Rampante irresponsabilidad

El Diario, 29 de abril de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Como si fuera una nota cualquiera, como si el dar a conocer tal información fuera semejante a pronosticar el clima, o cualquier otra cosa menos importante o trascendental, el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, reconoció que “no hay recursos para liquidar a proveedores. La administración estatal no está obligada a liquidar la deuda antes de que concluya su período”. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua, 27/IV/21).

Sin empacho alguno, “aceptó que el próximo gobierno recibirá un pasivo de los proveedores que suministran servicios y productos al Gobierno estatal”. (Ibídem).

Y les delineó un futuro inmediato de terror a las empresas y empresarios que hayan proveído al gobierno estatal de algún bien o servicio, pues anunció que se realizarán pagos en la parte final del gobierno que traería “un nuevo amanecer” a Chihuahua, “siempre y cuando así lo permita la liquidez del Estado”.

No es poca cosa lo que les adeuda el gobierno del estado, son 11 mil 37 millones de pesos al corte de marzo del presente año, de acuerdo con el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos de la Secretaría de Hacienda. (Ibídem).

Pero no nos preocupemos, Fuentes Vélez anunció que la deuda de corto plazo se saldará, pues así “lo exige la Ley de Disciplina Financiera a los gobiernos salientes”.

En cambio, en lo referente al pago a los proveedores, el titular de la Secretaría de Hacienda se hizo merecedor a un verdadero monumento a la irresponsabilidad (por supuesto, acompañado de su jefe inmediato superior, el gobernador Corral) al alegar que “no existe una ley que obligue dejar en cero la deuda a proveedores”.

Transitaron poco más de 5 años al frente del gobierno de Chihuahua y jamás fueron capaces de tener la mínima empatía a sus gobernados a causa de los problemas padecidos por éstos.

¿Alguien les podría explicar que esquilmarle esa cantidad a la economía chihuahuense es una verdadera afrenta, agravada por los momentos tan difíciles por los que atraviesan todos los relacionados con las empresas proveedoras del gobierno estatal?

No se trata solamente que se afecte a los propietarios de las empresas, sino a las largas cadenas económicas dependientes del funcionamiento de sus negocios y empleados, y a los proveedores, a su vez, de los insumos de las proveedoras del gobierno y la derrama económica aportada al total de la economía del estado, que ahora, y ese es el mensaje central de lo dicho por Fuentes Vélez, deberán esperar ¡Hasta los primeros meses del 2022 a que la nueva administración estatal se haga cargo de los adeudos dejados por Corral-Fuentes!

¿Podrán, siquiera imaginarse, el calvario por el que transitarán algunos, o muchos de ellos, que se atrevieron -y confiaron en las palabras de los funcionarios estatales- a otorgarle bienes y servicios al gobierno?

Ahí queda como ejemplo viviente de ello, la empresa que le vendió varias camionetas de lujo a la Fiscalía General del Estado, y al gobierno, y que debió acudir al Poder Judicial a fin de obligar a la administración corralista a que las pagara.

Sorprende el desparpajo y cinismo mostrado con el que actúa el gobierno estatal ¿Habrá alguien, ahí adentro, que les dijera -¡Hey, oigan hay que pagarle a esas empresas, porque esos son recursos que pueden ayudar a paliar la evidente realidad catastrófica en la que viven cientos-miles de empresas, sus propietarios y empleados, justamente en medio de la pandemia!

Y no son las únicas malas noticias derivadas de las declaraciones de Fuentes Vélez. 

Seguramente que una vez celebradas las elecciones de junio, el gobierno estatal acudirá con el presidente López Obrador a fin de obtener ¡Un adelanto de las participaciones federales del año 2022, antes de que llegue el nuevo equipo gobernante!

Así, este es probable que acceda a la conducción de la administración estatal en condiciones verdaderamente desastrosas, no solo a causa de la colosal deuda dejada por César Duarte, sino también a la inmensa aportación realizada por la de Javier Corral, además del recorte de las participaciones federales que obtenga este último, a costa de los nuevos gobernantes.

¡Qué fracaso significó el gobierno de Javier Corral para los chihuahuenses! 

Ni en lo político, ni en lo económico entrega buenas cuentas quien llegó encarnando la esperanza de los chihuahuenses de que habría un remanso, luego de los excesos del duartismo.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF 

Caso LeBaron: Corral los considera delincuentes

Aserto.mx, 28 de abril de 2021

Luis Javier Valero Flores 

“También son victimarios y usan el tema para distraer u ocultar, señalamientos de chihuahuenses de varias comunidades que han sido objeto de abusos y despojos de estos pseudo-líderes”, tales fueron las airadas declaraciones del gobernador Corral a los graves señalamientos de los dirigentes de la comunidad LeBaron, luego de celebrar una marcha en su contra, en la que exigieron su renuncia y al que acusaron de encabezar un gobierno “narcoterrorista, por omisión, o comisión”.

Lejos de la mesura y de la voluntad política para, por lo menos, acompañar a los dolientes de la masacre de Bavispe, Sonora -ocurrida el 4 de noviembre de 2019- se lanzó en unas más que airadas declaraciones en contra de los líderes de la marcha a quienes acusó de medrar políticamente con una tragedia “de esta dimensión”, la que es usada, dijo, “para distraer la atención de otros problemas o de otras víctimas”.

