Cínico reparto de culpas

El Diario, 30 de junio de 2022

 Luis Javier Valero Flores 

¡Pobre país, no merece tener esta clase política!

Ante el hecho -probablemente- más emblemático de la presente oleada homicida que asola al país, (el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de la Sierra Tarahumara, entregados a esa región del país -y a su gente-) los gobernantes más importantes, por su cargo, por su relevancia social, por su lugar en la jerarquía partidista -de ahora y en el pasado- no pierden oportunidad de deslindarse de las enormes responsabilidades que tienen en esos hechos, que podrían convertirse en el antes y el después de la ola de sangre que sufrimos.

No hay atenuantes, el principal es el presidente de la república, porque es el Jefe del Estado Mexicano. No puede esgrimir lo que lamentablemente expresó en la conferencia de prensa de ayer miércoles 28 de junio: 

“… esto último del asesinato de los sacerdotes merece una explicación de las autoridades locales a fondo. ¿Cómo es posible que con órdenes de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad, que fuese patrocinador de un equipo de beisbol y que todo mundo supiera a qué se dedicaba y no lo tocaran. ¿Por qué, cuál era su estatus? Tenía que haber ahí contubernio. Muchas veces estas relaciones perversas surgen de los apoyos que se dan en campañas políticas…”.

Sin saberlo, o quizá sabiéndolo, López Obrador describió a detalle lo que ocurre en el país, con todas las fuerzas políticas gobernantes en todos los niveles de gobierno.

Digámoslo enfáticamente, con todas.

No se escapa una sola.

Pueden no estar coludidas, tal y como señala el mandatario, pero que cargan con inmensas responsabilidades en el manto de impunidad prevaleciente, es una verdad irrefutable.

El presidente se lamenta de un hecho (que no se detuviera al presunto asesino -José Noriel Portillo- de los jesuitas Javier Campos Morales y César Mora Salazar, y del guía turístico, Pedro Palma) a pesar de que, desde el 2018, por lo menos, existía una orden de aprehensión en su contra.

La acusación presidencial, sin mencionar directamente a la gobernadora Maru Campos, es tajante.

Pero hay malas noticias, no solo para el presidente, también para el país y los chihuahuenses, y es que el gobernante anterior -Javier Corral- al que pretendió ungirlo con una representación de su gobierno en el exterior, era el responsable de la ejecución de esa orden de aprehensión.

No es la única cosa negativa. 

En abril de este año, elementos de la Marina Nacional, en conjunto con las fuerzas policíacas estatales, pretendieron detener al “Chueco”.

No lo detuvieron.

Se asegura, en informaciones extraoficiales, que estuvieron a punto de lograrlo.

¿Este hecho no fue reportado en las reuniones de seguridad que encabeza el presidente de la república?

¿No merecía, acaso, una atención más puntillosa derivada del hecho de que era perseguido por ser el presunto asesino de un ciudadano de los EU?

¡Por supuesto que se coincide con el presidente en el sentido de que debe investigarse a fondo sobre el hecho de que “El Chueco” siga libre!

Pero en eso de repartir culpas y no aceptar las propias son especialistas los gobernantes, como antes fueron los de antes.

Planteado de botepronto parecieran no tener relación los siguientes hechos:

El 30 de octubre las fuerzas armadas detuvieron a Ovidio Guzmán en una finca en Culiacán, la capital sinaloense.

Se desató el infierno. Los militares intentaban aplicar una detención, con fines de extradición de Ovidio a los EU.

El presidente ordenó su liberación, para evitar, dijo, un baño de sangre mayor. 

El cártel de Sinaloa le tomó a López Obrador la capital sinaloense, su capital, la suya, de ellos.

Dos años y medio después esa orden de detención no ha sido, ni siquiera intentado ejecutarla. 

¿Ya no existe la orden? ¿Se desistió el gobierno norteamericano?

Lo más probable es que no.

¿Porqué no lo detiene el gobierno de la 4T?

Bueno, pues resulta que Ovidio es uno de los jefes de la banda criminal a la que pertenece el asesino de Cerocahui, sin duda la más poderosa en el presente sexenio y en los dos anteriores, no sólo en el de Calderón, como cada mañanera nos pretende vender el presidente; no, también fue la mandona en el gobierno de Peña Nieto, a quien el presidente no toca en el reparto mañanero de culpas.

¿Por qué no encabezar la acción global del Estado Mexicano y enfrentar al crimen organizado; sí, con su capacidad de fuego, pero también con toda la fuerza del Estado, en lugar de repartir culpas y acusar a los otros de lo que es su responsabilidad?

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

La Tarahumara sí tiene ley, la del crimen organizado

El Diario, 26 de junio de 2022

Luis Javier Valero Flores

Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”: Sacerdote Javier “El Pato” Ávila

-Y ahora ¿Cuándo se irán las fuerzas especiales?

