Exposición mediática objetada

El Diario, 31 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Uno de los mecanismos más usados por los distintos gobiernos, de los tres niveles, para demostrar a la sociedad sus logros en materia de seguridad pública, y de paso intentar mejorar falsamente la percepción ciudadana, ha sido, sistemáticamente, la de exhibir a miles de detenidos ante las cámaras de la prensa. Así, en la administración de José Reyes Baeza, en el ámbito estatal, y de Felipe Calderón, en el federal, desfilaron ante las cámaras supuestos responsables de la comisión de miles de crímenes, algunos de ellos acusados de la comisión de centenares de homicidios, muchos de los cuales, al paso del tiempo y sin exposición mediática, fueron liberados por órdenes judiciales, la mayoría de ellos por contar como únicas evidencias en su contra declaraciones autoinculpatorias realizadas ante autoridades no prejudiciales, ni judiciales, y en recintos no oficiales, con el agravante, por lo menos al momento de declarar ante los jueces, de haber sido arrancadas bajo tortura. Todo lo anterior significa, en términos llanos, que los detuvieron policías federales o militares, que los torturaron para obtener las “confesiones”, en recintos alternos, algunas veces en las instalaciones militares o, incluso, en domicilios particulares y que una vez obtenidas por este medio las “confesiones”, los presentaban como los autores de los crímenes que se informaba. El caso emblemático de tal conducta lo fue el de la francesa Florence Cassez (no porque se presuma su inocencia o su culpabilidad, sino porque este caso fue claramente demostrativo de que se trataba de demostrar eficiencia sin importar el atropellamiento de la legalidad vigente) que hoy está en una fase que no se imaginaban los perpetradores de las violaciones al debido proceso al que tenía derecho la acusada, y que puede llevar hasta el encarcelamiento de alguno de los jefes de la seguridad pública del más alto rango de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero hoy el Estado mexicano deberá reconsiderar tal actitud, tanto porque en el ámbito federal (aunque se ha disminuido ostensiblemente), como en el estatal, persiste tal práctica y ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus sesiones de la segunda y tercera semanas de marzo, celebradas en Washington, inició las discusiones acerca de esa práctica, en la que el relator de la CIDH para México, Rodrigo Escobar, declaró que la exhibición pública de detenidos antes de ser juzgados es “inadmisible” y propia de “regímenes absolutistas” y que, por tanto, se debe detener. (Nota de El Diario, AFP, 14/III/13). “Es mi deber expresar en este escenario que realmente (...) me parece que es una práctica inadmisible y que es contraria a los derechos humanos, claramente violatoria de la dignidad de la persona humana, del derecho a la intimidad, a la honra”, declaró Escobar, uno de los siete miembros de la Comisión, ante representantes de asociaciones civiles y del propio gobierno mexicano. (Ibídem). La discusión sobre tal asunto fue realizada, tanto por el relator Escobar, como representantes del Estado mexicano y organismos derechohumanistas nacionales, públicos y privados. “A nosotros nos parece que esta práctica (...) ha favorecido la cultura de la denuncia, que una vez que estas personas (detenidas) han sido identificadas, esta política ha fortalecido el derecho a la información”, aseguró Jorge Mirón, uno de los representantes del Estado mexicano en la audiencia, quien afirmó que los ciudadanos se atreven a denunciar cuando reconocen en los medios de comunicación a un presunto malhechor. A su vez, Luis Gonzáles, de la Comisión de Derechos Humanos del DF, planteó que “imágenes y datos personales de miles de mexicanos exhibidos están disponibles en la web; ¿qué harán los gobiernos federales y estatales para prevenir y castigar esta violación continuada de los derechos humanos?”. A su vez, Jacqueline Sáenz, de la Asociación Fundar, aseguró que con la exhibición pública ante los medios “una persona ya es considerada culpable” antes de ser juzgada. Y ese es el fondo de tal discusión, no solamente el de la defensa de los derechos humanos de los inculpados, sino el de toda la sociedad a gozar de niveles adecuados de seguridad pública, lo que implica que los detenidos por las autoridades sean, de verdad, los autores de los delitos que se les imputan y que, por tanto, reciban las sanciones correspondientes a ellos, luego de pasar por un debido proceso y que las autoridades prejudiciales realicen eficientemente su trabajo, es decir, obtengan las evidencias necesarias para demostrar, fuera de toda duda jurídica, la responsabilidad criminal de los acusados, para evitar su excarcelación por faltas al proceso legal y que, peor, siendo culpables, regresen a las calles a continuar con sus actividades ilegales. No es tarea fácil, implica efectuar una profunda transformación en las concepciones de los gobernantes acerca del modo en que deban demostrar su eficiencia, sobre todo en un área tan sensible como la de la seguridad pública, y más en momentos como el actual. Porque no es la única arista problemática en este tema. Con la detención de presuntos responsables, y su consabida exposición mediática, las autoridades intentan hacernos creer que los índices delictivos han disminuido a niveles óptimos, por encima de la percepción ciudadana, lo que aunado a la manipulación de las estadísticas arroja un desolador panorama, si se confrontan con la realidad que vive la población. Y es un permanente círculo vicioso. La autoridad se empeña en hacernos creer que la situación ya cambió, que mejoraron las cosas, que avanzamos enormidades en tal materia, que somos los mejores en abatir los índices delictivos y sin embargo, la realidad es otra, lo que conduce a mayor descrédito ciudadano hacia las autoridades pues, si mienten en esto, que es tan evidente, ¿por qué no habían de hacerlo en otras áreas de la actividad pública? Por otra parte, también es cierto que han mejorado algunos índices delictivos, que se mantiene una tasa declinante en los homicidios, con altibajos del todo imprevistos como los presentados en las últimas semanas, pero que forman –y formarán– parte de nuestra realidad, en el caso de los chihuahuenses, porque no solamente somos paso obligado de mercancías ilegales en ambos sentidos de la frontera, sino porque contamos con una realidad social harto desequilibrada, tanto en el aspecto económico, como en el del entramado social, porque solamente así se puede explicar que el número de homicidios no atribuidos al crimen organizado sea tan elevado. Es que tenemos en la sociedad un excelente campo de cultivo para el desarrollo de las actividades criminales. Combatir tal realidad, y ganarle, eso sí que cuesta tiempo, mucho tiempo, y más dinero, además de la instrumentación de infinidad de medidas que conlleven al fortalecimiento del entramado social, entre las cuales se encuentran en primer lugar la propagandización en contra del uso de las drogas y el del tratamiento y rehabilitación de los adictos a alguna de ellas. No la tenemos fácil, es la mala noticia, pero más mala será si se empeñan en hacernos creer que las cosas están mejor de lo que realmente se encuentran.

Denuncias, urgente esclarecimiento

El Diario, 28 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores En la semana anterior, ante la renuncia de Antonio López a la aspiración de convertirse en candidato a la alcaldía de Chihuahua, el dirigente estatal de ese partido, Mario Vázquez, denunció amenazas de muerte en contra de varios de los dirigentes y aspirantes a las alcaldías de varios municipios, ninguno de ellos de los más poblados de la entidad. Luego, en una entrevista radiofónica, al preguntársele a qué autoridad había realizado la denuncia, afirmó que él personalmente se las había hecho del conocimiento del fiscal general del Estado, Lic. Carlos Manuel Salas. (Aserto Radio, Antena FM 102.5, 20/III/13). Pero hete aquí que el martes, el fiscal afirmó que hasta ese día nadie había presentado denuncia alguna, que sabía “de las supuestas amenazas en contra de aspirantes políticos panistas por denuncias que realizaron sus dirigentes a través de los medios de comunicación”, pero que no lo habían hecho de manera formal, “por lo que no pueden realizar la investigación sobre la procedencia de estas intimidaciones hasta que esté formalmente la querella. Independientemente si son del PRD, PRI, PAN todas las vamos a atender, agradezco las denuncias que realizan de manera pública, pero también los invito a que denuncien para que podamos actuar en consecuencia”. En ningún momento aceptó haberlas recibido de manera personal por la dirigencia panista, entonces, ¿a quién creerle? ¿Quién miente? Plantearlo de ese modo, de manera directa, sin subterfugios, tiene una explicación, la de que reviste una extrema gravedad que alguno de los dos actores políticos mienta, justamente al inicio de un proceso electoral, cualquiera que sea la tensión política, pero en una entidad significada, todavía hasta ahora, como la lideresa en el número de ejecuciones cometidas a lo largo del sexenio anterior, y probablemente en el actual. Si poseemos ese lugar en tan siniestra estadística, justo es suponer que el crimen organizado pudiese tener interés en influir en las designaciones y en la elección de los alcaldes y diputados, de todos los partidos y que pueden recurrir a cualquiera de las maniobras a su alcance para concretar tal pretensión, entre ellas, la de las amenazas a los precandidatos para que se retiren de las contiendas, o que se incluyan a otros. ¿Cómo imaginarse que las bandas criminales, tan interesadas en mantener bajo su control las rutas de acceso a la frontera, para el traslado de mercancías ilegales en ambos sentidos, no pretendan influir en las elecciones? De ahí que es de la más elemental lógica que la autoridad ministerial atienda cualquier denuncia pública acerca de la emisión de amenazas, si se tiene toda una estrategia de atención a las denuncias anónimas. ¿Por qué no hacerlo cuando las presenta el dirigente estatal de uno de los partidos registrados en la entidad? ¿Por qué son ficticias? ¿Por qué no demostrarlo ante la sociedad, en caso de tener razón y no haber recibido personalmente denuncia alguna, o que en caso contrario su participación pudiese llevar al esclarecimiento de las denuncias y evitar que el crimen organizado pueda influir en el proceso electoral? Hasta ahora, la actual campaña electoral contiene los elementos “normales” de cualquier contienda de este tipo, pero evitar que adquiera ribetes de narcoelecciones es prioridad de todas las fuerzas políticas y más de la gobernante, de ahí el riesgo corrido al haber puesto en la liza política al fiscal (al haberlo incluido como uno de los aspirantes a la alcaldía de Juárez), en momentos en los que por lo menos en el número de ejecuciones se mantiene, así sea ligeramente, la tendencia a la baja y, por tanto, deberán actuar con la mayor de las racionalidades políticas posibles, sin involucrarse en la dinámica electoral y mantenerse alejado de todas las fuerzas políticas, incluida la propia. Es el momento en el que la ciudadanía espera que la aplicación de la justicia no tenga un cariz político. Del mismo modo, la dirigencia panista, en este caso, y las de todos los partidos, deben actuar con la responsabilidad debida ante la presentación de hechos que pudiesen sospecharse del involucramiento del crimen organizado en la campaña electoral, porque eso es lo único que nos falta: la narcopolítica.

