Narcomenudeo, ¿estamos preparados?

El Diario, 30 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores La puesta en vigor de las regulaciones legales que les permitirán a las autoridades locales intervenir en el combate al tráfico de drogas, en la modalidad de menudeo pondrán, en el corto plazo, en crisis a las instituciones chihuahuenses encargadas de la procuración y aplicación de justicia. No obstante las primeras declaraciones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, Javier Ramírez Benítez –el sistema de justicia se encuentra preparado para acatar la nueva ley, dijo– al recibirse en el Poder Judicial “las primeras carpetas por delitos relativos a la venta de drogas al menudeo”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 28/VIII/12). Más aún, el presidente magistrado aclaró que “hace varios años” los jueces locales han obligado a los delincuentes a atender su problema de adicción “por lo que este procedimiento no los toma inadvertidos. (Ibídem). Los problemas ya aparecieron. Las personas detenidas en posesión de drogas, si demuestran ser adictos, no podrán ser detenidos por el delito de venta de droga (a menos que sea detenido por esta razón) ni de posesión, en caso de que la cantidad sea inferior al múltiplo de mil de las necesarias para el consumo de las personas (en el caso de la mariguana el tope serían 5 kilogramos) pues el tope son 5 gramos. ¿Cuál es el problema? Que a quienes no se les demuestre el delito de venta de droga, saldrán libres de manera infinitamente más rápida que en el pasado y sólo con la recomendación judicial de someterse a un tratamiento contra las adicciones. Pero apenas inician ahí los problemas, porque la mayoría de los establecimientos destinados a tal fin no son públicos, son de carácter privado. Tal escenario ya ocurrió en la capital del estado. El viernes anterior fueron detenidas cuatro personas en posesión de 11 gramos de mariguana y fueron liberados, “con las reservas de ley”, al demostrar que son adictos a esa droga. Igual puede ocurrir con otros dos detenidos ayer, también en la capital, pero éstos en posesión de 109 gramos de mariguana uno de ellos, y de 185 gramos el otro. (Nota del Staff, El Diario, 28/VIII/12). Pero en el que la Fiscalía considera que existen los indicios suficientes para argumentar que se proponían vender la droga. Y ahí está el problema para los jueces, y en general para todo el sistema de aplicación de justicia. Deberán demostrar fehacientemente que quienes sean sorprendidos en posesión de esas cantidades de droga la poseían con la intención de venderla. Ya se imaginan la de cosas que veremos. Basta, como ya ocurrió con un detenido en Juárez, que los policías encargados de la detención lo consignen por el delito de “posesión” y no por el de venta para que obtengan su libertad de inmediato. “La semana pasada se detuvo a un sujeto con 68 dosis de la droga y la cantidad no llegaba ni a 200 gramos”. (Nota de D. Domínguez/ J. González, El Diario, 27/VIII/12). Fue consignado por posesión y no de “comercialización”, lo que puede atribuirse a la falta de capacitación de los elementos policiacos o, como usted ya se imagina, a otras razones más mensurables. Lo anterior es sólo una parte del problema, pues se necesita toda una infraestructura para asegurarse que los liberados por estas razones acudan a los tratamientos ordenados por la autoridad judicial. Nos vamos a topar con la terca realidad, del mismo modo que en el caso de los delincuentes reincidentes, no tenemos, ni el marco legal, ni la infraestructura necesaria para darle seguimiento a los individuos que han caído en las situaciones aquí descritas. ¿A dónde llegaremos con los nuevos ordenamientos? Seguramente que a un agravamiento de las condiciones de seguridad pública pues la nueva ley, en teoría, está hecha para no criminalizar a los adictos, pero en la realidad asume lo que es un hecho: un buen número de personas compra drogas. El problema es que la legislación permite ser adicto a alguna de ellas, pero penaliza la compra y venta de ellas ¿Y entonces? En tanto, siguen gastándose verdaderas fortunas públicas en contratar a más policías, armarlos más y mejor y los resultados son pésimos. ¿Será porque se está equivocando la estrategia? N’ombre, si para eso gastamos, en el sexenio de Calderón, más de 650 mil millones de pesos en combatir al “narco”. ¿Quién habrá ganado con tal forma de enfrentarlo?

