Morena, los filtros inexistentes

Morena, los filtros inexistentes

El Diario, 28 de mayo de 2017

Luis Javier Valero Flores

La detención de Omar Díaz Arias, acusado de ser uno de los asesinos de Shaib Francisco Montes Durán y su pareja Fabiola Uranga Corral, asesinados a golpes y a puñaladas en agosto del 2011, justamente cuando en el ámbito nacional se daba a conocer la existencia de un cuarto video, publicado por el periódico El Universal, en el que la diputada veracruzana de Morena, Eva Cadena, señala a la coordinadora de los diputados federales de este partido, Rocío Nahle, de ser la supuesta recaudadora del financiamiento de López Obrador, vino a poner en el tapete de la discusión los filtros de los partidos en la selección de candidatos y dirigentes partidistas.

Se da, además, en el ríspido escenario de la contienda electoral más importante del presente año, la del EdoMex, en la que, ante la renuncia del candidato del PT, Oscar González Yáñez, y su adhesión a la candidatura de Delfina Gómez, de Morena, la ha colocado, en las encuestas, en un empate técnico, lo que hace suponer que en realidad va adelante, a una semana de la elección, pues todas las encuestas muestran un muy elevado porcentaje que ha decidido no declarar sus simpatías a los encuestadores.

En ese entorno, la muy rápida y masiva difusión de la acalorada discusión -porque difícilmente a esas alturas de la entrevista se le podría catalogar como tal- entre el periodista José Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, muestra el grado de tensión generado por la irrupción en los primeros planos de las simpatías por el partido del tabasqueño.

Sin comprobar sus dichos, Cárdenas le preguntó como quedaría su plumaje -porque AMLO repitió su frase que su plumaje era el de los que no se manchaba al pasar por eww pantano- luego de su “alianza con Elba Esther Gordillo”, es decir, daba por cierto, el periodista, algo que corrió como un rumor, pregunta ante la cual el morenista respondió que deberían dejar de calumniarlo y ahí ardió Troya.

Los parciales de uno y otro bando argumentaran que cada uno de los protagonistas de este affaire mediático es el culpable, ambos, por el grado de responsabilidad que tienen debieron actuar de acuerdo con ella.

El periodista debe preguntar, no hacer juicios de valor dando por sentada una información no corroborada y el dirigente político que aspira a dirigir la administración pública federal debe mostramos la mesura con la que actuaría al frente de ella.

En ese escenario, que todo lo influye, es que Omar Díaz, luego de ser dirigente juvenil del PRI en la primera década del presente siglo, en el fin del año pasado fue aceptado como miembro de Morena, en un acto con el dirigente nacional, al término de una arenga lanzada por el ex dirigente juvenil priista.

Meses después, ya en la actual legislatura, accedería al grupo de asesores del grupo parlamentario de Morena.

Pero en los antecedentes de Díaz Arias se anotó una detención, en 2013, por encontrársele armas, cocaína y una granada de fragmentación. Salió libre mediante el pago de una fianza de 50 mil pesos.

Años después, en la campaña electoral del 2016, en el primer trimestre, se integró al equipo de la candidata priista a la presidencia municipal de Chihuahua, Lucy Chavira.

No pasaron muchos meses para que, ante la derrota del PRI, optara por cambiar de partido. De inmediato fue aceptado en Morena. Rápidamente ascendió hasta convertirse en asesor parlamentario.

Carrera semejante corrió la hoy controvertida legisladora veracruzana, Eva Cadena. Luego de ser regidora del PAN en Las Choapas, se convirtió en abanderada de Morena. Alcanzó la diputación, no tanto por las simpatías despertadas por su participación, sino por el tsunami electoral en que se convirtió Morena en las pasadas elecciones estatales de Veracruz, que le llevó a alcanzar casi el 35% de la votación.

Hoy es protagonista del peor de los montajes en contra de Morena, promovido por el mandatario panista, Miguel Ángel Yunes, en un aterrador adelanto de lo que será la elección presidencial, en el que acciones como las ahora vividas serán la constante. La guerra sucia será lo central.

Frente a tal perspectiva, los partidos en general deberán mejorar sus mecanismos de selección de candidatos, dirigentes y asesores. Morena está más obligada que el resto de las agrupaciones partidarias en afinar tales procedimientos.

¿Por qué?

Porque su principal consigna y mensaje emblemático ha sido el de combatir sin descanso la corrupción, de ahí la consigna del pasado de AMLO -honestidad valiente- y porque ha señalado insistentemente que las dirigencias del resto de los partidos han solapado a "la mafia del poder".

Al comportarse de tal manera, obviamente, y no sólo por eso, encontrará una gran cantidad de obstáculos y es posible que episodios como los ahora descritos puedan aumentar, luego entonces no puede dejar al vuelo los mecanismos que le permitan contar con una cierta certidumbre de la solidez ideológica y política de sus candidatos y dirigentes y deberá dejar de lado las actitudes populistas como la que le permitió a Omar Díaz, sin un análisis previo, acceder a las posiciones de decisión del principal partido de izquierda en el país.