Alianza frustrada

El Diario, 26 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Vaya que nos depara sorpresas el actual proceso electoral. A los escándalos de las renuncias a las candidaturas de los panistas Emilio Flores, Miguel Jurado y Antonio López; sobrevinieron los anuncios de la postulación de Miguel Jurado por la alianza del PT con el PRI y una inesperada alianza con el PRD, prontamente cancelada por la dirección nacional perredista. El dirigente estatal de este partido, Jesús Manuel Márquez, fue quien mejor retrató las motivaciones y los mejores argumentos para sustentar tal alianza, aprobada el fin de semana anterior por el Consejo Nacional y ahora repudiada hasta por la dirigencia de Jesús Zambrano: "Pero si siempre hemos dicho que PRI y PAN son lo mismo, y ya nos aliamos en otros estados con el PAN, por qué no hacerlo aquí con el PRI, no veo tanto problema", además, dijo, que la alianza sería muy amplia, que incluiría a todos los partidos, menos "a los conservadores del Partido Acción Nacional". La resolución del Consejo Estatal perredista es histórica para las fuerzas que se autocalifican de izquierda, nunca, en toda su historia, salvo el PT (cuyo desempeño local difícilmente se podría catalogar como tal) se había presentado tal fenómeno. La coalición incluiría candidatos comunes con PT, PVEM y PT en varios municipios y distritos, respaldarían al candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua, Javier Garfio, y a cambio Héctor Barraza, ex líder estatal y ex diputado local y federal, sería postulado a la sindicatura, además de postular de manera conjunta al ex panista Miguel Jurado Contreras a la alcaldía de Parral y en el distrito 1 postularán al perredista Javier Mendoza, presidente municipal de Casas Grandes. Las "nuevas formas de hacer política dejando a un lado las diferencias partidistas", concepto del gobernador César Duarte, encontraba así una muy vívida aplicación. Se sabía de la posible alianza del PT y del Partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) con el PRI, pero que el "combo" incluyera al PRD esa sí que es una verdadera sorpresa, aunque ya analizada fríamente no lo es tanto dadas las filias políticas de quienes dirigen hoy al PRD localmente. De haber prosperado la alianza PRI-PRD no habría candidatos de izquierda en las boletas electorales, o por lo menos que así se catalogaran en el espectro político y hubiera significado una contundente demostración de que la salida del PRD de Andrés Manuel López Obrador y sus compañeros había dejado sin contrapesos a la tendencia política predominante en este partido, más marcadamente a la derecha de la enunciada por el tabasqueño, cuyas diferencias no son solamente en el modo de dirigir al partido, sino del proyecto político propuesto para el país, de las cuales se derivan actitudes y formas políticas que en nada contribuyen al fortalecimiento de tal tendencia política, todo lo contrario, llevan a que la mayoría de la ciudadanía los incluya en el total de la clase política, "son iguales", asevera una buena parte de la sociedad. No les falta razón, coincide el escribiente, porque hasta ahora que se sabe de las postulaciones del PRI, nada se sabía de la posibilidad de alianzas de tal envergadura, y mucho menos de los programas y compromisos adquiridos por las fuerzas políticas que se alían, el pragmatismo político puro, pues. Una izquierda "moderna", dicen quienes desde el PRI y el PAN buscan el acercamiento con el PRD y desean que se aleje del ex candidato presidencial, sí del dirigente izquierdista, pero fundamentalmente de las concepciones y proyectos de la izquierda que representa el dos veces ex candidato presidencial. De esta manera, los partidos políticos en general, y en este caso los de "izquierda", muestran que en aras de obtener triunfos político-electorales, ya no importa con quien se juntan, ni para qué, solo ganar y que solo encuentran límites a su desmesurada ambición en los razonamientos de la dirigencia nacional. Sin embargo, la conformación de tales candidaturas y alianzas, o el intento, tiene una sola lectura, a la mitad del sexenio duartista, la de la plena aprobación a su gobierno, lo que le viene a dar un apoyo inconmensurable a la mitad del sexenio, justamente en el clímax de su poder, y cuando se apresta a fortalecer a su equipo en el gobierno, con los suyos, en lo que parece la preparación para la sucesión, la que, después de las postulaciones a las alcaldías de Juárez y Chihuahua y la debacle panista, se presenta más cómoda. Así parece, ahora. "En la vida terminamos siendo los libros que leemos y los amigos de los que nos rodeamos": Ikram Antaki. Enviado desde mi iPad

Agresión intolerable

Aserto No. 116, marzo de 2013 Editorial Luis Javier Valero Flores El salvaje atentado sufrido por El Diario -de Juárez- y el Canal 44 del antiguo Paso del Norte, forman parte de la serie de agresiones que los criminales han efectuado en contra de la libertad de expresión de los chihuahuenses, -y de los mexicanos por extensión- en momentos en los que la curva a la baja de los homicidios cometidos en Juárez se había mantenido e, incluso, descendido aún más; y cuando la sociedad juarense atisbaba, por fin, el término de la ola violenta que durante los últimos años se había cebado en esa ciudad. Ante la peor ola homicida de la existencia de Juárez, la decisión de quienes dirigen y hacen posible la aparición continua de El Diario fue la de mantener informada a la sociedad (no solo la juarense, sino a la del mundo entero mediante la versión digital, interesada en informarse de lo ocurrido aquí) hasta el límite de las capacidades y obstáculos interpuestos por criminales y autoridades. El costo fue enorme, las pérdidas de Armando Rodríguez Carreón y Luis Carlos Santiago Orozco, son un baldón que pende sobre las autoridades pues la falta del esclarecimiento de sus asesinatos es un agravio a toda la sociedad. Y no es porque unas vidas valgan más que otras, pero el papel jugado por los periodistas en la sociedad los hace infinitamente más vulnerables a todas las agresiones, cualesquiera que sea el origen de ellas, y al mismo tiempo más valiosos pues son el vínculo de la sociedad con la cambiante realidad que deberemos reflejar quienes nos dedicamos a este oficio. Sostener que una agresión a los medios de comunicación es una agresión al total de la sociedad no es una exageración; amedrentar, o intentar, a los medios de comunicación tiene un solo objetivo, (en la absoluta mayoría de los casos) impedir que continúen con su labor de informar a la sociedad, de las atrocidades cometidas por los criminales, de sus nexos con las autoridades coludidas y del alcance de los largos tentáculos de la corrupción que ha posibilitado la negra noche abatida sobre nosotros. Muchos podrán ser los discursos y promesas efectuadas, uno solo es el parámetro de la decisión de los gobernantes: Resultados. Nada puede ser superior, para impedir la continuación de la prevalencia de la corrupción y la impunidad, que el ataque frontal de la autoridad a tan lacerantes fenómenos. Alcanzar resultados concretos -y creíbles- en las investigaciones de los asesinatos de los periodistas en Chihuahua y el de los atentados a El Diario y Canal 44, son eje vertebral de tales aspiraciones, pues sólo de ese modo se podría pensar en que la creciente percepción ciudadana, de mejoría en la seguridad pública, es la realidad misma. No estamos, ni con mucho en Juárez, en las condiciones previas al baño de sangre y violencia desatado a partir de la primavera del 2008; todo apuntaba a que se instalaba una tendencia decreciente, la que puede detenerse ahora, pues la decisión de quienes resolvieron lanzar tan arteros ataques, demuestra que lo hicieron a sabiendas de las reacciones que sobrevendrían. No serían pocas ni endebles, se lanzaron contra el medio impreso de mayor circulación en la ciudad (y en el estado), integrante de la cadena periodística más importante de la entidad, y contra uno de los canales televisivos locales de mayor impacto en la frontera. El mensaje es claro, pretenden impedir el ejercicio de la más cara de los libertades de los mexicanos, el de la expresión. Sin ella, ninguno del resto de las libertades y derechos de los ciudadanos podría ejercerse; el único camino a seguir, para exigir su respeto, es ejerciéndola. Eso hacemos.

El “gordillazo” ¿Para mantener la rectoría del Estado en la educación?