Nosotros no estamos detrás de movimiento o partido político alguno, no somos de ese mundo, dijeron Julián y Adrián LeBaron, quienes sostuvieron que, además, la participación en los partidos políticos no es la solución “para los problemas que estamos padeciendo”.

Pero el mandatario chihuahuense está lejos de asimilar las críticas a su gobierno y a su deplorable actuación en este caso; al contrario, aseveró que en los próximos días dará a conocer “toda la colaboración que se ha tenido con las autoridades de Sonora y del Gobierno Federal”, pero también, “qué es lo que está detrás de toda esta politiquería de Julián LeBaron, porque es muy lamentable que se usen estos temas para distraer, ocultar, señalamientos de chihuahuense de varias comunidades que han sido objeto de abusos y de despojos de estos pseudo-líderes, que han generado y cometido varios actos ilícitos”.

Y no solo, anunció que en los próximos días lanzará un contraataque a los LeBaron por exigir su destitución, a quienes señaló, en una declaración que hizo recordar el lenguaje de los viejos gobernantes autoritarios del pasado, como “pseudo líderes (que) han generado varios ilícitos que han cometido varios actos ilícitos y que con ello buscan desviar o distraer la atención”.

No tuvo que ir muy lejos por la respuesta, los líderes de la comunidad LeBaron anunciaron que acudirán, también, a los organismos internacionales para acusar a Javier Corral de crímenes de “lesa humanidad”.

Otra parejera

El Diario, 25 de abril de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Como ha ocurrido a lo largo de los últimos 36 años, la elección  para gobernador se circunscribirá a solo dos de los contendientes.

La novedad es que, ante la caída del PRI, quien ocupará su lugar en la competencia frente al PAN es el partido gobernante en el país, Morena. De ahí se deriva la otra singularidad del actual proceso electoral, la de que el PRI se enfrenta a la posibilidad de perder por segunda ocasión consecutiva la gubernatura de Chihuahua.

Ello explica en buena medida lo que aquí hemos comentado, la eclosión del priismo chihuahuense. Migraron a todos los partidos, especialmente a aquellos a los que percibieron como posibles triunfadores de las elecciones.

¿Cuánto aportarán a sus nuevos partidos? Imposible saberlo en estos momentos y, obviamente, habrá diferencias significativas entre ellos. 

Más allá de este fenómeno, se advierte, a juzgar por las encuestas publicadas hasta el momento -de las que deberá efectuarse una abstracción y una valoración al lado de otros aspectos, más subjetivos, aportados por cada uno de los que efectúan el análisis- la mayoría de los electores van a hacerlo por el partido de su preferencia más allá de los candidatos.

Así, es posible anticipar que Campos recibirá un mayor número de votos procedentes de más allá de sus simpatizantes, fenómeno que se advierte en menor medida en el caso de Juan Carlos Loera, que recibirá, sobre todo, los votos de los simpatizantes del gobierno de López Obrador, que provendrán de quienes le guardan elevadas consideraciones a su actuación como presidente y de muchos de los beneficiarios de los programas de bienestar social.

Hasta ahora, ambos acaparan las preferencias electorales y dependiendo de la empresa encuestadora, se otorga la ventaja a uno o a otro, aunque ya se puede decir que la panista lleva (en estos momentos) una ventaja que podría ubicarse entre los 5 y los 8 puntos.

De acuerdo con el último corte de la Lista Nominal de Electores del Estado de Chihuahua del 2020, el número de electores en el estado es de 2 millones 858 mil y si votara el 53% de ellos -como en 2016- querría decir que el 6 de junio votarán alrededor de un millón y medio de chihuahuenses (1 millón 514 mil).

De ese modo, la ventaja de Campos se ubicaría entre los 75 y los 120 mil votos, en caso de que ella encabezara las preferencias electorales.

Lo que suceda en Juárez y Chihuahua puede determinar el resultado. Necesitan, cada uno, obtener una muy amplia ventaja en la ciudad en la que encabezan las preferencias, que sea mayor a la que obtenga el candidato de enfrente en la propia.

Campos necesita sacar en Chihuahua una ventaja de 130-150 mil votos de ventaja sobre Loera, quien debe obtener, a su vez, esa ventaja en Juárez, para empatar la votación estatal y definir la elección en el resto del estado.

 Entonces las diferencias en favor de uno o de otro en los municipios con menor electorado podrían definir al triunfador aunque deberá anotarse que el eje Delicias-Jiménez puede convertirse en el fiel de balanza pues la diferencia aportada en favor de Maru Campos por la población del centro-sur del estado se constituyera, finalmente, en el fiel de la balanza que determinara el triunfo de la panista.

Ahí se advierte un muy evidente y mayoritario rechazo al gobierno federal y a Morena (fruto del conflicto del agua de las presas del año pasado) y, por consiguiente, una creciente simpatía por los candidatos del PAN, cosa que no sucede con esa magnitud en el resto de las regiones de la entidad.

Además, en virtud de las extrañas condiciones en que pactaron sus alianzas el PRI y el PAN, en el distrito federal de Delicias los candidatos de esa alianza son Mario Mata, del PAN, que pretende la reelección y que ahora lleva como suplente a Salvador Alcántar, el indiscutible y respetado líder del movimiento en defensa del agua de los productores-usuarios de los distritos de riego quien, además, es militante del PRI.