Crisis de los mercados… del huevo

El Diario, 28 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Lo que nos faltaba, que se escaseara el huevo. Tema alimentario tan importante es la ocasión ideal para reflexionar acerca de las políticas económicas –y también las domésticas, las más cercanas a las querencias populares– hoy tan cacareadas por quienes ya se van de la conducción de la administración federal, la que tuvieron en sus manos por dos sexenios consecutivos. Dicen –y dijeron a lo largo de ese tiempo– que, como nunca, las variables macroeconómicas se mantuvieron estables, que la conducción económica de los gobiernos panistas (a cargo de funcionarios priistas, pues a esa militancia pertenecen Francisco Gil, Agustín Carstens y Guillermo Ortiz, éste último en una buena parte del doble sexenio, director general del Banco de México, luego sucedido por Carstens) le había dado al país una estabilidad transexenal jamás conocida. En este periodo, las reservas internacionales crecieron a niveles nunca alcanzados. ¿Y para qué queremos tan grandes reservas de dinero, preguntamos millones, si el país está, literalmente, cayéndose de hambre? ¡Ah, po’s pa’ que no nos afecten las crisis de afuera! Cada que había un embate económico “externo”, ahí se ponían en juego las reservas para evitar que el peso se devaluara frente al dólar. Miles de millones de dólares para preservar tal paridad. Bueno, pues ahora estamos frente a una emergencia económica de magnitudes mayores: el huevo escasea y su precio está por los cielos; el frijol, lo mismo, y a este ritmo –ya lo anunció ayer, en un acto de la CNC, César Duarte– también el maíz correrá la misma suerte. ¿Por qué, para estabilizar el precio y abasto del huevo, no pone en juego sus reservas internacionales el Banco de México? Si el dinero es, también, una mercancía, semejante al huevo –incluso por su costo– ¿Por qué no, el gobierno de México, preocupado por la salud, ya no financiera, sino física, de sus gobernados, “salga” (así dicen los expertos financieros que todos los días, a todas horas, en todos los noticieros, nos atosigan con estos términos) a los mercados a comprar huevos con las reservas internacionales, a fin de que se estabilice el precio del huevo, del mismo modo que lo hace con la paridad del peso frente al dólar? Y es que las previsiones son verdaderamente canijas. El empresario Maurilio Ochoa, el homónimo del casi ex diputado federal, pero que por casualidad es su papá, declaró que el abasto del huevo se podía normalizar con la compra al extranjero, pero que el precio se mantendría (del mismo modo que le hacen con los combustibles, cada que subía el precio del petróleo en el extranjero nos anunciaban un sustancial aumento en el precio de los energéticos y cuando bajó el precio del crudo, el de las gasolinas en México, no), incluso después de terminada la emergencia. Así lo dijo: “La importación de huevos permitirá abatir el faltante en el mercado, pero no por ello bajará significativamente el precio, ya que oscilará entre 36 a 37 pesos el kilogramo, señaló ayer el productor Maurilio Ochoa Molina”. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario, 25/VIII/12). ¿A quién creerle? Porque, miren, el Secretario de Sagarpa, Francisco Mayorga, afirmó que “obviamente al ir aumentando la oferta (del huevo), la presión sobre el precio tendrá que bajar”. Triste realidad la nuestra, derivada de una política económica contraria a la satisfacción de los requerimientos de la mayoría de la población. Tenemos inmensas fortunas, guardadas para mantener la “estabilidad” de los mercados, pero no aquellos en los que compra la inmensa mayoría de la población, y no podemos usarlas para hacerle frente a una situación de verdadera emergencia nacional, en cambio, nos ufanamos de contar con próceres en el campo de la vida empresarial que, por el monto de las fortunas alcanzadas, se convierten, por obra y gracia de la élite gobernante, en émulos a seguir. Pero las fórmulas son bastante sencillas: hagamos que los gobernantes garanticen precios absolutamente subsidiados para el maíz en la producción industrial de la harina de maíz; o que mantengan cautivos a los usuarios de la telefonía, con tarifas totalmente controladas; o que otorguen tanta permisividad laboral como para que se pueda contratar mano de obra, tan barata, que se les pague, a miles de jornaleros, salarios ¡por día! a fin de que no se creen derechos laborales de ninguna especie. Po’s así, cualquiera. En tanto, que se frieguen los demás.