Aserto No. 116, marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores La tarde del martes 26 de febrero se cimbró el país con la noticia: La dirigente sindical de los maestros, Elba Esther Gordillo había sido aprehendida. Horas después se supieron los cargos en la mismísima voz del Procurador General de la República, el ex gobernador hidalguense Jesús Murillo Karam, uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto. Gordillo fue acusada de “dirigir una organización criminal dedicada al lavado de activos del SNTE” y los delitos específicos fueron detallados en esa larga -para la maestra Gordillo- jornada: Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita “en agravio de la sociedad, la seguridad pública, la economía nacional y el sistema financiero”, según la consignación del caso ante el juez. La denuncia original había sido elaborada solamente por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y no contenía a la maestra, fueron las autoridades de la PGR quienes resolvieron incluirla pues concluyeron, evidentemente con razón, que ninguna de esas operaciones pudo celebrarse sin el concurso y autorización de la máxima lideresa magisterial. De ese modo, y conforme pasaron los días, el país entero supo de los detalles de la enorme riqueza de la maestra y sus allegados. En una cuenta de las señaladas aparece el nuevo líder, Juan Díaz de la Torre, además del ex secretario general Rafael Ochoa Guzmán y su ex esposo, el cerebro financiero de Gordillo, Francisco Arriola Urbina, padre de la senadora del PANAL, Mónica Arriola. La trama de los intereses perniciosos se enmarañó aún más al conocerse el nombre de uno de sus defensores: Arturo Germán Rangel, quien actuó como Subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, de la PGR, cuando el titular fue el chihuahuense Arturo Chávez Chávez. Además, Rangel trabajó en el despacho del ex procurador panista Antonio Lozano y del ínclito Diego Fernández de Cevallos. La acusación Los posibles delitos cometidos podrían llevar a los imputados a purgar sanciones hasta de 15 años en prisión, pues el artículo 400 bis del Código Penal Federal establece que: “Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. … Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”. Además, de acuerdo con las declaraciones de los acusadores, se les podrían imponer un aumento de la mitad de las penas por tratarse de recursos federales pues, dice la acusación, ellos aseguraron que sus recursos proceden de la administración federal, específicamente de la SEP. Se calcula en más de 40 mil millones de pesos los recibidos por Gordillo en los 24 años de dirigencia sindical en la primera ocasión que un dirigente sindical es procesado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito conocido como lavado de dinero, por lo menos desde 1996, en que fue derogado del Código Fiscal de la Federación para pasar al Código Penal Federal. La imputación implica haber lavado al menos mil 978 millones de pesos procedentes de las cuentas del gremio. El presunto dispendio se traduce en: 43 millones 940 mil pesos en aviones de la empresa Ademex; 39 millones 522 mil en las tiendas de lujo Neyman Marcus; 25 millones 800 mil pesos a Comercializadora TTS de México, empresa con la que compró dos casas en San Diego, California; 8 millones 385 mil en diversas galerías de arte, y 222 mil 692 pesos que usó en cirugías estéticas y reconstructivas. La cifra es apenas una mínima parte de lo que se manejó en esas cuentas entre 2009 y 2012: Registraron ingresos por 30 mil 644 millones 780 mil 959 pesos y retiros por 30 mil 650 millones 107 mil 30. Para los otros tres detenidos, que tuvieron funciones de operación, la PGR pide una sanción de 10 a 20 años de prisión, además de un aumento de la pena en una mitad por tratarse de servidores públicos. Precisa que en ese caso están Gordillo Morales, Chávez Gallardo y Díaz Flores, ya que de acuerdo con sus propias declaraciones fiscales, sus ingresos provienen de la Secretaría de Educación Pública. Develada la enorme corruptela de la dirigencia sindical, se supo del papel otorgado por Gordillo a uno de sus ex esposos, Francisco Arriola, quien a lo largo de los casi 24 años de cacicazgo, siempre tuvo en sus manos el manejo de las finanzas. Homero Pólito Domínguez, ex secretario general de la sección 56 de Veracruz, hoy en la oposición, declaró que era “obligado hablar con (Francisco) Arriola cuando en la sección se requerían recursos adicionales; él era el que tomaba la decisión, teniendo o no cargo formal en la secretaría de finanzas". Arriola era el administrador de los recursos, manejaba las chequeras, ordenaba las transferencia de recursos a los estados, le daba seguimiento a los convenios con los Estados para el entero del pago de las cuotas; se encargaba del manejo de las inversiones de gremio y de elaborar el informe de finanzas que se aprueba en cada Consejo Nacional del SNTE. Hoy está prófugo. Las razones El principal argumento utilizado por el gobierno federal para la detención de la dirigente magisterial fue el de la ilegalidad con la que se manejaron los recursos del sindicato, de ese modo deberá interpretarse la sentencia presidencial de que en el actual sexenio “no habrá intocables”, en uno más de los episodios en los que Enrique Peña Nieto no tuvo el atrevimiento, siquiera, de nombrar a la maestra Gordillo, de quien era hasta apenas unos meses atrás, uno de sus aliados incondicionales. Así lo fueron a lo largo del sexenio de Arturo Montiel, su tío y antecesor, y en el sexenio que dirigió el Estado de México, que es el lapso en el que Peña Nieto saltó a la vida pública y a la presidencia de la república. En esos dos sexenios, varios de los que lo acompañan desempeñaron distintos cargos, muchos de ellos relacionados con las finanzas públicas, que les permitieron conocer a la intimidad la relación del gobierno -como cualquier otra entidad a lo largo de los 24 años de la Gordillo- y el sindicato de maestros. ¿No sabían de las corruptelas de la maestra? La razón de fondo estriba en la oposición de la maestra a la reforma educativa elaborada por el grupo gobernante. Contra ella se había lanzado Gordillo, sin pararse a reflexionar que a lo mejor ya habían cambiado los tiempos, y que probablemente estuviéramos al umbral del regreso del presidencialismo a la priista. Aprobada por los partidos del Pacto por México -PRI, PAN y PRD- la reforma implicaba la intención gubernamental de ya no negociar con la cúpula sindical -se había vuelto muy poderosa, muy desleal y demasiado “independiente”-, incluso por encima de las generalmente bien elaboradas regulaciones que debieran normar las relaciones académicas de la planta magisterial, en todos los aspectos que les atañen. Pero esas regulaciones, en aras del pragmatismo sindical y las componendas políticas, poco o nada se usan para estimular el desempeño de los buenos maestros, son más bien el escaparate de una cúpula sindical que mostró, en los días de la detención, su verdadera ralea. Ahora resulta que la reforma educativa tenía como objetivo que “el Estado asumiera la rectoría de la educación”. Igual argumento se usó para justificar la detención de la maestra Elba Esther Gordillo. Siguiendo ese guión, ahora tenemos que durante décadas la conducción de la educación estuvo en manos de un poder “ajeno” al Estado mexicano y que, por fortuna, ahora está en la Presidencia de la República un hombre con una gran valentía, suficiente como para “arrebatarle” a ese poder fáctico tan importante aspecto de la sociedad mexicana. Tal argumentación, usada tan tramposamente, tiene como objetivo deslindar a los actuales gobernantes -y también a los pasados- de la Super Maestra, de hacerla aparecer como un poder ajeno a ellos, en muchos aspectos enfrentado al del Estado mexicano. Entendámonos. El Estado mexicano no es el grupo gobernante. Vamos, ni siquiera el total de los partidos -signantes o no del Pacto por México-; ni todo el gobierno federal. Es todo eso y mucho más; abarca al total de los poderes republicanos, a todas las instituciones -gubernamentales o no- y a todos los niveles del gobierno en el país. ¿Cómo es entonces que Elba Esther Gordillo era una cosa “ajena” al Estado Mexicano? Si quienes postulan tal cosa tuviesen razón, entonces ¿Por qué razón Elba Esther fue ungida por el presidente Salinas de Gortari? ¿Por qué Zedillo, Fox y Calderón pactaron con ella diversos y múltiples acuerdos que en la práctica hicieron que -con matices y diferencias, es cierto- la educación en México tuviese el rumbo y finalidades que ha tenido? ¿Acaso la Maestra no formó parte de la dirigencia nacional del PRI durante décadas, como delegada y parte del CEN; lideresa de los diputados federales y Secretaria General del CEN del PRI, cargo que ejerció simultáneamente con el de dirigente máxima del SNTE? ¿Y con quién pactaban todos los gobernadores electos del PRI -y muchos del PAN- la integración de los mandos de la educación en los estados? ¿Y con quién las alianzas electorales después de la formación del PANAL? ¿Con quien pactaban las reformas educativas? Con la “izquierdosa” CNTE no. ¿Quienes pactaron las reformas a la legislación del ISSSTE? Por supuesto que las fuerzas integrantes del bloque hegemónico en el país hace largas décadas. A ese pertenecía la Maestra. Se le olvidó que en ese bloque gobernante, por lo menos en los gobiernos priistas, el presidente es el que da y quita el poder y con el ungimiento de Enrique Peña Nieto, del Grupo Atlacomulco, los antecedentes de las confrontaciones con sus integrantes tendrían un enorme peso. A Elba Esther se le olvidó que Roberto Madrazo era algo así como un agregado de esa gran familia, que el mejor amigo de su padre se llamaba Carlos Hank González, pilar del Grupo durante muchos años, que los hijos de éste trataban al tabasqueño como hermano. Encima, se le ocurrió enfrentar a quien es ahora una especie de patriarca de ese grupo, Emilio Chuayffet. Son puros cuentos esos de que ahora el Estado “asume la rectoría de la educación”. Nunca la ha perdido. Los que no la tenían a plenitud, -Elba Esther no entendió que eran otros tiempos- son los gobernantes de ahora. A ellos se enfrentó, en un episodio que no duró, siquiera, 24 horas. Lo que pasa es que los de ahora decidieron no darle un papel protagónico, no le cedieron esa parte del gobierno, porque ya había adquirido mucha fuerza, porque se le consideraba proclive a la deslealtad, porque se acercó demasiado al PAN, porque maltrató en exceso a muchos gobernadores priistas, porque maneja mucho dinero en múltiples fideicomisos y porque el rumbo de la educación debe cambiarse para abrirla a la iniciativa privada, porque de eso se trata la reforma educativa. ¿A poco era un asunto de dineros, o de corruptelas? ¿A poco no sabían sus ahora encarceladores de la enorme fortuna de Elba Esther? ¿Ya se les olvidaron las Laptop’s que les regaló a todos los diputados federales en 2003? ¿Y las Hummers? ¿Y los viajes de fin de año de la cúpula magisterial? ¿De veras no sabían? ¿Cuántos de ellos fueron huéspedes, durante días, de las atenciones de la Maestra en sus casas de San Diego? Por eso, es un despropósito asentar que el sindicato de maestros, o que Elba Esther sean los únicos responsables del atraso educativo del país. Tenemos las políticas educativas que han trazado quienes han gobernado -incluida La Maestra y la cúpula sindical- y de las cuales se han beneficiado directamente los líderes sindicales; la diferencia con otros sindicatos es que, fruto de la importancia estructural de la educación y de la capacidad política de Gordillo, la dirigencia magisterial copó una buena parte de la estructura administrativa de la educación a todos los niveles; no nos vengan a decir que el responsable de la política petrolera es Carlos Romero Deschamps, el líder petrolero, o que los sucesores de la “Güera” Rodríguez Alcaine son los hacedores de la política eléctrica del país. La “gallarda” respuesta del sindicato Son casi idénticos, por eso no sorprende la manera en que el gobierno “arregló” el conflicto con la dirigencia del SNTE. Según la versión ofrecida por los nuevos dirigentes magisteriales, convocados por el gobierno de la república para negociar el futuro inmediato del sindicato, los funcionarios gubernamentales les ofrecieron dos opciones: O enfrentamiento o una nueva dirigencia. Y es que el enfrentamiento, así lo dijeron varios dirigentes magisteriales, “significaba investigar también a los secretarios generales de cada una de las secciones sindicales y a los ex secretarios generales”. (Nota de Claudia Salazar, Reforma, 1/III/13). El mismo nuevo “líder” Juan Díaz de la Torre -el nuevo “Juanito”- dio a conocer que el gobierno tiene en sus manos los expedientes financieros de los secretarios generales del SNTE y, además, amenaza con investigarlos. No hay que ir muy lejos para imaginarse la respuesta de la cúpula sindical magisterial. De 269 consejeros presentes, Juanito obtuvo 268 ¡No hagan olas! Y el “líder” se cuidó de no mencionar, así fuera una sola ocasión a quien era, apenas hasta unas horas antes, el “sol” de los maestros de México. Pero nada en su discurso, ni en el de sus compañeros, hizo recordar que apenas el lunes anterior se habían lanzado a “tomar” las calles para oponerse a la reforma educativa. Tales afanes oposicionistas se fueron a la cárcel con su ex lideresa. ¡Ah, es que eran, hasta la detención de Gordillo, una cosa “ajena” al Estado! Ya regresaron al redil. La reforma va...

