El acoso

El Diario, 30 de noviembre de 2017

Luis Javier Valero Flores

Lo denunciado por la diputada Rocío González (PAN) es una auténtica bomba para el mundo de la política, pero que, para nuestra desgracia, es la cotidianidad de la sociedad chihuahuense.

No es una novedad la existencia del acoso sexual al interior del Congreso del Estado, que develó, además, la forma en que son recibidas las denuncias en esta materia en todos lados. Lo que no esperábamos es que ocurriera del mismo modo en esos niveles de la representación política.

La denuncia pública del acoso sufrido por trabajadoras del Congreso a manos de diputados y personal masculino la hizo la diputada González para secundar la propuesta del diputado Alejandro Gloria (PVEM) que, basado en el incremento de agresiones a las mujeres planteó la necesidad de declarar alerta de violencia de género por autoridades federales. 

“Debemos empezar en casa, diputado… hay diputados y mucho personal, hombres, que acosan a las mujeres en este Congreso, que mandan flores a las asesoras”, sostuvo la diputada González.

Ante la petición de varias diputadas, -de que se dieran nombres y se presentaran las denuncias correspondientes- entre ellas la presidenta del Congreso, Karina Velázquez (PRI), secundada por la lideresa de este partido, Isela Torres y Crystal Tovar (PRD), la panista informó de la existencia de pruebas, pero que las afectadas “lamentablemente no lo denuncian por temor a perder su trabajo”, lo que, tampoco, es una novedad.

“El día de hoy aquí se ha destapado una bomba y esto no puede quedar en una simple declaración. Van a tener que hacernos el favor y presentar las denuncias, porque si no hacemos nada, estamos avalando cualquier actitud. Y si se dijo a la ligera, que también lo sepamos”, dijo la diputada Isela Torres.

Insensibles, quienes reclamaron que se presentara una denuncia de ese modo, podían inferir que al hacerse desde la tribuna, sin que las afectadas quisieran hacerlo en las instancias correspondientes, denota la otra cara del fenómeno existente, la del escarnio -de hombres y mujeres- derivado de los elevados niveles de aceptación de la “normalidad” de una realidad que nos golpea diariamente y que es el “modo de vivir” de cientos de miles de mujeres en Chihuahua -o quizá millones- pero que a raíz de las denuncias públicas presentadas por hombres y mujeres del mundo del espectáculo y el cine ha generado una reconfortante oleada de personas, especialmente mujeres, -y también hombres que han denunciado no solamente el acoso, sino la violación sexual, cuando eran menores de edad a manos de productores y directores de cine- hasta las denuncias de la existencia de catálogos de artistas de las dos principales cadenas de televisión en México que eran -¿o son?- subastadas.

Así, la diputada, Maribel Hernández (PAN), secundó a su compañera y “apuntó que el acoso y la violencia política contra la mujer es una realidad en el Congreso, ‘es lamentable que vengamos a hablar de algo, cuando en los elevadores y en los pasillos se refieren a nuestras compañeras y a una servidora con apodos muy lamentables”.

Luego, “la también integrante de Acción Nacional, Laura Marín, lamentó la risa y las burlas de varios legisladores hombres, durante los hechos expuestos sobre presuntos actos de acoso. ‘Eso es violencia contra la mujer. Hay que poner respeto desde ahí”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 29/XI/17).

¿Es un asunto que debe quedar en un incidente en el Congreso del Estado, que no llega a mayores?

Claramente, no. 

Lo sucedido revela nítidamente la realidad y fue, apenas, un esbozo de las profundas y enraizadas causas de los elevados niveles de violencia en contra de las mujeres y de la violencia doméstica. 

El fenómeno es nacional, pero Chihuahua ocupa primeros lugares en ambos rubros, ante lo cual, lo realizado en materia de prevención, educación y formación de auténticos valores cívicos -como el de la tolerancia, el combate a las conductas misóginas, al machismo y la aceptación de la otredad- pareciera ser nada frente a una realidad que apenas el martes golpeó a las puertas de Palacio de Gobierno con las protestas de los choferes de Uber, generadas por el asesinato de su compañera, Alma Rosa Trillo García, desaparecida y asesinada la semana anterior, justamente cuando los cadáveres de otras tres mujeres eran encontrados en las principales ciudades de Chihuahua.

Insensibles y ajenos a la sociedad

Mega Radio 860-Juárez
Sin Retorno
¿Qué necesita hacer el Secretario de Salud del Gobierno del Estado, el Dr. Ernesto Avila, para que el gobernador Corral le pida la renuncia o lo despida?
No es la Secretaría de Desarrollo Social la que debe contar con el funcionario más sensible a los sufrimientos de sus gobernados, ni la Fiscalía General del Estado, o cualquier otra, aunque en ellas pueden -y debieran- encontrarse funcionarios extraordinariamente sensibles y capaces.
Pero en donde no hay margen para la duda es en la encargada de la salud de los chihuahuenses. Se necesita, sin duda, un hombre inteligente, capaz, preparado, pero, sobre todo, sensible al sufrimiento de sus semejantes, le toca aliviar, o intentar, el dolor y los males de los chihuahuenses.
Inmerso desde el principio a los escándalos por consistentes denuncias en la ilegal adquisición de medicamentos, a sobre precio y favoreciendo a proveedores cercanos, que crecieron al darse a conocer que se había autorizado otorgar un “bono” por desempeño a varios de los funcionarios más altos de su dependencia, incluido él mismo.
El escándalo creció tanto que debió reconocer ante los medios que fue convencido por sus subalternos de aceptar el bono, con lo que se convirtió en el autor de la segunda frase más popular del gobierno del amanecer, “me dejé llevar”.
Por un bono de 100 mil pesos se develó como parte de la voraz clase política que nos gobierna.
En la semana previa, fue invitado a una reunión con el personal del Hospital de Gómez Farías, lugar del que fue levantado -hace semanas- su director, el Dr. Blas Godínez.
Mejor no hubiera ido. De entrada, afirmó que no había registro de los “levantones” de médicos y enfermeras, previamente al secuestro del director.
“Yo creo que del hospital no se han llevado a nadie”, mencionó Ernesto Ávila y el doctor Godínez Ortega, hijo del médico secuestrado, le respondió: “Sí señor, cómo no, a mí me llevaron con algunos de mis compañeros”.
Otra de las trabajadoras afirmó: “Aquí estábamos los del turno de la mañana y vimos cómo se llevaron al doctor y a una de mis compañeras enfermeras”.
Ante el reclamo, el titular de Salud, Ernesto Ávila refutó: “Pero se los llevaron y los regresaron, ¿no?... entonces no hubo problema”.
Y siguieron los dislates de Avila: “A ver, entonces díganme, ¿qué puedo hacer yo? -les dijo a los empleados- No puedo estar aquí de guardia, no puedo estar cuidándolos, ya les dije que yo no puedo brindar seguridad, hay que organizarnos”, comentó el funcionario, a lo que le respondieron: “Hay que garantizar lo mejor que podamos; en otros lugares tienen vigilantes, hay chicharras”.
“¿Y qué van a hacer? ¿Van a salir corriendo cuando suene la chicharra?”, cuestionó Ávila. “Claro, eso haremos”, le contestaron. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua, 24/XI/17).
Insensible a más no poder, sin el menor asomo de su enorme responsabilidad, y la que comparte con el resto del grupo gobernante, les dijo que él es “una pequeña parte del gobierno” que se dedica a la salud, por lo que, así lo dijo, “no tenemos la posibilidad y eso lo lamentamos, de buscar a alguien que fue secuestrado”.
¿Pues que no se da cuenta que forma parte de un gobierno, porqué no llegó acompañado de los funcionarios de la Fiscalía, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la de Gobierno, a fin de que, en ese momento, se dictaran las medidas adecuadas, inmediatas, a fin de garantizarle al personal médico las medidas de seguridad necesarias para otorgar sus servicios?
Y evidenció su incapacidad al decirles que “ya les he dicho, no tengo la capacidad de poner a un soldado o a un policía o un ministerial de guardia en el hospital, ése no es mi trabajo, estamos aquí para garantizar el acceso a la salud de los pobladores…”.
¿Y porqué no se los ha solicitado al gobernador Corral, al Secretario de la Defensa, al Procurador de la República, a quien sea?
Y si no ha hecho alguna de esas cosas ¿Porqué no se ha ido?
A cambio, exigió que los médicos pasantes en servicio social, tanto de la Uach, como de la Uacj, acudieran a ocupar sus lugares, a pesar de la inseguridad que priva en la zona, de ahí las protestas, los paros y la movilización de los jóvenes médicos que, ahora lo sabemos, son prácticamente los únicos que otorgan sus servicios en esos hospitales y clínicas.
Y todavía lanza esas frases el Dr. Avila: -¿Los regresaron, no? ¿Entonces, cuál es el problema?-
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Chihuahua, tierra de feminicidios