-¿Cuándo volverán las fuerzas estatales a dejarle al “narco” el control total de la zona, como antes, como casi siempre?

-¿Cuándo aplicarán un programa transformador a La Tarahumara?

-¿O debemos esperar la siguiente tragedia?

Los anuncios son espectaculares: 

-“Llegan mil elementos de las agrupaciones especiales de las fuerzas armadas a buscar al ‘Chueco”

-“Nunca más permitiremos una masacre así”

-“Es un deplorable asesinato y vamos a hacer justicia…”

Y así por el estilo.

Pero frente a esos discursos repetitivos, se alzan, inconmovibles, las figuras de las “Doñas” del Siglo XXI en México, las mamás de los desaparecidos, apostadas a las afueras del templo del Sagrado Corazón de Jesús en la capital chihuahuense, justamente cuando en el interior se realizaba una misa de cuerpo presente de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y César Mora Salazar, asesinados el lunes anterior, junto al guía turístico, Pedro Palma, en el interior de la parroquia de Cerocahui, a manos de José Noriel Portillo, quien ha sido señalado como el autor material y jefe del principal -quizá único- grupo delincuencial existente en la región, integrante del grupo de “Los Salazares” -de Chínipas- y, a su vez, del Cártel de Sinaloa.

¿Y cuándo se vayan las fuerzas armadas? ¿Y cuándo se extinga la atención de la opinión pública mundial -y nacional- sobre los dolorosos acontecimientos de Cerocahui, qué?

¿Sólo nos percataremos del nombramiento del nuevo jefe de plaza de los cárteles y de sus múltiples e impunes fechorías? ¿Habrá cambiado algo, a favor, de los habitantes de la sierra?

¿Volveremos a la prevención de “no vayan de noche a esa región?

¿Habrán puesto, los gobiernos federal y estatal, ambos con un discurso transformador, siquiera la primera piedra de la extensa, profunda  y larga operación de reconstrucción social que requiere esta devastada región de Chihuahua? 

En ésta sus habitantes originarios pasaron de ser explotados por los caciques ligados a los gobernantes, para formar parte, ahora, del arsenal de modos de explotación a los que los someten, los mismos de antes, a los que se añadieron los delincuentes que, como los caciques del pasado, también son de horca y cuchillo, pero cuyos negocios están íntimamente ligados a la modernidad del mundo y en especial a la de las grandes urbes nacionales y, sobre todo, del gigante norteamericano?

Pero las razones de lo contemporáneo no están desligadas de la inmensa corrupción gubernamental -que genera la consiguiente impunidad- de los gobiernos del pasado y los del presente.

Basta señalar que, fuera del programa “Sembrando vida”, del gobierno federal -que sólo distribuye dinero y algunas orientaciones de cómo sembrar- no existe un solo programa de largo aliento para la región.

No hay, ni siquiera, el menor asomo de empatía con el grupo social más organizado presente en la región, que ha realizado un conmovedor y fructífero trabajo -de hace siglos-, el de los jesuitas, que ha propuesto, una y otra vez, a uno y otro gobierno, sean del ámbito estatal o nacional, un programa a desarrollar y que ha encontrado, en el mejor de los casos, la atención parcial, momentánea y solo en algunos aspectos, de los gobiernos que mejor empatizaron con ellos y con la comunidad indígena de Chihuahua.

Y, por otro lado, ¿Cuánto pueden, los gobernantes chihuahuenses del pasado, aportar para la resolución de la problemática actual, como pretende la gobernadora Campos obtener si, salvo la mayor presencia del crimen organizado ahora, nada ha cambiado de la época en la que gobernaron?

¿Cuántos y cuánto denunciamos, desde el 2007, la agudización de la penetración de los grupos del crimen organizado en la región, hasta convertirla en “su” región, suya de ellos, en la que determinan quien entra y quien sale, además de las horas en las que permiten transitar; en la que las empresas -sobre todo las mineras, aunque es un hecho generalizado- deben pagar para operar y para permitirle a sus proveedores acceder a la región?

Hemos escrito una cosa errónea: La tarahumara no es una tierra sin ley. Sí tiene ley, la del crimen organizado.

Sólo hasta el asesinato de los padres “Gallo” y “Morita” y de Palma, y ante el reclamo del Vicario de La Tarahumara, directo, sin ambages, tajante, el gobierno de Maru Campos decidió reunirse con los representantes jesuitas ¿Porqué no antes, y no para ver el tema de los asesinatos?

¿Porqué los proyectos carreteros para esta región, anunciados por el presidente López Obrador, no contemplan un solo proyecto de reconstrucción social, ni de atención a las adicciones, ni de la prevención de ellas en una zona en que empiezan a crecer peligrosamente los índices de ello?

