Contienda “tranquila”

El Diario, 27 de abril de 2014

Luis Javier Valero Flores

Entrevistado en la radio capitalina a principios de abril, el candidato a la presidencia del PAN estatal, Héctor Ortiz -con larga carrera en la élite partidista, a pesar de su juventud- aseguró que la contienda que hoy culmina era una de las más “tranquilas” de que tuviera memoria.

No parece ser así. Los tres aspirantes afirmaron en distintos momentos que la rispidez no sería tanta, que las contiendas “democráticas” de su partido no pasarían a mayores, que estaban conscientes del momento por el que pasaba la entidad, su partido y que el desgaste sufrido por el gobierno estatal sería aprovechado por el panismo chihuahuense.

Que saldrían fortalecidos después de la contienda, listos para convertirse, nuevamente, en la primera fuerza política del estado. No habría heridas, dijeron.

No parece ser así. A lo largo de la campaña interna se han dado con todo, particularmente en las últimas semanas, especialmente en las redes sociales. Así fue en el primer debate (muy mal transmitido), único observado por el escribiente que, como en todos los mensajes enviados (fundamentalmente por Ortiz y Mario Vázquez, dinámica a la que muy poco accedió Ramón Galindo) centraron sus ataques en el mayor o menor, supuesto o real, al gobierno del estado.

Podrán salir bien de la emisión de los votos, hoy, pero lo sucedido a lo largo de la campaña puede convertirse en una de las cosas que más deploren pues no se aprecia la pretendida unidad de los panistas en la primera elección universal, directa y secreta para designar a su dirigente estatal en Chihuahua. Esa es otra de las novedades, que podrán votar todos los militantes del partido, inscritos en un padrón verdaderamente pequeño, apenas poco menos de los 9 mil en todo el estado.

Sorprende, por tanto, la estridencia mostrada en la campaña, que también mostró el extraordinario reacomodo de la mayor parte de sus liderazgos. Casi se podría asegurar que desaparecieron los antiguos grupos al interior de este partido en Chihuahua. Hay nuevos, con toda seguridad, los podremos apreciar al paso de los próximos meses.

Así, junto a Mario Vázquez, aparecieron quienes en muchos años habían participado en grupos distintos y hasta encontrados: César Jáuregui, Guillermo Luján, Teresa Ortuño, Maru Campos, Juan Blanco (muchos de los integrantes del equipo de gobierno, así como algunos de los regidores).

El viejo y nuevo tándem de hace unos años, cuyos principales dirigentes eran Ramón Galindo, César Jáuregui y Cruz Pérez Cuéllar hoy está fragmentado, víctimas y actores del desmembramiento de la vieja forma de agrupamiento al interior del PAN chihuahuense.

Así, Javier Corral y sus más activos compañeros de coincidencias han hecho equipo con Ramón Galindo, luego que en la histórica elección interna del 1998, para designar al candidato a la gubernatura, ambos se encontraban en los equipos contrarios, Corral (aún existente la Familia Feliz) apoyando a Eduardo Romero y Galindo encabezando la insurrección interna al gobierno de Francisco Barrio.

Juntos en mil y una peripecias internas, Guillermo Luján y Corral, hoy están enfrente apoyando a candidatos distintos, casi enfrentados.

No es todo, la ultraderecha panista de la capital del estado, permanentemente enfrentada a la Familia Feliz y sus secuelas, ahora hizo equipo con Mario Vázquez, de ahí la aparición de Maru Campos y Teresa Ortuño, así como la de Juan Blanco, en el apoyo a Vázquez.

No son los únicos desgarramientos. El otrora vocero de la Delegación de la Sedesol, cuando la titular era Teresa Ortuño, Carlos Borruel, está enfrentado a quienes, prácticamente desde su ingreso al partido, lo cobijaron entre sus acuerpamientos, entre ellos Juan Blanco y ahora apoya a Héctor Ortiz.

Y como en el ámbito nacional, unos a otros se acusan de que su proyecto político es afín al del gobernador César Duarte. Así, sobre Héctor Ortiz y Pérez Cuéllar penden sendas acusaciones de estar ligados a dirigentes de colonias populares, o priistas, o muy afines al PRI.

Pero de lo mismo acusan a Mario Vázquez, bueno, hasta una denuncia formal se entabló debido a que publicaron en las redes sociales algunas fotografías en las que aparece conversando muy recientemente con algunos operadores priistas.

Y si esa es una de las principales vetas de los ataques lanzados entre los equipos de Ortiz y Vázquez, la otra, usada por los tres candidatos, es la de utilizar, o intentar, los resultados de encuestas y sondeos de opinión como instrumento propagandístico, en las que pretenden hacerles creer a los electores panistas que van en caballo de hacienda. Si hacen uso excesivo de ese instrumento, podríamos caer en el error de creerles, que el panista promedio de Chihuahua confía demasiado en los resultados de encuestas y que esa es una de las maneras más fáciles de convencer a los panistas de quienes son los mejores candidatos.

De ese modo, aparecieron “encuestas” telefónicas, sondeos de opinión en algunos portales y hasta encuestas “serias”. 

En todas y cada una, según la preferencia, cada uno de los candidatos asegura ir al frente.

Veremos a cuánto ascenderán los daños, tenían muy buenas expectativas antes de la elección de hoy, a lo largo de la campaña mostraron cuán divididos están.

AUSENCIA DE OPERACION POLITICA.- Y si así les iba a los panistas, en el cuarto de enfrente no cantan mal las rancheras. En unos cuantos días, la falta de operación política, o de tacto, o de voluntad para asumir los problemas hace que el barco haga agua, casi por todos lados.

Por un lado, el señalamiento de que Eduardo Guerrero, el fiscal encargado de la ejecución de penas, participe en una empresa encargada de ofrecer seguridad privada, entre otros, al Aero Show del fatal accidente; que el gobernador Duarte, inquirido acerca de si se le separaría del cargo, respondiera que “es un asunto muy delicado, no se debe especular”; luego, la compra de vehículos nuevos para los diputados, financiados con el presupuesto del Congreso del Estado y por último, el affaire del cabildo juarense, en el que la regidora con licencia, Mireya Porras Armendáriz, prima de la Directora de Desarrollo Social del municipio, Adriana Terrazas Porras, anunciara que va a regresar a su puesto y que el secretario del ayuntamiento, Jorge Quintana, adujera que eso era un asunto “familiar”. ¡Válgame, diosito santo!

Y encima de todo eso, el problema del Vive Bus-Chihuahua, que con los días se acrecienta, los concesionarios ya no acuden a las reuniones y el encargado de Transporte de la Fiscalía General anuncia que “están estudiando” las fallas del sistema de transporte.

