando intentó privarse de la vida, aparentemente después de sostener un altercado con su mujer e intentar agredirla, pero fue detenido por los guardias. Todo ello en la entonces denominada Unidad de Bajo Riesgo (UBR).
El intento de suicidio fue realizado con un pequeño cuchillo “hechizo” fabricado con un pedazo de lámina. Hasta ahí nada, digamos, “anormal”. El problema estriba en que dicho sujeto fue detenido a mediados de 2009, acusado de pertenecer a un grupo delictivo denominado “La Familia”, que se dedicaba, según la acusación, a extorsionar y secuestrar personas en los estados de Coahuila, Chihuahua y Jalisco, entidad ésta última en donde fuera detenido junto con varios de sus cómplices. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 11/VI/09).
Todos ellos fueron recluidos en el penal de San Guillermo por su “elevado grado de peligrosidad”, de acuerdo con los reportes de las autoridades de aquel entonces. Entonces ¿Qué hacía el preso en la UBR? ¿Quién determinó que su “peligrosidad” había terminado? Más aún, si ya existía un antecedente de extremada violencia contra una mujer –aparentemente su esposa- y de un intento de suicidio con una arma hechiza ¿Quién autorizó tal visita conyugal, en caso de serlo, y peor, en el caso de no serlo?
Las respuestas a tales cuestionamientos, cualesquiera que fueran, dan pie a concluir que sin ir muy lejos estamos frente a muy probables actos de corrupción en los mandos que debiesen ser de los más ajenos a ellos pues tienen bajo su responsabilidad el cuidado –y ojalá rehabilitación- de miles de personas, muchas de ellas elevadamente peligrosas, tanto por los delitos cometidos, como por las redes existentes al exterior de los penales.
Pero tales preocupaciones se quedan sin respuesta por parte de las autoridades, en una gravísima situación, porque periódicamente los chihuahuenses nos amanecemos con las más trágicas y estremecedoras noticias procedentes de los reclusorios existentes en la entidad y ante las cuales invariablemente se informa que se están haciendo las “investigaciones correspondientes”, después de lo cual sobreviene el silencio… hasta la siguiente tragedia.
Tales hechos vienen a develar la existencia de un océano de corrupción, que en su momento fue revelado, por ejemplo, por Fernando Oropeza Oaxaca, ex subdirector de la UBR, y quien fuera asesinado, después de denunciar públicamente las corruptelas existentes en ese centro penitenciario, dos días después de su destitución, aparentemente causada por la comisión de graves delitos durante el desempeño de ese cargo.
Ojalá se entendiera en las más altas esferas del poder político de la entidad que sanear los penales es una de las urgencias más sentidas por la población, porque hechos como los ahora relatados solo ponen en evidencia que ni siquiera ahí en donde la autoridad tiene todos los instrumentos para controlar a los delincuentes puede hacerlo, y si no puede en esos centros ¿Cómo imaginarse que lo podrá hacer afuera de ellos?
Por supuesto que se hace imprescindible una investigación, solo que con algunas pequeñas diferencias, la autoridad deberá partir del presupuesto que los niveles de confianza de que goza han disminuido terriblemente, razón por la cual debiese efectuarla, pero con el máximo de transparencia y confiabilidad.
Está obligada.
martes, 14 de febrero de 2012
Rarámuris, las dramáticas estadísticas
El Diario, 14 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Los notas, publicadas casi al mismo tiempo, en las que se da cuenta del grado de pobreza del estado de Chihuahua, y en particular de los habitantes indígenas de La Tarahumara, ponen de relieve la urgencia de transformar todas las políticas oficiales dirigidas a esa población. Es de tal magnitud esa necesidad que, si no se cambian, estarán en el riesgo de la extinción, de acuerdo con la opinión de varios especialistas, entre ellos, el ex secretario de Desarrollo Social en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Rojas.
Pocos chihuahuenses llegaron a imaginárselo, pero de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el organismo que cada año mide el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el mundo, la población de varios municipios de la sierra Tarahumara se encuentra con índices de pobreza por debajo de los países más pobres de África.
El organismo planetario concluyó en octubre de 2010 su Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, realizado a solicitud de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –la que ahora, en plena crisis provocada por la sequía, no aparece por ninguna parte–. El informe asienta que, por ejemplo, Batopilas tenía un IDH de 0.310, cifra menor a la de la nación con menor desarrollo humano en el mundo en ese momento: Níger (África), que tenía un IDH de 0.330 (nota de Juan Pablo Becerra, Milenio, 13/II/12). Es decir, que las condiciones de vida de los indígenas rarámuris eran peores en aquellos años, cuando aún arreciaba la sequía, que las de todos los países del mundo.
Entre los 20 municipios de población indígena más subdesarrollados en México aparecen los chihuahuenses Carichí, Morelos, Balleza, Urique y Uruachi, cuyos índices de atraso son semejantes a los de las naciones más subdesarrolladas en África, del 0.310 de Batopilas al 0.450 de Uruachi, “lo cual ubicaba a este último municipio en el nivel de Gambia, país que ocupa el lugar 168 en un mundo de 182 países enlistados”.
De la altísima dispersión de los habitantes de la Tarahumara –y que explica en parte, desde la óptica oficial– el rezago social, da cuenta el hecho que en la región hay 6 mil 998 localidades (el 54 por ciento del estado), de las cuales el 86 por ciento tienen menos de 50 habitantes, en las que el 95 por ciento de las viviendas no cuentan con energía eléctrica y 99 por ciento no tienen drenaje.
Es tan extendida la pobreza que, siempre la misma fuente, el grado de marginación de los municipios de La Tarahumara es “muy alto” y “alto”, con la excepción de tres, que tienen un grado de marginación “medio (El Tule, Rosario y San Francisco Borja)”, y cuatro con grado de marginación “bajo (Guerrero, Madera, Matachí y Cusihuiriachi)”.
Pasman las estadísticas, solo como ejemplos asentemos que en Batopilas, nueve de cada diez habitantes están en pobreza (91.1 por ciento), y cinco de cada diez en pobreza extrema (55.4 por ciento); en Morelos nueve de cada diez pobladores (90.4 por ciento) en pobreza y 6 de cada 10 (60.5 por ciento) en pobreza extrema y en Guadalupe y Calvo, son 9 de cada 10 en pobreza (89.8 por ciento), y casi la mitad (47.1 por ciento) en pobreza extrema.
Si a esas cifras, otorgadas por un organismo internacional, le sumamos las reveladas en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2011, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (nota de José A. García H., El Diario, 12/II/12), consistentes en que en sólo 2 años Chihuahua tuvo 255 mil nuevos pobres y se colocó –entre 2008 y 2010– en el tercer lugar en la “que creció más el número de personas en situación de pobreza”, solo atrás de Veracruz y Guanajuato, nos ubicarán en la dimensión de la tragedia que se incuba aquí, entre nosotros.