Pero tampoco un programa que catapultara las potencialidades artísticas, económicas de la comunidad rarámuri y de proyectos comunitarios, como en distintos momentos y diversas organizaciones de la sociedad civil han desarrollado, junto con las comunidades, como el de la producción de aves domésticas, de la producción de huevo; del aprovechamiento integral del recurso forestal; de la obtención de agua potable y de tantas otras actividades que permitieran a los integrantes de las comunidades, no “integrarse” a la civilización -occidental- sino el de permitir a sus integrantes tener pleno acceso a los beneficios de la moderna sociedad en la que vivimos.

Igual sucede en el ámbito local.

¿Por qué no preguntarle a las comunidades qué se puede y debe hacer en ellas? ¿Porqué no asesorarse de la comunidad jesuita y de los activistas sociales, indígenas y derechohumanistas presentes en la región y hacer lo mismo?

¿Porqué no echar a andar un verdadero programa de protección a esos activistas y religiosos que efectúan sus actividades en el pleno filo de la navaja, como ahora, dolorosamente, lo atestiguamos?

¿Porqué no se hizo igual, en los asesinatos de los activistas indígenas Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, ambos defensores de los bosques; o en los de Víctor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo y tantos otros?

Por supuesto que tal situación no es reciente, pero los gobernantes de ahora -estatal y federal- ya lo debían saber. 

“La asociación civil Alianza Sierra Madre documentó que al menos 17 líderes de comunidades de la Sierra Tarahumara han muerto en Chihuahua por oponerse a las actividades del narcotráfico, cinco de ellos durante la administración de Javier Corral. Todos contaban con medidas de protección del Mecanismo para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en el que participan la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado. (Nota de Jesús Estrada, La Jornada, 21 de octubre de 2019).

Por esos antecedentes enervan las declaraciones de ahora.

Por supuesto que los homicidios, todos, son del fuero común y les corresponde a las autoridades locales efectuar las investigaciones y canalizar los casos a la fiscalía, pero en homicidios de tan alto impacto -como los ahora comentados y como los de los activistas- que tienen, claramente, un entorno social, económico y criminal extremadamente complejo le corresponde a las instituciones, en conjunto, del Estado Mexicano, cuya cabeza es el presidente de la república, afrontar.

Lo ocurrido en Cerocahui es el vivo retrato de lo que sucede en el país. Nadie se quiere hacer responsable de la grave situación por la que transitamos.

Quien puede -por los inmensos recursos que posee- enfrentarla es el gobierno federal.

No solo tiene el presupuesto federal, sino que ahora -bueno, siempre- tiene el mando de las fuerzas armadas, (las que ahora ha volcado a la seguridad pública), la conducción de la procuración de justicia y el total de las instituciones que podrían detonar la reconstrucción del tejido social.

En cambio, el presidente López Obrador, ante los asesinatos de los jesuitas y de Pedro Palma, entre otras cosas, declaró que 

“… (el gobierno federal) también está haciendo lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción, aunque se trata de un asunto del fuero común, de enviar a elementos de la Sedena”. 

¿Cómo, encima debe agradecérsele que ante un hecho de tales dimensiones, haya enviado “a elementos de la Sedena”?

Inaudito.

Más. Aunque no es necesario señalarlo, el presidente, por supuesto, sabía de la penetración del narco en la región: “Esa zona de la sierra ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia…”, dijo.

¿Y?

No nos preocupemos, el presidente dijo que “está haciendo el trabajo que nos corresponde”.

¿Cuál?

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

Chihuahua, (todo México) territorio sin ley

El Diario, 23 de junio de 2022

 Luis Javier Valero Flores 

Tan solo el recuento de las masacres ocurridas en Chihuahua en el presente año es estremecedor, todas; el clímax es la ocurrida el lunes en Cerocahui, en el que un grupo criminal asesinó -hasta la información con la que contamos al momento- de dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas, los tres con décadas de residir en la zona, desempeñarse abiertamente y sin que tuviesen -por lo que sabe- conflicto alguno con las bandas criminales.  

A ese tema que regresaremos el próximo domingo.

Pero si el recuento se detuviera sólo en las ocurridas en Juárez, tendríamos, por simple lógica ciudadana, que esperar una decidida acción de la autoridad para salir al frente de una situación que amenaza con regresarnos a los aciagos años del 2008-2011, máxime que en esta ciudad, con todas las vías de comunicación al alcance de todas las autoridades, y sin los problemas que acarrean, por ejemplo, las regiones de la Sierra Tarahumara.

Debemos retrotraernos a ese infierno, el del presentado entre los años 2008 y 2011, en el que, durante semanas, se presentaban más de 11 asesinatos diarios, tan solo en la antigua Paso del Norte.

Coincidentemente, el lunes anterior, el periodista Héctor de Mauleón escribió un artículo (El Universal, Las masacres en Juárez) en el que hizo el recuento de ellas, siete, tan solo en lo que va del año en esa ciudad fronteriza:

  El 9 de enero en el bar Viejo Oeste un comando asesinó a tres hombres;

“Entre el 11 y el 12 de febrero, como parte de una misma serie de hechos, sicarios asesinaron a nueve personas a las que fueron a buscar a dos velorios”, en uno mataron a tres personas y en el otro, a seis. (Ibídem). 