El Diario, 26 de noviembre de 2017
Luis Javier Valero Flores
Nada como la violencia desatada contra las mujeres para ubicar el estado real de los derechos humanos en el seno de una sociedad. No solo, también es parámetro de los grados de intolerancia, machismo y atraso cultural.
En los días recientes, sobre todo en las redes sociales, se desató una especie de linchamiento en contra de quienes aprovecharon un error de los funcionarios de una tienda de Soriana para comprar pantallas de Tv a 10 pesos 99 centavos, sin darse cuenta (los críticos), o apreciar que tal episodio es solamente una evidencia de nuestra estrujante realidad.
Chihuahua ocupó, por años, el nada honroso primer lugar en tasas de homicidios del planeta. Durante años, hemos sido la entidad con el mayor nivel de feminicidios y niveles de violencia -tanto doméstica, como en contra de las mujeres-, además de ocupar, durante largos períodos, primeros lugares en los grados de intolerancia y discriminación, medidos en la población infantil -estudiantes de secundaria y bachillerato-.
Analizadas fríamente las estadísticas de la ola violenta 2008-2012, estremece saber que la mitad de los asesinatos cometidos en ese período no tenían conexión con el crimen organizado -por lo menos esos son los reportes de la Fiscalía General del Estado, a los que no se ha opuesto, ni estudio, ni organización alguna- y que, por lo tanto, en términos gruesos, la mitad de las muertes violentas acaecidas en ese período en Chihuahua obedecieron a la manera en que sus autores resolvieron sus diferencias.
Pasaron los años y las cosas cambiaron ligeramente en el 2017. Chihuahua ocupa, ahora, el cuarto lugar nacional en número de homicidios y, proporcionalmente, muy por encima del Estado de México, que ocupa el tercer lugar.
No es necesario medirnos con los países desarrollados.
Los contrastes son deprimentes: Aguascalientes (población de 1 millón 500 habitantes) tiene, en el presente año, una tasa de 4.6 homicidios por cada 100 mil habitantes (mh), en cambio, Chihuahua tiene más de diez veces esa cifra: 48.3 asesinatos por cada centenar de miles de habitantes.
A su vez, en Yucatán la tasa es de ¡2.7 por cada 100 mh por año!
No es la única cifra que debiera avergonzarnos como sociedad.
De acuerdo con los casos presentados, proyectados al año, Yucatán terminará el año con una cifra de alrededor de 12 mujeres asesinadas (tenían 6 al término de junio), en la mayoría de los casos por sus parejas o ex parejas, con niveles de crueldad semejantes a los presentados en Chihuahua, entre los que aparece, en primer lugar, la agresión a machetazos.
En cambio, en nuestra entidad se presentaron, tan solo en Juárez, 83 feminicidios hasta ahora, con lo que, presumiblemente, terminaremos el año con alrededor de 94 feminicidios, una terrorífica tasa de 2.46 por cada 100 mil habitantes, contra la de 0.54 del estado de Guty Cárdenas y Armando Manzanero, y “106 desde que el gobernador Javier Corral y el alcalde Armando Cabada asumieron sus respectivos cargos de elección popular en octubre de 2016”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 24/XI/17).
No obstante los avances tecnológicos, el supuesto desarrollo económico y los progresos en materia de derechos humanos, la realidad es pavorosa, Chihuahua, entidad que presenta uno de los mayores desarrollos en los rubros arriba anotados es, también, una de las entidades lideresas en los índices de violencia en contra de la mujer, en primer lugar, el de la violencia extrema pues  ocupó, del 2014 al 2016, de acuerdo con las más recientes estadísticas del Inegi, el tercer lugar nacional en feminicidios, sólo abajo de Baja California y Colima.
Luego de estas tres entidades, aparecen Guerrero, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. (Inegi, La Jornada, 24/XI/17).
Pavoroso. Del total de las agresiones casi 45 de cada 100 provinieron de los esposos o parejas sentimentales.
Pero el peligro para las mujeres no sólo está en la casa; el exterior de sus casas representa el peligro mayor: 53 de cada 100 mujeres fueron agredidas por alguien distinto a su pareja.
Luego, en mayo, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichimu) reportó que en contraste a la realidad nacional, en la que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual (33%), en Chihuahua, este dato se acerca al 47%, “además de que una de cada 5 ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral”. (Comunicado de prensa, Ichimu, 25/V/17).
Frente a tal realidad, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer (FEM) cuenta con 20 a 30 elementos para investigar, de acuerdo con la información ofrecida por Imelda Marrufo, directora  de la Red Mesa de Mujeres de Juárez, lo que hace que “por elemento (de la FEM) traen hasta 300 carpetas de investigación, es ridículo”. (Nota de Lucy Sosa, El Diario, 24/XI/17).
Los datos estadísticos palidecen frente a los hechos recientes, en los que las víctimas han sido, en sendos episodios, niñas, en uno de ellos a manos de su padrastro, y en otro, perpetrado desconocidos, en ambos casos en los que el factor común es la ausencia temporal de la madre, aunque en el caso de las tres niñas atacadas por al parecer una pareja de individuos, la ausencia era de ambos padres, los que estaban laborando y las niñas, como sucede en decenas de miles de familias, estaban al cuidado de sus hermanos mayores, en casi todos los casos también menores de edad.
Además, la edad de las víctimas disminuyó. Pasaron de entre 25 a 45 años de edad, a entre 18 y 39 años. La pobreza es la característica más destacada: casi 4 de cada 10 sólo habían concluido los estudios básicos y la mayoría dedicadas a las actividades domésticas en su hogar.
A fines del año anterior, el Secretario de Desarrollo Social del nuevo gobierno encabezado por Javier Corral, Víctor Quintana Silveyra, reportó que Chihuahua ocupaba el segundo lugar en feminicidios, 714, hasta mediados de noviembre anterior.
Dió más cifras. Sostuvo que el 90% de las mujeres padecen violencia emocional, mientras que el 11.5 % de ellas dicen haber padecido violencia física en su relación de pareja. Además, nuestra entidad ocupa el segundo lugar nacional en denuncias por violación y 47 de cada 100 mujeres dicen haber vivido eventos violentos por parte de su pareja, cifra superior a la del promedio nacional.
Sin embargo, el monstruo de la violencia abatida sobre las mujeres de Chihuahua pareciera cebarse más en las más jóvenes pues la Comisión Interamericana, con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, asevera que el 90% de las mujeres víctimas de violencia son menores de edad, menores de 18 años y en situación de pobreza, “lo que dificulta aún más que sus familiares tengan acceso a la justicia, fomentando la impunidad por estos delitos”.
Citar tales cifras, que hablan de una pavorosa realidad y ocultan otra, la de la cotidianidad de cientos de miles de mujeres, debería llevar a los gobiernos a desarrollar políticas que incidieran de verdad en aspectos de la realidad de los chihuahuenses, uno de los cuales, y no es una novedad, es la del elevado número de niños y adolescentes que viven largos períodos diarios solos en los domicilios, sin más cuidado que el proporcionado por sus hermanos mayores, que en la casi totalidad de los casos tienen apenas unos cuantos años más que ellos.
Ahora comentamos lo relacionado con las violaciones y las agresiones pero las estadísticas abundan en el número de niños muertos o gravemente lesionados a causa de los incendios y accidentes ocurridos en ausencia de los padres, ya sea temporal o permanente.
¿Son culpables los padres, como de bote pronto algunos pudieran pensar?
Sirva de ejemplo el caso de las niñas agredidas por desconocidos. Uno de sus hermanos fue quien las descubrió, al llegar del trabajo en tanto sus padres, también, se encontraban laborando.
Tres miembros de la familia, por lo menos, para obtener lo necesario para la subsistencia, debían abandonar a sus niñas durante largas horas.
¿No habla lo anterior de la necesidad de cambiar los regímenes laborales y de incrementar sensiblemente los salarios, más allá de los ridículos aumentos al salario mínimo?
También, de lanzar una verdadera ofensiva gubernamental -y, por supuesto, social- a fin de detectar los casos de niños que son prácticamente confinados por sus padres, obligados a desempeñarse en jornadas laborales totalmente contrarias al desarrollo social.
Ante la presencia de un gobierno, declarativamente a favor de los que “menos tienen, menos saben y menos pueden”, tan proclive a la firma de acuerdos con empresas, organizaciones empresariales y sociales, además de organismos internacionales de todo tipo ¿No podría hacer que las empresas asentadas en territorio chihuahuense se dieran cuenta de las perniciosas consecuencias de lo aquí descrito y pusieran en marcha novedosas formas de contratación, además del sensible incremento de los niveles salariales?
¿Acaso no se dan cuenta (los empresarios) que en estos aspectos -y otros, ahora no mencionados- se encuentran parte de las causas de la extrema violencia existente en nuestra entidad?
No comprenderlo nos llevará a la constante repetición de los ciclos de la violencia en contra de las mujeres, como el del período más comúnmente conocido como el de Las Muertas de Juárez y luego el de Las Muertas de Chihuahua, contra el que se alzó el emblemático “Ni una más”.
Además, del que ahora es una salvaje realidad, el de la ola homicida en buena parte de Chihuahua.
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Similitudes

