El Diario, 27 de enero de 201
Luis Javier Valero Flores
Si hubiese que buscar la evidencia plena acerca de los niveles de incoordinación de los distintos cuerpos policiacos en Chihuahua, en el combate al crimen en general, y en particular al crimen organizado, nada mejor que los gravísimos acontecimientos del martes por la noche en Juárez, en el que muriera un custodio –Jorge Humberto Muñoz Pérez– del alcalde juarense, Héctor Murguía Lardizábal.
Ahora estamos frente a, por lo menos, dos distintas versiones de los hechos, y seguramente en los días subsecuentes iremos encontrando matices de diferencia a partir de las aportadas en la noche de los hechos.
Pero por encima de todo ello, a lo ya expresado por el alcalde juarense, debemos añadirle aspectos aún más preocupantes, que denotan las enormes discrepancias existentes entre los discursos de los gobernantes y la fría realidad del antiguo Paso del Norte.
Durante ya casi tres años escuchamos reiteradamente las frases de que autoridades de todos los niveles están comprometidas con la coordinación de sus esfuerzos en el combate al crimen, particularmente al crimen organizado.
Y existen áreas del gobierno que podrían enmascarar los resultados de tales expresiones y, al final, simular que existe la coordinación. Pero en todo lo referente a la seguridad pública no hay duda, ni margen al error; si los cuerpos policiacos del nivel municipal están coordinados con el federal los resultados así lo harán ver, por desgracia, al igual que entre los médicos, en el ámbito policiaco los malos resultados sin funestos, casi siempre terminan con la vida de algunas personas.
Si es cierto que existe la coordinación entre la Policía Federal y la municipal ¿cuál es la razón para que las patrullas federales no tuviesen conocimiento de las características de los vehículos del alcalde de la ciudad más violenta del mundo, siendo, como es, el principal responsable de la seguridad pública en el municipio?
¿Podría suceder, guardadas todas las proporciones, que estos mismos policías pudiesen confundir el convoy del presidente de la república, o del gobernador del estado?
¿Acaso no están obligados a tener el conocimiento preciso de esas características a fin de que contribuyan con la instancia municipal en el resguardo del alcalde, máxime en la gravísima situación de emergencia de la seguridad pública prevaleciente en Juárez?
No tener esos conocimientos denota, entonces, que no existe el mínimo de coordinación entre los responsables de ambos grupos policiacos.
Y si nos atenemos al boletín enviado por la dependencia federal más motivos tendremos para preocuparnos pues la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) envió su propia versión de los hechos y en ellos señala de manera destacada que fue la denuncia de un taxista la que motivó la intervención de los policías federales, pero cuesta trabajo creer que un taxista de esa zona y ciudad no conociese que en el domicilio donde se encontraban estacionadas las camionetas pertenece al padre Hesiquio Trevizo –destacado editorialista de El Diario–, algo que el común de los trabajadores del volante podría tener conocimiento.
Y a medida que van apareciendo los datos y detalles más confuso y preocupante se vuelve el conocimiento y resolución de tan graves incidentes.
Porque si los elementos federales no supieron a qué ciudadanos detenían o supervisaban, y sus jefes no les informaron del convoy del alcalde, entonces deberemos concederle la razón al ex primer comandante de la Operación Michoacán, comandante de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien denunció que los destacamentos federales eran enviados al país, a las ciudades, a los pueblos sin otorgarles el mínimo de conocimientos precisos, ni de los objetivos a alcanzar, ni de las fuerzas a las que enfrentarían, ni del entorno en el que se desenvolverían.
Y si existe una creciente corriente de rechazo a los policías federales, los hechos posteriores al homicidio, relatados por el alcalde Murguía no hacen más que acrecentar tales tendencias.
Teto “se presentó en el Hotel Santa Fe, en las calles Lerdo casi esquina con Tlaxcala, donde se hospedan los elementos federales, para exigir una explicación y la detención del oficial que disparó contra Muñoz Pérez.
Pero lejos de recibir una explicación, en el hospedaje ocurrió un enfrentamiento verbal entre el alcalde y sus escoltas con los federales”. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario, 26/I/11).
En tanto, la ola homicida sigue sin esperanza alguna de que amaine.
jueves, 27 de enero de 2011
martes, 25 de enero de 2011
Derrota implícita
El Diario, 25 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Las nuevas filtraciones dadas a conocer por el periódico madrileño El País, a partir de las suministradas por Wikileaks, en las que se difunden las versiones de los funcionarios norteamericanos sobre las conversaciones sostenidas con Felipe Calderón, en relación al combate al narcotráfico denotan una sola certidumbre: la aceptación implícita de Calderón de haber sido derrotado en lo que se refiere a Juárez pues acudió a la secretaria del Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, para pedirle ayuda a fin de “pacificar y poner orden” en esta ciudad a la que reconoce controla el Cártel de Juárez y al cual le disputa el de Sinaloa la hegemonía en ella.
Ahora tenemos el conocimiento concreto de las peticiones de los mexicanos, en las que, por la respuesta de la funcionaria norteamericana –Napolitano– pareciera advertirse que la petición de ayuda era global y a la cual la encargada de la seguridad interior en Estados Unidos respondió puntualmente –siempre con base en los reportes de los norteamericanos– que, ante la petición de que interviniera el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), Napolitano respondió que ese centro podía identificar los objetivos, pero el despliegue militar y policial “capaz de supervisar todos los bloques de viviendas” debía corresponder a México. (Nota de El País, El Diario, 24/I/11).
Es decir, ambos gobiernos coincidieron –se deduce– en que las acciones en Juárez deberían incluir la supervisión de las zonas habitacionales –¿De toda la ciudad?– mediante el despliegue de las fuerzas militares y policiales federales, algo que los juarenses sufrieron durante algunos meses y en el que fueron múltiples las denuncias ciudadanas y periodísticas (El Diario las consignó puntualmente) acerca de las revisiones que efectuaron las tropas mediante el uso del detector molecular (dispositivo que detecta armas, explosivos, drogas y dinero), usado a mediados de 2009, en las que los cateos a los domicilios se efectuaron con la mayor de las impunidades posible y que, al corto plazo, mostró la inutilidad de tales procedimientos.
Sin embargo, en lo que se refiere al asunto más preocupante para los norteamericanos, el de la seguridad nacional, la de ellos, por supuesto, existen discrepancias –Calderón tiene “otra mirada”– asegura el embajador norteamericano, Carlos Pascual, en sus despachos, pero que no obstante sus presiones han logrado que agentes del FBI interroguen, en territorio nacional, a los migrantes detenidos por las policías mexicanas, a fin de detectar, dicen, probables infiltraciones de grupos terroristas a territorio norteamericano aprovechando la “porosidad” de la frontera México-norteamericana.
Y a propósito ¿Será verdad eso de la porosidad? Porque los norteamericanos, tan puntillosos para evitar la infiltración terrorista no muestran la misma enjundia en la frontera con nosotros ¿Por qué? ¿Será que a pesar de todo sí existe control sobre ella y se permite que entre a la vecina nación lo que se desea, y nada más lo permitido, es decir, un cierto número de migrantes y la droga que se necesita en ese país?
Y la descripción de los norteamericanos acerca de la situación fronteriza es hasta insultante para los gobernantes mexicanos: “Un caos rampante, la generalizada corrupción y la incapacidad del Gobierno (mexicano) para combatir esos fenómenos han sido percibidos como unas preocupantes amenazas por quienes buscan en nuestra frontera sur signos de potencial infiltración terrorista” le informó la Embajada de Estados Unidos al subdirector del FBI.
Más allá de las preocupaciones norteamericanas sobre su seguridad nacional, lo más preocupante es la descripción de sus funcionarios acerca del estado de verdadero desastre existente –a ojos de ellos– en el gabinete presidencial, en el que, según un cable del embajador Carlos Pascual, de noviembre de 2009, remitido al Departamento de Estado, describió “la desconfianza, los celos y la rivalidad entre los diferentes aparatos de inteligencia nacionales como sus principales vicios”, amén de las discrepancias entre los principales funcionarios de su gabinete, incluidos los secretarios de la Defensa y la Marina Nacional, relatadas en el primer grupo de cables dados a conocer a fines del año pasado.
Y si no hay coordinación en las labores de inteligencia, ni en las operaciones militares ¿Cómo esperar resultados compatibles con los edulcorados discursos optimistas de Felipe Calderón? En tanto, las masacres continúan…
Luis Javier Valero Flores
Las nuevas filtraciones dadas a conocer por el periódico madrileño El País, a partir de las suministradas por Wikileaks, en las que se difunden las versiones de los funcionarios norteamericanos sobre las conversaciones sostenidas con Felipe Calderón, en relación al combate al narcotráfico denotan una sola certidumbre: la aceptación implícita de Calderón de haber sido derrotado en lo que se refiere a Juárez pues acudió a la secretaria del Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, para pedirle ayuda a fin de “pacificar y poner orden” en esta ciudad a la que reconoce controla el Cártel de Juárez y al cual le disputa el de Sinaloa la hegemonía en ella.
Ahora tenemos el conocimiento concreto de las peticiones de los mexicanos, en las que, por la respuesta de la funcionaria norteamericana –Napolitano– pareciera advertirse que la petición de ayuda era global y a la cual la encargada de la seguridad interior en Estados Unidos respondió puntualmente –siempre con base en los reportes de los norteamericanos– que, ante la petición de que interviniera el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), Napolitano respondió que ese centro podía identificar los objetivos, pero el despliegue militar y policial “capaz de supervisar todos los bloques de viviendas” debía corresponder a México. (Nota de El País, El Diario, 24/I/11).
Es decir, ambos gobiernos coincidieron –se deduce– en que las acciones en Juárez deberían incluir la supervisión de las zonas habitacionales –¿De toda la ciudad?– mediante el despliegue de las fuerzas militares y policiales federales, algo que los juarenses sufrieron durante algunos meses y en el que fueron múltiples las denuncias ciudadanas y periodísticas (El Diario las consignó puntualmente) acerca de las revisiones que efectuaron las tropas mediante el uso del detector molecular (dispositivo que detecta armas, explosivos, drogas y dinero), usado a mediados de 2009, en las que los cateos a los domicilios se efectuaron con la mayor de las impunidades posible y que, al corto plazo, mostró la inutilidad de tales procedimientos.
Sin embargo, en lo que se refiere al asunto más preocupante para los norteamericanos, el de la seguridad nacional, la de ellos, por supuesto, existen discrepancias –Calderón tiene “otra mirada”– asegura el embajador norteamericano, Carlos Pascual, en sus despachos, pero que no obstante sus presiones han logrado que agentes del FBI interroguen, en territorio nacional, a los migrantes detenidos por las policías mexicanas, a fin de detectar, dicen, probables infiltraciones de grupos terroristas a territorio norteamericano aprovechando la “porosidad” de la frontera México-norteamericana.
Y a propósito ¿Será verdad eso de la porosidad? Porque los norteamericanos, tan puntillosos para evitar la infiltración terrorista no muestran la misma enjundia en la frontera con nosotros ¿Por qué? ¿Será que a pesar de todo sí existe control sobre ella y se permite que entre a la vecina nación lo que se desea, y nada más lo permitido, es decir, un cierto número de migrantes y la droga que se necesita en ese país?
Y la descripción de los norteamericanos acerca de la situación fronteriza es hasta insultante para los gobernantes mexicanos: “Un caos rampante, la generalizada corrupción y la incapacidad del Gobierno (mexicano) para combatir esos fenómenos han sido percibidos como unas preocupantes amenazas por quienes buscan en nuestra frontera sur signos de potencial infiltración terrorista” le informó la Embajada de Estados Unidos al subdirector del FBI.
Más allá de las preocupaciones norteamericanas sobre su seguridad nacional, lo más preocupante es la descripción de sus funcionarios acerca del estado de verdadero desastre existente –a ojos de ellos– en el gabinete presidencial, en el que, según un cable del embajador Carlos Pascual, de noviembre de 2009, remitido al Departamento de Estado, describió “la desconfianza, los celos y la rivalidad entre los diferentes aparatos de inteligencia nacionales como sus principales vicios”, amén de las discrepancias entre los principales funcionarios de su gabinete, incluidos los secretarios de la Defensa y la Marina Nacional, relatadas en el primer grupo de cables dados a conocer a fines del año pasado.
Y si no hay coordinación en las labores de inteligencia, ni en las operaciones militares ¿Cómo esperar resultados compatibles con los edulcorados discursos optimistas de Felipe Calderón? En tanto, las masacres continúan…
domingo, 23 de enero de 2011
A confesión de parte, relevo de pruebas
El Diario, 23 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
El asesinato de Marisela y su origen, ocupan hoy segmentos importantes de la opinión pública por su salvajismo, por la podredumbre desvelada y por la profundidad de la crisis de las instituciones de procuración y aplicación de justicia, revelada tan descarnadamente por el juicio seguido a Sergio Barraza, tanto en el juicio oral, como por el Tribunal de Casación, a causa de la acusación de ser el asesino de Rubí Frayre.
La discusión nacional –incluso con participación de especialistas internacionales– se ha centrado en un aspecto que es noticia cotidiana y tal pareciera que, por sabido, es legal y socialmente aceptado: La confesión de los acusados o implicados en los más diversos hechos delincuenciales.
La novedad ahora es que tales confesiones se constituyen en la nota principal de los más importantes noticieros televisivos –por supuesto, radiofónicos también– y que alcanzan momentos cumbres con casos como el de Edgar Valdez (La Barbie), o el más reciente, estridentemente presentado por los monopolios televisivos, de José Jorge Balderas Garza, “El JJ”, presunto responsable del ataque al futbolista Salvador Cabañas.
Y luego el shock popular. Ahora resulta que Balderas Garza se negó a declarar ante el Ministerio Público del DF, como es su derecho, y le dijo al personal de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad que si querían su versión acudieran al video de la entrevista transmitida por la televisión, sabedor de que esa declaración no es prueba válida para ser tomada en cuenta en el juicio que se le seguirá por la agresión a Cabañas.
¿Y entonces, para qué tanto escándalo?
Detrás de tan, aparentemente, pequeñas irregularidades (Pués sí, ¿Quién saldrá en defensa de semejantes delincuentes? dirán los autores de tales puestas escenográficas) se esconde –ojalá no– una perversa intención, y no solamente la más “inocente” de transmitir el mensaje de que se hacen todos los esfuerzos por enfrentar la ola delictiva.
Sobran los ejemplos de tan perversa actitud. Durante meses, prácticamente todos desde el lanzamiento de la “guerra” de Calderón –hasta presumen del gran número de “jefes” de los cárteles detenidos– las pantallas televisivas se colman de imágenes de decenas, cientos de detenidos por las fuerzas federales, acusados de ser los responsables de mil y un crímenes (que, por supuesto algunos lo han de ser).
Tal esfuerzo escenográfico tiene un único fin, hacerle creer a la sociedad que los esfuerzos bélicos de la administración federal han tenido éxito en el combate a los narcotraficantes, así sea violando el marco legal pues los militares y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), en lugar de poner a disposición de las autoridades correspondientes a los detenidos, primero convocan a los medios para exhibirlos y luego, a los medios seleccionados (especial y preferentemente a Televisa) entregarles los videos de entrevistas increíbles, en las cuales los presuntos responsables declaran absolutamente todo, en una secuencia verdaderamente imposible de creer.
Sobran los ejemplos de tan equivocada acción: Para muestra el caso de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, detenida en septiembre del 2007. En cadena nacional hizo algunas declaraciones. Pues bien, la SSPF difundió 4 mil 284 spots durante quince días con un costo de tres millones y medio de pesos, presentándola como una peligrosa narcotraficante, según información revelada por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
“Tres años después, ‘La Reina’ fue absuelta por el juez 18 de lo Penal del Reclusorio Norte, Fernando Córdova del Valle, de los delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Podría estar libre en unos cuantos meses”. (Nota de Agencia Reforma 21/01/11, El Diario).
Pero esos son los casos relevantes. Durante los más de cuatro años de la actual administración son incontables los detenidos y presentados bajo esta modalidad ante las cámaras de televisión, y son muchos más los que han sido detenidos y acusados bajo la modalidad anterior, a la que se suma otra, la de que, antes de ser llevados ante el Ministerio Público, los presentan ante los medios locales y sólo hasta entonces se llevan a la autoridad y que en muchos casos fueron detenidos fuera de los tiempos de flagrancia y sin órdenes de detención y sólo –¡Oh, rara coincidencia – con una declaración rendida en instalaciones militares o casas de “seguridad” de los policías federales.
Y luego la opinión pública se sorprende porque al paso de unas semanas, o meses, los detenidos bajo estas modalidades reciben órdenes de liberación de los jueces quienes dictaminan en la mayor parte de los casos que, o fueron detenidos ilegalmente, o las declaraciones así, videograbadas, carecen absolutamente de legalidad.
Por tanto, no debe asombrar que de las cifras de detenidos la mayoría sean liberados casi de inmediato (hasta 2009 el Gobierno Federal informaba de la detención de 229 mil personas, de las cuales sólo en el 25% de los casos el Ministerio Público pudo integrar un expediente, de tal manera que, antes de llegar ante un juez, 3 de cada 4 detenidos fueron liberados, y que de este total una ínfima minoría sean sentenciados) y que, por tanto, el avance en contra de los grupos del crimen organizado sólo sea aparente en las estadísticas del gobierno y, por tanto, la violencia, en lugar de disminuir se recrudezca.
Siendo tales aspectos graves de por sí, no representan lo peor. A pesar de que en varias entidades avanza la instrumentación y aplicación de la reforma penal, semejante a la de nuestra entidad, y de que se ha aprobado en el ámbito federal lo cierto es que avanza la tendencia gubernamental, impulsada por el involucramiento de las corporaciones militares, de otorgarle a la confesión, así se rinda en cualquier lugar y ante cualquier autoridad, el mayor de los pesos.
Así, se pretende desandar lo que trabajosamente había construido la sociedad mexicana para abatir el fenómeno de la tortura y en la obtención de una investigación policiaca apoyada en la búsqueda y hallazgo de evidencias científicas, que demostraran fehacientemente ante los jueces las acusaciones en contra de los imputados.
Hoy todo eso parece irse diluyendo en la escalada de violencia, no sólo de las bandas criminales, sino también de las fuerzas del Estado mexicano, regresión apoyada por los poderes fácticos que se encaminan al afincamiento del autoritarismo, en el que las seudo confesiones de los acusados, obtenidas bajo los más aberrantes mecanismos, serán la reina de las pruebas en los juicios penales.
Y es que, incluso antes de la reforma penal en Chihuahua, la confesión había dejado de contar con esa cualidad, pues para ser considerada legal debería contar con una serie de requisitos, los mismos que la reforma penal conservó (deberá hacerse de manera voluntaria, ante autoridad correspondiente y acompañado de defensor) pero a la cual, al igual que el resto de las pruebas debería ser valorada en el conjunto de las presentadas en los juicios.
La novedad en Chihuahua estriba en que ahora el total de las pruebas, incluidas por supuesto las declaraciones, deberán ser desahogadas en el juicio oral, y de ninguna manera podrán aportarse videos, o actas en las que se asienten supuestas, o reales, declaraciones, sin que se ofrezcan en el curso de los juicios.
Y tales características son las que se pretenden echar por tierra para regresar a los modelos anteriores, en la peor de las épocas de la historia del país, pues los episodios en los que las fuerzas del estado actúan por encima del marco legal crecen todos los días, hasta el grado de que ahora se pretende cambiar el marco legal, a fin de que los militares involucrados en delitos cuyas víctimas sean civiles sean juzgados por cortes militares y no como hasta ahora establece la Constitución federal, es decir, por tribunales civiles.