En este último asesinaron a un niño de 12 años, y otras seis  personas resultaron heridas. 

Luego, en un taller mecánico, ubicado también en la colonia Luis Echeverría, “las autoridades encontraron los cuerpos despedazados por las balas de cuatro personas, apenas unos niños, un menor de 15 años, de un muchacho de 22, y de dos jóvenes que acababan de cumplir 23”.

“El 6 de mayo, Ramiro J.V., cabecilla del grupo conocido como Artistas Asesinos –brazo armado del Cártel de Sinaloa–, fue dejado en libertad al lado de dos cómplices”. Fueron recogidos por “una mujer a la que acompañaban dos niños de 10 y 12 años”. Los seis fueron ultimados.

El 6 de junio, en una fiesta familiar “cinco personas fueron acribilladas y ejecutadas con tiro de gracia”. Las víctimas eran familiares de Arturo Arellano, El Freak, “jefe criminal de los Mexicles”, quien acababa de aparecer colgado en su celda.

Aún faltaba la masacre del jueves de la semana anterior, en el Denny’s, en el que fueron ejecutadas cuatro personas, además de otra herida.

Juárez está convertida en el campo de batalla de los grupos criminales que se disputan el mercado, las rutas y el territorio de la urbe fronteriza del trasiego de la cocaína, la heroína y las metanfetaminas, sin que, hasta el momento haya una ofensiva gubernamental, apoyada en operaciones de la inteligencia, que destraben lo que amenaza en convertirse en una nueva edición de la salvaje, violenta y brutal ola homicida padecida por los juarenses al término de la primera década del siglo XXI.

A las masacres de Juárez “el semanario Zeta contabilizó, entre enero y mayo, 86 masacres cometidas en el país, las cuales han dejado más de 400 personas muertas”. (Ibídem).

Así, en la medida que crece el número de víctimas fatales en el sexenio, que superará sin ninguna duda las presentadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal sólo atina a señalar como fuente  original de la ola criminal actual al ¡gobierno de Felipe Calderón!, pero sin que la crítica al pasado, ni siquiera por equivocación se detenga en el sexenio del priista Peña Nieto, a pesar de que éste le dio plena continuidad a la estrategia de Calderón y alcanzó, hasta antes del actual sexenio, la más elevada cifra de homicidios (más de 156 mil en todo el sexenio), que muy probablemente será superada en el gobierno de López Obrador, quien acumulaba, hasta el miércoles (ayer), cerca de los 125 mil.

Lamentablemente los sucesos acaecidos en Cerocahui han develado lo que en distintos foros, en diversas ocasiones, desde muy diferentes sectores se ha señalado enfáticamente: No hay estrategia para enfrentar l ola homicida; peor, no hay ninguna operación de inteligencia que se esté aplicando en ello.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

De carcamanes viejos y nuevos

 

• En la peor crisis de su historia, ni los ex, ni el actual del PRI son capaces de asimilar las causas de su debacle
• Le exigen la renuncia a Alito Moreno quienes fueron participantes activísimos en la generación de la crisis
• Crecen las voces en el PAN clamando por no “cargar” con el lastre del priismo

El Diario, 19 de junio de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Carcamán: 

1. m. y f. coloq. Persona de muchas pretensiones y poco mérito: RAE

Sin duda que el PRI atraviesa por la peor crisis de su historia. Está a punto de contar con solamente una gubernatura (Coahuila o Estado de México, en elecciones el próximo año en las que, si le va bien, podría ganarlas, aunque es más probable que mantenga Coahuila en tanto que el EdoMex está en el aire) y otra compartida (Durango).

Ahora bien, la derrota del priismo en las entidades es más que evidente, pero extrañamente aún conserva niveles entre el 15 al 18% de las preferencias electorales, de acuerdo con las más recientes encuestas sobre las elecciones del 2024.

Pero ni eso atenúa el tremendo impacto que le ha significado, no sólo perder la presidencia de la república, sino las casi dos decenas de gubernaturas, de senadurías y decenas de diputaciones federales y locales, así como un titipuchal de alcaldías.

El viejo partido de estado es hoy un fantasma del cual, diariamente, huyen infinidad de militantes y dirigentes, la mayoría de los cuales emigran, de seguir en la política, al nuevo partido gobernante. 

No tienen un mal recibimiento ahí, pues 15 de los 22 gobernadores emergidos de Morena y sus aliados tienen su origen en el PRI, amén de que al nuevo gobierno se han sumado cientos, quizá miles de expriistas.

Pero adentro del “partidazo” no han asimilado la dimensión del golpanazo recibido; lo más grave, por lo menos públicamente, no entienden a cabalidad la naturaleza y las causas de su desastre. 