Del total de pobres en Chihuahua, un millón 112 mil 500 se encontraban en situación de pobreza moderada (es decir, aquellos cuyo ingreso semanal familiar oscila entre los 978 pesos y 2 mil 114 pesos en la zona urbana y de 684 pesos y los 1 mil 329 pesos en la zona rural) y 225 mil 900 vivían en condiciones de pobreza extrema (ingresos familiares de hasta 978 pesos semanales en la zona urbana y los 684 pesos en la zona rural).
Llama la atención que, según el mismo estudio, tal incremento en el número de pobres en Chihuahua se haya dado precisamente cuando en el país “… el porcentaje de personas en pobreza alimentaria pasó de 24.1 por ciento en 2000 a 18.8 por ciento”.
Esas son las cifras ¿Dónde las políticas gubernamentales para revertirlas?
Luis Javier Valero Flores
Los notas, publicadas casi al mismo tiempo, en las que se da cuenta del grado de pobreza del estado de Chihuahua, y en particular de los habitantes indígenas de La Tarahumara, ponen de relieve la urgencia de transformar todas las políticas oficiales dirigidas a esa población. Es de tal magnitud esa necesidad que, si no se cambian, estarán en el riesgo de la extinción, de acuerdo con la opinión de varios especialistas, entre ellos, el ex secretario de Desarrollo Social en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Rojas.
Pocos chihuahuenses llegaron a imaginárselo, pero de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el organismo que cada año mide el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el mundo, la población de varios municipios de la sierra Tarahumara se encuentra con índices de pobreza por debajo de los países más pobres de África.
El organismo planetario concluyó en octubre de 2010 su Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, realizado a solicitud de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –la que ahora, en plena crisis provocada por la sequía, no aparece por ninguna parte–. El informe asienta que, por ejemplo, Batopilas tenía un IDH de 0.310, cifra menor a la de la nación con menor desarrollo humano en el mundo en ese momento: Níger (África), que tenía un IDH de 0.330 (nota de Juan Pablo Becerra, Milenio, 13/II/12). Es decir, que las condiciones de vida de los indígenas rarámuris eran peores en aquellos años, cuando aún arreciaba la sequía, que las de todos los países del mundo.
Entre los 20 municipios de población indígena más subdesarrollados en México aparecen los chihuahuenses Carichí, Morelos, Balleza, Urique y Uruachi, cuyos índices de atraso son semejantes a los de las naciones más subdesarrolladas en África, del 0.310 de Batopilas al 0.450 de Uruachi, “lo cual ubicaba a este último municipio en el nivel de Gambia, país que ocupa el lugar 168 en un mundo de 182 países enlistados”.
De la altísima dispersión de los habitantes de la Tarahumara –y que explica en parte, desde la óptica oficial– el rezago social, da cuenta el hecho que en la región hay 6 mil 998 localidades (el 54 por ciento del estado), de las cuales el 86 por ciento tienen menos de 50 habitantes, en las que el 95 por ciento de las viviendas no cuentan con energía eléctrica y 99 por ciento no tienen drenaje.
Es tan extendida la pobreza que, siempre la misma fuente, el grado de marginación de los municipios de La Tarahumara es “muy alto” y “alto”, con la excepción de tres, que tienen un grado de marginación “medio (El Tule, Rosario y San Francisco Borja)”, y cuatro con grado de marginación “bajo (Guerrero, Madera, Matachí y Cusihuiriachi)”.
Pasman las estadísticas, solo como ejemplos asentemos que en Batopilas, nueve de cada diez habitantes están en pobreza (91.1 por ciento), y cinco de cada diez en pobreza extrema (55.4 por ciento); en Morelos nueve de cada diez pobladores (90.4 por ciento) en pobreza y 6 de cada 10 (60.5 por ciento) en pobreza extrema y en Guadalupe y Calvo, son 9 de cada 10 en pobreza (89.8 por ciento), y casi la mitad (47.1 por ciento) en pobreza extrema.
Si a esas cifras, otorgadas por un organismo internacional, le sumamos las reveladas en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2011, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (nota de José A. García H., El Diario, 12/II/12), consistentes en que en sólo 2 años Chihuahua tuvo 255 mil nuevos pobres y se colocó –entre 2008 y 2010– en el tercer lugar en la “que creció más el número de personas en situación de pobreza”, solo atrás de Veracruz y Guanajuato, nos ubicarán en la dimensión de la tragedia que se incuba aquí, entre nosotros.
Del total de pobres en Chihuahua, un millón 112 mil 500 se encontraban en situación de pobreza moderada (es decir, aquellos cuyo ingreso semanal familiar oscila entre los 978 pesos y 2 mil 114 pesos en la zona urbana y de 684 pesos y los 1 mil 329 pesos en la zona rural) y 225 mil 900 vivían en condiciones de pobreza extrema (ingresos familiares de hasta 978 pesos semanales en la zona urbana y los 684 pesos en la zona rural).
Llama la atención que, según el mismo estudio, tal incremento en el número de pobres en Chihuahua se haya dado precisamente cuando en el país “… el porcentaje de personas en pobreza alimentaria pasó de 24.1 por ciento en 2000 a 18.8 por ciento”.
Esas son las cifras ¿Dónde las políticas gubernamentales para revertirlas?
domingo, 12 de febrero de 2012
Cuauhtémoc Cárdenas: tenemos candidato
El Diario, 12 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Dos días después de la elección del Partido Acción Nacional –con el triunfo de Josefina Vázquez Mota– la alianza de izquierda dio otro campanazo, quizá para amortiguar el efecto de tales comicios, al realizarse el encuentro público de Cuauhtémoc Cárdenas, en apoyo a Andrés Manuel López Obrador en su búsqueda de la silla presidencial.
Al presentar su propuesta programática “Un México para todos”, Cuauhtémoc dijo que “en estos momentos aciagos, es fundamental la acción unificada… Tenemos candidato presidencial en Andrés Manuel López Obrador”, y que la reunión serviría para ayudar “a disipar dudas y malos entendidos… (pues) deja de manifiesto que más allá de diferencias se antepone el interés general y sobre todo se expresa con claridad el compromiso de sumar voluntades para lograr el renacimiento de México”, a través de “una gestión de reivindicaciones nacionales, populares”.
A lo que López Obrador respondió diciendo que el país “atraviesa por una de las peores crisis de su historia y su regeneración tendrá que venir de la participación consciente y organizada de los ciudadanos y de los liderazgos que cuentan con autoridad moral y política, como es el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”.