Pero el peligro no solamente proviene de las instancias federales, también en el ámbito de las entidades las tendencias regresivas adquieren más fuerza. Enfrentarlas es tarea de hoy, de no hacerlo no serán suficientes décadas de arrepentimiento.
Luis Javier Valero Flores
El asesinato de Marisela y su origen, ocupan hoy segmentos importantes de la opinión pública por su salvajismo, por la podredumbre desvelada y por la profundidad de la crisis de las instituciones de procuración y aplicación de justicia, revelada tan descarnadamente por el juicio seguido a Sergio Barraza, tanto en el juicio oral, como por el Tribunal de Casación, a causa de la acusación de ser el asesino de Rubí Frayre.
La discusión nacional –incluso con participación de especialistas internacionales– se ha centrado en un aspecto que es noticia cotidiana y tal pareciera que, por sabido, es legal y socialmente aceptado: La confesión de los acusados o implicados en los más diversos hechos delincuenciales.
La novedad ahora es que tales confesiones se constituyen en la nota principal de los más importantes noticieros televisivos –por supuesto, radiofónicos también– y que alcanzan momentos cumbres con casos como el de Edgar Valdez (La Barbie), o el más reciente, estridentemente presentado por los monopolios televisivos, de José Jorge Balderas Garza, “El JJ”, presunto responsable del ataque al futbolista Salvador Cabañas.
Y luego el shock popular. Ahora resulta que Balderas Garza se negó a declarar ante el Ministerio Público del DF, como es su derecho, y le dijo al personal de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad que si querían su versión acudieran al video de la entrevista transmitida por la televisión, sabedor de que esa declaración no es prueba válida para ser tomada en cuenta en el juicio que se le seguirá por la agresión a Cabañas.
¿Y entonces, para qué tanto escándalo?
Detrás de tan, aparentemente, pequeñas irregularidades (Pués sí, ¿Quién saldrá en defensa de semejantes delincuentes? dirán los autores de tales puestas escenográficas) se esconde –ojalá no– una perversa intención, y no solamente la más “inocente” de transmitir el mensaje de que se hacen todos los esfuerzos por enfrentar la ola delictiva.
Sobran los ejemplos de tan perversa actitud. Durante meses, prácticamente todos desde el lanzamiento de la “guerra” de Calderón –hasta presumen del gran número de “jefes” de los cárteles detenidos– las pantallas televisivas se colman de imágenes de decenas, cientos de detenidos por las fuerzas federales, acusados de ser los responsables de mil y un crímenes (que, por supuesto algunos lo han de ser).
Tal esfuerzo escenográfico tiene un único fin, hacerle creer a la sociedad que los esfuerzos bélicos de la administración federal han tenido éxito en el combate a los narcotraficantes, así sea violando el marco legal pues los militares y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), en lugar de poner a disposición de las autoridades correspondientes a los detenidos, primero convocan a los medios para exhibirlos y luego, a los medios seleccionados (especial y preferentemente a Televisa) entregarles los videos de entrevistas increíbles, en las cuales los presuntos responsables declaran absolutamente todo, en una secuencia verdaderamente imposible de creer.
Sobran los ejemplos de tan equivocada acción: Para muestra el caso de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, detenida en septiembre del 2007. En cadena nacional hizo algunas declaraciones. Pues bien, la SSPF difundió 4 mil 284 spots durante quince días con un costo de tres millones y medio de pesos, presentándola como una peligrosa narcotraficante, según información revelada por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
“Tres años después, ‘La Reina’ fue absuelta por el juez 18 de lo Penal del Reclusorio Norte, Fernando Córdova del Valle, de los delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Podría estar libre en unos cuantos meses”. (Nota de Agencia Reforma 21/01/11, El Diario).
Pero esos son los casos relevantes. Durante los más de cuatro años de la actual administración son incontables los detenidos y presentados bajo esta modalidad ante las cámaras de televisión, y son muchos más los que han sido detenidos y acusados bajo la modalidad anterior, a la que se suma otra, la de que, antes de ser llevados ante el Ministerio Público, los presentan ante los medios locales y sólo hasta entonces se llevan a la autoridad y que en muchos casos fueron detenidos fuera de los tiempos de flagrancia y sin órdenes de detención y sólo –¡Oh, rara coincidencia – con una declaración rendida en instalaciones militares o casas de “seguridad” de los policías federales.
Y luego la opinión pública se sorprende porque al paso de unas semanas, o meses, los detenidos bajo estas modalidades reciben órdenes de liberación de los jueces quienes dictaminan en la mayor parte de los casos que, o fueron detenidos ilegalmente, o las declaraciones así, videograbadas, carecen absolutamente de legalidad.
Por tanto, no debe asombrar que de las cifras de detenidos la mayoría sean liberados casi de inmediato (hasta 2009 el Gobierno Federal informaba de la detención de 229 mil personas, de las cuales sólo en el 25% de los casos el Ministerio Público pudo integrar un expediente, de tal manera que, antes de llegar ante un juez, 3 de cada 4 detenidos fueron liberados, y que de este total una ínfima minoría sean sentenciados) y que, por tanto, el avance en contra de los grupos del crimen organizado sólo sea aparente en las estadísticas del gobierno y, por tanto, la violencia, en lugar de disminuir se recrudezca.
Siendo tales aspectos graves de por sí, no representan lo peor. A pesar de que en varias entidades avanza la instrumentación y aplicación de la reforma penal, semejante a la de nuestra entidad, y de que se ha aprobado en el ámbito federal lo cierto es que avanza la tendencia gubernamental, impulsada por el involucramiento de las corporaciones militares, de otorgarle a la confesión, así se rinda en cualquier lugar y ante cualquier autoridad, el mayor de los pesos.
Así, se pretende desandar lo que trabajosamente había construido la sociedad mexicana para abatir el fenómeno de la tortura y en la obtención de una investigación policiaca apoyada en la búsqueda y hallazgo de evidencias científicas, que demostraran fehacientemente ante los jueces las acusaciones en contra de los imputados.
Hoy todo eso parece irse diluyendo en la escalada de violencia, no sólo de las bandas criminales, sino también de las fuerzas del Estado mexicano, regresión apoyada por los poderes fácticos que se encaminan al afincamiento del autoritarismo, en el que las seudo confesiones de los acusados, obtenidas bajo los más aberrantes mecanismos, serán la reina de las pruebas en los juicios penales.
Y es que, incluso antes de la reforma penal en Chihuahua, la confesión había dejado de contar con esa cualidad, pues para ser considerada legal debería contar con una serie de requisitos, los mismos que la reforma penal conservó (deberá hacerse de manera voluntaria, ante autoridad correspondiente y acompañado de defensor) pero a la cual, al igual que el resto de las pruebas debería ser valorada en el conjunto de las presentadas en los juicios.
La novedad en Chihuahua estriba en que ahora el total de las pruebas, incluidas por supuesto las declaraciones, deberán ser desahogadas en el juicio oral, y de ninguna manera podrán aportarse videos, o actas en las que se asienten supuestas, o reales, declaraciones, sin que se ofrezcan en el curso de los juicios.
Y tales características son las que se pretenden echar por tierra para regresar a los modelos anteriores, en la peor de las épocas de la historia del país, pues los episodios en los que las fuerzas del estado actúan por encima del marco legal crecen todos los días, hasta el grado de que ahora se pretende cambiar el marco legal, a fin de que los militares involucrados en delitos cuyas víctimas sean civiles sean juzgados por cortes militares y no como hasta ahora establece la Constitución federal, es decir, por tribunales civiles.
Pero el peligro no solamente proviene de las instancias federales, también en el ámbito de las entidades las tendencias regresivas adquieren más fuerza. Enfrentarlas es tarea de hoy, de no hacerlo no serán suficientes décadas de arrepentimiento.
jueves, 20 de enero de 2011
Tragedia nacional de una década
Luis Javier Valero Flores
Poco festinado, unos cuantos meses atrás, la periodista Anabel Hernández publicó un libro que habrá de convertirse en una de las fuentes de información y punto de referencia para entender lo que los mexicanos sufrimos a lo largo de casi una década, en particular a partir de fines de 2006.
En esa obra, Hernández anticipa que no hablará solamente de los principales jefes conocidos de los cárteles de la droga, sino, fundamentalmente, de los jefes de ellos, por ello denominó al libro “Los señores del narco”.
Pero una investigación sobre ese tema no puede evadir la indudable importancia, casi mítica, de quien aparece hoy día como el más importante y temible de los jefes de los cárteles, Joaquín Guzmán Loera, cuya fotografía ocupa toda la portada del libro mencionado y quien debió celebrar con mucha alegría su evasión del penal de Puente Grande diez años atrás.
En él se encuentran documentados hechos escalofriantes, y me refiero no a los crímenes, que para horror nuestro cada vez adquieren mayor salvajismo, sino a las coincidencias y hechos aparentemente fortuitos en los que aparecen nítidamente las relaciones de destacados hombres de la vida pública y privada, con algunos de quienes han sido señalados como los jefes del narcotráfico en México.
Hoy medio país sufre una gravísima crisis de seguridad pública y el debate sobre la existencia o no de un estado fallido, para amplias zonas, sobre todo del norte de México, no tiene razón de ser, es una realidad hiriente, sangrante, pues ha llevado al conjunto de las instituciones de la procuración y aplicación de justicia a una profunda crisis, como no la habíamos enfrentado antes.
Por desgracia, a diferencia de lo realizado por los norteamericanos, y también por los colombianos, aquí, ni se ha entrado en la etapa de aceptar la drogadicción y el tráfico de drogas como un problema de salud pública, más que de seguridad, como es el caso de Estados Unidos, ni se ha abordado el ataque frontal a la degradación social, como se ha intentado en algunas regiones de Colombia.
Aquí se pretendió, y se logró, alterar el “equilibrio” sostenido por los cárteles y se lanzó una supuesta guerra, para la cual hasta, indebidamente, Felipe Calderón se vistió con casaca militar, sin que se advierta hasta la fecha que las hostilidades principales, y por tanto las bajas presentadas, sean entre las fuerzas del Estado y las bandas del narcotráfico.
No, lo que ahora sufrimos es un salvaje enfrentamiento de los cárteles, con esporádicas apariciones de las fuerzas militares o policíacas, en una abierta disputa por el control de territorios, agrupaciones policiales y giros delictivos, pero por ninguna parte aparece la concertada, inteligente, preparada acción gubernamental en contra del tráfico de drogas.
Llegar a esa conclusión no es difícil. Pongamos en el tapete de la discusión un hecho no controvertido hasta ahora. Varios meses atrás, la revista Forbes, editada por el consorcio del mismo nombre, publicó que Guzmán Loera es uno de los hombres más ricos del planeta y calculó su fortuna en alrededor de mil millones de dólares (cifra mínima para ingresar a la clasificación de la revista).
El Informador, periódico tapatío, asegura que Guzmán Loera, como jefe del Cártel del Pacífico –al que también se le denomina de Sinaloa– tiene el control sobre la tercera parte de las ganancias obtenidas por el narcotráfico en Estados Unidos, que las ubica en el orden de los 64 mil millones de dólares anuales.
Bueno, si ese mundo de dinero tiene origen ilícito y, por supuesto, no se puede esconder ¿En dónde está? ¿En dónde está la actividad de los órganos de inteligencia del Estado que los haya llevado a saber la ruta del dinero?
Y eso es lo más importante, porque como se lo dijo “El Mayo” Zambada a Julio Sherer, a los capitanes de industria tan bonancible –y por supuesto a los sicarios, últimos de los peldaños criminales– se les puede sustituir con alguna facilidad, pero en tanto no se afecte a la estructura financiera de estos negociantes, la guerra seguirá.
Y si no se tiene esa información ¿Por qué no pedírsela a Forbes? Digo…
Poco festinado, unos cuantos meses atrás, la periodista Anabel Hernández publicó un libro que habrá de convertirse en una de las fuentes de información y punto de referencia para entender lo que los mexicanos sufrimos a lo largo de casi una década, en particular a partir de fines de 2006.
En esa obra, Hernández anticipa que no hablará solamente de los principales jefes conocidos de los cárteles de la droga, sino, fundamentalmente, de los jefes de ellos, por ello denominó al libro “Los señores del narco”.
Pero una investigación sobre ese tema no puede evadir la indudable importancia, casi mítica, de quien aparece hoy día como el más importante y temible de los jefes de los cárteles, Joaquín Guzmán Loera, cuya fotografía ocupa toda la portada del libro mencionado y quien debió celebrar con mucha alegría su evasión del penal de Puente Grande diez años atrás.
En él se encuentran documentados hechos escalofriantes, y me refiero no a los crímenes, que para horror nuestro cada vez adquieren mayor salvajismo, sino a las coincidencias y hechos aparentemente fortuitos en los que aparecen nítidamente las relaciones de destacados hombres de la vida pública y privada, con algunos de quienes han sido señalados como los jefes del narcotráfico en México.
Hoy medio país sufre una gravísima crisis de seguridad pública y el debate sobre la existencia o no de un estado fallido, para amplias zonas, sobre todo del norte de México, no tiene razón de ser, es una realidad hiriente, sangrante, pues ha llevado al conjunto de las instituciones de la procuración y aplicación de justicia a una profunda crisis, como no la habíamos enfrentado antes.
Por desgracia, a diferencia de lo realizado por los norteamericanos, y también por los colombianos, aquí, ni se ha entrado en la etapa de aceptar la drogadicción y el tráfico de drogas como un problema de salud pública, más que de seguridad, como es el caso de Estados Unidos, ni se ha abordado el ataque frontal a la degradación social, como se ha intentado en algunas regiones de Colombia.
Aquí se pretendió, y se logró, alterar el “equilibrio” sostenido por los cárteles y se lanzó una supuesta guerra, para la cual hasta, indebidamente, Felipe Calderón se vistió con casaca militar, sin que se advierta hasta la fecha que las hostilidades principales, y por tanto las bajas presentadas, sean entre las fuerzas del Estado y las bandas del narcotráfico.
No, lo que ahora sufrimos es un salvaje enfrentamiento de los cárteles, con esporádicas apariciones de las fuerzas militares o policíacas, en una abierta disputa por el control de territorios, agrupaciones policiales y giros delictivos, pero por ninguna parte aparece la concertada, inteligente, preparada acción gubernamental en contra del tráfico de drogas.
Llegar a esa conclusión no es difícil. Pongamos en el tapete de la discusión un hecho no controvertido hasta ahora. Varios meses atrás, la revista Forbes, editada por el consorcio del mismo nombre, publicó que Guzmán Loera es uno de los hombres más ricos del planeta y calculó su fortuna en alrededor de mil millones de dólares (cifra mínima para ingresar a la clasificación de la revista).
El Informador, periódico tapatío, asegura que Guzmán Loera, como jefe del Cártel del Pacífico –al que también se le denomina de Sinaloa– tiene el control sobre la tercera parte de las ganancias obtenidas por el narcotráfico en Estados Unidos, que las ubica en el orden de los 64 mil millones de dólares anuales.
Bueno, si ese mundo de dinero tiene origen ilícito y, por supuesto, no se puede esconder ¿En dónde está? ¿En dónde está la actividad de los órganos de inteligencia del Estado que los haya llevado a saber la ruta del dinero?
Y eso es lo más importante, porque como se lo dijo “El Mayo” Zambada a Julio Sherer, a los capitanes de industria tan bonancible –y por supuesto a los sicarios, últimos de los peldaños criminales– se les puede sustituir con alguna facilidad, pero en tanto no se afecte a la estructura financiera de estos negociantes, la guerra seguirá.
Y si no se tiene esa información ¿Por qué no pedírsela a Forbes? Digo…
martes, 18 de enero de 2011
En manos de Lutero
Luis Javier Valero Flores
Dejar la iglesia en manos de Lutero, para nada es una expresión peyorativa para la congregación fundada por el líder religioso alemán; el proverbio representa, hoy más que nunca en el ámbito educativo del país, la más viva representación de la patética realidad.
En un país en el que según “una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, de 73 mil 560 estudiantes de primaria y secundaria, 30 por ciento (primaria) y 31.7 por ciento (secundaria) presentan obesidad y sobrepeso” (Nota tomada de La Jornada, El Diario, 16/I/11) se permita o se tolere la venta de comida chatarra en los centros escolares, o exista una increíble tolerancia a la venta de esos alimentos por los vendedores ambulantes desplegados en los alrededores de los más de 231 mil escuelas de educación básica es una supina incongruencia con los discursos de los gobernantes, sobre todo los del ámbito federal.
No es una novedad asentar que México ocupa uno de los primeros lugares en incidencia de diabetes, enfermedad que tiene como una de las principales causas la de la obesidad y sobrepeso, que llevarán a una gravísima crisis a las instituciones de salud pública pues las consecuencias y complicaciones de la diabetes constituirán las principales erogaciones que deberán efectuar todas las instituciones de salud pública, amén de los inconmensurables costos a la planta productiva y los cientos de miles de hora-hombre que se perderán pues esta enfermedad y sus complicaciones se presentarán cada vez a menor edad y harán presa, sobre todo, a quienes se excedan de su peso, más si el sobrepeso lo presentan a más temprana edad.
Pese a tales realidades, “las nuevas medidas permiten, por ejemplo, galletas, pastelitos, confites y postres de 140 kilocalorías o menos, botanas con igual número de calorías y bebidas con edulcorantes, estas últimas para los alumnos de secundaria”.
Pero todos esos argumentos parecen importar poco ante la envergadura del negocio. Las utilidades de la industria alimentaria ascienden a 40 mil millones de pesos en las cooperativas escolares (ibídem), razón por la cual el 81% “de tienditas escolares aún venden dulces” y le dan prioridad a la venta de productos con alto contenido de calorías, “pues el 78.8% de ellas venden botanas industrializadas; 71.8% refrescos y el 48% pastelitos industrializados” y tan sólo el 50 por ciento de los establecimientos vende agua pura embotellada, “29 por ciento yogurt y 20 por ciento verdura fresca y leche. (Ibídem).
¿Cuál es la razón de que así suceda, luego de que se han aprobado sendas leyes para erradicar la venta de esos alimentos en las escuelas?
Va de cuento, que no lo es: Carlos Hank González, el más conocido de los políticos priístas por su riqueza, autor de la famosa frase de –que “pobre político el político pobre” –, inició su enorme riqueza siendo el concesionario de la cooperativa de la escuela en la que daba clases, luego adquirió otra, y otra y otra, y luego se compró una pipa para ofrecerle sus servicios a Pemex, en donde tenía algunos amigos. Terminó siendo dueño de la flotilla más grande de pipas del país… y de muchas otras cosas más.
Y esa pareciera ser la razón, los intereses económicos, cruzados con los políticos, de que no se afecten los intereses de quienes están interesados en ambas actividades, por aquello de que del mismo cuero salen todas las correas.
Una serie de expertos en materia alimentaria asegura que tales actividades no se tocan debido a que las más poderosas empresas, beneficiarias de las ventas, son quienes han aportado millonarias cifras a las campañas electorales, particularmente en las dos últimas elecciones presidenciales al Partido Acción Nacional.
Así, el investigador Telésforo Nava, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa, afirma que “El grupo Bimbo es el gran financiador de Acción Nacional y tiene un peso muy fuerte en el sistema político, incluso no sólo en el blanquiazul, ya que el PRI agacha la cabeza cuando los Servitje (propietarios) dan alguna orden”.