Insisten en las viejas recetas, tanto la dirigencia, como el grupo de ex presidentes. Éstos le achacan a Alejandro Moreno la responsabilidad de las derrotas y probablemente la tenga en algún grado, el problema, sobre todo para el priismo, es que cargan con tantos agravios sufridos por la sociedad mexicana a manos de los gobernantes priistas de, por lo menos, 70 años.

Ciertamente hubo aciertos, especialmente en la creación de algunas instituciones, realizadas en las décadas de los 50’s del siglo pasado, pero el deterioro económico y social, que cada vez abarcaba a más sectores de la población, sobre todo a partir de los 70’s, y la profunda transformación que experimentaba la élite gobernante, con su consecuente lejanía de las bases sociales del viejo partido “de la Revolución Mexicana” y que ante un continuo despertar ciudadano (quizá alentado precisamente por esa transformación de la élite dirigente) que de a poco se percataba del inmenso saqueo practicado por los gobernantes, y no solamente de la época neoliberal, como tanto insiste en argumentar el presidente López Obrador.

El saqueo era de película, pero lo efectuado en el sexenio de Peña Nieto colmó la paciencia ciudadana. El “nuevo” PRI de ese presidente estaba pletórico de verdaderas “joyas”, siete de ellos, ex gobernadores, se encuentran tras las rejas.

Ante semejante realidad, cómo pretenden que con un solo cambio de dirigentes puedan recuperar los niveles de confianza ante la sociedad, a la que le deben un más que obligado “mea culpa”, pero que no puede efectuarse con simples discursos y un “ustedes perdonen”.

Como todo en política los cambios verdaderos pasan por el filtro de los hechos.

Así, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, recibió a los ex dirigentes nacionales Dulce María Sauri, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu, Manlio Fabio Beltrones, Humberto Roque Villanueva, José Antonio González Fernández, Roberto Madrazo y el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores priistas.

Le propusieron “refundar y reorganizar la vida interna y su comunicación con sus militantes y simpatizantes, además de la renuncia ante los pésimos resultados del priismo. 

“… no te tenemos confianza, nos has colocado en la crisis más grave, la peor incluida la de 2000”, le dijeron y, además, le reclamaron una cosa verdaderamente escandalosa: Todos los integrantes del Comité Nacional fueron candidatos a diputados -o senadores- plurinominales.

“Así me dejaron el partido”, les respondió.

¿Cómo pretenden los carcamanes que dirigieron al PRI durante los últimos 30-40 años convertirse en la autoridad moral que le exige al sucesor actual que se haga a un lado -porque lo hace mal- y dictarle a ese partido que deben hacer?

¿Cómo se atreven los dirigentes del PRI en los sexenios de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto y ¡hasta de Luis Echeverría! dictarle a ese partido las nuevas reglas?

¿Qué no entiende Alejandro Moreno que no puede dirigir a ese partido si es propietario de una finca de 40 millones de pesos, incluso, y exagero, si la obtuvo lícitamente?

¿Cómo creerles a los viejos carcamanes priistas si el boato con el que se conducen en la actualidad nos remiten a los sexenios en los que se sirvieron a manos llenas de las riquezas del país?

Por eso, elección tras elección, así ponga Morena de candidatos a quien sea, una parte del electorado, con más memoria, quizá, o más agraviado, vota por esos candidatos, sólo porque son los sugeridos, empujados, nombrados, o como sea, por el presidente López Obrador a quien le conceden la suficiente autoridad política como para que vaya marcándoles el derrotero en el momento actual, a pesar de las descalificaciones y críticas que su desempeño despierta, una parte mayoritaria de las cuales están justificadas.

Otro ¿Cómo?

¿Cómo se atreve a exigir cuentas a sus dirigentes quien fue el responsable de la conducción política del país, en el sexenio de Peña Nieto, el senador Osorio?

¡No tienen medida!

A la exigencia de que renuncie, les respondió que él permanecerá en el cargo hasta el 19 de agosto de 2023.

A la salida de la reunión, Dulce María Sauri Riancho, tajante, informó de la reunión y le puso fecha a la renuncia: “el 18 de agosto de 2023, ni un día más.”. (Nota de Roberto Garduño, La Jornada, 14/VI/22).

Al término de la reunión no hubo conferencia de prensa de los ‘8, ni boletín de prensa de ellos, ni un comunicado conjunto con la dirigencia.

Pero sí la del presidente en vigor, Alejandro Moreno, acompañado de la dirigencia nacional y de los dirigentes estatales de todo el país que, coincidentemente, fueron citados a reuniones previas a la de la del Consejo Nacional, celebrada a los días siguientes de la efectuada con los ex dirigentes.

Moreno sufre una más que deplorable persecución lanzada en su contra por el actual grupo gobernante, por medio de una ofensiva primitiva, grosera y vulgar de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que cada semana protagoniza un episodio más de la picaresca de la clase política, llevada a grado extremo.