El episodio le viene bien a Morena de Chihuahua, es posible que recoja una muy buena cantidad de votos el próximo año y su reto será, además de las tareas propias del proceso electoral, designar a candidatos para una inmensa cantidad de posiciones de poder, más allá de las que tradicionalmente los partidos de izquierda ha designado en Chihuahua, con la diferencia que algunos -o muchos- de ellos estará en condiciones de ganar sus elecciones.

Por otra parte, el ex dirigente juvenil deberá enfrentar el proceso penal. Obviamente nos encontramos sin elementos para pronunciarnos acerca de su detención, las autoridades judiciales están obligadas, como en todos los casos, a demostrar, sin margen de duda, su culpabilidad, y Omar Díaz deberá contar con todos sus derechos a fin de defenderse legalmente de las acusaciones en su contra.

Pero el episodio muestra, a plenitud, que, sí todas las personas tienen derecho a la rehabilitación y a ser aceptados, luego de purgar sus penas, a causa de haber agraviado a la sociedad, los partidos tienen el derecho, y la obligación, de depurar los procesos de designación de los candidatos y dirigentes que le presenten a la sociedad.

Por una razón, porque se convierten en gobernantes.

Nomás!!!!

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Dos meses y nada

Dos meses y nada

El Diario, 25 de mayo de 2017

Luis Javier Valero Flores

Pocas cosas han cambiado en el país a partir del asesinato de Miroslava Breach, -corresponsal de La Jornada, reportera de El Norte de Juárez y fundadora de Aserto- entre ellas el agravamiento del clima de violencia en toda la nación, pero también en la entidad.

Otra es el empeoramiento de las condiciones en las que desarrollan su trabajo los periodistas; el asesinato de Javier Valdez, también corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Riodoce, se ha convertido en un eslabón más de la larga cadena de asesinatos de los periodistas, razón por la que México ronda entre el segundo y tercer país con el mayor número de caídos de integrantes de este gremio en lo que es, ya, una tragedia nacional, ante la cual la clase política, responsable de los elevados índices de impunidad en estos crímenes (y, obviamente, de todos los cometidos en el seno de la sociedad mexicana) sólo atina a lanzar desacompasados y reiterativos discursos de esclarecerlos.

Ocurre como en el caso de nuestra compañera, sólo discursos o frases sueltas, arrancadas a fuerza de lanzar preguntas que son respondidas, o de mala gana, o de simple “bote pronto” por los gobernantes.

Algo ocurre, en el gobierno de Javier Corral, que en los problemas más acuciantes, o más ríspidos, actúa torpemente o como si la agenda de esos problemas no la tuvieran actualizada.

En el gremio periodístico crece la zozobra, porque al asesinato de Miroslava Breach le siguió el exilio de la corresponsal en Chihuahua del semanario Proceso, Patricia Mayorga, y al cumplirse los dos meses del asesinato de la primera, sin que la sociedad tenga a la mano elementos del avance de las indagatorias que nos lleven a pensar que la autoridad, efectivamente, está actuando positivamente, la percepción es la de que la impunidad, también en este caso, será la realidad.

De ahí la crítica. No se necesita mucho para adelantar que al cumplirse los dos meses del salvaje asesinato, las críticas y las protestas volverían, no porque se tengan ganas  de hacerlas, sino por la falta de resultados ¿Porqué no hacer un alto e informar, en un evento con ese fin, de los avances, y si no los hay, o no se pueden dar a conocer, decirlo con la formalidad que se requiere y no con las respuestas al vuelo como fue el caso?

De una cosa sí estaba consciente Javier Corral, antes de la toma de posesión, independientemente de su posterior actitud crítica frente a los medios, es que éstos no le serían benévolos, que su gestión sería una de las que más estrechamente vigiladas serían por los mismos y que, por tanto, su respuesta no podría ser la asumida hasta ahora, la de desestimar las críticas, sólo porque éstas se originan en los medios.

Su problema estriba en que en la mayoría de los casos hay sustento para la crítica. Sus respuestas hiperreactivas le han ganado la animadversión de la mayor parte de los medios de comunicación -seguramente, también, por la abrupta disminución del gasto público en publicidad gubernamental- pero también porque bajo ese argumento pretende descalificar sustentadas críticas y al hacerlo, al criticar a los medios, como lo dijo Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Seguridad de Artículo 19, coloca “en mayor grado de vulnerabilidad a las y los periodistas”.

Y es que, ante el escrutinio puntual de los medios, “el Gobierno no se puede victimizar”, porque, dijo, “Ahora estamos haciendo una especie de tropicalización del tema en donde no solamente te verifican sino que hacen una calificación de la información: qué es veraz o no es veraz… Eso no le toca al Estado en realidad. Es peligrosísimo que hagan este tipo de aseveraciones. A la prensa, los funcionarios públicos tienen el deber de refutarlos con prensa. Es decir, en sus estrategias y mecanismos de comunicación social a los que tienen acceso día con día, pero no mediante descalificaciones y menos en un contexto como el de Chihuahua, porque colocan en mayor grado de vulnerabilidad a las y los periodistas”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario, 19/V/17).