El Diario, 23 de noviembre de 2017
Luis Javier Valero Flores
Incapaces de afrontar la realidad política del momento -de cualquiera en la que se encuentren, en la oposición, o en el gobierno, según sea el caso- los protagonistas del PRI y del PAN a cada paso muestran cuán lejos se encuentran de las preocupaciones de los chihuahuenses.
Los legisladores locales del PAN y su aliado del MC -Miguel Vallejo- rechazaron la propuesta de la priista Isela Torres, consistente en aprobar una partida especial en el presupuesto 2018 para invertirla en la seguridad de los médicos de las clínicas y hospitales ubicados en las zonas de mayor inseguridad.
Lanzada la propuesta, los del blanquiazul contrapropusieron que también se incluyera un exhorto a la presidencia de la república para que enviara más elementos federales a fin de contener la violencia generada por el tráfico de drogas. Ante “semejante” propuesta, la diputada Torres, del PRI, se opuso.
El resultado es que no hay partida especial, ni exhorto al Ejecutivo federal para que mande más fuerzas a enfrentar la nueva oleada homicida en el noroeste de Chihuahua.
¿Es responsabilidad única del gobernador Corral? Por supuesto, no.
¡Ah, qué difícil es mantener la congruencia en política!
En el sexenio de Reyes Baeza, cuando la oleada delictiva era extraordinariamente peor, el panismo se desgarraba las vestiduras criticando al gobernador porque era incapaz de enfrentarla.
Asombran las coincidencias, lo mismo, pero diferente, diría el ranchero.
Al igual que ahora los legisladores locales del PRI, los entonces diputados del PAN, Roberto "El Pony" Lara Rocha, Jorge Espino, Antonio López, Javier Gaudini y Miguel Jurado Contreras, exigían que, ante el fracaso de la Procuradora, Patricia González, debía renunciar, al igual que el Secretario de Seguridad Pública, Javier Torres Cardona, por no entregar un informe al Congreso sobre la situación de inseguridad y violencia que vive Chihuahua. (Nota de Miroslava Breach/Rubén Villalpando, La Jornada, 15/XI/08).
No son las únicas coincidencias, o similitudes.
Gustavo Madero, hoy Coordinador del Gabinete de Javier Corral, entonces líder de los senadores blanquiazules y Presidente de la Cámara de Senadores, en el curso de una reunión partidista abierta al público y a la prensa lanzó una hiriente opinión del gobernador Baeza. Dijo: ”Ya me enteré de que existe un nuevo desayuno aquí en Juárez, sí, huevos a la gobernante, es decir, huevos tibios”. (“Dimes y diretes”, LJVF, El Diario, 30/XI/08).
Y Reyes respondió casi en el mismo tono: “Yo creo que hay cosas que se heredan; las cosas materiales, la inteligencia, la prudencia y la formación, ésas se demuestran, incluido el valor, yo lamento profundamente que un político tan cercano al Presidente de la República no haya entendido cabalmente el compromiso del presidente, que asumimos todos en materia de seguridad”. (Ibídem).
Además, lanzó las frases, que cambian de autor conforme los roles que juegan. Dijo lamentar que “mientras unos demuestran lealtad al Presidente de la República y a las instituciones del país, otros utilicen el tema de la seguridad como un recurso electorero, para ganar votos. Chihuahua requiere más que injurias, que simples ofensas, expresiones peyorativas, Chihuahua necesita la solidaridad, la responsabilidad política de los actores y que dejemos de lado los intereses mezquinos, personales, en busca de conseguir intereses personales”.
Luego, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, señaló directamente al senador panista, “que aquí nos acompaña, (él) va a enrarecer el ambiente, buscando que los que comparten su filiación política señalen al gobernador del estado como único responsable de este problema. Se habla de que exijamos al Gobierno de Chihuahua y, cuando se está en una entidad municipal de origen panista, no se refiere a ésta, cuando se está en un municipio priista se dice: ¡Exijámosle al gobernador y exijámosle al presidente municipal!, nunca al titular del Ejecutivo federal”.
Lo mismo que el año pasado… y ahora.
Ante la decisión del Congreso del Estado, Roberto López Segura, Secretario del Consejo Directivo del Colegio de Médicos de Chihuahua, lanzó  puros obuses: “Nos gustaría saber qué profesión tienen los diputados y si alguna vez tuvieron que hacer servicio social para saber cómo se vive en las comunidades”, al tiempo que informaba de la falta de respuesta del Secretario de Salud a la petición de los dirigentes del gremio de concederles una entrevista. Una semana después no tenían respuesta. (Nota de Salud Ochoa, 22/XI/17).
No tienen remedio.
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Los peligros del “buen fin”

Aserto. mx, 19 de noviembre de 2017
El episodio de las pantallas de Tv, a la venta en Soriana en 10.990 pesos (así fue anunciado, no 10,990) se ha convertido en la ocasión más emblemática para que una buena parte de las capas medias de la población chihuahuense devele los increíbles niveles de intolerancia, racismo, machismo, individualismo que posee.
¿Cuántas diferencias existen, entre la muchedumbre que acudió a la tienda Soriana a comprar esos aparatos en tal precio, y las que acuden, con el mismo ánimo consumista, a las tiendas en el Black Friday de los EU? ¿Sólo porque allá van a pagar en dólares? ¿O porque allá sí se ve bien ir a APROVECHAR las ofertas puestas en vigor por las más importantes empresas mercantiles del mundo?
Además de lo anterior, sorprende la doble moral de quienes criticaron -y son una aplastante mayoría en las redes sociales- a los que intentaron aprovechar una de las pocas oportunidades que tienen los “que menos tienen, menos saben y menos pueden” de acceder a uno de los “beneficios” tecnológicos de nuestra era.
En una sociedad en la que el cultivo del mercantilismo, el individualismo y el consumismo, así como el desprecio a los más pobres es lo prevaleciente, la construcción de una mentalidad distinta, contraria a eso, debiera ser tarea principal de los mexicanos de izquierda, para hacerle frente a las posturas chauvinistas, racistas (“Híjole, creí que eso había ocurrido en el sur”, “nacos, muertos de hambre”, “me dan vergüenza”, etc.).
Los que, además, se encuentran -nos encontramos- indefensos ante los abusos de las empresas monopólicas pues la supuesta defensora de los consumidores, la Profeco, en lugar de hacer valer su autoridad y darle la razón al cliente (“... siempre tiene la razón”), -de hecho así lo hizo con 8 clientes- y dar por terminada la oferta (lo cual pudo hacer la empresa en cualquier momento y no someter a sus clientes a la privación de la libertad durante largas 10 horas), al clausurar la tienda, sin resolver el problema, en los hechos dejó en la indefensión a quienes estaba obligada a defender.
No hay margen para la duda.
Si la empresa se equivocó, es su problema y el de sus funcionarios y empleados. Antes de abrir sus puertas, sobre todo en fechas tan especiales, en las que ponen en ofertas numerosas mercancías -muchas menos que la propaganda del “buen fin” nos hizo hacer creer- los precios aparecidos en cada artículo pasan por un buen número de controles para constatar que están marcados correctamente ¿Cuántos funcionarios de la empresa se equivocaron y no solamente el empleado a quien le ordenaron pintar, diseñar, pegar, etc. El precio en cada artículo?
Ante esa equivocación, la empresa debió actuar como lo hizo cerca de la medianoche del viernes, es decir, concediéndole la razón a sus clientes y no 10 horas después.
¿Porqué lo hizo? Para evitarse problemas legales los cuales eran más que evidentes después de los numerosos y graves ilícitos cometidos por los guardias de la empresaria, amén de sus funcionarios, entre los cuales se encuentra en primer lugar la privación ilegal de la libertad de decenas de personas.
Si estas no demandan a la empresa por ello, habremos perdido una inmejorable oportunidad para hacerle frente a los abusos de las empresas de supermercados cuando sorprenden a algunas personas robando mercancías y a las que someten a verdaderas sesiones de tortura.
En esas horas de disputa entre clientes en posesión de pantallas y empleados de Soriana queriéndoselas quitar se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de la comisión de varios delitos.
Durante horas les impidieron salir, acudir a los sanitarios; apagaron las luces durante larguísimos minutos; los guardias intentaron quitarles los aparatos, incluso violentamente; los cercaron. Los guardias no estaban, insisto, no estaban cumpliendo con sus obligaciones, incluso los soldados no están obligados a obedecer órdenes cuando éstas van en sentido contrario a las leyes (por ejemplo, que un superior le ordene disparar a una persona que va corriendo, huyendo de un retén, etc.).

