El Diario, 31 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
La impactante información publicada ayer por el periódico –y agencia– Reforma, consistente en que el General Mayor del Ejército mexicano, Manuel de Jesús Moreno Aviña, “ordenó al menos siete ejecuciones entre 2008 y 2009, cuando estuvo al frente de la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua”, concitará una gran indignación.
El jefe militar y 31 elementos más están detenidos en la prisión militar de Mazatlán y sujetos a proceso de la justicia militar, en el que han salido a relucir la comisión de una cantidad indignante de abusos por los acusados, que van de los homicidios, al tráfico de enervantes y al robo de vehículos y objetos de distinta clase a numerosas personas en aquella frontera.
El reportaje, basado en una carta enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional al periódico, recupera parte de las declaraciones de los soldados en las que “acusan al jefe militar de recibir sobornos de narcotraficantes, de obtener información de ex sicarios del grupo delictivo La Línea y de quedarse ilegalmente con vehículos, permitir cateos sin orden judicial, sembrar armas a detenidos y decidir cuáles de éstos eran remitidos al Ministerio Público y a cuáles desaparecer”.
Entre las ejecuciones ordenadas por el general se cuentan las de una secretaria del Ministerio Público Federal en Ojinaga, Chihuahua, Patricia Gardea González, asesinada el 23 de julio de 2009, del policía ministerial José Escárcega Meléndez, (al que acusaron de vender droga para Marco Rentería, supuesto líder de La Línea) y del policía municipal Jorge Luis Olivas Carrasco, a raíz de que detuviera al general por conducir en estado de ebriedad.
Las declaraciones de los acusados revelan la existencia de un verdadero narco poder en manos de los militares, (entre los acusados se encuentran otros dos oficiales de alto rango en el Ejército) que aprovecharon las circunstancias especiales aparecidas a partir de la declaratoria de guerra por Felipe Calderón a los narcotraficantes, en las que la violación a la legalidad se convirtió en una cosa más frecuente de lo que piensa y sabe la mayoría de la población.
Muchos lo dijeron, no se puede combatir a los ilegales usando la ilegalidad porque entonces no habrá quien pueda cerrar la puerta y dar paso a la legalidad, y porque en el proceso acudiremos (así lo escribimos al inicio de esta oleada de sangre, justamente al momento del inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, a fines de febrero y principios de marzo de 2008) a la muy frecuente violación del Estado de Derecho por parte de quienes están obligados a hacerlo respetar; a las ejecuciones extrajudiciales, a la posible creación de grupos paramilitares y a la simbiosis de las fuerzas oficiales y las de la delincuencia.
Por desgracia, las evidencias de la aparición de tales fenómenos aparecen cada vez con mayor frecuencia y ahora agravadas por una circunstancia aún peor.
Durante casi todos estos años, las fuerzas armadas han presionado a la clase política a fin de que se aprueben diversas reformas a los códigos, tanto penal, como militar y otros ordenamientos legales para que se conservara el fuero militar, sin embargo, tanto la Constitución General de la República, como las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia marcan un aspecto que, en el presente caso, prácticamente estalla en la cara, no solamente a las víctimas y sus familiares, sino al conjunto de la sociedad mexicana.
La Constitución es clarísima. Establece que en la comisión de un delito, por elementos de las fuerzas armadas, en el que estuviese involucrado un civil, el caso será atendido por la autoridad civil correspondiente, es decir, en este caso, el ministerio público federal y el Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, ni la letra, ni la intención de los legisladores al aprobar un articulado de esta especie son respetadas por el total de las autoridades federales, incluidas, por supuesto, las militares, las que en lugar de enviar un documento en el que pretenden convencernos de que la Secretaría de la Defensa Nacional no admite impunidad alguna, lo que debiesen hacer es poner a disposición de un juez federal a los acusados y con ello devolverle a la institución parte de la credibilidad perdida en esta guerra irracional (no por los objetivos, sino por los métodos) pues con su conducta lo que hacen es aumentar la suspicacia popular que cree ver en tales actos la intención de aligerar, o esconder, las faltas cometidas por integrantes de tal instituto.
martes, 31 de enero de 2012
domingo, 29 de enero de 2012
Siempre igual: oro por espejitos
El Diario, 29 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Puestos de “moda” los rarámuris y su asiento, La Tarahumara, gracias a una desgraciada circunstancia, fruto no solamente de las cambiantes condiciones climáticas, sino de la ancestral explotación sufrida por esta etnia y la, quizá, más famosa de las sierras mexicanas, debiera dar lugar a una profunda discusión sobre las reformas, esas sí estructurales, que se deben aplicar para iniciar el difícil camino del mejoramiento real de las condiciones de vida de los habitantes de La Tarahumara, en la que se ubican varios de los municipios más pobres del país y el continente.
La primera conclusión es la enorme insensatez de la forma como los gobiernos –estatal y federal– han impulsado la minería en esta zona del país. Pregonada como una de las actividades más dinámicas de la economía chihuahuense, ha sido entregada a las empresas extranjeras, especialmente las minas de oro, mayoritariamente concesionadas a consorcios canadienses.
Si la riqueza áurea ahí está ¿Por qué no crear e impulsar empresas sociales, de los propietarios de las tierras, para la explotación de los metales preciosos? ¿Por qué entregar, en bandeja de plata (y oro) nuestra riqueza?
En aras de abrir la economía mexicana al “libre comercio”, al influjo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se desreguló la explotación minera; en adelante se les considera como nacionales a las empresas norteamericanas y ya no pagan impuestos por la explotación minera, sólo un pago semestral, por la concesión, de entre $5.80 y 111 pesos por hectárea cada semestre por la explotación minera… y una renta a los propietarios de la tierra, y ya. Pagan IVA y el ISR, pero no es una novedad asentar que, como la mayoría de los gigantes empresariales establecidos en el país, eluden por todas las formas posibles el pago de impuestos.
Ahí está el gran negocio.
De las once minas más importantes del país, tres de ellas se encuentran en territorio de La Tarahumara: La de Dolores, en el pueblo de Huizopa, municipio de Madera, operada por Minefinders, con una reserva de 5 mil 219 millones de dólares; la Ocampo, ubicada en el municipio del mismo nombre, operada por Gammon Gold, con una reserva calculada en 2 mil 826 millones de dólares; y El Sauzal, en el municipio de Urique, operada por Goldcorp, con una reserva de 730 millones de dólares. (Nota de emeequis, 13/VI/11).
En el mercado nacional la onza de oro tiene un precio, a la compra, de 21 mil 300 pesos y a la venta de 23 mil 100 pesos.
¿Y los chihuahuenses con cuánto de esa riqueza nos quedaremos?
El estado de Chihuahua es el segundo productor nacional de oro (16 por ciento del total) y plata (18 por ciento). En el periodo 2006-2010 el volumen de su producción minera se incrementó cerca de 60 por ciento y el valor de la misma en alrededor de 75 por ciento, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Economía. “En dicho periodo, alrededor de 84 mil millones de pesos redituó la producción minera estatal, y de ese monto 66 por ciento correspondió a oro y plata. Las cifras oficiales indican que en el periodo citado la producción de oro se incrementó casi mil 600 por ciento y la de plata 120 por ciento... ¿Dónde quedaron esos 84 mil millones de pesos de producción minera en Chihuahua? Simple: en las alforjas de empresas privadas nacionales y extranjeras como en el caso de Grupo México de Germán Larrea (consentido de los gobiernos panistas), Mine Finders, Agnico Eagle Mines, Coeur d’Alene Mines, Gold Corp., Gammon Lake, Glamis Gold, Agnico Eagle Mines, Panamerican Goldfields, Gammon Gold y Jinchuan Group (de capital chino). A la estadounidense Coeur d’Alene Mines le cuesta 6.5 pesos, aproximadamente, producir una onza de plata, que en el mercado se vende a 130 pesos”. (México S.A., Carlos Fernández Vega, La Jornada, 19/I/12)
Después de un larguísimo conflicto, los ejidatarios de Huizopa obtuvieron que la empresa se comprometiera a aportar 30 millones de pesos para la creación de un fideicomiso que apoyará proyectos de desarrollo social y productivos; a la aportación de otros 12 millones de pesos para el camino que comunica a Ciudad Madera con los poblados de Dolores y Arroyo Amplio; además, ocho millones de pesos para la relocalización de los caseríos de Dolores y El Chabacán, e indemnizaciones personales a algunos de los ejidatarios.
Además de 85 millones de pesos para un proyecto de programas ambientales y de remediación. Y la estrella de los compromisos: La empresa se comprometió a aportar 15 mil dólares anuales durante la vigencia del proyecto, es decir, 195 mil pesos al año, para entregar becas, desde el nivel preescolar y hasta universitario, para hijas e hijos de los ejidatarios, así como para sus familiares directos y 25 mil dólares anuales aportados a la carrera de Ingeniería en Minas Geología y Metalurgia de la Uach. (Nota de Manuel Quezada, El Diario, 01/IV/09).
Según los canadienses, la empresa ha invertido 195 millones de dólares, con los que se han generado 350 empleos directos y 700 indirectos. Todo ello sin reparar en los daños que dejará como consecuencia del método de producción, lixiviación con cianuro de sodio.
Chihuahua se ufana de ser el segundo productor de oro en el país. En el curso de la última década las inversiones extranjeras en la entidad se han multiplicado y han llevado a que la producción local sea la más alta de la historia.
El Secretario de Gobierno del Estado del sexenio anterior, Sergio Granados, se ufanó, en la inauguración de los trabajos en Dolores, de haber obtenido que la industria minera hubiese hecho inversiones por más de 800 millones de dólares, “en adicionamiento y arranque de distintos proyectos de desarrollo, principalmente en la Sierra Tarahumara” que generaron 10 mil empleos e importantes obras de infraestructura.
Feliz, el vicepresidente de Operaciones de Minefinders, Gregg Bush, además de congratularse de la generación de mil empleos directos e indirectos.
De manera semejante, en esa concepción del subdesarrollo, la entonces Secretaria de Desarrollo Industrial, Marta Lara, en un recorrido por las principales instalaciones mineras de la entidad, en el que insistió en la bondad de la política seguida por el gobierno de Reyes Baeza, afirmó que “lo más importante de la industria minera, es el empleo, que para el estado, la verdadera riqueza está en el empleo, y los metales que extraen las minas, es algo secundario…”. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10).
Bueno, pues ahora sabemos que no es tan secundario. Si tomamos en cuenta las reservas de oro calculadas por la empresa minera para la mina Dolores –5 mil 219 millones de dólares– las inversiones efectuadas hasta ahora, sumadas a las erogaciones convenidas con los ejidatarios, significa que esa mina es uno de los mejores negocios existentes en el país, pues le dejará a los propietarios de Minefinders más de 3 mil millones de dólares de ganancias; si tomáramos en cuenta que pagaran, como se debe, el 29% del ISR, de todos modos se alzarían con una utilidad neta de 2 mil 100 millones de dólares ¡27 mil 300 millones de pesos
La importancia de la producción minera se puede calcular basándonos en que la empresa Minefinders informó a la Bolsa de Valores de ¡Nueva York que su producción de oro aumentó 65 por ciento durante el segundo trimestre del año (2009), debido al inicio de actividades de su mina Dolores, en Chihuahua, en la cual obtuvo 23 mil 366 onzas, con un valor de 514 millones 52 mil pesos, equivalentes a 39 millones 542 mil dólares ¡Sólo en el primer trimestre de producción y a precios de hoy (Nota de Excélsior, 7/VII/09).
En todos los casos, como si fuera un patrón seguido por las empresas canadienses, buscan ser catalogadas como empresas socialmente responsables y entonces apoyan con magras cantidades diversas actividades de los lugares en donde se asientan.
De ello se ufanó el nuevo dirigente ejidal de Dolores, Sergio Romero Torres, quien sostiene que el 80% de los ejidatarios de Huizopa están empleados por la minera “con sueldos bien remunerados” pues los comuneros “son ahora los proveedores de personal de la mina, además de que formaron tres empresas, que le venden diversos servicios a la minera”. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10).
Nadie objeta tales beneficios, pero puede ser que el monto de ellos no tenga relación con las utilidades obtenidas por las empresas mineras en el territorio estatal.
Lo dicho, espejitos por oro.
Luis Javier Valero Flores
Puestos de “moda” los rarámuris y su asiento, La Tarahumara, gracias a una desgraciada circunstancia, fruto no solamente de las cambiantes condiciones climáticas, sino de la ancestral explotación sufrida por esta etnia y la, quizá, más famosa de las sierras mexicanas, debiera dar lugar a una profunda discusión sobre las reformas, esas sí estructurales, que se deben aplicar para iniciar el difícil camino del mejoramiento real de las condiciones de vida de los habitantes de La Tarahumara, en la que se ubican varios de los municipios más pobres del país y el continente.
La primera conclusión es la enorme insensatez de la forma como los gobiernos –estatal y federal– han impulsado la minería en esta zona del país. Pregonada como una de las actividades más dinámicas de la economía chihuahuense, ha sido entregada a las empresas extranjeras, especialmente las minas de oro, mayoritariamente concesionadas a consorcios canadienses.
Si la riqueza áurea ahí está ¿Por qué no crear e impulsar empresas sociales, de los propietarios de las tierras, para la explotación de los metales preciosos? ¿Por qué entregar, en bandeja de plata (y oro) nuestra riqueza?
En aras de abrir la economía mexicana al “libre comercio”, al influjo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se desreguló la explotación minera; en adelante se les considera como nacionales a las empresas norteamericanas y ya no pagan impuestos por la explotación minera, sólo un pago semestral, por la concesión, de entre $5.80 y 111 pesos por hectárea cada semestre por la explotación minera… y una renta a los propietarios de la tierra, y ya. Pagan IVA y el ISR, pero no es una novedad asentar que, como la mayoría de los gigantes empresariales establecidos en el país, eluden por todas las formas posibles el pago de impuestos.
Ahí está el gran negocio.
De las once minas más importantes del país, tres de ellas se encuentran en territorio de La Tarahumara: La de Dolores, en el pueblo de Huizopa, municipio de Madera, operada por Minefinders, con una reserva de 5 mil 219 millones de dólares; la Ocampo, ubicada en el municipio del mismo nombre, operada por Gammon Gold, con una reserva calculada en 2 mil 826 millones de dólares; y El Sauzal, en el municipio de Urique, operada por Goldcorp, con una reserva de 730 millones de dólares. (Nota de emeequis, 13/VI/11).
En el mercado nacional la onza de oro tiene un precio, a la compra, de 21 mil 300 pesos y a la venta de 23 mil 100 pesos.
¿Y los chihuahuenses con cuánto de esa riqueza nos quedaremos?
El estado de Chihuahua es el segundo productor nacional de oro (16 por ciento del total) y plata (18 por ciento). En el periodo 2006-2010 el volumen de su producción minera se incrementó cerca de 60 por ciento y el valor de la misma en alrededor de 75 por ciento, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Economía. “En dicho periodo, alrededor de 84 mil millones de pesos redituó la producción minera estatal, y de ese monto 66 por ciento correspondió a oro y plata. Las cifras oficiales indican que en el periodo citado la producción de oro se incrementó casi mil 600 por ciento y la de plata 120 por ciento... ¿Dónde quedaron esos 84 mil millones de pesos de producción minera en Chihuahua? Simple: en las alforjas de empresas privadas nacionales y extranjeras como en el caso de Grupo México de Germán Larrea (consentido de los gobiernos panistas), Mine Finders, Agnico Eagle Mines, Coeur d’Alene Mines, Gold Corp., Gammon Lake, Glamis Gold, Agnico Eagle Mines, Panamerican Goldfields, Gammon Gold y Jinchuan Group (de capital chino). A la estadounidense Coeur d’Alene Mines le cuesta 6.5 pesos, aproximadamente, producir una onza de plata, que en el mercado se vende a 130 pesos”. (México S.A., Carlos Fernández Vega, La Jornada, 19/I/12)
Después de un larguísimo conflicto, los ejidatarios de Huizopa obtuvieron que la empresa se comprometiera a aportar 30 millones de pesos para la creación de un fideicomiso que apoyará proyectos de desarrollo social y productivos; a la aportación de otros 12 millones de pesos para el camino que comunica a Ciudad Madera con los poblados de Dolores y Arroyo Amplio; además, ocho millones de pesos para la relocalización de los caseríos de Dolores y El Chabacán, e indemnizaciones personales a algunos de los ejidatarios.
Además de 85 millones de pesos para un proyecto de programas ambientales y de remediación. Y la estrella de los compromisos: La empresa se comprometió a aportar 15 mil dólares anuales durante la vigencia del proyecto, es decir, 195 mil pesos al año, para entregar becas, desde el nivel preescolar y hasta universitario, para hijas e hijos de los ejidatarios, así como para sus familiares directos y 25 mil dólares anuales aportados a la carrera de Ingeniería en Minas Geología y Metalurgia de la Uach. (Nota de Manuel Quezada, El Diario, 01/IV/09).
Según los canadienses, la empresa ha invertido 195 millones de dólares, con los que se han generado 350 empleos directos y 700 indirectos. Todo ello sin reparar en los daños que dejará como consecuencia del método de producción, lixiviación con cianuro de sodio.
Chihuahua se ufana de ser el segundo productor de oro en el país. En el curso de la última década las inversiones extranjeras en la entidad se han multiplicado y han llevado a que la producción local sea la más alta de la historia.
El Secretario de Gobierno del Estado del sexenio anterior, Sergio Granados, se ufanó, en la inauguración de los trabajos en Dolores, de haber obtenido que la industria minera hubiese hecho inversiones por más de 800 millones de dólares, “en adicionamiento y arranque de distintos proyectos de desarrollo, principalmente en la Sierra Tarahumara” que generaron 10 mil empleos e importantes obras de infraestructura.
Feliz, el vicepresidente de Operaciones de Minefinders, Gregg Bush, además de congratularse de la generación de mil empleos directos e indirectos.
De manera semejante, en esa concepción del subdesarrollo, la entonces Secretaria de Desarrollo Industrial, Marta Lara, en un recorrido por las principales instalaciones mineras de la entidad, en el que insistió en la bondad de la política seguida por el gobierno de Reyes Baeza, afirmó que “lo más importante de la industria minera, es el empleo, que para el estado, la verdadera riqueza está en el empleo, y los metales que extraen las minas, es algo secundario…”. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10).