Ni en sus mejores tiempos

El Diario, 24 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Con abundantes las anécdotas acerca del modo en que el gobernante le hizo saber a su sucesor acerca de tan decisiva determinación. Cuenta Gonzalo N. Santos que el presidente Adolfo Ruiz Cortines le señaló un mapa nacional a Adolfo López Mateos al tiempo que le pedía –Cuídemelo. José López Portillo relata en sus memorias que en un discreto coloquio así se lo hizo saber a su mejor discípulo, Miguel de la Madrid. En cambio, Luis Echeverría, después de una reunión con su mejor amigo de toda la vida, López Portillo, le dijo que en el Comité Nacional (del PRI) lo esperaban los dirigentes del partido y de los sectores para hacerle saber que lo habían designado “para encabezar los esfuerzos nacionales”. Carlos Salinas, ante el asesinato de Luis Donaldo Colosio, convocó a los gobernadores y dirigentes del PRI. Ya reunidos, Manlio Fabio Beltrones le anunció a los presentes (luego de haber conversado minutos antes con el presidente) que tenía un video que exhibir. A continuación, introdujo un videocassette al aparato reproductor y de inmediato apareció la imagen del candidato asesinado, en el momento en el que anunciaba que Ernesto Zedillo, contra todos los pronósticos, sería su coordinador de campaña con las siguientes palabras: El Licenciado Ernesto Zedillo es el hombre más cercano a mí. No hay nada que hacer, dijo Salinas, les agradezco, señores, haberme participado de tal decisión, los felicito, seguramente en el partido ya los estarán esperando. Pero en todos los casos, eran las estructuras y dirigentes de los partidos quienes hacían los anuncios correspondientes a la sociedad. El escribiente no recuerda, en ningún caso, que el gobernante hiciera los anuncios, cuidaban las formas (suena hasta grosero recordarle a los priistas que fue uno de los suyos, Jesús Reyes Heroles, reputado como elevado ideólogo del priismo, quien acuñara la frase de que en “política, la forma es fondo”) y dejaban que fuera “el partido” quien aparentara hacer su trabajo. Tales formas del pasado quedaron hechas trizas a lo largo de la semana con la manera en que el Gobernador de Chihuahua, César Duarte, decidió, no solo designar a quienes serán los abanderados de su partido en la contienda a las alcaldías (seguramente que contó con el aval del equipo de Peña Nieto, sin que éste dejara de lado que dejarlo hacer significaba, de muchos modos, preparar al escenario para influir determinantemente en la designación de su sucesor), sino anunciar personalmente a la sociedad, a su partido y a los aspirantes quienes eran los triunfadores. Y si en el modo de designar a los candidatos se rompieron infinidad de esquemas y de formas republicanas, lo que se ha efectuado en el nombramiento del candidato a la alcaldía de Parral es una verdadera agresión a los priistas de esta ciudad y del estado. ¿Es tan malo el trabajo del actual presidente municipal, César Dajlala Amaya? ¿La sociedad parralense cataloga tan malo el desempeño del gobernador que se vieron obligados a nombrar a un renombrado panista, como Miguel Jurado, a la candidatura, después de uno de los escándalos más resonantes de los últimos años? ¿O sólo cuenta el hecho de ser amigo del gobernante? Pueden ser muchos los méritos de los ungidos ahora –y lo son en muchos de ellos– pero por lo menos en los casos de Juárez, Chihuahua y Parral esa es una característica que nadie debió despreciar, son hombres muy cercanos a Duarte, de tal modo que desde ahora Serrano y Garfio se subieron a la pista de los presuntos sucesores del parralense. No es lo único que hace levantar las cejas de preocupación. La forma en que se dio a conocer a los candidatos es una de las más inéditas que se tenga memoria. ¿Qué costaba que lo hiciera el dirigente formal del PRI, Leonel de la Rosa? Primero, el gobernador, ante la pregunta de los reporteros por saber si alguien de su gabinete había solicitado licencia, dijo que no, pero que sabía de la intención del Dip. Enrique Serrano de hacerlo. Se me va la mano derecha del Congreso, dijo, pero la tendré en Juárez, en una más que evidente intromisión en el proceso electoral. Luego, enfiestados, decidieron festejar tal designación en un desayuno, que para el gobernador terminó a las 2 de la tarde, es decir, en horas hábiles, al igual que el total de los funcionarios públicos, estatales y municipales, que lo acompañaban. No hay problema ¿Quién se va a fijar en tales minucias legales? Pero en la fiesta, Duarte le pidió, solamente a Javier Garfio, Jorge Ramírez y Ricardo Orviz que cantaran, aprovechando el mariachi ¡Vaya manera de decirles a todos quienes serían los candidatos! Luego, en tanto la fiesta se desarrollaba, la administración estatal enviaba un comunicado citando a los medios a una conferencia de prensa a celebrar en el hangar de Gobierno del Estado. Todo mundo ya sabía para qué. Efectivamente ¡Otra vez el gobernador hacía el “destape”! Ahí dio a conocer que el Ingeniero Garfio le había solicitado licencia en el gabinete para buscar el registro como precandidato de su partido a la alcaldía de Chihuahua. Así, probablemente sin mayor debate, el mandatario chihuahuense le dio la razón al panismo, y quizá el mejor de los argumentos para la campaña, pues los actos comentados arriba no encuentran soporte en sus declaraciones, cuando negó los señalamientos de los blanquiazules de su intromisión en el proceso electoral: “Yo respetaré a los partidos y espero que sea recíproco… A todos los partidos (les pido), que actúen en un afán de construir en vez de destruir, en proponer y no pensar que es una lucha campal cuerpo a cuerpo hasta destrozar al adversario (y) después repartirse el botín. La sociedad no quiere pleitos, no quiere dificultades y menos que el financiamiento público sirva para desprestigiar a otros”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 23/III/13). Probablemente la forma de anunciar las designaciones se convierta en uno de los elementos centrales de la campaña del PAN. La primera evidencia de tal estrategia la presentó el presidente estatal, Mario Vázquez, al momento de afrontar la renuncia de Antonio López a la aspiración de ser candidato, cuando dejó caer, contundentes, los señalamientos de la participación del gobernador Duarte en la campaña, con el ánimo de atenuar las críticas a su desempeño y a la gravísima crisis de su partido, como causas de las renuncias de Emilio Flores y Antonio López a la búsqueda de la candidatura y a la renuncia de Miguel Jurado al partido. Ahí se presentaba nítida la intención de la dirigencia panista por atenuar los golpes recibidos y tratar de endilgárselos al gobierno estatal, con el ánimo de no ver disminuidas sus simpatías electorales. No necesitaron demasiados argumentos, ahora los tienen a pasto. En cambio, la maquinaria priista sigue viento en popa. Al anuncio de Miguel Jurado de ser probablemente el candidato de unidad del ¡PT! con el PRI, el PRD resolvió buscar la alianza con ¡El PRI! y los demás partidos, pero de ninguna manera con el PAN. Se concreta de esta manera la vieja aspiración de César Duarte de ir en alianza con la mayoría de los partidos. Tal pretensión la tuvo en 2010, la alcanzó 3 años después en la cúspide de su poder. Y luego dicen que no hay crisis de los partidos.

Sobre mojado

El Diario, 21 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores "No me he vendido a nadie, yo soy panista y no renunciaré al partido, simplemente no quiero repetir la historia de la pasada elección, donde los grupos internos del PAN me dejaron solo en la contienda y ahora ocurre lo mismo al exigirme regidurías para sus conocidos": Antonio López. La renuncia a la precandidatura por el PAN a la alcaldía de Chihuahua del ex diputado local, Antonio López, vino a agravar la crisis de credibilidad de este partido, y probablemente le resolvió el problema al gran elector del PRI -por lo menos en la capital- pues ahora las consecuencias de tan lamentables sucesos del panismo hacen más previsible el triunfo de los priistas en las elecciones del primer domingo de julio próximo, de tal modo que, incluso los aspirantes que contaban con el mayor porcentaje de rechazo en las encuestas, puede ganar. El intento, desesperado, del dirigente estatal, Mario Vázquez, por hacer que los efectos de la crisis los resientan los de enfrente consistió en culpar de intromisión al Gobernador César Duarte y a inducir que las amenazas en contra de tres aspirantes a las alcaldías pudieran tener una motivación política, sin aclarar quienes podrían ser los interesados en hacer desistir de sus aspiraciones a los amenazados. En el extremo, llegó a afirmar que la fotografía en la que aparecieron juntos el gobernador, Miguel Jurado y el empresario Alberto Terrazas, era prueba fehaciente de tal intromisión. Y es que las acusaciones de Antonio López son más enfáticas que las lanzadas por Jurado apenas unos días atrás. No se trata de la denuncia pública al rechazo de una alianza con el PRI, algo que la mayor parte de los militantes blanquiazules tomaron a bien de sus dirigentes, pues una alianza de este tipo es lo más lejano a cualquier militante de mediana antigüedad en su partido. No, lo denunciado por López es la prueba que faltaba para demostrar la sima en la que se encuentra este partido, el más antiguo del país. “Se suponía que iba a liderar un proyecto con todas las corrientes, pero vi que no se ponían de acuerdo en lo que siempre pelean: posiciones en el cabildo y en el mismo equipo de campaña, y es esa parte la que no comprendo ni quiero comprender, porque es como dar dádivas a los grupos y sus intereses cuando ahorita la política y la ciudadanía piden que sean incluidos”. “Yo no quiero ganar una interna, quiero ganar la constitucional para trabajar por Chihuahua, pero por ejemplo Guillermo Villalobos (ex diputado local y ex secretario del cabildo que presidió Carlos Borruel) me pedía ser mi suplente y dos regidurías, a lo que me opuse porque yo necesito gente que conozca y que en verdad ayude a mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses”. Y es que el martes circularon en algunos portales noticiosos capitalinos la información, atribuida a alguien muy cercano a López, consistente en que la renuncia de López obedecía a que diversos dirigentes panistas le exigían la inclusión en la planilla de algunos recomendados por ellos. Así, según esta información, “Mario Vázquez dirigente estatal propuso para regidora a Judith Gasca; Héctor Ortiz impulsaba a Angélica Mendoza y a Óscar Díaz; Roberto Lara (ex diputado local y ex funcionario de la administración de Borruel) propuso a Marco Bonilla y Giovanni Martha (Ex secretario particular de Borruel); mientras que Roberto Espino se auto propuso él mismo para la regiduría y para la diputación del distrito 15 a Eduardo Heredia. A su vez, Guillermo Villalobos buscaba designar a Guadalupe Borruel y él como suplente; por último, Ramón Sáenz intentó colocar gente dentro de la plantilla de regidores”. (Nota de tiempo.com.mx, 19/III/13). Hasta ahora, Héctor Ortiz y Mario Vázquez han desmentido tal información. A su vez, tanto López como Jurado han desmentido la declaración de Mario Vázquez acerca de la intromisión del gobernador Duarte, con lo que se convierten en los primeros deslegitimadores de una táctica política orientada a reparar los daños de hechos que develan la profundidad de la crisis del panismo, de la cual, aparentemente, algunos de sus principales actores no se han percatado y actuaron, en este episodio, como si vivieran en el pasado inmediato, de cuando eran el partido en el gobierno, en el municipio y en el país, y el electorado les concedía, una y otra vez, el beneficio de la duda. Y mucho menos se trata del partido de hace 30 años, de cuando llegaron al poder municipal arropados en la bandera del cambio. Tanta brega para adoptar, en tan pocos años, los vicios políticos que tanto denunciaron. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Estrés policial