A su vez, el director de El poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, afirma que Bimbo, Coca-Cola y PepsiCo, se encuentran vinculadas con renombrados panistas, la familia Servitje, de Bimbo, con el PAN; Coca-Cola, con Vicente Fox y Pepsi, por medio de Sabritas, “participó de manera evidente en la campaña contra López Obrador”. (Ibídem).
A tales señalamientos agrega a la ex secretaria de Educación, la hoy diputada Josefina Vázquez Mota, debido a que efectuó convenios con Coca-Cola y Pepsi “para acordar programas de vida saludable en las escuelas”
Y luego les escuchamos lanzar tremebundos discursos acerca de la salud de los niños de México. Cuánta razón tenía el cura Hidalgo: No tienen Dios, su dios es el dinero.
Dejar la iglesia en manos de Lutero, para nada es una expresión peyorativa para la congregación fundada por el líder religioso alemán; el proverbio representa, hoy más que nunca en el ámbito educativo del país, la más viva representación de la patética realidad.
En un país en el que según “una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, de 73 mil 560 estudiantes de primaria y secundaria, 30 por ciento (primaria) y 31.7 por ciento (secundaria) presentan obesidad y sobrepeso” (Nota tomada de La Jornada, El Diario, 16/I/11) se permita o se tolere la venta de comida chatarra en los centros escolares, o exista una increíble tolerancia a la venta de esos alimentos por los vendedores ambulantes desplegados en los alrededores de los más de 231 mil escuelas de educación básica es una supina incongruencia con los discursos de los gobernantes, sobre todo los del ámbito federal.
No es una novedad asentar que México ocupa uno de los primeros lugares en incidencia de diabetes, enfermedad que tiene como una de las principales causas la de la obesidad y sobrepeso, que llevarán a una gravísima crisis a las instituciones de salud pública pues las consecuencias y complicaciones de la diabetes constituirán las principales erogaciones que deberán efectuar todas las instituciones de salud pública, amén de los inconmensurables costos a la planta productiva y los cientos de miles de hora-hombre que se perderán pues esta enfermedad y sus complicaciones se presentarán cada vez a menor edad y harán presa, sobre todo, a quienes se excedan de su peso, más si el sobrepeso lo presentan a más temprana edad.
Pese a tales realidades, “las nuevas medidas permiten, por ejemplo, galletas, pastelitos, confites y postres de 140 kilocalorías o menos, botanas con igual número de calorías y bebidas con edulcorantes, estas últimas para los alumnos de secundaria”.
Pero todos esos argumentos parecen importar poco ante la envergadura del negocio. Las utilidades de la industria alimentaria ascienden a 40 mil millones de pesos en las cooperativas escolares (ibídem), razón por la cual el 81% “de tienditas escolares aún venden dulces” y le dan prioridad a la venta de productos con alto contenido de calorías, “pues el 78.8% de ellas venden botanas industrializadas; 71.8% refrescos y el 48% pastelitos industrializados” y tan sólo el 50 por ciento de los establecimientos vende agua pura embotellada, “29 por ciento yogurt y 20 por ciento verdura fresca y leche. (Ibídem).
¿Cuál es la razón de que así suceda, luego de que se han aprobado sendas leyes para erradicar la venta de esos alimentos en las escuelas?
Va de cuento, que no lo es: Carlos Hank González, el más conocido de los políticos priístas por su riqueza, autor de la famosa frase de –que “pobre político el político pobre” –, inició su enorme riqueza siendo el concesionario de la cooperativa de la escuela en la que daba clases, luego adquirió otra, y otra y otra, y luego se compró una pipa para ofrecerle sus servicios a Pemex, en donde tenía algunos amigos. Terminó siendo dueño de la flotilla más grande de pipas del país… y de muchas otras cosas más.
Y esa pareciera ser la razón, los intereses económicos, cruzados con los políticos, de que no se afecten los intereses de quienes están interesados en ambas actividades, por aquello de que del mismo cuero salen todas las correas.
Una serie de expertos en materia alimentaria asegura que tales actividades no se tocan debido a que las más poderosas empresas, beneficiarias de las ventas, son quienes han aportado millonarias cifras a las campañas electorales, particularmente en las dos últimas elecciones presidenciales al Partido Acción Nacional.
Así, el investigador Telésforo Nava, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa, afirma que “El grupo Bimbo es el gran financiador de Acción Nacional y tiene un peso muy fuerte en el sistema político, incluso no sólo en el blanquiazul, ya que el PRI agacha la cabeza cuando los Servitje (propietarios) dan alguna orden”.
A su vez, el director de El poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, afirma que Bimbo, Coca-Cola y PepsiCo, se encuentran vinculadas con renombrados panistas, la familia Servitje, de Bimbo, con el PAN; Coca-Cola, con Vicente Fox y Pepsi, por medio de Sabritas, “participó de manera evidente en la campaña contra López Obrador”. (Ibídem).
A tales señalamientos agrega a la ex secretaria de Educación, la hoy diputada Josefina Vázquez Mota, debido a que efectuó convenios con Coca-Cola y Pepsi “para acordar programas de vida saludable en las escuelas”
Y luego les escuchamos lanzar tremebundos discursos acerca de la salud de los niños de México. Cuánta razón tenía el cura Hidalgo: No tienen Dios, su dios es el dinero.
domingo, 16 de enero de 2011
¿Y los asesinos de Marisela?
El Diario, 16 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Transcurrido un mes del asesinato de Marisela Escobedo, la situación, lejos de mejorar se ha agravado ostensiblemente. Las reacciones inmediatas de los gobernantes llevaron las cosas a niveles de exasperación e irritación colectivas perfectamente comprensibles. La solicitud de efectuar un juicio político a los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Rafael Boudib y Catalina Ochoa (exoneradores de Sergio Barraza por el asesinato de Rubí Frayre) y la consiguiente defensa de éstos, ha logrado hacer que se olvide el hecho que hizo estallar la indignación popular hacia los jueces, a los funcionarios del Ministerio Público (hoy Fiscalía General) y en general a todos los niveles de gobierno: El asesinato de la enfermera, vuelta activista derechohumanista y acerba crítica del sistema de justicia.
Importa precisar las cosas. Si bien hay una percepción generalizada de señalar a los jueces como responsables de la liberación del asesino “confeso”, lo cierto es que, desde el punto de vista judicial, al resolver el Tribunal de Casación y declarar culpable a Barraza, ese era un caso resuelto, por lo menos formalmente.
¿En dónde estriba, entonces, la queja final de Marisela Escobedo? En una vertiente que todavía hoy nadie ha aclarado: La persistente, inexplicable y tortuosa conducta de las autoridades responsables de localizar y detener a Barraza.
Vino su asesinato y con él el vendaval que ha puesto en jaque al régimen político y ha develado la podredumbre de un aparato de justicia absolutamente ineficaz para afrontar, ya no solamente la actual ola homicida y delictiva, sino, incluso, las cifras delictivas en los tiempos “normales”, esto es, antes de la “guerra” de Calderón (que ahora niega vergonzosa y vergonzantemente).
Más aún, ante el inicio del juicio político en contra de los jueces, sus alegatos, los de su defensor y las declaraciones de diversos protagonistas, entre ellos el defensor de Sergio Barraza y el enriquecimiento del conocimiento acerca del fallo del Tribunal de Casación, que revocó el fallo absolutorio, han venido a develar otras facetas igualmente deplorables de la actuación de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de justicia.
Por ello importa regresarse a la noche del 16 de diciembre y efectuarse muchos cuestionamientos, el principal de ellos ¿En qué estado se encuentran las investigaciones acerca del asesinato de Marisela Escobedo?
¿Quiénes eran sus custodios –discretos– que no estaban en el momento en que fue agredida? ¿Qué funcionario ha debido responder acerca de la ausencia de los custodios? ¿Por qué, si la Fiscalía General costeaba la estancia de Marisela en Chihuahua, no ha informado de las investigaciones acerca de este caso?
¿Ya declararon los encargados de cerrar las puertas de Palacio?
¿Siguen buscando a Sergio Barraza? ¿En qué condiciones se encuentran las investigaciones acerca del incendio de la maderería, propiedad de la pareja de Marisela y el asesinato de su cuñado?
Sabemos que, por ley, no deberán informar de los procesos judiciales, pero a un mes de distancia lo que ahora tenemos es solamente un linchamiento mediático en contra de los jueces, que le ha quitado los reflectores a las necesarias, urgentes investigaciones del homicidio de Marisela.
No es poco lo que está en juego en esas indagaciones. Basta con observar detenidamente el video tomado por las cámaras de seguridad (Treinta y tres segundos antes de que Marisela Escobedo recibiera el disparo fatal, las puertas de Palacio de Gobierno estaban abiertas) para darnos cuenta de la meticulosa preparación y ejecución del atentado en contra de Marisela, de la extremada sangre fría del asesino, quien superó que el arma se le “encasquillara”, que el hermano de Marisela le lanzara una silla y lo golpeara y luego, en movimiento y calculando bien el tráfico, disparara certeramente a la cabeza de la activista, quien corrió hacia Palacio, porque seguramente una de las últimas imágenes que tuvo, fue la de la puerta de ese edificio abierta, creyendo que esos instantes, los proporcionados por el arma encasquillada y el golpe propinado al asesino, serían suficientes para encontrar protección en Palacio.
Al hablar de la preparación, sólo basta imaginarse la reacción del asesino material, al momento de recibir la indicación de efectuar una ejecución –¿Contra quién? ¿En dónde? ¿Frente a Palacio de Gobierno…? ¿No habrá mucha vigilancia? ¿O mucha gente? –. Y luego la ejecución con la intervención de alguien que aparentemente le señaló el “objetivo” y que, instantes antes del ataque, pasara por enfrente de la mesa en donde se encontraban Marisela y su hermano y luego se preocupara de que el asesino se enfilara hacia su objetivo.
Las autoridades informaron de la participación de más personas en el atentado, luego entonces, estamos ante un asesinato con mucha preparación.
¿Quiénes se beneficiaban de la muerte de Marisela? ¿A quienes perjudicaría? ¿Se trata, como los rumores sostienen, que es un problema del crimen organizado, o que funcionarios públicos, a quienes cuestionó severamente Marisela, se sintieran hostigados?
En este mar de especulaciones, importa descartar sospechosos, de lo contrario, la percepción ciudadana le dará rienda suelta a las peores explicaciones. Salirles al frente es la tarea principal en este momento y en este sentido, la celebración del juicio político a los jueces señalados aparece como la acción distractora.
Y no faltan elementos para que así sea; sin embargo, la celebración del enjuiciamiento a los jueces dejó al descubierto numerosas vertientes a cual más de preocupantes. Ahora resulta que no existió confesión de Sergio Barraza, que las declaraciones autoinculpatorias se hicieron ante policías municipales, ante el padrastro del inculpado (y ésta, al parecer por informaciones de Marisela) y ante un agente ministerial, pero ninguna ante las autoridades competentes, o ante el tribunal, aspecto que el nuevo sistema de justicia penal tuvo especial cuidado en que así fuera; ese era el objetivo, desterrar como prueba “reina” de los juicios penales la confesión del acusado. Más aún, los peritos no lograron desentrañar la causa de muerte de Rubí Frayre.
Así, con esos elementos, algo que está sucediendo con frecuencia, los fiscales han pretendido que se sentencie condenatoriamente a los inculpados.
Y luego, mediáticamente, se aceptó que las frases de Sergio Barraza en las que le pide perdón a Marisela, sin expresar en ningún momento, ni la autoría del crimen, ni el mecanismo con el que fue efectuado, ni el móvil, ni la aceptación de haber sido él quien señalara la ubicación de los restos, eran una confesión.
La ley dice expresamente que no lo es, de ahí que entonces los jueces aleguen que se les está enjuiciando por aplicar la ley y dejando de lado, quienes así lo pretenden, la investigación hacia quienes no efectuaron su trabajo y no aportaron al juicio más elementos de prueba que convenciesen a los jueces de la culpabilidad plena de Barraza.
Y ahí es en donde estamos atorados como sociedad. Barraza puede ser el asesino (formalmente ya lo es, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Casación) pero el juicio seguido ha mostrado, entre otros, las aparentes indebidas actuaciones de los juzgadores, y en muchos casos la más indebida supeditación de miembros del Poder Judicial al Ejecutivo.
Atentos a las expresiones del gobernante Reyes Baeza, los integrantes del Tribunal de Casación, para declarar a Barraza culpable, recurrieron a argumentos como estos:
“Los jueces orales violaron la sana lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”, pues llegaron a la conclusión que las frases de Barraza en el juicio oral “lo autoincriminaban en el homicidio de la joven y la destrucción de su cadáver”; que no era necesario contar con la causa de muerte de Rubí Marisol, “pues no hay motivo para pensar que la joven se había suicidado”; que no era necesaria la práctica de una autopsia para determinar la comisión del delito de homicidio y la perla de la argumentación: Que “por las pruebas periciales se pudo saber que es factible que el cráneo de Rubí estaba previamente fracturado, por ello al ser incinerado estalló fragmentándose”
Así como lo lee, a pesar de la opinión de los peritos forenses.
Más. Los magistrados consideraron que las entrevistas entre Sergio Barraza y los agentes municipales y el agente ministerial a quienes les dijo ser el responsable de la muerte de Rubí Marisol, sí tienen validez aunque no se hubiesen realizado en presencia de su abogado defensor.
Y luego se quejan de los múltiples reclamos a las instituciones de justicia
¿Y los asesinos de Marisela?
Luis Javier Valero Flores
Transcurrido un mes del asesinato de Marisela Escobedo, la situación, lejos de mejorar se ha agravado ostensiblemente. Las reacciones inmediatas de los gobernantes llevaron las cosas a niveles de exasperación e irritación colectivas perfectamente comprensibles. La solicitud de efectuar un juicio político a los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Rafael Boudib y Catalina Ochoa (exoneradores de Sergio Barraza por el asesinato de Rubí Frayre) y la consiguiente defensa de éstos, ha logrado hacer que se olvide el hecho que hizo estallar la indignación popular hacia los jueces, a los funcionarios del Ministerio Público (hoy Fiscalía General) y en general a todos los niveles de gobierno: El asesinato de la enfermera, vuelta activista derechohumanista y acerba crítica del sistema de justicia.
Importa precisar las cosas. Si bien hay una percepción generalizada de señalar a los jueces como responsables de la liberación del asesino “confeso”, lo cierto es que, desde el punto de vista judicial, al resolver el Tribunal de Casación y declarar culpable a Barraza, ese era un caso resuelto, por lo menos formalmente.
¿En dónde estriba, entonces, la queja final de Marisela Escobedo? En una vertiente que todavía hoy nadie ha aclarado: La persistente, inexplicable y tortuosa conducta de las autoridades responsables de localizar y detener a Barraza.
Vino su asesinato y con él el vendaval que ha puesto en jaque al régimen político y ha develado la podredumbre de un aparato de justicia absolutamente ineficaz para afrontar, ya no solamente la actual ola homicida y delictiva, sino, incluso, las cifras delictivas en los tiempos “normales”, esto es, antes de la “guerra” de Calderón (que ahora niega vergonzosa y vergonzantemente).
Más aún, ante el inicio del juicio político en contra de los jueces, sus alegatos, los de su defensor y las declaraciones de diversos protagonistas, entre ellos el defensor de Sergio Barraza y el enriquecimiento del conocimiento acerca del fallo del Tribunal de Casación, que revocó el fallo absolutorio, han venido a develar otras facetas igualmente deplorables de la actuación de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de justicia.
Por ello importa regresarse a la noche del 16 de diciembre y efectuarse muchos cuestionamientos, el principal de ellos ¿En qué estado se encuentran las investigaciones acerca del asesinato de Marisela Escobedo?
¿Quiénes eran sus custodios –discretos– que no estaban en el momento en que fue agredida? ¿Qué funcionario ha debido responder acerca de la ausencia de los custodios? ¿Por qué, si la Fiscalía General costeaba la estancia de Marisela en Chihuahua, no ha informado de las investigaciones acerca de este caso?
¿Ya declararon los encargados de cerrar las puertas de Palacio?
¿Siguen buscando a Sergio Barraza? ¿En qué condiciones se encuentran las investigaciones acerca del incendio de la maderería, propiedad de la pareja de Marisela y el asesinato de su cuñado?
Sabemos que, por ley, no deberán informar de los procesos judiciales, pero a un mes de distancia lo que ahora tenemos es solamente un linchamiento mediático en contra de los jueces, que le ha quitado los reflectores a las necesarias, urgentes investigaciones del homicidio de Marisela.
No es poco lo que está en juego en esas indagaciones. Basta con observar detenidamente el video tomado por las cámaras de seguridad (Treinta y tres segundos antes de que Marisela Escobedo recibiera el disparo fatal, las puertas de Palacio de Gobierno estaban abiertas) para darnos cuenta de la meticulosa preparación y ejecución del atentado en contra de Marisela, de la extremada sangre fría del asesino, quien superó que el arma se le “encasquillara”, que el hermano de Marisela le lanzara una silla y lo golpeara y luego, en movimiento y calculando bien el tráfico, disparara certeramente a la cabeza de la activista, quien corrió hacia Palacio, porque seguramente una de las últimas imágenes que tuvo, fue la de la puerta de ese edificio abierta, creyendo que esos instantes, los proporcionados por el arma encasquillada y el golpe propinado al asesino, serían suficientes para encontrar protección en Palacio.
Al hablar de la preparación, sólo basta imaginarse la reacción del asesino material, al momento de recibir la indicación de efectuar una ejecución –¿Contra quién? ¿En dónde? ¿Frente a Palacio de Gobierno…? ¿No habrá mucha vigilancia? ¿O mucha gente? –. Y luego la ejecución con la intervención de alguien que aparentemente le señaló el “objetivo” y que, instantes antes del ataque, pasara por enfrente de la mesa en donde se encontraban Marisela y su hermano y luego se preocupara de que el asesino se enfilara hacia su objetivo.
Las autoridades informaron de la participación de más personas en el atentado, luego entonces, estamos ante un asesinato con mucha preparación.
¿Quiénes se beneficiaban de la muerte de Marisela? ¿A quienes perjudicaría? ¿Se trata, como los rumores sostienen, que es un problema del crimen organizado, o que funcionarios públicos, a quienes cuestionó severamente Marisela, se sintieran hostigados?
En este mar de especulaciones, importa descartar sospechosos, de lo contrario, la percepción ciudadana le dará rienda suelta a las peores explicaciones. Salirles al frente es la tarea principal en este momento y en este sentido, la celebración del juicio político a los jueces señalados aparece como la acción distractora.
Y no faltan elementos para que así sea; sin embargo, la celebración del enjuiciamiento a los jueces dejó al descubierto numerosas vertientes a cual más de preocupantes. Ahora resulta que no existió confesión de Sergio Barraza, que las declaraciones autoinculpatorias se hicieron ante policías municipales, ante el padrastro del inculpado (y ésta, al parecer por informaciones de Marisela) y ante un agente ministerial, pero ninguna ante las autoridades competentes, o ante el tribunal, aspecto que el nuevo sistema de justicia penal tuvo especial cuidado en que así fuera; ese era el objetivo, desterrar como prueba “reina” de los juicios penales la confesión del acusado. Más aún, los peritos no lograron desentrañar la causa de muerte de Rubí Frayre.
Así, con esos elementos, algo que está sucediendo con frecuencia, los fiscales han pretendido que se sentencie condenatoriamente a los inculpados.