A pesar de todo, un mar de sangre

El Diario, 26 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores No podía ser más inoportuno para el gobernador de Chihuahua, el parralense César Duarte, que el INEGI proporcionara las estadísticas de las ejecuciones cometidas en el actual sexenio. No sólo echaron abajo las que infinidad de medios y agencias habían manejado hasta entonces como ocurridas en todo el país, sino que las evidenció sensiblemente menores: Entre 2007 y 2011 se han cometido 95 mil 632 asesinatos. Y en Chihuahua se cometieron, en 2011, 4 mil 562 –o 4 mil 014– homicidios, según las cifras proporcionadas por el Inegi, basadas en las otorgadas por las autoridades de cada estado y de las inscripciones de defunciones ante las oficinas del Registro Civil de cada entidad. Tal información, desgranada exactamente cuando el gobernante daba la bienvenida alegremente a sus compañeros de partido, electos senadores para el próximo período legislativo, y recibía múltiples felicitaciones por la disminución de las cifras delictivas, lo turbó a tal modo que desestimó las cifras del organismo cumbre de las estadísticas en México, sin detenerse a ver que, una vez analizadas fríamente le daban la razón: Existe una disminución de aproximadamente el 30% en los índices de homicidios. “La cifra suena bien, de no ser porque, de 6 mil 407 homicidios en el 2010, bajó ‘a sólo’ 4 mil 562”. (Ahoramismo.com.mx, 23/VIII/12), que representan el 16.7 de los asesinatos ocurridos en el país. No hay por qué echar las campanas al vuelo, en tanto que en 2010 la tasa fue de 188 ejecuciones por cada 100 mil habitantes, que nos convirtió en la entidad con la más alta en el mundo, para el 2011 bajó a 131 por cada 100 mil habitantes. Con otra manera de presentar tales estadísticas, el INEGI le aguó la fiesta senatorial al gobernador chihuahuense al informar que el índice de asesinatos en el Estado Grande había aumentado en un 595% de inicios del sexenio de Felipe Calderón a la fecha, al pasar de 648 homicidios en 2006, a los más de 4 mil en 2011, lo que significó una disminución de alrededor del 30%, respecto del año anterior, el más violento en la historia de la entidad. (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario, 21/VIII/12). La reacción del gobernador fue furibunda: “lo que se ha publicado está lejos de la verdad de lo que pasa en Chihuahua”. (Nota de Juan José García Amaro, Milenio, 22/VIII/12). Enojado, citó a Nueva Orleans, que “tiene 50 homicidios por cada 100 mil habitantes y vive del turismo y jamás se ha visto una nota de que es la ciudad más violenta de Estados Unidos. Tiene el doble de asesinatos que Ciudad Juárez para que me lo entiendan”, afirmó el mandatario. Pero resulta que hasta el 20 de agosto de este año, según cifras de la Fiscalía Zona Norte, han ocurrido 615 asesinatos en esa parte de Chihuahua, con un promedio de 2.67 homicidios diarios, que llevados al año, nos dice que podemos terminar 2012 con un total de 975 ejecuciones, con una tasa, entonces, de 46.47 asesinatos por cada 100 mil habitantes, muy similar a la citada por el mandatario. Y las cifras estatales de este año tampoco le ayudan al gobernante. “Conforme a los datos estatales... de enero a julio de este año van mil 757 muertos”. (Nota de Angélica Mercado, Milenio, 21/VIII/12). De mantenerse esa tendencia, terminaríamos el año con aproximadamente 3 mil 53 homicidios, un promedio de 8.36 diarios y una tasa de 92.54 por cada 100 mil habitantes, notoriamente inferior a las anteriores, pero aún por los cielos (o más bien, por los infiernos), que poco o nada le dicen a los deudos, pero que tengamos 38 muertos menos por cada 100 mil habitantes, es un mar de diferencia. Tales ejercicios aritméticos sirven para que ubiquemos bien el problema. Ni por mucho la entidad ha superado el problema de la violencia; no tenemos mucho que aportar al resto del país cuando las cifras mencionadas, para este año, serán infinitamente superiores a las de la entidad que se ubica en el segundo lugar, ya sea por el número de ejecuciones, o por la tasa de homicidios por cada cada 100 mil habitantes. Entrevistado en el marco de esa reunión Duarte aseguró que el índice de asesinatos registrados en el estado “es mucho menor que en el 2010, por mucho”. Sin ofrecer las cifras exactas, como debiera esperarse del mandatario de la entidad con este tipo de liderazgo, informó que “de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Chihuahua, en los primeros meses de 2012 las cifras de interrupciones de la vida cometidas de manera dolosa descendieron en 37 por ciento en relación a 2011 y en 47 por ciento respecto a 2010” y que los homicidios dolosos disminuyeron en 70% “en los dos últimos dos años”. ¿Pero que cambió en el estado? Se dice que la criminalidad disminuyó en Chihuahua, gracias a que ya ejerce hegemonía el Cártel de Sinaloa. Es decir, estamos igual que al principio, solo que cambió de manos la franquicia, otra vez, un grupo criminal se ha asentado en la entidad. A su vez, semanas atrás, el Fiscal General del estado, Carlos Manuel Salas, había declarado que los homicidios con arma de fuego habían disminuido en “más del 75%”, luego de comparar los dos meses más violentos en la historia del estado –octubre y agosto del 2010– con el mes de julio de 2012, como si así se hiciesen los comparativos y no, como es de esperarse de autoridades serias, que ofrecen análisis y estadísticas que ayuden a la reflexión a la sociedad (Nota de Carlos Coria Rivas, Excélsior, 1/VIII/12). En la entrevista afirmó que “en octubre y agosto del 2010 hubo 628 y 625 homicidios, el día de hoy son 500 homicidios menos, son 165, eso habla de una baja extraordinaria, de más del 75% comparado con los meses más violentos que ha habido en el estado de Chihuahua”. (Ibídem). Sin embargo, una investigación periodística, efectuada prácticamente en todo el país pues sólo las procuradurías de cuatro entidades se negaron a proporcionar información, arrojó, poco antes de que conociéramos los datos del INEGI, que en el actual sexenio han ocurrido 83 mil 541 asesinatos, que la mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 30 años y que las mujeres fueron el 8.4% de las víctimas (Reportaje de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 5/VIII/12) tales “datos oficiales fueron aportados por las agencias del Ministerio Público de 28 estados del país a través del Sistema de Transparencia”. Así, en Chihuahua se habían cometido 16 mil 592 asesinatos, seguido por el Estado de México (8 mil 602), Sinaloa (7 mil 443), Guerrero (7 mil 257), y Michoacán con 5 mil 045. De ese total, mil 304 fueron mujeres, lo que coloca a nuestro estado, otra vez, en el primer lugar de este siniestro rubro. (Ibídem). Estas fueron las cifras de Chihuahua en el sexenio de Calderón, Reyes Baeza y César Duarte: 2006, 52; 2007, 675 (Tasa de 22.5 por cada 100 mil habitantes); 2008, 2 mil 321 (74.87); 2009, 4 mil 134 (133.35); 2010, 5 mil 394 (188) y 2011 4 mil 014 asesinatos (130). Tales cifras esconden, a su vez, el infanticidio: 120 de las víctimas tenían de cero a 10 años y 2 mil 105 contaban entre 11 a 20 años de edad. De tal manera que lo conducente será atemperar los ánimos, exigir más eficiencia de la autoridad, que ésta actúe con más realismo, sin ese falso optimismo, que además le servirá, porque a los chihuahuenses ya poco les pueden cambiar la percepción las declaraciones triunfalistas de los gobernantes; estamos en medio, y no es una frase, de un mar de sangre, dolor, sufrimiento, impotencia y rencores.