Por partes, que Eduardo Guerrero, el fiscal encargado de la ejecución de penas, es decir, el encargado de los penales, de que en éstos no se viole la ley, que se mantengan en el ejemplo nacional en materia de rehabilitación de presos; el encargado de hacer que “porten” bien los presos, resulta que al mismo tiempo (y con él, quien fuera el Secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública) atendía negocios relacionados con la materia de su trabajo público y que, desatada la noticia, el mandatario, en vía de mientras, en tanto se investigaba el asunto, no atinara a separarlo de su cargo. Lo mínimo que merece la sociedad chihuahuense es eso ¿Qué pasa? ¿Por qué esperar a que los conflictos se tornen inmanejables?

Y el asunto de los vehículos de los diputados. Aaaay, los diputados. 

Luego de reiterados anuncios de que no se les comprarían vehículos nuevos a los legisladores, tantos, que hasta llegamos a creerles. Pues no, ahí están. Podríamos avanzar, mucho, si la unidad de información del órgano legislativo nos mostrara los contratos de la compra o arrendamiento de los vehículos, así como el contrato firmado por cada uno de los diputados en los que se encuentra pactado el financiamiento y la tasa de interés contratada, así como las fechas en que pagarán el adeudo. También sería bueno que nos mostraran el articulado del reglamento en el que se encuentra asentada esta prestación para los diputados, que nos imaginamos deberá ser semejante a la de los trabajadores de base del Poder Legislativo.

O bien, señalarnos en qué parte de la Ley Orgánica de ese poder se encuentra asentada esa prestación. Del mismo modo, que nos informara en qué partida del presupuesto aprobado para el Congreso para el 2014 se encuentra asentada.

No es lo único, “… Ayer se reveló que la licitación para elegir arrendadora -a través del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Legislativo- se lanzó apenas el pasado 22 de marzo, mientras que los automóviles que adquirieron los diputados locales fueron obtenidos desde principio del año”. (Nota de Araly Castañón/Patricia Mayorga, El Diario, 25/IV/14).

Lo explicó muy bien el diputado priista, Daniel Murguía Lardizábal: “Cuando terminemos de pagar ya nos los venden a un costo muy bajo, pero el arrendamiento lo paga cada diputado en un plazo de dos años y medio; al final sólo pagan (el Congreso) el 5 por ciento del costo”. (Ibídem).

Porque si no se ofrece la información señalada, entonces todas las especulaciones desatadas en las redes sociales con este tema tendrán razón, y por supuesto, el enojo ciudadano, más. 

Pero no solo, que en un sexenio en el que el titular del Poder Ejecutivo tiene tanto control sobre el total del gobierno, hasta en los asuntos más triviales del mismo, tanto, que se habla de que ejerce el Poder Legislativo sin taxativa alguna se haga una compra así no podía pasar desapercibida por el mandatario chihuahuense, y menos el rechazo ciudadano a tal medida ¿Por qué la aprobó?

¿Por el grado de control ejercido sobre los legisladores, del que dimos cuenta, hasta de manera abyecta, en la sesión del nombramiento de las consejeras del Ichitaip?

Igualmente, en el caso de las regidoras juarenses. Si la justificación pública era la de que el gobernador Duarte “personalmente” le había “ofrecido” un puesto estatal a la regidora, para permitir que su prima, Adriana Terrazas, ex dirigente municipal priista, se integrara al gabinete del alcalde Enrique Serrano. 

¿Por qué nadie salió a desmentirla? ¿O fue cierto y el gobernador no pudo, o no quiso, cumplirle la promesa a su compañera de partido? 

Y ahí tenemos que en el conflicto, de acuerdo con Quintana, “familiar”, está entrometido el gobernador de Chihuahua. 

Lo dicho, no hay operación política.

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País de "Primer Mundo"

El Diario, 24 de abril de 2014
Luis Javier Valero Flores
Vaya con las estadísticas mexicanas. En dos de los aspectos que más directamente indicen en la calidad de vida nos ubicamos, en uno, en la cima, y en el otro en la sima.
Una es consecuencia de la otra, a pesar de lo que insisten muchos de los teóricos de la libre empresa -que por casualidad, defienden ardorosamente la continua disminución de los impuestos que las empresas privadas mayores deban pagar.
Parecieran temas tan lejanos a los problemas mas concretos y cotidianos que nos aquejan en los días que corren, pero ilustran claramente la profunda crisis -en prácticamente todos los ámbitos- en que nos encontramos.
Por un lado, entre un conjunto de 108 países, México ocupa el penúltimo sitio en lectura. Los mexicanos leemos, en promedio, 2.8 libros al año.
Parte de la misma tragedia, casi la mitad de la población prefiere ver la televisión.  Además, la desnutrición y las fallas visuales (obviamente, no atendidas) de una parte de la población explican también que la lectura no sea hábito. (Nota de Emir Olivares Alonso, La Jornada, 23/IV/14).
Y si en este rubro nos encontramos al fondo, en materia fiscal el país se coloca en la punta de las naciones que mejor tratan a los grandes consorcios empresariales. En el curso de 10 años, del 2000 al 2011, la Secretaría de Hacienda devolvió a los empresarios, con empresas instaladas en México la friolera de 1 billón 641 mil 473 millones de pesos, un promedio de 164 mil millones de pesos por año (mmdp), cifra superior a los 150 mmdp que Hacienda pensaba recaudar el presente año por la elevación del IVA.
La comparación con lo que podría haberse realizado con esa cantidad es extremadamente ofensiva para la sociedad: Se podrían haber construido más de 100 refinerías -ya no seríamos dependientes del extranjero en esta materia y podríamos habernos ahorrado por lo menos 200 mmdp-;  significa el presupuesto de la UNAM durante 48 años (o haber admitido a todos los aspirantes a ella, por lo menos esos mismos 10 años); o, más cercano a los chihuahuenses, significa el presupuesto de 30 años del gobierno estatal, etc.
No cualquiera ingresa a tan selecto grupo, sólo las empresas que facturan más de 500 millones de pesos anuales.
No es nueva la noticia. En una reunión realizada en julio de 2008, Arturo González de Aragón, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se los advirtió a los senadores: “Durante el sexenio de Vicente Fox se devolvieron 680 mil millones de pesos de impuestos a grandes empresas; las devoluciones se encuentran altamente concentradas en el país, lo que contraviene el principio de equidad fiscal”. (Emequis, septiembre 2011).
El boquete a las finanzas públicas por esta vía crece con los años, para 2011 llegó a los 219 mil millones. Triplicó el del 2001.
No es la única fuente del enorme enriquecimiento de esos mismos grupos. Son los principales beneficiarios del régimen de consolidación fiscal, que la "reforma fiscal" de Peña Nieto no abordó. En ese mismo informe, se dio a conocer que en el año 2005, 50 grandes consorcios pagaron en promedio de 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 67 pesos de IVA. ¡Es decir, sólo destinaron 141 pesos al pago de impuestos!
En tanto, estados y municipios (y la federación) adquieren descomunales deudas, Hacienda devuelve a las grandes empresas al menos 33 de cada 100 pesos que recauda por concepto de IVA.
En 2010, según la ASF, un grupo de 30 grupos empresariales, entre los que destacan Cemex, Telcel, Telmex, Grupo México, Bimbo, Grupo Carso, Maseca, Walmart, Saba, Bachoco, Gigante, Modelo, Televisa, Inbursa, Peñoles y Palacio de Hierro, entre otros, accedieron a esos privilegio. En promedio pagaron impuestos solamente el 4.1% de sus ventas totales. Cualquier otro causante habría pagado 30.
Las consecuencias de tal desmesura son obvias, la desigualdad en el ingreso, en la distribución de la riqueza; aunado al modelo educativo, al de la sindicalización del magisterio, al del modelo televisivo, al salarial y a la política laboral llevan a que la absoluta mayoría de la población no le interese la lectura.
"La Encuesta Nacional de Lectura 2012 –publicada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana– reportó que 35 de cada 100 mexicanos no han acabado un libro en su vida y sólo 12 de cada centenar dedican su tiempo libre a leer". (Ibídem, La Jornada).
Además, 48 de cada 100 no había asistido a una biblioteca. Y aquí aparece otro de los problemas generados por la escasez de recursos públicos: Cuatro de cada 10 mexicanos requieren servicio optométrico.
¿País de primer mundo?
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Videos y extorsiones