Creciente inseguridad. Golpes a la institucionalidad

El Diario, 19 de noviembre de 2017

Luis Javier Valero Flores

Son tantos los asuntos del mayor interés para los chihuahuenses, ocurridos en la última semana que hoy habremos de ocuparnos de dos: 

El de la creciente inseguridad, y el del atropello a las más elementales nociones de la profesionalización de la administración pública, efectuada por la mayoría existente en el Congreso del Estado, al modificar los requisitos para acceder a algunos de los más importantes cargos administrativos del Poder Legislativo. 

Los episodios de los últimos días, ocurridos en varios municipios de la zona serrana, entre los que descollaron las denuncias públicas de los estudiantes y pasantes de servicio social de Medicina -tanto de la Uacj como de la Uach-  develaron otros terribles aspectos del creciente clima de violencia e inseguridad existente en la entidad, ante el cual la respuesta oficial ha sido tardía y mala.

Son tantos los asuntos en los cuales la cada vez más preocupante ineficiencia del actual grupo gobernante es más que evidente, que cuesta trabajo no abordarlos, especialmente por las negativas consecuencias hacia la población.

Uno de ellos es el de la escasa reactividad ante los acontecimientos que cotidianamente se les presentan.

A lo largo de la semana se acumularon los casos, más allá del episodio en el que el gobernador Corral y su vocero rompieron lanzas con El Diario de Juárez y su directora, Rocío Gallegos, al que se sumó la intempestiva decisión de rescindirle el contrato a la empresa editora de El Diario de Chihuahua, consistente en la impresión del periódico oficial “Cambio 16”, en los que la tardanza o la torpeza gubernamental fueron más que evidentes.

Uno de ellos fue el episodio de los médicos pasantes en servicio social de diversos pequeños hospitales de varios municipios. Ante la grave situación de inseguridad, el Fiscal César Augusto Peniche sólo atinó a responder que hacían falta alrededor de 4 mil policías estatales para brindar mínimas condiciones de seguridad pues la corporación apenas cuenta ¡Con 2 mil!

¿Cómo triplicar el número de efectivos en unos cuantos días si, como se evidencia por la publicación de la convocatoria para afiliar nuevos elementos policíacos, debió realizarse en la Ciudad de México y bajando la estatura mínima de 1 metro 70 cms. a 1 metro 60, ante la falta de aspirantes locales a ocupar una de las plazas de los agrupamientos policiacos locales?

Es imposible asignarle un elemento policiaco a cada profesional de la medicina en la sierra, quizá su seguridad se pudiera garantizar por medio de la instalación de guarniciones permanentes que les otorguen, y no solamente a los médicos, sino a la población, la posibilidad de otorgar los servicios médicos en medianas condiciones de seguridad.

O se mejoran las condiciones generales de seguridad al total de la sociedad o seguiremos sufriendo episodios como el ahora abordado.

Si la dinámica de la confrontación de los grupos criminales continúa como hasta ahora, el personal médico seguirá siendo un elemento estratégico de las bandas. Curar a sus heridos lejos de los controles gubernamentales será aspecto esencial de la confrontación.

Y en medio de esta última, sólo hasta que la presión social, la empresarial, la del Congreso del Estado y la de los medios de comunicación llegó a los más altos niveles, sobrevino la reacción del grupo en el gobierno para afrontar el anuncio de Bancomer de cerrar la sucursal de Madera.

En esos días de profunda incertidumbre para una buena parte de la población maderense descollaron algunas respuestas, que evidenciaron el pasmo de quienes hoy dirigen la administración estatal, entre ellas la del Secretario de Educación, Pablo Cuarón, cuando aseveró que los alrededor de 450 maestros de aquella zona “deberán buscar alternativas para cobrar sus salarios”.

Más. El jueves, cerca del medio centenar de habitantes del Largo Maderal -el municipio más importante del país en producción forestal- efectuaron una manifestación  “Por la paz”, luego de haber sufrido espeluznantes episodios a manos, no solamente de los grupos criminales, sino también de las policías estatales, las que efectuaron una vasta operación en busca de aquellos, en la que la violación a todas las garantías -o derechos humanos- de la población fueron salvajemente violados, con la irrupción violenta en casas, amedrentamiento a la población y hasta con el estallido de granadas, que a la postre, de acuerdo con la información oficial, culminó con la detención de un grupo de sicarios.

Y este será uno de los episodios a los que valdrá la pena darle seguimiento. En la ola violenta del 2008-2012 detenciones como estas fueron seguidas por la liberación de los presuntos criminales, debido a que los jueces federales les otorgaron los amparos, por las evidentes violaciones al debido proceso, casi siempre por las ilegalidades cometidas por las fuerzas policiales y/o militares al momento de las detenciones.

Por doquier se advierten las muy inquietantes evidencias de la incapacidad gubernamental para enfrentar a la delincuencia, entre las cuales no debemos descartar la inexplicable indolencia del gobierno federal para colaborar con el gobierno de Javier Corral en esta materia. 

Recordemos la frase de los jefes militares, cuando ocurrió el enfrentamiento de Uruachi, ante la petición de auxilio del Comisionado de Seguridad, Miguel Aparicio, consistente en una lacónica frase, “No contamos con elementos”, a pesar que la situación era una de las más evidentes en que el orden público estaba “gravemente perturbado” por la confrontación bélica de dos grupos criminales.

Luego, a principios de la semana, la ausencia de los jefes de los agrupamientos federales a la reunión sobre seguridad. 

Pero no solamente falla la coordinación con los mandos federales. El lunes, la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos, se quejó de “que es muy difícil conocer el modus operandi de los criminales que han realizado las ejecuciones más recientes, y más cuando las corporaciones estatales no quieren proporcionar información al Municipio”.

“Necesitamos mayor información de los casos que son exclusivamente del ámbito estatal, es muy importante que nosotros como Municipio, tengamos la información clara de que es lo que está pasando. Esperemos tener buenas respuestas”. (Nota de Juan Carlos Núñez, El Diario de Chihuahua, 15/XI/17).

Cuesta trabajo creer que tales respuestas y conductas tengan móviles políticos; que el gobierno federal le apueste al fracaso del gobierno de Corral en la seguridad pública y que éste hiciera, o intentara lo mismo con el de Campos, en la capital chihuahuense, en virtud de las muy evidentes diferencias sostenidas por ambos gobernantes.

Lo cierto es que los episodios aquí enumerados evidencian la inexistencia -y no sabemos en qué nivel- de la debida, necesaria y multimencionada “coordinación” de las fuerzas encargadas de preservar la seguridad pública y de combatir la delincuencia, la que, por otro lado, está arrojando, ya, los primeros datos estadísticos -amén, por supuesto, de los más dolorosos, los de las víctimas fatales y los heridos que ya se cuentan por miles en, apenas, casi, 13 meses del gobierno del amanecer-, uno de los cuales fue ofrecido por  Jorge Cruz Russek, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Chihuahua, quien informó que las ventas de automóviles nuevos en octubre, fueron menores en un 25% respecto a ese mismo mes del 2017 y que, a su vez, “La inseguridad que priva en diversas regiones de la entidad, el incremento a las tasas de interés y menor poder adquisitivo de los consumidores, provocó una caída del 13.6% en la venta de automotores durante los primeros 10 meses del 2017, respecto a ese periodo del 2016, sin contar Ciudad Juárez”. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario, 14/XI/17).

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Por otra parte, cuesta trabajo no adjetivar mal a priistas y panistas en el ejercicio del poder.

Las leyes deberán ser de alcance general, no pueden elaborarse en la persecución de objetivos concretos, o para el beneficio de alguien en lo particular.