Narcomenudeo, pendiente de los diputados federales

El Diario, 23 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Ayer terminó la reunión plenaria de los senadores electos, miembros del PRI, realizada en la capital del estado, en la que entre los aspectos más importantes destacaron que, ahora sí, como creen que tendrán en sus manos la presidencia de la república y la casi mayoría del Congreso de la Unión, aprobarán, las multimencionadas reformas estructurales, consistentes en quién sabe qué; y la confirmación de la agenda legislativa que propondrá Enrique Peña Nieto, en caso de ser ungido presidente electo por el Tribunal Electoral de la Federación, a cargo del ex coordinador de campaña del mexiquense, Luis Videgaray, quien no acaba de reponerse de las gravísimas acusaciones lanzadas en su contra por el ex coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, Ricardo Monreal. Creer que las cosas tomarán sus niveles de “normalidad” es algo que se respiró durante los tres días de duración de la reunión de los senadores electos. Nada de eso es cierto, el país atraviesa por un endurecimiento de la violencia (y en ello, la información proporcionada por el INEGI vino a enturbiarle el ambiente al gobernador chihuahuense, pues las cifras informadas no hacen hincapié en el descenso de las ejecuciones cometidas en la entidad durante el 2011), por el crispamiento derivado del cuestionamiento a la elección presidencial y por el agravamiento de una carestía, de tal manera incontrolable, que ya hizo expresar al Secretario de Economía, Bruno Ferrari, una más de las frases que nuestros políticos aportan inagotablemente a la picaresca nacional: “Dejen de comprar huevo, hasta que baje de precio…”. Híjole, cuántas cosas dejaríamos de comprar si esperáramos semejante milagro. Bueno, pero en medio de tantos eventos y fenómenos, la puesta en vigor de la ley para combatir el narcomenudeo ha puesto de relieve la desatención de la clase política a las cosas fundamentales. Hace un año, la Conferencia Nacional de Gobernadores celebró, en la ciudad de Chihuahua, una reunión sobre seguridad pública en la que el acento estuvo en la petición de los mandatarios a la federación para que se pospusiera un año la puesta en vigor de tal regulación. ¡Ya pasó el año! ¿Y que cree usted? ¡Todos los gobernadores se quejaron de la falta de recursos proporcionados por el gobierno federal a fin de atender las numerosas aristas derivadas de la aplicación de tal ordenamiento! ¿Y los diputados federales? ¿Y los funcionarios de Hacienda encargados de elaborar el presupuesto federal del 2012? ¿Dónde estaban? ¿Qué no se dieron cuenta que la ley obliga al Gobierno de la República a destinar una partida especial para cumplir con la ley anti-narcomenudeo, en varias facetas, una de ellas esencial, la de la atención a las personas adictas? Nadie se percató de tal “asuntillo”. Es que “andábanos” en campaña, todos, diputados, gobernadores, funcionarios federales, todos, ni quién se acordara de aprobar, por allá del 15 de noviembre pasado la mentada partida esa. Así, ahora nos encontramos que los alcaldes –la mayoría– no prepararon a sus policías –¿Con qué ojos, mi divino tuerto?– para combatir a los delincuentes de este tipo; las autoridades estatales no tuvieron los recursos suficientes para crear las instancias necesarias (nada más, imagínese, crear instituciones encargadas de la atención a los adictos, construir las instalaciones necesarias y contratar el personal adecuado. ¡Híjole!), amén de la preparación de los suficientes agentes ministeriales y personal del Poder Judicial local para hacerle frente a un nuevo “lote” de delincuentes que deberá ser tratado por las instancias estatales. Lo bueno de todo esto es que los nuevos diputados federales habrán de tomar posesión el fin de mes y para el 15 de septiembre, fecha límite para que el Ejecutivo federal presente el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, ya estarán “acomodados” en sus curules y podrán repasar los pendientes. Uno de ellos será el ahora abordado, que merece la mayor de las atenciones, no tanto porque pasemos de la eterna disputa, hasta ahora, entre los gobernantes de los distintos niveles de gobierno, acerca de las responsabilidades en el combate al tráfico de drogas (aunque también sea muy importante), sino porque la nueva ley establece una serie de nuevas normas para intentar, por parte del Estado mexicano, la rehabilitación y atención de los mexicanos que cayeron en tales adicciones. Y esas sí son palabras mayores.