Y luego, mediáticamente, se aceptó que las frases de Sergio Barraza en las que le pide perdón a Marisela, sin expresar en ningún momento, ni la autoría del crimen, ni el mecanismo con el que fue efectuado, ni el móvil, ni la aceptación de haber sido él quien señalara la ubicación de los restos, eran una confesión.
La ley dice expresamente que no lo es, de ahí que entonces los jueces aleguen que se les está enjuiciando por aplicar la ley y dejando de lado, quienes así lo pretenden, la investigación hacia quienes no efectuaron su trabajo y no aportaron al juicio más elementos de prueba que convenciesen a los jueces de la culpabilidad plena de Barraza.
Y ahí es en donde estamos atorados como sociedad. Barraza puede ser el asesino (formalmente ya lo es, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Casación) pero el juicio seguido ha mostrado, entre otros, las aparentes indebidas actuaciones de los juzgadores, y en muchos casos la más indebida supeditación de miembros del Poder Judicial al Ejecutivo.
Atentos a las expresiones del gobernante Reyes Baeza, los integrantes del Tribunal de Casación, para declarar a Barraza culpable, recurrieron a argumentos como estos:
“Los jueces orales violaron la sana lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”, pues llegaron a la conclusión que las frases de Barraza en el juicio oral “lo autoincriminaban en el homicidio de la joven y la destrucción de su cadáver”; que no era necesario contar con la causa de muerte de Rubí Marisol, “pues no hay motivo para pensar que la joven se había suicidado”; que no era necesaria la práctica de una autopsia para determinar la comisión del delito de homicidio y la perla de la argumentación: Que “por las pruebas periciales se pudo saber que es factible que el cráneo de Rubí estaba previamente fracturado, por ello al ser incinerado estalló fragmentándose”
Así como lo lee, a pesar de la opinión de los peritos forenses.
Más. Los magistrados consideraron que las entrevistas entre Sergio Barraza y los agentes municipales y el agente ministerial a quienes les dijo ser el responsable de la muerte de Rubí Marisol, sí tienen validez aunque no se hubiesen realizado en presencia de su abogado defensor.
Y luego se quejan de los múltiples reclamos a las instituciones de justicia
¿Y los asesinos de Marisela?
jueves, 13 de enero de 2011
¿Procedencia del juicio político?
El Diario, 13 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
¿Qué discutieron los diputados locales el martes pasado, en la sesión privada en la que resolvieron iniciar el juicio político en contra de los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib?
¿Habrán discutido si las razones esgrimidas por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, eran las suficientes para iniciar tal procedimiento?
Imposible saberlo ahora, seguramente con los días podremos acceder a las versiones estenográficas y quizá al video de tan memorable sesión –quiera Dios y María Santísima que así sea- pero ahora solamente podremos especular sobre las probables razones esgrimidas por unos y otros y sobre todo a partir de las declaraciones que diversos legisladores han emitido.
Basados en una anacrónica regulación que obliga a darles carácter “privado” a las sesiones “I. Cuando se presenten acusaciones en contra de los servidores públicos que gozan de fuero constitucional, así como de solicitud de declaración de procedencia formulada por la autoridad competente… III. Cuando se traten los asuntos que tengan por objeto la organización interna del Congreso, los relativos a los asuntos económicos de éste, así como los que se refieran a los deberes de los Diputados…”. (Art. 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo), los diputados resolvieron en sesión cerrada a la sociedad acerca de asuntos que forman parte de las preocupaciones del país entero.
La resolución, dada a conocer a través de una conferencia de prensa y declaraciones posteriores a ella, tuvo como argumento central, para dar inicio al procedimiento, el de que existen actos cometidos por los jueces “que pudieran haber causado detrimento de la buena marcha del servicio público”. Expresada así la argumentación pudiéramos estar de acuerdo, entonces, con la determinación de iniciar el juicio político.
Sin embargo, los diputados debieron discutir si el acto que le da origen a todo el procedimiento es de la calidad que contemplan las normas legales y ahí aparece la duda más importante. Lo que mucha gente y, sobre todo, informadores y gobernantes han cuestionado fue el fallo de los jueces en el caso del asesinato de Ruby Frayre en el cual, ahora sabemos, los diputados tienen serias sospechas acerca de la conducta de los juzgadores y que tal comportamiento –el fallo de un solo caso judicial- dio lugar a un serio quebrantamiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La voz popular, a la que ahora tanto se atiende, informada no de la mejor manera, asienta que los jueces declararon inocente a un acusado confeso y que, por tanto, los jueces deberán ser enjuiciados y, peor aún, sin haber dado inicio a un juicio, declarados culpables de no sabemos cuántos delitos.
Pero si el Congreso resolvió iniciar el juicio político con base solamente en ese argumento, entonces sí podremos empezar a temblar porque el sistema legal y judicial en el país establece que un fallo de los jueces sobre un asunto puede ser revisado por una instancia superior. Lo que sí sucedió en el presente caso pues un Tribunal de Casación encontró culpable a Sergio Barraza del delito de homicidio y lo sentenció a 50 años de prisión. Pero lo enjuició ¡En ausencia!
Más aún, de haber obrado mal en dicho juicio, el Supremo Tribunal de Justicia era la instancia adecuada para conocer del caso, investigar, oír a los jueces y resolver sobre el asunto. Y si los encontrara culpables de la comisión de alguna irregularidad, sancionarlos.
Pero de ahí a que por la sentencia de un caso, el Poder Legislativo inicie el juicio político es entrar a terrenos de la incompetencia legal y, entonces, asistiremos en los próximos días a la muy previsible obtención, por los jueces, de un amparo y que en la resolución definitiva el Poder Judicial Federal le ordenará al Congreso del Estado el no dar trámite al juicio político y al Poder Judicial de Chihuahua restituir con todos sus derechos y obligaciones, así como sus emolumentos a los jueces hoy victimados ante la opinión pública.
Y tal ruta se constituirá en un agravio más al Estado de Derecho en Chihuahua pues significará que, en aras de presentar soluciones y resultados inmediatos, se incurre en excesos que pueden llegar a ser verdaderas violaciones legales.
Y si no, que le pregunten al defensor de los jueces, quien ha expresado públicamente que pueden llegar hasta la solicitud –ante el Congreso de la Unión- del establecimiento de juicio político ¡A los diputados locales! Por haber violado la jurisprudencia que para el caso esgrimen, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la prohibición expresa, que para casos como el ahora comentado no se puede entablar juicio político a los juzgadores.
Pero no es todo.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
¿Qué discutieron los diputados locales el martes pasado, en la sesión privada en la que resolvieron iniciar el juicio político en contra de los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib?
¿Habrán discutido si las razones esgrimidas por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, eran las suficientes para iniciar tal procedimiento?
Imposible saberlo ahora, seguramente con los días podremos acceder a las versiones estenográficas y quizá al video de tan memorable sesión –quiera Dios y María Santísima que así sea- pero ahora solamente podremos especular sobre las probables razones esgrimidas por unos y otros y sobre todo a partir de las declaraciones que diversos legisladores han emitido.
Basados en una anacrónica regulación que obliga a darles carácter “privado” a las sesiones “I. Cuando se presenten acusaciones en contra de los servidores públicos que gozan de fuero constitucional, así como de solicitud de declaración de procedencia formulada por la autoridad competente… III. Cuando se traten los asuntos que tengan por objeto la organización interna del Congreso, los relativos a los asuntos económicos de éste, así como los que se refieran a los deberes de los Diputados…”. (Art. 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo), los diputados resolvieron en sesión cerrada a la sociedad acerca de asuntos que forman parte de las preocupaciones del país entero.
La resolución, dada a conocer a través de una conferencia de prensa y declaraciones posteriores a ella, tuvo como argumento central, para dar inicio al procedimiento, el de que existen actos cometidos por los jueces “que pudieran haber causado detrimento de la buena marcha del servicio público”. Expresada así la argumentación pudiéramos estar de acuerdo, entonces, con la determinación de iniciar el juicio político.
Sin embargo, los diputados debieron discutir si el acto que le da origen a todo el procedimiento es de la calidad que contemplan las normas legales y ahí aparece la duda más importante. Lo que mucha gente y, sobre todo, informadores y gobernantes han cuestionado fue el fallo de los jueces en el caso del asesinato de Ruby Frayre en el cual, ahora sabemos, los diputados tienen serias sospechas acerca de la conducta de los juzgadores y que tal comportamiento –el fallo de un solo caso judicial- dio lugar a un serio quebrantamiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La voz popular, a la que ahora tanto se atiende, informada no de la mejor manera, asienta que los jueces declararon inocente a un acusado confeso y que, por tanto, los jueces deberán ser enjuiciados y, peor aún, sin haber dado inicio a un juicio, declarados culpables de no sabemos cuántos delitos.
Pero si el Congreso resolvió iniciar el juicio político con base solamente en ese argumento, entonces sí podremos empezar a temblar porque el sistema legal y judicial en el país establece que un fallo de los jueces sobre un asunto puede ser revisado por una instancia superior. Lo que sí sucedió en el presente caso pues un Tribunal de Casación encontró culpable a Sergio Barraza del delito de homicidio y lo sentenció a 50 años de prisión. Pero lo enjuició ¡En ausencia!
Más aún, de haber obrado mal en dicho juicio, el Supremo Tribunal de Justicia era la instancia adecuada para conocer del caso, investigar, oír a los jueces y resolver sobre el asunto. Y si los encontrara culpables de la comisión de alguna irregularidad, sancionarlos.
Pero de ahí a que por la sentencia de un caso, el Poder Legislativo inicie el juicio político es entrar a terrenos de la incompetencia legal y, entonces, asistiremos en los próximos días a la muy previsible obtención, por los jueces, de un amparo y que en la resolución definitiva el Poder Judicial Federal le ordenará al Congreso del Estado el no dar trámite al juicio político y al Poder Judicial de Chihuahua restituir con todos sus derechos y obligaciones, así como sus emolumentos a los jueces hoy victimados ante la opinión pública.
Y tal ruta se constituirá en un agravio más al Estado de Derecho en Chihuahua pues significará que, en aras de presentar soluciones y resultados inmediatos, se incurre en excesos que pueden llegar a ser verdaderas violaciones legales.
Y si no, que le pregunten al defensor de los jueces, quien ha expresado públicamente que pueden llegar hasta la solicitud –ante el Congreso de la Unión- del establecimiento de juicio político ¡A los diputados locales! Por haber violado la jurisprudencia que para el caso esgrimen, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la prohibición expresa, que para casos como el ahora comentado no se puede entablar juicio político a los juzgadores.
Pero no es todo.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Prueba de fuego para el Congreso
El Diario, 11 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
El día de hoy será uno que recordarán por muchos años los integrantes del Poder Legislativo, deberán decidir acerca del enjuiciamiento de los jueces Carolina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, pero no solamente para los legisladores será una fecha emblemática, también para la entidad. Los diputados deberán resolver –o no abordar el asunto- acerca de la conducta judicial (y hay que enfatizar en tal sentido) de los jueces señalados.
Del desenlace de tal embrollo dependerá en grado sumo el desarrollo de varios temas, a cual más de importantes de la vida política, social y económica de Chihuahua.
En primer lugar, pone en el orden del día la discusión, no la justeza del nuevo sistema de justicia penal, aunque también, sino la vigencia de la división de poderes en nuestra entidad y la del Estado de Derecho.
Y es que, mudos hasta ayer, los jueces señalados, emitieron una serie de documentos, enviados tanto al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, como al Poder Legislativo en la que sostienen contundentes argumentos en los que desechan la intención de enjuiciarlos como los principales responsables del juicio de Sergio Barraza, acusado de ser el asesino de Ruby Frayre.
Los señalamientos de los jueces son severos: “El gobernador del Estado se está entrometiendo ya no sólo en asuntos administrativos o políticos del Poder Judicial, si no en el sentido de los fallos de los jueces. Ahora—dicen—todos quieren sentenciar, so pena de ser ‘encarcelados’ por el gobernador. (Nota de Patricia Mayorga, Omnia, 10/I/11).
Tajantes, señalan al Ministerio Público como la fuente de los errores, lo catalogan de inepto “para sustentar sus acusaciones” y advierten que de realizar ‘indebidamente el Juicio Político’, ellos ejercerán en toda su amplitud el derecho de audiencia y defensa, y una vez que sean legalmente notificados, acudirán al juicio de amparo, “y también acudiremos a instancias internacionales protectoras de las prerrogativas del ciudadano y específicamente de la independencia judicial, como son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en ese supuesto podríamos demostrarle al mundo que lamentablemente en nuestro estado no se respeta la independencia judicial ni los principios de división de poderes, y se juzga a los jueces con criterios políticos dados desde el Ejecutivo Estatal al Poder Legislativo de Chihuahua, en perjuicio de la justicia imparcial que debe impartirse”.
Más. “Se pretende iniciar ese procedimiento —a propuesta del señor gobernador y algunos diputados— para analizar la supuesta ilegalidad del fallo absolutorio mencionado, y sancionarnos con destitución, inhabilitación y penalmente, según se ha indicado en los medios de comunicación, y no obstante ello, recientemente el titular del Poder Ejecutivo declaró a varios medios de comunicación escrita que los diversos integrantes (3) del Tribunal de Juicio Oral que emitieron fallo absolutorio, igualmente serían suspendidos”.
Insistentes, y al parecer bien sustentadas sus argumentaciones, le piden al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso que antes de someter al legislativo la propuesta del juicio político “se tome en cuenta el presente escrito” en el que sustentan su defensa. Y vaya que tienen argumentos. Esgrimen varias tesis de jurisprudencia en las cuales, dicen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inviable que por fallos emitidos por los jueces se les pueda iniciar sendos juicios políticos para destituirlos, eso, argumentan, es permitir la violación de las facultades de un poder por el Ejecutivo.
Para motivar sus argumentos, adjuntan una jurisprudencia la que se basa en que “el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como prerrogativa de los Poderes Judiciales Estatales, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los tribunales resuelvan los conflictos que se someten a su conocimiento con total libertad de criterio, sin la injerencia de algún otro poder y sin relación de subordinación o dependencia de algún otro poder u órgano del Estado. De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial Local, al no respetarse los principios de autonomía, de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría facultades que no le corresponden. Y podrían incurrir en responsabilidad oficial y constitucional”.
De ese tamaño es la definición del día de hoy.
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Luis Javier Valero Flores
El día de hoy será uno que recordarán por muchos años los integrantes del Poder Legislativo, deberán decidir acerca del enjuiciamiento de los jueces Carolina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, pero no solamente para los legisladores será una fecha emblemática, también para la entidad. Los diputados deberán resolver –o no abordar el asunto- acerca de la conducta judicial (y hay que enfatizar en tal sentido) de los jueces señalados.
Del desenlace de tal embrollo dependerá en grado sumo el desarrollo de varios temas, a cual más de importantes de la vida política, social y económica de Chihuahua.
En primer lugar, pone en el orden del día la discusión, no la justeza del nuevo sistema de justicia penal, aunque también, sino la vigencia de la división de poderes en nuestra entidad y la del Estado de Derecho.
Y es que, mudos hasta ayer, los jueces señalados, emitieron una serie de documentos, enviados tanto al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, como al Poder Legislativo en la que sostienen contundentes argumentos en los que desechan la intención de enjuiciarlos como los principales responsables del juicio de Sergio Barraza, acusado de ser el asesino de Ruby Frayre.
Los señalamientos de los jueces son severos: “El gobernador del Estado se está entrometiendo ya no sólo en asuntos administrativos o políticos del Poder Judicial, si no en el sentido de los fallos de los jueces. Ahora—dicen—todos quieren sentenciar, so pena de ser ‘encarcelados’ por el gobernador. (Nota de Patricia Mayorga, Omnia, 10/I/11).
Tajantes, señalan al Ministerio Público como la fuente de los errores, lo catalogan de inepto “para sustentar sus acusaciones” y advierten que de realizar ‘indebidamente el Juicio Político’, ellos ejercerán en toda su amplitud el derecho de audiencia y defensa, y una vez que sean legalmente notificados, acudirán al juicio de amparo, “y también acudiremos a instancias internacionales protectoras de las prerrogativas del ciudadano y específicamente de la independencia judicial, como son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en ese supuesto podríamos demostrarle al mundo que lamentablemente en nuestro estado no se respeta la independencia judicial ni los principios de división de poderes, y se juzga a los jueces con criterios políticos dados desde el Ejecutivo Estatal al Poder Legislativo de Chihuahua, en perjuicio de la justicia imparcial que debe impartirse”.
Más. “Se pretende iniciar ese procedimiento —a propuesta del señor gobernador y algunos diputados— para analizar la supuesta ilegalidad del fallo absolutorio mencionado, y sancionarnos con destitución, inhabilitación y penalmente, según se ha indicado en los medios de comunicación, y no obstante ello, recientemente el titular del Poder Ejecutivo declaró a varios medios de comunicación escrita que los diversos integrantes (3) del Tribunal de Juicio Oral que emitieron fallo absolutorio, igualmente serían suspendidos”.
Insistentes, y al parecer bien sustentadas sus argumentaciones, le piden al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso que antes de someter al legislativo la propuesta del juicio político “se tome en cuenta el presente escrito” en el que sustentan su defensa. Y vaya que tienen argumentos. Esgrimen varias tesis de jurisprudencia en las cuales, dicen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inviable que por fallos emitidos por los jueces se les pueda iniciar sendos juicios políticos para destituirlos, eso, argumentan, es permitir la violación de las facultades de un poder por el Ejecutivo.
Para motivar sus argumentos, adjuntan una jurisprudencia la que se basa en que “el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como prerrogativa de los Poderes Judiciales Estatales, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los tribunales resuelvan los conflictos que se someten a su conocimiento con total libertad de criterio, sin la injerencia de algún otro poder y sin relación de subordinación o dependencia de algún otro poder u órgano del Estado. De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial Local, al no respetarse los principios de autonomía, de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría facultades que no le corresponden. Y podrían incurrir en responsabilidad oficial y constitucional”.
De ese tamaño es la definición del día de hoy.
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domingo, 9 de enero de 2011
Inminente regreso del chivo expiatorio
El Diario, 9 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Nada más contraproducente que fabricar o reformar leyes para salir de las angustias del momento, más lo es si se efectúa alrededor de una crisis de seguridad pública de la severidad que ahora padecemos.
Hagámonos la pregunta ¿Los elevados índices de delincuencia, homicidios e impunidad hoy padecidos tienen su origen en el nuevo sistema de justicia penal? A la respuesta afirmativa deberemos confrontarla con los elevados índices presentados en el mismo sentido en entidades en las cuales aún se mantiene el viejo sistema de justicia penal. Y en el país, que acumula lo presentado en las entidades en las que los índices no son de la envergadura de los estados líderes en tan negras estadísticas. Así, independientemente del sistema de justicia penal, estos elevados índices abarcan –al país en primer lugar– lo mismo a entidades como el nuestro, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, etc.
Y si en la contra argumentación se sostiene que Chihuahua aporta la tercera parte de las ejecuciones, deberemos ubicarnos en la triste realidad de la situación geográfica de nuestra tierra, que le otorga una descomunal importancia en el tráfico de drogas, mercancías, vehículos, personas, armas y dinero.
Que las lagunas jurídicas son extensas, ni duda cabe, pero en las últimas semanas ha crecido ostensiblemente la corriente de opinión que tiene como eje central el de otorgarle a la confesión de los acusados el mayor de los valores en los juicios.