Bueno, pues ahora sabemos que no es tan secundario. Si tomamos en cuenta las reservas de oro calculadas por la empresa minera para la mina Dolores –5 mil 219 millones de dólares– las inversiones efectuadas hasta ahora, sumadas a las erogaciones convenidas con los ejidatarios, significa que esa mina es uno de los mejores negocios existentes en el país, pues le dejará a los propietarios de Minefinders más de 3 mil millones de dólares de ganancias; si tomáramos en cuenta que pagaran, como se debe, el 29% del ISR, de todos modos se alzarían con una utilidad neta de 2 mil 100 millones de dólares ¡27 mil 300 millones de pesos
La importancia de la producción minera se puede calcular basándonos en que la empresa Minefinders informó a la Bolsa de Valores de ¡Nueva York que su producción de oro aumentó 65 por ciento durante el segundo trimestre del año (2009), debido al inicio de actividades de su mina Dolores, en Chihuahua, en la cual obtuvo 23 mil 366 onzas, con un valor de 514 millones 52 mil pesos, equivalentes a 39 millones 542 mil dólares ¡Sólo en el primer trimestre de producción y a precios de hoy (Nota de Excélsior, 7/VII/09).
En todos los casos, como si fuera un patrón seguido por las empresas canadienses, buscan ser catalogadas como empresas socialmente responsables y entonces apoyan con magras cantidades diversas actividades de los lugares en donde se asientan.
De ello se ufanó el nuevo dirigente ejidal de Dolores, Sergio Romero Torres, quien sostiene que el 80% de los ejidatarios de Huizopa están empleados por la minera “con sueldos bien remunerados” pues los comuneros “son ahora los proveedores de personal de la mina, además de que formaron tres empresas, que le venden diversos servicios a la minera”. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10).
Nadie objeta tales beneficios, pero puede ser que el monto de ellos no tenga relación con las utilidades obtenidas por las empresas mineras en el territorio estatal.
Lo dicho, espejitos por oro.
viernes, 27 de enero de 2012
Sin Elba
El Diario, 27 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Pocas noticias pueden haberle causado tanta alegría a los buenos militantes del PRI, que repudian a las mafias sindicales, como la decisión de romper la alianza de su partido con el de la lideresa sindical, Elba Esther Gordillo, a quien le habían otorgado otra importante suma de prebendas políticas, de las que los primeros beneficiarios serían algunos de los familiares más cercanos de la maestra.
Pero no solo a ellos, seguramente a otros ciudadanos, simpatizantes del PRI, y que guardan opiniones muy críticas a quien se ha convertido en el símbolo nacional de las componendas y las negociaciones obscuras para obtener y acrecentar el poder a costa de cualquier precio.
Gordillo no es solamente la dirigente a perpetuidad del magisterio, también lo es del Partido Nueva Alianza y de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP) que agrupa a sindicatos como el SNTE, el de Sedesol, el de Sagarpa, de SCT y el independiente del ISSSTE y otros de la burocracia federal.
Por si fuera poco, tiene a su disposición el Fondo de Retiro del Issste y el de los seguros de vida de esos trabajadores, los que representan decenas de miles de millones de pesos.
Además, como parte de la herencia del pasado priista, sigue negociando y obteniendo que una buena parte de la estructura directiva de las secretarías de educación en los estados sea prácticamente de su propiedad, y con ello, en la realidad, impone las políticas educativas en las entidades, amén de haber logrado, en el actual sexenio, ubicar a su yerno como Subsecretario de Educación Básica.
¿Necesita la alianza formal con el PRI para avanzar en la consolidación de su poder? Por supuesto, no, de ahí las frases edulcoradas lanzadas entre sí por los dirigentes formales de ambos partidos, cosa que en otras circunstancias y otros actores hubiesen despertado viscerales declaraciones y más vigorosas denuncias públicas de todo tipo. Si se separaron electoralmente es porque les convenía a ambas fuerzas, quizá más al PRI por los riesgos de fracturas inminentes, pero también a los panalistas, así podrán intentar mantener su registro electoral.
Si necesitáramos antecedentes para demostrar que no les hace falta la alianza formal recordemos el pasado reciente. La maestra efectuó una alianza real con una parte del panismo, el que representaba Fox el sexenio pasado, y el que representa Felipe Calderón en el actual. Por ello, y por su notable carencia política, Ernesto Cordero no atinó a declarar con claridad si podrían ir juntos en la contienda electoral del presente año. Creyó que las señales procedentes de Los Pinos eran en ese sentido y no fue capaz de deslindarse de una relación que tanto han criticado infinidad de panistas, justamente a unos días de acudir a la elección interna.
De ahí que, en el camino, si esa es la conclusión de Elba Esther Gordillo, podrá acordar con Enrique Peña Nieto y ayudarle a la construcción de la estructura electoral, a la conformación de los equipos de activistas encargados de la obtención de los votos y, finalmente, a ganar la presidencia de la república… y cobrar luego.
Es de tal magnitud la fuerza de la cúpula magisterial que es imposible desligar el atraso educativo del país de tal dirigencia; por ello, y en virtud del papel alcanzado en el seno de la sociedad, el desmantelamiento de tal entramado –tan perjudicial para la vida nacional- adquiere rango de impostergable para todas las fuerzas políticas que se precien de democráticas. Por supuesto, para los candidatos presidenciales.
Hoy todo mundo habla de la importancia de la educación para enfrentar a mediano plazo la incidencia delictiva, pero pocos, en el poder, se atreven a hablar de la estrecha relación entre la mediocridad de la educación en el país y la cúpula sindical que constriñe a los cientos de miles de maestros en el país. Que algunos son malos, ni duda cabe, pero desde el Estado no existen los mecanismos necesarios para afrontar las graves deficiencias educativas.
Y no existen porque en términos reales el presupuesto educativo y la planta laboral son parte del botín que una parte de la clase política se reparte a placer.
Esa es la importancia verdadera de la ruptura de la alianza.
¿Podrán el PRI, y Peña Nieto, si acaso ganaran la elección, romper con ese entramado de intereses y demostrarle al país que son un nuevo PRI?
¿Podrá Calderón desestimar tan apreciable tentación?
Difícil…
Luis Javier Valero Flores
Pocas noticias pueden haberle causado tanta alegría a los buenos militantes del PRI, que repudian a las mafias sindicales, como la decisión de romper la alianza de su partido con el de la lideresa sindical, Elba Esther Gordillo, a quien le habían otorgado otra importante suma de prebendas políticas, de las que los primeros beneficiarios serían algunos de los familiares más cercanos de la maestra.
Pero no solo a ellos, seguramente a otros ciudadanos, simpatizantes del PRI, y que guardan opiniones muy críticas a quien se ha convertido en el símbolo nacional de las componendas y las negociaciones obscuras para obtener y acrecentar el poder a costa de cualquier precio.
Gordillo no es solamente la dirigente a perpetuidad del magisterio, también lo es del Partido Nueva Alianza y de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP) que agrupa a sindicatos como el SNTE, el de Sedesol, el de Sagarpa, de SCT y el independiente del ISSSTE y otros de la burocracia federal.
Por si fuera poco, tiene a su disposición el Fondo de Retiro del Issste y el de los seguros de vida de esos trabajadores, los que representan decenas de miles de millones de pesos.
Además, como parte de la herencia del pasado priista, sigue negociando y obteniendo que una buena parte de la estructura directiva de las secretarías de educación en los estados sea prácticamente de su propiedad, y con ello, en la realidad, impone las políticas educativas en las entidades, amén de haber logrado, en el actual sexenio, ubicar a su yerno como Subsecretario de Educación Básica.
¿Necesita la alianza formal con el PRI para avanzar en la consolidación de su poder? Por supuesto, no, de ahí las frases edulcoradas lanzadas entre sí por los dirigentes formales de ambos partidos, cosa que en otras circunstancias y otros actores hubiesen despertado viscerales declaraciones y más vigorosas denuncias públicas de todo tipo. Si se separaron electoralmente es porque les convenía a ambas fuerzas, quizá más al PRI por los riesgos de fracturas inminentes, pero también a los panalistas, así podrán intentar mantener su registro electoral.
Si necesitáramos antecedentes para demostrar que no les hace falta la alianza formal recordemos el pasado reciente. La maestra efectuó una alianza real con una parte del panismo, el que representaba Fox el sexenio pasado, y el que representa Felipe Calderón en el actual. Por ello, y por su notable carencia política, Ernesto Cordero no atinó a declarar con claridad si podrían ir juntos en la contienda electoral del presente año. Creyó que las señales procedentes de Los Pinos eran en ese sentido y no fue capaz de deslindarse de una relación que tanto han criticado infinidad de panistas, justamente a unos días de acudir a la elección interna.
De ahí que, en el camino, si esa es la conclusión de Elba Esther Gordillo, podrá acordar con Enrique Peña Nieto y ayudarle a la construcción de la estructura electoral, a la conformación de los equipos de activistas encargados de la obtención de los votos y, finalmente, a ganar la presidencia de la república… y cobrar luego.
Es de tal magnitud la fuerza de la cúpula magisterial que es imposible desligar el atraso educativo del país de tal dirigencia; por ello, y en virtud del papel alcanzado en el seno de la sociedad, el desmantelamiento de tal entramado –tan perjudicial para la vida nacional- adquiere rango de impostergable para todas las fuerzas políticas que se precien de democráticas. Por supuesto, para los candidatos presidenciales.
Hoy todo mundo habla de la importancia de la educación para enfrentar a mediano plazo la incidencia delictiva, pero pocos, en el poder, se atreven a hablar de la estrecha relación entre la mediocridad de la educación en el país y la cúpula sindical que constriñe a los cientos de miles de maestros en el país. Que algunos son malos, ni duda cabe, pero desde el Estado no existen los mecanismos necesarios para afrontar las graves deficiencias educativas.
Y no existen porque en términos reales el presupuesto educativo y la planta laboral son parte del botín que una parte de la clase política se reparte a placer.
Esa es la importancia verdadera de la ruptura de la alianza.
¿Podrán el PRI, y Peña Nieto, si acaso ganaran la elección, romper con ese entramado de intereses y demostrarle al país que son un nuevo PRI?
¿Podrá Calderón desestimar tan apreciable tentación?
Difícil…
miércoles, 25 de enero de 2012
Demagogia, arma para ganar
El Diario, 24 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Hacer durante la campaña algunas de las propuestas aparentemente más sentidas por la población, sin que en ellas se encuentren necesariamente razones válidas para concretarlas, o porque de plano son imposibles de realizar, o que solo se hacen eco de las opiniones más conservadoras, y por qué no decirlo, más cargadas de ignorancia, es uno de los rasgos característicos de la clase política mexicana (con sus excepciones, obviamente).
Durante meses, el conductor radiofónico Pedro Ferriz y algunas de las organizaciones más reaccionarias han hecho circular –Ferriz en su programa- en la internet una campaña a fin de desaparecer la figura de los diputados plurinominales, por ser, sintetiza el escribiente sus argumentos, extremadamente nocivos para el país.
Como si la categoría de plurinominales –en realidad, diputados de representación proporcional- los convirtiera en los más dañinos, a diferencia –en esta concepción- de los de mayoría relativa, es decir, los derivados de la elección directa.
Ahora, en el curso de la precampaña de los aspirantes a las candidaturas al senado del PAN, el ex alcalde capitalino, Carlos Borruel, retomó tal postura –además de proponer la disminución del número de legisladores, de sus dietas y prerrogativas (¿También las compensaciones, tan altamente elevadas en su gestión municipal?)- y la ampliación de los períodos ordinarios de sesiones, además de pronunciarse por “una verdadera reforma de estado (que) será la que coloque a los mexicanos por encima de sus gobernantes; no somos subalternos de los legisladores, somos hombres y mujeres que merecemos la libertad”.
La propuesta de Borruel llevaría a que la Cámara de Diputados estuviese integrada por solamente 300 miembros, es decir, solo accederían a ella los triunfadores de las elecciones en los distritos.
Lanzada así la propuesta, dados los elevados índices de rechazo popular a los legisladores, y ausente en la mayoría de la gente la noción de la proporcionalidad necesariamente presente –o que debiese existir- en los órganos colegiados de gobierno, entonces se logra altos grados de simpatía para quien la promueve, pero refleja cuán lejos estamos de vivir en una democracia desarrollada.
Si se atendiera tal propuesta, llegados a las posiciones extremas, podría darse el caso –como lo fue en algunas ocasiones en el pasado, antes de 1997- de que un partido podría ganar todos los distritos con distintas ventajas en cada uno de ellos, pero que de acuerdo con la realidad actual sí se podría delinear un panorama más o menos cercano. Es decir, podría un partido ganar en los 300 distritos con una votación general de alrededor del 40%, otro partido, sin triunfos de mayoría, obtener 35% y otro el restante 25%.
Pues bien, en términos de la propuesta de Borruel, significaría que el primer partido tendría 300 diputados y los demás, ninguno. Por tanto, el 60% de la población (por lo menos los votantes) no tendría representación en ese órgano parlamentario.
Y ese es el principal problema de tal propuesta, que adolece del más elemental estudio de la sociedad moderna, de sus tendencias presentes; del necesario conocimiento de la necesidad de la construcción de un régimen democrático, pues el mundo –casi por entero- camina a la conformación de regímenes parlamentarios, en los que la principal característica es la representación proporcional de todas las fuerzas políticas participantes en los procesos electorales, pero que obtiene en amplias capas de los sectores medios de la población –aquellos con acceso a la internet- muy grandes simpatías, fundamentalmente por el desconocimiento de éstas acerca de aquellos temas, o también, al hartazgo de muchísimos mexicanos hacia la clase política.
Más aún, esa propuesta, ni siquiera en su propio partido la aceptan, en algún momento varios de sus militantes y candidatos la enarbolaron, pero le costaría mucho a un partido que puede perder la presidencia de la república, y los abundantes puestos y jugosos salarios devengados, perder también la posibilidad de quedarse con cerca de un centenar de diputados federales.
No, no tiene viabilidad alguna tal propuesta, sólo la pretensión de ganar votos en la interna, a como dé lugar.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Hacer durante la campaña algunas de las propuestas aparentemente más sentidas por la población, sin que en ellas se encuentren necesariamente razones válidas para concretarlas, o porque de plano son imposibles de realizar, o que solo se hacen eco de las opiniones más conservadoras, y por qué no decirlo, más cargadas de ignorancia, es uno de los rasgos característicos de la clase política mexicana (con sus excepciones, obviamente).
Durante meses, el conductor radiofónico Pedro Ferriz y algunas de las organizaciones más reaccionarias han hecho circular –Ferriz en su programa- en la internet una campaña a fin de desaparecer la figura de los diputados plurinominales, por ser, sintetiza el escribiente sus argumentos, extremadamente nocivos para el país.
Como si la categoría de plurinominales –en realidad, diputados de representación proporcional- los convirtiera en los más dañinos, a diferencia –en esta concepción- de los de mayoría relativa, es decir, los derivados de la elección directa.
Ahora, en el curso de la precampaña de los aspirantes a las candidaturas al senado del PAN, el ex alcalde capitalino, Carlos Borruel, retomó tal postura –además de proponer la disminución del número de legisladores, de sus dietas y prerrogativas (¿También las compensaciones, tan altamente elevadas en su gestión municipal?)- y la ampliación de los períodos ordinarios de sesiones, además de pronunciarse por “una verdadera reforma de estado (que) será la que coloque a los mexicanos por encima de sus gobernantes; no somos subalternos de los legisladores, somos hombres y mujeres que merecemos la libertad”.
La propuesta de Borruel llevaría a que la Cámara de Diputados estuviese integrada por solamente 300 miembros, es decir, solo accederían a ella los triunfadores de las elecciones en los distritos.
Lanzada así la propuesta, dados los elevados índices de rechazo popular a los legisladores, y ausente en la mayoría de la gente la noción de la proporcionalidad necesariamente presente –o que debiese existir- en los órganos colegiados de gobierno, entonces se logra altos grados de simpatía para quien la promueve, pero refleja cuán lejos estamos de vivir en una democracia desarrollada.
Si se atendiera tal propuesta, llegados a las posiciones extremas, podría darse el caso –como lo fue en algunas ocasiones en el pasado, antes de 1997- de que un partido podría ganar todos los distritos con distintas ventajas en cada uno de ellos, pero que de acuerdo con la realidad actual sí se podría delinear un panorama más o menos cercano. Es decir, podría un partido ganar en los 300 distritos con una votación general de alrededor del 40%, otro partido, sin triunfos de mayoría, obtener 35% y otro el restante 25%.
Pues bien, en términos de la propuesta de Borruel, significaría que el primer partido tendría 300 diputados y los demás, ninguno. Por tanto, el 60% de la población (por lo menos los votantes) no tendría representación en ese órgano parlamentario.
Y ese es el principal problema de tal propuesta, que adolece del más elemental estudio de la sociedad moderna, de sus tendencias presentes; del necesario conocimiento de la necesidad de la construcción de un régimen democrático, pues el mundo –casi por entero- camina a la conformación de regímenes parlamentarios, en los que la principal característica es la representación proporcional de todas las fuerzas políticas participantes en los procesos electorales, pero que obtiene en amplias capas de los sectores medios de la población –aquellos con acceso a la internet- muy grandes simpatías, fundamentalmente por el desconocimiento de éstas acerca de aquellos temas, o también, al hartazgo de muchísimos mexicanos hacia la clase política.
Más aún, esa propuesta, ni siquiera en su propio partido la aceptan, en algún momento varios de sus militantes y candidatos la enarbolaron, pero le costaría mucho a un partido que puede perder la presidencia de la república, y los abundantes puestos y jugosos salarios devengados, perder también la posibilidad de quedarse con cerca de un centenar de diputados federales.
No, no tiene viabilidad alguna tal propuesta, sólo la pretensión de ganar votos en la interna, a como dé lugar.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx
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domingo, 22 de enero de 2012
Nuevamente Patricio
El Diario, 22 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Ocho años después de haberse retirado de la escena pública –por lo menos como candidato o funcionario público– el ex gobernador más polémico de las últimas décadas, Patricio Martínez, regresa al principal de los escenarios. De inmediato ha suscitado simpatías, sobre todo entre los electores priístas –y también de algunos que no se identifican tanto con este partido– que añoraban, decían, la mano fuerte y la decisión enérgica imprimidas a su gobierno, en el cual, confirman una y otra vez, había control sobre la delincuencia organizada y que, en esa misma orientación de pensamientos, se había echado por la borda en el gobierno de Reyes Baeza al cual criticó severamente.