El Diario, 19 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Las agudas tensiones a que se someten integrantes de distintos organismos, o profesionales relacionados con la atención a personas sometidas a violencia extrema, como médicos urgenciólogos, enfermeras, bomberos, rescatistas, psicólogos y hasta sacerdotes, “y todos aquellos cuya profesión u oficio tiene que ver con atención a problemas, o que están al cuidado de los demás”, los pueden llevar a presentar distintos padecimientos sicológicos y hasta psiquiátricos, si no reciben la atención adecuada. Según el psicólogo Alberto Rodríguez Cervantes, fundador del Centro de Atención y Prevención Psicológica (Capsi), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua, tales profesionales, y sus familias, pueden presentar lo que denominó el síndrome de “quemamiento emocional”. (Nota de Lourdes Díaz, 18/III/13). Tales afirmaciones devinieron de la presentación de un estudio de tesis para maestría en psicología, que arrojó como resultado que entre los policías y militares se presentan los casos más severos de violencia intrafamiliar. Si este es un fenómeno presente en tiempos “normales”, seguramente que la ola de violencia extrema presentada en la entidad a partir de febrero de 2008 debe haber incidido en la presentación de más casos (la mayor parte de los cuales, los de violencia intrafamiliar, no se reportan) y de mayor severidad que en los tiempos inmediatos anteriores. El problema puede tener una gravedad mayor pues, según la nota referida, al Capsi sólo han acudido 11 agentes municipales a recibir atención sicológica, pero atendiendo órdenes de sus jefes inmediatos. De acuerdo con el especialista, Rodríguez Cervantes, “todas las personas dedicadas a estos oficios y profesiones, están expuestos a sufrir el trastorno post traumático, por los altos niveles de angustia, inseguridad y tensión que enfrentan a diario en su trabajo, por tener los problemas y en algunos casos hasta la vida de otras personas en sus manos”, además de que, al ser testigos de acciones violentas, o de estar frente a infinidad de cadáveres, la mayor parte de ellos destrozados a causa de las heridas infligidas por armas de fuego o blancas, debieran recibir atención sicológica especializada, “para evitar que lleguen a tener actitudes violentas en su entorno”. (Ibídem). Ante una situación de tales características, no es del conocimiento público que los principales organismos policiacos de la entidad cuenten con un programa de asistencia sicológica permanente para sus agentes, ni que se consideren todos los recursos necesarios para mantener en óptimas condiciones a los elementos policiacos. Vamos, hasta el momento no contamos con información alguna que nos permita saber el número de agentes que hayan atravesado por el mencionado síndrome, y sólo hasta la publicación acerca del estudio mencionado vislumbramos lo que puede ser en muchos casos una terrible tragedia al interior de los hogares de los agentes. Pero no sólo, el síndrome de estrés postraumático podría causarnos más de una molestia. Es impostergable que los integrantes de los cuerpos policiacos –especialmente los de Juárez y la capital– deban contar, entre sus prestaciones, y como parte de la permanente capacitación, programas como el de asistencia sicológica al agente y su familia, así como el de períodos de asueto, al cabo de cierto tiempo de haberse desempeñado como policía en la calle, y del traslado a distintas áreas de la atención policiaca, con menor grado de tensión, a fin de preservar la salud mental de quienes integran los cuerpos policíacos. Porque hasta ahora –si bien es importante– se ha impulsado la participación de los elementos policiacos en distintos programas deportivos y algunos de recreación. No bastan, urge la instrumentación de distintos programas orientados a la salud mental de quienes son responsables de la seguridad pública, en un apartado tan sensible como el de la prevención de los delitos, así como el establecimiento de distintas prerrogativas en materia de salud mental, amén, por supuesto, del otorgamiento de buenos salarios, correlativos a la importancia de la labor social desempeñada por quienes integran tales cuerpos de seguridad.

Las jugarretas del poder

El Diario, 17 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores El último de los episodios del “affaire” de Miguel Jurado –el de su renuncia al PAN– nos ofrece a pasto un mayor conocimiento de las intimidades del poder, tanto de quienes lo ejercen, como de quienes lo buscan, y revela cuán aceleradamente se acercan los dos partidos que han gobernado Chihuahua a lo largo de las últimas tres décadas. Ahora sabemos –según las versiones ofrecidas al escribiente– que el mismísimo gobernador César Duarte buscó que se concretara la alianza con el PAN en la alcaldía de Parral. Además, y seguramente como trasfondo de tal empeño, se asegura que Jurado encabezaba todas la encuestas –algunas versiones hablan que con una ventaja de hasta 20 puntos–, lo que, se dice, lo volvía inalcanzable en la elección constitucional, razón que llevó a varios priistas parralenses a proponerle (en versión de Jurado) que se postulara por el PRI a la alcaldía. El ex diputado local propuso a su dirigencia estatal y a César Duarte (su amigo) concretar la alianza. Nada hace dudar de que al interior del PRI podían sopesar tal posibilidad, aunque sorprende un tanto, pues quizá el más adelantado de los priistas para ese cargo, el diputado local Gabriel Sepúlveda, es uno de los hombres más cercanos al gobernador Duarte y cuesta trabajo aceptar que accediera a tener en la alcaldía de la “capital del mundo” a un hombre catalogado incuestionablemente como panista y quien, a querer y no, conformaría un equipo de trabajo con características muy distintas al que conformara cualquier priista que obtuviera el triunfo. Pero a contrapelo de tales versiones, sorprende la intención de Jurado de empeñar todo su capital político en pos de una imposible alianza con el PRI, a sabiendas de que mantenía una ventaja en las preferencias ciudadanas a tres meses de las elecciones, en un proceso que por su escasa duración el candidato que arribe con ventaja en el conocimiento que sobre él tenga la ciudadanía, tendrá una ventaja muy difícil de desaparecer en las cinco semanas de duración de las campañas electorales. Y sorprende más aún que insistiera en la alianza, al grado de renunciar a su partido por ese solo motivo (por lo menos no ha expresado ningún otro) y que de ser cierto querría decir que su única motivación era la búsqueda de la presidencia municipal, aunque en el lenguaje de los políticos, en este caso de los panistas, su verdadero motivo, dice él, es la búsqueda del “bien común” de los parralenses. Pero vistas así las cosas, y a la luz de las últimas resoluciones adoptadas por el PRI en su asamblea nacional, en el sentido de poder postular a personas ajenas al partido, a aceptar como candidatos a quienes hubiesen emigrado en un momento anterior y luego regresado al seno priista, de quitar algunos requisitos para quienes busquen las candidaturas a los gobiernos estatales y a la Presidencia de la República, amén de las candidaturas “ciudadanas”, querría decir que en la concepción de los priistas, y de Miguel Jurado, las fronteras entre ambos partidos han desaparecido, o son mínimas, lo que vendría a ratificar, tanto la creciente percepción y calificación ciudadana de que todos los partidos son “iguales”, y la de una parte de la izquierda mexicana que ha tenido como eje central de su discurso el que el PRI y el PAN son la misma cosa, concepto que más recurrentemente escuchamos del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la ruta de los acontecimientos nos puede llevar a otro escenario, acaso más procaz. El aspirante con mayor penetración ciudadana busca una alianza entre los partidos mayoritarios en Parral –abrumadamente mayoritarios–; no la logra. Renuncia intempestivamente a su partido ante la negativa de la dirigencia y anuncia que buscará a un partido “de los humildes” para encabezar una candidatura “ciudadana”, impulsado por varios partidos a los que conmina a postularlo. En tanto, su ex partido postula a su candidato y el PRI al suyo. Jurado, sin la estructura y el voto duro del panismo parralense no podrá alcanzar los porcentajes necesarios para disputar seriamente el triunfo; a su vez, el PAN, sin un candidato que le aporte votos “extras”, tampoco alcanzaría una votación que dispute el triunfo y el PRI, con la estructura partidaria, más la generada por su papel de partido gobernante, alcanzará los votos necesarios para mantenerse en el partido. Ni soñándolo se podría alcanzar mejor panorama político-electoral. ¿Y entonces para qué renunciar a la candidatura y a su partido? Duele decirlo, pero tales decisiones llevan a pensar, y sobre todo a especular, acerca de las verdaderas razones para tomar tal resolución que, además, gravitará sobre el desempeño, y especialmente en la percepción de los votantes del proceso electoral que ha arrancado con tan intempestivos hechos. El PAN chihuahuense, a diferencia de 30 años atrás, no encarna, ya, los ánimos democráticos, de esperanza y de cambio de aquellas jornadas de cuando se alzó con triunfos en las alcaldías de los municipios más importantes de Chihuahua. Por el contrario, se encuentra, quizá, en el peor de los momentos de su historia y en cambio el PRI está aprovechando el momento, incubando y procesando la eterna veta de esperanza de una buena parte de la población, además del ejercicio del poder, lo que bien saben los panistas, reditúa muchos votos, baste recordar la inusual votación alcanzada por el PAN en prácticamente todos los municipios serranos de alta y muy alta marginación en las elecciones del 2010, que le generó triunfos municipales en más de una veintena de ellos, además de que en la elección de gobernador fueron algunos de ellos en los que César Duarte perdió en el recuento municipal. Será muy difícil evaluarlo pero seguramente que este episodio, protagonizado por uno de los más conocedores de la estructura del PAN en todo el estado, además de haber sido protagonista de varias de las críticas más acerbas a los priistas, contará subjetivamente de manera importante en el proceso electoral que ya está en puerta pues en la próxima semana deberán registrarse los aspirantes a los puestos de elección popular y dar inicio a las precampañas, aunque seguramente la Semana Santa podrá servirle al PAN como amortiguador de los efectos políticos de un episodio a cual más de lamentable, no solamente para los panistas y sus aspiraciones, sino fundamentalmente para la sociedad chihuahuense que pudo observar en estos días, en todo su esplendor, como actúan los distintos protagonistas en función del ejercicio del poder, o de su obtención. PRESENTACIONES.- A propósito de la presentación de los acusados –imputados, según la nueva legislación penal de Chihuahua– ante los medios de comunicación, “exhibición pública”, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator para México, Rodrigo Escobar, declaró “inadmisible” tal práctica pues “es contraria a los derechos humanos, claramente violatoria de la dignidad de la persona humana, del derecho a la intimidad, a la honra”, y propia de “regímenes absolutistas”, lo que abre el proceso mediante el cual, después de la previsible recomendación del organismo al Estado mexicano, se llame a poner un alto a tales prácticas.