A su vez, Sandra Patargo, oficial adjunta del programa de protección y defensa de Artículo 19, precisó que las declaraciones de Corral, respecto a las indagatorias sobre el asesinato de Miroslava Breach, “Es cuestión discursiva, en realidad es creerle de buena fue al gobierno que sí hay avances”.

Dos meses… y nada.

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Cambiaron los vientos

Cambiaron los vientos

El Diario de Juárez, 21 de mayo de 2017

Fruto de los cambios ocurridos en el país; de la creciente percepción ciudadana del triunfo de AMLO ; del incesante hartazgo popular hacia la clase política y sus partidos; por la terquedad de Andrés Manuel López Obrador; por el agotamiento de los tres principales partidos -PRI, PAN y PRD- a cual más de pletóricos de hechos de corrupción; por el desastre económico y de seguridad pública.

Quizá por todo ello, el hecho es que la reunión de empresarios, convocada en la capital del estado, para dar a conocer los puntos de vista del encargado de López Obrador de la relación con los empresarios, Alfonso Romo, resultó ser todo un éxito para los fines del líder de Morena.

Seguramente faltaron algunos de los capitanes de los grupos económicos más importantes de Chihuahua, pero reunir a cerca de 400 empresarios (pequeños, medianos y algunos de más de “medio pelo”) para escuchar las propuestas lopezobradoristas era una cosa impensable en el pasado cercano.

Muchos de los asistentes podrán no votar por el tabasqueño, pero que se acercaran, así fuera por mera curiosidad, confirma el hecho de que hay una creciente percepción de las muy altas posibilidades de que si se postulara a la candidatura presidencial (cosa que prácticamente todos dan por hecho, incluido el mismo AMLO, aunque guarde las formas legales a fin de impedir que le pudieran acusar de la comisión de actos anticipados de campaña) podría resultar ganador en los próximos comicios.

Tal hecho va acompañada de otra certidumbre, la de que muy pocos piensan que el PRI pueda retener la presidencia de la república; su derrota es una de las pocas cosas ciertas que la mayoría de los mexicanos poseen en este momento. 

Bueno, hasta los mismos priistas, entre ellos los más leales y convencidos de sus militantes, están conscientes del daño realizado por el actual presidente y la mayoría de sus gobernadores, que los ha llevado a arrostrar la peor crisis de credibilidad de su historia.

A tal certidumbre ha contribuido seriamente, en las últimas semanas, la sorpresiva irrupción de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, como seria competidora frente al candidato priista, Alfredo del Mazo; a tal grado, que no pocos apuestan al triunfo de la ex presidenta municipal de Texcoco en las elecciones del próximo 4 de junio.

No hay motivo de discrepancia, el crecimiento electoral de Delfina Gómez obedece a la simpatía popular por López Obrador, quien no ha fallado en las últimas semanas a los actos de la texcocana.

Tiene razón, aún si perdiera la candidata de Morena, lo haría después de obtener un porcentaje por encima del 30% de los votantes, del padrón más grande del país. De ese modo, por los resultados previos, el partido de AMLO se coloca en la punta, rumbo al 2018, pues es el que cuenta con mayores porcentajes de simpatizantes en las 3 entidades con el mayor número de electores en el país: Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.

En ese recuento no pueden desestimarse los resultados obtenidos en Oaxaca y Chiapas en los más recientes procesos electorales y el efecto que los mencionados arriba tendrán en la población de las entidades vecinas… y en el país.

Lo hemos escrito. En Chihuahua, Morena puede dar una mayúscula sorpresa, tanto por la simpatía despertada en numerosos ciudadanos, como por el desencanto provocado por priistas y panistas, que les puede llevar a que los segundos salgan adelante en las elecciones del próximo año por márgenes menores en la presidencial y la de senadores. 

Los candidatos del PRI, en estas dos, muy probablemente queden por detrás de los abanderados de Morena, de tal modo que la izquierda chihuahuense está en la posibilidad, cercana, de colocar por vez primera a uno de los suyos en la Cámara de Senadores, por la vía de primera minoría.

Todo lo anterior, tal vez sin tanto detalle, es lo que está en el fondo de la exitosa convocatoria a la reunión con el ex propietario de la empresa cigarrera La Moderna y ex Director de planeación estratégica de Femsa, el poderoso consorcio de Coca Cola en México.

Romo hizo bien su tarea, a juzgar por las reacciones de muchos de los asistentes, pues hizo un buen retrato de la actual situación del país, luego de efectuar una especie de recuento de sus incursiones en la política, en los varios esfuerzos por incidir en las elecciones presidenciales y las de varias entidades, generalmente al lado de otros empresarios que resolvieron, a mediados de los 90’s del siglo anterior, tratar de realizar cambios en la conducción del país.