Seguramente que tales rasgos, además de las negociaciones políticas, fueron los determinantes para que la dirigencia nacional (ahí incluimos, por supuesto, en primer lugar al gobernador César Duarte, al dirigente nacional, Pedro Joaquín y a Enrique Peña Nieto) resolviera impulsar a Patricio Martínez.
Seguramente que los estudios de opinión lo favorecieron ya que una buena parte de la población, ante la ola de violencia, recrudeció sus tendencias al mayor castigo y a la mano dura para enfrentar a los señores de la muerte y esos son los atributos más recordados, se dice, de Patricio.
No solo eso, también le achacan buena administración y una abundante obra pública.
Ahora. Cuando era gobernador eran otras las opiniones generalizadas, a tal grado mayoritarias que la llegada del discurso mesurado y la bonhomía –reconocida por todas las fuerzas políticas– del deliciense Reyes Baeza fue una de las cosas que más se le elogió.
Dicho lo anterior no quiere decir que el de San Francisco de Borja carezca de simpatías, al contrario, pero es hombre que despierta pasiones al extremo. Sus detractores lo fueron tan apasionados como sus seguidores; sólo recordemos los incendiarios discursos del panista Cruz Pérez Cuéllar y los no menos eventos, discursos y escritos del perredista Jaime García Chávez.
La aparición de Patricio diluye de manera importante el impacto causado por la postulación de la ex diputada Lilia Merodio, no tan bien aceptada por los priístas del centro y sur de la entidad, pero que supo sumarse a tiempo a la precandidatura de César Duarte (y alejarse, por tanto, de Héctor Murguía, en un momento crucial para las aspiraciones del actual alcalde juarense) y en el ámbito nacional ligarse, como Duarte, al equipo de Emilio Gamboa, bajo cuyo liderazgo parlamentario ambos llegaron a las posiciones que hoy gozan.
Durante meses, prácticamente la duración del actual gobierno, César Duarte engañó con “la verdadera” a quienes intentaban saber a toda costa quienes serían los candidatos del PRI al senado. Sin embargo, en ese lapso, casi invariablemente, el ex gobernante aparecía en infinidad de actos públicos en un lugar más cercano a Duarte que los titulares de los otros dos poderes –contra la lógica de los protocolos oficiales– y a veces más cerca que el representante del ejército mexicano. Por supuesto que la pregunta era obvia, ¿en razón de qué aparece el ex gobernador en los presídiums oficiales?
Ahora ya la sabemos, en su calidad de cuasi senador y porque así lo decidía el gobernador.
En adelante lo hará, si así lo resuelven los electores, como senador de Chihuahua y como uno de los factótum del momento actual en nuestra entidad, razones no nos faltan para pensarlo así, un buen grupo de quienes acompañaron a Patricio en el gobierno ocuparon y ocupan lugares importantes en el gabinete, bueno, hasta el hijo del ex gobernador, Patricio Martínez Aguirre, es quien se encarga de la promoción industrial de Chihuahua desde la Dirección de Industria de la Secretaría de Economía y que al inquirírsele acerca de su falta de experiencia en el cargo informó que continuamente le pedía consejos a la ex Secretaria del mismo cargo, Marta Lara.
No corrió con la misma suerte el ex gobernador Reyes Baeza, la mayoría de quienes lo acompañaron en la administración ya no están, u ocupan lugares no relevantes, salvo el profesor Mario Tarango, quien guarda una buena relación con el actual mandatario y a quien visitaba frecuentemente en la época que se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados.
Por otro lado, la ruptura de la alianza del PRI con el Panal, el partido de la maestra Elba Esther Gordillo, vino a mostrar que las diferencias al seno de la dirigencia nacional del tricolor eran muchas y de hondo calado pues Humberto Moreira fue el principal impulsor del acercamiento con el partido magisterial; no en balde se decía que la mayor parte de su carrera política tenía su origen en el impulso imprimido a ella por la maestra Gordillo.
Y la caída de Moreira puede ser funesta (por lo menos ahora, y en esta elección) para las aspiraciones senatoriales del más reciente de los ex gobernadores chihuahuenses pues si antes, bajo ese liderazgo partidario se le consideraba como casi segura su inclusión en la lista plurinominal del PRI al senado, ahora se antoja casi imposible con el regreso de Graciela Ortiz al Comité Nacional y su cercanía con la ex presidenta nacional Beatriz Paredes, casi candidata priísta a la jefatura de gobierno del DF.
Además, el grupo de Reyes Baeza mantenía –¿mantiene?– una buena relación con la dirigente sindical. Hoy, esos dos factores han cambiado.
Aquí haremos un alto en el curso de estas reflexiones para ayudar a la difusión del mecanismo de elección de los senadores. No es una novedad la confusión de muchos electores acerca de este tema. Los senadores plurinominales son 32 –para todos los partidos– y tienen como origen la lista de candidatos plurinominales propuesta por cada partido, compuesta por 32 aspirantes. Es del ámbito nacional y el número de senadores lo otorgará el porcentaje de la votación obtenida por cada uno de los agrupamientos partidarios. Así, si un partido obtuviese el 50% de los votos en el país, obtendría 16 senadores de la lista plurinominal, independientemente de los ganados en cada una de las entidades.
Otra es la vía de los candidatos de mayoría relativa, en dos fórmulas de propietario y suplente, propuestos por cada partido y que se someten a la votación directa de los electores en cada estado. El partido que obtenga la mayoría de votos logrará que los titulares de sus dos fórmulas se conviertan en senadores. A su vez, el partido que obtenga el segundo lugar de la votación en cada estado, colocará al titular de la primera fórmula como senador de la república.
Tales complicaciones en el método de elegir a los senadores, además de la cuota de género, (no más de 60% de candidatos de uno de ellos, en cualquiera de las listas y candidaturas) llevaron a Lilia Merodio a la candidatura y a la exclusión del presidente municipal juarense, Héctor Murguía, quien sufre un tropezón, quizá fundamental en sus aspiraciones a la sucesión de César Duarte en 2016, y a la posible inclusión de la ex secretaria general, Graciela Ortiz, en la lista plurinominal. Si ésta logra estar en los primeros 11 lugares –de acuerdo con las encuestas de este momento no es aventurada tal predicción– será senadora, pues basta con que su partido obtenga el 35% de la votación nacional en la elección de senadores para hacerlo.
Y si esos son los principales rasgos de las postulaciones del PRI en el ámbito local, la decisión del comité nacional de romper la alianza con el Panal podrá representar otros riesgos para el primero, pues aunque el nuevo escenario sin el partido magisterial, como se vea, es un respiro hacia el interior, ya que desactivará algunos de los conflictos más serios presentados en varios estados, hacia el exterior puede propiciar la concreción de la alianza de ese partido con el PAN. Felipe Calderón no tuvo empacho en aliarse con la maestra Gordillo para impulsar a su hermana a la gubernatura de Michoacán y lo mismo puede intentar en la elección presidencial.
Pero internamente la ruptura con el Panal es una bocanada de oxígeno puro al PRI debido a que cumple una de las exigencias de Manlio Fabio Beltrones y de otros muy distinguidos priístas, entre ellos ni más ni menos que dos ex presidentas nacionales –Dulce María Sauri Riancho y María de los Ángeles Moreno–, un ex Secretario de Gobernación –Manuel Bartlett– y un ex candidato presidencial, Francisco Labastida.
Así arrancarán, con Patricio de vuelta.
Veremos.
Luis Javier Valero Flores
Ocho años después de haberse retirado de la escena pública –por lo menos como candidato o funcionario público– el ex gobernador más polémico de las últimas décadas, Patricio Martínez, regresa al principal de los escenarios. De inmediato ha suscitado simpatías, sobre todo entre los electores priístas –y también de algunos que no se identifican tanto con este partido– que añoraban, decían, la mano fuerte y la decisión enérgica imprimidas a su gobierno, en el cual, confirman una y otra vez, había control sobre la delincuencia organizada y que, en esa misma orientación de pensamientos, se había echado por la borda en el gobierno de Reyes Baeza al cual criticó severamente.
Seguramente que tales rasgos, además de las negociaciones políticas, fueron los determinantes para que la dirigencia nacional (ahí incluimos, por supuesto, en primer lugar al gobernador César Duarte, al dirigente nacional, Pedro Joaquín y a Enrique Peña Nieto) resolviera impulsar a Patricio Martínez.
Seguramente que los estudios de opinión lo favorecieron ya que una buena parte de la población, ante la ola de violencia, recrudeció sus tendencias al mayor castigo y a la mano dura para enfrentar a los señores de la muerte y esos son los atributos más recordados, se dice, de Patricio.
No solo eso, también le achacan buena administración y una abundante obra pública.
Ahora. Cuando era gobernador eran otras las opiniones generalizadas, a tal grado mayoritarias que la llegada del discurso mesurado y la bonhomía –reconocida por todas las fuerzas políticas– del deliciense Reyes Baeza fue una de las cosas que más se le elogió.
Dicho lo anterior no quiere decir que el de San Francisco de Borja carezca de simpatías, al contrario, pero es hombre que despierta pasiones al extremo. Sus detractores lo fueron tan apasionados como sus seguidores; sólo recordemos los incendiarios discursos del panista Cruz Pérez Cuéllar y los no menos eventos, discursos y escritos del perredista Jaime García Chávez.
La aparición de Patricio diluye de manera importante el impacto causado por la postulación de la ex diputada Lilia Merodio, no tan bien aceptada por los priístas del centro y sur de la entidad, pero que supo sumarse a tiempo a la precandidatura de César Duarte (y alejarse, por tanto, de Héctor Murguía, en un momento crucial para las aspiraciones del actual alcalde juarense) y en el ámbito nacional ligarse, como Duarte, al equipo de Emilio Gamboa, bajo cuyo liderazgo parlamentario ambos llegaron a las posiciones que hoy gozan.
Durante meses, prácticamente la duración del actual gobierno, César Duarte engañó con “la verdadera” a quienes intentaban saber a toda costa quienes serían los candidatos del PRI al senado. Sin embargo, en ese lapso, casi invariablemente, el ex gobernante aparecía en infinidad de actos públicos en un lugar más cercano a Duarte que los titulares de los otros dos poderes –contra la lógica de los protocolos oficiales– y a veces más cerca que el representante del ejército mexicano. Por supuesto que la pregunta era obvia, ¿en razón de qué aparece el ex gobernador en los presídiums oficiales?
Ahora ya la sabemos, en su calidad de cuasi senador y porque así lo decidía el gobernador.
En adelante lo hará, si así lo resuelven los electores, como senador de Chihuahua y como uno de los factótum del momento actual en nuestra entidad, razones no nos faltan para pensarlo así, un buen grupo de quienes acompañaron a Patricio en el gobierno ocuparon y ocupan lugares importantes en el gabinete, bueno, hasta el hijo del ex gobernador, Patricio Martínez Aguirre, es quien se encarga de la promoción industrial de Chihuahua desde la Dirección de Industria de la Secretaría de Economía y que al inquirírsele acerca de su falta de experiencia en el cargo informó que continuamente le pedía consejos a la ex Secretaria del mismo cargo, Marta Lara.
No corrió con la misma suerte el ex gobernador Reyes Baeza, la mayoría de quienes lo acompañaron en la administración ya no están, u ocupan lugares no relevantes, salvo el profesor Mario Tarango, quien guarda una buena relación con el actual mandatario y a quien visitaba frecuentemente en la época que se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados.
Por otro lado, la ruptura de la alianza del PRI con el Panal, el partido de la maestra Elba Esther Gordillo, vino a mostrar que las diferencias al seno de la dirigencia nacional del tricolor eran muchas y de hondo calado pues Humberto Moreira fue el principal impulsor del acercamiento con el partido magisterial; no en balde se decía que la mayor parte de su carrera política tenía su origen en el impulso imprimido a ella por la maestra Gordillo.
Y la caída de Moreira puede ser funesta (por lo menos ahora, y en esta elección) para las aspiraciones senatoriales del más reciente de los ex gobernadores chihuahuenses pues si antes, bajo ese liderazgo partidario se le consideraba como casi segura su inclusión en la lista plurinominal del PRI al senado, ahora se antoja casi imposible con el regreso de Graciela Ortiz al Comité Nacional y su cercanía con la ex presidenta nacional Beatriz Paredes, casi candidata priísta a la jefatura de gobierno del DF.
Además, el grupo de Reyes Baeza mantenía –¿mantiene?– una buena relación con la dirigente sindical. Hoy, esos dos factores han cambiado.
Aquí haremos un alto en el curso de estas reflexiones para ayudar a la difusión del mecanismo de elección de los senadores. No es una novedad la confusión de muchos electores acerca de este tema. Los senadores plurinominales son 32 –para todos los partidos– y tienen como origen la lista de candidatos plurinominales propuesta por cada partido, compuesta por 32 aspirantes. Es del ámbito nacional y el número de senadores lo otorgará el porcentaje de la votación obtenida por cada uno de los agrupamientos partidarios. Así, si un partido obtuviese el 50% de los votos en el país, obtendría 16 senadores de la lista plurinominal, independientemente de los ganados en cada una de las entidades.
Otra es la vía de los candidatos de mayoría relativa, en dos fórmulas de propietario y suplente, propuestos por cada partido y que se someten a la votación directa de los electores en cada estado. El partido que obtenga la mayoría de votos logrará que los titulares de sus dos fórmulas se conviertan en senadores. A su vez, el partido que obtenga el segundo lugar de la votación en cada estado, colocará al titular de la primera fórmula como senador de la república.
Tales complicaciones en el método de elegir a los senadores, además de la cuota de género, (no más de 60% de candidatos de uno de ellos, en cualquiera de las listas y candidaturas) llevaron a Lilia Merodio a la candidatura y a la exclusión del presidente municipal juarense, Héctor Murguía, quien sufre un tropezón, quizá fundamental en sus aspiraciones a la sucesión de César Duarte en 2016, y a la posible inclusión de la ex secretaria general, Graciela Ortiz, en la lista plurinominal. Si ésta logra estar en los primeros 11 lugares –de acuerdo con las encuestas de este momento no es aventurada tal predicción– será senadora, pues basta con que su partido obtenga el 35% de la votación nacional en la elección de senadores para hacerlo.
Y si esos son los principales rasgos de las postulaciones del PRI en el ámbito local, la decisión del comité nacional de romper la alianza con el Panal podrá representar otros riesgos para el primero, pues aunque el nuevo escenario sin el partido magisterial, como se vea, es un respiro hacia el interior, ya que desactivará algunos de los conflictos más serios presentados en varios estados, hacia el exterior puede propiciar la concreción de la alianza de ese partido con el PAN. Felipe Calderón no tuvo empacho en aliarse con la maestra Gordillo para impulsar a su hermana a la gubernatura de Michoacán y lo mismo puede intentar en la elección presidencial.
Pero internamente la ruptura con el Panal es una bocanada de oxígeno puro al PRI debido a que cumple una de las exigencias de Manlio Fabio Beltrones y de otros muy distinguidos priístas, entre ellos ni más ni menos que dos ex presidentas nacionales –Dulce María Sauri Riancho y María de los Ángeles Moreno–, un ex Secretario de Gobernación –Manuel Bartlett– y un ex candidato presidencial, Francisco Labastida.
Así arrancarán, con Patricio de vuelta.
Veremos.
jueves, 19 de enero de 2012
Paliar el hambre solamente
El Diario, 19 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
No es exagerado afirmar que existe una sólida corriente nacional de solidaridad con los habitantes de la Sierra Tarahumara, especialmente con los rarámuris, sus principales habitantes, y que ésta se ha reflejado permanentemente hace tiempo, más en tiempos de emergencia como la actual, que puede prolongarse hasta avanzado el año ¡2013
Efectivamente, la sequía presente en todo el año 2011 produjo la práctica paralización de la producción de los principales alimentos generados por los rarámuris, cuyas consecuencias se prolongarán hasta mediados de septiembre de este año, es decir, una vez completado el ciclo productivo, si es que se presenta el temporal lluvioso ¿Y si no se presenta? Si llegados los meses de julio, o agosto, no hay lluvias ¿Qué pasa?
Entonces, la mayoría de los habitantes de la sierra deberán esperar al ciclo siguiente, es decir, septiembre de 2013, para contar con algunas esperanzas de obtener los granos básicos, fruto de su trabajo; porque contra las creencias de una parte importante de las capas medias, los rarámuris son un grupo étnico que honra el trabajo y que alrededor de los frutos arrancados a la tierra realizan infinidad de actos litúrgicos.
De tal manera que la ayuda proporcionada no solamente es necesaria, sino indispensable, pero peor aún, deberá continuar durante un largo trecho, para enfrentar la actual situación de emergencia, en la que el problema no son solamente los alimentos básicos, sino también el agua, a pesar de las declaraciones del ¡Director Nacional de la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, José Luis Luege, quien afirmó que en la Tarahumara no hay escasez de la misma.
Esa situación no es de ahora, hace ya largo rato que en la sierra generadora de varios de los ríos más importantes del norte del país, y de los valles más fértiles, no posee el agua suficiente para sus habitantes, ni éstos generan los alimentos para su sobrevivencia. Estamos frente a una situación que muchos podrán argumentar, no sin razón, que es de toda la vida. Y ahí radica el principal reto para los gobernantes. Ya no bastan las políticas asistencialistas aplicadas a la sierra, ni la exploración de ambiciosos proyectos turísticos, pensados para que los ajenos gocen de las maravillas de la Tarahumara, pero en los cuales sus habitantes están condenados a la migración, la exclusión y la marginación, y en el mejor de los casos a formar parte de la escenografía turística.
Peor aún. Si las empresas extranjeras siguen encontrando más posibilidades de continuar la explotación minera de la manera como lo están haciendo ahora, a vuelta de unos cuantos años, ni siquiera muchos, el principal orgullo de los chihuahuenses se habrá convertido en uno de los desastres ambientales más importantes de la Tierra.
O se avanza en la construcción de un modelo económico que le permita a los rarámuris continuar con la explotación de la tierra de manera racional y sobre todo con una drástica elevación de la productividad, para lo cual se necesita la puesta en marcha de un vigoroso programa de apoyo a la producción agrícola, no el de las dádivas, ni las despensas –que también se necesitan–, que tenga como eje central la elevación de la producción de los rarámuris.
Del mismo modo, se necesita dar un giro completo a la manera del aprovechamiento del bosque, de tal modo que de la misma forma que se explota, se regenere y evalúe con ojos muy distintos la producción minera. No bastan las migajas otorgadas por las empresas sino que los propietarios de la tierra participen con plenos derechos, en igualdad de circunstancias con quienes aportan el capital, en proyectos en los que la preocupación por la preservación del medio ambiente sea central.