No parecen actuar así. En tanto que en el ámbito federal, el PRI y sus aliados -entre los que estaban los senadores panistas “rebeldes”- aprobaron en el Senado quitar el requisito de no haber sido militante o dirigente partidario, en los últimos 6 años, a los aspirantes a ocupar la titularidad de la Fepade, en el ámbito local el PAN y sus nuevos aliados, Movimiento Ciudadano y PES, -claro, ya está en el poder el blanquiazul- quitaron el requisito de contar con una licenciatura afín a quienes buscan ocupar uno de los cargos de mayor jerarquía en el Congreso.

“Ahora bastará con acreditar ‘conocimientos y experiencia’”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 17/XI/17).

¡Ah, y claro, aquí el PRI votó en contra de tal disposición, y allá, el PAN hizo lo mismo en la del fiscal electoral!

“Es como si un maestro con especialidad en Biología quiere hacer una intervención quirúrgica nomás porque tiene el conocimiento”, ejemplificó la legisladora María Antonieta Mendoza. (Ibídem).

“No es sensato, ni de buen consejo, tener un Fiscal militante”, alertó el senador de Morena, Luis Humberto Fernández. (Nota de Claudia Guerrero, Reforma, 17/XI/17).

¿Hasta dónde llegarán?

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Médicos al garete

El Diario, 16 de noviembre de 2017

Luis Javier Valero Flores

Colmada la paciencia de decenas de los estudiantes de Medicina -internos de pregrado-, como la de los pasantes en servicio social y la de los residentes -médicos titulados en estudios de postgrado de alguna especialidad o subespecialidad médica- adscritos a los centros médicos y hospitales a cargo de la Secretaría de Salud, decidieron parar actividades.

Ante el insoportable clima de violencia en la sierra, dejaron los puestos de trabajo e iniciaron una protesta que, como otras, de diversos grupos sociales, ha cursado bajo el desdén gubernamental.

Lo descrito por los voceros de los médicos es estremecedor. Las condiciones en que se desempeñan son de verdadera alarma que, a pesar de las denuncias o reportes efectuados por ellos, -y los de las generaciones anteriores, porque el problema no es nuevo- desde hace años, no fueron atendidos. 

Lo sucedido recientemente en Gómez Farías rebasó su tolerancia. En esa ocasión, luego de los enfrentamientos armados en la población y el “levantamiento” del doctor Blas Godínez, director del Hospital Integral de ese municipio y supuestamente secuestrado por el comando para que diera atención médica a los heridos, obligó a los médicos a salir intempestivamente de la población, auxiliados por sus maestros de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Ese aspecto, el de la violencia, -si la cambiante y trepidante realidad nos lo permite- lo abordaremos el fin de semana.

Las declaraciones realizadas por los médicos han destapado la tétrica realidad de la prestación de servicios médicos, a cargo de la administración estatal en varios puntos de La Tarahumara y en algunos municipios de las estribaciones de la misma.

En la estructura médica general del país, los estudiantes de Medicina deberán prestar sus servicios durante un año, al término de los estudios, en un hospital que cuente con todos los servicios médicos. Una vez transcurrido ese año, de acuerdo con sus promedios se les asigna, para la prestación del servicio social, en alguna unidad médica, preferentemente del medio rural, o semi rural.

En ambos casos, los médicos-estudiantes de pregrado, deberán estar bajo la supervisión y coordinación de un médico titulado adscrito, integrante del personal de la unidad médica, incluso en el caso de los pasantes en servicio social y, en este caso, más, si la unidad médica es un pequeño hospital, como son los casos de Guadalupe y Calvo, Madera y Gómez Farías, lugares de los cuales los médicos de pregrado han denunciado las anomalías.

Ahora bien, una vez terminados las dos etapas anteriores, los médicos titulados que deciden estudiar una especialidad, deberán cursar los estudios -casi por entero de manera práctica en algún hospital que preste los servicios de esa especialidad- y reciben el nombre de “residentes”.

Como en los casos anteriores, en esa unidad médica deberán existir médicos especialistas, responsables titulares de la prestación de los servicios.

Pero resulta que en ninguno de los hospitales de las poblaciones mencionadas existen médicos titulares de ellos y los residentes son los responsables de la prestación de los servicios, en una clara violación a las normas médicas vigentes en el país y en una disminución de la calidad del servicio médico prestado, no porque los internos, pasantes o residentes sean deficientes en ello, sino porque su preparación médica aún no concluye la que, por esas razones está -o debiera- bajo la conducción y supervisión de médicos experimentados.

No es lo único. Las jornadas de trabajo de todos ellos son extenuantes, que llegan a ser del orden de 32 horas continuas por 16 de descanso ¡Cada tercer día! y con el pago, ya sea de becas en el caso de los internos y los pasantes, o de compensaciones en el de los residentes, que en los dos primeros casos no llegan a los 4-5 mil pesos mensuales y en el de los residentes, a siete mil.

A todo lo anterior se suma el recorte de plazas médicas, denunciado por los médicos integrantes de este movimiento que ha venido a develar las infames condiciones en que se desempeñan.

Y que reciben como respuesta el silencio, la postergación de las reuniones, o las declaraciones triunfalistas (les aumentaremos los salarios, mejoraremos las condiciones de seguridad, etc.).

Merecen otra actitud.

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Justa respuesta

 Aserto.mx
Sin Retorno
Luis Javier Valero Flores

A raíz del compartimento, por el gobernador Javier Corral, (no es una inferencia, el hecho de “compartir” en las redes sociales alguna opinión, tiene ese valor, el de compartir, es decir, el de coincidir) del artículo de Luis Cardona -ex coordinador de Comunicación Social en Juárez de la administración del actual gobernador) “La apuesta a la inestabilidad social no es periodismo”,  en una clara, abierta descalificación a la directora de El Diario, porque este periódico -y también en sus plataformas digitales- publicó el video, en el que una mujer repite lo que evidentemente fue obligada a expresar por un grupo armado, los periodistas de este periódico publicaron un severo desplegado en el que critican al titular del Poder Ejecutivo.
Así lo dicen: “La afirmación no sólo criminaliza a los integrantes de esta Redacción –que sólo informamos sobre la existencia y contenido de ese video–, sino que nos coloca en medio de la disputa de los grupos del crimen organizado y vulnera las de por sí endebles condiciones de seguridad en las que se ejerce el periodismo en esta entidad” y le exigen al gobernador proteger el derecho de todos a expresar cualquier idea, por muy molesta, perturbadora u ofensiva que le resulte.
“Proteger ese derecho es parte de las obligaciones derivadas de su protesta de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan” y no, como ayer lo señaló el gobernador Corral, que “ejercemos nosotros también nuestra libertad de expresión y por supuesto que nosotros también haremos uso del derecho constitucional de expresar libremente nuestras ideas sin que por ello, a nadie se le reprenda”, sin darse cuenta que ahora su calidad cambió.
Ya no es el protagonista político que puede debatir con cualquiera, sino que está obligado a proteger y tutelar la libertad de expresión de los chihuahuenses y que, en ese sentido, al descalificar, señalar, acusar, del modo como realizan los actores políticos y sociales, deberá comprender que al ser autoridad no lo puede hacer sin más consecuencias.
Si denuncia que un medio pretende extorsionarlo, está obligado a actuar conforme a la ley, de lo contrario, sólo quedará como el intento de obligar al medio a que actúe periodísticamente conforme a los pagos de publicidad de esa instancia gubernamental al medio.
“La libertad de expresión, tan difícil de proteger en este país y más en estos últimos años, es nuestro derecho. Le guste o no”, le dicen los periodistas de El Diario al gobernante chihuahuense.
Es cierto.
A la postura de los periodistas de El Diario, se sumó la de Artículo 19, la organización de periodistas, en la voz de Ana Cristina Ruelas, directora de la organización, la que sostuvo que por ocupar una posición de servidor público, el gobernador Javier Corral Jurado no sólo debe proteger la libertad de expresión, sino asumir que las críticas e incluso “el discurso ofensivo” son parte de la democracia. (Nota de Sandra Rodríguez, El Diario, 13/XI/17).
“Corral tiene que asumir que el discurso que le cuestiona, el discurso ofensivo y a veces hasta perturbador forma parte del debate democrático y él, como gobernador, tiene la oportunidad de utilizar los medios de comunicación social para fortalecer este debate, sin llegar al punto de intimidar o amenazar con demandar a periodistas y mucho menos utilizar el aparato del Estado para ir en contra de éste... Su posición como gobernador le obliga a garantizar el derecho a la libertad de expresión y esto significa reconocer que no todas las expresiones le tienen que ser favorables, así no funcionan las democracias y él no se puede aludir demócrata si no acepta la crítica, incluso la ofensa”.
Por todo lo anterior, desde Aserto expresamos nuestra más viva solidaridad a los reporteros, fotógrafos y editores de El Diario.