En la semana que termina el Tribunal Estatal Electoral dictaminó, por unanimidad, que la candidatura de Maru Campos es válida, ante los cuestionamientos de MC y Morena. 

No hay duda que ambos agrupamientos pretendían desbancarla de la candidatura y si tal eventualidad no se lograra, entonces que el golpeteo político por esa causa la hiciera perder algunos puntos y, claro, que algunos de ellos se sumaran a los de sus respectivos partidos.

Pero ahora se puede concluir que el daño a la candidatura de la panista, por el hecho de que se le vinculara a proceso por la acusación de la nómina secreta, aparentemente ha sido superado en las preferencias electorales. 

De esa manera podemos concluir que ahora ya hay certeza y que la contienda tendrá como actores principales a la panista Maru Campos y al morenista Juan Carlos Loera, y en un segundo nivel a la priista Graciela Ortiz y al candidato de MC, Alfredo (Caballo) Lozoya.

A partir del próximo jueves a esas campañas se sumarán las que realizarán los candidatos a diputados locales, síndicos y alcaldes y, como en el caso de las candidaturas a gobernador, lo que ocurra en Juárez y Chihuahua en la disputa por las alcaldías podrá influir decisivamente en aquellas.

Hay diferencias. 

Mientras en la capital el surgimiento del ex alcalde priista Marco Adán Quezada, como candidato de Morena, luego de abandonar las filas del PRI más de 4 años atrás, ha concitado un caudal de simpatías que para muchos fue inesperado, al grado que algunas encuestadoras lo ubicaron en números semejantes a los obtenidos por el candidato del PAN, Marco Bonilla, y a quien se le ubicaba, antes de la aparición de Quezada, como claro favorito.

Se le puede señalar todavía en esa condición, pero no con las ventajas que parecía poseer semanas atrás.

En cambio, en Juárez pareciera suceder lo contrario. La designación de Cruz Pérez Cuéllar como candidato a la alcaldía propició un crecimiento en las simpatías electorales por Morena reportadas por prácticamente todas las encuestadoras.

Si ambos fenómenos electorales resultasen ciertos, y el voto cruzado se mantuviera dentro de parámetros “normales” en las dos ciudades y las preferencias electorales por los candidatos a alcaldes fuesen semejantes para los candidatos a gobernador, entonces podrían presentarse ventajas en Juárez para Loera y para Campos en Chihuahua, que podrían neutralizarse y entonces, como apuntamos arriba, lo que ocurra en Delicias-Jiménez, podría determinar quien fuera el próximo gobernador.

Dejar fuera del análisis a Cuauhtémoc tiene sus razones.

Aparentemente en Cuauhtémoc se presenta una muy cerrada contienda entre el panista Humberto Pérez y la candidata de Morena, Lupita Pérez. Si esto se traslada a los candidatos a gobernador, entonces no habrá votos de ventaja, ni para Loera, ni para Campos.

Sin embargo, hay un factor poco mencionado hasta ahora, presente en la región occidente del estado: El de la enorme inconformidad hacia el gobierno federal por la práctica desaparición de todos los programas agropecuarios, mas allá de los  de carácter social establecidos por el gobierno de López Obrador, justo en el momento en el que la sequía es una dolorosa realidad.

Así, sin agua y sin apoyos agropecuarios reales, esa parte de la población irá a las urnas en junio. Todo apunta a que no le irá bien a la 4T en esa región, salvo excepciones en algunos municipios en los que los candidatos, por su propia personalidad y el escaso electorado existente en ellos, puedan salir adelante.

En cambio, en la zona de Parral, al ir el Caballo Lozoya de candidato es previsible que será la zona en la que obtendrá la mayoría de los votos, por lo tanto, los que sufraguen por Campos o por Loera no constituirán una cantidad significativa para el total estatal.

Faltaría comentar un aspecto central, que se puede presentar de manera muy importante:

Los dos candidatos a alcaldes de Morena provienen de partidos distintos a éste y es previsible que un porcentaje de sus posibles votantes crucen su voto y lo hagan por la candidata Campos, si la consideran como puntera de las preferencias electorales. Eso pudiera darse de manera más importante en la capital que en Juárez, pero no es descartable que en esta ciudad, aparentemente, el voto duro de Morena sería más estable.

Pero si el voto cruzado se eleva por encima del 5% de los emitidos en cada caso, la ventaja podría beneficiar más a Maru Campos que a Juan Carlos Loera.

Y es que es más difícil que el votante promedio del PAN decidiera votar por el candidato a alcalde de ese partido y a gobernador por el de Morena, lo contrario es más fácil que se presente.

Lo dicho, será una parejera, otra vez. Ello puede llevarnos a la posibilidad de las declinaciones de alguno de los otros contendientes, luego lo comentaremos.

Tal posibilidad no se podrá descartar.

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Rojo sanitario, inminente

El Diario, 22 de abril de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Justamente al inicio de las campañas electorales al gobierno del estado y las diputaciones federales, los avisos dados por el gobierno estatal y el federal apuntan a que, en caso de no corregirse la creciente tendencia de contagios en el estado, nos llevarían a caer en el semáforo rojo de la pandemia.

Si esos indicios los hubiese realizado solamente el gobierno del estado podrían llevarnos a la conclusión -fruto exclusivamente de la especulación- de que el gobernador Javier Corral estaría tratando de incidir en el proceso electoral manipulando a su antojo el color del semáforo -aunque sería extremadamente aventurado afirmar quienes serían los beneficiados de tal medida-, pero la autoridad sanitaria federal se ha expresado en el mismo sentido.