Y esos son solamente apuntes de la política necesaria para el desarrollo de la Tarahumara, pero sin romper con las tradiciones y ritos de este grupo étnico, sino al contrario, potenciando lo que esta cultura ha preservado a lo largo de cientos de años, olvidando, por supuesto, el enfoque “civilizador”, que todo lo quiere transformar en copia de las sociedades modernas, en términos de las concepciones “occidentales”.
Luis Javier Valero Flores
No es exagerado afirmar que existe una sólida corriente nacional de solidaridad con los habitantes de la Sierra Tarahumara, especialmente con los rarámuris, sus principales habitantes, y que ésta se ha reflejado permanentemente hace tiempo, más en tiempos de emergencia como la actual, que puede prolongarse hasta avanzado el año ¡2013
Efectivamente, la sequía presente en todo el año 2011 produjo la práctica paralización de la producción de los principales alimentos generados por los rarámuris, cuyas consecuencias se prolongarán hasta mediados de septiembre de este año, es decir, una vez completado el ciclo productivo, si es que se presenta el temporal lluvioso ¿Y si no se presenta? Si llegados los meses de julio, o agosto, no hay lluvias ¿Qué pasa?
Entonces, la mayoría de los habitantes de la sierra deberán esperar al ciclo siguiente, es decir, septiembre de 2013, para contar con algunas esperanzas de obtener los granos básicos, fruto de su trabajo; porque contra las creencias de una parte importante de las capas medias, los rarámuris son un grupo étnico que honra el trabajo y que alrededor de los frutos arrancados a la tierra realizan infinidad de actos litúrgicos.
De tal manera que la ayuda proporcionada no solamente es necesaria, sino indispensable, pero peor aún, deberá continuar durante un largo trecho, para enfrentar la actual situación de emergencia, en la que el problema no son solamente los alimentos básicos, sino también el agua, a pesar de las declaraciones del ¡Director Nacional de la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, José Luis Luege, quien afirmó que en la Tarahumara no hay escasez de la misma.
Esa situación no es de ahora, hace ya largo rato que en la sierra generadora de varios de los ríos más importantes del norte del país, y de los valles más fértiles, no posee el agua suficiente para sus habitantes, ni éstos generan los alimentos para su sobrevivencia. Estamos frente a una situación que muchos podrán argumentar, no sin razón, que es de toda la vida. Y ahí radica el principal reto para los gobernantes. Ya no bastan las políticas asistencialistas aplicadas a la sierra, ni la exploración de ambiciosos proyectos turísticos, pensados para que los ajenos gocen de las maravillas de la Tarahumara, pero en los cuales sus habitantes están condenados a la migración, la exclusión y la marginación, y en el mejor de los casos a formar parte de la escenografía turística.
Peor aún. Si las empresas extranjeras siguen encontrando más posibilidades de continuar la explotación minera de la manera como lo están haciendo ahora, a vuelta de unos cuantos años, ni siquiera muchos, el principal orgullo de los chihuahuenses se habrá convertido en uno de los desastres ambientales más importantes de la Tierra.
O se avanza en la construcción de un modelo económico que le permita a los rarámuris continuar con la explotación de la tierra de manera racional y sobre todo con una drástica elevación de la productividad, para lo cual se necesita la puesta en marcha de un vigoroso programa de apoyo a la producción agrícola, no el de las dádivas, ni las despensas –que también se necesitan–, que tenga como eje central la elevación de la producción de los rarámuris.
Del mismo modo, se necesita dar un giro completo a la manera del aprovechamiento del bosque, de tal modo que de la misma forma que se explota, se regenere y evalúe con ojos muy distintos la producción minera. No bastan las migajas otorgadas por las empresas sino que los propietarios de la tierra participen con plenos derechos, en igualdad de circunstancias con quienes aportan el capital, en proyectos en los que la preocupación por la preservación del medio ambiente sea central.
Y esos son solamente apuntes de la política necesaria para el desarrollo de la Tarahumara, pero sin romper con las tradiciones y ritos de este grupo étnico, sino al contrario, potenciando lo que esta cultura ha preservado a lo largo de cientos de años, olvidando, por supuesto, el enfoque “civilizador”, que todo lo quiere transformar en copia de las sociedades modernas, en términos de las concepciones “occidentales”.
martes, 17 de enero de 2012
Emergencia serrana
El Diario, 17 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Otra vez la penetración de las redes sociales creadas a través de la internet puso en boga un tema de por sí doloroso, pero que puesto en circulación a través del, aparentemente, falso anuncio de un suicidio masivo a través del Twitter, desató la solidaridad y los críticos comentarios hacia las políticas oficiales, especialmente a las instrumentadas por el gobierno federal.
Pero si los anuncios y comentarios a favor de la recolección de miles de despensas desataron la solidaridad de decenas de miles de personas en todo el país, las querellas de la clase política local los exhiben penosamente, no sólo por sus enfrentamientos políticos, sino por la grave desatención gubernamental, especialmente la federal, hacia las comunidades más pobres de la geografía nacional, entre ellas, por desgracia, varias chihuahuenses y que desató la controversia entre los diputados locales del PRI y del PAN.
En tanto que César Duarte y el diputado Alex LeBarón se quejaron de la “insensibilidad” del gobierno federal, el líder de los legisladores blanquiazules, Héctor Ortiz, salió en su defensa, llamando al gobernador a dejar de construir puentes y presas para comprar despensas.
Pero lo que ahora se hace estridentemente, meses atrás fue previsto por todas las organizaciones campesinas de la entidad, las mismas que hicieron un llamado a los gobiernos a prevenir lo que ya se preveía como un desastre alimentario, a causa de las heladas de un año atrás y la sequía presentada inmediatamente después. Dejemos las cosas en claro –por lo menos para el escribiente: El gobierno federal sí acusa una increíble insensibilidad social. Y el responsable de ella es el mismísimo Felipe Calderón, quien hace unos días vetó una resolución del Congreso de la Unión en la que le ordenaban destinar, de inmediato, ingentes recursos de todo tipo a fin de enfrentar tan desesperada situación.
La argumentación ofrecida por Calderón es de antología, acusó a los diputados de irresponsables pues no tenía de donde obtener los 10 mil millones de pesos a fin de hacer frente a los requerimientos aprobados por los legisladores.
Las quejas por tan desmesurada actitud motivaron la conformación de una caravana de las organizaciones campesinas hacia la ciudad de México para presentar sus quejas y propuestas a la Cámara de Diputados y al gobierno federal, pero también la construcción de una alentadora oleada de solidaridad nacional hacia los habitantes de la Sierra Tarahumara, lugar en el que si bien no se han presentado los suicidios de manera masiva, como se había rumorado, sí existen condiciones de verdadera emergencia humanitaria pues las comunidades, básicamente las rarámuris, no pudieron sembrar los granos básicos y al ser sus economías de autoconsumo, no hay posibilidad alguna de que puedan obtener maíz y frijol.
¡Ah, pero ya pueden comprar sus alimentos con tarjeta bancaria, como eufóricamente anunció Felipe Calderón, a fines de noviembre pasado, al poner en marcha el programa de bancarización, por pura coincidencia, en Batopilas, uno de los municipios más pobres del país: “Antes las madres de familia se guardaban el dinero en la ropa, debajo del colchón o debajo de piedras para evitar que se los robaran, ahora podrán tener el efectivo en el banco, seguras de que allí lo van a encontrar cuando lo necesiten”, dijo, exultante, Calderón.
Pero tales propósitos se antojan lejos de la realidad de la Sierra Tarahumara en la que priva una gran escasez de agua y alimentos y a la que deberá enfrentarse de inmediato, porque a los recientes casos de desnutrición mortales se les pueden sumar, y no es una frase catastrofista, una creciente cantidad, casi epidémica, pues para que la desnutrición adquiera el rango de mortal, las condiciones de escasez alimentaria deberán ser extremas y ese parece ser el caso de la sierra que tanto presumimos.
De tal modo que la gravedad de la situación debiera obligar a no incluirla en el temario político electoral de este año pues, ante ella, no salen bien libradas las dos fuerzas políticas más importantes en la entidad y el país en su desempeño gubernamental.
Nomás tómese en cuenta que de acuerdo con Martín Solís, dirigente de El Barzón-Chihuahua, se requieren 350 millones de pesos para afrontar el peligro de la hambruna en la Tarahumara. Ante reto, rezagos y olvidos tan grandes ¿Valen la pena las acusaciones que unos y otros se lanzan?
Luis Javier Valero Flores
Otra vez la penetración de las redes sociales creadas a través de la internet puso en boga un tema de por sí doloroso, pero que puesto en circulación a través del, aparentemente, falso anuncio de un suicidio masivo a través del Twitter, desató la solidaridad y los críticos comentarios hacia las políticas oficiales, especialmente a las instrumentadas por el gobierno federal.
Pero si los anuncios y comentarios a favor de la recolección de miles de despensas desataron la solidaridad de decenas de miles de personas en todo el país, las querellas de la clase política local los exhiben penosamente, no sólo por sus enfrentamientos políticos, sino por la grave desatención gubernamental, especialmente la federal, hacia las comunidades más pobres de la geografía nacional, entre ellas, por desgracia, varias chihuahuenses y que desató la controversia entre los diputados locales del PRI y del PAN.
En tanto que César Duarte y el diputado Alex LeBarón se quejaron de la “insensibilidad” del gobierno federal, el líder de los legisladores blanquiazules, Héctor Ortiz, salió en su defensa, llamando al gobernador a dejar de construir puentes y presas para comprar despensas.
Pero lo que ahora se hace estridentemente, meses atrás fue previsto por todas las organizaciones campesinas de la entidad, las mismas que hicieron un llamado a los gobiernos a prevenir lo que ya se preveía como un desastre alimentario, a causa de las heladas de un año atrás y la sequía presentada inmediatamente después. Dejemos las cosas en claro –por lo menos para el escribiente: El gobierno federal sí acusa una increíble insensibilidad social. Y el responsable de ella es el mismísimo Felipe Calderón, quien hace unos días vetó una resolución del Congreso de la Unión en la que le ordenaban destinar, de inmediato, ingentes recursos de todo tipo a fin de enfrentar tan desesperada situación.
La argumentación ofrecida por Calderón es de antología, acusó a los diputados de irresponsables pues no tenía de donde obtener los 10 mil millones de pesos a fin de hacer frente a los requerimientos aprobados por los legisladores.
Las quejas por tan desmesurada actitud motivaron la conformación de una caravana de las organizaciones campesinas hacia la ciudad de México para presentar sus quejas y propuestas a la Cámara de Diputados y al gobierno federal, pero también la construcción de una alentadora oleada de solidaridad nacional hacia los habitantes de la Sierra Tarahumara, lugar en el que si bien no se han presentado los suicidios de manera masiva, como se había rumorado, sí existen condiciones de verdadera emergencia humanitaria pues las comunidades, básicamente las rarámuris, no pudieron sembrar los granos básicos y al ser sus economías de autoconsumo, no hay posibilidad alguna de que puedan obtener maíz y frijol.
¡Ah, pero ya pueden comprar sus alimentos con tarjeta bancaria, como eufóricamente anunció Felipe Calderón, a fines de noviembre pasado, al poner en marcha el programa de bancarización, por pura coincidencia, en Batopilas, uno de los municipios más pobres del país: “Antes las madres de familia se guardaban el dinero en la ropa, debajo del colchón o debajo de piedras para evitar que se los robaran, ahora podrán tener el efectivo en el banco, seguras de que allí lo van a encontrar cuando lo necesiten”, dijo, exultante, Calderón.
Pero tales propósitos se antojan lejos de la realidad de la Sierra Tarahumara en la que priva una gran escasez de agua y alimentos y a la que deberá enfrentarse de inmediato, porque a los recientes casos de desnutrición mortales se les pueden sumar, y no es una frase catastrofista, una creciente cantidad, casi epidémica, pues para que la desnutrición adquiera el rango de mortal, las condiciones de escasez alimentaria deberán ser extremas y ese parece ser el caso de la sierra que tanto presumimos.
De tal modo que la gravedad de la situación debiera obligar a no incluirla en el temario político electoral de este año pues, ante ella, no salen bien libradas las dos fuerzas políticas más importantes en la entidad y el país en su desempeño gubernamental.
Nomás tómese en cuenta que de acuerdo con Martín Solís, dirigente de El Barzón-Chihuahua, se requieren 350 millones de pesos para afrontar el peligro de la hambruna en la Tarahumara. Ante reto, rezagos y olvidos tan grandes ¿Valen la pena las acusaciones que unos y otros se lanzan?
lunes, 16 de enero de 2012
Los asaltantes del cielo
El Diario, 15 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Parecían, los anuncios, una especie de apología del crimen, especialmente difíciles de aceptar en estas épocas aciagas. La convocatoria era sencilla, la celebración de distintos eventos con motivo del 40º aniversario del triple asalto bancario en la ciudad de Chihuahua.
Para las “buenas conciencias” –que todavía las hay- el simple anuncio de conmemorar tal fecha y tal acción guerrillera, una de las más resonantes de aquella etapa de la vida política y social de Chihuahua, y del país, es simplemente inaceptable.
No lo es.
En la mañana del 15 de enero de 1972, la sociedad chihuahuense se estremeció dramáticamente con la noticia de que un grupo de guerrilleros había asaltado tres sucursales bancarias en el centro de la entonces muy tranquila ciudad de Chihuahua y que la acción había sido cruenta. Inmediatamente se sabría de la caída de dos de los jóvenes –Avelina Gallegos y Oscar Montes López. Según el reporte de los funcionarios –bancarios y policiacos- el botín ascendió a poco más de medio millón de pesos, algo así como 166 mil dólares de ahora, equivalentes a alrededor de 2 millones 400 mil pesos de hoy.
Luego la cifra de caídos aumentaría en el recuento oficial pues en él se daba cuenta de la muerte del dirigente del grupo, Diego Lucero, el “suicidio” de Ramiro, quien fue ahorcado en su celda, “y la aplicación de la ley fuga, en una población rural cercana a la capital, de Gaspar”, como refiere uno de los sobrevivientes, Francisco Javier Pizarro, en una carta publicada en 1998 en La Jornada.
Tanto Pizarro, como Marco Rascón y Héctor Lucero serían detenidos a los días de los hechos, en la batida nacional que las fuerzas de seguridad del Estado lanzarían contra los jóvenes que se habían aventurado a buscar, por la vía armada, la transformación radical de la sociedad mexicana.
Un día antes, otro grupo guerrillero había asaltado dos sucursales bancarias en Monterrey.
La explicación de tales acciones la ofreció en el curso de la conmemoración del 40º aniversario Javier Pizarro quien asegura que durante el inicio de la década de los 70’s los grupos armados habían decidido no realizar acciones armadas en el estado de Chihuahua para preservar –imagínese, que ironías- la ruta del ingreso de armas procedentes, igual ayer que ahora, de Estados Unidos.
Pero desde mediados de 1971 se desató una impresionante cacería del ejército mexicano en el estado de Guerrero. Iban en busca de las fuerzas de la guerrilla dirigida por Lucio Cabañas, quien no solo dirigía al grupo armado, sino que era en realidad el líder de la insurgencia guerrerense de una amplia zona de aquella entidad y a la que el gobierno mexicano había decidido aplicarle la misma táctica que el ejército norteamericano aplicaba en esos momentos -¡Vaya que coincidencias!- en Vietnam y que 60 años atrás había desatado el ejército porfirista en una zona aledaña a Guerrero, Morelos, para acabar con la guerrilla dirigida por Emiliano Zapata.
Es decir, la de la tierra arrasada, en una operación dirigida por los generales Salvador Rangel y Eliseo Jiménez (Este luego sería premiado con la gubernatura de Oaxaca) y en la se involucró a prácticamente la tercera parte de todas las fuerzas con las que contaba en aquel momento el ejército mexicano. Lanzaron contra los guerrerenses 35 mil soldados. Para darnos una idea de la magnitud de la operación militar, comparemos que a Juárez fueron enviados 10 mil soldados, en el marco de la Operación Conjunta Chihuahua, para enfrentar la guerra de los Cárteles.
Fue tanta la presión que Lucio Cabañas solicitó de los grupos guerrilleros de Chihuahua, especialmente el dirigido por Diego Lucero y otros, con quienes tenían relaciones y un cierto grado de coordinación, la realización de acciones para relajar la ofensiva oficial, en un momento en el que ya sus fuerzas estaban pasando a la etapa de la guerra de posiciones, esto es, dejaba de ser solamente la lucha de grupos de guerrilleros para convertirse en enfrentamientos entre contingentes superiores a los 100 elementos.
De ahí la celebración del doble asalto en Monterrey y el triple en Chihuahua. Y eso es lo más relevante de aquellos acontecimientos, pues cambió el curso de la guerrilla y del país.
Las fuerzas de Cabañas fueron destrozadas en el curso de ese año, y las distintas fuerzas existentes en el país, que habían decidido lanzar una ofensiva general, poco a poco fueron exterminadas. Empezó la guerra sucia –y esa sí lo fue, no la que ahora sostienen activistas de los distintos partidos, consistente en difundir rumores y calumnias- en la que desaparecieron y ejecutaron a cientos de miembros de aquellas organizaciones.
No sorprende ahora encontrar en el Archivo General de la Nación, los reportes de las agrupaciones policiacas con las declaraciones de los guerrilleros, detenidos por las policías y luego desaparecidos de la faz de la tierra. Las preguntas son obvias. Si declararon ante los agentes ¿Quién los desapareció? ¿Por qué no los presentaron ante el Ministerio Público y los jueces?
Para quienes añoran la época salvaje de entonces podemos decirles que de ninguna manera se merecían ser ejecutados por las fuerzas gubernamentales –ni ellos, ni nadie- porque éstas, precisamente, son las obligadas a actuar dentro de la legalidad, de ninguna manera podían violar la ley para hacer respetar el marco legal.
Y ese fue el momento del quiebre, a partir de entonces los grupos guerrilleros fueron salvajemente masacrados, luego de haber alcanzado un elevado grado de penetración y organización.
¿Por qué ensalzar esas acciones? Porque el país que ahora gozamos –y padecemos- no es el mismo de aquel entonces, en el que prevalecían los cacicazgos regionales, el autoritarismo –no solo en el ámbito familiar, sino, más importante, en la sociedad mexicana-, una increíble cerrazón política, el verticalismo y la corrupción, características de un régimen político que venía de masacrar a los estudiantes de Tlatelolco en 1968 y del jueves de Corpus en San Cosme el 10 de junio de 1971, amén de haber reprimido violentamente infinidad de movimientos campesinos, de agrupaciones de colonos y de las organizaciones sindicales independientes.