Quizá desde el año 2000 no aparecían juntos en un acto en el que uno se pronunciara a favor de algún proyecto del otro; el antecedente más cercano son los actos de la campaña de Alejandro Encinas al Gobierno del Estado de México el año anterior.
La separación fue en algún momento de aquel año y luego, al acercarse la elección presidencial del 2006, en la que Cuauhtémoc Cárdenas insistió en buscar la candidatura por tercera ocasión, decidió no entrar a un proceso interno, no sin evidenciar su molestia, pero ya entonces las simpatías eran avasalladoramente mayoritarias para quien se había convertido, desde el 2004, en el principal aspirante a la silla presidencial y lideraba todas las encuestas rumbo a la elección presidencial.
La separación adquirió tintes de enfrentamiento cuando a unas pocas semanas de la elección presidencial del 2006, Cuauhtémoc Cárdenas aceptara presidir, a propuesta de Vicente Fox, la Comisión del Bicentenario. A las semanas declinaría sin haber realizado, prácticamente, ninguna actividad en ella.
Así, la unidad de las dos figuras emblemáticas de la izquierda electoral está enviando una señal harto difícil de ignorar; juntos pueden concitar la simpatía y el activismo de un sinnúmero de militantes de la izquierda mexicana, separados hace tiempo del PRD.
La decisión de Cuauhtémoc viene a fortalecer la tendencia unitaria prevaleciente en los agrupamientos de la izquierda en el actual proceso, que han resuelto con soltura hasta ahora todas las etapas. Primero resolvieron sin problemas la candidatura presidencial, luego acordaron crear una alianza total (aunque en ello concedieron ventajas a la coalición del PRI en materia de difusión de sus spots durante la campaña) en las candidaturas al Congreso de la Unión y en las elecciones concurrentes de los estados que se celebrarán este año (12); y enseguida procesaron casi sin problemas la candidatura a la jefatura de gobierno del DF, en el que lo exitoso fue la designación de Miguel Mancera, que sorprendió, pues se antojaba impensable que un procurador saliera bien calificado por la sociedad y apareciera como candidato a puesto alguno. De inmediato se colocó en la punta de las preferencias electorales.
Pero no pueden tocar las campanas a rebato, aún les falta el más difícil proceso de las designaciones de los candidatos a las diputaciones federales, especialmente las plurinominales y las de mayoría relativa en los distritos en los que el PRD lleva delantera en las preferencias electorales y, por supuesto, las candidaturas al Senado por lista plurinominal.
Además, las designaciones de las candidaturas a diputados locales (aunque, en caso de rupturas, tienen menor impacto político general) y las de los candidatos a las gubernaturas, aunque quizá sólo en las de Tabasco, Morelos y el DF tendrán un verdadero protagonismo pues se antoja que en las de Guanajuato, Jalisco y Yucatán están lejos de la disputa.
Esas son las previsiones, pero la campaña puede arrojar sorpresas, que con alguna frecuencia se están manifestando, como la de algunos de los empresarios más poderosos de Nuevo León –entre ellos el hijo de Fernando Canales Clariond– que decidieron apoyar a López Obrador.
Del mismo modo, aún no parece haberse cancelado la posibilidad de postular en Puebla a Manuel Bartlett, el ex Secretario de Gobernación en la elección de 1988 y ex gobernador poblano con el que tantos conflictos tuvo la izquierda poblana. Hoy puede ser su candidato al Senado, y no de manera artificial, en los últimos años la postura de éste ha sido plenamente coincidente con la de la izquierda.
Igualmente, la declinación de Manuel Clouthier a la candidatura al Senado por el PAN sinaloense –luego de que la dirigencia nacional se negara a aceptar su inscripción como aspirante y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenase al blanquiazul inscribirlo– por argumentar que ante el escaso tiempo con el que contaría para hacer proselitismo es insuficiente y porque, dijo, la decisión tomada favorece al coordinador de la campaña en Sinaloa de Josefina Vázquez Mota, con quien tuvo un grave diferendo a partir de sus declaraciones, en las que criticó fuertemente a Felipe Calderón por –así lo dijo– apoyar a Joaquín Guzmán y fracasar rotundamente en el combate al narcotráfico, pues, afirmó, se solapa las actividades de los principales grupos criminales.
Ante eso, Vázquez Mota le pidió que renunciara a la diputación o al grupo parlamentario del PAN. Hoy coquetea con la posibilidad de aparecer como candidato de la izquierda, lo que podría cambiar notablemente la correlación de fuerzas en Sinaloa.
Casos como los ahora anotados, más la creciente tendencia, apreciada en numerosos integrantes de las capas medias y medias bajas de la población, de experimentar y votar por el candidato de una fuerza distinta a la del PRI y del PAN –así lo dicen– hacen previsible que la contienda será extremadamente compleja y muy disputada.
Tales fenómenos se aprecian en muchos aspectos, uno de los cuales, importa resaltarlo porque muestra a un segmento de la población que anteriormente no mostraba su inclinación por los candidatos de la izquierda. Se trata de los sondeos realizados por la página digital de El Diario de Juárez, en los que se pide a sus lectores respondan a determinadas preguntas, todas ellas alrededor de las preferencias electorales, la última de ellas, consistente en expresar la relacionada con la elección presidencial, en la que Vázquez Mota aparece con un 43.1% de las preferencias (hasta las 3 de la tarde de ayer sábado, con 10 mil 512 votos computados en total), por 37.4 de López Obrador y un lejano Enrique Peña Nieto con el 19.5%.
Ya antes, en otros sondeos, el tabasqueño apareció invariablemente en el primer lugar, lo que muestra las preferencias electorales de un sector de la población, mayoritariamente juarense y de ingresos económicos medios, pero que habla de un factor, determinante en los resultados electorales de casi todas las elecciones efectuadas del 2006 a la fecha, consistente en la emisión de un voto de castigo al gobierno federal y su partido por la crisis de inseguridad pública.
Ese factor fue cardinal en las elecciones federales y en las del cuasi día nacional de elecciones locales del 2010 en las que la población votó mayoritariamente por los candidatos del Revolucionario Institucional. El PAN sufrió una dolorosísima derrota en ambas y nada hace pensar que este año será distinto, a menos que su candidata se convierta en un extraordinario fenómeno electoral, algo que ya se empieza a cocinar en las primeras encuestas efectuadas a partir de la elección de Acción Nacional en las que emergió triunfadora la ex coordinadora de los diputados panistas.
Solo por mencionar una de ellas, quizá la más reciente, la de Mitofsky, que asienta el crecimiento de siete puntos de Vázquez Mota, cifra que hace levantar las cejas a más de uno, pues en comparación, resulta que los dislates y desfiguros de Peña Nieto sólo lo afectaron en las mediciones de esta empresa, en la pérdida de tres puntos en las preferencias electorales.