“Alito” Moreno puede ser ser culpable de los delitos que le atribuyen, tanto la gobernadora Sansores, como su fiscal, Renato Sales (éste último emergido, como Layda Sansores, del más corrompido priismo, ella, del viejo régimen caciquil encabezado por su padre, Carlos, y aquel del impronunciable (en este sexenio) grupo de Atlacomulco, que lo ha sido todo en el Estado de México), que han usado las más viejas, ilegales y arteras artimañas del viejo régimen al que pertenecieron los tres protagonistas de este párrafo.

Es tan burda la persecución que, para intimidar a Moreno y a su familia, efectuaron un impresionante policíaco para realizar una ¡“inspección del exterior”! de la lujosa residencia del ex gobernador campechano el mismo día de la reunión con los “ex”.

Ante esa amenaza, por supuesto que Moreno no renunciará. No será lo mismo detener a un diputado federal y ex gobernador, acusado de enriquecimiento ilícito, que detener al dirigente nacional del PRI, así se trate del partido más repudiado en el México actual.

Por ello, tanto Moreno, como los gobernantes endurecieron sus posturas, luego de que el priista coqueteó con el régimen en la posibilidad de aprobar la reforma eléctrica y a continuación dar marcha atrás, y de ese modo desatar la ofensiva en su contra, lo que le fue avisado por su “hermano”, el senador del Verde, amigo del presidente y ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, enviado por otro “hermano” de ambos, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

¡Pobre país, en manos de, prácticamente, los mismos, que nada más cambiaron de traje, como el mismo presidente aceptó, al callar ante la tajante aseveración de un reportero, quien le dijo, acerca de un gobernador, “es el mismo funcionario, sólo que antes era del PRI, hoy es de Morena!

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Si domina un cártel, homicidios bajan AMLO, la misma tesis de Calderón

El Diario, 16 de junio de 2022

 Luis Javier Valero Flores 

Es de lo más preocupante, no sólo la frase presidencial, sino el concepto subyacente, que se ha reflejado de manera dramática en lo que está ocurriendo en el país.

Lo será más, no solo porque ese concepto es el que guió la estrategia en seguridad pública del más odiado adversario del presidente,  Felipe Calderón. Los resultados son de sobra conocidos.

Pierde a López Obrador su incontinencia verbal; si hablara menos, probablemente recibiría menos criticas por sus tan desafortunadas, como frecuentes frases.

Ayer miércoles pretendió justificar, o explicar las razones del porqué un número de entidades han disminuido los índices de violencia.

“El presidente señaló que no han aumentado los homicidios dolosos en las regiones del país donde domina un sólo grupo del crimen organizado”. (Nota de Noemí Gutiérrez, El Universal, 15/VI/22).

Y puso como ejemplos de ello a los estados de Sinaloa y Durango,  territorios dominados por la organización liderada por las familias Zambada y Guzmán.

“Es el predominio de un grupo que no tiene competencia, como otros y esto lleva a que no hay enfrentamientos, porque el 75% de los homicidios que se registran en el país tienen que ver con estos enfrentamientos”. (Nota de Antonio Baranda y Claudia Guerrero, Agencia Reforma, El Diario, 15/VI/22). 

Esa misma tesis-explicación es la que enarboló en su tiempo el equipo de Calderón. 

Llegó a exponérselas alguno de ese equipo a integrantes de la Mesa de Seguridad de Juárez, conformada a raíz de la masacre de jóvenes de Villas de Salvárcar. Argumentaban que si se dejaba que los grupos criminales se enfrentaran entre sí y se propiciaba el triunfo de uno de ellos, entonces sería más fácil combatir a éste.

Coincidentemente, en casi todo el país, se presentaban las terribles guerras de los cárteles de la droga, que tenían como elemento común el de que casi en todos ellos los grupos “locales” (Los Arellano Félix, el Cártel del Golfo, Los Zetas, etc.) se enfrentaban al Cártel de Sinaloa con un más que evidente favoritismo de los agrupamientos policiacos y militares a éste.

Ello ocurrió también en nuestra entidad, preponderantemente en Juárez. 

Fueron numerosas las ocasiones en que a una o dos cuadras de una ejecución, estuvieran apostadas camionetas generalmente civiles, con elementos policíacos o militares a bordo, que nada hacían por detener a los sicarios, quienes frecuentemente pertenecían a la banda de Sinaloa y las víctimas se identificaban con el Cártel de Juárez.

Lo mismo ocurrió con las detenciones realizadas en esa época -del 2008 al 2012-. 

La realidad mostró que los argumentos de los jefes policiacos, esgrimidos en la confidencialidad a alguno de los integrantes de la mesa juarense, se correspondían con esa estrategia.

En la misma conferencia mañanera de ayer, el presidente debió reconocer algo que los especialistas en seguridad pública no se cansan de repetir: Que a la prevalencia de un grupo criminal en una zona determinada se sucede el incremento del resto de los delitos de alto impacto: Extorsión, secuestros, trata de personas, narcomenudeo y, finalmente, control absoluto de ese cártel sobre la zona, incluidas las  instituciones gubernamentales… y la clase política regional.