Por supuesto que, también, a través del sempiterno fraude electoral, acabar con cualquier intento de insurgencia electoral. No había, por tanto, manera de que las distintas aspiraciones de carácter democrático pudieran expresarse, o de que las justas demandas económicas y sociales fueran satisfechas por una élite que aprovechaba a las mil maravillas el proclamarse heredera de la Revolución Mexicana.
Frente a tal autoritarismo se alzó una corriente, a cual más de diversa, la de la izquierda mexicana de carácter socialista y comunista, (y también de agrupaciones de católicos) que irónicamente renegó de los partidos de ese corte, existentes en la época, particularmente del Partido Comunista Mexicano y del Popular Socialista, de los cuales emergieron la mayor parte de los jóvenes que abrazaron la vía armada, decepcionados de la línea política de ambas agrupaciones políticas.
O para decirlo en las palabras del Arzobispo Adalberto Almeida, “la violencia institucionalizada del gobierno generaba la violencia de esos jóvenes”.
Hoy, en la medida que se tiene acceso a los documentos oficiales, particularmente a los reportes policiacos de aquella época, va quedando clara la burda mentira de los gobernantes de que las acciones guerrilleras obedecían a una “conjura comunista”. No, fueron la respuesta gallarda de miles de jóvenes que no solamente se opusieron al régimen establecido sino que, con sus acciones, pretendían asaltar el cielo.
Y no lo hacían partiendo de las emociones del momento. Invariablemente sus acciones fueron sustentadas en larguísimas sesiones de discusión acerca del estado que guardaba la nación mexicana y el futuro que soñaban para ella. Hoy sabemos de la gran cantidad de documentos de análisis y discusión elaborados por una pléyade de jóvenes a quienes no les importó arrostrar mil y un peligro, el primero de ellos, el de la pérdida de la vida –y conste que la abrumadora mayoría eran ateos, es decir, ni siquiera tenían el paliativo de alcanzar la felicidad en la otra vida- y a quienes podemos realizar hoy, sin atenuante alguno, un merecidísimo homenaje; la sociedad que ahora tenemos no es la soñada por ellos, es mejor, sí, pero al momento de evaluar lo hecho por ellos y otros miles de mexicanos, no deja de generarse una sensación agridulce.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Parecían, los anuncios, una especie de apología del crimen, especialmente difíciles de aceptar en estas épocas aciagas. La convocatoria era sencilla, la celebración de distintos eventos con motivo del 40º aniversario del triple asalto bancario en la ciudad de Chihuahua.
Para las “buenas conciencias” –que todavía las hay- el simple anuncio de conmemorar tal fecha y tal acción guerrillera, una de las más resonantes de aquella etapa de la vida política y social de Chihuahua, y del país, es simplemente inaceptable.
No lo es.
En la mañana del 15 de enero de 1972, la sociedad chihuahuense se estremeció dramáticamente con la noticia de que un grupo de guerrilleros había asaltado tres sucursales bancarias en el centro de la entonces muy tranquila ciudad de Chihuahua y que la acción había sido cruenta. Inmediatamente se sabría de la caída de dos de los jóvenes –Avelina Gallegos y Oscar Montes López. Según el reporte de los funcionarios –bancarios y policiacos- el botín ascendió a poco más de medio millón de pesos, algo así como 166 mil dólares de ahora, equivalentes a alrededor de 2 millones 400 mil pesos de hoy.
Luego la cifra de caídos aumentaría en el recuento oficial pues en él se daba cuenta de la muerte del dirigente del grupo, Diego Lucero, el “suicidio” de Ramiro, quien fue ahorcado en su celda, “y la aplicación de la ley fuga, en una población rural cercana a la capital, de Gaspar”, como refiere uno de los sobrevivientes, Francisco Javier Pizarro, en una carta publicada en 1998 en La Jornada.
Tanto Pizarro, como Marco Rascón y Héctor Lucero serían detenidos a los días de los hechos, en la batida nacional que las fuerzas de seguridad del Estado lanzarían contra los jóvenes que se habían aventurado a buscar, por la vía armada, la transformación radical de la sociedad mexicana.
Un día antes, otro grupo guerrillero había asaltado dos sucursales bancarias en Monterrey.
La explicación de tales acciones la ofreció en el curso de la conmemoración del 40º aniversario Javier Pizarro quien asegura que durante el inicio de la década de los 70’s los grupos armados habían decidido no realizar acciones armadas en el estado de Chihuahua para preservar –imagínese, que ironías- la ruta del ingreso de armas procedentes, igual ayer que ahora, de Estados Unidos.
Pero desde mediados de 1971 se desató una impresionante cacería del ejército mexicano en el estado de Guerrero. Iban en busca de las fuerzas de la guerrilla dirigida por Lucio Cabañas, quien no solo dirigía al grupo armado, sino que era en realidad el líder de la insurgencia guerrerense de una amplia zona de aquella entidad y a la que el gobierno mexicano había decidido aplicarle la misma táctica que el ejército norteamericano aplicaba en esos momentos -¡Vaya que coincidencias!- en Vietnam y que 60 años atrás había desatado el ejército porfirista en una zona aledaña a Guerrero, Morelos, para acabar con la guerrilla dirigida por Emiliano Zapata.
Es decir, la de la tierra arrasada, en una operación dirigida por los generales Salvador Rangel y Eliseo Jiménez (Este luego sería premiado con la gubernatura de Oaxaca) y en la se involucró a prácticamente la tercera parte de todas las fuerzas con las que contaba en aquel momento el ejército mexicano. Lanzaron contra los guerrerenses 35 mil soldados. Para darnos una idea de la magnitud de la operación militar, comparemos que a Juárez fueron enviados 10 mil soldados, en el marco de la Operación Conjunta Chihuahua, para enfrentar la guerra de los Cárteles.
Fue tanta la presión que Lucio Cabañas solicitó de los grupos guerrilleros de Chihuahua, especialmente el dirigido por Diego Lucero y otros, con quienes tenían relaciones y un cierto grado de coordinación, la realización de acciones para relajar la ofensiva oficial, en un momento en el que ya sus fuerzas estaban pasando a la etapa de la guerra de posiciones, esto es, dejaba de ser solamente la lucha de grupos de guerrilleros para convertirse en enfrentamientos entre contingentes superiores a los 100 elementos.
De ahí la celebración del doble asalto en Monterrey y el triple en Chihuahua. Y eso es lo más relevante de aquellos acontecimientos, pues cambió el curso de la guerrilla y del país.
Las fuerzas de Cabañas fueron destrozadas en el curso de ese año, y las distintas fuerzas existentes en el país, que habían decidido lanzar una ofensiva general, poco a poco fueron exterminadas. Empezó la guerra sucia –y esa sí lo fue, no la que ahora sostienen activistas de los distintos partidos, consistente en difundir rumores y calumnias- en la que desaparecieron y ejecutaron a cientos de miembros de aquellas organizaciones.
No sorprende ahora encontrar en el Archivo General de la Nación, los reportes de las agrupaciones policiacas con las declaraciones de los guerrilleros, detenidos por las policías y luego desaparecidos de la faz de la tierra. Las preguntas son obvias. Si declararon ante los agentes ¿Quién los desapareció? ¿Por qué no los presentaron ante el Ministerio Público y los jueces?
Para quienes añoran la época salvaje de entonces podemos decirles que de ninguna manera se merecían ser ejecutados por las fuerzas gubernamentales –ni ellos, ni nadie- porque éstas, precisamente, son las obligadas a actuar dentro de la legalidad, de ninguna manera podían violar la ley para hacer respetar el marco legal.
Y ese fue el momento del quiebre, a partir de entonces los grupos guerrilleros fueron salvajemente masacrados, luego de haber alcanzado un elevado grado de penetración y organización.
¿Por qué ensalzar esas acciones? Porque el país que ahora gozamos –y padecemos- no es el mismo de aquel entonces, en el que prevalecían los cacicazgos regionales, el autoritarismo –no solo en el ámbito familiar, sino, más importante, en la sociedad mexicana-, una increíble cerrazón política, el verticalismo y la corrupción, características de un régimen político que venía de masacrar a los estudiantes de Tlatelolco en 1968 y del jueves de Corpus en San Cosme el 10 de junio de 1971, amén de haber reprimido violentamente infinidad de movimientos campesinos, de agrupaciones de colonos y de las organizaciones sindicales independientes.
Por supuesto que, también, a través del sempiterno fraude electoral, acabar con cualquier intento de insurgencia electoral. No había, por tanto, manera de que las distintas aspiraciones de carácter democrático pudieran expresarse, o de que las justas demandas económicas y sociales fueran satisfechas por una élite que aprovechaba a las mil maravillas el proclamarse heredera de la Revolución Mexicana.
Frente a tal autoritarismo se alzó una corriente, a cual más de diversa, la de la izquierda mexicana de carácter socialista y comunista, (y también de agrupaciones de católicos) que irónicamente renegó de los partidos de ese corte, existentes en la época, particularmente del Partido Comunista Mexicano y del Popular Socialista, de los cuales emergieron la mayor parte de los jóvenes que abrazaron la vía armada, decepcionados de la línea política de ambas agrupaciones políticas.
O para decirlo en las palabras del Arzobispo Adalberto Almeida, “la violencia institucionalizada del gobierno generaba la violencia de esos jóvenes”.
Hoy, en la medida que se tiene acceso a los documentos oficiales, particularmente a los reportes policiacos de aquella época, va quedando clara la burda mentira de los gobernantes de que las acciones guerrilleras obedecían a una “conjura comunista”. No, fueron la respuesta gallarda de miles de jóvenes que no solamente se opusieron al régimen establecido sino que, con sus acciones, pretendían asaltar el cielo.
Y no lo hacían partiendo de las emociones del momento. Invariablemente sus acciones fueron sustentadas en larguísimas sesiones de discusión acerca del estado que guardaba la nación mexicana y el futuro que soñaban para ella. Hoy sabemos de la gran cantidad de documentos de análisis y discusión elaborados por una pléyade de jóvenes a quienes no les importó arrostrar mil y un peligro, el primero de ellos, el de la pérdida de la vida –y conste que la abrumadora mayoría eran ateos, es decir, ni siquiera tenían el paliativo de alcanzar la felicidad en la otra vida- y a quienes podemos realizar hoy, sin atenuante alguno, un merecidísimo homenaje; la sociedad que ahora tenemos no es la soñada por ellos, es mejor, sí, pero al momento de evaluar lo hecho por ellos y otros miles de mexicanos, no deja de generarse una sensación agridulce.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
jueves, 12 de enero de 2012
Delincuentes menores
El Diario, 12 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Recurrentemente alguno de los gobernantes vuelve a un tema que es cardinal en el desarrollo de la ola delictiva del país, y no solamente en el caso concreto de la sufrida por los chihuahuenses a partir del 2008: El recrudecimiento de la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en el crimen y la consecuente petición de elevar las penas a quienes delinquen desde temprana edad. El tema volvió a la actualidad por dos eventos, aparentemente separados uno del otro, pero que muestran los tumbos que da la sociedad chihuahuense ante tanta violencia e impunidad.
Por un lado, el ridículo caso del menor de 7 años de edad que enfrenta un juicio, derivado de un accidente de tránsito, en el que con su motocicleta de plástico –me la trajo Santaclós, dice el infante– chocó con un vehículo propiedad de una funcionaria del municipio de Juárez. Hoy debe enfrentar, así lo plantearon los agentes de Tránsito, cargos por provocar el accidente, no portar licencia de manejo, causar daños a un vehículo y su caso fue turnado a un ¡Agente del Ministerio Público del fuero común
El otro caso es el planteado por el alcalde de la capital, Marco Adán Quezada Martínez, quien pidió a los diputados locales reformar el marco legal de los menores infractores para que reciban castigo justo por los delitos y crímenes que cometen. A tal razonamiento lo llevó el hecho que en las últimas semanas la Dirección de Seguridad Pública Municipal registró un aumento en las detenciones de menores que cometen delitos o crímenes, y que por su edad “no reciben el castigo que merecen, a pesar del daño que ocasionan a la sociedad con sus actos”, afirmó en entrevista a los medios de la ciudad de Chihuahua.
Si hubiera un caso que ilustrara hasta dónde hemos perdido la brújula para ubicar el origen –o los orígenes– del problema de la elevación de la delincuencia juvenil, es precisamente el del infante con reporte de tránsito, quien simplemente es inimputable y es hasta una grosería el que los agentes de Tránsito catalogaran como vehículo automotor a la motocicleta regalada por Santaclós.
¿A dónde hemos llegado?
Tanto los agentes de Tránsito, como las autoridades prejudiciales, lo que debieron hacer –como debiera hacerse en el resto de los delitos– era turnarlo al ámbito de las responsabilidades ¡de los padres, bajo cuya tutela se encuentran los menores de edad, pero todas las autoridades involucradas, actuando como representantes de Satán ordenaron resguardar el susodicho juguete en el corralón de Tránsito Municipal, como justo castigo a tan alevoso muchacho, émulo de sicarios y malvivientes que pululan por las calles de nuestras ciudades.
¡Válgame Dios
Igual sucede con los menores delincuentes, en lugar de buscar el siguiente eslabón de la cadena comercial –que eso son las cadenas de la delincuencia en la absoluta mayoría de los casos– la política oficial de la última década se ha centrado en la elevación de los castigos a niños y jóvenes delincuentes y en la disminución de la edad penal, como si ahí se encontrara la solución al incremento de la delincuencia.
Sólo preguntémonos: ¿A quién le venden el cobre que por toneladas se roban de las líneas del agua potable, partiendo del hecho que en ese robo, por poner un ejemplo, participan una buena cantidad de jóvenes y adolescentes?
Igualmente, los jóvenes que roban vehículos, a mano armada o no, ¿a quién se los venden? ¿Y las partes de los vehículos? Vayamos más lejos, ¿los jóvenes y niños sicarios que asesinan, no por placer, sino por solicitudes, órdenes y/o regalos –y entre éstos las drogas juegan un papel central pues quienes les ordenan les pagan en esa especie– por órdenes de quienes lo hacen?
Y luego, ¿dónde se encuentran los centros gubernamentales en donde se puedan rehabilitar los niños, adolescentes y jóvenes presos –víctimas– de las drogas y tengan una oportunidad de rehacer sus expectativas de vida? No, lo que se debe buscar, tal como lo dijo el padre de la criminología mexicana, Alfonso Quiroz Cuarón, es seguirle la pista, ahí donde hay un delito, al dinero.
Y si más nos apuran, ¿no sería mejor que fuera el Estado Mexicano (así, con mayúsculas) el que proveyera la droga a quienes fueran adictos a ella, y no los delincuentes de a de veras que tienen a su disposición carne de cañón a pasto?
Luis Javier Valero Flores
Recurrentemente alguno de los gobernantes vuelve a un tema que es cardinal en el desarrollo de la ola delictiva del país, y no solamente en el caso concreto de la sufrida por los chihuahuenses a partir del 2008: El recrudecimiento de la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en el crimen y la consecuente petición de elevar las penas a quienes delinquen desde temprana edad. El tema volvió a la actualidad por dos eventos, aparentemente separados uno del otro, pero que muestran los tumbos que da la sociedad chihuahuense ante tanta violencia e impunidad.
Por un lado, el ridículo caso del menor de 7 años de edad que enfrenta un juicio, derivado de un accidente de tránsito, en el que con su motocicleta de plástico –me la trajo Santaclós, dice el infante– chocó con un vehículo propiedad de una funcionaria del municipio de Juárez. Hoy debe enfrentar, así lo plantearon los agentes de Tránsito, cargos por provocar el accidente, no portar licencia de manejo, causar daños a un vehículo y su caso fue turnado a un ¡Agente del Ministerio Público del fuero común
El otro caso es el planteado por el alcalde de la capital, Marco Adán Quezada Martínez, quien pidió a los diputados locales reformar el marco legal de los menores infractores para que reciban castigo justo por los delitos y crímenes que cometen. A tal razonamiento lo llevó el hecho que en las últimas semanas la Dirección de Seguridad Pública Municipal registró un aumento en las detenciones de menores que cometen delitos o crímenes, y que por su edad “no reciben el castigo que merecen, a pesar del daño que ocasionan a la sociedad con sus actos”, afirmó en entrevista a los medios de la ciudad de Chihuahua.
Si hubiera un caso que ilustrara hasta dónde hemos perdido la brújula para ubicar el origen –o los orígenes– del problema de la elevación de la delincuencia juvenil, es precisamente el del infante con reporte de tránsito, quien simplemente es inimputable y es hasta una grosería el que los agentes de Tránsito catalogaran como vehículo automotor a la motocicleta regalada por Santaclós.
¿A dónde hemos llegado?
Tanto los agentes de Tránsito, como las autoridades prejudiciales, lo que debieron hacer –como debiera hacerse en el resto de los delitos– era turnarlo al ámbito de las responsabilidades ¡de los padres, bajo cuya tutela se encuentran los menores de edad, pero todas las autoridades involucradas, actuando como representantes de Satán ordenaron resguardar el susodicho juguete en el corralón de Tránsito Municipal, como justo castigo a tan alevoso muchacho, émulo de sicarios y malvivientes que pululan por las calles de nuestras ciudades.
¡Válgame Dios
Igual sucede con los menores delincuentes, en lugar de buscar el siguiente eslabón de la cadena comercial –que eso son las cadenas de la delincuencia en la absoluta mayoría de los casos– la política oficial de la última década se ha centrado en la elevación de los castigos a niños y jóvenes delincuentes y en la disminución de la edad penal, como si ahí se encontrara la solución al incremento de la delincuencia.
Sólo preguntémonos: ¿A quién le venden el cobre que por toneladas se roban de las líneas del agua potable, partiendo del hecho que en ese robo, por poner un ejemplo, participan una buena cantidad de jóvenes y adolescentes?
Igualmente, los jóvenes que roban vehículos, a mano armada o no, ¿a quién se los venden? ¿Y las partes de los vehículos? Vayamos más lejos, ¿los jóvenes y niños sicarios que asesinan, no por placer, sino por solicitudes, órdenes y/o regalos –y entre éstos las drogas juegan un papel central pues quienes les ordenan les pagan en esa especie– por órdenes de quienes lo hacen?