Alianza en la “capital del mundo”

El Diario, 14 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Pues ahora resulta que el espíritu de “unidad”, prevaleciente en el PRI, llegó hasta las filas del blanquiazul parralense, por ahora, y no sabemos si a una buena parte del panismo chihuahuense, debido a que el originario de allá, Miguel Jurado, aspirante a a la alcaldía, le dio por anunciar que podría darse una alianza entre el PRI y el PAN ¡En Parral! Todo a consecuencia de una visita del panista al gobernador César Duarte, y de la extraña decisión del gobernante de salir al pasillo del Palacio de Gobierno, a fin de que la prensa pudiese tomar una foto de ambos, junto a otro panista de abolengo, Federico Terrazas. En lugar de que saliesen distintos actores políticos a desmentir –así fuese matizadamente– tan desmesurada información, nada. Nadie salió a desmentirla. Por el contrario, creció la especie. Interrogado sobre esa posibilidad, el dirigente estatal priista, Leonel de la Rosa, afirmó que evaluar una alianza con el PAN se sopesa del mismo modo que con otros partidos, el PT, el Verde, el Panal, etc. Y esas sí que son sorpresas, que los dirigentes priistas evalúen en público una alianza de esas características, es decir, que el PAN es como cualquiera de los otros partidos, y que ya abordado el asunto de esa manera –lo que en un primer momento podría haberse evaluado como una jugarreta, o una “vagancia” de Jurado o de Duarte– adquirió tintes de veracidad, aunque el escribiente sigue pensando que es solamente una jugada escenográfica. Sin embargo, más allá del desenlace de tal episodio, sí nos sirve para reflexionar acerca de los rumbos políticos e ideológicos de ambos partidos, que por desgracia parecieran compartir casi todo –o todos– que no es otra cosa que el deslavamiento ideológico, en donde, para quienes aspiran a un puesto de elección popular, da lo mismo uno u otro partido, y de ninguna manera, ni la ideología, ni el programa propuesto para gobernar, y lo que priva, en todo caso, es la amistad entre los políticos, sin importar su partido político. Así, de bote pronto se aprecia una de las consecuencias de los recientes cambios estatutarios del PRI, en los que se atenúan grandemente las contenciones a quienes provengan de otros partidos, o a los priistas que hubiesen buscado candidaturas y militancia en otras agrupaciones políticas, así como la abrogación de los múltiples requisitos necesarios para acceder a las candidaturas a gobernador y presidente de la república y la posibilidad de postular a candidatos ajenos al PRI. Y si esa es la tendencia en el PRI, en el PAN, aparentemente, las cosas están peor pues las visiones acerca del modo en el que el blanquiazul debiese relacionarse con el gobierno de Peña Nieto se están polarizando a partir de la firma del Pacto por México. Así, la postura de Miguel Jurado pareciera inscribirse –y no podía ser de otro modo– en la asumida por el dirigente nacional, Gustavo Madero (a quien lo unen estrechas relaciones políticas), a tal grado que para los panistas de esta postura pareciera no haber fronteras entre ambos partidos y, como lo dijera el ex dirigente nacional, Germán Martínez, tienen “envidia de la buena” con las acciones realizadas por el gobierno de Peña Nieto. En tanto eso sucede, lo que ocurre en el PRI va en el sentido de descalificar en los hechos lo que ha construido la sociedad mexicana –y que han aprobado, también, sus legisladores– en materia de legislación electoral, tendiente a reforzar la cultura democrática de la sociedad, algo a lo que están obligados constitucionalmente, pues si en la práctica han abrogado las elecciones internas para designar a sus candidatos, ¿qué caso tiene haber aprobado las precampañas y un conjunto de reglas que para nada nos sirven, si los partidos, y no solamente el PRI, resolvieron no celebrar elecciones debido a que “se desgastan” por los conflictos generados por la competencia interna y ahora todo lo resuelve –hasta formalmente– el gran elector a cada nivel? Y luego se llega a niveles de verdadera exageración, como el de entregarle al gobernador del Estado los expedientes de los aspirantes a las alcaldías, en un acto imposible de explicar –¿Para qué, para que él los evalúe?– como el realizado el domingo anterior por el PRI en sus instalaciones y la presencia de los aspirantes a las alcaldías, sólo para resaltar que la unidad es indispensable. ¿Para qué, si no tienen riesgo alguno, dadas las posturas de panistas como Jurado que mejor buscan la alianza? ¡Válgame Dios! (Ora que está de moda, pues ya ven que hay Papa nuevo).

Honda reforma

El Diario, 12 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Vaya que la propuesta de regulación en materia de telecomunicaciones, dada a conocer ayer por el presidente Peña Nieto y las dirigencias de los firmantes del Pacto por México –PRI, PAN y PRD–, puede derivar en una reforma de muy hondo calado en esa materia, tanto, que cambiará en muchos sentidos la comunicación, los niveles socioculturales de la sociedad mexicana y, por esta vía, hasta los contenidos de las campañas electorales. Y como las cosas buenas no pueden venir solas, en lo propuesto destaca, otra vez, la tendencia prevaleciente en el mundo –y no todo, ya lo veremos más adelante– de abrir las puertas al capital extranjero, al proponer que la apertura a la inversión extranjera llegue al 100 por ciento en televisión y al 49 en radio: “Con el fin de impulsar la transición del sector hacia condiciones de competencia plena, –dijo el titular de SCT–, se establecen medidas como elevar de 49 a 100 por cierto la posible participación de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, así como de cero a 49 por ciento en radiodifusión”. Aún muy temprano para emitir reflexiones más sustentadas en el pleno conocimiento de la iniciativa propuesta, habremos de decir que enuncia “la decisión de recuperar el espacio radioeléctrico como un bien de interés general”; abre la posibilidad de licitar al menos dos nuevas cadenas de televisión, permitirá revisar todos los títulos de concesión y creará dos órganos reguladores. En la exposición de motivos los integrantes del Pacto por México, que trabajaron hasta avanzada la tarde del domingo en la elaboración de la propuesta, plantean que el Estado garantizará que sean prestados los servicios en esta materia “en condiciones de competencia y calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, y garantizando la veracidad de la información; así como condiciones de igualdad en la competencia”, para lo cual prevé la integración de la Comisión Federal de Competencias Económicas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ambos como órganos constitucionales autónomos, que tendrán como funciones, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia para prevenir y evitar monopolios, las “prácticas monopólicas o concentraciones; también ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarios para eliminar efectos anticompetitivos; así como otorgar y revocar concesiones e imponer límites a la concentración nacional”. (Con información de Enrique Méndez y Rosa Elvira Vargas de La Jornada y de Claudia Guerrero, Reforma, 11/III/13). Las concesiones serán otorgadas mediante licitación pública. En otro apartado, también otro de los aspectos muy importantes, anuncia que en 6 meses el Congreso de la Unión “deberá regular el derecho de réplica, establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia, establecer los tipos penales que se castiguen con severidad las prácticas monopólicas y expedir un solo ordenamiento legal que regule el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico”. Pero no aparecen las regulaciones acerca de los contenidos de la programación, de ninguna manera para coartar la libertad de los mexicanos, sino para incluir contenidos semejantes a los establecidos por ley, por ejemplo, en Inglaterra, en donde los concesionarios está obligados a transmitir el 50 por ciento de su programación con contenidos didácticos y/o trascendencia social. Además, la iniciativa contiene las regulaciones mediante las cuales los concesionarios de televisión abierta deberán permitir la retransmisión íntegra de su señal de manera gratuita y sin discriminación. Por su parte, los concesionarios de televisión de paga deberán retransmitir la señales de televisión abierta sin costo para sus suscriptores, lo cual significa, literalmente, que todos los canales de televisión abierta podrán ser vistos en la TV de paga, ventajas que se acumulan con la posibilidad de otros dos cadenas nacionales de TV abierta. Esas podrían ser las ventajas de tal reforma, vistas de bote pronto, con el curso de los días habremos de enterarnos de la magnitud real de una reforma como esa.