Por ello apoyaron a los candidatos del PAN en las elecciones presidenciales del 2000 y 2006 y, en ésta, llevando como objetivo central impedir el triunfo del candidato del PRI, Roberto Madrazo, y el del entonces candidato del PRD, López Obrador.

Luego cambiaría y para hacerlo, el grupo de líderes empresariales, sometió a un riguroso análisis el gobierno del tabasqueño en el DF. Lo aprobó en tres ejes: Uso del presupuesto, seguridad pública y respeto al Estado de Derecho. En el estudio incluyeron los gobiernos de Miguel Mancera en la Ciudad de México y el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los resultados del presupuesto arrojaron que AMLO redujo el gasto 15%,  que dejó un presupuesto equilibrado, estableció una baja a la deuda y repartió 60% del ahorro del presupuesto, a capital semilla para obras y el 40% al tejido social.

Además, Romo sostiene que en seguridad todas las estadísticas fueron a la baja en su gobierno y que el respeto al Estado de Derecho, fue reconocido hasta por la exprocuradora General de la República con Peña Nieto, en su momento presidenta del Tribunal Superior de Justicia del DF, Arely Gómez, quien certificó que no interfirió con el Poder Judicial.

En 2018 no nos podemos volver a equivocar, sostiene el empresario regiomontano, luego de haber intentado, al lado de otros, de impedir los triunfos de Fidel Herrera en Veracruz, de Mario Marín en Puebla y de Ulises Ruiz en Oaxaca. En todas fracasaron. 

Romo no lo dijo expresamente, pero al ac usar a la dirigencia del PAN en Veracruz de impedir el acuerdo que posibilitara ir con un solo candidato, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a fin de derrotar al entonces candidato del PRI, Fidel Herrera Beltrán, de cuyo gobierno emergiera Javier Duarte, su crítica se endereza al total de las dirigencias de tales partidos.

Pero las simpatías a favor del tabasqueño también crecen al interior del PRI (en grado menor entre los panistas), y no solamente entre los militantes de base, sino también en muchos de quienes han ocupado responsabilidades mayores en el partido y la función pública, algo que se advierte en Chihuahua, pues entre los principales organizadores aparecen algunos que no hace mucho formaban parte del equipo de Marco Adán Quezada, el ex alcalde chihuahuense cuyas aspiraciones al gobierno de Chihuahua fueron cortadas de tajo por el ex gobernador César Duarte.

Deberá precisarse que no hace mucho Quezada insistía, en lo privado y lo público, que no tenia planes de irse a otra agrupación partidaria, ni a otro proyecto político, cosa contraria a la expresada por los ex panistas Cruz Pérez Cuéllar y Antonio López, ambos ex candidatos de su partido a las alcaldías, el primero a la del antiguo Paso del Norte, en 2004, y el segundo a la de Chihuahua, en 2010.

Sus casos servirán para poner a prueba los mecanismos de elección de Morena de sus candidatos, uno de los temas centrales de la competición electoral del México de nuestros días, el del continuo cambio de partido de no pocos políticos, en busca de las candidaturas no obtenidas en sus partidos de origen, y que cambian de agrupación partidaria sin que en el camino, porque es extremadamente difícil hacerlo, cambien de ideología.

Hasta ahora, el tránsito de militantes y candidatos entre el PRI, PAN y PRD es un fenómeno “natural”; por una razón, porque a las dirigencias de estos partidos no les importa tal asunto, porque para gobernar como lo han hecho sus militantes no importa, pues coinciden extraordinariamente en los temas centrales de la vida pública del país, tal como lo mostraron en la elaboración y concreción del “Pacto por México”.

Morena tiene el reto de alejarse de tales prácticas. No lo hizo en el caso de Veracruz y así le fue con la ahora diputada federal, Eva Cadena, la denominada coloquialmente como “La diputada recaudadora”, cuyas corruptas prácticas las efectuaba desde fines de la década pasada cuando era militante y funcionaria pública del PAN. Ya desde entonces pedía los famosos “moches”.

El mismo Alfonso Romo lo advierte: “Morena deberá elegir candidatos congruentes. Si caen en la tentación de ganar por ganar, va a ser una tristeza”, seguramente recordando las candidaturas que apoyó en el pasado reciente, y también en el lejano, vistos los resultados de los gobiernos de Fox y Calderón.

Así que Morena tiene, no solamente la posibilidad de llevar a su principal dirigente a Palacio Nacional, sino la obligación de presentar a un conjunto de candidatos que sean exactamente lo contrario de lo que hasta ahora ha sido la clase política mexicana, la que nos tiene en las actuales condiciones, a esto nos llevaron…

PD.- En virtud de la realización de algunos cambios en la edición dominical de Diario de Chihuahua, a partir de la fecha nuestros lectores encontrarán dos colaboraciones, sobre temas distintos, la publicada en la capital del estado y la aparecida en la edición juarense. Los podrán apreciar en las versiones digitales de ambos periódicos.