Y luego, ¿dónde se encuentran los centros gubernamentales en donde se puedan rehabilitar los niños, adolescentes y jóvenes presos –víctimas– de las drogas y tengan una oportunidad de rehacer sus expectativas de vida? No, lo que se debe buscar, tal como lo dijo el padre de la criminología mexicana, Alfonso Quiroz Cuarón, es seguirle la pista, ahí donde hay un delito, al dinero.
Y si más nos apuran, ¿no sería mejor que fuera el Estado Mexicano (así, con mayúsculas) el que proveyera la droga a quienes fueran adictos a ella, y no los delincuentes de a de veras que tienen a su disposición carne de cañón a pasto?
martes, 10 de enero de 2012
Compromisos con la seguridad pública
El Diario, 10 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
La visita de Enrique Peña Nieto, y las que realizarán en fechas próximas los demás aspirantes, así como las entrevistas publicadas por El Diario a todos ellos, muestran claramente la necesidad de que los chihuahuenses les exijamos cosas más allá de las generalidades ofrecidas, ya sea en sus discursos o en las respuestas externadas a nuestros reporteros.
Tal exigencia, además del resto de los temas que deben abordar los presidentes de la república, de acuerdo con sus responsabilidades y facultades, es la de que precisen sus propuestas acerca de la seguridad pública. Tal tema cobra particular importancia en la entidad que ocupa el primer lugar en la incidencia homicida. Porque todos podemos coincidir en que ha habido una disminución de varios de los índices delictivos, pero todos muy lejos de los que sufríamos a fines del 2007, situación que de ninguna manera era lo ideal y ahora añoramos.
El problema radica en que los aspirantes del PAN y del PRI a la Presidencia fueron parte corresponsable de la política aplicada en estos años para combatir al narcotráfico, y no la criticaron, al contrario, con su conducta la avalaron. De ahí que resulta hasta irresponsable llegar a Chihuahua y delinear generalidades para afrontar la tragedia vivida por sus habitantes, a lo largo de los últimos cuatro años, exactamente los mismos que lleva de duración la participación de las fuerzas federales en ese combate.
Días atrás la precandidata más fuerte en las encuestas, Josefina Vázquez Mota, a lo más que llegó su compromiso para resolver el otro asunto más importante en Chihuahua, el de la seguridad pública –y quizá el mayor de Juárez– fue a decir que “conocía” las propuestas de los juarenses, pero de ninguna manera vimos que la bancada de su partido, lidereada precisamente por ella y que junto al grupo de legisladores priístas que reconocen a Enrique Peña Nieto como su líder, buscaran, plantearan, resolvieran cosas distintas a lo ya realizado en Juárez y cuyos resultados todos lamentamos. Más crece su responsabilidad si caemos en la cuenta que la bancada del PRI, al lado de sus aliados del Verde Ecologista y del Panal, son mayoría en la Cámara de Diputados.
Igual sucedió con las afirmaciones externadas el domingo por el aspirante priísta en los dos actos celebrados, frases generales que todos podrían firmar, en los que todos coincidimos pero que nada nos dicen a quienes hemos visto, –o sabido– caer a más de 11 mil personas bajo las balas homicidas.
Decir que “reorientará todos los esfuerzos” hechos en esta materia, o de comprometerse a “combatir significativa y sensiblemente” la violencia y de que “hace falta que la estrategia se articule de mejor manera, en conjunto con los gobiernos de la República, estatal y municipal” no bastan.
Esas frases son las recurrentes expresadas por los gobernantes a lo largo de esta pesadilla y nada cambió, incluida la actual administración estatal a la que sí le podemos achacar la detención de un mayor número de personas presuntamente culpables de la comisión de extorsiones y secuestros, así como de bandas de asaltantes de negocios y que nos llevan a la conclusión de no tratarse de un problema de aumento en la severidad de las penas, sino de la certeza de que los delincuentes serán detenidos y castigados, y eso depende no solamente de las frases criticadas líneas arriba, sino del buen funcionamiento de las dependencias encargadas de la procuración y aplicación de la justicia.
Y si lo anterior se la señalamos a quien puede ser la abanderada del PAN y a quien ya es el candidato del PRI, no podemos dejar de hacerlo con el aspirante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien visitará Juárez en dos semanas.
Todos tienen un ineludible compromiso con la vida de los chihuahuenses y que ahora sabemos, (Nota de Horacio Carrasco, El Diario-Juárez, 9/I/12) la ola homicida ha dejado huellas indelebles en la salud mental de miles de juarenses, tema al que volveremos pronto.
Luis Javier Valero Flores
La visita de Enrique Peña Nieto, y las que realizarán en fechas próximas los demás aspirantes, así como las entrevistas publicadas por El Diario a todos ellos, muestran claramente la necesidad de que los chihuahuenses les exijamos cosas más allá de las generalidades ofrecidas, ya sea en sus discursos o en las respuestas externadas a nuestros reporteros.
Tal exigencia, además del resto de los temas que deben abordar los presidentes de la república, de acuerdo con sus responsabilidades y facultades, es la de que precisen sus propuestas acerca de la seguridad pública. Tal tema cobra particular importancia en la entidad que ocupa el primer lugar en la incidencia homicida. Porque todos podemos coincidir en que ha habido una disminución de varios de los índices delictivos, pero todos muy lejos de los que sufríamos a fines del 2007, situación que de ninguna manera era lo ideal y ahora añoramos.
El problema radica en que los aspirantes del PAN y del PRI a la Presidencia fueron parte corresponsable de la política aplicada en estos años para combatir al narcotráfico, y no la criticaron, al contrario, con su conducta la avalaron. De ahí que resulta hasta irresponsable llegar a Chihuahua y delinear generalidades para afrontar la tragedia vivida por sus habitantes, a lo largo de los últimos cuatro años, exactamente los mismos que lleva de duración la participación de las fuerzas federales en ese combate.
Días atrás la precandidata más fuerte en las encuestas, Josefina Vázquez Mota, a lo más que llegó su compromiso para resolver el otro asunto más importante en Chihuahua, el de la seguridad pública –y quizá el mayor de Juárez– fue a decir que “conocía” las propuestas de los juarenses, pero de ninguna manera vimos que la bancada de su partido, lidereada precisamente por ella y que junto al grupo de legisladores priístas que reconocen a Enrique Peña Nieto como su líder, buscaran, plantearan, resolvieran cosas distintas a lo ya realizado en Juárez y cuyos resultados todos lamentamos. Más crece su responsabilidad si caemos en la cuenta que la bancada del PRI, al lado de sus aliados del Verde Ecologista y del Panal, son mayoría en la Cámara de Diputados.
Igual sucedió con las afirmaciones externadas el domingo por el aspirante priísta en los dos actos celebrados, frases generales que todos podrían firmar, en los que todos coincidimos pero que nada nos dicen a quienes hemos visto, –o sabido– caer a más de 11 mil personas bajo las balas homicidas.
Decir que “reorientará todos los esfuerzos” hechos en esta materia, o de comprometerse a “combatir significativa y sensiblemente” la violencia y de que “hace falta que la estrategia se articule de mejor manera, en conjunto con los gobiernos de la República, estatal y municipal” no bastan.
Esas frases son las recurrentes expresadas por los gobernantes a lo largo de esta pesadilla y nada cambió, incluida la actual administración estatal a la que sí le podemos achacar la detención de un mayor número de personas presuntamente culpables de la comisión de extorsiones y secuestros, así como de bandas de asaltantes de negocios y que nos llevan a la conclusión de no tratarse de un problema de aumento en la severidad de las penas, sino de la certeza de que los delincuentes serán detenidos y castigados, y eso depende no solamente de las frases criticadas líneas arriba, sino del buen funcionamiento de las dependencias encargadas de la procuración y aplicación de la justicia.
Y si lo anterior se la señalamos a quien puede ser la abanderada del PAN y a quien ya es el candidato del PRI, no podemos dejar de hacerlo con el aspirante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien visitará Juárez en dos semanas.
Todos tienen un ineludible compromiso con la vida de los chihuahuenses y que ahora sabemos, (Nota de Horacio Carrasco, El Diario-Juárez, 9/I/12) la ola homicida ha dejado huellas indelebles en la salud mental de miles de juarenses, tema al que volveremos pronto.
domingo, 8 de enero de 2012
Vázquez Mota y las frases huecas
El Diario, 8 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Señalada por la mayoría de las encuestas para ser la candidata del partido gobernante a la Presidencia de la República, pues se encuentra adelante en todas las levantadas entre los electores afines al PAN y entre el electorado en general, Josefina Vázquez Mota muestra en una entrevista concedida al reportero Jaime Álvarez Jiménez (El Diario, 1/I/12) varios de los defectos más comunes de la clase política, que antes pensábamos, de cuando éramos el país del “partido casi único”, era exclusividad de los priístas.
Por su importancia, no solamente en la presente campaña electoral, sino en el desempeño en los gobiernos de su partido en el siglo XXI, tanto en el de Fox, como en el de Calderón, deberemos detenernos a analizar a quien la cúpula de la extrema derecha sueña en convertirla en presidenta.
Dueña de un discurso pensado para el público de los medios electrónicos de comunicación, en los que hace gala de tonos melosos, incluso monótonos, fue parte fundamental en el mantenimiento, bajo los gobiernos panistas, de dos estructuras esenciales para la supervivencia del sistema político construido a lo largo de varias décadas bajo el priismo: el régimen asistencialista derivado del gobierno salinista –Pronasol– y la estructura corporativista del sindicato magisterial, también diseñado en su actual forma por Carlos Salinas de Gortari.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Vicente Fox, de la que emergió Luis Donaldo Colosio para convertirse en candidato del PRI en 1994, la ahora precandidata del PAN trabajó incansablemente para hacer que los dividendos políticos generados por esa dependencia favorecieran a los candidatos de su partido. Así fue en la elección del 2006, en la que diversos estudios mostraron que el blanquiazul había mejorado ostensiblemente su votación en los municipios más pobres en donde se derramaron más recursos de los programas de Sedesol.
Ecos de la reconversión de esos programas fueron los resultados de la elección 2010 en Chihuahua, en la cual el PAN obtuvo las más altas votaciones jamás alcanzadas en cerca de 30 los municipios más pobres, lo que le llevó a ganar, a pesar de su derrota en la elección a gobernador, 25 presidencias municipales (una de ellas en alianza con el PRD) y a que en 4 municipios el candidato Carlos Borruel obtuviera más votos que César Duarte y en alrededor de la mitad de todo el estado –en la elección a gobernador– alcanzara votaciones muy cercanas a las del PRI.
Tales estrategias la llevaron a ocupar, no por nada, la coordinación de la campaña de Felipe Calderón. Luego, al frente de la Secretaría de Educación en la actual administración federal, más allá de los rumores acerca de los enfrentamientos con la lideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, lo cierto es que no solamente compartió la conducción del gobierno de Calderón sino que fue titular de la SEP al tiempo que el yerno de Gordillo ocupaba la subsecretaría más importante, la de educación básica y el país se hundió en el desempeño educativo.
Eso, sin contar con su desempeño al frente del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados en donde, invariablemente, apoyó las iniciativas presidenciales y defendió con ardor a Felipe Calderón, incluso frente a las voces discordantes al interior de su bancada, como la de Manuel Clouthier hijo, quien ha criticado severamente la táctica de Felipe Calderón en el combate al narcotráfico. Vázquez Mota le pidió que renunciara a la diputación si quería seguir criticando a Calderón. El miércoles pasado, Clouthier, propietario del influyente periódico sinaloense “Noroeste”, publicó una descarnada protesta porque la dirigencia estatal de su partido no aceptó su inscripción como precandidato a la senaduría.
Con tales credenciales políticas sorprenden la falta de concreción, claridad y compromiso en la entrevista concedida a El Diario. Del mismo modo, las elevadas dosis de demagogia.
Cuestionada acerca de las razones que impidieron la aprobación de las propuestas de Calderón en la Cámara de Diputados, achacó al PRI la responsabilidad de no aprobar la reforma laboral “o a reconocer a los ciudadanos el poder de la reelección”, como si aprobar la reelección fuese un derecho negado a los mexicanos, y no, como lo es, una de las aspiraciones más caras de la clase política y consigna más insistente de las cúpulas empresariales ligadas al PAN.
Acerca de la pobreza existente en el país, clama por el reconocimiento a la reducción, dice, de los márgenes de desigualdad y enfatiza en el crecimiento de la economía y el mercado interno ajena de las innumerables voces que señalan el crecimiento de las cifras de la pobreza bajo los gobiernos panistas y a que México es uno de los países en que mayores márgenes de desigualdad en el ingreso existen en el orbe, y cuyo crecimiento se ha disparado en la última década.
Hay respuestas que indignan:
“¿Josefina, como secretaria de Educación Pública, hizo su trabajo?
—La educación debe ser la apuesta más importante para nuestro país. En materia de calidad, una mejor formación de nuestros maestros, de evaluación, de rendición de cuentas; por supuesto la cobertura es hoy un reto enorme. En el sexenio del Presidente Calderón se amplió la cobertura en bachillerato de manera muy significativa y en educación media superior.
— ¿Qué es la maestra Elba Esther para la educación en México?
—Ella es la líder del Sindicato, es una decisión de un sindicato dentro de su autonomía, y para mí lo más importante sería el acuerdo con los maestros, las maestras y los padres de familia”.
Pero hay otras, como las referentes a la seguridad pública que muestran la falta absoluta de programas, de rutas, de quien pretende la candidatura del partido gobernante, dice que “tendríamos que pasar a una segunda fase” y esta, ¡Oh sorpresa Es “fortalecer y mejorar los cuerpos policíacos, es indispensable; la impartición de justicia. Que los ministerios públicos recuperen la confianza ciudadana” y esperar la aprobación de la Ley de Lavado de Dinero, dice, y nada más, sólo que esa respuesta se la dio a un medio de la entidad que mantiene el primer lugar en homicidios relacionados con el narcotráfico y a la cual le dice que “conoce la apuesta en materia de educación y de cultura que hoy se está haciendo en Ciudad Juárez desde la sociedad civil”. Que conoce, no que la hace suya.
Pero si en los aspectos anteriores existen fallas evidentes, las respuestas a las razones por las cuales los simpatizantes panistas deberían votar por ella son patéticas. Interrogada acerca del porqué deberían preferirla por encima de Ernesto Cordero y Santiago Creel, adujo que “por la trayectoria misma. Vengo de la sociedad civil; conozco las luchas ciudadanas; he encabezado dos secretarías de Estado muy importantes para millones de mexicanos; he tenido el privilegio de la coordinación de mi grupo parlamentario, sé lo que significa la construcción de acuerdos y la importancia del diálogo… (porque) he caminado mi país en muchas ocasiones; conozco su dolor, pero también la fortaleza que tenemos los mexicanos y nuestra capacidad de trabajo, de entrega y de solidaridad”.
Igual le pasa en el tema del campo, propuestas generales, frases huecas, alejadas de la realidad de un país que importa al año miles de millones de dólares en alimentos, que expulsa a marejadas a los jóvenes del campo y del país, y esto responde: “El campo mexicano requiere seguirse tecnificando. Necesitamos hacer inversiones que nos permitan una mayor productividad y efectividad. El campo mexicano requiere terminar ya la regularización de los derechos de propiedad de la tierra. Necesita ya distinguirse, pues tenemos un campo mexicano de autosustento, de autoconsumo, que requiere sin duda el mejor de los acompañamientos en materia de crédito, de formación, de uso de fertilizantes. El campo mexicano es altamente tecnificado, de exportación, de clase mundial”.
En tanto, Santiago Creel, al desgaire, como no queriendo la cosa, señaló que quien le propuso hacer una encuesta para descartar a uno de los aspirantes a la candidatura presidencial –para que no se dividan los votos entre Vázquez Mota y Cordero– fue el mismísimo Calderón.
¡Ah, los panistas cuánto prometieron en su fase oposicionista y cuánta desilusión produjeron como gobernantes!
Luis Javier Valero Flores
Señalada por la mayoría de las encuestas para ser la candidata del partido gobernante a la Presidencia de la República, pues se encuentra adelante en todas las levantadas entre los electores afines al PAN y entre el electorado en general, Josefina Vázquez Mota muestra en una entrevista concedida al reportero Jaime Álvarez Jiménez (El Diario, 1/I/12) varios de los defectos más comunes de la clase política, que antes pensábamos, de cuando éramos el país del “partido casi único”, era exclusividad de los priístas.
Por su importancia, no solamente en la presente campaña electoral, sino en el desempeño en los gobiernos de su partido en el siglo XXI, tanto en el de Fox, como en el de Calderón, deberemos detenernos a analizar a quien la cúpula de la extrema derecha sueña en convertirla en presidenta.
Dueña de un discurso pensado para el público de los medios electrónicos de comunicación, en los que hace gala de tonos melosos, incluso monótonos, fue parte fundamental en el mantenimiento, bajo los gobiernos panistas, de dos estructuras esenciales para la supervivencia del sistema político construido a lo largo de varias décadas bajo el priismo: el régimen asistencialista derivado del gobierno salinista –Pronasol– y la estructura corporativista del sindicato magisterial, también diseñado en su actual forma por Carlos Salinas de Gortari.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Vicente Fox, de la que emergió Luis Donaldo Colosio para convertirse en candidato del PRI en 1994, la ahora precandidata del PAN trabajó incansablemente para hacer que los dividendos políticos generados por esa dependencia favorecieran a los candidatos de su partido. Así fue en la elección del 2006, en la que diversos estudios mostraron que el blanquiazul había mejorado ostensiblemente su votación en los municipios más pobres en donde se derramaron más recursos de los programas de Sedesol.
Ecos de la reconversión de esos programas fueron los resultados de la elección 2010 en Chihuahua, en la cual el PAN obtuvo las más altas votaciones jamás alcanzadas en cerca de 30 los municipios más pobres, lo que le llevó a ganar, a pesar de su derrota en la elección a gobernador, 25 presidencias municipales (una de ellas en alianza con el PRD) y a que en 4 municipios el candidato Carlos Borruel obtuviera más votos que César Duarte y en alrededor de la mitad de todo el estado –en la elección a gobernador– alcanzara votaciones muy cercanas a las del PRI.
Tales estrategias la llevaron a ocupar, no por nada, la coordinación de la campaña de Felipe Calderón. Luego, al frente de la Secretaría de Educación en la actual administración federal, más allá de los rumores acerca de los enfrentamientos con la lideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, lo cierto es que no solamente compartió la conducción del gobierno de Calderón sino que fue titular de la SEP al tiempo que el yerno de Gordillo ocupaba la subsecretaría más importante, la de educación básica y el país se hundió en el desempeño educativo.