El Diario, 20 de abril de 2014
Luis Javier Valero Flores

Cuando arreciaron las críticas ciudadanas al comportamiento de los agentes de tránsito y a las autoridades municipales juarenses, por el inocultable crecimiento de las extorsiones de los agentes a los ciudadanos que infringían alguna falta al reglamento de tránsito, (por supuesto que desde la óptica de los elementos de la agrupación vial y, además, porque al ejercer esa autoridad se les confiere fé pública)  por lo que para contrarrestar esa ofensiva de los agentes de tránsito -ordenada o no por las autoridades-, los ciudadanos empezaron a documentarla en las redes sociales con videos de los celulares.

Ante eso, el alcalde Enrique Serrano decidió, primero, disminuir el costo de las infracciones. Luego, el Director de Tránsito Municipal, Óscar Luis Acosta García, ordenó que se abriera un sitio "oficial" de la dependencia en el Facebook y "subir" vídeos tomados por los elementos, en los que algunos ciudadanos agredían a los agentes.

La argumentación fue que los ciudadanos "malinterpretaron" el llamado del alcalde Serrano a que la ciudadanía presentara sus denuncias sobre las extorsiones de los agentes. Y según esa visión, exageraron, de acuerdo de lo que se desprende de las afirmaciones del jefe de tránsito. (De los reporteros, El Diario de Juárez, 17 de abril 2014).

El problema estriba, y no es poca cosa, en que una parte es la autoridad, y ésta debe actuar dentro de los límites que impone la ley, no puede ir más allá de ella. Si las regulaciones existentes no le facultan, por ejemplo, para publicar en las redes sociales fotos o videos de los ciudadanos, entonces le está prohibido hacerlo, a menos que cuente con una orden judicial. Es parte de los derechos de los mexicanos, el de la privacidad.

Y si tal comportamiento de la autoridad está prohibido en los casos de supuestos delincuentes -a los que se les toman fotos que los medios de comunicación, también violando los derechos de los detenidos- en el caso de los ciudadanos que supuestamente cometen alguna falta al reglamento de tránsito, la prohibición es aún más terminante.

De ahí que le asista la razón a la ciudadana que interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en contra de la corporación y del oficial que la grabó en video (subido a la red el 16 de abril) mientras hablaba por su celular al tiempo que con otro aparato también grababa al agente, porque ella no dio "autorización para ser exhibida y porque el video no refleja la realidad de los hechos", y porque lo grabado por el agente solo muestra lo "que la autoridad desea hacer pública". (Ibídem).

Este suceso muestra, nítidamente, los alcances de la autoridad de tránsito, y sus intenciones y concepciones del modo en que debe ejercerse la autoridad. De ninguna manera se pueden equiparar las acciones realizadas por la ciudadanía y las efectuadas por alguna autoridad. Si ésta pretendiera castigar la comisión de algún delito o de una falta al reglamento de tránsito, deberá hacerlo con los instrumentos legales para hacerlo, pero si solamente se pretende denostar o exhibir a algún ciudadano, definitivamente no lo puede hacer.

En cambio, los ciudadanos sí lo pueden hacer, por una elemental razón, la de que los funcionarios públicos, son eso, públicos, y todos sus actos, salvo mandamiento legal expreso, se inscriben, también, en esa categoría, de ahí que los ciudadanos no tienen impedimento legal para filmar o fotografiar a los agentes de tránsito, ni a ningún funcionario público en ejercicio de sus funciones.

Los sucesos hasta ahora relatados indican el enorme desconocimiento de la autoridad (y si se conoce, peor) del respeto al derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y a la obligación de la autoridad a actuar con transparencia en el ejercicio de la función pública.

Aun más, en todos los casos, las autoridades de tránsito (en este caso) deberán actuar, fundamentalmente, en la prevención de la comisión de delitos e infracciones en su materia y no solamente para sancionar a quienes incurrieran en tales supuestos.

Por desgracia, al igual que ocurre con la comisión de delitos, ante la oleada violenta, los gobernantes emprendieron la ruta equivocada de solamente endurecer los castigos, en lugar de poner el acento en el abatimiento de la impunidad, para hacerle ver a los infractores que cada vez es mayor la certidumbre en la aplicación de castigos, es decir, que tengan la certeza de que serán castigados.

En algunos casos bastan medida sencillas de aplicar para evitar, como en el caso hoy comentado, la aparición de fenómenos negativos.

La autoridad, en lugar de cuestionarse porque aparecían cada vez más frecuentemente en las redes sociales casos de abusos de los agentes de tránsito, optaron por la medida más fácil, supuestamente, de tratar con la misma vara a los ciudadanos.

¿No sería mejor la instalación de cámaras de video en cada patrulla de tránsito y policía, junto con la aprobación del articulado respectivo en la ley de tránsito del estado y en los reglamentos respectivos de cada municipio en los que esta oficina -como debe ser- está bajo la jurisdicción de los cabildos?

La regulación es necesaria para que, obligatoriamente, los agentes deban efectuar todas sus rutinas bajo el lente de la cámara y que ésta se enlace por red a los centros de operación, tanto de tránsito, como de las dependencias de seguridad.

Esa medida sí podría convertirse en disuasiva, no sólo para los ciudadanos, sino también para los agentes, los cuales verían menguadas seriamente sus percepciones extralegales.

Además, nos podrían dar a la sociedad la certidumbre de que no se lanzan ofensivas recaudatorias gubernamentales a través de las infracciones de tránsito, aspecto que en distintos momentos, tanto en Juárez como en Chihuahua, la ciudadanía ha percibido como cierta, no sin sustento, pues de manera extraña, de improviso, crecen las quejas en ese sentido, y los rumores generalmente han tenido como origen las informaciones que se dice vienen desde el interior de las mismas corporaciones, y que algunos agentes, ocultando su identidad por temor a las represalias, han informado como exigencias de sus superiores.