Y así actúan, por desgracia, los agrupamientos federales, trátese del Ejército o de la Policía Federal y la PGR. Tienen metida en la cabeza la peregrina idea de que si declaran los detenidos y así los presentan ante el Ministerio Público ya cumplieron con sus obligaciones. Están completamente equivocados, las detenciones, en la mayor parte de los casos, las han efectuado sin orden de aprehensión, sin orden de cateo, fuera de los tiempos de flagrancia y al momento de detener a los presuntos, en lugar de cumplir con la ley –que establece la obligación de presentarlos, de inmediato a la autoridad competente (PGR o Fiscalía General) – los llevan a las instalaciones militares o casas de seguridad de las policías federales, graban los interrogatorios realizados –no siempre con los mejores métodos–; luego los presentan ante los medios de comunicación y sólo hasta entonces los entregan al Ministerio Público. Y en el colmo de las irregularidades, los agentes de esta dependencia sólo presentan a los jueces los videos de los interrogatorios efectuados por fuera de la norma legal.
Así, al paso de unos meses, los medios de comunicación dan cuenta de la liberación de algunos acusados de ser multihomicidas, quienes fueron presentados pomposamente con esa calidad por las fuerzas federales y el gran público se queda con la idea de que los jueces son una punta de corruptos por dejar en libertad a tan grandes y malvados malandros.
Por desgracia, las confesiones así obtenidas reviven las viejas prácticas del pasado en Chihuahua ¿Recuerdan cuando éramos la mejor fábrica de chivos expiatorios, cuando aquella ola feminicida? Bueno, pues en la práctica la mayoría de esos crímenes quedaron sin castigo; durante años debimos asistir a la lucha de quienes fueron acusados sin bases y que al final quedaran libres después de años de prisión. Aunque Latif Sharif y Gustavo González Meza ya no lo pudieron hacer, pues murieron en prisión, ambos acusados de haber asesinado a decenas de mujeres, sin que las autoridades pudiesen demostrárselos.
Y es que para el colmo de quienes deberán iniciar el procedimiento del juicio político a los jueces exoneradores de Sergio Barraza, el miércoles –para Ripley– los jueces sustitutos de Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, (que habían emitido un fallo exonerador a Sergio Barraza), Aram Delgado García, Carlos Martínez García y Juan Javier Cornejo Páez, “encontraron inocentes a tres presuntos multihomicidas pues desecharon como prueba un video grabado durante el proceso de la investigación y en el cual supuestamente los sospechosos declaraban haber cometido dos ejecuciones en septiembre del 2009”. (Nota del Staff, El Diario, 6/1/11)
“… Archivos periodísticos indican que al iniciarse ese proceso penal los acusados denunciaron haber sido víctimas de tortura en el cuartel militar, donde fue tomada la video grabación rechazada por el Tribunal”.
Así lo dijeron los acusados: “Los soldados nos quitaron la ropa, nos mojaron y nos pusieron la chicharra, también una bolsa de plástico en la cara, nos dijeron que teníamos que decir lo que ellos querían y firmar unas hojas porque no les importaba matarnos”.
Bueno, pues el Ministerio Público no aportó más pruebas en el juicio que el video mencionado y, por supuesto, los jueces lo desecharon por ilegal a todas luces, con la reforma penal, sin ella y a pesar de ella. ¿A quién se le ocurre hacernos pasar como verdades legales semejantes bodrios?
Bueno, pues ahora resulta que otro tribunal, con los mismos elementos, es decir, un video de declaraciones efectuadas por estos presuntos sicarios los encontró culpables de homicidios.
¿Cuál es la verdad? Con los elementos a la mano, imposible saberlo. Los detenidos pueden ser responsables de mil crímenes pero no podemos basarnos solamente en su confesión pues todos sabemos, o intuimos las condiciones en las que se obtienen declaraciones autoinculpatorias.
Más aún, algunas versiones sostienen que, con base en las reformas al Código de Procedimientos Penales, aprobadas en enero de 2010, las declaraciones de los imputados, es decir la confesión, podrían admitirse, ya, en los juicios orales.
Pues… está muy discutible tal versión, vayamos al texto:
“Artículo 363. Lectura de declaraciones anteriores en la audiencia de debate de juicio oral.
Podrán introducirse al juicio oral, previa su lectura o reproducción, los registros en que constaren anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o imputados, cuando:
…
V. Se trate de registros o dictámenes que todas las partes acuerden incorporar al juicio, con aprobación del Tribunal.
… VII. Se trate de registros donde conste la declaración del imputado prestada de conformidad con las reglas pertinentes ante el Ministerio Público o Juzgador, sin perjuicio de que declare en el juicio”.
¿A qué se refiere la ley con eso de las reglas pertinentes?
El artículo 133 del mismo código lo establece: “… En todos los casos, la declaración del imputado sólo tendrá validez si es prestada voluntariamente ante el Ministerio Público o un Juez y asistido por su defensor. La confesión rendida sin la asistencia de defensor carecerá de todo valor probatorio”.
De ese modo, las declaraciones ofrecidas en las instalaciones militares, o en cualquier otro lugar, si no son voluntarias, si no está presente el defensor, no podrán ser usadas en los juicios, aun cuando sea un retroceso que se consideren las declaraciones autoinculpatorias.
En el colmo de la desfachatez, al abordar la posibilidad de que ese tipo de declaraciones recuperen el valor de antes de la reforma penal y se apliquen en varios de los juicios a celebrar en las próximas semanas, el coordinador de la defensoría pública del distrito judicial Bravos, Vicente Bustillos, afirmó que “Esa es la pretensión de la reforma al 363, que las declaraciones que ellos rindieron ante el órgano investigador pasen a juicio oral. Así están otros casos que traen diferentes defensores”.
Es decir, palabras menos, palabras más, retomar como eje central de sus alegatos la confesión de los inculpados. No podría plantearse mejor el regreso al pasado.
El problema estriba en que si se acepta tal regresión volveremos a las condiciones del pasado, vamos, ahora mismo ya nos han presentado a los autores de más de 2 mil 500 crímenes, ante las cámaras y micrófonos, y a pesar de todo las cifras homicidas aumentan exponencialmente.
Claro, los acusan de ser los multihomicidas –no sabemos si lo sean en realidad– solamente con base en sus declaraciones.
¿Estará de regreso la malhadada frase de “a confesión de parte, relevo de pruebas”?
Mal haremos, regresaremos a los “éxitos” judiciales sin que la realidad cambie.
Luis Javier Valero Flores
Nada más contraproducente que fabricar o reformar leyes para salir de las angustias del momento, más lo es si se efectúa alrededor de una crisis de seguridad pública de la severidad que ahora padecemos.
Hagámonos la pregunta ¿Los elevados índices de delincuencia, homicidios e impunidad hoy padecidos tienen su origen en el nuevo sistema de justicia penal? A la respuesta afirmativa deberemos confrontarla con los elevados índices presentados en el mismo sentido en entidades en las cuales aún se mantiene el viejo sistema de justicia penal. Y en el país, que acumula lo presentado en las entidades en las que los índices no son de la envergadura de los estados líderes en tan negras estadísticas. Así, independientemente del sistema de justicia penal, estos elevados índices abarcan –al país en primer lugar– lo mismo a entidades como el nuestro, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, etc.
Y si en la contra argumentación se sostiene que Chihuahua aporta la tercera parte de las ejecuciones, deberemos ubicarnos en la triste realidad de la situación geográfica de nuestra tierra, que le otorga una descomunal importancia en el tráfico de drogas, mercancías, vehículos, personas, armas y dinero.
Que las lagunas jurídicas son extensas, ni duda cabe, pero en las últimas semanas ha crecido ostensiblemente la corriente de opinión que tiene como eje central el de otorgarle a la confesión de los acusados el mayor de los valores en los juicios.
Y así actúan, por desgracia, los agrupamientos federales, trátese del Ejército o de la Policía Federal y la PGR. Tienen metida en la cabeza la peregrina idea de que si declaran los detenidos y así los presentan ante el Ministerio Público ya cumplieron con sus obligaciones. Están completamente equivocados, las detenciones, en la mayor parte de los casos, las han efectuado sin orden de aprehensión, sin orden de cateo, fuera de los tiempos de flagrancia y al momento de detener a los presuntos, en lugar de cumplir con la ley –que establece la obligación de presentarlos, de inmediato a la autoridad competente (PGR o Fiscalía General) – los llevan a las instalaciones militares o casas de seguridad de las policías federales, graban los interrogatorios realizados –no siempre con los mejores métodos–; luego los presentan ante los medios de comunicación y sólo hasta entonces los entregan al Ministerio Público. Y en el colmo de las irregularidades, los agentes de esta dependencia sólo presentan a los jueces los videos de los interrogatorios efectuados por fuera de la norma legal.
Así, al paso de unos meses, los medios de comunicación dan cuenta de la liberación de algunos acusados de ser multihomicidas, quienes fueron presentados pomposamente con esa calidad por las fuerzas federales y el gran público se queda con la idea de que los jueces son una punta de corruptos por dejar en libertad a tan grandes y malvados malandros.
Por desgracia, las confesiones así obtenidas reviven las viejas prácticas del pasado en Chihuahua ¿Recuerdan cuando éramos la mejor fábrica de chivos expiatorios, cuando aquella ola feminicida? Bueno, pues en la práctica la mayoría de esos crímenes quedaron sin castigo; durante años debimos asistir a la lucha de quienes fueron acusados sin bases y que al final quedaran libres después de años de prisión. Aunque Latif Sharif y Gustavo González Meza ya no lo pudieron hacer, pues murieron en prisión, ambos acusados de haber asesinado a decenas de mujeres, sin que las autoridades pudiesen demostrárselos.
Y es que para el colmo de quienes deberán iniciar el procedimiento del juicio político a los jueces exoneradores de Sergio Barraza, el miércoles –para Ripley– los jueces sustitutos de Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, (que habían emitido un fallo exonerador a Sergio Barraza), Aram Delgado García, Carlos Martínez García y Juan Javier Cornejo Páez, “encontraron inocentes a tres presuntos multihomicidas pues desecharon como prueba un video grabado durante el proceso de la investigación y en el cual supuestamente los sospechosos declaraban haber cometido dos ejecuciones en septiembre del 2009”. (Nota del Staff, El Diario, 6/1/11)
“… Archivos periodísticos indican que al iniciarse ese proceso penal los acusados denunciaron haber sido víctimas de tortura en el cuartel militar, donde fue tomada la video grabación rechazada por el Tribunal”.
Así lo dijeron los acusados: “Los soldados nos quitaron la ropa, nos mojaron y nos pusieron la chicharra, también una bolsa de plástico en la cara, nos dijeron que teníamos que decir lo que ellos querían y firmar unas hojas porque no les importaba matarnos”.
Bueno, pues el Ministerio Público no aportó más pruebas en el juicio que el video mencionado y, por supuesto, los jueces lo desecharon por ilegal a todas luces, con la reforma penal, sin ella y a pesar de ella. ¿A quién se le ocurre hacernos pasar como verdades legales semejantes bodrios?
Bueno, pues ahora resulta que otro tribunal, con los mismos elementos, es decir, un video de declaraciones efectuadas por estos presuntos sicarios los encontró culpables de homicidios.
¿Cuál es la verdad? Con los elementos a la mano, imposible saberlo. Los detenidos pueden ser responsables de mil crímenes pero no podemos basarnos solamente en su confesión pues todos sabemos, o intuimos las condiciones en las que se obtienen declaraciones autoinculpatorias.
Más aún, algunas versiones sostienen que, con base en las reformas al Código de Procedimientos Penales, aprobadas en enero de 2010, las declaraciones de los imputados, es decir la confesión, podrían admitirse, ya, en los juicios orales.
Pues… está muy discutible tal versión, vayamos al texto:
“Artículo 363. Lectura de declaraciones anteriores en la audiencia de debate de juicio oral.
Podrán introducirse al juicio oral, previa su lectura o reproducción, los registros en que constaren anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o imputados, cuando:
…
V. Se trate de registros o dictámenes que todas las partes acuerden incorporar al juicio, con aprobación del Tribunal.
… VII. Se trate de registros donde conste la declaración del imputado prestada de conformidad con las reglas pertinentes ante el Ministerio Público o Juzgador, sin perjuicio de que declare en el juicio”.
¿A qué se refiere la ley con eso de las reglas pertinentes?
El artículo 133 del mismo código lo establece: “… En todos los casos, la declaración del imputado sólo tendrá validez si es prestada voluntariamente ante el Ministerio Público o un Juez y asistido por su defensor. La confesión rendida sin la asistencia de defensor carecerá de todo valor probatorio”.
De ese modo, las declaraciones ofrecidas en las instalaciones militares, o en cualquier otro lugar, si no son voluntarias, si no está presente el defensor, no podrán ser usadas en los juicios, aun cuando sea un retroceso que se consideren las declaraciones autoinculpatorias.
En el colmo de la desfachatez, al abordar la posibilidad de que ese tipo de declaraciones recuperen el valor de antes de la reforma penal y se apliquen en varios de los juicios a celebrar en las próximas semanas, el coordinador de la defensoría pública del distrito judicial Bravos, Vicente Bustillos, afirmó que “Esa es la pretensión de la reforma al 363, que las declaraciones que ellos rindieron ante el órgano investigador pasen a juicio oral. Así están otros casos que traen diferentes defensores”.
Es decir, palabras menos, palabras más, retomar como eje central de sus alegatos la confesión de los inculpados. No podría plantearse mejor el regreso al pasado.
El problema estriba en que si se acepta tal regresión volveremos a las condiciones del pasado, vamos, ahora mismo ya nos han presentado a los autores de más de 2 mil 500 crímenes, ante las cámaras y micrófonos, y a pesar de todo las cifras homicidas aumentan exponencialmente.
Claro, los acusan de ser los multihomicidas –no sabemos si lo sean en realidad– solamente con base en sus declaraciones.
¿Estará de regreso la malhadada frase de “a confesión de parte, relevo de pruebas”?
Mal haremos, regresaremos a los “éxitos” judiciales sin que la realidad cambie.
jueves, 6 de enero de 2011
Juicio político. Transparentar a las instituciones
El Diario, 6 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
La aprobación de la celebración de un período extraordinario del Congreso del Estado para someter a juicio político a los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, por haber absuelto a Sergio Barraza Bocanegra, acusado de ser el asesino de Rubí Marisol Freyre Escobedo, hija de Marisela Escobedo, ésta última asesinada a las puertas de Palacio de Gobierno el pasado 16 de diciembre, puede ser el primer paso de un esperado y muy reclamado proceso de por hacer transparente este caso, que vino a develar la gravísima crisis de las instituciones de procuración y aplicación de justicia en Chihuahua.
No se trata, como sostienen muchos, de un caso cuyo mal manejo tenga como origen el nuevo sistema de justicia penal. Con el actual, con el anterior, con cualquiera que tuviéramos, este caso es representativo de la deplorable situación en la que nos encontramos y en la cual, casi con toda seguridad, los jueces ahora cuasi linchados saldrán exonerados de los cargos imputados mediáticamente por distintas autoridades e integrantes de los medios de comunicación.
Se trata de una verdadera prueba de fuego para el nuevo grupo gobernante, pueden, con la mayoría congresual en su poder aprobar sin más trámite el desafuero de los jueces, pero flaco favor le harán a la limpieza de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de justicia si tal cosa hiciesen y en nada ayudaría a la recuperación de la confianza ciudadana en ellas.
Si, por el contrario, efectúan un proceso abierto al público y en el cual, sin prejuicios, enjuicien a los jueces (vaya cosas, hasta parece redundante) y su fallo esté sustentado en el marco del Estado de derecho y no en el acatamiento de una consigna y, por su parte, desde el Gobierno del Estado no se emite ninguna, en ningún sentido y, además, se ordena el inicio de una investigación del caso (como de hecho las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres [CEDEHM] ha informado del establecimiento de una comisión interinstitucional cuyas resoluciones, señalan, no se han acatado) tal y como anunció ayer el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, que se pondrá en marcha sobre los funcionarios del Ministerio Público involucrados en el caso que más reflectores ha traído sobre Chihuahua en todo el 2010, por encima, incluso, que las masacres más resonantes acaecidas a lo largo de esta larga noche de sangre y violencia abatida sobre Chihuahua.
Ese es el gran reto para el grupo gobernante, pero para los partidos de oposición, y especialmente para el PAN, el mayor de ellos no lo es menor. En ese papel deberán mostrarnos que pueden actuar (igual que el PRI y sus diputados) sin partidarismos y en la intención de contribuir al aireamiento de las instituciones de justicia.
Más aún, deberemos recuperar el ánimo tolerante para las diversas manifestaciones de protesta y queja de los chihuahuenses, iniciar el camino –que creímos ya ido- de las descalificaciones hacia las organizaciones no gubernamentales, especialmente las derechohumanistas, es clarísimo signo de un retroceso en Chihuahua que no podemos aceptar –y en esta materia sí podemos ser intolerantes, no debemos aceptar las expresiones de intolerancia hacia las manifestaciones ciudadanas-, especialmente porque en nuestra entidad –y no fue una casualidad- se originaron las primeras organizaciones de ese tipo y cuya actividad, y las de decenas, miles de ellas, y las de la sociedad mexicana, hicieron posible la disminución de las violaciones a los derechos humanos.
Vamos, en la sesión de la Diputación Permanente se escucharon discursos que parecían de los fines de los 70’s y principios de los 80’s (y en nuestro estado a lo largo de la década de los 90’s) en los cuales, para descalificar a las organizaciones derechohumanistas se recurría al argumento de estar subvencionadas por el extranjero ¡Incluso por la CIA!
¡Válgame Dios, adonde habremos ido a parar!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
La aprobación de la celebración de un período extraordinario del Congreso del Estado para someter a juicio político a los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, por haber absuelto a Sergio Barraza Bocanegra, acusado de ser el asesino de Rubí Marisol Freyre Escobedo, hija de Marisela Escobedo, ésta última asesinada a las puertas de Palacio de Gobierno el pasado 16 de diciembre, puede ser el primer paso de un esperado y muy reclamado proceso de por hacer transparente este caso, que vino a develar la gravísima crisis de las instituciones de procuración y aplicación de justicia en Chihuahua.
No se trata, como sostienen muchos, de un caso cuyo mal manejo tenga como origen el nuevo sistema de justicia penal. Con el actual, con el anterior, con cualquiera que tuviéramos, este caso es representativo de la deplorable situación en la que nos encontramos y en la cual, casi con toda seguridad, los jueces ahora cuasi linchados saldrán exonerados de los cargos imputados mediáticamente por distintas autoridades e integrantes de los medios de comunicación.
Se trata de una verdadera prueba de fuego para el nuevo grupo gobernante, pueden, con la mayoría congresual en su poder aprobar sin más trámite el desafuero de los jueces, pero flaco favor le harán a la limpieza de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de justicia si tal cosa hiciesen y en nada ayudaría a la recuperación de la confianza ciudadana en ellas.
Si, por el contrario, efectúan un proceso abierto al público y en el cual, sin prejuicios, enjuicien a los jueces (vaya cosas, hasta parece redundante) y su fallo esté sustentado en el marco del Estado de derecho y no en el acatamiento de una consigna y, por su parte, desde el Gobierno del Estado no se emite ninguna, en ningún sentido y, además, se ordena el inicio de una investigación del caso (como de hecho las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres [CEDEHM] ha informado del establecimiento de una comisión interinstitucional cuyas resoluciones, señalan, no se han acatado) tal y como anunció ayer el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, que se pondrá en marcha sobre los funcionarios del Ministerio Público involucrados en el caso que más reflectores ha traído sobre Chihuahua en todo el 2010, por encima, incluso, que las masacres más resonantes acaecidas a lo largo de esta larga noche de sangre y violencia abatida sobre Chihuahua.