Lo usual, las cuotas escolares

El Diario, 21 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Como todos los años, al inicio de los cursos escolares, no podía fallar el tema de las cuotas, asunto en el que tradicionalmente las autoridades actúan como tratando de escabullirlo, intentando que no se convierta en problema la oposición a pagarlas, pero aspirando a que la recaudación sea cuantiosa, lo más alto que se pueda, siempre y cuando no se usen para condicionar el ingreso a la escuela. Y, como siempre, las autoridades educativas estatales publican un comunicado en el que plantean, a veces más claros o enfáticos, las prohibiciones establecidas, y otras, como es el caso, sus planteamientos dan pie a la especulación de que no se va a actuar rigurosamente, o que, de plano, dejarán abiertas algunas rendijas para tales ordenamientos. Tal situación se presenta, además, en un momento en el que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, ha requerido a las agrupaciones de padres de familia a que integren adecuadamente sus organizaciones y que paguen los impuestos a que haya lugar, sin involucrar en tales movimientos financieros y fiscales las cuentas bancarias personales de los dirigentes de las agrupaciones. Pero tal propósito no tiene exclusivamente tal objetivo, sino seguramente el de darle transparencia a los recursos aportados por los padres de familia para suplir las enormes deficiencias del Estado mexicano en materia de impartición de educación, especialmente la básica. Pero resulta que el comunicado publicado ayer por la Secretaría de Educación Pública del Estado da por hecho que las cuotas escolares son obligatorias –claro, entregándoselas a las asociaciones de padres de familia– y que sólo se podrá eximir del pago de ellas a quienes “no cuentan con la capacidad económica para aportarlas”, dejando de lado que los mexicanos tenemos la plena libertad de agruparnos, o no, en las organizaciones que nos plazcan. Tal situación se agrava en el caso de los uniformes escolares, pues en el primer párrafo de tal comunicado acepta que “no está considerado como obligatorio”, y en la parte final asienta que “en caso de acordarse el uso de ellos, no debe condicionarse la marca, ni el lugar de compra”, y ahí sí que está mas clara la actitud ¿“Acordarse”, quien puede aprobar que una no obligación se transforme en una norma obligatoria, siempre y cuando no se condicione la compra? ¿Por qué detenerse tanto en asuntos aparentemente tan triviales? Es que no lo son para una buena parte de la población, quizá la mayoritaria, todavía, pues el inicio de actividades escolares pone en verdadera crisis económica a infinidad de hogares, ahora alivianada por la determinación del gobierno de Chihuahua, desde los tiempos de Reyes Baeza, de regalar los útiles escolares a los alumnos de educación primaria de los planteles públicos, en uno de los múltiples actos que muchos gobernantes en el país le imitaron al gobierno de López Obrador en el DF, en el período 2000-2005. Más aún, hay dos argumentos, esenciales, para oponerse al cobro de cuotas escolares por parte de las organizaciones de padres de familia –que debieran velar, más, por otros aspectos igualmente importantes de la dinámica escolar y cuya principal preocupación no debieran ser las condiciones físicas de los edificios escolares– consistentes en que tales cobros son inconstitucionales pues, por ley, las administraciones estatales y la federal debieran cubrir absolutamente todas las necesidades de los planteles escolares, para concretar el principio básico de que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita. Lo peor es que desde el año 2001, por lo menos, se acumulan los recursos de una partida aprobada por la Cámara de Diputados, destinada a otorgarse a los gobiernos estatales para que éstos, con ese dinero, acudan a darle mantenimiento a todas las instalaciones escolares y, por supuesto, a reparar las que lo necesitaren. Y si estos recursos salen etiquetados de ese modo ¿Qué, o quiénes cambian su destino? ¿Para qué someter a las agrupaciones de padres de familia, y a éstos mismos, a la presión de pagar cuotas escolares, a fin de que sus hijos reciban la educación “gratuita” otorgada por el Estado que, en teoría, pagamos con nuestros impuestos? ¿Y si estos no sirven para eso, entonces, para qué? ¿Para transformar fachadas de edificios públicos? ¿Cuántas aulas habrían podido rehabilitarse con la aplicación de los recursos aplicados a cambiar una fachada que ya formaba parte de la memoria arquitectónica de varias generaciones de chihuahuenses?