A ellos y otros aspectos relacionados con las encuestas habremos de referirnos la próxima semana, si no se impone otro tema, merced a la cambiante e inquietante realidad de hoy.
Luis Javier Valero Flores
Dos días después de la elección del Partido Acción Nacional –con el triunfo de Josefina Vázquez Mota– la alianza de izquierda dio otro campanazo, quizá para amortiguar el efecto de tales comicios, al realizarse el encuentro público de Cuauhtémoc Cárdenas, en apoyo a Andrés Manuel López Obrador en su búsqueda de la silla presidencial.
Al presentar su propuesta programática “Un México para todos”, Cuauhtémoc dijo que “en estos momentos aciagos, es fundamental la acción unificada… Tenemos candidato presidencial en Andrés Manuel López Obrador”, y que la reunión serviría para ayudar “a disipar dudas y malos entendidos… (pues) deja de manifiesto que más allá de diferencias se antepone el interés general y sobre todo se expresa con claridad el compromiso de sumar voluntades para lograr el renacimiento de México”, a través de “una gestión de reivindicaciones nacionales, populares”.
A lo que López Obrador respondió diciendo que el país “atraviesa por una de las peores crisis de su historia y su regeneración tendrá que venir de la participación consciente y organizada de los ciudadanos y de los liderazgos que cuentan con autoridad moral y política, como es el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”.
Quizá desde el año 2000 no aparecían juntos en un acto en el que uno se pronunciara a favor de algún proyecto del otro; el antecedente más cercano son los actos de la campaña de Alejandro Encinas al Gobierno del Estado de México el año anterior.
La separación fue en algún momento de aquel año y luego, al acercarse la elección presidencial del 2006, en la que Cuauhtémoc Cárdenas insistió en buscar la candidatura por tercera ocasión, decidió no entrar a un proceso interno, no sin evidenciar su molestia, pero ya entonces las simpatías eran avasalladoramente mayoritarias para quien se había convertido, desde el 2004, en el principal aspirante a la silla presidencial y lideraba todas las encuestas rumbo a la elección presidencial.
La separación adquirió tintes de enfrentamiento cuando a unas pocas semanas de la elección presidencial del 2006, Cuauhtémoc Cárdenas aceptara presidir, a propuesta de Vicente Fox, la Comisión del Bicentenario. A las semanas declinaría sin haber realizado, prácticamente, ninguna actividad en ella.
Así, la unidad de las dos figuras emblemáticas de la izquierda electoral está enviando una señal harto difícil de ignorar; juntos pueden concitar la simpatía y el activismo de un sinnúmero de militantes de la izquierda mexicana, separados hace tiempo del PRD.
La decisión de Cuauhtémoc viene a fortalecer la tendencia unitaria prevaleciente en los agrupamientos de la izquierda en el actual proceso, que han resuelto con soltura hasta ahora todas las etapas. Primero resolvieron sin problemas la candidatura presidencial, luego acordaron crear una alianza total (aunque en ello concedieron ventajas a la coalición del PRI en materia de difusión de sus spots durante la campaña) en las candidaturas al Congreso de la Unión y en las elecciones concurrentes de los estados que se celebrarán este año (12); y enseguida procesaron casi sin problemas la candidatura a la jefatura de gobierno del DF, en el que lo exitoso fue la designación de Miguel Mancera, que sorprendió, pues se antojaba impensable que un procurador saliera bien calificado por la sociedad y apareciera como candidato a puesto alguno. De inmediato se colocó en la punta de las preferencias electorales.
Pero no pueden tocar las campanas a rebato, aún les falta el más difícil proceso de las designaciones de los candidatos a las diputaciones federales, especialmente las plurinominales y las de mayoría relativa en los distritos en los que el PRD lleva delantera en las preferencias electorales y, por supuesto, las candidaturas al Senado por lista plurinominal.
Además, las designaciones de las candidaturas a diputados locales (aunque, en caso de rupturas, tienen menor impacto político general) y las de los candidatos a las gubernaturas, aunque quizá sólo en las de Tabasco, Morelos y el DF tendrán un verdadero protagonismo pues se antoja que en las de Guanajuato, Jalisco y Yucatán están lejos de la disputa.
Esas son las previsiones, pero la campaña puede arrojar sorpresas, que con alguna frecuencia se están manifestando, como la de algunos de los empresarios más poderosos de Nuevo León –entre ellos el hijo de Fernando Canales Clariond– que decidieron apoyar a López Obrador.
Del mismo modo, aún no parece haberse cancelado la posibilidad de postular en Puebla a Manuel Bartlett, el ex Secretario de Gobernación en la elección de 1988 y ex gobernador poblano con el que tantos conflictos tuvo la izquierda poblana. Hoy puede ser su candidato al Senado, y no de manera artificial, en los últimos años la postura de éste ha sido plenamente coincidente con la de la izquierda.
Igualmente, la declinación de Manuel Clouthier a la candidatura al Senado por el PAN sinaloense –luego de que la dirigencia nacional se negara a aceptar su inscripción como aspirante y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenase al blanquiazul inscribirlo– por argumentar que ante el escaso tiempo con el que contaría para hacer proselitismo es insuficiente y porque, dijo, la decisión tomada favorece al coordinador de la campaña en Sinaloa de Josefina Vázquez Mota, con quien tuvo un grave diferendo a partir de sus declaraciones, en las que criticó fuertemente a Felipe Calderón por –así lo dijo– apoyar a Joaquín Guzmán y fracasar rotundamente en el combate al narcotráfico, pues, afirmó, se solapa las actividades de los principales grupos criminales.
Ante eso, Vázquez Mota le pidió que renunciara a la diputación o al grupo parlamentario del PAN. Hoy coquetea con la posibilidad de aparecer como candidato de la izquierda, lo que podría cambiar notablemente la correlación de fuerzas en Sinaloa.
Casos como los ahora anotados, más la creciente tendencia, apreciada en numerosos integrantes de las capas medias y medias bajas de la población, de experimentar y votar por el candidato de una fuerza distinta a la del PRI y del PAN –así lo dicen– hacen previsible que la contienda será extremadamente compleja y muy disputada.
Tales fenómenos se aprecian en muchos aspectos, uno de los cuales, importa resaltarlo porque muestra a un segmento de la población que anteriormente no mostraba su inclinación por los candidatos de la izquierda. Se trata de los sondeos realizados por la página digital de El Diario de Juárez, en los que se pide a sus lectores respondan a determinadas preguntas, todas ellas alrededor de las preferencias electorales, la última de ellas, consistente en expresar la relacionada con la elección presidencial, en la que Vázquez Mota aparece con un 43.1% de las preferencias (hasta las 3 de la tarde de ayer sábado, con 10 mil 512 votos computados en total), por 37.4 de López Obrador y un lejano Enrique Peña Nieto con el 19.5%.