La suma de los casos informados por el gobierno del estado a lo largo del mes de abril no dejan lugar a dudas. 

De acuerdo a las declaraciones del Secretario de Salud, Eduardo Fernández, uno de los criterios para establecer medidas preventivas más estrictas es que los nuevos contagios rebasen la cifra de los mil a la semana.

Así, del 1 al 7 de abril, los contagios fueron 735; del 8 al 14, mil 581 y del 15 al 21, mil 602. 

Por si fuera poco, los índices de movilidad, según distintos especialistas, han rebasado los existentes en octubre, mes en el que el número de contagios, hospitalizados y decesos alcanzaron las mayores cifras en el estado.

Del mismo modo, los porcentajes de ocupación hospitalaria van in crescendo:

En Juárez, “El hospital del ISSSTE está al 30% de su capacidad, el Infantil al 10%, el 35 del Seguro Social al 9% y el del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado al 3%,…”. (Nota de Alejandro Vargas, El Diario de Juárez, 21/IV/21).

A su vez, “el Hospital Central Universitario es el que tiene el mayor porcentaje con un 84%, seguido de la clínica Lázaro Cárdenas del ISSSTE con un 82%; el hospital Morelos del IMSS un 44%; mientras que el Regional Militar reporta un 29% y el General Salvador Zubirán está en un 20 por ciento.

A nivel estatal el hospital número 22 del IMSS en Nuevo Casas Grandes tiene una “ocupación (del) 85%, al igual que el hospital General de Camargo; el Ramírez Topete de Cuauhtémoc está al 78%, el Regional de Delicias a un 75% y el Hospital General de Juárez se encuentra al 70%”. (Nota de Miguel Silva, El Diario, 21/IV/21).

No hay duda, de no aplicar restricciones a la movilidad, y a pesar de que la mayor parte de los adultos mayores de 60 años hayan recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna, podremos estar en los albores de una nueva, y aún más peligrosa oleada del COVID 19 en Chihuahua.

A tales datos, sombríos de por sí, se agrega el hecho de que el gobierno norteamericano alertó a sus ciudadanos sobre el riesgo de visitar algunas zonas de Chihuahua, debido no sólo por la inseguridad -creciente-, sino, sobre todo, por la elevación del número de contagios detectados en las últimas semanas, que pueden llevar a que las autoridades estatales decreten medidas más restrictivas y que echará por tierra aquel prometedor anuncio efectuado por el presidente López Obrador, de que Chihuahua podría ser uno de los estados en los que se reanudaran las clases presenciales prontamente.

Si bien los promedios del período de incubación del COVID 19 han estado disminuyendo -la mayoría de los nuevos estudios ubican que la enfermedad podría presentarse, en promedio, a los 7 días del contagio- por lo que ahora estamos viendo en la entidad, especialmente en la capital, aunque no solamente, es que tales períodos pudieran ampliarse a las 2-3 semanas, lo que guardaría relación con el fin del período vacacional de semana santa.

Ante tal panorama, es urgente -y ojalá el gobierno de Chihuahua lo solicitara, y el gobierno de la república lo acordara- adelantar la aplicación de la segunda dosis de vacuna a los mayores de 60 años y así evitar una catástrofe peor.

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¿Qué nos depara el futuro sin AMLO?

El Diario, 18 de abril de 2021

 Luis Javier Valero Flores 

• Cultiva el rechazo a las posturas de la izquierda
• AMLO construye su control sobre el Poder Judicial
• Un estado militarizado, sin división de poderes pareciera ser el futuro post 4T

Desde la óptica de López Obrador y Morena, es un despropósito efectuar la menor crítica, a su gobierno y a su partido en plena campaña electoral, en la que tienen como principal objetivo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados.

Sin atenuantes, quienes lo hagan -así sea desde las posiciones de más buena fé y/o desde la izquierda democrática- serán señalados por el presidencial dedo flamígero como contrarios a la 4T y, sin duda, ubicados como parte de la ofensiva “conservadora” que pretende “regresarle” los antiguos privilegios a los partidos de la antigua mafia del poder. 

El problema del país y, para, por lo menos, las dos próximas generaciones, es que lo realizado por López Obrador a nombre de la “izquierda” es profundamente reaccionario, -por supuesto, salvo muy contadas excepciones- y contrario a lo buscado por la izquierda democrática en el mundo entero, el actual.

Con ello, lo que se desprestigiará -y ya está ocurriendo a pasos agigantados, abriéndole un enorme espacio a las posturas más regresivas, en pleno siglo XXI!— serán las posturas de esa izquierda pues una buena parte de las asumidas por el presidente, y su conducta, se acercan más al presidencialismo del antiguo régimen priista, especialmente de la década de los 70’s -y anteriores- que a las formas y programas de la izquierda.

Las evidencias están a la vista, abarcan al total de las actividades de su función pública. 

Pero en el curso de la semana ocurrieron varias que concitan la más honda preocupación, que denotan, se acepte o no por quienes aún militan en Morena y se ubican en la izquierda, ese indudable giro a la derecha.