Irrespetuosos

El Diario, 19 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Apenas unos días atrás, tanto el Gobernador del Estado, César Duarte, como el alcalde de la capital, Marco Adán Quezada, sabedores de cosas que los demás ignoramos, previnieron a sus compañeros de partido, muy seguramente, porque no se estila que dichas prevenciones se hagan a los integrantes de las otras fuerzas políticas, y menos en el momento actual en el que el PRI es el partido mandón en los procesos electorales en Chihuahua, que intentan convertirse en los candidatos a las alcaldías por su partido en el ya inminente proceso electoral local, que no se adelantaran a los tiempos. A su modo, cada uno les advirtió. Duarte les dijo que se les “puede acabar el calendario” y Quezada pidió “respeto” para ambos y, además, como si al interior de la administración municipal existiera un grupo de funcionarios desatendiendo sus quehaceres por trabajar a favor de algún aspirante, les espetó que “si quieren comprometerse, si quieren trabajar a favor de alguno de los aspirantes, que presenten su renuncia, yo lo puedo entender perfectamente, entiendo que cada persona tiene derecho de buscar un aliado, pero en este momento su prioridad debe ser la administración pública” y determinó que era “prematuro” que empezasen a surgir nombres de quienes buscan sucederlo en el cargo. Cosas semejantes habría declarado una semana antes: “Aquellas personas que precipitan sus acciones, que se aceleran, se equivocan y le faltan al respeto a quienes están en el puesto; si desde ahorita se da una lucha encarnizada por la presidencia municipal, ya me imagino cómo, en el mes de enero, llegarán a una contienda interna, van a llegar muy desgastados y no van a poder ni verse”. Pero hete aquí que la semana anterior, los actuales diputados federales de la ciudad de Chihuahua, los priistas (¿Cuáles, si nó?) Alejandro Cano y Maurilio Ochoa, celebraron sendos actos anunciados por ellos como el tercer informe de sus respectivas actuaciones en el Congreso de la Unión, pero cuya realización pareciera no haber contemplado ningún objetivo relacionado con el fin de informarle, de veras, a la ciudadanía de cuales fueron sus actuaciones. Y es que ambos, a la salida de tales eventos admitieron, igualmente, cada uno conforme a su estilo, sus aspiraciones de convertirse en el abanderado del PRI en la disputa por la alcaldía. Intentando igualar el estilo del extinto Artemio Iglesias, fabricaron frases y figuras coloquiales, seguramente con el objeto de hacerse simpáticos ante el cotarro. “Hace cinco años me bajaron del caballo y quiero volverme a subir”, afirmaría el ex alcalde capitalino, Alejandro Cano, en tanto que Maurilio Ochoa nos anunciaría que después “de los buñuelos” y luego de superar el trance de “la toma de posesión de Enrique Peña Nieto”, daría a conocer sus aspiraciones de suceder a Marco Adán Quezada. Tales expresiones y eventos públicos nos llevan a pensar, y por lo menos a especular, que ya habían sido autorizados a no faltarle el respeto a quien no se le debe faltar, y menos si se aspira a una posición política en Chihuahua. Hasta ahí todo bien, parece, pero el modo de anunciar los “informes” legislativos y los objetivos propuestos hacen pensar que estamos frente a un proceso de regresión en materia de formas políticas, algo que ya el ideólogo priista, Jesús Reyes Heroles, el diseñador de la primera gran reforma política del viejo régimen priista del siglo anterior, les había heredado a sus compañeros al decirles que “en política, la forma es fondo”. Digámoslo claramente, esos actos fueron concebidos para ser algo así como el punto de arranque de la carrera en pos de la candidatura priista a la alcaldía de Chihuahua. Ambos legisladores intentaron mostrar el “músculo”, es decir, la cantidad de simpatizantes de su causa, pero no cualquier grupo de ellos, sino los de la cúpula política de la entidad pues en ambos actos –por supuesto, realizados por separado– prácticamente los únicos invitados fueron, precisamente, los gobernantes del momento actual, y solo los de su partido. Alejandro Cano fue más allá, en lugar de celebrar un acto “de frente” a sus representados, pero a todos y sus representantes en la sociedad, decidió celebrar el informe legislativo a los ciudadanos ¡En la sede del Comité Directivo Estatal de su partido! para, con ello, enviar la señal de que lo buscado no era difundir entre los ciudadanos la labor realizada, sino, entre los suyos, intentar demostrarles que es el mejor para la contienda próxima. Por demás está decir que a ambos actos se había anunciado la presencia del Gobernador César Duarte, y a ninguno llegó, por decisión propia o por las contingencias de sus traslados entre Chihuahua, la ciudad de México y Monterrey de esos días. Más avezado en ese sentido, Maurilio Ochoa resolvió celebrarlo en un lugar “neutral”, el Teatro de los Héroes, pero con el mismo defecto de Cano, invitar sólo a los suyos, y de ninguna manera al resto de la sociedad. No es una disquisición barata la mostrada hoy. Tiene extrema relación con las formas de hacer política en los actuales momentos, sobre todo la que realizan los miembros del PRI. Su partido está hoy pasando por uno de los momentos más difíciles de su existencia. Aparentemente no es así, dirán más de tres, pero el hecho de ser el partido hegemónico en el país y de ser el que, por lo menos en los datos oficiales hasta hoy existentes, obtuvo la mayoría en la elección presidencial, enfrenta, sin embargo, un severísimo cuestionamiento hacia sus métodos de como hacerse de la mayoría de las preferencias electorales. Lo que ahora discute el país entero, además de la pretensión de Andrés Manuel López Obrador, de anular la elección, es la forma en que, presuntamente, se financió una parte importante de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, si no es que toda, en cantidades infinitamente superiores a los topes de campaña establecidos y que cuestionan la salud moral de este partido porque, además, pareciera haber usado el esquema del lavado de dinero del crimen organizado. De ese tamaño es el reto para el priismo nacional. Y si sus formas, métodos y posturas se repiten en el mismo sentido, seguramente que crecerá el número de ciudadanos que lo cuestionarán y se repetirán hasta la saciedad las frases de que este partido se fue del gobierno, porque la mayoría de los ciudadanos se hartaron de eso, y ahora que eventualmente regrese, va a ser el mismo de antes. Porque hacer actos sólo para congraciarse con el militante que, aparentemente, lo va a hacer todo, solo, es una regresión, no solamente para los miembros del PRI, también para el gobernante y los aspirantes, porque ¿Cómo va a considerarse una falta de respeto el hecho de anunciar que se aspira a convertirse en alcalde de su ciudad? Sería una falta de respeto si con esa actitud no subordina sus aspiraciones a la determinación del único que decide en un partido, y eso, por supuesto, que es la mejor manifestación del grave retroceso político sufrido por nuestra sociedad, y no solamente el Partido Revolucionario Institucional, porque entonces nos muestran que sólo se busca la aprobación del poderoso, para que todos estén pendientes de la menor señal del militante más influyente, y actuar en consecuencia. Es decir, especular de modo verdaderamente ingrato: –¿Te fijaste el movimiento de las cejas cuando dijo tal y cual cosa? –¿Viste cómo le apretó la mano cuando lo saludó? –N’ombre, las mejores frases fueron para mengano, ese es el bueno... Retroceso indubitable, o quizá, una etapa mas regresiva que las anteriores.

Reformas de “contentillo”