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Negra realidad financiera

Negra realidad financiera

El Diario de Chihuahua, 21 de mayo de 2017

La alternancia partidista en el gobierno de la república -sin dar origen a un nuevo régimen político, democrático- produjo, entre otros aspectos nocivos, el entronizamiento de los mandatarios estatales, especialmente de los emanados del Partido Revolucionario Institucional, y en menor medida de los emergidos del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano (anteriormente, Convergencia) y Verde Ecologista.

La explicación seguramente será compleja, pero en el caso del priismo existe un factor incontestable. Al no existir Presidente de la República priista, se perdió el “fiel de la  balanza”; la figura del presidente del comité nacional no fue suficiente para atemperar los excesos de los ex virreyes convertidos en, casi, monarcas absolutos, y menos en el caso de Roberto Madrazo, que usó la dirigencia partidista para ungirse candidato presidencial.

El resultado ya lo sabemos. Derrota del candidato presidencial del PRI en 2006 en todo el país pues no ganó una sola entidad, luego de que, incluso, hubo mandatarios priistas que operaron en contra de su partido y a favor del candidato panista, Felipe Calderón, en aras de impedir la llegada de López Obrador a la presidencia, en lo ahora ya sabemos, sí fue un auténtico complot, relatado hasta por el ahora impulsor de la candidatura del tabasqueño, Alfonso Romo.

Pero en esa “docena trágica”, los gobernadores se convirtieron en mandos prácticamente únicos, muchos de ellos involucrados con el crimen organizado; gobernaron casi sin controles, ejercieron los presupuestos como quisieron y en esa bacanal de poder endeudaron a sus entidades a niveles de lo que hoy sabemos, casi 600 mil millones de pesos.

Por si fuera poco, aprovechando ser mayoría aplastante, crearon la Conferencia Nacional de Gobernadores para enfrentar a los presidentes Fox y Calderón, inicialmente, y luego, sumar a los otros mandatarios y con esa fuerza, traducida en el control ejercido sobre los diputados federales de sus entidades, le impusieron a los presidentes panistas nuevas reglas en el presupuesto federal, a fin de obtener una tajada mayor de las participaciones federales, en pleno auge petrolero.

Así, la clase política manejó a su antojo y placer la riqueza pública, llevaron al desastre la vida nacional; hoy sufrimos las consecuencias, porque algunos de ellos,  luego de la “docena trágica”, al calor de su incondicional apoyo a Peña Nieto, continuaron aquella forma de gobernar y ejercer el presupuesto, César Duarte entre ellos, de manera muy destacada.

Y cuando se habla de la desaparición de los contrapesos en el ámbito nacional, debemos agregar que lo mismo ocurrió en el local. El PAN de la primera mitad del gobierno de Duarte en Chihuahua no jugó ese papel, solamente en la parte final, cuando ya la situación era insostenible y la elección gubernamental estaba a la vuelta de la esquina, cambió su discurso y postura.

La “francachela” económica de los gobernadores explica la aprobación de la La ley de disciplina financiera, en vigor a partir de abril del año pasado, que obligará a los gobiernos estatales a ceñirse a algunos controles en la contratación de más empréstitos, lo que llevará a que a más tardar el 30 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de a conocer los cálculos y techos de endeudamiento que tendrán cada estado y municipio.

Basada en esa información, la agencia Moody’s efectuó un estudio, denominado “La ley de disciplina financiera genera mayor transparencia y menores incrementos de deuda”, en el que señala que “los estados de Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Sonora podrían estar en riesgo de incumplimiento de pago de deuda bancaria y de proveedores, que los ubicaría en focos rojos por insolvencia y no tener acceso a más endeudamiento en el 2018”. (Nota de Elizabeth Albarrán, El Economista, 16/V/17).

Tal clasificación deriva de los resultados del indicador de deuda sobre ingresos de libre disposición (esto es, ingresos propios e ingresos federales), “que forma parte del sistema de alertas y que mide la capacidad de pago, dichas entidades se ubican por arriba de 100% de esta relación (Chihuahua tiene alrededor del 184%), un nivel alto, ya que la media se ubica por debajo de 50%…”. (Ibídem).

Actualmente, la deuda total de Chihuahua es de 48 mil 819 millones de pesos, según el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al primer trimestre del año.

De ese total, más de 18 mil 300 mdp son deuda bursátil que está garantizada con la recaudación de los ingresos en las casetas de peaje; 6 mil mdp, con los remanentes del Fideicomiso Carretero, que fue la última contratación de deuda que hizo la anterior administración; otros 21 mil mdp, de deudas contraídas con la banca comercial, que tienen su garantía de pago en las Participaciones Federales; más 2 mil 460 mdp de adeudo a Banobras.

Ante el anuncio, el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes, se apresuró a declarar que Chihuahua no caería en insolvencia, debido a que el pago de la deuda está garantizado por haberse contemplado en el presupuesto de egresos para el presente año.

Sin embargo, la ley de disciplina financiera establece que los estados y municipios serán catalogados con una especie de semáforo mediante el cual se medirá si son aptos financieramente para seguir endeudándose sin poner en riesgo sus finanzas públicas.