Ciertas o no tales especulaciones, es impostergable establecer mecanismos como el aquí sugerido para, por lo menos, atenuar lo que desde muchos estratos sociales se da por descontado: El establecimiento del número de infracciones que los agentes de tránsito deben imponer diariamente, como si ese fuera el parámetro del buen funcionamiento de la corporación, o del comportamiento de la ciudadanía en esta materia.

Se acabarían, por ejemplo, las prácticas absolutamente recaudatorias, pero estas sí de carácter personal de muchos agentes de tránsito que se ocultan en distintas vías y avenidas de la capital del estado para infraccionar a los conductores, en lugar de hacerse visibles para que su actitud adquiriera el carácter de preventiva.

Claro que la autoridad podrá argüir que se necesita el empleo de ingentes recursos económicos para solventar la adquisición del equipo necesario, pero seguramente que el costo-beneficio siempre será mejor que el gasto efectuado. Tendremos más certidumbre sobre la conducta de estos funcionarios públicos y descartaremos, o comprobaremos, la existencia de ofensivas recaudatorias con motivo de las faltas de tránsito.
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“El fenómeno violento que vive México está directamente ligado a la torpeza, la incapacidad y la corrupción del Estado mexicano”: Edgardo Buscaglia, “Vacíos de poder en México"

Batidero

El Diario, 17 de abril de 2014
Luis Javier Valero Flores
Un nuevo giro ha dado el caso del Aero Show, ahora no se trata solamente de las inexplicables tardanzas de las autoridades señaladas en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sino de las filtraciones de los contenidos en el expediente del caso, tanto de los documentos, como de los peritajes y declaraciones. Unas son las informaciones ofrecidas por el defensor del piloto, que está en su derecho, y otra cosa son las filtraciones a los medios, en las que se da a conocer de la presunta falsificación, o elaboración tardía, de distintos documentos, esenciales en la determinación de responsabilidades en el juicio instaurado hasta el momento, y los que pudieran iniciarse a partir de la aceptación de la citada recomendación.

Pueden ser ciertas las aseveraciones de las filtraciones, lo que implicaría agregar nuevos delitos y nuevos implicados a los ahora señalados; pueden ser falsas, lo que implicaría, de todos modos, en ambas vertientes, la comisión de diversos delitos por parte de las autoridades autoras de las filtraciones.

Pero en cualquiera de los dos casos el resultado es el mismo para la sociedad y las víctimas; la cada vez más lejanía de la aplicación de la justicia en el presente caso . Porque si faltaran elementos para dar sustento a lo anterior, el juez que lleva el caso aceptó la petición del fiscal y pospuso dos meses más la celebración del juicio ¡Ocho meses después del accidente! Y eso que nos regimos con el nuevo sistema de justicia penal, de justicia más expedita.

Uno esperaría que la posposición tuviera como sustento, también, la incorporación de los elementos aportados por las indagatorias de la CNDH, incluso en el caso de ser falsos los documentos que ahora se presumen elaborados después del accidente, pues si el organismo derechohumanista encontró presuntas responsabilidades con los aportados por las autoridades municipales, imaginémonos lo que sucederá cuando la CNDH tenga a la mano, en la revisión del cumplimiento de la recomendación, la certeza de la falsificación y/o suplantación de documentos que, desde el instante mismo del accidente, dejaron de ser simples documentos para convertirse en pruebas de un proceso criminal.

¡Híjole, cualquiera de las situaciones, nos lleva a escenarios peores que los previos!

Y es que la recomendación de la CNDH, aceptada por todas las autoridades, debió llevar a que la Fiscalía General emitiera un pronunciamiento y el establecimiento de una nueva indagatoria, con base en las realizadas por aquella, y solamente hasta después de haber agotado esta ruta podría pronunciarse en cualquier sentido.

Ahí es en donde pensaríamos que el fiscal del caso ya instaurado hubiese argumentado que pedía la posposición del juicio por la incorporación de las líneas  de investigación elaboradas por la CNDH. Nada de eso, a cambio la posposición y las filtraciones ¿De qué se trata?

¿Por qué darle largas a un suceso que tanto dolió a los chihuahuenses?

La tan criticada -por existente- elevada injerencia del Gobernador Duarte en prácticamente todos los asuntos públicos de la entidad, ahora se añora (por supuesto, no porque se esté de acuerdo con ello) que se haya permitido prolongar el presente caso.

Más aún, los superiores jerárquicos del fiscal encargado del asunto, y el juez de la causa, con respeto a sus facultades, responsabilidades y libertades, sin ir más allá de lo señalado por la ley, pudieron -pudieran- convencerlos que es un asunto de muy elevada prioridad, que no admite demoras, máxime que ahora están bajo la supervisión de un organismo nacional y podrían terminar dando explicaciones en el Senado de sus tardanzas e incumplimientos.

Por eso sorprende que las autoridades municipales de la capital del estado no hayan acelerado el paso en el pago de las indemnizaciones ordenadas por aquel organismo,.

Porque una cosa es que debieran esperar hasta el resultado del proceso judicial, -que bien puede tardar dos años más- lo que se antoja inaceptable para todos, y otra cosa es que un equipo jurídico, con base en la ley de responsabilidades patrimoniales, elaborara un expediente de cada víctima, sustentándose en las condiciones particulares de cada una de ellas, como lo ordena la ley, y presentara la propuesta que la autoridad  les hiciera y a partir de ahí llegar a los acuerdos necesarios para cumplir, sí con la recomendación, pero fundamentalmente con los afectados por el accidente.
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“El fenómeno violento que vive México está directamente ligado a la torpeza, la incapacidad y la corrupción del Estado mexicano”: Edgardo Buscaglia, “Vacíos de poder en México"