El Diario, 16 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Un inmenso manto de opacidad cubre las discusiones y avances (o retrocesos) de la multimencionada reforma política -¿La primera del gobierno de César Duarte?-. Como relampagueantes luces llegan a la sociedad las noticias sobre ella, que confirman una cierta sospecha, y por las deducciones realizadas por quienes nos dedicamos a escudriñar al mundo oficial y su relación con la sociedad, de que los interesados en reformar lo relacionado al modo de elegir al síndico y la desaparición de la prelación, en la asignación de diputados de representación proporcional, no son precisamente los diputados de la mayoría del Congreso del Estado. Más enfático, ayer, el diputado priista Ricardo Boone (involucrado en las especulaciones de que puede ser uno de los precandidatos a la alcaldía chihuahuense, junto con los diputados federales Alejandro Cano y Mauricio Ochoa, que se despacharán en sendos actos informativos de su labor legislativa como actos de “despegue”, y el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Javier Garfio) declaró que el asunto de la prelación era el obstáculo de la reforma pues el “PAN quiere eliminarlos” y su partido conservarlos. (Nota de Pedro Fierro, Tiempo.com.mx, 15/VIII/12). Boone confió en que los coordinadores de las bancadas en el Congreso del Estado lleguen a acuerdos para aprobar por unanimidad la reforma política, criterio que había afirmado la semana anterior el líder de los legisladores priistas, Enrique Serrano, a su vez uno de los mencionados como aspirante a la candidatura por la alcaldía juarense. Con tales informaciones, y las ofrecidas por el líder de la bancada blanquiazul, Héctor Ortiz, en el curso de una entrevista radial (Aserto Radio, 8/VIII/12, en Antena760.com) en el sentido de que no había acuerdo en su grupo acerca de la modificación de la prelación, se puede llegar a conclusiones verdaderamente preocupantes: ¿En qué consisten las negociaciones entre la bancada del PAN y el grupo gobernante en Chihuahua? ¿A cambio de qué, el PRI concederá una modificación tan trascendental, en la que no tiene mayor interés pues, de conservar la ventaja electoral -y nada hay que nos lleve a considerar un drástico cambio en ella- no participará de ese mecanismo en la asignación de los diputados “pluris”? Porque digámoslo claramente, modificarla representaría darle más poder a la cúpula del PAN para designar a quienes se convertirán en diputados de esa categoría; significa que los más importantes liderazgos del blanquiazul se adueñarían de las principales posiciones, sin tener que pasar por el trabajo de ganar los votos en la calle, ya que los diputados de prelación son los candidatos perdedores, al interior de cada partido, que obtienen los más altos porcentajes de la votación. Peor aún, tal modificación ¡Constitucional! serviría para que el panismo local alcanzase acuerdos a su interior, sin desangrarse en la disputa por las posiciones plurinominales (por lo menos a eso podrían aspirar). A tales grados de especulación hemos llegado, que le atribuimos a las facciones del panismo local, para resolver sus diferencias y aspiraciones individuales y colectivas de algunos de sus miembros, la pretensión de hasta cambiar la Constitución del Estado de Chihuahua ¡Para darle cabida a quienes perdieron la candidatura de la primera fórmula al senado de la república de las pasadas elecciones! ¿Por alcanzar tal consentimiento del partido gobernante, qué tanto están considerando conceder? ¿Cuánta independencia política piensan “invertir” en una negociación que, como la pongan más parece una componenda? ¿Y cuánta subordinación esperaría obtener, a su vez, el equipo gobernante? Tales preguntas y especulaciones se originan de un hecho irrefutable: Que la reforma política, por lo menos en estos aspectos, se está procesando de espaldas a la sociedad. Y es que en el asunto de los síndicos, el PRI ya mostró su postura, pues no sólo el nuevo dirigente de los síndicos estatales, José Luis Canales, sino el mismo gobernador César Duarte, mostraron su rechazo a la modificación en la forma de elección y Boone se declaró más dispuesto a que, si hay modificación, debiera ser el síndico el candidato de la planilla que quedara en el segundo lugar de la votación. Si esas son las posturas de la mayoría, entonces los legisladores del blanquiazul nos deben una explicación, antes de modificar preceptos y figuras cuya autoría tiene orígenes panistas.