Eso, sin contar con su desempeño al frente del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados en donde, invariablemente, apoyó las iniciativas presidenciales y defendió con ardor a Felipe Calderón, incluso frente a las voces discordantes al interior de su bancada, como la de Manuel Clouthier hijo, quien ha criticado severamente la táctica de Felipe Calderón en el combate al narcotráfico. Vázquez Mota le pidió que renunciara a la diputación si quería seguir criticando a Calderón. El miércoles pasado, Clouthier, propietario del influyente periódico sinaloense “Noroeste”, publicó una descarnada protesta porque la dirigencia estatal de su partido no aceptó su inscripción como precandidato a la senaduría.
Con tales credenciales políticas sorprenden la falta de concreción, claridad y compromiso en la entrevista concedida a El Diario. Del mismo modo, las elevadas dosis de demagogia.
Cuestionada acerca de las razones que impidieron la aprobación de las propuestas de Calderón en la Cámara de Diputados, achacó al PRI la responsabilidad de no aprobar la reforma laboral “o a reconocer a los ciudadanos el poder de la reelección”, como si aprobar la reelección fuese un derecho negado a los mexicanos, y no, como lo es, una de las aspiraciones más caras de la clase política y consigna más insistente de las cúpulas empresariales ligadas al PAN.
Acerca de la pobreza existente en el país, clama por el reconocimiento a la reducción, dice, de los márgenes de desigualdad y enfatiza en el crecimiento de la economía y el mercado interno ajena de las innumerables voces que señalan el crecimiento de las cifras de la pobreza bajo los gobiernos panistas y a que México es uno de los países en que mayores márgenes de desigualdad en el ingreso existen en el orbe, y cuyo crecimiento se ha disparado en la última década.
Hay respuestas que indignan:
“¿Josefina, como secretaria de Educación Pública, hizo su trabajo?
—La educación debe ser la apuesta más importante para nuestro país. En materia de calidad, una mejor formación de nuestros maestros, de evaluación, de rendición de cuentas; por supuesto la cobertura es hoy un reto enorme. En el sexenio del Presidente Calderón se amplió la cobertura en bachillerato de manera muy significativa y en educación media superior.
— ¿Qué es la maestra Elba Esther para la educación en México?
—Ella es la líder del Sindicato, es una decisión de un sindicato dentro de su autonomía, y para mí lo más importante sería el acuerdo con los maestros, las maestras y los padres de familia”.
Pero hay otras, como las referentes a la seguridad pública que muestran la falta absoluta de programas, de rutas, de quien pretende la candidatura del partido gobernante, dice que “tendríamos que pasar a una segunda fase” y esta, ¡Oh sorpresa Es “fortalecer y mejorar los cuerpos policíacos, es indispensable; la impartición de justicia. Que los ministerios públicos recuperen la confianza ciudadana” y esperar la aprobación de la Ley de Lavado de Dinero, dice, y nada más, sólo que esa respuesta se la dio a un medio de la entidad que mantiene el primer lugar en homicidios relacionados con el narcotráfico y a la cual le dice que “conoce la apuesta en materia de educación y de cultura que hoy se está haciendo en Ciudad Juárez desde la sociedad civil”. Que conoce, no que la hace suya.
Pero si en los aspectos anteriores existen fallas evidentes, las respuestas a las razones por las cuales los simpatizantes panistas deberían votar por ella son patéticas. Interrogada acerca del porqué deberían preferirla por encima de Ernesto Cordero y Santiago Creel, adujo que “por la trayectoria misma. Vengo de la sociedad civil; conozco las luchas ciudadanas; he encabezado dos secretarías de Estado muy importantes para millones de mexicanos; he tenido el privilegio de la coordinación de mi grupo parlamentario, sé lo que significa la construcción de acuerdos y la importancia del diálogo… (porque) he caminado mi país en muchas ocasiones; conozco su dolor, pero también la fortaleza que tenemos los mexicanos y nuestra capacidad de trabajo, de entrega y de solidaridad”.
Igual le pasa en el tema del campo, propuestas generales, frases huecas, alejadas de la realidad de un país que importa al año miles de millones de dólares en alimentos, que expulsa a marejadas a los jóvenes del campo y del país, y esto responde: “El campo mexicano requiere seguirse tecnificando. Necesitamos hacer inversiones que nos permitan una mayor productividad y efectividad. El campo mexicano requiere terminar ya la regularización de los derechos de propiedad de la tierra. Necesita ya distinguirse, pues tenemos un campo mexicano de autosustento, de autoconsumo, que requiere sin duda el mejor de los acompañamientos en materia de crédito, de formación, de uso de fertilizantes. El campo mexicano es altamente tecnificado, de exportación, de clase mundial”.
En tanto, Santiago Creel, al desgaire, como no queriendo la cosa, señaló que quien le propuso hacer una encuesta para descartar a uno de los aspirantes a la candidatura presidencial –para que no se dividan los votos entre Vázquez Mota y Cordero– fue el mismísimo Calderón.
¡Ah, los panistas cuánto prometieron en su fase oposicionista y cuánta desilusión produjeron como gobernantes!
jueves, 5 de enero de 2012
Retractaciones
El Diario, 5 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
A penas transcurrió día y medio del cobro –y toma de conciencia de la ciudadanía- de la tenencia vehicular municipal y algunos de sus autores, lógicamente, como es año electoral, iniciaron el cuestionado camino de la retractación.
En primer lugar, el gobernador del Estado, César Duarte, asumió ya públicamente lo que era una certidumbre más que extendida, legisla por encima del Poder Legislativo, y éste, sin ningún respiro, de inmediato asume lo que el gobernante resuelve, aún por encima de la legalidad vigente.
Pero si la mayoría gobernante asume parcialmente sus costos políticos en la creación del nuevo impuesto, la primera minoría, que es a su vez, la principal de las oposiciones, el PAN, nos ofrece un verdadero espectáculo vergonzante al declarar el coordinador de los diputados locales, Héctor Ortiz, que “está arrepentido” de haber creado tal engendro fiscal, y el líder estatal de ese partido queda en grave entredicho al declarar que los alcaldes emanados de su partido “no firmaron” la solicitud de crear la “tenencia municipal”.
Y las demás fuerzas políticas no existen, ni se asoman ¡Ah, qué pobreza de políticos
Es un verdadero galimatías lo realizado por la clase política chihuahuense.
Primero aprueban una “solicitud” de los alcaldes para resarcir a los ayuntamientos del gasto en pavimentación y mantenimiento de las vialidades, pero esa petición no pasa por la discusión de ni uno solo de los 67 cabildos -¿Se imagina usted, por ejemplo, cuánto recibiría Batopilas y cuánto gastará en mantenimiento de semáforos?-; luego, el Congreso aprueba una “ampliación” en el presupuesto de ingresos y de egresos ¡de todos los municipios –es decir, se asumió como cabildo estatal y modificó lo que es una facultad inicial de los ayuntamientos-, pero como los municipios en esta etapa de la vida pública de Chihuahua no tienen capacidades administrativas y siendo una contribución estatal, que cobra el gobierno estatal, éste la recaudará y se la entregará, íntegra, a los municipios y éstos, también de manera íntegra la gastarán en obras viales, y de ninguna manera en otras obras públicas, ni mucho menos -¡¿Cómo cree usted?- en gasto corriente.
Uff, como diría Erasto Olmos. Pero no para ahí el asunto.
Consciente de que se debe estimular el trabajo de los hombres del campo, propietarios de camionetas tipo pick up, sin importar el modelo y condiciones, al darse cuenta de la insensibilidad de los diputados locales, el gobernador ordena que se les cobre como si fueran autos y no como vehículos de carga, es decir, 300 pesos. En ese acto, el mandatario sustituyó al total de los ¡33 diputados!
¿Ya fue todo?
Por supuesto que no. Raudos y veloces, el presidente del Congreso y la diputada presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública le dieron la razón al gobernante, y también sustituyeron al total de sus compañeros.
¡Viva la división republicana de poderes!
Y si la mayoría gobernante nos ofreció un inaceptable espectáculo, la principal de las oposiciones no le quedó muy atrás.
Héctor Ortiz, líder de los legisladores blanquiazules, lo hizo, dijo, para apoyar a los alcaldes panistas, pero “muy en el fondo” no estaba de acuerdo en que se cobrara una tarifa de 300 por auto y 450 por camioneta o camión. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 3/I/12).
A su vez, el dirigente estatal panista, Mario Vázquez Robles, aseguró repetidamente que los alcaldes de su partido “nunca pidieron ese cobro”, pero ni uno solo de ellos ha ratificado tal declaración ¿No será que sí existen las firmas de los ediles?
¡Viva la alternancia partidaria ¡Viva la plena competencia electoral y el régimen de verdaderos partidotes políticos!
Y luego salen a pedir el voto, diciendo que ellos, todos, sí cumplen con sus promesas de campaña, y se desgañitan repitiendo una y otra vez que debemos, también todos, abatir al abstencionismo, verdadero peligro de la democracia, dicen, y algunos pensamos que no, que el peligro para México, parodiando a los ínclitos dirigentes empresariales del 2006, son algunos, quizá muchos, integrantes de la clase política mexicana.
Luis Javier Valero Flores
A penas transcurrió día y medio del cobro –y toma de conciencia de la ciudadanía- de la tenencia vehicular municipal y algunos de sus autores, lógicamente, como es año electoral, iniciaron el cuestionado camino de la retractación.
En primer lugar, el gobernador del Estado, César Duarte, asumió ya públicamente lo que era una certidumbre más que extendida, legisla por encima del Poder Legislativo, y éste, sin ningún respiro, de inmediato asume lo que el gobernante resuelve, aún por encima de la legalidad vigente.
Pero si la mayoría gobernante asume parcialmente sus costos políticos en la creación del nuevo impuesto, la primera minoría, que es a su vez, la principal de las oposiciones, el PAN, nos ofrece un verdadero espectáculo vergonzante al declarar el coordinador de los diputados locales, Héctor Ortiz, que “está arrepentido” de haber creado tal engendro fiscal, y el líder estatal de ese partido queda en grave entredicho al declarar que los alcaldes emanados de su partido “no firmaron” la solicitud de crear la “tenencia municipal”.
Y las demás fuerzas políticas no existen, ni se asoman ¡Ah, qué pobreza de políticos
Es un verdadero galimatías lo realizado por la clase política chihuahuense.
Primero aprueban una “solicitud” de los alcaldes para resarcir a los ayuntamientos del gasto en pavimentación y mantenimiento de las vialidades, pero esa petición no pasa por la discusión de ni uno solo de los 67 cabildos -¿Se imagina usted, por ejemplo, cuánto recibiría Batopilas y cuánto gastará en mantenimiento de semáforos?-; luego, el Congreso aprueba una “ampliación” en el presupuesto de ingresos y de egresos ¡de todos los municipios –es decir, se asumió como cabildo estatal y modificó lo que es una facultad inicial de los ayuntamientos-, pero como los municipios en esta etapa de la vida pública de Chihuahua no tienen capacidades administrativas y siendo una contribución estatal, que cobra el gobierno estatal, éste la recaudará y se la entregará, íntegra, a los municipios y éstos, también de manera íntegra la gastarán en obras viales, y de ninguna manera en otras obras públicas, ni mucho menos -¡¿Cómo cree usted?- en gasto corriente.
Uff, como diría Erasto Olmos. Pero no para ahí el asunto.
Consciente de que se debe estimular el trabajo de los hombres del campo, propietarios de camionetas tipo pick up, sin importar el modelo y condiciones, al darse cuenta de la insensibilidad de los diputados locales, el gobernador ordena que se les cobre como si fueran autos y no como vehículos de carga, es decir, 300 pesos. En ese acto, el mandatario sustituyó al total de los ¡33 diputados!
¿Ya fue todo?
Por supuesto que no. Raudos y veloces, el presidente del Congreso y la diputada presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública le dieron la razón al gobernante, y también sustituyeron al total de sus compañeros.
¡Viva la división republicana de poderes!
Y si la mayoría gobernante nos ofreció un inaceptable espectáculo, la principal de las oposiciones no le quedó muy atrás.
Héctor Ortiz, líder de los legisladores blanquiazules, lo hizo, dijo, para apoyar a los alcaldes panistas, pero “muy en el fondo” no estaba de acuerdo en que se cobrara una tarifa de 300 por auto y 450 por camioneta o camión. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 3/I/12).
A su vez, el dirigente estatal panista, Mario Vázquez Robles, aseguró repetidamente que los alcaldes de su partido “nunca pidieron ese cobro”, pero ni uno solo de ellos ha ratificado tal declaración ¿No será que sí existen las firmas de los ediles?
¡Viva la alternancia partidaria ¡Viva la plena competencia electoral y el régimen de verdaderos partidotes políticos!
Y luego salen a pedir el voto, diciendo que ellos, todos, sí cumplen con sus promesas de campaña, y se desgañitan repitiendo una y otra vez que debemos, también todos, abatir al abstencionismo, verdadero peligro de la democracia, dicen, y algunos pensamos que no, que el peligro para México, parodiando a los ínclitos dirigentes empresariales del 2006, son algunos, quizá muchos, integrantes de la clase política mexicana.
martes, 3 de enero de 2012
Una reflexión ineludible
El Diario, 3 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Es queja permanente, la del inicio de cada año, tanta que una buena cantidad de personas aseveran que la crisis (económica) ha sido una, la desde que tienen uso de razón, pero incluso en esas apreciaciones hay de grados a grados.
El temido incremento del costo de la vida, de cada año amenaza en convertirse en uno de los peores que hayamos sufrido los chihuahuenses, y no todas las regiones de la entidad lo resentirán del mismo modo, quizá quienes más lo sufrirán serán los sectores más empobrecidos de la zona fronteriza y los que deberán apretarse aún más los cinturones serán amplios sectores de las capas medias y medias bajas ante la terrible escalada de precios en los impuestos, bienes y servicios otorgados por el Estado Mexicano, así, con mayúsculas porque los incrementos no sólo en el ámbito estatal se desgranaron.
Y quizá en el federal existan menores capacidades para afrontar una política distinta a la que han desplegado en las últimas décadas bajo gobiernos emanados tanto del PRI como del PAN, pero a nivel estatal sí debiera existir una sensibilidad distinta para apreciar el modo en que los chihuahuenses afrontarán al nuevo año, y hablamos de la inmensa mayoría de quienes habitamos el Estado Grande.
Salvo discretos cambios presentados a lo largo de los últimos tres años, poco más del 40 por ciento de los asalariados de las dos grandes urbes de la entidad –y hablamos de 6 de cada 10 chihuahuenses– obtienen ingresos, al mes, de dos salarios mínimos mensualizados y alrededor de 35 por ciento hasta cinco salarios mínimos.
Es decir, alrededor de 8 de cada 10 chihuahuenses viven con un ingreso de 9 mil pesos, con esta cantidad deberán hacerle frente a la cascada de aumentos: a los impuestos generados por la propiedad y uso de vehículos, deberemos agregarle un nuevo cargo llamado verificación documental de cien pesos, cobrado por el Gobierno del Estado; un aumento del 10 por ciento en la tarifa de agua, eso, sin tomar en cuenta que “la gasolina empezará este 2012 un 11 por ciento más cara que hace un año”, como acertadamente informa en su nota el reportero Martín Coronado (El Diario, 2/I/12).
En el mismo trabajo se asienta del aumento en otros bienes y mercancías: En “un grupo de 25 alimentos de consumo regular, el promedio de alza durante el 2011 fue de 27 por ciento”, el precio de la pechuga de pollo se duplicó, la salsa de tomate subió un 67 por ciento y el rábano “y la naranja cuestan 50 por ciento más que en el inicio del 2011”.
Igualmente, las tortillas subieron en diciembre 30 por ciento, casi lo mismo que el huevo; la carne, en algunas presentaciones subió 90 por ciento, sin hablar de los aumentos sufridos en el precio del frijol, del arroz, la leche, etc.
Es de tal magnitud el incremento de los precios que debería llevar a una urgente reflexión en las distintas esferas de gobierno.
Durante todo el año, por diversas razones los gobernantes de Chihuahua le han solicitado al federal la declaración de zonas de emergencia o de desastre, en varias zonas y épocas del año, algunas de ellas podrían aplicarse para el ámbito estatal, razones que lo deberían llevar a declarar algunas zonas de excepción en materia fiscal, en particular hacer una revisión de los aumentos decretados a los servicios e impuestos de carácter estatal, como una manera de contribuir al mejoramiento, directo, de los niveles de vida de la mayoría de los chihuahuenses.
Deberían, por su cuenta, hacer la evaluación de qué tanto incidirán las políticas recaudatorias en la economía estatal, en las finanzas estatales y, sobre todo, en las familiares y hacerse eco de las vicisitudes de sus conciudadanos, deberían hacerlo por su propia cuenta, sin que en sus criterios prevaleciera el interés electoral y contribuir, de manera importante, a que la frase tan trillada de –¡Feliz año – adquiriera connotaciones de realismo.
Digo…
Luis Javier Valero Flores
Es queja permanente, la del inicio de cada año, tanta que una buena cantidad de personas aseveran que la crisis (económica) ha sido una, la desde que tienen uso de razón, pero incluso en esas apreciaciones hay de grados a grados.
El temido incremento del costo de la vida, de cada año amenaza en convertirse en uno de los peores que hayamos sufrido los chihuahuenses, y no todas las regiones de la entidad lo resentirán del mismo modo, quizá quienes más lo sufrirán serán los sectores más empobrecidos de la zona fronteriza y los que deberán apretarse aún más los cinturones serán amplios sectores de las capas medias y medias bajas ante la terrible escalada de precios en los impuestos, bienes y servicios otorgados por el Estado Mexicano, así, con mayúsculas porque los incrementos no sólo en el ámbito estatal se desgranaron.
Y quizá en el federal existan menores capacidades para afrontar una política distinta a la que han desplegado en las últimas décadas bajo gobiernos emanados tanto del PRI como del PAN, pero a nivel estatal sí debiera existir una sensibilidad distinta para apreciar el modo en que los chihuahuenses afrontarán al nuevo año, y hablamos de la inmensa mayoría de quienes habitamos el Estado Grande.
Salvo discretos cambios presentados a lo largo de los últimos tres años, poco más del 40 por ciento de los asalariados de las dos grandes urbes de la entidad –y hablamos de 6 de cada 10 chihuahuenses– obtienen ingresos, al mes, de dos salarios mínimos mensualizados y alrededor de 35 por ciento hasta cinco salarios mínimos.