En el discurso tiene razón el presidente cuando afirma que se deben combatir las causas profundas de la desigualdad social, como mecanismo para enfrentar a la delincuencia organizada, pero no es menos cierto que el Estado Mexicano debe enfrentar, ahora, la violencia generada por las bandas del crimen organizada.

No hacerlo está mostrando con toda crudeza, en cada vez más amplias zonas del país, que es una gigantesca equivocación, pues las bandas delincuenciales siguen convirtiéndose, a pasos agigantados, en el poder real, mandón sobre el terreno, que está llevando a que las fuerzas armadas sólo sean dueñas del terreno que pisan, y nada más.

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Elecciones 2022 2024, ni tan lejos, ni tan resuelto

El Diario, 12 de junio de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Los resultados electorales del pasado fin de semana constituyeron un paso del desmantelamiento del viejo régimen de partidos, además del mayor empoderamiento del partido gobernante, la consolidación de la polarización política y la consolidación de la hegemonía de Morena en los procesos electorales.

Pero lejos de constituir un referente sólido del resultado de las próximas elecciones presidenciales, lo que hizo fue elevar la incertidumbre pues si se tomaran como base solamente las encuestas de ahora, Morena ganaría sin lugar a dudas pues encabeza en todas las realizadas hasta la fecha, pero si a la ecuación le agregamos un factor político-partidario -si hubiese un solo candidato de oposición- y los resultados de las elecciones del año pasado y las del domingo anterior, entonces difícilmente se podría asegurar que ya está resuelta.

Establezcamos una premisa, necesaria para efectuar lecturas medianamente acertadas de los resultados electorales: Para compararlos, se tiene que hacer con elecciones del mismo nivel.

Antes detengámonos en un aspecto, al que el presidente regresa una y otra vez, así como sus seguidores más resueltos. 

La llegada de López Obrador pudiera ser el final del largo proceso que llamamos de transición democrática, pero que ante lo que hoy vivimos más bien pudiéramos caracterizarlo como la parte final del viejo régimen construido por los gobernantes post-revolucionarios, que tardaron en poco más de una década para darle un cariz estrictamente político (o preponderantemente) al dar origen al Partido Nacional Revolucionario, luego, ya con Lázaro Cárdenas en el poder, con el Partido de la Revolución Mexicana que, a la llegada de Miguel Alemán se transformó en el actual PRI.

Hoy, ese régimen apunta al término de su existencia, pero como todos, muchos de sus rasgos preponderantes perduran, incluso bajo la presidencia de López Obrador.

La 4T está lejos de ser un proceso revolucionario -de acuerdo con todos los cánones académicos y/o políticos-, ni siquiera es la aparición de un régimen partidario lidereado por Morena, es, claramente, una manifestación disruptora del viejo régimen en la que la principal característica es el hartazgo al que encabezara el PRI y que luego, durante poco más de 3 décadas conformaran con la activa participación del PAN, a partir de la presidencia de Carlos Salinas, en la que llegaron a la cima de las posiciones políticas, luego de acceder a innumerables gubernaturas, mayorías legislativas y cientos de triunfos municipales.

Y conformar activamente el modelo mediante el cual el neoliberalismo se entronizó en el país, con todas sus graves consecuencias, y que abarca al actual gobierno federal.

En nuestros días, en los que las sucesiones gubernamentales -en todos sus niveles- se resuelven mediante los procesos electorales, en un país en el que no existe una hegemonía política, sino una fuerza política dominante, la suerte se resolverá con cada proceso electoral; por ello, para quienes piensan que Morena tendrá un día de campo en 2024, que que será la continuidad de la presidencia de López Obrador, hay hallazgos electorales que motivan a detenerse un poco más en las conclusiones de las elecciones del pasado domingo.

Además de los resultados del año anterior, en las que, sumados todos los votos obtenidos por los partidos de oposición, suman más que los obtenidos por el bloque morenista, los llevarán a concluir que deberán buscar una sola candidatura. 

Si no lo hacen, Morena y sus aliados, cualquiera que sea su candidato, ganará.

De acuerdo con un trabajo de análisis de los resultados (Carlos Trigos, politólogo de la Ibero Americana, @Trigos_18) del domingo anterior  en 2018 la participación fue del 61%; en 2022, 46%.

Los partidos de oposición  (si se les sumaran los votos obtenidos en aquel año) obtienen más votos en 2022 que en 2018 pues pasaron de 1 millón 825 mil en el ’18, a 1 millón 960 mil en el ’22.

A su vez, Morena pierde votos en el ’22, pues pasó  de 2 millones 600 mil votos, a 2 millones 200 mil.