Así, las entidades que se ubiquen en “foco verde” o endeudamiento estable podrán tomar financiamiento hasta por el equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición.

Los estados que se ubiquen en “foco amarillo” o en nivel de endeudamiento en observación, podrán tomar financiamientos hasta por 5% de los ingresos de libre disposición y los que estén en “foco rojo”, es decir, endeudamiento elevado, tendrán un techo de financiamiento neto igual a cero, en ese caso se encuentra Chihuahua que, al igual que las otras entidades mencionadas podría, y solo podría, tener dificultades “para cumplir con todas las prácticas de disciplina financiera, expone Moody’s”. (Ibídem).

De acuerdo con Moody’s, la ley de disciplina financiera permitirá tener mayor transparencia en el uso de los recursos estatales y municipales pues ahora estarán obligados a registrar sus créditos de corto y largo plazo, así como el de las inversiones en las asociaciones público-privadas, que estará disponible en el portal de la SHCP, “el cual también servirá como un mecanismo para asegurar que las entidades cumplan con los límites de deuda impuestos por la legislación”.

¿Llegó tarde la regulación del endeudamiento público?

Por supuesto, sí, pero ahora nos servirá para impedir la aparición de nuevas tentaciones como las que ahora tiene sumidas a las finanzas de Chihuahua en la peor de las crisis pues a pesar de los anuncios de Fuentes Vélez -que no se caerá en moratoria- es evidente que el salvaje endeudamiento contratado por Duarte afectará el crecimiento económico de Chihuahua pues una buena parte de él, en contra de toda la regulación existente, se fue al gasto corriente y otra, no menos importante, a juzgar por las evidencias, a la corrupción.

 Bueno, pues en ese entorno económico, con esos recursos, el gobierno de Corral deberá efectuar un verdadero recorte presupuestal, el que se ha empañado por las numerosas informaciones extraoficiales de las contrataciones de nuevo personal del gobierno estatal, independientemente de las que muy merecidamente han puesto en vigor el tema del nepotismo, y poner en marcha el plan de inversiones que requiere la entidad… sin endeudarse, pues del Fondo General de Participaciones, el 80% está comprometido hasta el año 2044; el 54%  de lo que pagan los patrones por concepto de Impuesto Sobre Nómina, hasta el 2026, en tanto que  los ingresos carreteros están comprometidos hasta el 2038.

Superar tal entorno requerirá de una agresiva e innovadora forma de gobernar ¿Podrán hacerlo?

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¿Protección a testigos igual a impunidad?

El Diario de Juárez, 14 de mayo de 2017

Luis Javier Valero Flores

Conocidos popularmente como “testigos protegidos”, gracias, sobre todo, a la industria fílmica y televisiva de Estados Unidos, que le dedica una buena parte de la producción a los asuntos criminales, en lo general, y en particular al crimen organizado, en su versión del tráfico de drogas, ese término se ha puesto “de moda” en Chihuahua, gracias a que el gobierno de Javier Corral decidió utilizar esa figura jurídica para sustentar las acusaciones en contra de los funcionarios estatales del sexenio anterior.

Eufemística como lo es, casi por naturaleza, la clase política mexicana decidió no llamarles de aquel modo sino crear una figura jurídica que establezca las prerrogativas a que pueden acceder los involucrados de algún hecho delictuoso,     en función de su aportación que lleven a la detención, enjuiciamiento y sanción a los principales actores de los mismos hechos delictivos.

A esa figura le denominó “Criterios de oportunidades” y le dió cabida en el Código de Procedimientos Penales. A ella se acogieron, tanto el gobierno de Chihuahua, como algunos de los ex funcionarios de la administración encabezada por César Duarte, en la pretensión, el primero, de acelerar la detención de los más importantes ex funcionarios, por supuesto, de Duarte y de presentar una más sólida acusación, y los segundos, en salvarse de la cárcel, o que su estancia en ella fuera mínima.

Son varios los problemas derivados de la aplicación de ese procedimiento, especialmente para la sociedad chihuahuense, entre ellos el de la cada vez más extendida percepción de que aceptar la colaboración de los “testigos protegidos” significaría el otorgamiento del perdón judicial a algunos de los que participaron en los cargos más importantes del gobierno de César Duarte, entre ellos, por supuesto, quienes ocuparon la Secretaría de Hacienda, la de Gobierno, la Fiscalía General, la de Salud, la de Educación, la Junta Central de Aguas y Saneamiento, la de Obras Públicas, la Dirección de Pensiones, fundamentalmente, aunque no solamente ellos, ni exclusivamente los titulares de esas dependencias y, por supuesto, no todos los que pasaron por ellas.

A todos los que se les acuse, obviamente, les deberán demostrar la participación en los supuestos delitos cometidos. No basta la percepción ciudadana de su culpabilidad, ni el linchamiento popular, tan dispuesto a aparecer, en función de los evidentes excesos cometidos por el grupo gobernante del 2010 al 2016, pero es evidente que algunos de ellos no pueden ser tratados como unos simples colaboradores de la autoridad y que eso sirviera para eximirlos de la aplicación de la justicia por su participación en la comisión de delitos.