En ellas se encuentra, de manera central, la de incorporar masivamente a las fuerzas armadas -llámense Defensa Nacional, Marina o Guardia Nacional- a desempeñarse en la seguridad pública y, en la práctica, a la desaparición de las fuerzas policiacas, federales o nacionales, de carácter civil.

En lugar de ello, el cúmulo de tareas y responsabilidades de las fuerzas armadas, sustituyendo a las autoridades civiles en tareas esenciales como son las de la seguridad pública, la administración de las aduanas, la construcción de las obras de infraestructura y hasta la de la aplicación de las vacunas, y otras, crecen con los días.

Siendo grave lo anterior, en la semana ocurrieron tres eventos que lo son aún más: 

Primero, la aprobación de las reformas a la ley de telecomunicaciones, en las que se incluyó la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil (los dueños de los celulares) con todos sus datos, incluidos los del ámbito más personal, como lo son los biométricos;

Segundo, la ampliación del período del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal por dos años más, aprobada en la Cámara de Senadores por la mayoría integrada por Morena y sus aliados y;

Tercero, la andanada en contra del INE, la que, además de intentar invalidar la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón, pretende cambiar a los consejeros electorales incómodos para la 4T, entre ellos su actual presidente, Lorenzo Córdova.

La reforma al Poder Judicial, que pretende ampliar los períodos del presidente de la Corte y los consejeros de la Judicatura Federal, es una descomunal violación constitucional.

Ya habían ocurrido episodios semejantes en el pasado; la tentación de controlar hasta el último rincón del quehacer gubernamental es irrefrenable en los presidentes mexicanos,  prácticamente todos los anteriores, en cuanto pudieron, le metieron mano a la Suprema Corte de Justicia, o por lo menos lo intentaron.

López Obrador no escapa a ello. 

Va más allá, aparentemente el objetivo presidencial -de acuerdo con las expresiones de la oposición- era la ampliación del período del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, reputado como un jurista de corte progresista, y que puede, o no, caer en la seducción presidencial del tabasqueño.

En realidad, el objetivo es alcanzar y mantener el control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal ¡Hasta el 2026!

El artículo transitorio aprobado por el Senado prolonga de cinco a siete años los nombramientos de los seis consejeros de la Judicatura en funciones, lo que contradice el artículo 100 de la Constitución: “Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”.

Contradice, además, el artículo 97 constitucional: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

De ese modo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quedaría en manos de funcionarios afines a Morena.

“Los consejeros que seguirían hasta 2026 son: Bernardo Bátiz, designado por el Presidente López Obrador, así como Loretta Ortiz y Verónica de Gyves, nombradas por el Senado, que debían salir en noviembre de 2024, pero ahora continuarían hasta noviembre de 2026. Bátiz, quien para 2026 tendrá 90 años de edad, fue el Procurador de Justicia del Distrito Federal durante el Gobierno de López Obrador en la Capital; Ortiz es una académica y ex diputada de Morena que desde hace años ha apoyado al Presidente”. (Nota de Grupo REFORMA, 17/IV/21).

Por su parte, la cercanía con el presidente López Obrador, de Verónica de Gyves, no podía ser más estrecha, pues fue la procuradora de Justicia cuando AMLO era jefe de Gobierno de la capital y es esposa del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra, quien fue, por puritita casualidad, el defensor de López Obrador en el juicio de desafuero.

Guerra Álvarez y De Gyves son compadres de Rosa Icela Rodríguez, la flamante Secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal.

No es poca cosa lo que intentan hacer. El Consejo de la Judicatura es el encargado de administrar, vigilar e imponer sanciones a jueces y magistrados de más de 850 Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en el país. 

Ahora estarán controlados por funcionarios que forman parte del círculo de confianza del presidente, con lo que se pondrá en jaque la independencia del Poder Judicial y la vigencia de la división de poderes.

Los encargados de vigilar el funcionamiento de ese poder han sido nombrados, casi, como si formaran parte del gabinete presidencial. 

No garantizarán la independencia del Poder Judicial.

N’ombre ¡Viva la 4T!

Y eso que son diferentes.

Imposible no observar en estos tres aspectos la orientación al fortalecimiento del autoritarismo gubernamental, pero ahora de un gobierno emanado de un supuesto partido de izquierda,  jefaturado por Andrés Manuel López Obrador, con rasgos verdaderamente preocupantes como lo son el fortalecimiento del militarismo, el aumento de las medidas controladoras y vigilantes de la sociedad, la violación a los plazos del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura y las continuas agresiones al INE (para sustituirlo con los afines)- no nos llevan a una conclusión distinta: Estamos frente la modelación de un gobierno y un Estado autoritarios.

La aprobación de un padrón con los datos personalísimos de las personas, incluidos los biométricos en un grave atentado a la violación de los datos personales de los ciudadanos, además de constituir un serio riesgo para la integridad personal, fortalece, además, la creciente percepción de que estamos frente a un Estado autoritario, que intenta tener bajo su control este conjunto de datos que, además, dadas las condiciones de seguridad, el gobierno de AMLO no puede garantizar que permanecerán ajenos a la delincuencia.

Preocupan, además, las conductas mentirosas del presidente, tratando de aparentar que es ajeno a lo anterior: “Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”.

AMLO se prepara para un futuro en el que, cree, continuará la 4T. 

En realidad está configurando un nuevo entramado institucional autoritario, semejante al anterior, el de los 70’s, que será dirigido por la derecha que lo sustituirá.

Por desgracia.