Ya antes, en otros sondeos, el tabasqueño apareció invariablemente en el primer lugar, lo que muestra las preferencias electorales de un sector de la población, mayoritariamente juarense y de ingresos económicos medios, pero que habla de un factor, determinante en los resultados electorales de casi todas las elecciones efectuadas del 2006 a la fecha, consistente en la emisión de un voto de castigo al gobierno federal y su partido por la crisis de inseguridad pública.
Ese factor fue cardinal en las elecciones federales y en las del cuasi día nacional de elecciones locales del 2010 en las que la población votó mayoritariamente por los candidatos del Revolucionario Institucional. El PAN sufrió una dolorosísima derrota en ambas y nada hace pensar que este año será distinto, a menos que su candidata se convierta en un extraordinario fenómeno electoral, algo que ya se empieza a cocinar en las primeras encuestas efectuadas a partir de la elección de Acción Nacional en las que emergió triunfadora la ex coordinadora de los diputados panistas.
Solo por mencionar una de ellas, quizá la más reciente, la de Mitofsky, que asienta el crecimiento de siete puntos de Vázquez Mota, cifra que hace levantar las cejas a más de uno, pues en comparación, resulta que los dislates y desfiguros de Peña Nieto sólo lo afectaron en las mediciones de esta empresa, en la pérdida de tres puntos en las preferencias electorales.
A ellos y otros aspectos relacionados con las encuestas habremos de referirnos la próxima semana, si no se impone otro tema, merced a la cambiante e inquietante realidad de hoy.
jueves, 9 de febrero de 2012
Estrés postraumático
El Diario, 9 de febrero
Luis Javier Valero Flores
En medio de lo más intenso de la “no guerra” declarada por Felipe Calderón a los grupos del crimen organizado, y de la sostenida por éstos entre sí, cada vez aparecen evidencias de un fenómeno no abordado por prácticamente ninguna autoridad en lo que es, o un olvido imperdonable, o una tremenda irresponsabilidad. Más de uno nos hemos preguntado cuáles son las razones que llevan a un elemento de los cuerpos policiacos a frecuentar bares o antros en sus ratos y días libres, precisamente en medio de esta guerra en la cual uno de los principales objetivos son quienes los integran y que, por desgracia, algunos han caído ahí.
Es imposible saberlo, por lo menos para el común de los ciudadanos, pero podemos especular que muchos de ellos lo hacen en busca de los relajantes sicológicos, tan necesarios para todos, pero imprescindibles para quienes están sometidos a períodos de estrés tan elevados y tan de manera continua.
De ninguna manera se podrán justificar actos como el del lunes anterior, en el que policías municipales de Juárez –aparentemente– balearon sin motivo alguno el vehículo tripulado por la maestra Sonia Tapia Cisneros, hiriendo a su hijo de 10 años, Josué López Tapia, pero episodios como éste se han presentado con alguna frecuencia no solamente en nuestra entidad, y algunos han dado pie, incluso, a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han ordenado al Ejército a reconsiderar sanciones y conductas a elementos acusados de balear sin motivo aparente, ni demostrable, a civiles.
Igual sucedió hace pocos años con estudiantes del Tec de Monterrey en esa ciudad, a manos de elementos del Ejército Mexicano. Con tantos casos, ¿no será tiempo, ya, de ponernos a analizar si en algunos elementos de los cuerpos policiacos y militares han aparecido algunos casos del Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT)?
No es de ahora que se sabe de la necesidad de apoyar sicológicamente a quienes están sometidos a situaciones de estrés de muy elevada magnitud. El regreso de los soldados norteamericanos de la guerra de Vietnam, de las del Golfo, y más recientemente de las de Irak y Afganistán, amén de las experiencias de los soldados argentinos y británicos, después de la guerra de Las Malvinas, mostraron fehacientemente la correlación entre la participación en las guerras y la aparición de esta enfermedad.
Pero aún si ésta no apareciera, existe el suficiente conocimiento médico como para pensar que los elementos policiacos y militares, participantes de las acciones en contra del crimen organizado en estos casi cuatro años, debieran ser objeto de atención sicológica periódica, ellos y sus familias, además de un mayor número de períodos de descanso pues de lo contrario pondremos en riesgo, tanto su vida, como la de sus familiares y la de la sociedad en su conjunto, pues en la medida que estemos lanzando a las calles a elementos policiacos que arrastran graves problemas de estrés, estaremos bajando la capacidad de dichos elementos para afrontar sus tareas y responsabilidades.
No es una exageración plantear que aún estamos a tiempo de prevenir la aparición de un cada vez mayor número de brotes como el anotado líneas arriba, o de episodios de extrema violencia intrafamiliar (acrecentados por la decisión de permitir que los policías se lleven a casa las armas de cargo que, por otra parte, implica, de no hacerlo, dejarlos inermes frente a los señores de la muerte) en los que las víctimas serán los individuos más vulnerables de la sociedad, niños y mujeres.
Enfrentar la aparición, esta sí masiva, del TEPT, es urgente pues se trata de una severa reacción emocional a un trauma psicológico extremo “que puede ser la muerte de alguien, alguna amenaza a la vida del paciente o de alguien más, un grave daño físico o algún otro tipo de amenaza a la integridad física o psicológica, a un grado tal que las defensas mentales de la persona no pueden asimilarlo… La prevalencia del TEPT tiene una relación directa con el grado de exposición a eventos estresantes traumáticos, tanto naturales como provocados por la mano del hombre (guerras, atentados terroristas, ataques violentos, etc.). En todas estas condiciones las personas pertenecientes a los grupos afectados pueden presentar TEPT en porcentajes de, al menos, un 15%”. (Tomado de Wikipedia).
Y esa es la versión popular, llamémosle así, del padecimiento, la realidad puede ser aún peor y el riesgo, gigantesco, de ahí la urgencia.
Luis Javier Valero Flores
En medio de lo más intenso de la “no guerra” declarada por Felipe Calderón a los grupos del crimen organizado, y de la sostenida por éstos entre sí, cada vez aparecen evidencias de un fenómeno no abordado por prácticamente ninguna autoridad en lo que es, o un olvido imperdonable, o una tremenda irresponsabilidad. Más de uno nos hemos preguntado cuáles son las razones que llevan a un elemento de los cuerpos policiacos a frecuentar bares o antros en sus ratos y días libres, precisamente en medio de esta guerra en la cual uno de los principales objetivos son quienes los integran y que, por desgracia, algunos han caído ahí.
Es imposible saberlo, por lo menos para el común de los ciudadanos, pero podemos especular que muchos de ellos lo hacen en busca de los relajantes sicológicos, tan necesarios para todos, pero imprescindibles para quienes están sometidos a períodos de estrés tan elevados y tan de manera continua.