Inaudito, votaron por las mismas

El Diario, 13 de abril de 2014
Luis Javier Valero Flores
Nada como la crónica periodística.
En la extenuante jornada de la legislatura local, del pasado jueves, convocada para ejecutar la sentencia del juez Ignacio Cuenca Zamora acerca de la elección de los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) los diputados declararon un receso, en él sucedió un muy ilustrativo  episodio:
“En el receso, "teambox" del PRI, con el PVEM y el PANAL, los diputados preguntan: ‘¿y cómo vamos a votar?’, otros responden, ‘pa'qué les damos chanza de hacer tanto show, si en la votación nos los vamos a fregar’. La diputada Águeda Torres Barrera les dice: ‘vamos a hacer las cosas como nos las ordenó el señor Gobernador y que nos explicó Mario Trevizo (Consejero Jurídico de Gobierno del Estado)…’. No ha terminado de explicar la línea cuando Enrique Licón del PVEM le dice: ‘¡Diputada cuidado, tienes a la prensa atrás de ti!…' con sonrisa nerviosa dice, riéndose... ‘háblenle a seguridad para que saquen a todos los que no son diputados”. (Crónica de César Ibarra, 11/IV/14).
Si faltara algún elemento para confirmar el abandono total de las responsabilidades de los legisladores de la mayoría parlamentaria en el Congreso de Chihuahua, ahí están sus frases que develan, además, la extremada indolencia de quienes tienen la obligación de representar los intereses del pueblo de Chihuahua.
No se trata solamente de la inveterada subordinación ante el titular del Poder Ejecutivo (sea en el ámbito local, en el federal, con el actual partido gobernante, o con cualquiera que haya tenido responsabilidad en el nivel estatal o federal), sino también de las extremas carencias de la mayoría de quienes ocupan sitios en el Poder Legislativo.
Pero por encima de todo, el abandono de las más elementales reglas de la ética política, todo, en aras de la continuar haciendo “carrera”.
Al reelegir a las consejeras del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), Alma Rosa Armendáriz Sigala y a María Nancy Martínez Cuevas y a sus siete suplentes, el Congreso del Estado se puso en ruta a la crisis institucional más grave que haya sufrido la entidad en las últimas décadas.
Solo algún suceso inesperado podrá evitarlo; el abogado Rodolfo Leyva, quien obtuvo la protección de la justicia federal al alegar que lo habían discriminado para ocupar una de las titularidades de ese órgano, al momento de elaborar la presente colaboración editorial, se preparaba para impugnar la decisión del Poder Legislativo de Chihuahua. No descartaba ninguna de las vías jurídicas para echar abajo tan deplorable determinación.
Si la postura de Leyva obtiene el respaldo del Poder Judicial de la Federación, la crisis institucional se convertirá, además, en una profunda crisis para el partido gobernante en Chihuahua, justamente cuando los niveles de rechazo hacia el actual gobierno crecen en cada vez más segmentos de la población y se desatará en las proximidades de la elección federal del año próximo.
La sentencia de Cuenca Zamora, en teoría, obligaba a los diputados a realizar un nuevo ejercicio de sus funciones y facultades, especialmente cuando los orilló a que fundaran y motivaran su decisión, lo que abrirá el camino para que, en adelante, se ciñan a lo establecido en la ley para emitir su voto en las designaciones.
Lo ocurrido el jueves es verdaderamente deplorable, en lugar de realizar un concienzudo trabajo, cuyo sustento fuera un ejemplar ejercicio jurídico, del nivel del efectuado por el juez Cuenca Zamora, y distinto a lo que hicieron a lo largo del proceso jurídico que culminara con la sentencia favorable a Leyva, elaboraron y aprobaron un verdadero mamotreto.
Lo increíble, en el largo recuento del “perfil del puesto” y de los merecimientos de los aspirantes a ocupar esas posiciones, contenido en el dictamen elaborado por la Junta de Coordinación Parlamentaria, se privilegió que los aspirantes hubiesen ocupado un lugar en la administración pública. Mientras más puestos y más años en ellos, mejor.
En el colmo, ese fue el argumento para contrastar los curriculum de las reelectas con el del quejoso Rodolfo Leyva.
En el largo recuento de los agravios a la vigencia del derecho al acceso a la información pública y la transparencia en el ejercicio de la administración pública, ésta será una de las principales.
En un país -y una entidad- en la que la cultura predominante en los funcionarios es la de la secrecía, la discrecionalidad, el patrimonialismo, la subordinación y la opacidad; rasgos, todos, que la nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública pretendía -pretende- erradicar, es un contrasentido que se privilegie para ocupar esas posiciones a quienes más tiempo se hayan desempeñado en la función pública.
Se yergue como una siniestra realidad, como la verdadera explicación de la reelección de las consejeras el verdadero tobogán en que se encuentra la transparencia en Chihuahua. De 139 recursos de revisión presentados por los ciudadanos ante el Ichitaip, en 135 el órgano “garante” de la transparencia falló a favor de las dependencias gubernamentales.
Son innumerables las vertientes negativas de la decisión tomada, no solo para las fuerzas de oposición, o para el conjunto de la sociedad chihuahuense, sino también al interior del grupo y partidos gobernantes.
¿Cómo justificar ante los propios que se haya privilegiado a la peor calificada en el examen de conocimientos? Aún más, que se haya repetido el hecho, sin importarles mayor cosa poner en riesgo la institucionalidad del Poder Legislativo.
También, da pie a preguntarse si en el fuero interno algunos de los diputados del partido mayoritario no hayan sentido algún resquemor y se preguntaran válidamente si el perfil de las electas valía la pena someterse a tal desgaste.
¿Acaso no habrá, en el conjunto de militantes y funcionarios del PRI, personas más capaces para ocupar esos puestos? ¿Por qué aferrarse a las mismas? ¿Por el principio de autoridad?
Porque si las electas fueran ejemplares funcionarias, heraldos de la transparencia, autoridades en la materia, o ejemplo de eficiencia comprobada, pudiera dar lugar a la duda, pero si en la única prueba objetiva para medir sus capacidades y conocimientos no obtuvieron calificaciones, por lo menos suficientes, entonces las únicas explicaciones posibles entran en el terreno de la especulación y los razonamientos totalmente ajenos a los fines del Ichitiap.
¿Cómo explicarse que los diputados voten por alguien que obtuvo la más baja calificación de 71 aspirantes y que, peor aún, ni siquiera aprobara el examen?
¿Cualquiera de ellos, en sus empresas, hubiesen admitido a alguien en situación similar, al peor?
La respuesta es obvia.
Soprenden aún más las bajas calificaciones obtenidas por la abogada Nancy Martínez Cuevas. Durante casi un año se desempeñó como la ¡Secretaria Ejecutiva del Ichitaip! es decir, el cargo que requiere el más elevado grado de conocimientos técnicos en la materia dentro de ese órgano.
Es como si el consejero jurídico de un determinado organismo o dependencia obtuviera bajas calificaciones ¡En derecho!
No puede ser. ¡Ah, pero en su hoja curricular asentó como elemento importante haber trabajado en el despacho de los abogados Santiago de la Peña y Fidel Pérez Romero!
El dictamen elaborado, y aprobado por una mayoría conformada solo por el PRI y el PVEM, es un compendio de fallas y maniobras para eludir lo sentenciado, es un verdadero monumento a la impreparación y a la falta de argumentos jurídicos para evitar el cumplimiento de la sentencia. Se llevarán una verdadera sorpresa pues el desapego al texto elaborado por el juez Ignacio Cuenca Zamora, es verdaderamente descomunal, muy probablemente recibirán la notificación de que serán acusados de desacato a una orden judicial, a una sentencia de amparo.
Las consecuencias pueden ser verdaderamente trascendentales, el Poder Judicial de la Federación, previsiblemente, determinará en tal sentido y, por tanto, los diputados que votaron por la reelección de las consejeras, todos los presentes, con la excepción de los del PAN, es decir, los del PRI y sus partidos satélites, entre los cuales se deberá ubicar al PVEM, PANAL y los del denominado bloque “de izquierda”, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pueden recibir sanciones de carácter penal y administrativo, además de ser removidos de los puestos.
Si el proceso jurídico consecuente a la elección de las consejeras mantiene una ruta, diríamos normal, es muy probable que el partido gobernante en Chihuahua enfrente el proceso electoral del 2015, el de las diputaciones federales, con sus diputados locales titulares removidos, en medio de una crisis institucional… y una crisis política sin precedente; le habrán abierto el camino para que el PAN se alce como la única oposición político-electoral en la entidad. Hasta ahora.
Si nos hicieran falta elementos de juicio, ahí están los discursos de los diputados. Humberto Pérez Mendoza (PAN): ”… ya nada más falta que al quejoso lo detenga la policía porque litigaba en el 2004 cuando todavía era un estudiante”.
Gustavo Martínez Aguirre, (PANAL): "se hizo un trabajo fino y puntilloso... no privilegiamos los intereses particulares sobre el estado de derecho... y en el caso de la elección que hoy nos ocupa todos hemos aportado lo mejor”.
Hortensia Aragón (PRD): “… la tragedia sería que este legislativo hiciera exactamente lo mismo que la pasada… ”.
Mayra Chávez, (PRI), a pesar de los “whatsapazos” entre los legisladores y el Gobernador Duarte, sostuvo “que todos los integrantes de la bancada priista se dieron a la tarea de estudiar a cabalidad el dictamen presentado y los archivos de todo el caso”, y les pidió: “… seamos por favor un congreso que estudia, no que suponga”. Ajá.
Eloy García Tarín, (PRI) poco antes de refrendar la votación por las mismas, pidió que “… ojalá hubiera la intención de que todos empujaran la carreta en el mismo sentido”.
Y votaron por las mismas.
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Congreso, ruta sin regreso en nombramientos