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Crisis: AMLO vs INE

El Diario, 15 de abril de 2021

 Luis Javier Valero Flores 

La decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), de ratificar la cancelación de las candidaturas de MORENA a los gobiernos de Guerrero y Michoacán y ordenar la designación de nuevos candidatos, ha desatado una durísima reacción del presidente de la república, frente a la cual parecieran empequeñecer las que previamente había dado el ahora depuesto candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Son de una dimensión verdaderamente preocupante, muestran al mandatario totalmente volcado en el proceso electoral y, en lugar de enjuiciar severamente las ilegales expresiones de Salgado en contra de Lorenzo Córdova, el principal responsable de la correcta conducción del proceso electoral en curso.

Salgado Macedonio, sin duda alguna, amenazó al consejero electoral, e hizo apología del delito al preguntar a sus seguidores, de la manera más hipócrita y manipuladora posible, si estaban de acuerdo en conocer el domicilio de Córdova, además de amenazarlos -a él y al consejero Murayama- de que “irían” por ellos en caso de que “le quitaran la candidatura”.

No menos preocupantes son las expresiones de López Obrador, al opinar que la cancelación de la candidatura de Salgado es “un atentado a la democracia” y que, ahora, para resolver si se mantienen tales candidaturas, propone que ¡Se haga una encuesta a través de un “Call center”!!!!

Durante largos meses el líder de Morena -López Obrador- pregonó que sus integrantes tenían como una de sus reglas el no mentir, pero a lo largo de los últimos días, Félix Salgado le ha mentido al país al aseverar que él no fue, “nunca”, precandidato y que, por tanto, no le podían achacar los gastos realizados en el lapso que el INE marcó como el de la celebración de las precampañas.

El problema es que MORENA, en el curso de la actual campaña, ha violentado diversas reglas electorales y ha mostrado un inocultable desprecio y rechazo a cumplirlas, lo mismo en el informe de gastos de precampaña, como en el cumplimiento de los plazos de registro de candidatos y ha lanzado una virulenta campaña, encabezada por el presidente, en contra del INE.

Es una completa equivocación, más allá de los salarios y de algunas decisiones -que siempre se podrán recusar- lo cierto es que este es uno de los órganos del Estado mexicano más preciados y que más bien han efectuado su trabajo y cumplido con sus funciones.

Las elecciones mexicanas tienen un elevado nivel de aceptación y de buen cumplimiento de las normas vigentes, que le han dado certidumbre a esta parte del funcionamiento del Estado mexicano que más desconfianza y acciones de rechazo tuvieron a lo largo de larguísimas décadas. 

Los procesos electorales estaban impregnadas del tufo del fraude electoral, pero en las últimas dos décadas y media los mexicanos adquirimos -y construimos- un formidable aparato electoral, ciertamente caro, burocrático e integrado por las cuotas de poder de los partidos del sexenio anterior, pero lo que ahora procede no es desaparecerlo, sino establecer los candados necesarios para evitar que ese mecanismo de las cuotas de poder partidario siga siendo el empleado para designar a los consejeros electorales.

El problema, para una buena parte de los mexicanos, es que la conducta de los nuevos gobernantes, en la designación de ministros, consejeros, y en general de integrantes de los organismos colectivos de dirección, o consultivos, o del Poder Judicial, su conducta ha sido igual a la usada por los grupos gobernantes que los antecedieron. 

Los ejemplos, por desgracia, sobran.

Así que, lo mejor que puede hacer el presidente -y lo único que le permite la ley- es quedarse callado frente al proceso electoral y dejar que los órganos del Estado Mexicano encargados de ese proceso realicen su trabajo, sin la injerencia del titular del Poder Ejecutivo.

Eso es lo que haría un presidente demócrata.

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Metástasis duartista (priista) total

El Diario, 11 de abril de 2021

 Luis Javier Valero 

A una semana del inicio de la campaña electoral para elegir al gobernador de Chihuahua, puede asentarse que estamos frente a un proceso extremadamente complejo, controversial y disputado.

Son innumerables los aspectos que a ello contribuyen, pero desde ya puede asentarse que se comportará, como prácticamente en todos los procesos de 1986 a la fecha, como una competencia parejera -es decir, entre dos-, con las novedades de que, primero, no se presentará entre el PRI y el PAN, como así había sido a lo largo del último cuarto de siglo; segundo, que derivado de lo anterior, el PRI se enfrentará a la posibilidad de que, por lo menos a nivel de gobierno estatal, será derrotado por segunda ocasión consecutiva y, tercero, que por segunda elección consecutiva (2018 y 2021) los protagonistas principales serán los panistas y los morenistas.

Deberá anotarse que será la primera ocasión en la que el partido del presidente afronte una elección a gobernador en Chihuahua, y en la que, además, no arranca como favorito.

Por si fueran pocas las malas noticias para el PRI, en todas las mediciones aparece en un lejano tercer lugar y el éxodo de militantes a los otros partidos es impresionante, casi asemeja al fenómeno presentado en las últimas fases del cáncer que, por desgracia, tantos chihuahuenses sabemos de sus consecuencias, el de la metástasis.

La presentada por el PRI es masiva, es impresionante, pero impacta aún más que las dirigencias partidistas y sus candidatos más beneficiados no aprecien en toda su magnitud el impacto negativo que los ciudadanos resienten ante tal fenómeno.