De ninguna manera se podrán justificar actos como el del lunes anterior, en el que policías municipales de Juárez –aparentemente– balearon sin motivo alguno el vehículo tripulado por la maestra Sonia Tapia Cisneros, hiriendo a su hijo de 10 años, Josué López Tapia, pero episodios como éste se han presentado con alguna frecuencia no solamente en nuestra entidad, y algunos han dado pie, incluso, a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han ordenado al Ejército a reconsiderar sanciones y conductas a elementos acusados de balear sin motivo aparente, ni demostrable, a civiles.
Igual sucedió hace pocos años con estudiantes del Tec de Monterrey en esa ciudad, a manos de elementos del Ejército Mexicano. Con tantos casos, ¿no será tiempo, ya, de ponernos a analizar si en algunos elementos de los cuerpos policiacos y militares han aparecido algunos casos del Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT)?
No es de ahora que se sabe de la necesidad de apoyar sicológicamente a quienes están sometidos a situaciones de estrés de muy elevada magnitud. El regreso de los soldados norteamericanos de la guerra de Vietnam, de las del Golfo, y más recientemente de las de Irak y Afganistán, amén de las experiencias de los soldados argentinos y británicos, después de la guerra de Las Malvinas, mostraron fehacientemente la correlación entre la participación en las guerras y la aparición de esta enfermedad.
Pero aún si ésta no apareciera, existe el suficiente conocimiento médico como para pensar que los elementos policiacos y militares, participantes de las acciones en contra del crimen organizado en estos casi cuatro años, debieran ser objeto de atención sicológica periódica, ellos y sus familias, además de un mayor número de períodos de descanso pues de lo contrario pondremos en riesgo, tanto su vida, como la de sus familiares y la de la sociedad en su conjunto, pues en la medida que estemos lanzando a las calles a elementos policiacos que arrastran graves problemas de estrés, estaremos bajando la capacidad de dichos elementos para afrontar sus tareas y responsabilidades.
No es una exageración plantear que aún estamos a tiempo de prevenir la aparición de un cada vez mayor número de brotes como el anotado líneas arriba, o de episodios de extrema violencia intrafamiliar (acrecentados por la decisión de permitir que los policías se lleven a casa las armas de cargo que, por otra parte, implica, de no hacerlo, dejarlos inermes frente a los señores de la muerte) en los que las víctimas serán los individuos más vulnerables de la sociedad, niños y mujeres.
Enfrentar la aparición, esta sí masiva, del TEPT, es urgente pues se trata de una severa reacción emocional a un trauma psicológico extremo “que puede ser la muerte de alguien, alguna amenaza a la vida del paciente o de alguien más, un grave daño físico o algún otro tipo de amenaza a la integridad física o psicológica, a un grado tal que las defensas mentales de la persona no pueden asimilarlo… La prevalencia del TEPT tiene una relación directa con el grado de exposición a eventos estresantes traumáticos, tanto naturales como provocados por la mano del hombre (guerras, atentados terroristas, ataques violentos, etc.). En todas estas condiciones las personas pertenecientes a los grupos afectados pueden presentar TEPT en porcentajes de, al menos, un 15%”. (Tomado de Wikipedia).
Y esa es la versión popular, llamémosle así, del padecimiento, la realidad puede ser aún peor y el riesgo, gigantesco, de ahí la urgencia.
martes, 7 de febrero de 2012
Gana Josefina pierde Calderón
El Diario, 7 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Gruesas palabras, las primeras de Josefina Vázquez Mota al momento de su triunfo en la elección del domingo. Su objetivo, dijo, es derrotar a Enrique Peña Nieto y su partido, porque representan el autoritarismo y el regreso a la corrupción y a la impunidad como sistema.
Más de uno podrían enderezarle tales acusaciones a su propio partido, luego de casi doce años de gobierno.
Cerca de medio millón de personas votaron en la elección del Partido Acción Nacional para encontrar a su candidato a la Presidencia de la República, muy por debajo del padrón –de alrededor de 1 millón 800 personas, entre militantes y adherentes–, de los cuales el 53.9 por ciento (264 mil 503) lo hicieron por Josefina Vázquez, en tanto que Ernesto Cordero obtuvo 38.9 por ciento (190 mil 722) y Santiago Creel en un lejano 6.1 por ciento (29 mil 870 votos).
Luego de un controversial proceso en el que las heridas tardarán en sanar, no sólo por lo que se dijeron la ahora candidata y el delfín de Felipe Calderón, los tres precandidatos juraron ir unidos a la elección constitucional.
Quien pierde en el proceso interno es Calderón, quien optó por Cordero luego de la muerte de Juan Camilo Mouriño y la caída temprana de otros precandidatos, como el ex secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, a quien lo acompañó, siempre, las sospechas de su cercanía con elementos del crimen organizado, y la del ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez, quien debiera salir de la Secretaría de Gobernación por serias diferencias con quien ocupa la residencia presidencial.
Calderón en algún momento pretendió impulsar a Javier Lozano, secretario del Trabajo, pero sus continuas polémicas con prácticamente todos los protagonistas políticos lo dejaron en el camino. Finalmente, hasta el secretario de Educación, Alonso Lujambio, fue visto en algún momento como el más idóneo. No solamente se quedó en el camino, ya descartado de la lucha presidencial, le fue diagnosticado cáncer en etapas avanzadas. Hoy lucha por su vida.
Así, sin más opciones –porque no tenía puntos de coincidencia con Santiago Creel, y los enfrentamientos con Josefina son de larga data– Felipe Calderón optó por quien no despuntó jamás en las encuestas realizadas a población abierta y cuyos dislates se convirtieron rápidamente en la “comidilla” de la población en general.
Pero la elección del domingo deja abiertos serios temas acerca de la funcionalidad del partido en el gobierno y de cuánto avanzó la concepción de convertirse en partido de Estado, además de mostrarnos la fuerza real alcanzada por las corrientes más a la derecha, no solamente al interior de ese partido, sino en el espectro político nacional, porque eso representa, finalmente, Vázquez Mota.
Y no se asienta lo anterior pensando que los perdedores no forman parte de esa ala de la clase política mexicana, sino porque incluso ahí hay distintos grados en las concepciones político-ideológicas, las que sólo en algunos momentos de la vida política actual se aprecian debido a que prácticamente todos los actores políticos han tratado de colocarse, cada vez más, al centro de la geometría política.
Josefina Vázquez Mota triunfó y sus simpatizantes podrán enorgullecerse de que superaron los controles que desde la Presidencia de la República se establecieron, no faltará quienes digan que tales resultados muestran la veta libertaria de su partido, y no les faltará razón, lo que les deberá preocupar –y con ellos, al total de la sociedad mexicana– es la elevada suma de votos alcanzados por quien en las encuestas a población abierta nunca rebasó el 10 por ciento de las preferencias.