El Diario, 10 de abril de 2014

Luis Javier Valero Flores

En dos días -hoy y mañana- el Congreso de Chihuahua deberá realizar dos procesos designatorios trascendentales. Marcarán, para los futuros, la ruta que deberán aplicar los actuales integrantes de la legislatura, y las posteriores.

El amparo otorgado por el juez Ignacio Cuenca, Octavo de Distrito, a Rodolfo Leyva por haberlo excluido de una de las consejerías titulares del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) es uno de los -aún- pocos dictámenes o resoluciones del Poder Judicial que acotan la discrecionalidad ejercida hasta ahora por los legisladores, al momento de elegir a los integrantes de los distintos organismos “ciudadanizados” y que, por lo menos más evidente en este nivel, se añade a la indudable participación de los mandatarios estatales en tales nombramientos que violentan las normas establecidas para ello.

Eso es lo que ahora deberán enmendar los integrantes de la actual legislatura, por lo menos en la designación de los consejeros faltantes del Ichitaip. Sus antecesores pasarán a los anales legislativos por constituir una de las legislaturas más violentadora de lo que ahora comentamos.

Cometieron garrafales fallas en la ratificación del magistrado Carlos Flores Silva y el juez Cuenca les leyó la cartilla en la designación del órgano garante de la transparencia. Sus sucesores deberán, por tanto, enmendarla. 

No parecen dispuestos a ello y podrían afrontar serias consecuencias, si nos atenemos a lo declarado hasta el cansancio por el quejoso Leyva y las informaciones ofrecidas por las columnas periodísticas de distintos medios de comunicación, especialmente de los portales digitales de la capital del estado, que generalmente reflejan lo que interesados protagonistas pretenden se conozca con antelación, o que intentan influir en el curso de las decisiones gubernamentales (esto último, por supuesto, nada criticable).

Por partes. El abogado Leyva insiste en sostener que sólo dos de los aspirantes colmaron todos los requisitos exigidos por la convocatoria, él y otra candidata. El juez distrital le concedió parte de la razón y le acotó la discrecionalidad a los diputados al exigirles (y éstos aceptar, al allanarse a la sentencia) que “motivaran y fundaran” su votación y exigirles que, de no elegir a Leyva, expusieran una motivación “reforzada”. En menudo problema estarán si no lo hacen así.

Por otro lado, desde las columnas periodísticas y en voz del Diputado Pedro Villalobos, presidente de la Mesa Directiva, no se descartó que repitieran las consejeras elegidas en noviembre de 2012, Alma Rosa Armendáriz Sigala y María Nancy Martínez, destituidas por la sentencia de amparo.

Si lo hacen así, peor; este caso, de no resolverse a favor de Leyva Martínez en el ámbito nacional, se convertirá en uno de los asuntos de las cortes internacionales y la resolución, es lo más probable, no irá en el sentido que la legislatura anterior decidió.

Y la elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) apunta para convertirse en un asunto de similares controversias. Hasta ayer se habían registrado cinco aspirantes, entre ellos el actual presidente José Luis Armendáriz.

Los otros son Gustavo de la Rosa (Visitador de la CEDH en Juárez y uno de los más activos en esta materia en la aciaga época de la masacre de Juárez); Iván Páez Guerrero, Luis Eduardo Alonso Chávez e Irma Villanueva Nájera (integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y apoyada por distintas organizaciones derechohumanistas ).

Más allá de la evaluación sobre la actuación de Armendáriz (quien sostiene que en la recomendación de la CNDH sobre el Aero Show se excluyó la participación de la CEDH en ella) pende sobre su posible designación la posibilidad de una controversia acerca de su elegibilidad, pues el artículo Tercero de los Transitorios de la ley actual dice que “El Presidente actual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cumplirá el período por el que fue designado y, previo a dicho vencimiento, el Congreso deberá realizar la designación de nuevo Presidente, el cual entrará en funciones el 15 de abril de 2014”.

La polémica estriba en el carácter de “nuevo”.

Sin embargo, cuando se habla de los consejeros “actuales” se establece que no se podrán reelegir, argumento que podría esgrimirse con el presidente ya que no estableció la prohibición expresa de reelegirse en este caso.

Pero más allá de esa controversia, existe otro aspecto que podría convertirse en elemento de impugnación del proceso de designación y que es la “amplia auscultación” a que la obliga la ley en el artículo 10 y que, dice, “se deberá publicar en los principales medios de comunicación y se difundirá entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos”.

Bueno, pues dicha auscultación, para ser “amplia”, por lo menos debió ser conocida públicamente y enterarnos qué organizaciones, segmentos de la población  fueron auscultados y los eventos se realizaron para “auscultar” a la sociedad. Fallaron en ese sentido pues el plazo para la elección es el 15 de abril.

No, no tienen una tarea fácil nuestros ínclitos legisladores, y menos si actúan como hasta ahora.

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La recomendación de la CNDH: Bomba

El Diario, 6 de abril de 2014

Luis Javier Valero Flores

Son numerosas y de tan de extrema importancia las implicaciones derivadas de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); tantas las vertientes jurídicas y las sociales y, sobre todo, las políticas, que harán de este asunto uno de los más importantes a lo largo de los próximos años.