Inaceptable

Sin Retorno
Aserto.mx

Luis Javier Valero Flores
11 de noviembre de 2017

Hacerse eco de una opinión, efectuada por quien fue uno de sus subordinados -Luis Cardona, ex vocero del gobierno de Chihuahua en Juárez- en la que arremete contra la directora de El Diario de Juárez, Rocío Gallegos, sólo porque este medio -la casa del escribiente desde 2001, sin el menor asomo de censura y en el que el gobernador Javier Corral gozó de la mayor de las libertades periodísticas- publicó un video generado en You Tube, en el que una mujer repite lo que evidentemente fue obligada a expresar por un grupo armado, opinión en la que acusa a la periodista de intentar generar una ¡inestabilidad social! a partir de esa publicación es inaceptable.
Es, evidentemente, una agresión al más importante de los medios de comunicación del estado de Chihuahua, que lo es no solamente por el número de ejemplares publicados diariamente en la entidad, sino por el lugar que ocupa en la preferencia de los chihuahuenses y la calidad de los trabajos, reconocidos por distintas instancias académicas y periodísticas del mundo entero. Reconocimientos obtenidos durante la peor de las rachas violentas sufridas por los chihuahuenses.
El gobernador de Chihuahua compartió en sus sitios oficiales el artículo “La apuesta a la inestabilidad social no es periodismo”, escrito por Luis Cardona, “quien fue director de Comunicación Social en Ciudad Juárez hasta hace unos meses y aún aparece en el directorio oficial como empleado estatal, aunque oficialmente se informó que ya no trabaja para el Gobierno estatal”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 11/XI/17).
Cardona acusa a Rocío Gallegos de soberbia y padecer de fobias (sic) que “han sido el motivo de la persecución y descalificación contra semejantes”.
Al compartir el gobernador Corral tales calificativos se suma a los efectuados por su vocero, Antonio Pinedo, quien acusó a El Diario -por el mismo motivo, la publicación de el video de marras- de convertirse en “portavoz del crimen organizado”, en lo que es una de las más graves ofensivas que gobernante chihuahuense alguno haya lanzado en contra de un medio de comunicación, quien lo único que realizó fue efectuar un trabajo periodístico.
Años atrás, en circunstancias semejantes -y, por supuesto, con muchas diferencias- cosa parecida ocurrió al publicarse el video en el que unos enmascarados interrogaron al abogado Mario González, hermano de la ex procuradora, Patricia, y en el que acusaban a ésta de proteger a “La Línea”.
Nadie, ni de la sociedad civil, ni de la sociedad política, acusó a los medios de confabularse, o de convertirse en portavoces de las bandas criminales por el sólo hecho de publicarlo, al contrario, lo que todo mundo exigió fue la investigación de las acusaciones para descartar presuntas responsabilidades penales de los señalados en aquel video.
Así ahora, en lugar de desgarrarse las vestiduras y lanzar acusaciones sin fundamento el gobernador Corral y su vocero deberán rectificar, han llegado al límite en sus descalificaciones al total de los medios, en el afán de desvirtuar los múltiples errores y fallas de su gobierno, sometido, ahora, a una extremada difícil situación, en la que la violencia ha hecho presa, nuevamente, a los chihuahuenses.

Escala la violencia

El Diario, 12 de noviembre de 2017
Luis Javier Valero Flores
Con la aparición del video, en Youtube, en el que un grupo criminal señala al gobernador Javier Corral como protector de otro, la violencia dio un paso más en el escalamiento en la entidad, al tiempo que lanzó una gravísima señal de alerta pues, por lo menos en Chihuahua, episodios como el ahora comentado fueron parte de la cima de la ola de violencia que azotó al “Estado Grande” de 2008 a 2011 con cifras a la baja -pero nunca a los niveles de 2006 y 2007- en el período 2012 a 2015.
La actual espiral violenta inició a principios del 2016, con un ligero  y paulatino incremento a lo largo de ese año, el último de César Duarte, y cuyos picos altos se registraron alrededor de los meses de la transición de ese gobierno al actual, que catapultaron los índices de homicidios al nivel actual de 50 por cada 100 mil habitantes.
Aquella ola violenta tuvo dos episodios emblemáticos en su inicio: Sendos enfrentamientos con duración de al menos 5 horas, uno en la capital del estado y el otro en Parral-Matamoros y que abarcó prácticamente toda la carretera entre esas poblaciones.
Días después de este último, en la “capital del mundo” -de la plata, Parral- ocurrió un enfrentamiento entre fuerzas militares y criminales.
Los saldos de los choques pudieron llegar a más de tres decenas de muertos y un número indeterminado de heridos.
Como ahora en los casos de los acaecidos en Cuauhtémoc, Madera y Rubio, se presentaron en lugares en los cuales las tropas militares tienen sendos cuarteles, los propios de la ciudad de Chihuahua y los ubicados en las cercanías de Parral y en esta ciudad
En ambos casos, a pesar de la magnitud de los enfrentamientos -por la cantidad de protagonistas y la artillería usada- no fueron atendidos por alguna fuerza policíaca o militar y solo hasta el paso de las horas, cuando ya habían cesado las acciones bélicas, irrumpieron las fuerzas de seguridad pública.
Hoy, casi 10 años después, enfrentamos una nueva escalada de violencia, quizá peor -por sus características- por la extensión del territorio involucrado y el número de habitantes, víctimas de ella.
También, por el hecho de que los enfrentamientos grupales abarcan a más municipios y, probablemente, a la mayor capacidad de fuego de las bandas criminales, además de que, ahora, los enfrentamientos se dan entre grupos que han llegado a ser de más 200 individuos y cuyas refriegas duran horas.
Pero, fundamentalmente, y esa es la peor característica, al que ahora existen zonas de la entidad en la que los grupos criminales son quienes las dominan y que, ante la llegada de fuerzas policiales y/o militares, desaparecen momentáneamente, para reaparecer no bien se van de los lugares las fuerzas del Estado Mexicano, las que son “dueñas”, sólo, del territorio que pisan.
Las fuerzas criminales son quienes dominan el territorio.
Eso significa, ni más ni menos que la desaparición, o sustitución, del Estado como monopolio de la fuerza.
Las consecuencias se han abatido sobre la población como avalancha: Bancomer anunció el cierre de su sucursal en Madera, los médicos pasantes en servicio social, y los titulados se niegan a ejercer en esas zonas; poblados enteros pasan a ser pueblos fantasmas en la sierra; los escenarios de la guerra abarcan a una extensa zona que va desde Uruachi, en la sierra, hasta Rubio y Cuauhtémoc -la zona de los territorios planos-, Gómez Farías, Zaragoza y los poblados cercanos, luego de tener a Bachíniva como uno de los municipios de paso a la sierra y a la frontera.
En ese contexto se ubica la difusión del video en el que burdamente señalan a Javier Corral como protector de un grupo criminal.
El problema no es la difusión o no del mismo por los medios de comunicación “tradicionales”, asunto al que le han dedicado la principal de sus atenciones, tanto el gobernante, como su vocero -Antonio Pinedo-, sino al fondo de la dramática situación de inseguridad prevaleciente.
Si El Diario, o el columnista Julio Hernández (De La Jornada) lo difundieron es el menor de los problemas, asunto que en todo caso podría enmarcarse como el total de las informaciones, difundidas por los medios de comunicación, sin que por ello, a menos que el medio así lo especificara, en que al difundirlo, implique darle credibilidad a lo sostenido por quienes aparecen en el video y sus autores.
Reacio a aceptar la existencia de hechos que pudieran generarle críticas, el gobernador Corral insiste en desacreditar todo, ahora hasta el hecho de que  el periodista de La Jornada twitteara, al difundir el video de marras, “Con todas las reservas del caso: video donde una mujer, vendada de los ojos, dice que el gob @javier_corral y alcalde de #Madera apoyan a grupo narco”.
Lo que motivó una desmesurada respuesta del gobernante chihuahuense: “Julio: Del @diariodejuarez no me extraña, conmigo se les acabaron las carretadas de dinero; pero que tú te prestes a reproducir esta farsa, marca también la otra impunidad del colapso nacional: la difamación ‘con todas las reservas del caso”.
El episodio muestra, además, la superficialidad adoptada por los gobernantes en un asunto que reviste extrema gravedad.
Ante la difusión del video por El Diario -amén de que infinidad de medios lo hicieron, y no en seguimiento al matutino chihuahuense- el vocero del gobierno, replicó lo que había sostenido en ocasiones anteriores el gobernador Corral, al informar que “Él (Javier Corral) ha rechazado las negociaciones (con el crimen organizado)”.
¡Gravísimo! ¿Quién le hizo semejantes proposiciones? ¿Quiere decir que si existieron?
Y en otra vertiente, sin pensar en las consecuencias de su dicho, Pinedo aseveró que al publicar el video, lamentaba que “… el medio se convierta en portavoz del crimen organizado, al reproducir contenido audiovisual difamatorio, alejándose del rigor periodístico”.
¿Y qué tal si los grupos criminales, contrarios a los protagonistas del video, asumen como cierta la afirmación del encargado de la comunicación social del gobierno del amanecer?
¡Híjole!
El verdadero tema es la aparición de grupos criminales con tal poder de fuego e infraestructura que pueden efectuar lo ahora reseñado.
Y por supuesto la severidad de la crisis de seguridad pública, ante la cual se advierte la debilidad del Estado Mexicano, y no sólo del gobierno de Javier Corral para enfrentarla, amén de los problemas derivados de la aparente desatención gubernamental a los generados por la misma.
Ejemplos sobran, baste uno: Bancomer anuncia el cierre de la sucursal en Madera, lo que acarreará serios problemas a la economía del municipio, y ninguna autoridad aparece, con iniciativa y con el afán de resolver lo que será sin duda un verdadero dolor de cabeza para los habitantes de ese municipio, además de informarle a la comunidad del establecimiento de conversaciones con los directivos nacionales de la institución bancaria, o de otra, a fin de obtener la instalación de una sucursal bancaria en la población.
Ante la gravedad de la situación, hasta cuadros importantes del panismo han encendido las luces de alerta, como la diputada Patricia Jurado, de Nuevo Casas Grandes, quien sostiene que el “Estado está rebasado”, lo que, ante lo sucedido en la entidad es, solamente, una tibia descripción de lo vivido por cientos de miles de chihuahuenses, porque, a diferencia de las zonas rurales, o semi rurales, en los grandes centros de población las ejecuciones continúan sin pausa y más frecuentemente, con picos a la alza verdaderamente preocupantes.
De ahí que cueste trabajo aceptar la versión oficial -por lo menos la más recurrente- consistente en que la lucha por el mercado local de drogas como el cristal, sea el origen de la oleada.
Son de tal magnitud los grupos criminales en los enfrentamientos, así como el armamento usado, que bien se puede inferir que la disputa es por temas del narcotráfico que involucran cifras millonarias, de ahí la capacidad de fuego de los grupos enfrentados y, también, la evidente desatención del gobierno federal a una situación que hace tiempo, cuando les convenía políticamente, sí dijeron que “Chihuahua se les había descompuesto”.
Como lo aseveran muchos, el país entero se les descompuso a quienes se aprestan a intentar la continuidad de un gobierno y un régimen cuyo fracaso, no sólo es evidente, sino que duele profundamente pues sus consecuencias abarcan a la totalidad de los mexicanos, pero especialmente a los que “menos tienen” y que, ante la gravedad de la crisis, -de todo tipo- la clase política, un día con otro, nos muestra su enorme incapacidad, preocupados -y ocupados- sólo, en la futura elección, la que, por otra parte, puede convertirse en otro episodio en el que el relevo de gobernantes no sirva para iniciar la resolución del que ahora es el segundo de los problemas para la mayoría de la población, la inseguridad.
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Los vuelos de Corral