Es decir, alrededor de 8 de cada 10 chihuahuenses viven con un ingreso de 9 mil pesos, con esta cantidad deberán hacerle frente a la cascada de aumentos: a los impuestos generados por la propiedad y uso de vehículos, deberemos agregarle un nuevo cargo llamado verificación documental de cien pesos, cobrado por el Gobierno del Estado; un aumento del 10 por ciento en la tarifa de agua, eso, sin tomar en cuenta que “la gasolina empezará este 2012 un 11 por ciento más cara que hace un año”, como acertadamente informa en su nota el reportero Martín Coronado (El Diario, 2/I/12).
En el mismo trabajo se asienta del aumento en otros bienes y mercancías: En “un grupo de 25 alimentos de consumo regular, el promedio de alza durante el 2011 fue de 27 por ciento”, el precio de la pechuga de pollo se duplicó, la salsa de tomate subió un 67 por ciento y el rábano “y la naranja cuestan 50 por ciento más que en el inicio del 2011”.
Igualmente, las tortillas subieron en diciembre 30 por ciento, casi lo mismo que el huevo; la carne, en algunas presentaciones subió 90 por ciento, sin hablar de los aumentos sufridos en el precio del frijol, del arroz, la leche, etc.
Es de tal magnitud el incremento de los precios que debería llevar a una urgente reflexión en las distintas esferas de gobierno.
Durante todo el año, por diversas razones los gobernantes de Chihuahua le han solicitado al federal la declaración de zonas de emergencia o de desastre, en varias zonas y épocas del año, algunas de ellas podrían aplicarse para el ámbito estatal, razones que lo deberían llevar a declarar algunas zonas de excepción en materia fiscal, en particular hacer una revisión de los aumentos decretados a los servicios e impuestos de carácter estatal, como una manera de contribuir al mejoramiento, directo, de los niveles de vida de la mayoría de los chihuahuenses.
Deberían, por su cuenta, hacer la evaluación de qué tanto incidirán las políticas recaudatorias en la economía estatal, en las finanzas estatales y, sobre todo, en las familiares y hacerse eco de las vicisitudes de sus conciudadanos, deberían hacerlo por su propia cuenta, sin que en sus criterios prevaleciera el interés electoral y contribuir, de manera importante, a que la frase tan trillada de –¡Feliz año – adquiriera connotaciones de realismo.
Digo…
domingo, 1 de enero de 2012
Nuevo año, esperanza infinita
El Diario, 1 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Al terminar el año es inevitable efectuar un balance, tanto en lo personal, como en lo colectivo, pero sobre todas las cosas, en uno y otro ámbito, siempre, se hace necesario plantearse las perspectivas del futuro inmediato y del mediato.
Si partiéramos de lo acaecido en Chihuahua un año atrás, sin duda debemos alegrarnos, nos fue mejor, así los índices en que mejoramos sean casi imperceptibles. De ese tamaño es la tragedia que vivimos a lo largo del 2010 ¡Cómo estaría para que nos sintamos mejor en 2011, a pesar de la caótica situación por la que atravesamos!
Pero una cosa es la percepción ciudadana, otra la realidad y una más la que las autoridades intentan difundir en la población. Todos saldremos ganando si todos nos convenciéramos que la llegada de la ola delictiva fue intempestiva, explosiva, extremadamente dolorosa y caótica, y que la disminución a las cifras previas a esta oleada homicida nos llevará años, muchos años y que lo peor será regresar a aquellas condiciones.
Si por lo menos la clase política actuara pensando, no en la siguiente elección, sino en función de la terrible tragedia que nos asola; que actuaran como auténticos responsables de la conducción del Estado mexicano y no en función solamente de la temporalidad con la que les tocó gobernar, podríamos pensar en una mejor aceptación de lo que nos espera a lo largo de esos años.
Y esa es la mala noticia, pueden disminuir algunas cifras delictivas, elevarse otras, pero el daño al tejido social es enorme y sus cicatrices deberán contarse por cientos de miles de víctimas, porque al número de caídos debemos sumarle la de sus deudos, la de los decenas de miles de secuestrados o extorsionados, los que sufrieron el robo de algún vehículo o en su negocio, además de los migrantes, que se cuentan por cientos de miles, y si se cree que exageramos nada más ubiquemos los huidos de Juárez, del Valle de Juárez y los de la franja ribereña fronteriza de Tamaulipas, amén de los que salieron de ciudades como Monterrey, Durango, Torreón, Gómez Palacio, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, etc.
Y es un largo etcétera.
Algo de tales altas y bajas de la incidencia delictiva ya hemos sufrido los chihuahuenses. Todas las estadísticas hablan de la disminución de las ejecuciones y de algunos otros rubros, con el aumento de otros y en lo general de una disminución, quizá menor a la informada en las últimas semanas por las autoridades, pero con toda seguridad sí la existe a juzgar por las expresiones ciudadanas.
No ocurre así en el país, particularmente en algunas zonas, en el que durante 2011 se elevaron las cifras de homicidios dolosos en un 11% respecto al período anterior, al presentarse 41 mil 833 entre octubre de 2009 y septiembre pasado, “según datos que el gobierno federal distribuyó exclusivamente a los gobernadores durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional”. (Nota de Gustavo Castillo y Ángeles Cruz, La Jornada, 17/XII/11).
De acuerdo con esa información, de octubre de 2009 a septiembre de 2010 en Chihuahua se cometieron 3 mil 800 homicidios dolosos; en el siguiente período, de 2010 a 2011, el número de asesinatos disminuyó 12 por ciento, al registrarse 3 mil 344 casos. (Ibídem).
Pero la danza de las cifras ofrecidas por las instancias oficiales es un verdadero caos, cuya causa la ubicamos, probablemente, en la imperiosa necesidad oficial de edulcorar la situación, así sea solo en las estadísticas.
Las distintas dependencias oficiales nacionales ofrecen como resultados, en lo referente a homicidios relacionados con el crimen organizado, cifras poco superiores a los 40 mil, de ahí, por ejemplo, el recuento del portal La Opción de la capital del estado que hasta el 29 de diciembre informaba de 42 mil 438 en el actual sexenio. Sin embargo, el semanario Zeta, de la ciudad de Tijuana, y quizá uno de los medios de comunicación que desde tempranas horas inició el recuento e información de las cifras relacionadas con el narcotráfico, elaboró un trabajo que le llevó a la conclusión que en realidad la cifra es de 60 mil muertos por esta causa, lo que equivale a que casi una tercera parte de las muertes no están tomadas en cuenta en el recuento final. (Nota de Enrique Mendoza Zeta/Proceso 1832, 11 de diciembre de 2011).
Por desgracia, uno de los referentes de tales inexactitudes del mencionado semanario lo constituye la estadística de Chihuahua:
Así lo escribieron: “No todas las ejecuciones ocurridas en los estados están siendo registradas por el Sistema Nacional de Información, el ejemplo es el estado de Chihuahua: La fiscalía informó en noviembre 2011 que entre el 1 enero de 2008 y el 31 de octubre de este año sucedieron en Chihuahua 16 mil 456 homicidios dolosos, de los cuales 2 mil 543 ocurrieron en 2008, 4 mil 543 en 2009, 5 mil 898 en 2010 y 3 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011.
No bastante el Sistema Nacional de Información a través del Secretariado Ejecutivo sólo reporta 11 mil 588 homicidios dolosos: 2 mil 30 en 2008, 3 mil 156 en 2009, 3 mil 806 en 2010 y 2 mil 596 en los primeros 10 meses de 2011. Es decir, el Sistema Nacional de Información no da cuenta de 4 mil 868 homicidios dolosos. Sólo hay dos opciones: O la fiscalía de Chihuahua no reporta 100% de los muertos al gobierno federal o el Sistema Nacional de Información no registra la cantidad que las autoridades estatales le reportan.
De hecho, en la edición 1945 correspondiente a la semana del ocho al 14 de julio del 2011 Zeta dio a conocer que el 14 marzo de este año la Fiscalía General de Justicia (sic) del Estado de Chihuahua reportó 7 mil 209 homicidios dolosos ocurridos en 2010, pero en noviembre de 2011 sólo reconoció que en 2010 ocurrieron 5 mil 898. Es decir, mil 311 homicidios dolosos no son reconocidos por la misma institución.
“Entonces, si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua no reconoce mil 311 ejecuciones, más 4 mil 868 que no reporta el Sistema Nacional de Información, resulta que por lo menos 6 mil 179 cadáveres son desconocidos por ambas instituciones. Lo único que informó en noviembre último la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue la cantidad de 9 mil 604 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada: mil 024 en 2008, mil 976 en 2009, 4 mil 138 en 2010 y 2 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011”.
El periodista informó que a lo largo de todo el año 2011 solicitó una entrevista con el Fiscal General, Carlos Manuel Salas. No se la han otorgado, igual sucedió con el escribiente quien la ha solicitado, tanto para las colaboraciones editoriales, como para la revista Aserto.
Informar correcta y oportunamente de las cifras delictivas es oportunidad de mejoramiento de la seguridad pública, actuar con transparencia significa mejorar ostensiblemente la administración pública y en esta materia aún más pues la confianza ciudadana en las instituciones es cardinal, y si esta no se construye con veracidad, la realidad golpeará en la línea de flotación la credibilidad ciudadana y no habrá la cooperación necesaria para atacar a la delincuencia.
Y esto es fundamental, máxime que en los últimos días se han empezado a difundir distintas informaciones en el sentido que la disminución de la ola homicida alcanzó cifras de hasta el 35%, que no reporta, por ejemplo, el mencionado portal La Opción, cuyas cifras no concuerdan, ni con las informadas recientemente por el Gobernador del Estado, César Duarte, (Nota de Flor Holguín, El Diario, 29/XII/11) ni con las del semanario mencionado, ni con las reportadas a los gobernadores en su última reunión.
El gobierno de Chihuahua le apostó al aumento de la severidad de las penas y aparentemente, por lo menos en sus números, las cosas han mejorado, ojalá así sea para bien de todos nosotros, pero las autoridades debieran ser más cautas al momento de lanzar las campanas al vuelo, no hay, hasta el momento, parámetros que nos demuestren que tal política en materia penal ha incidido en esa disminución.
Antes bien, podríamos apostarle –ojalá así fuera- a que las detenciones de los reales delincuentes han aumentado.
Eso quisiéramos creer, eso esperamos del 2012.
Por lo pronto, ¡Feliz Año Nuevo!
asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Al terminar el año es inevitable efectuar un balance, tanto en lo personal, como en lo colectivo, pero sobre todas las cosas, en uno y otro ámbito, siempre, se hace necesario plantearse las perspectivas del futuro inmediato y del mediato.
Si partiéramos de lo acaecido en Chihuahua un año atrás, sin duda debemos alegrarnos, nos fue mejor, así los índices en que mejoramos sean casi imperceptibles. De ese tamaño es la tragedia que vivimos a lo largo del 2010 ¡Cómo estaría para que nos sintamos mejor en 2011, a pesar de la caótica situación por la que atravesamos!
Pero una cosa es la percepción ciudadana, otra la realidad y una más la que las autoridades intentan difundir en la población. Todos saldremos ganando si todos nos convenciéramos que la llegada de la ola delictiva fue intempestiva, explosiva, extremadamente dolorosa y caótica, y que la disminución a las cifras previas a esta oleada homicida nos llevará años, muchos años y que lo peor será regresar a aquellas condiciones.
Si por lo menos la clase política actuara pensando, no en la siguiente elección, sino en función de la terrible tragedia que nos asola; que actuaran como auténticos responsables de la conducción del Estado mexicano y no en función solamente de la temporalidad con la que les tocó gobernar, podríamos pensar en una mejor aceptación de lo que nos espera a lo largo de esos años.
Y esa es la mala noticia, pueden disminuir algunas cifras delictivas, elevarse otras, pero el daño al tejido social es enorme y sus cicatrices deberán contarse por cientos de miles de víctimas, porque al número de caídos debemos sumarle la de sus deudos, la de los decenas de miles de secuestrados o extorsionados, los que sufrieron el robo de algún vehículo o en su negocio, además de los migrantes, que se cuentan por cientos de miles, y si se cree que exageramos nada más ubiquemos los huidos de Juárez, del Valle de Juárez y los de la franja ribereña fronteriza de Tamaulipas, amén de los que salieron de ciudades como Monterrey, Durango, Torreón, Gómez Palacio, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, etc.
Y es un largo etcétera.
Algo de tales altas y bajas de la incidencia delictiva ya hemos sufrido los chihuahuenses. Todas las estadísticas hablan de la disminución de las ejecuciones y de algunos otros rubros, con el aumento de otros y en lo general de una disminución, quizá menor a la informada en las últimas semanas por las autoridades, pero con toda seguridad sí la existe a juzgar por las expresiones ciudadanas.
No ocurre así en el país, particularmente en algunas zonas, en el que durante 2011 se elevaron las cifras de homicidios dolosos en un 11% respecto al período anterior, al presentarse 41 mil 833 entre octubre de 2009 y septiembre pasado, “según datos que el gobierno federal distribuyó exclusivamente a los gobernadores durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional”. (Nota de Gustavo Castillo y Ángeles Cruz, La Jornada, 17/XII/11).
De acuerdo con esa información, de octubre de 2009 a septiembre de 2010 en Chihuahua se cometieron 3 mil 800 homicidios dolosos; en el siguiente período, de 2010 a 2011, el número de asesinatos disminuyó 12 por ciento, al registrarse 3 mil 344 casos. (Ibídem).
Pero la danza de las cifras ofrecidas por las instancias oficiales es un verdadero caos, cuya causa la ubicamos, probablemente, en la imperiosa necesidad oficial de edulcorar la situación, así sea solo en las estadísticas.
Las distintas dependencias oficiales nacionales ofrecen como resultados, en lo referente a homicidios relacionados con el crimen organizado, cifras poco superiores a los 40 mil, de ahí, por ejemplo, el recuento del portal La Opción de la capital del estado que hasta el 29 de diciembre informaba de 42 mil 438 en el actual sexenio. Sin embargo, el semanario Zeta, de la ciudad de Tijuana, y quizá uno de los medios de comunicación que desde tempranas horas inició el recuento e información de las cifras relacionadas con el narcotráfico, elaboró un trabajo que le llevó a la conclusión que en realidad la cifra es de 60 mil muertos por esta causa, lo que equivale a que casi una tercera parte de las muertes no están tomadas en cuenta en el recuento final. (Nota de Enrique Mendoza Zeta/Proceso 1832, 11 de diciembre de 2011).
Por desgracia, uno de los referentes de tales inexactitudes del mencionado semanario lo constituye la estadística de Chihuahua:
Así lo escribieron: “No todas las ejecuciones ocurridas en los estados están siendo registradas por el Sistema Nacional de Información, el ejemplo es el estado de Chihuahua: La fiscalía informó en noviembre 2011 que entre el 1 enero de 2008 y el 31 de octubre de este año sucedieron en Chihuahua 16 mil 456 homicidios dolosos, de los cuales 2 mil 543 ocurrieron en 2008, 4 mil 543 en 2009, 5 mil 898 en 2010 y 3 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011.
No bastante el Sistema Nacional de Información a través del Secretariado Ejecutivo sólo reporta 11 mil 588 homicidios dolosos: 2 mil 30 en 2008, 3 mil 156 en 2009, 3 mil 806 en 2010 y 2 mil 596 en los primeros 10 meses de 2011. Es decir, el Sistema Nacional de Información no da cuenta de 4 mil 868 homicidios dolosos. Sólo hay dos opciones: O la fiscalía de Chihuahua no reporta 100% de los muertos al gobierno federal o el Sistema Nacional de Información no registra la cantidad que las autoridades estatales le reportan.
De hecho, en la edición 1945 correspondiente a la semana del ocho al 14 de julio del 2011 Zeta dio a conocer que el 14 marzo de este año la Fiscalía General de Justicia (sic) del Estado de Chihuahua reportó 7 mil 209 homicidios dolosos ocurridos en 2010, pero en noviembre de 2011 sólo reconoció que en 2010 ocurrieron 5 mil 898. Es decir, mil 311 homicidios dolosos no son reconocidos por la misma institución.
“Entonces, si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua no reconoce mil 311 ejecuciones, más 4 mil 868 que no reporta el Sistema Nacional de Información, resulta que por lo menos 6 mil 179 cadáveres son desconocidos por ambas instituciones. Lo único que informó en noviembre último la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue la cantidad de 9 mil 604 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada: mil 024 en 2008, mil 976 en 2009, 4 mil 138 en 2010 y 2 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011”.
El periodista informó que a lo largo de todo el año 2011 solicitó una entrevista con el Fiscal General, Carlos Manuel Salas. No se la han otorgado, igual sucedió con el escribiente quien la ha solicitado, tanto para las colaboraciones editoriales, como para la revista Aserto.
Informar correcta y oportunamente de las cifras delictivas es oportunidad de mejoramiento de la seguridad pública, actuar con transparencia significa mejorar ostensiblemente la administración pública y en esta materia aún más pues la confianza ciudadana en las instituciones es cardinal, y si esta no se construye con veracidad, la realidad golpeará en la línea de flotación la credibilidad ciudadana y no habrá la cooperación necesaria para atacar a la delincuencia.
Y esto es fundamental, máxime que en los últimos días se han empezado a difundir distintas informaciones en el sentido que la disminución de la ola homicida alcanzó cifras de hasta el 35%, que no reporta, por ejemplo, el mencionado portal La Opción, cuyas cifras no concuerdan, ni con las informadas recientemente por el Gobernador del Estado, César Duarte, (Nota de Flor Holguín, El Diario, 29/XII/11) ni con las del semanario mencionado, ni con las reportadas a los gobernadores en su última reunión.
El gobierno de Chihuahua le apostó al aumento de la severidad de las penas y aparentemente, por lo menos en sus números, las cosas han mejorado, ojalá así sea para bien de todos nosotros, pero las autoridades debieran ser más cautas al momento de lanzar las campanas al vuelo, no hay, hasta el momento, parámetros que nos demuestren que tal política en materia penal ha incidido en esa disminución.
Antes bien, podríamos apostarle –ojalá así fuera- a que las detenciones de los reales delincuentes han aumentado.
Eso quisiéramos creer, eso esperamos del 2012.
Por lo pronto, ¡Feliz Año Nuevo!
asertodechihuahua@yahoo.com.mx
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