Las consecuencias irán más allá de la tragedia que enlutó a los familiares y amigos de nueve víctimas y de las lesiones sufridas por más de un centenar de chihuahuenses.

De ahí la trascendencia de la recomendación del organismo derechohumanista que, de motu propio, decidió realizar las investigaciones pertinentes para elaborarla, la que ha sido aceptada (así debamos esperar, aún, las aceptaciones formales) por las autoridades señaladas: El Gobernador del Estado, César Duarte; el Ayuntamiento de Chihuahua y el Congreso del Estado, éste en sus dos vertientes, la de la revisión de las normas en materia de protección civil en los espectáculos y la de la Auditoría Superior del Estado, para que efectúe las revisiones necesarias, a fin de determinar la legalidad en la entrega de recursos del presupuesto municipal a la empresa Espectáculos Extremos, responsable de la celebración del Aeroshow.

Son varias las vertientes nuevas. 

La primera, que, contrariamente a lo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE), por primera vez se señala como presunto responsable al ex alcalde, Marco Adán Quezada; lo mismo ocurre en el caso del ex Secretario del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez; del ex tesorero, Idelfonso Sepúlveda, el ex subdirector de Gobernación, Javier Torres Cardona, el ex director de Desarrollo Empresarial y Turístico, Alfonso Prieto Prieto y del ex regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Manuel Fuentecilla Noriega.

Incluye a quienes ya se encuentran bajo proceso, al ex subdirector del H. Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil, Guillermo Ávila, y al ex coordinador operativo de la Unidad de Protección Civil, José Domínguez.

Al incluir al ex secretario del ayuntamiento y al subdirector de Gobernación lo hace bajo la premisa que ellos debieron aprobar, en distintos modos y momentos, conforme a la documentación aportada a la CNDH, las medidas de seguridad para la celebración del espectáculo. Las incumplieron.

Seguramente en este apartado, por esas omisiones, incluye al secretario del ayuntamiento; y por la entrega de los recursos económicos, al tesorero y al regidor presidente de la Comisión de Hacienda.

Resalta, en lo referente a la protección civil, uno de los episodios resaltados por la recomendación. Describe que la empresa le pidió al subdirector de Protección Civil que efectuara la inspección necesaria sobre las medidas de seguridad realizadas, pero que no existe constancia alguna de que este funcionario haya ordenado la realización de tal inspección, ni de que se haya celebrado.

Además, la CNDH resuelve sobre dos asuntos poco abordados, desde el punto de vista jurídico, o pospuestos hasta ahora: El modo en que la autoridad municipal erogó los recursos para la celebración del Aeroshow; y la indicación, terminante, al Ayuntamiento de Chihuahua, a que repare el daño “ocasionado a las víctimas directas e indirectas, en la que se incluya la indemnización respectiva…”.

A lo largo de la recomendación, la CNDH llegó a la concusión que el convenio realizado entre el Ayuntamiento y la empresa Espectáculos Extremos no se efectuó conforme a lo establecido en las constituciones, Política de México y la del Estado de Chihuahua, “ni de acuerdo a lo indicado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua”, por lo que le dará “vista” a la Auditoría Superior del Estado “para que determine las responsabilidades penales o administrativas cometidas por las autoridades municipales”.

Llama la atención que la recomendación no efectúe observación alguna a la instancia estatal de Protección Civil, ni que haga referencia a las atribuciones, facultades y responsabilidades de esta dependencia, ni de las probables omisiones en que haya incurrido. 

Esto, a pesar de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Protección Civil (Capítulo VI, Del Programa Estatal de Protección Civil) el cual ordena que “… En los inmuebles o establecimientos que por su propia naturaleza o por el uso al que se han destinado reciban una afluencia masiva de personas, deberán contar con un programa interno de protección civil acorde con los lineamientos que establezca el Programa Especial, autorizado y supervisado por las autoridades de Protección Civil. De igual forma, los organizadores de espectáculos de concentración masiva de personas, deberán solicitar de la Unidad una autorización a efecto de verificar las medidas de seguridad con que se cuenta…”.

Por supuesto que en este apartado se refiere a las autoridades estatales. Nada de esto aparece en la recomendación.

Asimismo, la CNDH señala que no hay constancia de la iniciación de algún proceso administrativo en contra de funcionario alguno.

Contrariamente a lo hasta ahora hecho por la autoridad municipal, la que ha expresado la necesidad de esperar la determinación judicial correspondiente, en el juicio instaurado en contra de los ex funcionarios municipales y los empresarios (Felipe Valdez Cavazos, representante legal de la asociación civil “Espectáculos Extremos del Municipio de Chihuahua”; Elliot Gerardo Castillo Hernández, empresario responsable de la organización del espectáculo “Demolition Show”; Guillermo Ávila Olivas, ex jefe de Bomberos, y José Domínguez Castillo, ex coordinador operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil y Francisco Velázquez, piloto de la camioneta), para pagar las indemnizaciones, la CNDH es tajante, deberá efectuar la inmediata reparación del daño y efectuar las “indemnizaciones necesarias".

Algunos juristas consultados por el escribiente sostienen que en este aspecto debiera aplicarse la Ley General de Víctimas. Cualquiera que sea la vía adoptada, la CNDH establece la obligación, para todas las autoridades involucradas, la obligación de informarle puntualmente del cumplimiento de la recomendación, so pena de ser llamadas por el Senado de la República y sancionadas en los términos de las nuevas regulaciones.

Además, la recomendación señala responsabilidades concretas para Marco Adán Quezada, en lo referente a la entrega de recursos económicos, pero no así en materia de seguridad y protección civil: "… Esta situación, denota una falta de observancia a la cultura de la legalidad por parte de los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Chihuahua que representaron a ese municipio en el multicitado convenio, pero especialmente en AR4 quien en calidad de presidente municipal y representante legal del ayuntamiento, obligó al municipio a realizar una transferencia de recursos públicos sin ceñirse a la legislación aplicable y obligatoria para esos efectos, lo que se traduce en una violación de la ley por parte de ese servidor público, así como por AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9 (los otros funcionarios no implicados hasta ahora en proceso legal alguno), quienes signaron el referido convenio”.

Y es que de la lectura de los diversos documentos en su poder sí se colige la comisión de distintas irregularidades de los funcionarios de segundo y tercer nivel del municipio, responsables de la seguridad del espectáculo. 

Por lo menos en la documentación a que tuvo acceso la CNDH (después de requerírsela a distintas dependencias, las que no se la negaron, por lo que puede concluirse que no hay más) no se podría fincarle responsabilidad concreta al ex alcalde, más allá de la de ser el funcionario más alto del ayuntamiento, pero será muy difícil que alguien afirme, o que presente alguna evidencia que ordenó se obviara alguna medida de seguridad. Pero deberemos esperar.