Obtener cerca del 40 por ciento de la votación y lindar los 200 mil votos evidencia –y seguramente que los militantes más perspicaces a su interior lo sabrán mejor que nosotros– la fuerza del voto corporativo, algo que nunca soñaron en contar como uno de sus activos, particularmente después de un proceso marcado por las acusaciones de compra y coacción del voto y del lanzamiento de la guerra sucia.
Quizá esos comicios, con todo y su conclusión, puedan ser ilustrados de la mejor manera con la respuesta de Santiago Creel a pregunta de los reporteros:
–¿Hubo juego limpio?
–Eso habrá que preguntárselo a los militantes. Yo cumplí jugando democráticamente, de manera austera, con una campaña limpia y de propuestas.
Es decir, acabado el proceso, lo siguiente es echarle tierrita.
Luis Javier Valero Flores
Gruesas palabras, las primeras de Josefina Vázquez Mota al momento de su triunfo en la elección del domingo. Su objetivo, dijo, es derrotar a Enrique Peña Nieto y su partido, porque representan el autoritarismo y el regreso a la corrupción y a la impunidad como sistema.
Más de uno podrían enderezarle tales acusaciones a su propio partido, luego de casi doce años de gobierno.
Cerca de medio millón de personas votaron en la elección del Partido Acción Nacional para encontrar a su candidato a la Presidencia de la República, muy por debajo del padrón –de alrededor de 1 millón 800 personas, entre militantes y adherentes–, de los cuales el 53.9 por ciento (264 mil 503) lo hicieron por Josefina Vázquez, en tanto que Ernesto Cordero obtuvo 38.9 por ciento (190 mil 722) y Santiago Creel en un lejano 6.1 por ciento (29 mil 870 votos).
Luego de un controversial proceso en el que las heridas tardarán en sanar, no sólo por lo que se dijeron la ahora candidata y el delfín de Felipe Calderón, los tres precandidatos juraron ir unidos a la elección constitucional.
Quien pierde en el proceso interno es Calderón, quien optó por Cordero luego de la muerte de Juan Camilo Mouriño y la caída temprana de otros precandidatos, como el ex secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, a quien lo acompañó, siempre, las sospechas de su cercanía con elementos del crimen organizado, y la del ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez, quien debiera salir de la Secretaría de Gobernación por serias diferencias con quien ocupa la residencia presidencial.
Calderón en algún momento pretendió impulsar a Javier Lozano, secretario del Trabajo, pero sus continuas polémicas con prácticamente todos los protagonistas políticos lo dejaron en el camino. Finalmente, hasta el secretario de Educación, Alonso Lujambio, fue visto en algún momento como el más idóneo. No solamente se quedó en el camino, ya descartado de la lucha presidencial, le fue diagnosticado cáncer en etapas avanzadas. Hoy lucha por su vida.
Así, sin más opciones –porque no tenía puntos de coincidencia con Santiago Creel, y los enfrentamientos con Josefina son de larga data– Felipe Calderón optó por quien no despuntó jamás en las encuestas realizadas a población abierta y cuyos dislates se convirtieron rápidamente en la “comidilla” de la población en general.
Pero la elección del domingo deja abiertos serios temas acerca de la funcionalidad del partido en el gobierno y de cuánto avanzó la concepción de convertirse en partido de Estado, además de mostrarnos la fuerza real alcanzada por las corrientes más a la derecha, no solamente al interior de ese partido, sino en el espectro político nacional, porque eso representa, finalmente, Vázquez Mota.
Y no se asienta lo anterior pensando que los perdedores no forman parte de esa ala de la clase política mexicana, sino porque incluso ahí hay distintos grados en las concepciones político-ideológicas, las que sólo en algunos momentos de la vida política actual se aprecian debido a que prácticamente todos los actores políticos han tratado de colocarse, cada vez más, al centro de la geometría política.
Josefina Vázquez Mota triunfó y sus simpatizantes podrán enorgullecerse de que superaron los controles que desde la Presidencia de la República se establecieron, no faltará quienes digan que tales resultados muestran la veta libertaria de su partido, y no les faltará razón, lo que les deberá preocupar –y con ellos, al total de la sociedad mexicana– es la elevada suma de votos alcanzados por quien en las encuestas a población abierta nunca rebasó el 10 por ciento de las preferencias.
Obtener cerca del 40 por ciento de la votación y lindar los 200 mil votos evidencia –y seguramente que los militantes más perspicaces a su interior lo sabrán mejor que nosotros– la fuerza del voto corporativo, algo que nunca soñaron en contar como uno de sus activos, particularmente después de un proceso marcado por las acusaciones de compra y coacción del voto y del lanzamiento de la guerra sucia.
Quizá esos comicios, con todo y su conclusión, puedan ser ilustrados de la mejor manera con la respuesta de Santiago Creel a pregunta de los reporteros:
–¿Hubo juego limpio?
–Eso habrá que preguntárselo a los militantes. Yo cumplí jugando democráticamente, de manera austera, con una campaña limpia y de propuestas.
Es decir, acabado el proceso, lo siguiente es echarle tierrita.
jueves, 2 de febrero de 2012
De deudas y debates
El Diario, 2 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Traído el tema a colación, a partir del escándalo de las firmas apócrifas, en documentos que certificaban las solicitudes de algunos de los créditos contratados por el gobierno de Humberto Moreira, y que finalmente le costó la presidencia nacional de su partido, el PRI, (por supuesto que no era el único argumento, ahí estaban, también, los acuerdos de las alianzas con el Panal y el Partido Verde) le estallará, literalmente, a la actual administración federal pues, de acuerdo con los informes más recientes de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública creció casi 170% (168%) bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Crítico de los gobernadores priístas, en un lenguaje críptico, Felipe Calderón, según estos informes, no debería hacerlo pues en su administración el crecimiento de la deuda fue casi 100% (98%) superior a la de su antecesor, llevando al país a uno de sus mayores endeudamientos en toda su historia, ya que a fines de 2011 llegó a $5 billones 473 mil 700 millones, equivalente al 35.6% del PIB, uno de los más altos de las naciones que no cayeron en la crisis financiera del año pasado y que echa por tierra uno de los argumentos más frecuentemente usados por los integrantes del blanquiazul para pregonar las “excelentes” administraciones de los gobiernos del PAN. (Nota de Juan Antonio Zúñiga, La Jornada, 31/I/12) Peor aún, en los cinco años de la actual administración, el pago de intereses de la deuda ascendió a 1 billón 200 mil millones de pesos, algo así como 24 años del actual presupuesto del gobierno de Chihuahua.