A tan compleja situación electoral ha contribuido seriamente el gobernador Corral. 

Ha amenazado con no quedarse callado.

¿Responderá a todos los señalamientos en contra de su gobierno? ¿De todos los candidatos, o solo los realizados por la candidata de su partido?

Al responder a los señalamientos realizados por la candidata Maru Campos, el gobernador Corral respondió de manera semejante a como lo hizo semanas atrás el presidente López Obrador: 

Ya no me quedaré callado; acepten responsabilidad, le dijo a su compañera de partido. Se quejó de ser el receptor del primer discurso de la candidata del PAN: “Yo no fui el que aceptó sobornos de César Duarte, ni el que recibió dinero para arreglar su casa, al que le pagaron la tarjeta de crédito o contratos simulados. Yo no voy a responder por esas conductas, si tuvieran la más mínima decencia, pedirían disculpas”.

Corren las versiones y crece la certidumbre en una parte de la sociedad chihuahuense, como si fuera cierto, que Corral decidió “entregarle” Chihuahua a Morena. La mismísima candidata Maru Campos lo ha aseverado.

Una cosa es cierta, los ataques de Corral a la alcaldesa con licencia benefician directamente al candidato de Morena, Juan Carlos Loera, aunque no puede asegurarse que los ciudadanos desencantados vayan a votar por el morenista, aunque un porcentaje sí lo hará y ese fenómeno será apreciado en el transcurso de las dos próximas semanas, entonces sabremos el impacto real de la vinculación a proceso de Maru en las preferencias electorales.

Siendo importante ese aspecto, no es el único que contribuye decisivamente a la complejidad de la actual campaña electoral. 

Hay uno de carácter nacional y que concita el mayor interés de una parte importante de los analistas, como reflejo del discurso de la alianza de los partidos opositores -PRI, PAN, PRD-, que sostienen que en esta elección están en juego dos visiones del país, la de un México con López Obrador y su autoritarismo populista “mirando al pasado” y la de los opositores que, dicen, es la de construir un país con libertades, oportunidad de movilidad social y apuesta por el futuro.

¿De veras pueden asumirse esos partidos como los heraldos de la sociedad democrática moderna que anhelamos?

¿Tendrán razón quienes acusan al bloque gubernamental de ser el del pasado populista con visión del pasado?

¿De veras eso es lo que está en disputa en esta elección? ¿O será simplemente, la ruda, áspera, salvaje disputa por el poder, por mantener, o alcanzar la mayoría de la Cámara de Diputados?

¿Estará en juego la posibilidad de “abortar” la “profunda” transformación prometida por López Obrador?

El problema -se ha repetido hasta el cansancio- es que es de tales dimensiones la incursión en Morena de todo tipo de integrantes de los partidos del antiguo régimen, que se antoja francamente imposible que se transformaran políticamente en otros e impulsaran exactamente lo contrario que aprobaron y empujaron en sus más recientes apariciones políticas, todas en el PRI o en el PAN.

Y no vayamos lejos, el mismísimo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aprobó entusiastamente la reforma energética de Peña Nieto, la que ahora combate el presidente López Obrador.

Por ello, no debiera sorprender la aparición de destacados priistas y panistas en la constelación de candidaturas del partido de “la esperanza de México”, y, aún peor, que entre ellos destaquen no pocos duartistas que ahora se cobijan en la bandera de la 4T.

Pero lo mismo ocurre en el caso del PAN, al que se le suman a las candidaturas de este partido, no solamente quienes ocuparon posiciones relevantes en el sexenio anterior, sino también quienes desempeñaron los papeles más miserables en la lucha política, como lo son los de actuar como golpeadores en contra de los partidos de oposición de entonces y en contra de los movimientos sociales.

Hoy, alegremente se suman a las filas del blanquiazul, y para quienes usan los argumentos del pasado, de que la unión de partidos opuestos era impensable, o impresentable, la decisión de dar origen a la alianza de “Va por México”, entre el PRI, el PAN y el PRD, en la práctica les quitó las trabas a las muy disminuidas fuerzas priistas para sumarse a la candidata del PAN, Maru Campos.

Pero no sólo se van para allá. 

En el caso de Morena -ya lo hemos referido- un buen grupo de destacados priistas-duartistas, sobre todo del antiguo Paso del Norte, ocupan envidiables posiciones electorales.

Más. Los vientos “transformadores” llegarán a la antigua capital del mundo -de la plata-, Parral, en la persona de otro personaje duartista. Otto Valles será el candidato de Morena en ese distrito.

Y no solo quienes formaron parte de aquel equipo -también lo hemos señalado-, sino que también llegaron del más cercano a Héctor “Teto” Murguía, como su hermano Daniel, que ahora va como candidato de la 4T en el Primer distrito electoral federal.

Este personaje es el súmmum de lo que efectúa una buena parte de la clase política chihuahuense. Fue designado candidato a Síndico de Juárez por su partido, el PRI, cuando repentinamente  ya se estaba subiendo al carromato de Morena como candidato a diputado federal.

Además -híjole es tan incluyente el ánimo morenista- que se confirmó la candidatura de Carlos Borruel en el Sexto distrito federal -de la capital-, así como la de su hija, Mónica, en alguna lejana posición de la lista de candidatos plurinominales de diputados federales.