Ese es el gran reto para el grupo gobernante, pero para los partidos de oposición, y especialmente para el PAN, el mayor de ellos no lo es menor. En ese papel deberán mostrarnos que pueden actuar (igual que el PRI y sus diputados) sin partidarismos y en la intención de contribuir al aireamiento de las instituciones de justicia.
Más aún, deberemos recuperar el ánimo tolerante para las diversas manifestaciones de protesta y queja de los chihuahuenses, iniciar el camino –que creímos ya ido- de las descalificaciones hacia las organizaciones no gubernamentales, especialmente las derechohumanistas, es clarísimo signo de un retroceso en Chihuahua que no podemos aceptar –y en esta materia sí podemos ser intolerantes, no debemos aceptar las expresiones de intolerancia hacia las manifestaciones ciudadanas-, especialmente porque en nuestra entidad –y no fue una casualidad- se originaron las primeras organizaciones de ese tipo y cuya actividad, y las de decenas, miles de ellas, y las de la sociedad mexicana, hicieron posible la disminución de las violaciones a los derechos humanos.
Vamos, en la sesión de la Diputación Permanente se escucharon discursos que parecían de los fines de los 70’s y principios de los 80’s (y en nuestro estado a lo largo de la década de los 90’s) en los cuales, para descalificar a las organizaciones derechohumanistas se recurría al argumento de estar subvencionadas por el extranjero ¡Incluso por la CIA!
¡Válgame Dios, adonde habremos ido a parar!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Otra irresponsabilidad, los salarios de los policías
El Diario, 4 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
El anuncio del alcalde chihuahuense, Marco Adán Quezada, de elevar en hasta el 67% el salario a los policías municipales de la capital del estado, para que los ingresos de 245 elementos pasaran de 5 mil 850 pesos a 9 mil 822, ilustra la gravedad de la irresponsabilidad de quienes han dirigido las administraciones municipales, estatales y federales quienes han expresado que “con todo” van contra la delincuencia.
Pues sí, con todo pero con policías mal pagados.
Unas cuantas semanas antes del término de la gestión municipal de Reyes Ferriz en Juárez, solicitó que se les otorgara la base a alrededor de mil 200 elementos de la policía municipal. Esto es, quienes habían sido seleccionados y formados en las instalaciones militares y recibido adiestramiento especializado, durante más de diez meses laboraron como si fueran jornaleros, sin ninguna prestación laboral y arriesgando todos los días su vida.
¿Así, cómo enfrentar a la delincuencia organizada?
Los aumentos salariales ordenados por Quezada reflejan la indolencia y falta de voluntad política de quienes lo antecedieron en el cargo y explican el inusitado incremento de todos los índices delictivos que son responsabilidad de las policías municipales.
¿Cómo es posible que un policía municipal reciba 5 mil pesos de salario al mes, apenas unos pesos por encima de los devengados quienes laboran en la industria maquiladora?
El menosprecio a los trabajadores más humildes se da en todos los niveles, no hace mucho que se anunció –probablemente hace dos años-, en el ámbito federal, el incremento de los salarios de los soldados rasos. Sus ingresos pasaron de los 4 mil a los 6 mil pesos y no hace mucho, al dar a conocer Genaro García Luna, flamante Secretario de Seguridad Pública Federal, su proyecto de la creación de la policía única, anunció que los salarios sería de 9 mil pesos para los policías de base y de 12 mil para los oficiales.
¡Ah, pero eso sí, el bono de “riesgo” con el que se benefician a más de mil funcionarios federales supera en todos los casos el millón de pesos! ¡Y los receptores de tal bono incluyen a los más variados funcionarios cuyas tareas revisten grados de extremo riesgo como, por ejemplo, el encargado de comunicación social de la presidencia de la república!
¡Ah, y Felipe Calderón recibe el suyo, cuyo monto supera la disminución de su salario, tan pomposamente anunciado el año pasado!
Con la medida anunciada por Marco Quezada, los oficiales de la policía ganarán 18 mil 754 pesos, los suboficiales 16 mil 663 pesos; los elementos con grado de primero pasarán a los 15 mil 512 pesos, los policías segundo, aumentarán su salario a 12 mil 152 pesos mensuales y los policías con grado de tercero, percibirán 11 mil 700 pesos.
Cambiar los conceptos alrededor de la seguridad pública implica, también, todo lo referente a las prestaciones laborales de quienes integran las policías municipales, no podemos aspirar a contar con cuerpos profesionalizados si los niveles salariales son ínfimos y si no se reglamenta, por ejemplo, todo lo referente a los seguros de vida de estos empleados públicos que, cuando alguno de ellos es asesinado, los cabildos deben discutir si se le otorga o no a sus deudos el beneficio económico de un seguro de vida.
Todos nos quejamos de los elevados niveles de corrupción de los cuerpos policiales pero muy pocos gobernantes ponen el acento en los salarios y prestaciones de quienes arriesgan la vida en defensa de la sociedad.
Y vaya que así es. De acuerdo con la información obtenida por la reportera Luz del Carmen Sosa (El Diario, 31/12/10), en 2010, 149 elementos de las diferentes corporaciones policiacas perdieron la vida en ese infierno en que se convirtió Juárez, con lo que se superó la cifra del año anterior cuando fueron victimados 67 policías.
En el recuento de Sosa, las víctimas fueron 67 elementos de la policía municipal, 5 agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), “4 del Cereso municipal, 2 del Cereso estatal, 11 de la Cipol, 14 de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Además de los 35 oficiales de la Policía Federal, 3 Agentes Estatales, una subprocuradora, 3 agentes de Ministerio Público y 3 peritos”.
Y todavía se les regatean prebendas laborales tales como un salario remunerador.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
El anuncio del alcalde chihuahuense, Marco Adán Quezada, de elevar en hasta el 67% el salario a los policías municipales de la capital del estado, para que los ingresos de 245 elementos pasaran de 5 mil 850 pesos a 9 mil 822, ilustra la gravedad de la irresponsabilidad de quienes han dirigido las administraciones municipales, estatales y federales quienes han expresado que “con todo” van contra la delincuencia.
Pues sí, con todo pero con policías mal pagados.
Unas cuantas semanas antes del término de la gestión municipal de Reyes Ferriz en Juárez, solicitó que se les otorgara la base a alrededor de mil 200 elementos de la policía municipal. Esto es, quienes habían sido seleccionados y formados en las instalaciones militares y recibido adiestramiento especializado, durante más de diez meses laboraron como si fueran jornaleros, sin ninguna prestación laboral y arriesgando todos los días su vida.
¿Así, cómo enfrentar a la delincuencia organizada?
Los aumentos salariales ordenados por Quezada reflejan la indolencia y falta de voluntad política de quienes lo antecedieron en el cargo y explican el inusitado incremento de todos los índices delictivos que son responsabilidad de las policías municipales.
¿Cómo es posible que un policía municipal reciba 5 mil pesos de salario al mes, apenas unos pesos por encima de los devengados quienes laboran en la industria maquiladora?
El menosprecio a los trabajadores más humildes se da en todos los niveles, no hace mucho que se anunció –probablemente hace dos años-, en el ámbito federal, el incremento de los salarios de los soldados rasos. Sus ingresos pasaron de los 4 mil a los 6 mil pesos y no hace mucho, al dar a conocer Genaro García Luna, flamante Secretario de Seguridad Pública Federal, su proyecto de la creación de la policía única, anunció que los salarios sería de 9 mil pesos para los policías de base y de 12 mil para los oficiales.
¡Ah, pero eso sí, el bono de “riesgo” con el que se benefician a más de mil funcionarios federales supera en todos los casos el millón de pesos! ¡Y los receptores de tal bono incluyen a los más variados funcionarios cuyas tareas revisten grados de extremo riesgo como, por ejemplo, el encargado de comunicación social de la presidencia de la república!
¡Ah, y Felipe Calderón recibe el suyo, cuyo monto supera la disminución de su salario, tan pomposamente anunciado el año pasado!
Con la medida anunciada por Marco Quezada, los oficiales de la policía ganarán 18 mil 754 pesos, los suboficiales 16 mil 663 pesos; los elementos con grado de primero pasarán a los 15 mil 512 pesos, los policías segundo, aumentarán su salario a 12 mil 152 pesos mensuales y los policías con grado de tercero, percibirán 11 mil 700 pesos.
Cambiar los conceptos alrededor de la seguridad pública implica, también, todo lo referente a las prestaciones laborales de quienes integran las policías municipales, no podemos aspirar a contar con cuerpos profesionalizados si los niveles salariales son ínfimos y si no se reglamenta, por ejemplo, todo lo referente a los seguros de vida de estos empleados públicos que, cuando alguno de ellos es asesinado, los cabildos deben discutir si se le otorga o no a sus deudos el beneficio económico de un seguro de vida.
Todos nos quejamos de los elevados niveles de corrupción de los cuerpos policiales pero muy pocos gobernantes ponen el acento en los salarios y prestaciones de quienes arriesgan la vida en defensa de la sociedad.
Y vaya que así es. De acuerdo con la información obtenida por la reportera Luz del Carmen Sosa (El Diario, 31/12/10), en 2010, 149 elementos de las diferentes corporaciones policiacas perdieron la vida en ese infierno en que se convirtió Juárez, con lo que se superó la cifra del año anterior cuando fueron victimados 67 policías.
En el recuento de Sosa, las víctimas fueron 67 elementos de la policía municipal, 5 agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), “4 del Cereso municipal, 2 del Cereso estatal, 11 de la Cipol, 14 de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Además de los 35 oficiales de la Policía Federal, 3 Agentes Estatales, una subprocuradora, 3 agentes de Ministerio Público y 3 peritos”.
Y todavía se les regatean prebendas laborales tales como un salario remunerador.
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2010, el año de la crisis institucional
El Diario, 2 de enero de 2011
Luis Javier Valero Flores
¿A dónde nos envió el año recién terminado? ¿Podemos decir válidamente que lo vivido en los últimos tres años es apenas un episodio, ruin, dantesco, pero al fin y al cabo, superable con algunas medidas y el paso del tiempo? ¿Podrán, quienes así se lo han impuesto, empeñar sus esfuerzos en alcanzar el sueño de una sociedad mucho más democrática que la actual? ¿Estamos, como sociedad, en un nivel tal que podamos aspirar a elevar los marcos democráticos (y por supuesto, en ese concepto van incluidos, los estándares de vida) o apenas deberemos emplearnos en regresar a la situación previa a diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón inició su “guerra” en contra del narcotráfico?
Para algunos, por lo menos en regiones como Chihuahua, la etapa en la que nos encontramos es de tal degradación social que luchamos por sobrevivir como sociedad antes de ser tragados por la barbarie que todo lo devora, todo lo alcanza y cuya fuerza crece en tal medida que nos lleva a la desesperación y a las conclusiones pesimistas pues no se atisba, siquiera, la superación de la actual situación.
Es de tal magnitud la crisis de las instituciones (Ay López Obrador, cómo se te recuerda en una de tus más famosas frases –váyanse al diablo con sus instituciones-, cuando el sentido de tal expresión era el de demostrar que existía una profunda, gravísima crisis institucional) particularmente de las encargadas de la procuración y aplicación de la justicia –pero no solo- a las que la situación se les ha ido de las manos, pues ya no tienen control sobre la delincuencia organizada y la del orden común campea por sus fueros en casi dos terceras partes del país, a tal grado que ahora deberemos pugnar casi por los mismos valores de quienes efectuaron la Revolución Francesa, de ese tamaño, creo, es la degradación actual.
¿Cómo estaremos que una buena parte del electorado ha manifestado su deseo de ver nuevamente al PRI en Palacio Nacional y el PAN ha iniciado una campaña para, según este partido, impedir tal retorno, dicen, al pasado?
Y no estaría mal que regresara el partido que lo fue casi todo a lo largo de poco más de medio siglo (importa precisarlo, el Partido Nacional Revolucionario [PNR] de Plutarco Elías Calles y el de la Revolución Mexicana [PRM] de Lázaro Cárdenas y Manuel Avila Camacho no eran el PRI de Miguel Alemán, nacido en 1946, y subsecuentes períodos) si no fuera porque prepara su regreso bajo los mismos esquemas patrimonialistas del pasado, y si no se cree en tal aserto, vayan dos perlas de muestra, el inmenso gasto publicitario y el derroche del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto en su afán por alcanzar la candidatura presidencial; y el derroche publicitario del gobernador coahuilense, Humberto Moreira, quien en su afán de llegar a la presidencia nacional del PRI lanza anuncios radiofónicos y televisivos a todo el país para intentar convencernos que el “norte es Coahuila”, como muestra de su “extraordinaria” labora como gobernante de esa entidad y que no es más que una burda maniobra para auto ensalzarse y despejarse el camino en busca del puesto hoy ocupado por Beatriz Paredes.
Todo lo efectuado por la cúpula gobernante –y de esa clasificación no podrá deslindarse al PRI, en su papel de oposición, muy leal, diríamos más de uno- a lo largo de la primera década del siglo XXI se nos ha revertido. Incapaces de avanzar en la transición a la democracia, el PRI y el PAN (también el resto de los partidos, pero con responsabilidades infinitamente menores) no transformaron a las antiguas instituciones y lo único que hicieron fue repartirse, así, literalmente, el pastel de las instituciones que podrían haber servido de caballos que jalaran la carreta.
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sus contrapartes en las entidades, son hoy organismos en los que prevalece el reparto de cuotas entre los partidos, con caso tan extremos como el de la presidenta del TEPJF, llegada a ese cargo, quizá uno de los más sensibles, por ser la mejor amiga de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala.
O, el del IFE, organismo hoy incompleto pues los partidos no se han puesto de acuerdo en el nombramiento de los tres consejeros que hace meses debieron ser elegidos, con lo que la Cámara de Diputados ha cometido una gravísima violación constitucional. Es que no se ponen de acuerdo en el reparto de consejeros electorales, de frente a las ya inminentes elecciones presidenciales del año próximo.
Y si en el plano de las instituciones la crisis es gravísima, en lo económico es aún peor. En vano el panismo alega que sus gobiernos federales han alcanzado la estabilidad de los indicadores de la macroeconomía como muestra, dicen, del buen manejo de la economía nacional.
Sin embargo, los presupuestos de la federación y de muchas entidades muestran claramente la parálisis económica y la falta de creatividad y voluntad política para dar un golpe al timón de las políticas económicas. De ese modo, la economía nacional y las de muchos estados avanzan en el endeudamiento, a pesar de todos los alegatos en sentido contrario.
Así, el país se desmorona económicamente, el desempleo se convierte en terrible jinete apocalíptico y ambos fenómenos se convierten en los mejores suministradores de elementos para agravar los índices delictivos del país entero.
No puede ser de otra manera, si incluso para la juventud ilustrada las expectativas de mejoramiento de sus estándares de vida son prácticamente nulas, entonces la opción –que para cientos de miles de jóvenes no hay opciones- de la muy corta vida en la delincuencia aparece nítidamente para quienes participan en las actividades de algunas de las bandas criminales en el país. No de otra manera puede explicarse que a cuatro años de la “guerra” de Calderón y más de 31 mil ejecuciones aún siga la ola homicida, cada vez más salvaje, más encarnizada, y los ejércitos de sicarios no disminuyan, sino por el contrario, crezcan, o parezcan crecer, y abarquen cada vez mayores extensiones territoriales y áreas de la vida política y social.
Ante esa realidad, la respuesta oficial, prácticamente a todos los niveles gubernamentales y de todos los colores partidarios, ha sido la de responder con más violencia, pero ésta, la del Estado Mexicano –con más armas, más capacidad de fuego, elevación de las penas- y que ha revelado la enorme corrupción de las instituciones de procuración y aplicación de la justicia.
Y todo eso es lo que vino a desvelar brutalmente el asesinato de Marisela Escobedo, emblemático como el que más de la aguda crisis actual. Y vaya que vino a revelar la profundidad de esas instituciones en Chihuahua, así como las diversas, y hasta encontradas maneras de buscar soluciones a la actual situación.
Eso es lo que explica la respuesta de solidaridad de miles de chihuahuenses a través del depósito de veladoras alrededor del Palacio de Gobierno, y de las simples muestras de enojo, de reclamo, de quienes por ahí han pasado en los últimos días. Y ese fenómeno es el que debería analizar y tomar en cuenta el gobernador César Duarte, porque más allá de las molestias reales o supuestas que tal manifestación causase, lo cierto es que estamos ante un caso que ejemplificó, para nuestra desgracia, cuán cerca estamos del infierno y de los graves y profundos problemas que debe enfrentar su gobierno.
Y no los podrá asumir como retos personales o agravios personales, la mesura debiera ser la cualidad de quienes tienen hoy la responsabilidad de la administración pública en Chihuahua. No podemos caer en el garlito de encontrar soluciones prontas, ni culpables inmediatos sólo para lanzar el mensaje de que ahora sí hay rumbo.
Las últimas actividades de Marisela revelaron cuán complejo es el problema, que no podrá solucionarse con el enjuiciamiento de los jueces de primera instancia del juicio de Sergio Barraza, ni con el establecimiento de la prisión vitalicia, ni con la disminución de la edad penal. Atender tales aspectos implica no enfrentar las profundas y complejas causas de actual situación.
Tan grave es que los hijos de Marisela han optado por la búsqueda de asilo político en Estados Unidos, ante el riesgo de las amenazas de muerte en su contra, en cuyo origen ubican ¡hasta al personal de la Fiscalía General!
Atender tales expresiones, y las de las organizaciones impulsoras de las protestas, debiera ser materia cardinal para los gobernantes de Chihuahua.
Ese podría, por lo menos, ser un inicio distinto del año inaugurado ayer. Y tratar que no se parezca al recién terminado.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
¿A dónde nos envió el año recién terminado? ¿Podemos decir válidamente que lo vivido en los últimos tres años es apenas un episodio, ruin, dantesco, pero al fin y al cabo, superable con algunas medidas y el paso del tiempo? ¿Podrán, quienes así se lo han impuesto, empeñar sus esfuerzos en alcanzar el sueño de una sociedad mucho más democrática que la actual? ¿Estamos, como sociedad, en un nivel tal que podamos aspirar a elevar los marcos democráticos (y por supuesto, en ese concepto van incluidos, los estándares de vida) o apenas deberemos emplearnos en regresar a la situación previa a diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón inició su “guerra” en contra del narcotráfico?
Para algunos, por lo menos en regiones como Chihuahua, la etapa en la que nos encontramos es de tal degradación social que luchamos por sobrevivir como sociedad antes de ser tragados por la barbarie que todo lo devora, todo lo alcanza y cuya fuerza crece en tal medida que nos lleva a la desesperación y a las conclusiones pesimistas pues no se atisba, siquiera, la superación de la actual situación.
Es de tal magnitud la crisis de las instituciones (Ay López Obrador, cómo se te recuerda en una de tus más famosas frases –váyanse al diablo con sus instituciones-, cuando el sentido de tal expresión era el de demostrar que existía una profunda, gravísima crisis institucional) particularmente de las encargadas de la procuración y aplicación de la justicia –pero no solo- a las que la situación se les ha ido de las manos, pues ya no tienen control sobre la delincuencia organizada y la del orden común campea por sus fueros en casi dos terceras partes del país, a tal grado que ahora deberemos pugnar casi por los mismos valores de quienes efectuaron la Revolución Francesa, de ese tamaño, creo, es la degradación actual.