El Diario, 9 de octubre de 2017

Luis Javier Valero Flores

Como es frecuente en algunos medios y circunstancias, ante una acusación -sobre hechos ciertos o no- se pretende descalificarla a partir de descalificar al denunciante.

¡No tienes autoridad moral para criticarme!

Así ha actuado el gobernador Javier Corral en la más reciente de sus confrontaciones con El Diario. 

Ante un hecho incontrovertible -porque la fuente de la información es su propio gobierno- el gobernador ha optado por descalificar al medio que solicitó información a la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua sobre los vuelos de los aviones propiedad del mismo.

Bueno, la información ha corrido de tal manera que ya se han publicado hasta los reportes de los viáticos de los pilotos. Es tan puntual que ahora sabemos comieron en el famoso restaurante “El Cuchupetas” de Villa Unión.

Las fechas de los vuelos de ese avión -a la ciudad de Mazatlán- coinciden con las de las vacaciones del fin del año pasado de Javier Corral y Cinthia Chavira, acompañados por el jefe de custodios, el Capitán Escamilla.

La inferencia es lógica: Se trasladaron, para sus vacaciones, en un avión del gobierno estatal.

Como en otras ocasiones, Corral ha dicho que todos sus viajes privados los ha costeado de su bolsa.

Su problema es que hizo lo mismo que hacía César Duarte -y prácticamente todos los gobernadores- consistente en combinar actividades oficiales con las privadas en el mismo “viaje”.

No había mucho margen para la duda. ¡Ah, Quirino toma posesión el día último del año, pues entonces aprovecho para pasar unos días en mi casa de Mazatlán y de ahí “brinco” a Culiacán, asisto al acto, me regreso a mi casa y el 2 de enero a Chihuahua!

¿Cuál problema?

Este aparece al momento en que sus actos se confrontan con sus dichos. Son numerosas las citas en las que Corral criticó el uso privado de los bienes públicos, en particular al referirse al tema del uso de los aviones de Chihuahua.

Vamos, llegó hasta el grado de prometer que no usaría, ni siquiera, los vehículos terrestres del gobierno de Chihuahua.

Todo en el afán de no parecerse a su antecesor en el ejercicio del poder. ¡Qué terrible paradoja!

Y entonces sobreviene la mentira y la diatriba en contra de El Diario. Y en ello arrastra a sus funcionarios. Arturo Fuentes Vélez, titular de la dependencia que proporcionó la información, ha declarado que “el uso de los aviones y helicópteros de Gobierno del Estado, ha sido exclusivamente para asuntos oficiales”.

¿Qué Duarte le “entregó” 100 millones de pesos al periódico?

Debe recordar que ya no es cualquier ciudadano, si en la contratación del gobierno de Chihuahua con el medio de comunicación existe algo ilegal, entonces, no solo denuncie el hecho, está obligado a actuar conforme a la ley.

Sostiene que no se dejará “extorsionar” por el periódico, pues presente la denuncia en contra de quienes han pretendido extorsionarlo, denuncie públicamente a quienes se lo plantearon, es su obligación, no puede ser omiso.

Pero sus problemas son más: ¿Viajó a Mazatlán en el avión del gobierno de Chihuahua? ¿Sí o no?

¿Aprovechó la toma de posesión del mandatario sinaloense para trasladarse a sus vacaciones?

Dice que todos sus gastos privados los ha sufragado ¿Podría publicar las facturas de los pagos realizados?

Deberá recordar que en ocasión del episodio de las vacaciones de marzo y la jugada de golf arguyó que había pagado ese viaje y que lo podría documentar -así como ahora-, pero hasta la fecha no ha publicado la factura del pago efectuado ¿Será, acaso, porque viajó en el avión de un empresario proveedor del gobierno estatal como ha acreditado la prensa, sí esa prensa a la que ahora, dice usted, ha dejado de recibir las tajadas de dinero y por eso denuncia los hechos?

¿En el mismo caso estará, entonces, la revista Proceso y el reportero de ella, Alvaro Delgado, que ha publicado un artículo muy crítico sobre la actitud de su gobierno en el asesinato de Miroslava Breach?

No es cualquier asunto el nuevo diferendo del gobernador Corral con El Diario, se trata de uno de los temas más importantes para la sociedad: La congruencia de sus gobernantes. 

Si a alguno no le debió faltar es precisamente a Javier Corral, no solo por la manera en que llegó al gobierno, sino por los momentos que viven los chihuahuenses y las enormes tareas enfrentadas por los gobernantes locales, cualesquiera que fuese su origen partidario.

Los chihuahuenses necesitan de un gobernante con credibilidad, no porque él diga que la tiene, los hechos son quienes la generan.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¿Morena, partido reciclador?

El Diario, 5 de noviembre de 2017

Luis Javier Valero Flores

¿A quién se le ocurre que en las mejores condiciones político-electorales de su corta carrera, Morena se convierta en el vehículo para reciclar al viejo régimen, a través de postular a quienes fueron perdedores de los últimos procesos electorales o a quienes fueron peones del gobierno duartista?