Destapes al modo de ahora

El Diario, 10 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Menudas sorpresas se han llevado quienes pensaron que el arribo del grupo de toluqueños al gobierno implicaría una renovación de las formas y métodos del priismo vuelto gobierno. El fin de semana anterior, en una –hasta para los más escépticos– sorpresiva resolución (a pesar de procesarse a lo largo de la semana previa), la Asamblea Nacional del PRI aprobó nombrar –quizá por primera ocasión a lo largo de toda su historia, incluidos los episodios del Partido Nacional Revolucionario, de Plutarco Elías Calles y del Partido de la Revolución Mexicana, del gobierno de Lázaro Cárdenas– al presidente de la República como parte de un órgano de dirigencia partidaria, en este caso para que encabece la Comisión Política Permanente. De esta manera, el partido que parecía asimilaría los errores cometidos en el pasado que lo llevaron a la oposición, desde la cual criticó el enorme protagonismo partidario de Felipe Calderón; apenas transcurridos tres meses de la gestión de Peña Nieto, lo ungió como el dirigente formal de ese partido, pues además de llamarlo eufemísticamente, “primer priista de la nación” –fórmula que se repite en todas las entidades con el mismo esquema gubernamental– ahora ya no habrá trabas para que tome las decisiones que crea convenientes para su partido, de acuerdo a sus deseos y orientaciones. Así, de un plumazo, y sólo porque esas eran las pretensiones del nuevo gobernante, los priistas se han practicado el Harakiri. Ambas resoluciones atentan contra el más elemental sentido de vida partidaria y el PRI, como antes, como siempre, puede pasar a convertirse en la Secretaría Electoral del gobernante en turno, quien puede nombrar a su antojo a quien decida, a cualquier puesto de elección popular. Las repercusiones se apreciarán, casi de inmediato, en las 14 entidades que celebrarán procesos electorales. En aquellas en las que el PRI no tiene el gobierno estatal, el asunto es más sencillo, ahí el equipo de Peña Nieto resolverá, aunque no todo será tan fácil. Pero en las entidades como en Chihuahua, las cosas cambian. Se dice que el día de hoy podría resolver, si no todas, sí la mayoría y quizá los más importantes municipios del estado, en una reunión de algunos de los aspirantes con el Gobernador César Duarte, el dirigente estatal, Leonel de la Rosa y el delegado del CEN priista, el sonorense Julián Luzanilla. El dilema consiste en si será el mandatario estatal quien decidirá las candidaturas (por supuesto, aceptamos que después de sopesar distintas opiniones y haber conversado personalmente con los aspirantes), como ocurría, casi en todos los casos, a lo largo de los últimos 12 años de presidentes panistas; o si, por el contrario, será el presidente quien defina a los candidatos. Lo lógico sería una resolución que acercara las dos formas de encarar el futuro, y no sólo el inmediato, sino el de mediano plazo, el de la definición de la candidatura al Gobierno de Chihuahua, asunto en el que, obviamente, ambos mantienen un entendible interés. Pero ya son priistas de las épocas recientes, las de la plena competencia electoral y saben que no pueden –no deben– enviar candidatos que pueden ser derrotados más fácilmente, ante un electorado con un elevado porcentaje que no se identifica plenamente con algún partido. De ahí que hayan corrido “alegremente” los resultados de una encuesta de las preferencias sobre los aspirantes a la alcaldía de Chihuahua por el PRI –que, “cruzadas” todas las fuentes, tuvieron una sorprendente coincidencia, lo que la hace más creíble al escribiente– en la que, supuestamente, el presidente de la Junta Municipal de Agua de Chihuahua, Maurilio Ochoa, encabezaba la lista, seguido de cerca por el diputado local, Alejandro Domínguez; a menos de 20 puntos atrás, el también diputado local, Ricardo Boone; seguidos, sorpresivamente en los últimos lugares, los funcionarios estatales, ambos del círculo más cercano del gobernador, Javier Garfio y Marcelo González Tachiquín. ¿Qué tan creíbles son los resultados de esta encuesta? Es imposible saberlo, lo sorprendente es la extremada coincidencia de distintos actores políticos en esas apreciaciones. En las que existe otro punto coincidente en que, aceptando los números, reconocen que quien tiene más votos de rechazo es el ex diputado federal Maurilio Ochoa, aunque otros dicen que tales votos se generan en el círculo cercano del ballezano. ¿Qué papel jugaría en la definición de la capital el presidente Peña Nieto? Se antoja que menor, debido a los escasos puntos de contacto de los aspirantes capitalinos con el actual mandatario y su grupo; probablemente se podría limitar a aprobar o vetar la sugerencia de Duarte, derivado de sus propias encuestas realizadas al margen del grupo gobernante en Chihuahua. No es fácil la decisión. Si bien el actual presidente municipal, Marco Adán Quezada, y el gobernador Duarte ganaron por una diferencia mayor a los 50 mil votos y Peña Nieto por menos, los candidatos a senadores perdieron en el municipio de Chihuahua, además de que los candidatos a diputados ganaron apretadamente, con todo y la confusión derivada de que muchos electores creyeron que también había alianza en las candidaturas federales. Entonces, no pueden arriesgarse a postular un candidato que les genere votos de rechazo y sí, por el contrario, uno que los posea en grado mínimo, pero con un buen grado de conocimiento en la sociedad. Si así se razonaran las cosas y fueran ciertas las encuestas, el PRI debería optar entre Domínguez y Boone. Si no, Ochoa podría anochecerse hoy como el aspirante a la alcaldía. O cualquiera de los más cercanos al gobernador, si éste calcula que los riesgos electorales son menores y se pueden superar. Y si el presidente dice que sí. Y cualquiera que sea la decisión, en automático, de ganar la elección municipal, el candidato se convierte en una de las opciones para el 2016. Eso es lo que está en el aire. Pero no dependerá solo de ellos, lo que definan con relación a Juárez tendrá su propio peso. Todos hablan, en la capital, que ya hay una definición por el líder de los diputados priistas, Enrique Serrano, quien cuenta en su haber, dicen, haber sido el hombre más cercano a Duarte en los momentos en los que se antojaba lejos, siquiera, la posibilidad de aparecer como aspirante a la gubernatura. Algo de eso debe haber si tomamos en cuenta que es el suplente del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps. Se dice, también, que los acontecimientos de las últimas semanas, en materia de seguridad pública, hicieron que el Fiscal General, Carlos Manuel Salas, ya no figurara como opción, y no, por ineficacia, dicen, sino por lo contrario; y por supuesto que Fernando Uriarte se quedó fuera de la contienda hace tiempo. Del mismo modo, también que el secretario de Educación, Jorge Quintana, ha quedado fuera pues sostienen que no es, ya, el líder del grupo de la UACJ. Bien, si esto es cierto, entonces quedaría pendiente si es el gobernador quien decide por su cuenta, sugiere o consulta o si, en un sorpresivo giro, el grupo gobernante decide apostarle al grupo del alcalde juarense, Héctor “Teto” Murguía, y optan por Héctor Arcelús, el secretario del Ayuntamiento. Pero en ningún caso, como en el de Chihuahua, se mencionan encuestas realizadas. Lo que sí está claro es que el grupo del popular “Teto” no está dispuesto a enfrentarse a César Duarte, han acrecentado los puntos de relación, porque, además ¿quién buscaría la gubernatura, peleado con el gobernador?

Intolerable

El Diario, 7 de marzo 2013 Luis Javier Valero Flores El salvaje atentado sufrido por nuestra casa editora, y el lanzado, casi de manera simultánea, al canal 44 del antiguo Paso del Norte, forman parte de la serie de agresiones que los criminales han efectuado en contra de la libertad de expresión de los chihuahuenses –y de los mexicanos por extensión– en momentos en los que la curva a la baja de los homicidios cometidos en Juárez se había mantenido e, incluso, descendido aún más; y cuando la sociedad juarense atisbaba, por fin, el término de la ola violenta que durante los últimos años se había cebado en esta ciudad. A diferencia de lo ocurrido en las urbes fronterizas de Tamaulipas, Coahuila y Baja California; y aun de la capital sonorense, Hermosillo; en las ciudades chihuahuenses no se había presentado una escalada en contra de los medios de comunicación. Sí tuvimos, aquí hemos presentado puntualmente los casos, y expresado nuestra más honda indignación ante los asesinatos de distintos compañeros nuestros, de los cuales ni uno solo se ha esclarecido, no obstante los múltiples discursos emitidos por las autoridades de todos los niveles para prometer el “pronto” esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia. Ante la peor ola homicida de la existencia de Juárez, la decisión de quienes dirigen y hacen posible la aparición continua de El Diario fue la de mantener informada a la sociedad (no solo la juarense, sino a la del mundo entero mediante la versión digital, interesada en informarse de lo ocurrido aquí) hasta el límite de las capacidades y obstáculos interpuestos por criminales y autoridades. El costo fue enorme, las pérdidas de Armando Rodríguez Carreón y Luis Carlos Santiago Orozco, son un baldón que pende sobre las autoridades pues la falta del esclarecimiento de sus asesinatos es un agravio a toda la sociedad. Y no es porque unas vidas valgan más que otras, pero el papel jugado por los periodistas en la sociedad los hace infinitamente más vulnerables a todas las agresiones, cualesquiera que sea el origen de ellas, y al mismo tiempo más valiosos pues son el vínculo de la sociedad con la cambiante realidad que deberemos reflejar quienes nos dedicamos a este oficio. De ahí que sostener que una agresión a los medios de comunicación es una agresión al total de la sociedad no sea una exageración; amedrentar, o intentarlo, a los medios de comunicación tiene un solo objetivo, (en la absoluta mayoría de los casos) impedir que continúen con su labor de informar a la sociedad, de las atrocidades cometidas por los criminales, de sus nexos con las autoridades coludidas y del alcance de los largos tentáculos de la corrupción que ha posibilitado la negra noche abatida sobre nosotros. Muchos podrán ser los discursos y promesas efectuadas, uno solo es el parámetro de la decisión de los gobernantes: Resultados. Nada puede ser superior, para impedir la continuación de la prevalencia de la corrupción y la impunidad, que el ataque frontal de la autoridad a tan lacerantes fenómenos. Alcanzar resultados concretos –y creíbles– en las investigaciones de los asesinatos de los periodistas en Chihuahua y el de los atentados a El Diario y Canal 44, son eje vertebral de tales aspiraciones, pues sólo de ese modo se podría pensar en que la creciente percepción ciudadana, de mejoría en la seguridad pública, es la realidad misma. No estamos, ni con mucho en Juárez, en las condiciones previas al baño de sangre y violencia desatado a partir de la primavera del 2008, todo apuntaba a que se instalaba una tendencia decreciente, la que puede detenerse ahora, pues la decisión de quienes resolvieron lanzar tan arteros ataques, demuestra que lo hicieron a sabiendas de las reacciones que sobrevendrían. No serían pocas ni endebles, se lanzaron contra el medio impreso de mayor circulación en la ciudad (y en el estado), integrante de la cadena periodística más importante de la entidad, y contra uno de los canales televisivos locales de mayor impacto en la frontera. El mensaje es claro, pretenden impedir el ejercicio de la más cara de los libertades de los mexicanos, el de la expresión. Sin ella, ninguno del resto de las libertades y derechos de los ciudadanos podría ejercerse; el único camino a seguir, para exigir su respeto, es ejerciéndola. Eso hacemos.