¿Cómo estaremos que una buena parte del electorado ha manifestado su deseo de ver nuevamente al PRI en Palacio Nacional y el PAN ha iniciado una campaña para, según este partido, impedir tal retorno, dicen, al pasado?
Y no estaría mal que regresara el partido que lo fue casi todo a lo largo de poco más de medio siglo (importa precisarlo, el Partido Nacional Revolucionario [PNR] de Plutarco Elías Calles y el de la Revolución Mexicana [PRM] de Lázaro Cárdenas y Manuel Avila Camacho no eran el PRI de Miguel Alemán, nacido en 1946, y subsecuentes períodos) si no fuera porque prepara su regreso bajo los mismos esquemas patrimonialistas del pasado, y si no se cree en tal aserto, vayan dos perlas de muestra, el inmenso gasto publicitario y el derroche del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto en su afán por alcanzar la candidatura presidencial; y el derroche publicitario del gobernador coahuilense, Humberto Moreira, quien en su afán de llegar a la presidencia nacional del PRI lanza anuncios radiofónicos y televisivos a todo el país para intentar convencernos que el “norte es Coahuila”, como muestra de su “extraordinaria” labora como gobernante de esa entidad y que no es más que una burda maniobra para auto ensalzarse y despejarse el camino en busca del puesto hoy ocupado por Beatriz Paredes.
Todo lo efectuado por la cúpula gobernante –y de esa clasificación no podrá deslindarse al PRI, en su papel de oposición, muy leal, diríamos más de uno- a lo largo de la primera década del siglo XXI se nos ha revertido. Incapaces de avanzar en la transición a la democracia, el PRI y el PAN (también el resto de los partidos, pero con responsabilidades infinitamente menores) no transformaron a las antiguas instituciones y lo único que hicieron fue repartirse, así, literalmente, el pastel de las instituciones que podrían haber servido de caballos que jalaran la carreta.
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sus contrapartes en las entidades, son hoy organismos en los que prevalece el reparto de cuotas entre los partidos, con caso tan extremos como el de la presidenta del TEPJF, llegada a ese cargo, quizá uno de los más sensibles, por ser la mejor amiga de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala.
O, el del IFE, organismo hoy incompleto pues los partidos no se han puesto de acuerdo en el nombramiento de los tres consejeros que hace meses debieron ser elegidos, con lo que la Cámara de Diputados ha cometido una gravísima violación constitucional. Es que no se ponen de acuerdo en el reparto de consejeros electorales, de frente a las ya inminentes elecciones presidenciales del año próximo.
Y si en el plano de las instituciones la crisis es gravísima, en lo económico es aún peor. En vano el panismo alega que sus gobiernos federales han alcanzado la estabilidad de los indicadores de la macroeconomía como muestra, dicen, del buen manejo de la economía nacional.
Sin embargo, los presupuestos de la federación y de muchas entidades muestran claramente la parálisis económica y la falta de creatividad y voluntad política para dar un golpe al timón de las políticas económicas. De ese modo, la economía nacional y las de muchos estados avanzan en el endeudamiento, a pesar de todos los alegatos en sentido contrario.
Así, el país se desmorona económicamente, el desempleo se convierte en terrible jinete apocalíptico y ambos fenómenos se convierten en los mejores suministradores de elementos para agravar los índices delictivos del país entero.
No puede ser de otra manera, si incluso para la juventud ilustrada las expectativas de mejoramiento de sus estándares de vida son prácticamente nulas, entonces la opción –que para cientos de miles de jóvenes no hay opciones- de la muy corta vida en la delincuencia aparece nítidamente para quienes participan en las actividades de algunas de las bandas criminales en el país. No de otra manera puede explicarse que a cuatro años de la “guerra” de Calderón y más de 31 mil ejecuciones aún siga la ola homicida, cada vez más salvaje, más encarnizada, y los ejércitos de sicarios no disminuyan, sino por el contrario, crezcan, o parezcan crecer, y abarquen cada vez mayores extensiones territoriales y áreas de la vida política y social.
Ante esa realidad, la respuesta oficial, prácticamente a todos los niveles gubernamentales y de todos los colores partidarios, ha sido la de responder con más violencia, pero ésta, la del Estado Mexicano –con más armas, más capacidad de fuego, elevación de las penas- y que ha revelado la enorme corrupción de las instituciones de procuración y aplicación de la justicia.
Y todo eso es lo que vino a desvelar brutalmente el asesinato de Marisela Escobedo, emblemático como el que más de la aguda crisis actual. Y vaya que vino a revelar la profundidad de esas instituciones en Chihuahua, así como las diversas, y hasta encontradas maneras de buscar soluciones a la actual situación.
Eso es lo que explica la respuesta de solidaridad de miles de chihuahuenses a través del depósito de veladoras alrededor del Palacio de Gobierno, y de las simples muestras de enojo, de reclamo, de quienes por ahí han pasado en los últimos días. Y ese fenómeno es el que debería analizar y tomar en cuenta el gobernador César Duarte, porque más allá de las molestias reales o supuestas que tal manifestación causase, lo cierto es que estamos ante un caso que ejemplificó, para nuestra desgracia, cuán cerca estamos del infierno y de los graves y profundos problemas que debe enfrentar su gobierno.
Y no los podrá asumir como retos personales o agravios personales, la mesura debiera ser la cualidad de quienes tienen hoy la responsabilidad de la administración pública en Chihuahua. No podemos caer en el garlito de encontrar soluciones prontas, ni culpables inmediatos sólo para lanzar el mensaje de que ahora sí hay rumbo.
Las últimas actividades de Marisela revelaron cuán complejo es el problema, que no podrá solucionarse con el enjuiciamiento de los jueces de primera instancia del juicio de Sergio Barraza, ni con el establecimiento de la prisión vitalicia, ni con la disminución de la edad penal. Atender tales aspectos implica no enfrentar las profundas y complejas causas de actual situación.
Tan grave es que los hijos de Marisela han optado por la búsqueda de asilo político en Estados Unidos, ante el riesgo de las amenazas de muerte en su contra, en cuyo origen ubican ¡hasta al personal de la Fiscalía General!
Atender tales expresiones, y las de las organizaciones impulsoras de las protestas, debiera ser materia cardinal para los gobernantes de Chihuahua.
Ese podría, por lo menos, ser un inicio distinto del año inaugurado ayer. Y tratar que no se parezca al recién terminado.
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Enfrentar al autoritarismo
El Diario, 30 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Siempre presentes en las capas gobernantes, las tendencias autoritarias regresan cada que las crisis, de cualquier tipo, recrudecen. En tal circunstancia, lo ideal sería que los gobernantes hicieran gala de la creatividad, de la imaginación y, sobre todo, a gobernar con la sociedad o, como se decía antes (y todavía en Estados Unidos, quién lo diría) con el pueblo, para enfrentar y superar las crisis.
Por desgracia no es así, y con mucha frecuencia sucede exactamente lo contrario. Así, para enfrentar la crisis de seguridad pública padecida en todo el país, la respuesta –con muy contadas excepciones- ha sido la de ejercer la mano dura. En esa postura, hasta pareciera que algunos gobernantes juegan competencias.
Nadie en su sano juicio pudiera acusarnos de pedir mano blanda a la delincuencia, mucho menos a la organizada; lo que se plantea es otra cosa, es la de analizar detenidamente la actual situación y aplicar las medidas conducentes que la atenuaran, en primera instancia, y la solucionaran definitivamente.
Pero en todo el país se abate una corriente, llamémosla penalizadora, que insiste en la teoría de elevar la penalidad de los delitos cometidos como primera medida para abatir la ola delictiva; luego, ante la aparición de delincuentes cada vez con menor edad, la fórmula, dicen estas voces con tendencias autoritarias, es la de disminuir la edad penal y, finalmente, ante el crecimiento de la ola homicida, entonces la solución, para ellos, es la de elevar la capacidad de fuego de las fuerzas policiales y armadas, incrementar el número de efectivos, su participación en la toma de decisiones y aumentar su peso en la conducción de la sociedad.
Quien ha sido insistente en esa orientación ha sido Felipe Calderón, pero también la cúpula castrense. Y ésta aspiración ha llegado a niveles que creímos increíbles o ya superados.
Entre las informaciones cruzadas entre los funcionarios norteamericanos asignados en la embajada de su país, y sus superiores, tanto del Departamento de Estado como de la Secretaría de la Defensa, filtradas por WikiLeaks, en las que dan cuenta de diversas actividades de los funcionarios mexicanos, apareció una en la que el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, les declaró a los senadores mexicanos, en una reunión privada, que desconfiaba “de las policías (mexicanas) por corrupción y porque dan pitazos al crimen organizado”, según afirmó el senador panista, Felipe González, quien dio a conocer que las filtraciones de la empresa australiana y lo informado por el senador del PT, Ricardo Monreal en ese sentido, eran informaciones ciertas. (Nota de La Jornada, 29/12/10).
Desde la celebración de esa reunión en abril pasado se conocieron las diversas presiones ejercidas por los mandos militares para que se aprobara la Ley de Seguridad Nacional, en la que fundamentalmente, de aprobarse, se creará un nuevo marco jurídico que les garantice a los militares –y así lo han dicho en reiteradas ocasiones- el no estar expuestos “a los reclamos por violaciones a derechos humanos”.
Sí, así como lo leyó, la cúpula militar desea no recibir reclamos de la sociedad –a través de los ciudadanos en lo particular o de las organizaciones no gubernamentales e, incluso, de las gubernamentales- sobre un aspecto que es medular: El respeto a los derechos humanos, es decir, el respeto que las fuerzas de la autoridad deben tener del marco legal y que si lo violan deban ser sometidos a los procesos establecidos para que respondan de sus posibles delitos, cometidos o no en el desempeño de sus funciones.
Nada muestra más el grave deterioro del entramado social y de la legalidad vigentes que esta pretensión, a la que podemos ubicar como la máxima expresión de las tendencias autoritarias de las capas gobernantes.
De ninguna manera podemos permitir que en aras de enfrentar a la delincuencia organizada (o no) debamos ceder los espacios y figuras democráticas construidas a lo largo de casi medio siglo de autoritarismo. Y si no las podemos permitir en el ámbito nacional, en el local, menos.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
Siempre presentes en las capas gobernantes, las tendencias autoritarias regresan cada que las crisis, de cualquier tipo, recrudecen. En tal circunstancia, lo ideal sería que los gobernantes hicieran gala de la creatividad, de la imaginación y, sobre todo, a gobernar con la sociedad o, como se decía antes (y todavía en Estados Unidos, quién lo diría) con el pueblo, para enfrentar y superar las crisis.
Por desgracia no es así, y con mucha frecuencia sucede exactamente lo contrario. Así, para enfrentar la crisis de seguridad pública padecida en todo el país, la respuesta –con muy contadas excepciones- ha sido la de ejercer la mano dura. En esa postura, hasta pareciera que algunos gobernantes juegan competencias.
Nadie en su sano juicio pudiera acusarnos de pedir mano blanda a la delincuencia, mucho menos a la organizada; lo que se plantea es otra cosa, es la de analizar detenidamente la actual situación y aplicar las medidas conducentes que la atenuaran, en primera instancia, y la solucionaran definitivamente.
Pero en todo el país se abate una corriente, llamémosla penalizadora, que insiste en la teoría de elevar la penalidad de los delitos cometidos como primera medida para abatir la ola delictiva; luego, ante la aparición de delincuentes cada vez con menor edad, la fórmula, dicen estas voces con tendencias autoritarias, es la de disminuir la edad penal y, finalmente, ante el crecimiento de la ola homicida, entonces la solución, para ellos, es la de elevar la capacidad de fuego de las fuerzas policiales y armadas, incrementar el número de efectivos, su participación en la toma de decisiones y aumentar su peso en la conducción de la sociedad.
Quien ha sido insistente en esa orientación ha sido Felipe Calderón, pero también la cúpula castrense. Y ésta aspiración ha llegado a niveles que creímos increíbles o ya superados.
Entre las informaciones cruzadas entre los funcionarios norteamericanos asignados en la embajada de su país, y sus superiores, tanto del Departamento de Estado como de la Secretaría de la Defensa, filtradas por WikiLeaks, en las que dan cuenta de diversas actividades de los funcionarios mexicanos, apareció una en la que el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, les declaró a los senadores mexicanos, en una reunión privada, que desconfiaba “de las policías (mexicanas) por corrupción y porque dan pitazos al crimen organizado”, según afirmó el senador panista, Felipe González, quien dio a conocer que las filtraciones de la empresa australiana y lo informado por el senador del PT, Ricardo Monreal en ese sentido, eran informaciones ciertas. (Nota de La Jornada, 29/12/10).
Desde la celebración de esa reunión en abril pasado se conocieron las diversas presiones ejercidas por los mandos militares para que se aprobara la Ley de Seguridad Nacional, en la que fundamentalmente, de aprobarse, se creará un nuevo marco jurídico que les garantice a los militares –y así lo han dicho en reiteradas ocasiones- el no estar expuestos “a los reclamos por violaciones a derechos humanos”.
Sí, así como lo leyó, la cúpula militar desea no recibir reclamos de la sociedad –a través de los ciudadanos en lo particular o de las organizaciones no gubernamentales e, incluso, de las gubernamentales- sobre un aspecto que es medular: El respeto a los derechos humanos, es decir, el respeto que las fuerzas de la autoridad deben tener del marco legal y que si lo violan deban ser sometidos a los procesos establecidos para que respondan de sus posibles delitos, cometidos o no en el desempeño de sus funciones.
Nada muestra más el grave deterioro del entramado social y de la legalidad vigentes que esta pretensión, a la que podemos ubicar como la máxima expresión de las tendencias autoritarias de las capas gobernantes.
De ninguna manera podemos permitir que en aras de enfrentar a la delincuencia organizada (o no) debamos ceder los espacios y figuras democráticas construidas a lo largo de casi medio siglo de autoritarismo. Y si no las podemos permitir en el ámbito nacional, en el local, menos.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
¿El fin de la guerra?
El Diario, 28 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Cuántos chihuahuenses, cuántos mexicanos, habrán incluido entre sus deseos de navidad y fin de año el que se acabe la guerra de los cárteles del narcotráfico?
¿Cuántos habrán incluido entre sus oraciones algunas en pro del término de la más negra de las noches sobre Chihuahua? ¿Cuántas decenas de miles habrán llorado en la Nochebuena la desaparición de alguno de sus seres queridos a causa de esta ola de violencia?
Transcurridos cuatro años de la “guerra” de Calderón en contra de los narcotraficantes, iniciada en su entidad natal, Michoacán, los resultados son desastrosos. No aparecen por ninguna parte las evidencias de que haya mejorado uno solo de los índices que demuestren las continuas declaraciones oficiales –y la abundante publicidad- acerca de los excelentes resultados en el combate al tráfico de drogas. Todo lo contrario, todos los índices relacionados con esa actividad, salvo la detención o ejecución de algunos de los jefes o subjefes de las bandas criminales, han ido al alza y el baño de sangre abarca, de manera severa, a la mitad del país, sin que en el resto se hayan presentado diversos episodios a cuán más de graves.
En todos los niveles sociales y en los ámbitos especializados el interrogante es uno solo ¿Cuál es el factor que cambió todo el escenario anterior al de los primeros días de diciembre del 2006?
Las respuestas vienen, poco a poco, coincidiendo, desde las originadas al interior del partido gobernante –el PAN, por si a alguno de nuestros lectores se le olvida cuál es- en particular la del exdirigente nacional, Manuel Espino, hasta las de dos de los integrantes del gabinete de Vicente Fox, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, y la propia del expresidente anterior.
Ahora, una firma estadounidense, especializada en este tema y otros relacionados con el ámbito social, Stratfor, de Estados Unidos, concluye, en el informe “Guerra de las Drogas en México”, atribuye el aumento de la violencia de este período a dos factores: “… al enfrentamiento entre el cártel del ‘Golfo y Los Zetas’, y a la guerra lanzada por el presidente Felipe Calderón, que ‘interrumpió’ el balance de poder entre los cárteles”. (Nota de José Luis Ruiz, El Universal, 24/12/10).
Las conclusiones son terribles y van en sentido contrario a los deseos de los que hablábamos al principio de estas líneas. Afirman que el Gobierno mexicano “llegó a su límite y que no tiene los recursos para contener la acción de los cárteles de las drogas”. No parece tan desinteresada su opinión pues dictamina que ante ese panorama, el gobierno mexicano debería permitir la participación de gobiernos extranjeros para afrontar tan grave situación.
En ese análisis, igual que lo piensan muchos mexicanos, afirma que la posibilidad del cese de la violencia estriba en la “decapitación” de todos los cárteles “para tenerlos bajo control”, posibilidad que descarta, y la otra posible solución, dice, sería “restaurando el equilibrio de poder entre estas organizaciones criminales”.
Es decir, hacer lo que siempre se dijo, sin que existieran elementos para reafirmar o desechar tales versiones, hacían los gobiernos priistas pues, concluye el informe Calderón deberá hacerlo “si desea sofocar la violencia rumbo a las elecciones del 2012”.
Pero si el informe resulta interesante en cuanto al estudio de las posibles soluciones, coincide con las versiones extraoficiales de informes de organismos como la DEA y el FBI en los cuales afirman que el Cártel de Juárez ha sido derrotado por el de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán, versión que no tiene correspondencia con los saldos de este enfrentamiento en nuestra entidad, en la que se han presentado casi 4 de cada 10 ejecuciones en el país.
Aún más, según ese estudio, la organización de los Zetas se ha constituido en la fuerza más importante de las adversarias del de Sinaloa y domina –así lo dicen- “la mitad de Chihuahua…” y finaliza prediciendo que la organización del “Chapo” Guzmán “podría llegar a ser la organización dominante en México el próximo año”.
Así, por la vía de que se convierta en la fuerza hegemónica, o que se pacte una tregua y se restablezcan los equilibrios o -cosa más improbable- todos los cárteles sean descabezados, lo urgente, lo necesario, lo deseable es que se acabe de una vez esta terrible situación, si tan sólo este deseo se nos cumpliera, seguramente que el próximo sería infinitamente mejor que los inmediatos anteriores.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
¿Cuántos chihuahuenses, cuántos mexicanos, habrán incluido entre sus deseos de navidad y fin de año el que se acabe la guerra de los cárteles del narcotráfico?
¿Cuántos habrán incluido entre sus oraciones algunas en pro del término de la más negra de las noches sobre Chihuahua? ¿Cuántas decenas de miles habrán llorado en la Nochebuena la desaparición de alguno de sus seres queridos a causa de esta ola de violencia?
Transcurridos cuatro años de la “guerra” de Calderón en contra de los narcotraficantes, iniciada en su entidad natal, Michoacán, los resultados son desastrosos. No aparecen por ninguna parte las evidencias de que haya mejorado uno solo de los índices que demuestren las continuas declaraciones oficiales –y la abundante publicidad- acerca de los excelentes resultados en el combate al tráfico de drogas. Todo lo contrario, todos los índices relacionados con esa actividad, salvo la detención o ejecución de algunos de los jefes o subjefes de las bandas criminales, han ido al alza y el baño de sangre abarca, de manera severa, a la mitad del país, sin que en el resto se hayan presentado diversos episodios a cuán más de graves.