Pero si se suma la votación de los partidos aliados de Morena, entonces la caída es peor: Pasaron de casi 3 millones 100 mil votos en 2018, a 2 millones 600 mil en ’22.

Además, sumando el total de los votos de cada uno de los bloques partidarios que hipotéticamente podrían presentarse en el 2024, la oposición, en esos 6 estados, elevó su votación en un poco más de 100 mil votos al pasar de 1 millón 829 mil 956 votos, a 1 millón 957 mil 139.

En tanto, la coalición gubernamental Juntos Haremos Historia ((JHH) pasó de 3 millones 86 mil 397 en 2018, a 2 millones 607 mil 42 votos.

JHH sacó una ventaja de 1 millón 160 mil votos en el 2018, distancia que se recortó a poco más de 650 mil votos en 2022.

En tanto, el otro protagonista, que aspira a convertirse en la fuerza emergente, Movimiento Ciudadano (MC), cuadriplicó su votación entre 2018 y 2022, al pasar de 61 mil 683 a 239 mil 880 votos en 2022.

Hay más. El comportamiento ciudadano frente al partido gobernante es el mismo de cuando el PRI era el gobierno: Si se eleva la participación, entonces el partido en el gobierno sufre las consecuencias.

Aparentemente el factor que más influyó en la baja participación fue la falta de real competencia, como fue el caso de Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca.

La votación del domingo, de acuerdo con los resultados de la encuesta de salida realizada por El Financiero arroja varias lecturas interesantes. (Replicada en Aserto, https://aserto.mx/nota/encuesta_ef_beneficiarios_de_programas_sociale).

La primera de ellas es que los programas del Bienestar sí influyen en la decisión electoral, pueden no ser determinantes, pero sin duda que en las entidades en las que Morena obtuvo triunfos aplastantes influyeron, ahí sí decisivamente, pues los votantes por el partido gobernante fueron el 72% en Hidalgo, el 71% en Oaxaca y el 64 en Quintana Roo.

Además, del total de los votantes, el 59% no es beneficiario de los programas del bienestar.

Ahora bien, según ese estudio, tampoco la opinión sobre el desempeño del presidente jugó un papel trascendente -salvo el caso de Oaxaca- en la definición del voto pues López Obrador tuvo una calificación promedio del 67%, aunque en Durango y Aguascalientes -en las que perdió Morena- la aprobación fue la más baja, 55%, de todos modos, alta.

Más aún, la encuesta en comento mostró que -en promedio- al momento de votar, el elector tomó en cuenta al candidato (33%), enseguida al partido (27%) y en tercer lugar al gobierno de AMLO (20%).

¿Y entonces?

Es probable que estemos frente al fenómeno de la “indulgencia” ciudadana, que le otorga “una nueva oportunidad” a quienes apenas llegaron al gobierno.

Con una enorme diferencia, hoy es mayoritario el mayoritario hartazgo hacia los viejos partidos y el viejo orden político existente.

El problema -para la oposición- es, entonces, mucho más complejo que el de definir un nuevo programa, o unos nuevos principios partidarios.

Es probable que aunque eso hicieran, ni así podrían a convertirse en la alternativa que los ciudadanos aspiran a tener frente al gobierno de López Obrador, a quien ensalzan a rabiar tanto los más fervientes de sus seguidores, pero también un nada despreciable número de ciudadanos recelosos del viejo régimen, de las incontables corruptelas de los priistas y del permanente hostigamiento al que fue sometida la mayoría de la población por ese régimen.

Eso explica el cambio del electorado, que se está comportando con Morena del modo en que reaccionó en la parte final de la hegemonía priista: Alta votación en el medio rural, entre la población mayor y la de menor nivel escolar.

Una de las evidencias que mostraron las elecciones de los 6 estados es, precisamente esa, Morena alcanza votaciones muy altas en aquellos sectores poblacionales y la oposición alcanza votaciones elevadas en las zonas metropolitanas.

Tómense como ejemplos de las dos vertientes las votaciones alcanzadas por Morena en Hidalgo y Oaxaca, cuya población es altamente rural y la obtenida por los candidatos de la oposición en Durango y Aguascalientes. 

Esteban Villegas, de Va por México, obtuvo el 56% de su votación en los centros urbanos mayores de Durango, la capital, Gómez Palacio y Lerdo, además de ganar en las poblaciones medianas: Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria.

El caso de Tamaulipas no escapa al aserto enunciado, pues aunque  gana Morena, la diferencia es menor y quizá sirva el antecedente de que apenas un año atrás prácticamente aplastó a todos los partidos de oposición pues ganó en la mayoría de los municipios -especialmente en los fronterizos, que son, salvo la capital, Ciudad Victoria, y la zona metropolitana de Tampico-Cd. Madero-Altamira, los principales centros urbanos de la entidad- además de obtener la mayoría en el Congreso del Estado y  de las diputaciones federales.

Pero apenas un año después, la oposición le disputó palmo a palmo el triunfo.

La moneda está en el aire.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)