Todo lo anterior lo ha puesto a la luz de la opinión pública la defensa del ex Director de Adquisiciones del Gobierno de Chihuahua, Antonio Tarín, la que le pidió a la jueza fueran presentados como testigos en la audiencia de vinculación a proceso al diputado federal suplente de Carlos Hermosillo, el diputado federal que falleciera recientemente, que ocupara cargos muy semejantes a los desempeñados por Tarín y que ambos fueran de los más cercanos colaboradores de César Duarte. No fue una coincidencia su postulación, juntos, a la diputación de Parral.

Para decirlo directamente, pues ese tema es uno de los  más escabrosos en el momento actual, frecuentemente abordado por el abogado y activista, Jaime García Chávez ¿Podía el ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, ser tomado como un “testigo protegido”, o como dice la ley, beneficiarse de los “criterios de oportunidades” y más, si como sucedió en la audiencia de vinculación a proceso de Antonio Tarín la jueza informó que no habían localizado a Herrera, después de buscarlo hasta por tres ocasiones muy recientemente?

Más aún ¿No cuenta el gobierno de Corral con las suficientes evidencias para sustentar sólidas acusaciones en contra del ex gobernador y sus colaboradores? ¿Necesita recurrir a los testimonios de las “testigos protegidos”?

El problema estriba en las características y consecuencias de acogerse a lo establecido por los artículos 256 y 257 del Código de Procedimientos Penales.

Disculpen que los citemos casi en su totalidad -dada su extensión- pero de no hacerlo así no se aprecia suficientemente lo anterior. Aparecerán, como es lógico, diversas interpretaciones para la aplicación de los criterios de oportunidades a los hacemos alusión, pero este es el meollo del articulado:

“Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad.

Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido o ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación de lo cual deberá dejarse constancia.

La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia;

…

V. Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio;

…

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.

… La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio”.

Artículo 257. Efectos del criterio de oportunidad.

La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. Si la decisión del Ministerio Público se sustentara en alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las fracciones I y II del artículo anterior, sus efectos se extenderán a todos los imputados que reúnan las mismas condiciones”.

En primer lugar, el beneficiario del programa deberá ser un imputado, es decir, debe ser acusado de algunos de los delitos por los que vaya a ofrecer información y en los que su participación hubiese menor, pero en todos los casos debió ser declarado como imputado de algunos de los delitos; en segundo lugar, se deben garantizar los daños causados a la víctima, en este caso la sociedad chihuahuense, cuyos montos el gobernador Corral ha ubicado en el orden de los 6 mil millones de pesos.

Tercero, sólo se podrían beneficiar aquellos que por su participación en los hechos sólo se les podrían otorgar penas menores a los 5 años de cárcel y que no se les acusara de delitos más graves de los que ofrecieran información.

Y, finalmente, lo asentado en el artículo 257 es de lo más grave: "se extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio”. 

¿Más claro?

Impunidad total y absoluta.

Por la importancia del tema, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Im­plementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Penales la elaboración de un estudio: “Fundamento y sentido de los criterios de oportunidad”, escrito por los abogados penalistas, Roberto Andrés Ochoa Romero y Joaquín Merino Herrera (Primera edición 2015).

Los autores, en el prólogo de la obra, establecieron como uno de los aspectos más importantes el de que el establecimiento de los “criterios de oportunidades" permite extinguir el ejerci­cio de la acción penal “–desde la etapa de la investigación del delito y antes de la apertura del juicio– siempre que se hayan reparado o garan­tizado los daños mediante un acuerdo previo celebrado entre la víctima u ofendido y la persona imputada, con la aprobación del ministerio público o Juez de control, tratándose de delitos considerados de menor lesividad, entre los que se encuentran aquellos que se persiguen por querella, los cul­posos o los patrimoniales cometidos sin violencia contra las personas”.

Visto desde esa óptica, a menos que los jurisconsultos aportaran una opinión distinta, estamos frente a la posibilidad de que algunos de los involucrados en las corruptelas del pasado reciente pudieran, en el futuro inmediato, de una libertad que les permitiera pasearse, orondos, por las calles de Chihuahua.

¡Habrase visto!

PD.- En virtud de la realización de algunos cambios en la edición dominical de Diario de Chihuahua, a partir de la fecha nuestros lectores encontrarán dos colaboraciones, sobre temas distintos, la publicada en la capital del estado y la aparecida en la edición juarense.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Menos declaraciones, más eficacia

El Diario de Chihuahua, 14 de mayo de 2017

​Luis Javier Valero Flores

​En los últimos días, tal vez obedeciendo a una estrategia, han arreciado las declaraciones de los principales funcionarios del actual gobierno estatal, en las que lo central son las supuestas numerosas anomalías y corruptelas cometidas por los funcionarios de la anterior.