Por otra parte, en sentido contrario a la más extendida percepción ciudadana, la recomendación no establece la obligación, para el gobernador del estado, de establecer procesos penales en contra de los funcionarios. Dice, textualmente, que “Gire las instrucciones que correspondan para que el fiscal que conoce de la causa penal 1, pueda tomar en cuenta las observaciones señaladas en la presente recomendación y CONSIDERE LA PERTINENCIA (Mayúsculas de LJVF) de vincular a proceso a la totalidad de servidores públicos que participaron en los hechos y que incurrieron en omisiones e irregularidades probablemente constitutivas de delito…”.

Y para los que reclaman que la recomendación no incluye a los empresarios, debemos recordar el hecho de que la CNDH vigila solamente la no violación de los derechos humanos cometidos por los funcionarios públicos.

Las implicaciones políticas son evidentes. El ex alcalde Quezada, antes del accidente, aparecía como uno de los aspirantes mejor ubicados en el ánimo ciudadano para emerger como candidato del PRI a la gubernatura; nada parecía que podría impedirlo, hasta en las filas de la oposición obtenía buenas calificaciones su desempeño, se pensaba que podría superar el obstáculo de no pertenecer a los allegados al Gobernador Duarte.

La recomendación y sus consecuencias podrían llevar a que se le descartara de tal competencia, lo que le ofrece a los otros aspirantes, señaladamente los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio, mejores posibilidades de acceder a esa posición, en el supuesto que el gobernante tuviera a su alcance tal designación, o la mayor de las influencias en el ánimo del grupo gobernante en el país.

Pero el accidente del Aeroshow le mejoró las posibilidades a otros aspirantes, a las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio y al ex alcalde de Juárez, Héctor Murguía.

De ahí que las consecuencias de la recomendación, insistamos, vayan a ser de largo aliento. Y aún falta la discusión jurídica sobre ella; en lo que no hay controversia es en que el Gobierno de Chihuahua debió aceptarla tal cual. 

Veremos, en los próximos meses, cuán transparentes serán las investigaciones ordenadas por la CNDH.

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Las “previas”

El Diario, 3 de abril de 2014

Luis Javier Valero Flores

El lamentable incidente, en el cual la mayoría de los regidores del ayuntamiento de Juárez (PRI, PRD, PT, Verde y Panal) decidió expulsar a los integrantes de la agrupación civil “Regidor 19” de la reunión “previa” del cabildo, retrata nítidamente cuán alejada se encuentra la clase política de la sociedad.

De varios años atrás se ha impuesto esta práctica de realizar reuniones de los cabildos de manera previa a la “oficial”. En ello han estado de acuerdo los miembros de todos los partidos que cuentan con representación en los órganos de gobierno municipales.

“Los regidores argumentaron, para que fueran retirados dos representantes de Regidor 19, el cumplimiento al Reglamento Interior del Cabildo que determina quiénes pueden ingresar a estas sesiones previas, a puertas cerradas, porque no son públicas”. (Nota de Antonio Rebolledo, El Diario de Juárez, 2/IV/14).

Desde hace varios meses, esta organización “acompañaba” al “presidente de la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez, Miguel Fernández Iturriza, poseedor de un amparo desde el año pasado para ingresar a las sesiones previas de Ayuntamiento”y que había obtenido la “anuencia” del alcalde, Enrique Serrano, para que lo acompañaran los de la agrupación. (Ibídem).

Pero esa decisión no se puede desligar del hecho que apenas un día antes, esta agrupación denunció a varios regidores por ser ausentes crónicos de las sesiones“oficiales” del cabildo juarense.

Parece represalia por semejante acto de audacia y de atrevimiento frente a los sacrosantos representantes de la comuna local.

Más de uno de nuestros lectores podrían llegar a la conclusión que les podía asistir la razón a los regidores, pues al fin y al cabo que para eso son funcionarios públicos. Hasta ahí todo bien, si nos basamos en la vieja noción que teníamos del quehacer público. Podríamos pensar que los regidores, el secretario, el síndico y el presidente municipal tienen derecho a celebrar estas reuniones en las que pretenden ponerse de acuerdo en las cosas que determinarán en la sesión del cabildo que se realiza, generalmente, al día siguiente.

El problema estriba en que esas sesiones se realizan para discutir los asuntos del municipio (y el caso abordado hoy es sólo el ejemplo porque en casi la totalidad de los cabildos se mantiene esta práctica), los que son públicos, lo que, por tanto, obligaría a la autoridad a respetar lo establecido en el Código Municipal:

“ARTÍCULO 22. El Ayuntamiento como órgano deliberante, deberáresolver los asuntos de su competencia colegiadamente y al efecto, celebrarásesiones públicas ordinarias o extraordinarias; previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, las sesiones podrán ser privadas cuando así se justifique.

…

Se celebrarán sesiones extraordinarias cuando sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, debiéndose citar para ello a sus integrantes, ajustándose en cada caso al Reglamento Interior”.

El acuerdo de los regidores se tomó en contra del previo del alcalde Enrique Serrano que le había permitido a la agrupación “Regidor 19” presenciar las reuniones“previas” del cabildo. Su argumento fue el de que ellos pueden resolver cuáles sesiones son públicas o no. Y sí, tienen razón, pero en el caso de las sesiones del cabildo que justifiquen la realización de una sesión privada, no en una como la que ahora comentamos, las que buscan ocultarle a la sociedad los diferendos que puedan presentarse en el curso de la toma de decisiones que finalmente afectan al total de la población del municipio en que se realice tal práctica.

Lo más preocupante, en el caso que nos ocupa, es que ante la negativa de los integrantes de la agrupación civil, el secretario del ayuntamiento, Jorge Quintana, decidió suspender la reunión ¿Por qué? ¿Por un principio de “autoridad”? ¿O porque se discutirían asuntos que no deben saber los ciudadanos del municipio de Juárez?

Para argumentar la resolución de los regidores, Quintana adujo que el reglamento interior del cabildo así lo señala pues, dijo “no pueden ingresar a las sesiones previas personas ajenas a las que (no) autoricen los regidores en pleno”. Y agregó que Fernández Iturriza puede asistir a las sesiones previas, más no sus acompañantes , y si éstos deseaban acceder, deberían tramitar sus propios amparos“o que esperen las modificaciones al reglamento que los regidores deben solicitar”.

El problema está en que el reglamento del cabildo no puede estar en contradicción con lo establecido en el Código Municipal. Y no sólo porque así estáregulado, sino porque tales determinaciones van en sentido contrario a lo buscado en el funcionamiento de los cabildos, que estén en mayor contacto las autoridades y sus gobernados; no por razones sentimentales, sino porque este nivel de gobierno resuelve varios de los aspectos más directamente involucrados en la vida diaria de la sociedad.

Entonces ¿Para qué ocultarse, ya sea en las reuniones “oficiales”, o en las“previas”?

¿Cuánto tardarán nuestros políticos en asimilar que los asuntos públicos son eso, públicos?

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