Fuera Margarita Zavala del PAN y este partido inmerso en una profunda crisis, de la cual pretende salir avante mediante la alianza con el cascarón del PRD y la inopinada participación de Movimiento Ciudadano (MC), -partido al que rápidamente se le acabó el espíritu disrruptor generado por sus candidatos triunfadores en Jalisco- Morena y su muy probable candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se encaminan (dicho esto a 8 meses de las elecciones) a un contundente triunfo.

La batería de encuestas realizadas a partir de la renuncia de Zavala, así lo muestran. En todas, la ventaja es de alrededor de 10 puntos, lo que representan aproximadamente 5 millones 100 mil votos, si la participación electoral ronda el 58% el próximo primer domingo de julio.

Con esa ventaja, que crece al sumar los resultados de la percepción ciudadana acerca del posible triunfador. Sorprendentemente, a diferencia de todos los procesos electorales presidenciales del pasado, ante la pregunta “¿Quién cree que puede ganar las elecciones”?, la mayoría responde que AMLO- y, aparentemente, la única posibilidad que pierda el partido de AMLO sería a partir de la comisión de numerosos e importantes errores.

Eso parecería estar ocurriendo a lo largo de todo el país, no sólo en Chihuahua, a través de los mecanismos puestos en marcha para la designación de candidatos en varias de las principales posiciones.

En unas y otras brotan los nombres de quienes, como en el caso local, o perdieron en las últimas elecciones representando al PRI, o que formaron parte de los equipos perdedores en las elecciones locales del 2016.

Los colmos son varios. Uno de ellos, el de tratar de postular a quienes contendieron como aspirantes al gobierno de Chihuahua, procedentes, ambos, del PAN, en distinta época, pero relacionados políticamente con la estrategia duartista de intentar dividir el voto opositor.

El otro es el de contemplar como posibles candidatos a quienes, siendo candidatas del PRI, perdieron procesos electorales en el pasado casi remoto -más de 13 años- o que, ocupando elevados cargos en el gobierno de Javier Corral no se han deslindado de la postura radicalmente partidista de quien encabeza el gobierno del amanecer, ni siquiera cuando las críticas del mandatario estatal se han enderezado fuertemente en contra del dirigente nacional de Morena.

¿Acaso sólo el titular del Poder Ejecutivo tiene el derecho a expresar sus opiniones partidistas-electorales?

Como lo diría el clásico, no es nada personal. A pesar de que el escribiente mantiene vínculos de amistad con varios de los involucrados, del tipo que se construye entre la “fuente” de información y el periodista, lo aquí analizado no está surcado por filia o fobia alguna. Los personajes descritos líneas arriba son del dominio público: Avril Gómez, Fernando Tiscareño, Cruz Pérez Cuéllar, Jaime Beltrán del Río, Martha Laguette, Patricia Borunda, Miguel Colunga y otros a nivel municipal, de varios de ellos en el estado.

Se trata, indudablemente, de un gravísimo error estratégico, lo novedoso en el caso de Morena, era la “aparición pública” de numerosos cuadros-dirigentes intermedios, la mayor parte de ellos jóvenes y que ahora, en aras de “sumar” la experiencia y la “capacidad operativa” de quienes saltaron de los partidos del régimen, son marginados de las candidaturas de mayor peso, aunque, justo es reconocerlo, a algunos de ellos se les ha colocado en la eufemísticamente denominación de “coordinadores territoriales” de varios de los distritos electorales locales, como antesala de la postulación como candidatos a las diputaciones por esas demarcaciones.

El problema mayor, por lo menos en el caso de Chihuahua, lo constituyen las candidaturas a las senadurías, en las que el Consejo Estatal resolvió, ante la imposibilidad de las candidaturas “únicas”, la realización de una encuesta -para encontrar a quienes deben ocupar la primera fórmula de la candidatura al senado- entre las militantes de Morena, Bertha Saldaña, Bertha Caraveo y la diputada local Leticia Ortega y que, además, como facultad de la dirigencia nacional, ésta incluya a Patricia Borunda y Martha Laguette en la encuesta.

No terminan ahí los problemas, para integrar la segunda fórmula al senado, se resolvió que fueran a la encuesta el ex candidato a la alcaldía juarense y Secretario General del Comité Estatal, Juan Carlos Loera de la Rosa y Cruz Pérez Cuéllar, el dos veces dirigente estatal del PAN y ex candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. El ganador será el candidato propietario y el perdedor, el suplente.

La aparición de esos personajes es lo que ha causado -amén de otros problemas, no menores al interior de Morena- las manifestaciones de descontento de diversos grupos de militantes, en varias ciudades de Chihuahua, las que la dirigencia no debiera minimizar pues son el reflejo del desánimo de numerosos militantes que no aceptan que su partido se convierta en el trampolín de numerosos ex militantes de los otros partidos a los que tanto se ha criticado.

No se trata de la intolerancia a que tan dados son muchos de los fundadores del Morena, sino de la definición de la estrategia que les reditúe éxitos, no solamente en la candidatura presidencial (a la que muchos militantes creen “amarrada”) sino en la de crear las condiciones para que el “tsunami electoral” en que puede convertirse la candidatura de López Obrador, abarque el total de las candidaturas de los postulados por Morena.

Se puede convenir en que la mayoría de los dirigentes de Morena son faltos de experiencia política-social, además de ser poco conocidos socialmente, pero en todo caso podrían convertirse en los políticos disruptores del próximo año, algo que se antoja extremadamente sano para la sociedad mexicana en virtud del enorme desgaste político de la clase política mexicana y cuyos efectos los padece el país entero, sumido en una crisis de inseguridad pública, sin duda producto de la incapacidad y complicidad de quienes gobiernan.

Pero si las candidaturas de Morena a las otras posiciones adolecen de lo aquí comentado, lo lógico es que aparezca más fortalecido el voto diferenciado y Morena pierda la oportunidad de contar con mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores.

No es un problema, solamente, de los nombres citados ahora, sino de la concepción prevaleciente al interior de Morena. La mayoría de los jóvenes que sufragarán el próximo año -y muchos del resto de las edades- será un voto anti-sistema, pero en el momento que aparezcan en las boletas electorales, nombres que han estado presentes en esos documentos a lo largo de las últimas dos décadas, la respuesta será automática, y no solo en el momento de votar, sino en el curso del proceso electoral.

De ahí el asombro ante la falta de perspicacia de la dirigencia nacional de Morena ante el fenómeno que se les está presentando, cuyas manifestaciones aparecen por doquier y que seguramente crecerán con los días, al grado que las primeras tronantes declaraciones en contra del dirigente estatal, Martín Chaparro, emitidas por el dirigente histórico de la izquierda deliciense, Ernesto Casillas -“el líder estatal, Martín Chaparro, violenta los estatutos al imponer a cualquier tipo de personas que se arriman a Morena desconociendo a los comités municipales”- sea, solamente, una de las primeras inconformidades de las que pueden presentarse en ese partido en el que existen una buena cantidad de dirigentes sociales, extremadamente críticos.

Las frases son extraordinariamente elocuentes: “Morena abrió los brazos a toda la sociedad. Bienvenido quien tiene buenas intenciones de hacer el cambio, pero que esto no signifique agarrar la escoria de donde venga, y pedimos que se incluyan a los cuadros que tiene Morena, nos están marginando”.

Ante semejantes acusaciones, los argumentos esgrimidos por el dirigente estatal, Martín Chaparro, en defensa del ex candidato a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, mueven a mayor inconformidad: “De comprobarse acusación contra Cruz, no impulsaremos candidatura… Yo lo que invitaría a quien corresponda pues que se le forme el expediente correspondiente y que sea pues, la justicia o un juez, quien determine si hay culpabilidad al respecto, si hay alguna situación que tenga que solventar ahí Cruz, mientras eso no suceda pues Cruz sigue siendo bienvenido en Morena”. (Nota de la redacción, La Opción, 15 de Septiembre 2017).

Chaparro se refería a la supuesta denuncia de un testigo protegido en contra de Pérez Cuéllar por los presuntos desvíos de recursos públicos para su campaña como gobernador en 2016, ordenados por el ex gobernador César Duarte.

Pero ese no es el único problema, el otro son las numerosas instancias de decisión, por fuera de las partidarias, establecidas por el tabasqueño a fin de asegurarse el control de las distintas facetas de la actividad, tanto partidaria, como electoral, en la que el predominio es de quienes ejercieron distintas funciones en el viejo régimen.

¿Reciclar será la función de Morena?

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