​Encabeza tales declaraciones el gobernador Javier Corral, sobre todo las referentes a la "pronta" detención del ex gobernador César Duarte y, recientemente, las referentes a los supuestos apoyos económicos otorgados por ese gobierno al Partido Revolucionario Institucional, inmediatamente desmentidos por el líder estatal, Guillermo Dowell.

​Los temas son variados, pero en todos los casos la característica común es la de que se habla de acciones futuras, sin que tengan correlación con las acciones realizadas por las dependencias gubernamentales estatales, especialmente las encargadas de la procuración de justicia y en las que, incluso, pudieran estar ofreciéndoles a los señalados, elementos que pudieran servirles de defensa y argüirlos como parte de una indebida actuación e intromisión del titular del Poder Ejecutivo del Estado, algo que ha empezado a argumentar la defensa del ex gobernador César Duarte, en busca de asilo político en EU, alegando la existencia de una supuesta "persecución política".

​Del mismo modo, la acusación pública de Corral, en contra del ex gobernador Duarte, de haber apoyado económicamente al PRI, con recursos públicos, sin que existan otros elementos -quizá puede referirse a la entrega de las supuestas cuotas que el gobierno de Duarte recaudaba, vía Secretaría de Hacienda- y sólo los contenidos en las causas penales, que por ley está obligado a no hacer públicos los detalles, abona a lo asentado inicialmente.

​Igualmente, las filtraciones -que no se pueden explicar de otra manera- a los medios de comunicación, de información contenida en las causas penales, sólo hacen crecer las especulaciones y los rumores, sin que se correspondan con las acciones prejudiciales, esto es, con el procesamiento penal adecuado a los señalados y exista certeza, tanto sobre las acusaciones -es decir, que una autoridad judicial dictamine que efectivamente se presume la comisión de delitos e irregularidades administrativas-, como por las posibles sanciones que se les aplicarían a los acusados y la hipotética recuperación de los bienes patrimoniales.

​Ejemplo de lo anterior es la acusación al ex gobernador Duarte de recibir pagos en función del otorgamiento de contratos de prestación de servicios al gobierno de Chihuahua, o de construcción de obra pública, los denominados popularmente como "moches", de acuerdo con las informaciones otorgadas por los testigos protegidos, entre los cuales se encuentra, de acuerdo con lo contenido en los procesos penales en contra de los ex colaboradores detenidos semanas atrás, el ex Contralor y ex rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Raúl Arturo Chávez, según la información ofrecida por el periódico Reforma, de acuerdo a una carpeta de investigación, en la que revelaron -de manera pública, con datos duros- el supuesto modus operandi del ex mandatario, en el que lo central eran los pagos inflados hasta de 400%, en contratos cuya asignación era controlada por el mandatario.

​"En los casos de empresas creadas para generar facturación sin servicios (empresas fantasmas), éstas operaban en su recuperación de manera directa por el Director General de Administración y su equipo más cercano. El mecanismo de cobranza se realizaba a través de los diversos operadores externos señalados, y la entrega de recursos en efectivo eran trasladados y entregados al ex Gobernador y su grupo cercano", dijo el testigo.

​Las declaraciones forman parte central de los cargos que enfrentan Antonio Tarín García (ex director de Adquisiciones) y Gerardo Villegas Madriles (ex director de Administración).

​"Ellos, además de ser familiares de César Duarte, mantenían con él una comunicación directa y cercana que los llevó a desarrollar negocios personales en su beneficio, con fondos del erario". (Nota de Abel Barajas, Reforma, 7/V/17).

​A su vez, el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo, acusó a César Duarte Jáquez de haber financiado, no solamente al PRI, sino a otros partidos, a los que no señaló expresamente y cuyos nombres, dijo, se reservó "por ser parte de las investigaciones".

​¿Si los nombres de los partidos no los pueden dar a conocer, porqué se empeñan a ofrecer tales declaraciones en las que se advierte que los actuales funcionarios no entienden que ya no son activistas de su partido y que ese tipo de declaraciones pueden tener consecuencias legales y que, por tanto, tienen vedado hacerlas?

​Obviamente, el escribiente le apuesta a que las autoridades puedan demostrar lo que a ojos de la mayoría de los chihuahuenses fue un enorme atraco, pero los actuales gobernantes no deben ofrecerles una sola posibilidad de que por fallas en los procedimientos, o por actos como los ahora señalados, los presuntos responsables puedan eludir la acción de la justicia.

​Ese es otro de los retos del actual grupo gobernante, actuar como tales y no como activos militantes de su partido, empeñados en señalarnos que sus adversarios son extremadamente perversos o corruptos. 

​No tienen necesidad de insistir en ello, el 5 de junio pasado la mayoría de los chihuahuenses les demostró que esa era -y es- su opinión y que lo esperado por esa mayoría es ver que serán enjuiciados los presuntos delincuentes y que los tribunales fallen en ese sentido, después de valorar que las evidencias y las pruebas aportadas demuestren la responsabilidad de quienes integraron el anterior grupo gobernante y hubiesen cometido las corruptelas señaladas.