En todos los niveles sociales y en los ámbitos especializados el interrogante es uno solo ¿Cuál es el factor que cambió todo el escenario anterior al de los primeros días de diciembre del 2006?
Las respuestas vienen, poco a poco, coincidiendo, desde las originadas al interior del partido gobernante –el PAN, por si a alguno de nuestros lectores se le olvida cuál es- en particular la del exdirigente nacional, Manuel Espino, hasta las de dos de los integrantes del gabinete de Vicente Fox, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, y la propia del expresidente anterior.
Ahora, una firma estadounidense, especializada en este tema y otros relacionados con el ámbito social, Stratfor, de Estados Unidos, concluye, en el informe “Guerra de las Drogas en México”, atribuye el aumento de la violencia de este período a dos factores: “… al enfrentamiento entre el cártel del ‘Golfo y Los Zetas’, y a la guerra lanzada por el presidente Felipe Calderón, que ‘interrumpió’ el balance de poder entre los cárteles”. (Nota de José Luis Ruiz, El Universal, 24/12/10).
Las conclusiones son terribles y van en sentido contrario a los deseos de los que hablábamos al principio de estas líneas. Afirman que el Gobierno mexicano “llegó a su límite y que no tiene los recursos para contener la acción de los cárteles de las drogas”. No parece tan desinteresada su opinión pues dictamina que ante ese panorama, el gobierno mexicano debería permitir la participación de gobiernos extranjeros para afrontar tan grave situación.
En ese análisis, igual que lo piensan muchos mexicanos, afirma que la posibilidad del cese de la violencia estriba en la “decapitación” de todos los cárteles “para tenerlos bajo control”, posibilidad que descarta, y la otra posible solución, dice, sería “restaurando el equilibrio de poder entre estas organizaciones criminales”.
Es decir, hacer lo que siempre se dijo, sin que existieran elementos para reafirmar o desechar tales versiones, hacían los gobiernos priistas pues, concluye el informe Calderón deberá hacerlo “si desea sofocar la violencia rumbo a las elecciones del 2012”.
Pero si el informe resulta interesante en cuanto al estudio de las posibles soluciones, coincide con las versiones extraoficiales de informes de organismos como la DEA y el FBI en los cuales afirman que el Cártel de Juárez ha sido derrotado por el de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán, versión que no tiene correspondencia con los saldos de este enfrentamiento en nuestra entidad, en la que se han presentado casi 4 de cada 10 ejecuciones en el país.
Aún más, según ese estudio, la organización de los Zetas se ha constituido en la fuerza más importante de las adversarias del de Sinaloa y domina –así lo dicen- “la mitad de Chihuahua…” y finaliza prediciendo que la organización del “Chapo” Guzmán “podría llegar a ser la organización dominante en México el próximo año”.
Así, por la vía de que se convierta en la fuerza hegemónica, o que se pacte una tregua y se restablezcan los equilibrios o -cosa más improbable- todos los cárteles sean descabezados, lo urgente, lo necesario, lo deseable es que se acabe de una vez esta terrible situación, si tan sólo este deseo se nos cumpliera, seguramente que el próximo sería infinitamente mejor que los inmediatos anteriores.
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El sorpresivo arribo de AMLO
El Diario, 26 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Abrumados, pasmados ante el alud de acontecimientos sangrientos, salvajes, de la negra noche chihuahuense, nos han impedido reflexionar sobre el resto de la vida nacional, particularmente los referentes a la política y la sucesión presidencial, asuntos que no se podrán resolver sin tomar en cuenta la más violenta de las guerras sostenidas por los cárteles, es decir la que tiene por escenario el estado de Chihuahua y particularmente la zona fronteriza de Juárez.
Y es que argumentos sobran, basta uno solo, terrible: Más de la tercera parte de los caídos en las guerras de los cárteles, y de los enfrentamientos de éstos con las fuerzas del Estado mexicano, se han presentado en Chihuahua, en una confrontación que tiene como explicación, no el mercado mexicano de las drogas sino el del control del ingreso y distribución en los Estados Unidos, como insisten machaconamente en sostener la mayor parte de las instituciones dedicadas al combate a las drogas y de los estudiosos del tema.
Por eso asombra que en el informe realizado por Stratfor, publicado por El Universal el viernes anterior, intitulado la “Guerra de las Drogas en México”, al catalogar al presente año como el de “sin precedentes de violencia” por la guerra entre los cárteles de las drogas, no incluyan la disputa sostenida en la entidad entre los Cárteles de Juárez y el de Sinaloa.
Por eso no será inútil insistir en la reflexión (y quizá con ello intentar, por lo menos intentar) y resoluciones de los partidos políticos que habrán de escenificar la contienda electoral de mediados del 2012.
Si las cúpulas partidarias creen que habrá de transcurrir sin mayores contratiempos, con la dinámica “normal” de las precedentes se equivocan, la violencia del crimen organizado no abarca a la totalidad del territorio nacional pero la fortaleza, de todo tipo, de los cárteles sí amenaza al total de las instituciones del Estado mexicano, incluida, por supuesto, la que se creía totalmente ajena a la actual crisis de seguridad pública, el ejército mexicano.
Más aún, si la élite gobernante pretende “tripular” la sucesión presidencial sin tomar en cuenta un conjunto de factores hoy existentes y que, sin duda, han precipitado la debacle de la administración dirigida por Felipe Calderón.
Y uno de ellos, a juicio del escribiente, imprescindible, no solamente al momento de analizar la situación política del país sino, sobre todo, a la hora de gobernar, es el factor López Obrador.
Más de uno de nuestros lectores (al igual que muchos mexicanos en todo el territorio nacional) sentirá escozor –el mismo que deberá explicarse por la intensa, continua y permanente campaña de linchamiento mediático en contra del tabasqueño- al leer que existen opiniones cuya evaluación acerca de la importancia de López Obrador va más allá de la simple participación electoral y que el 2012 no podrá explicarse sin la del excandidato presidencial perredista del 2006 y que hoy mismo, para muchos, se podrá convertir en una verdadera sorpresa que, por ejemplo, aparezca permanentemente en el segundo lugar en las preferencias electorales de todas las encuestas nacionales efectuadas hasta muy recientemente.
Y es que analizado fríamente hay elementos para sostener estamos frente a un fenómeno político relevante, no solo por el protagonismo de AMLO sino, también, e importa mucho, por las condiciones políticas del país y el desempeño del PAN en el gobierno federal.
Que un hombre, líder de la oposición más importante en México –por lo menos formalmente, dados los resultados oficiales de la elección del 2006- casi excluido de las pantallas televisivas, prácticamente sin partido (enfrentado en muchos aspectos a la dirigencia perredista) y, por tanto, sin las facilidades derivadas de las prerrogativas partidarias; con un discurso extremadamente radical a los ojos de una buena parte del electorado (por otra parte, polarizado como en muy pocos momentos de la vida nacional) aparezca en lugares tan privilegiados de las simpatías electorales deberá tomarse muy en cuenta.
Así, en agosto pasado, el periódico Reforma reportó una muy interesante encuesta en la que puso el acento en ubicar bien el porcentaje de opiniones favorables o contrarias a AMLO, llegando a la conclusión que la mayoría de las opiniones del electorado respecto al tabasqueño son positivas o neutrales, con 34% de opiniones positivas, 24% negativas y 25% neutrales. Es decir, 59% de las opiniones respecto a AMLO o son favorables o son neutrales. (El Diario, 30/08/10).
Además, según este estudio, la preferencia electoral por el excandidato presidencial “se disparó en el último trimestre por casi 20 puntos”, mientras que Peña Nieto y el PRI presentaban una tendencia a la baja, todavía en la punta de las preferencias, con una ventaja muy importante pero sin el crecimiento mostrado desde dos años atrás.
Asimismo, López Obrador aventajó con más del 44% al jefe de Gobierno del DF (61% contra 17%), Marcelo Ebrard en las preferencias electorales de los perredistas para su candidato a Presidente de la República, echando abajo por completo la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), propiedad de Liébano Sáenz y Federico Berrueto, y encuestadora oficial del periódico Milenio, publicada 5 días antes, en la que aseguró que Ebrard aventajaba a AMLO.
No sólo eso; de acuerdo con Reforma, AMLO es el único posible precandidato presidencial en la actualidad que ha aumentado sus preferencias electorales entre el electorado en general, mientras que el resto de los posibles precandidatos o han bajado o se han estancado.
La encuesta de agosto pasado se comparó con los resultados de la efectuada un año atrás, en la que la preferencia electoral del PRI cayó a los niveles del 2009, Enrique Peña Nieto, su aspirante más adelantado, presentó una caída de 1% en el mismo lapso, ubicando las preferencias electorales por el PRI en el 31%.
Sin embargo, por candidatos, Enrique Peña Nieto mantiene el 43%, pero López Obrador tuvo un crecimiento inusitado al pasar del 15% en 2009 al 24 en agosto de 2010 y el senador, Santiago Creel, se consolidó como el panista más adelantado al permanecer con el 15% de las preferencias electorales en septiembre de 2009 y obtener el mismo porcentaje en agosto de 2010.
Por partidos, las tendencias se mantienen, independientemente de las empresas encuestadoras. En la de Reforma, el PRI sigue encabezando las preferencias con el 38%, el PAN en segundo lugar con el 20% y el PRD con el 10%.
Siguen las sorpresas, según la más reciente de las encuestas de la empresa Mitofsky, el 45% de los entrevistados cree que solamente debería haber un candidato de la izquierda en la elección presidencial, en tanto que el 42 cree lo contrario. Contra lo esperado, casi dos terceras partes de los encuestados (61%) está en contra de una alianza –en la elección presidencial- entre el PAN y el PRD, y sólo el 27% opina a favor de esa alianza.
Así, a solo año y medio de las elecciones no se puede afirmar que ya está resuelta y que el PRI, con su más previsible candidato, el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se encaminan a la victoria y el regreso del PRI a Palacio Nacional. En el curso de ese lapso pueden presentarse mil imprevistos políticos, pero lo fundamental, aparentemente, seguirán siendo dos factores: La creciente descalificación al gobierno de Felipe Calderón y la activa participación de López Obrador, de una manera hasta ahora no bien evaluada, la de visitar a todos los municipios del país, y no sólo, sino la de construir en cada uno de ellos, así sea mínima, una estructura territorial.
Y ahí puede encontrarse uno de los factores que más puede influir en el resultado electoral. Las elecciones del 2012 serán las primeras presidenciales que se realizarán bajo la nueva norma que prohíbe la contratación de propaganda electoral en los medios electrónicos, de tal manera que solo escucharemos y veremos la ordenada por el IFE, de acuerdo con la distribución que se hará entre todos los partidos políticos. Ya no estaremos ante la posibilidad, como sí aconteció en las últimas elecciones presidenciales, de que las principales fuerzas económicas contraten, o subsidien, las costosísimas campañas publicitarias, de ahí que los candidatos que posean las más sólidas estructuras territoriales tendrán la ventaja.
El último factor es uno de carácter subjetivo, que en el curso de los próximos meses estaremos en condiciones de apreciar suficientemente, el de la creciente tendencia (no se puede cuantificar en este momento) a otorgar a un candidato distinto a los priistas y panistas la posibilidad de gobernar el país.
A esa posibilidad se atiene el tabasqueño López Obrador. No está lejana, pero construirla no le será oficial ¿Le alcanzará el tiempo y las fuerzas en un país que se desangra a chorro abierto?
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Luis Javier Valero Flores
Abrumados, pasmados ante el alud de acontecimientos sangrientos, salvajes, de la negra noche chihuahuense, nos han impedido reflexionar sobre el resto de la vida nacional, particularmente los referentes a la política y la sucesión presidencial, asuntos que no se podrán resolver sin tomar en cuenta la más violenta de las guerras sostenidas por los cárteles, es decir la que tiene por escenario el estado de Chihuahua y particularmente la zona fronteriza de Juárez.
Y es que argumentos sobran, basta uno solo, terrible: Más de la tercera parte de los caídos en las guerras de los cárteles, y de los enfrentamientos de éstos con las fuerzas del Estado mexicano, se han presentado en Chihuahua, en una confrontación que tiene como explicación, no el mercado mexicano de las drogas sino el del control del ingreso y distribución en los Estados Unidos, como insisten machaconamente en sostener la mayor parte de las instituciones dedicadas al combate a las drogas y de los estudiosos del tema.
Por eso asombra que en el informe realizado por Stratfor, publicado por El Universal el viernes anterior, intitulado la “Guerra de las Drogas en México”, al catalogar al presente año como el de “sin precedentes de violencia” por la guerra entre los cárteles de las drogas, no incluyan la disputa sostenida en la entidad entre los Cárteles de Juárez y el de Sinaloa.
Por eso no será inútil insistir en la reflexión (y quizá con ello intentar, por lo menos intentar) y resoluciones de los partidos políticos que habrán de escenificar la contienda electoral de mediados del 2012.
Si las cúpulas partidarias creen que habrá de transcurrir sin mayores contratiempos, con la dinámica “normal” de las precedentes se equivocan, la violencia del crimen organizado no abarca a la totalidad del territorio nacional pero la fortaleza, de todo tipo, de los cárteles sí amenaza al total de las instituciones del Estado mexicano, incluida, por supuesto, la que se creía totalmente ajena a la actual crisis de seguridad pública, el ejército mexicano.
Más aún, si la élite gobernante pretende “tripular” la sucesión presidencial sin tomar en cuenta un conjunto de factores hoy existentes y que, sin duda, han precipitado la debacle de la administración dirigida por Felipe Calderón.
Y uno de ellos, a juicio del escribiente, imprescindible, no solamente al momento de analizar la situación política del país sino, sobre todo, a la hora de gobernar, es el factor López Obrador.
Más de uno de nuestros lectores (al igual que muchos mexicanos en todo el territorio nacional) sentirá escozor –el mismo que deberá explicarse por la intensa, continua y permanente campaña de linchamiento mediático en contra del tabasqueño- al leer que existen opiniones cuya evaluación acerca de la importancia de López Obrador va más allá de la simple participación electoral y que el 2012 no podrá explicarse sin la del excandidato presidencial perredista del 2006 y que hoy mismo, para muchos, se podrá convertir en una verdadera sorpresa que, por ejemplo, aparezca permanentemente en el segundo lugar en las preferencias electorales de todas las encuestas nacionales efectuadas hasta muy recientemente.
Y es que analizado fríamente hay elementos para sostener estamos frente a un fenómeno político relevante, no solo por el protagonismo de AMLO sino, también, e importa mucho, por las condiciones políticas del país y el desempeño del PAN en el gobierno federal.
Que un hombre, líder de la oposición más importante en México –por lo menos formalmente, dados los resultados oficiales de la elección del 2006- casi excluido de las pantallas televisivas, prácticamente sin partido (enfrentado en muchos aspectos a la dirigencia perredista) y, por tanto, sin las facilidades derivadas de las prerrogativas partidarias; con un discurso extremadamente radical a los ojos de una buena parte del electorado (por otra parte, polarizado como en muy pocos momentos de la vida nacional) aparezca en lugares tan privilegiados de las simpatías electorales deberá tomarse muy en cuenta.
Así, en agosto pasado, el periódico Reforma reportó una muy interesante encuesta en la que puso el acento en ubicar bien el porcentaje de opiniones favorables o contrarias a AMLO, llegando a la conclusión que la mayoría de las opiniones del electorado respecto al tabasqueño son positivas o neutrales, con 34% de opiniones positivas, 24% negativas y 25% neutrales. Es decir, 59% de las opiniones respecto a AMLO o son favorables o son neutrales. (El Diario, 30/08/10).
Además, según este estudio, la preferencia electoral por el excandidato presidencial “se disparó en el último trimestre por casi 20 puntos”, mientras que Peña Nieto y el PRI presentaban una tendencia a la baja, todavía en la punta de las preferencias, con una ventaja muy importante pero sin el crecimiento mostrado desde dos años atrás.
Asimismo, López Obrador aventajó con más del 44% al jefe de Gobierno del DF (61% contra 17%), Marcelo Ebrard en las preferencias electorales de los perredistas para su candidato a Presidente de la República, echando abajo por completo la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), propiedad de Liébano Sáenz y Federico Berrueto, y encuestadora oficial del periódico Milenio, publicada 5 días antes, en la que aseguró que Ebrard aventajaba a AMLO.
No sólo eso; de acuerdo con Reforma, AMLO es el único posible precandidato presidencial en la actualidad que ha aumentado sus preferencias electorales entre el electorado en general, mientras que el resto de los posibles precandidatos o han bajado o se han estancado.
La encuesta de agosto pasado se comparó con los resultados de la efectuada un año atrás, en la que la preferencia electoral del PRI cayó a los niveles del 2009, Enrique Peña Nieto, su aspirante más adelantado, presentó una caída de 1% en el mismo lapso, ubicando las preferencias electorales por el PRI en el 31%.
Sin embargo, por candidatos, Enrique Peña Nieto mantiene el 43%, pero López Obrador tuvo un crecimiento inusitado al pasar del 15% en 2009 al 24 en agosto de 2010 y el senador, Santiago Creel, se consolidó como el panista más adelantado al permanecer con el 15% de las preferencias electorales en septiembre de 2009 y obtener el mismo porcentaje en agosto de 2010.
Por partidos, las tendencias se mantienen, independientemente de las empresas encuestadoras. En la de Reforma, el PRI sigue encabezando las preferencias con el 38%, el PAN en segundo lugar con el 20% y el PRD con el 10%.
Siguen las sorpresas, según la más reciente de las encuestas de la empresa Mitofsky, el 45% de los entrevistados cree que solamente debería haber un candidato de la izquierda en la elección presidencial, en tanto que el 42 cree lo contrario. Contra lo esperado, casi dos terceras partes de los encuestados (61%) está en contra de una alianza –en la elección presidencial- entre el PAN y el PRD, y sólo el 27% opina a favor de esa alianza.
Así, a solo año y medio de las elecciones no se puede afirmar que ya está resuelta y que el PRI, con su más previsible candidato, el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se encaminan a la victoria y el regreso del PRI a Palacio Nacional. En el curso de ese lapso pueden presentarse mil imprevistos políticos, pero lo fundamental, aparentemente, seguirán siendo dos factores: La creciente descalificación al gobierno de Felipe Calderón y la activa participación de López Obrador, de una manera hasta ahora no bien evaluada, la de visitar a todos los municipios del país, y no sólo, sino la de construir en cada uno de ellos, así sea mínima, una estructura territorial.
Y ahí puede encontrarse uno de los factores que más puede influir en el resultado electoral. Las elecciones del 2012 serán las primeras presidenciales que se realizarán bajo la nueva norma que prohíbe la contratación de propaganda electoral en los medios electrónicos, de tal manera que solo escucharemos y veremos la ordenada por el IFE, de acuerdo con la distribución que se hará entre todos los partidos políticos. Ya no estaremos ante la posibilidad, como sí aconteció en las últimas elecciones presidenciales, de que las principales fuerzas económicas contraten, o subsidien, las costosísimas campañas publicitarias, de ahí que los candidatos que posean las más sólidas estructuras territoriales tendrán la ventaja.
El último factor es uno de carácter subjetivo, que en el curso de los próximos meses estaremos en condiciones de apreciar suficientemente, el de la creciente tendencia (no se puede cuantificar en este momento) a otorgar a un candidato distinto a los priistas y panistas la posibilidad de gobernar el país.
A esa posibilidad se atiene el tabasqueño López Obrador. No está lejana, pero construirla no le será oficial ¿Le alcanzará el tiempo y las fuerzas en un país que se desangra a chorro abierto?
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