Paralelismos

El Diario, 5 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Imposible no pensar en el paralelismo de quienes se encuentran, hoy, en los extremos de la vida pública. En tanto una se encuentra detenida (y a horas de que se le declare formalmente presa), el otro, fue ungido, formalmente, como el “primer” priista del país. Miren si no se parecen las medidas “tomadas” por sus respectivos órganos “colegiados”, aparentemente de manera “democrática”. Elba Esther Gordillo fue elegida secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en el Primer Congreso Nacional Extraordinario del SNTE, en 1990, luego de haber recibido un nombramiento provisional como tal; al mismo tiempo fue nombrada presidenta del Comité Nacional de Acción Política, (1998-2004); luego, presidenta del CEN (2004-2007), para lo cual modificaron los estatutos a fin de incorporar esta figura. En 2007, el Congreso Nacional del SNTE acordó ampliar “de manera indefinida” el mandato de Elba Esther Gordillo Morales como presidenta del gremio. En octubre de 2012 fue designada presidenta del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública para el período 2012-2018. A su vez, el ahora sustituto de la maestra, Juan Díaz de la Torre (Juanito) fue nombrado secretario general. En tanto, en el partido que parecía asimilaría los errores cometidos en el pasado que lo llevaron a la oposición, desde la cual criticó el enorme protagonismo partidario de Felipe Calderón, a la menor oportunidad y apenas transcurridos tres meses de la gestión de Peña Nieto, lo ungió como el dirigente formal (y ya no solamente el real, como ocurría en el pasado remoto, de cuando el PRI tenía la Presidencia de la República) del PRI, al aprobar que encabece a la Comisión Política Permanente, como máxima instancia de dirección partidaria. Además, con el fin de otorgarle mayor libertad de movimiento al presidente, la Asamblea Nacional aprobó quitar los candados que le permitían a cualquier burócrata, sin carrera política, acceder a las candidaturas de presidente y gubernaturas estatales, sin el “engorroso” requisito de haber ocupado un cargo de elección popular. Así, de un plumazo, y sólo porque esas eran las pretensiones del nuevo gobernante, los priistas se han practicado el Harakiri. Ambas resoluciones atentan contra el más elemental sentido de vida partidaria y el PRI, como antes, como siempre, puede pasar a convertirse en la Secretaría Electoral del gobernante en turno, quien, como ahora lo permiten los estatutos, puede nombrar a su antojo a quien decida, a cualquier puesto de elección popular. Eufóricos, embelesados, los priistas de todos lados, aprobaron todo lo que el nuevo grupo gobernante les sugiere, ordena, y hasta lo que sospechan son los deseos de su nuevo líder. ¿Que debemos quitar la prohibición de aplicar el IVA a alimentos y medicinas? ¡Faltaba más! ¿Que debemos aprobar la entrada de capital privado en las áreas estratégicas de Pemex? ¡Adelante, todo lo que quiera mi presidente! ¿Que no debemos quitar el régimen de consolidación fiscal? ¡N’ombre, uste’ nomás pida! Así, en lugar de la prohibición de la aplicación del IVA generalizado, los priistas aprobaron esto: “El PRI rechaza que la reforma hacendaria corra a costa de mayores cargas fiscales para los sectores más desprotegidos de la población y exige que simplifique el pago de impuestos, amplíe la base tributaria, reduciendo la evasión y la elusión fiscales, elimine tratamientos fiscales especiales y que los subsidios no sean generalizados, sino que se conviertan en subsidios dirigidos a los más desprotegidos”. Y en el apartado de los energéticos, en lugar del siguiente texto: “Rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera”. Aprobaron lo siguiente: “Se impulsará una reforma energética que convierta a ese sector en el motor de crecimiento económico, que genere y atraiga inversión, impulse el desarrollo tecnológico y provoque la formación e integración de cadenas productivas con mayor valor agregado que impulse la industrialización del país”. Fue una asamblea histórica, dijo el presidente priista, el mexiquense (¿acaso hay de otros en el ámbito nacional?) César Camacho, pues “representa una frontera entre el ayer y lo que hace el PRI hoy para construir un México con mejor futuro”. Aja…

¿Rectoría del Estado?

El Diario, 3 de marzo de 2013 Luis Javier Valero Flores Ahora resulta que la reforma educativa aprobada recientemente tenía como objetivo que “el Estado asumiera la rectoría de la educación”. Igual argumento se usó para justificar la detención de la maestra Elba Esther Gordillo. Ha pasado casi una semana de su encarcelamiento y tal argumentación sigue usándose, mediante una abrumadora campaña mediática, que ambas acciones, la judicial y la legislativa, se realizaron en aras de elevar la calidad educativa. Siguiendo ese guión, ahora tenemos que durante décadas la conducción de la educación estuvo en manos de un poder “ajeno” al Estado mexicano y que, por fortuna, ahora está en la Presidencia de la República un hombre con una gran valentía, suficiente como para “arrebatarle” a ese poder fáctico tan importante aspecto de la sociedad mexicana. Tal argumentación, usada tan tramposamente, tiene como objetivo deslindar a los actuales gobernantes –y también a los pasados– de la Súper Maestra, de hacerla aparecer como un poder ajeno a ellos, en muchos aspectos enfrentado al del Estado mexicano, cuya esencia, rumbo y objetivos se inscriben “en los más caros anhelos del pueblo de México”, contrarios, por tanto, a los de la inquilina de los penales del sur de la capital mexicana. Entendámonos. El Estado mexicano no es el grupo gobernante. Vamos, ni siquiera el total de los partidos –signantes o no del Pacto por México–; ni todo el gobierno federal. Es todo eso y mucho más; abarca al total de los poderes republicanos, a todas las instituciones –gubernamentales o no– y a todos los niveles del gobierno en el país. ¿Cómo es entonces que Elba Esther Gordillo era una cosa “ajena” al Estado mexicano? Si quienes postulan tal cosa tuviesen razón, entonces ¿por qué Elba Esther fue ungida por el presidente Salinas de Gortari? ¿Por qué Zedillo, Fox y Calderón pactaron con ella diversos y múltiples acuerdos que en la práctica hicieron que –con matices y diferencias, es cierto– la educación en México tuviese el rumbo y finalidades que ha tenido? ¿Acaso la maestra no formó parte de la dirigencia nacional del PRI durante décadas, como delegada y parte del CEN –y que en ese papel, por ejemplo, cultivó largas y fructíferas amistades en Chihuahua que les permitieron ejercer el control sobre la base magisterial y compartir el poder político–; lideresa de los diputados federales y secretaria general del CEN del PRI, cargo que ejerció simultáneamente con el de dirigente máxima del SNTE? ¿Y con quién pactaban todos los gobernadores electos del PRI –y muchos del PAN– la integración de los mandos de la educación en los estados? ¿Y con quién las alianzas electorales después de la formación del Panal? ¿Con quién pactaban las reformas educativas? Con la “izquierdosa” CNTE no. ¿Quiénes pactaron las reformas a la legislación del ISSSTE? Por supuesto que las fuerzas integrantes del bloque hegemónico en el país desde hace largas décadas. A ese pertenecía la maestra. Se le olvidó que en ese bloque gobernante, por lo menos en los gobiernos priistas, el presidente es el que da y quita el poder. A Elba Esther se le olvidó que Roberto Madrazo era algo así como un agregado de esa gran familia, que el mejor amigo de su padre se llamaba Carlos Hank González, que los hijos de éste trataban al tabasqueño como hermano. Encima, se le ocurrió enfrentar a quien es ahora una especie de patriarca de ese grupo, Emilio Chuayffet. N’ombre, son puros cuentos esos de que ahora el Estado “asume la rectoría de la educación”. Nunca la ha perdido. Los que no la tenían a plenitud, –Elba Esther no entendió que eran otros tiempos– son los gobernantes de ahora. A ellos se enfrentó, en un episodio que no duró, siquiera, 24 horas. Lo que pasa es que los de ahora decidieron no darle un papel protagónico, no le cedieron esa parte del gobierno, porque ya había adquirido mucha fuerza, porque se le consideraba proclive a la deslealtad, porque se acercó demasiado al PAN, porque maltrató en exceso a muchos gobernadores priistas, porque maneja mucho dinero en múltiples fideicomisos y porque el rumbo de la educación debe cambiarse para abrirla a la iniciativa privada, porque de eso se trata la reforma educativa. ¿A poco era un asunto de dineros, o de corruptelas? ¿A poco no sabían sus ahora encarceladores de la enorme fortuna de Elba Esther? ¿Ya se les olvidaron las Laptop’s que les regaló a todos los diputados federales en 2003? ¿Y las Hummers? ¿Y los viajes de fin de año de la cúpula magisterial? ¿De veras no sabían? ¿Cuántos de ellos fueron huéspedes, durante días, de las atenciones de la maestra en sus casas de San Diego? Por eso, es un despropósito asentar que el sindicato de maestros, o que Elba Esther sean los únicos responsables del atraso educativo del país. Tenemos las políticas educativas que han trazado quienes han gobernado –incluida la maestra y la cúpula sindical– y de las cuales se han beneficiado directamente los líderes sindicales; la diferencia con otros sindicatos es que, fruto de la importancia estructural de la educación y de la capacidad política de Gordillo, la dirigencia magisterial copó una buena parte de la estructura administrativa de la educación a todos los niveles; no nos vengan a decir que el responsable de la política petrolera es Romero Deschamps, el líder petrolero, o que los sucesores de la “Güera” Rodríguez Alcaine son los hacedores de la política eléctrica del país. Son casi idénticos, por eso no sorprende la manera en que el gobierno “arregló” el conflicto con la dirigencia del SNTE. Según la versión ofrecida por los nuevos dirigentes magisteriales, convocados por el Gobierno de la República para negociar el futuro inmediato del sindicato, los funcionarios gubernamentales les ofrecieron dos opciones: o enfrentamiento o una nueva dirigencia. Y es que el enfrentamiento, así lo dijeron varios dirigentes magisteriales, “significaba investigar también a los secretarios generales de cada una de las secciones sindicales y a los ex secretarios generales”. (Nota de Claudia Salazar, Reforma, 1/III/13). El mismo nuevo “líder” Juan Díaz de la Torre –el nuevo “Juanito” – dio a conocer que el gobierno tiene en sus manos los expedientes financieros de los secretarios generales del SNTE y, además, amenaza con investigarlos. Poca cosa, de acuerdo con esa investigación, “en los primeros 10 meses de 2012, la SEP, Hacienda y los gobiernos estatales les transfirieron (al Comité Nacional) 733 millones 200 mil pesos” por concepto de cuotas sindicales de los trabajadores de la educación de los niveles básico, medio superior y superior. (Ibídem). Además, indagarían a los últimos secretarios del gremio, Rafael Ochoa y Tomás Vázquez Vigil. No hay que ir muy lejos para imaginarse la respuesta de la cúpula sindical magisterial. De 269 consejeros presentes, Juanito obtuvo 268 ¡No hagan olas! Y el “líder” se cuidó de no mencionar, así fuera una sola ocasión a quien era, apenas hasta unas horas antes, el “sol” de los maestros de México. Pero nada en su discurso, ni en el de sus compañeros, hizo recordar que apenas el lunes anterior se habían lanzado a “tomar” las calles para oponerse a la reforma educativa. Tales afanes oposicionistas se fueron a la cárcel con su ex lideresa. ¡Ah, es que eran, hasta la detención de Gordillo, una cosa “ajena” al Estado! Ya regresaron al redil.