Con tanta mescolanza ¿Cómo se aspira a que los electores hagan un ejercicio “inteligente” y voten por el programa de gobierno “más adecuado para el México moderno?

Es francamente imposible, pero, además ¿A quién le importa en este elección?

Esta será, sin duda, una elección en la que el voto de los ciudadanos, quizá con mayor fuerza que en los procesos electorales anteriores, estará más influido por sus cargas emocionales.

En el aire estarán los odios, filias y fobias hacia López Obrador. Otra parte de los electores pensarán en la controversia fifís-morenistas; otros más en apoyar irrestrictamente al presidente López Obrador; otros serán más influidos por el sentimiento de que Maru Campos es perseguida por Corral; y al contrario, los que sostienen que ya la sentenciaron como receptora de los pagos de Duarte; otros rechazarán hasta salvajemente a Juan Carlos Loera a quien identifican con la decisión del gobierno federal de extraerle el agua a las presas del centro-sur el año pasado.

Y otros lo defienden por ser de auténtica cepa morenista y poner por delante la bandera de la 4T.

La pasión por delante.

De ese modo se expresarán las preferencias electorales de los chihuahuenses.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Los saldos de la frivolidad

El Diario, 8 de abril de 2021

Luis Javier Valero Flores

Se tomó como un episodio más de las frivolidades de la clase política, como un episodio más de las disputas protagónicas de los titulares del Poder Ejecutivo en el estado el país. 

Eso parecía. Se les olvidó que los actos y decisiones que toman quienes tienen en sus manos diversas responsabilidades de gobierno, pueden generar graves consecuencias en sus gobernados, que pueden llegar hasta lo máximo: La pérdida de sus vidas.

Eso es lo que ha ocurrido a raíz del episodio en el que los gobernantes estatales y federales decidieron abandonar la Mesa de Seguridad, la instancia que, se supone, serviría para coordinar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad pública de ambos niveles de gobierno, aspecto imposible de eludir en el caso de Chihuahua, entidad en la que, desde quince años atrás, se presentan las cifras  de las más altas en el país, de la comisión de homicidio doloso, de tal modo que la ubican como una de las cinco entidades con las más altas cifras en este delito a lo largo de este período.

La aseveración del padre de una las víctimas de la emboscada en la que integrantes del crimen organizado asesinaron a cuatro cuatro elementos de la policía estatal una semana atrás en la comunidad de La Concha, municipio de Temósachi, son contundentes, además de dolorosos: “Pleitos de Corral provocaron su muerte: padre de víctima. El padre de una de las víctimas culpa al mandatario del incidente por sus diferencias con la Federación”. (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 7/IV/21).

“Sergio Luna, padre del oficial Sergio Arturo Luna Escalante, uno de los oficiales que perdió la vida en dicho enfrentamiento” acusó a las diferencias del gobernador Javier Corral Jurado con el gobierno federal, como la causa de la muerte de su hijo.

La referencia es directa. Unos cuantos días de los mortales acontecimientos, su hijo le refirió que “no estaban contando con el respaldo de la Guardia Nacional, por las diferencias existentes entre el estado y la federación y tenían que patrullar con sus propios recursos y las carencias, en unidades que presentan deficiencias mecánicas”. (Ibídem).

Obligados a patrullar en zonas en las que las bandas del crimen organizado ejercen un absoluto control, desde hace muchos años, merced a las disputas estado-federación, en los patrullajes, le dijo el agente Luna Escalante a su padre, no les acompañaban las fuerzas federales, y que, cosa aún más grave, “la Guardia Nacional … no acudía en apoyo al momento de los enfrentamientos a pesar de que sus elementos se encontraran a escasos minutos de distancia”.

Esa apreciación, guarda una estrecha similitud con lo ocurrido años atrás, cuando se presentaron varios enfrentamientos entre bandas del crimen organizado en los alrededores de Cuauhtémoc y en los cuales las fuerzas federales -eran los tiempos del presidente Peña Nieto- tampoco hicieron esfuerzo alguno por intervenir…. Como ahora.

Estamos frente a un verdadero problema, a cuya solución ojalá sirva la decisión de reanudar las reuniones de los integrantes de la Mesa de Seguridad, así sea solo para atenuar de alguna manera lo que hoy ocurre en Chihuahua, en donde los niveles de violencia desatada por el crimen organizado se han elevado, sin que ello enturbie el ánimo vacacionista del gobernador Corral y del principal funcionario de su gobierno, encargado de este tema, el Secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz.

Y es que, de acuerdo con el informe presentado por el Observatorio Ciudadano de FICOSEC, “… durante el primer bimestre de 2021 el homicidio doloso aumentó un 36.2 por ciento contra el mismo bimestre de 2020 en tasa por cada 100 mil habitantes; lo mismo ocurrió con el delito de robo a casa habitación que creció un 42.5 por ciento en 2021 contra el 2020, así como los delitos sexuales que tuvieron un alza del 17.4 por ciento en este primer bimestre 2021 contra el mismo 2020”. (Nota de De la Redacción/El Diario, 7/IV/21).

Parecían simples frivolidades, sin consecuencias que lamentar, por desgracia no es así.

De ese modo culmina su gobierno Javier Corral, incapaz de interrumpir sus vacaciones para ofrecerles a las familias de las víctimas, por lo menos, un pésame adolorido y un reconocimiento a su tarea, de tan mala manera cesada.

N’ombre, es mucho pedir.

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