No puede ser.
Tal cantidad significa que cada mexicano debemos poco más de 48 mil pesos, la mayor parte de ella a los poseedores de bonos emitidos por el gobierno federal, que ahora, en otro agravante más, son abrumadoramente extranjeros pues 72 por ciento del endeudamiento total del sector público corresponde a la deuda interna (3 billones 129 mil 546.2 millones en 2011) y de ella, al iniciar la primera administración gubernamental panista, los extranjeros poseían valores del gobierno mexicano por alrededor de 969 millones de dólares. Al cierre del 2011, poseen bonos del gobierno federal por un monto de 69 mil 654 millones de dólares.
¿Alguien ha usado la palabra dependencia?
¿Nos preguntaremos, entonces, cuáles son las razones para que organismos financieros internacionales, oficiales o no, tracen las líneas del comportamiento financiero del gobierno mexicano?
Es de tal magnitud el problema que la próxima administración federal deberá endeudarse para pagar la deuda actual. Y eso que son “buenos” administradores los que ahora gobiernan.
Las cifras son de pavor. El pago de intereses significa que cada año hemos pagado, ni siquiera abonado, cerca de 200 mil millones de pesos al pago de intereses, sin que exista la más mínima posibilidad de hacer que la deuda disminuya.
¿Se acuerdan del Fobaproa? Bueno, pues seguimos pagando algo así como 70 mil millones de pesos al año en este robo y el “rescate” de las carreteras, dos de los negocios más redondos de los amigos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, con la aprobación, en su momento, del actual, Felipe Calderón, como líder del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, primero, y luego, como presidente nacional de su partido. Ya instalado en la silla presidencial, lo único que hizo fue remachar la obra anterior.
Y esto no fue tema de los presidenciables del PAN en sus debates o foros temáticos. Seguramente no será uno de los factores que tomen en cuenta los electores panistas al momento de votar el próximo domingo; al contrario, seguirán ufanándose del equilibrio “macroeconómico” y del buen manejo de las finanzas del país al que nos han llevado sus administraciones. La realidad es, como siempre, muy distinta.
Muy poco le podrán aportar al tema de las deudas públicas de los gobiernos estatales, con crecimientos explosivos como el de Coahuila, bajo el gobierno de Moreira, pero que no se trata –ojalá así fuera– de un caso único, por el contrario. Y los gobernantes chihuahuenses aportarán también lo suyo pues aún esperamos el informe del nuevo Secretario de Hacienda, José Luis García Mayagoitia, quien afirmó, al momento de su asunción, que estudiaría el monto de la misma y lo informaría.
Si así seguimos, nos acercaremos peligrosamente al mismo abismo de los griegos.
Luis Javier Valero Flores
Traído el tema a colación, a partir del escándalo de las firmas apócrifas, en documentos que certificaban las solicitudes de algunos de los créditos contratados por el gobierno de Humberto Moreira, y que finalmente le costó la presidencia nacional de su partido, el PRI, (por supuesto que no era el único argumento, ahí estaban, también, los acuerdos de las alianzas con el Panal y el Partido Verde) le estallará, literalmente, a la actual administración federal pues, de acuerdo con los informes más recientes de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública creció casi 170% (168%) bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Crítico de los gobernadores priístas, en un lenguaje críptico, Felipe Calderón, según estos informes, no debería hacerlo pues en su administración el crecimiento de la deuda fue casi 100% (98%) superior a la de su antecesor, llevando al país a uno de sus mayores endeudamientos en toda su historia, ya que a fines de 2011 llegó a $5 billones 473 mil 700 millones, equivalente al 35.6% del PIB, uno de los más altos de las naciones que no cayeron en la crisis financiera del año pasado y que echa por tierra uno de los argumentos más frecuentemente usados por los integrantes del blanquiazul para pregonar las “excelentes” administraciones de los gobiernos del PAN. (Nota de Juan Antonio Zúñiga, La Jornada, 31/I/12) Peor aún, en los cinco años de la actual administración, el pago de intereses de la deuda ascendió a 1 billón 200 mil millones de pesos, algo así como 24 años del actual presupuesto del gobierno de Chihuahua.
No puede ser.
Tal cantidad significa que cada mexicano debemos poco más de 48 mil pesos, la mayor parte de ella a los poseedores de bonos emitidos por el gobierno federal, que ahora, en otro agravante más, son abrumadoramente extranjeros pues 72 por ciento del endeudamiento total del sector público corresponde a la deuda interna (3 billones 129 mil 546.2 millones en 2011) y de ella, al iniciar la primera administración gubernamental panista, los extranjeros poseían valores del gobierno mexicano por alrededor de 969 millones de dólares. Al cierre del 2011, poseen bonos del gobierno federal por un monto de 69 mil 654 millones de dólares.
¿Alguien ha usado la palabra dependencia?
¿Nos preguntaremos, entonces, cuáles son las razones para que organismos financieros internacionales, oficiales o no, tracen las líneas del comportamiento financiero del gobierno mexicano?
Es de tal magnitud el problema que la próxima administración federal deberá endeudarse para pagar la deuda actual. Y eso que son “buenos” administradores los que ahora gobiernan.
Las cifras son de pavor. El pago de intereses significa que cada año hemos pagado, ni siquiera abonado, cerca de 200 mil millones de pesos al pago de intereses, sin que exista la más mínima posibilidad de hacer que la deuda disminuya.
¿Se acuerdan del Fobaproa? Bueno, pues seguimos pagando algo así como 70 mil millones de pesos al año en este robo y el “rescate” de las carreteras, dos de los negocios más redondos de los amigos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, con la aprobación, en su momento, del actual, Felipe Calderón, como líder del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, primero, y luego, como presidente nacional de su partido. Ya instalado en la silla presidencial, lo único que hizo fue remachar la obra anterior.
Y esto no fue tema de los presidenciables del PAN en sus debates o foros temáticos. Seguramente no será uno de los factores que tomen en cuenta los electores panistas al momento de votar el próximo domingo; al contrario, seguirán ufanándose del equilibrio “macroeconómico” y del buen manejo de las finanzas del país al que nos han llevado sus administraciones. La realidad es, como siempre, muy distinta.
Muy poco le podrán aportar al tema de las deudas públicas de los gobiernos estatales, con crecimientos explosivos como el de Coahuila, bajo el gobierno de Moreira, pero que no se trata –ojalá así fuera– de un caso único, por el contrario. Y los gobernantes chihuahuenses aportarán también lo suyo pues aún esperamos el informe del nuevo Secretario de Hacienda, José Luis García Mayagoitia, quien afirmó, al momento de su asunción, que estudiaría el monto de la misma y lo informaría.
Si así seguimos, nos acercaremos peligrosamente al mismo abismo de los griegos.
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