Salarios, mini reforma

El Diario, 14 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Nos siguen debiendo, los funcionarios públicos, y especialmente los diputados locales, una auténtica reforma de los ingresos percibidos por el desempeño de la función pública. Ya sabemos que en las campañas se desgañitan por hacernos creer que sólo los motiva a participar de esta actividad, su elevada vocación de servicio. Pero en cuanto aparece el tema de sus ingresos, todos los discursos caen estrepitosamente. Días atrás, la legislatura local aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, a fin de contar con “un marco legal para regular los salarios de los funcionarios de los tres poderes locales, así como de los 67 ayuntamientos, con el principio fundamental de que nadie puede percibir un ingreso mayor al del gobernador del estado”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario, 11/VIII/12). Reacios a respetar la ley, y a aceptar que sus ingresos deberían ser sensiblemente menores, la clase política hace toda suerte de malabarismos para simular que le impone topes a sus ingresos y se resiste con toda su fuerza a ser tratada por el fisco del mismo modo que el resto de los ciudadanos. Aspecto central de la nueva regulación es el de la obligatoriedad del establecimiento de los tabuladores salariales, para que los salarios de los funcionarios públicos se asignen de acuerdo con el nivel de responsabilidad. Pero tal regulación deja de lado el establecimiento de parámetros mediante los cuales se pudieran asignar tales salarios, de tal modo que prevalecerá, finalmente, sólo un criterio, el de limitar los ingresos a niveles inferiores a los del gobernador del estado. Y es que la realidad es apabullante. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Javier Ramírez Benítez, tiene un ingreso mensual de 154 mil 232 pesos (integrado por un salario de 18 mil 971 pesos, mas una compensación de 135 mil 261) es decir, superior al del jefe del Poder Ejecutivo que gana 131 mil 348 pesos, compuesto, el de éste, por un salario de 40 mil 648 pesos y una compensación de 90 mil 700 pesos. Y así por el estilo. El presidente del Congreso del Estado tiene ingresos por 67 mil pesos, el presidente del Tribunal Estatal Electoral gana al mes 125 mil 435 pesos, los magistrados del STJE, 124 mil 692 pesos; “el presidente del Instituto Estatal Electoral, 114 mil 930 mensuales; los magistrados del TEE, 113 mil 232 y el coordinador parlamentario del PRI, con 98 mil 716, son los que siguen en el tabulador de ingresos”. (Ibídem). La nueva ley deja de lado, a pesar de que existen varias iniciativas al respecto, otros parámetros que debieran contemplarse, como el monto del presupuesto ejercido, la población gobernada y, sobre todo, los niveles salariales de la población, pues esta reforma no cambia la realidad que ubica a los funcionarios públicos mexicanos como los más caros del mundo. Así, si en Chihuahua un salario mínimo anualizado (sma) llega a la cantidad de 22 mil 750 pesos, el gobernador del estado obtiene ingresos equivalentes a 69 salarios mínimos anualizados, superiores al ingreso de los presidentes de Chile (33), Estados Unidos (29), Japón (24), Brasil (21), Francia (18), Inglaterra (13) y Argentina (11) y ya no hablemos del presidente, que obtiene el equivalente a 140 salarios mínimos anualizados, o los ministros de la SCJN, con ingresos de casi 286 sma’s. (Los datos de los mandatarios tienen como fuente a Ernesto Villanueva, Proceso No. 1835, 1/I/12). Pero esa es una parte de lo controversial de los ingresos de los funcionarios públicos, la otra es el porqué ellos no pagan impuestos al igual que el resto de los ciudadanos, por lo menos los que devengan salarios como trabajadores y empleados. Porque ellos sólo pagan impuestos de la parte menor de sus ingresos, lo peor es que los encargados de impartir justicia, los integrantes del Poder Judicial, son quienes obran de la peor manera, pues de los más de 154 mil pesos que gana mensualmente el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sólo paga impuestos sobre 40 mil pesos de sus ingresos. Igual sucede con el resto de los funcionarios, intencionalmente dejan en cantidades bajas el denominado salario y en altas las compensaciones. Así, de manera arbitraria, quienes debieran ser los primeros en cumplir con las leyes, sobre todo las fiscales, pues se trata del primero de los actos que nos convierten en ciudadanos, es decir, la aportación equitativa a la sociedad, no lo hacen; no actúan solidariamente, y eso que tienen una elevada vocación de servicio.

Oscuro financiamiento

El Diario, 12 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Si la elección presidencial del 2006 debió soportar la calificación de haber sido fraudulenta, por la manipulación de la votación realmente emitida, la del 2012 atraviesa por una acusación, quizá, más grave: La del uso de dinero en cantidades exorbitantes (por supuesto muy por encima del tope de campaña autorizado por la regulación electoral), la ilegalidad del origen de éste, por provenir del erario del Estado de México y por triangularse de manera semejante a la usada por el crimen organizado. La extensión de la operación financiera, además de abarcar a varias entidades y distintos bancos, no solamente Monex, sino también Banamex y BBVA Bancomer, incluyó –de acuerdo con la versión informada por Ricardo Monreal el jueves anterior– entre ellos a un supuesto empresario chihuahuense de nombre Marco Antonio González Pak, a quien, según esa versión y los documentos proporcionados por el zacatecano, le fueron transferidos 50 millones de pesos el 19 de junio pasado. La operación fue realizada de una cuenta de Bancomer usada por el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, a una cuenta de Scotia Bank. Según Monreal, la cuenta usada por Videgaray (Secretario de Finanzas en el gobierno de Peña Nieto) es una en la que aparece, también, como titular el Gobierno del Estado de México. (Nota de Rosalía Vergara, proceso.com.mx, 9/VIII/12). El ex gobernador zacatecano exhibió documentos mediante los cuales demostró la transferencia electrónica interbancaria, los informes al SAT de los años 2008 al 2010 de la empresa en la que supuestamente trabaja González Pak (Industrias Gil&Tagle) y que habría declarado ingresos de 19 millones de pesos en 2008, en 2009 16 millones, en 2010, 19 millones de pesos y en 2011 se declaró en ceros. La investigación de Monreal arrojó como resultado que González Pak funge como “gerente de ventas de ‘Industrias Gil&Tagle’, cuyo representante legal es Jorge Ayala y el Director General, Cosme Quintana... Se dedica al ensamble de carrocerías, remolques, autos y camiones”. (Ibídem). Monreal afirmó se cometieron los delitos de “lavado de dinero, evasión fiscal, peculado y delincuencia organizada, además del uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos y otros delitos financieros”, y que los ha llevado a reforzar la anulación de la elección presidencial. Sin embargo, por lo menos en el domicilio particular de González Pak, proporcionado por Monreal –Escudero 1902, Colonia Santo Niño de la ciudad de Chihuahua–, no vive nadie con ese nombre. Resultó ser un edificio de dos departamentos, uno de los cuales ha sido habilitado como pescadería y el otro, una vivienda familiar, en ninguno de los cuales habita, ni los vecinos conocen a tal personaje. Más aún, al buscar la empresa citada (Industrias Gil&Tagle) los resultados en internet sólo ubican en ‘LinkedIn’ a Germán Quintana y con este nombre a una empresa denominada Gilayala.com, especializada en la venta de cajas para camiones y trailers, con domicilio en la Avenida España, de la colonia Mármol, de la misma capital. Buscados en la Wikipedia, ninguno de los personajes citados por Monreal alrededor de Marco Antonio González Pak aparece. Por supuesto que esto no desacredita la información proporcionada por el coordinador de la campaña de AMLO, sino que puede llevar a la conclusión que toda la información otorgada a los bancos en los cuales se realizaron las operaciones es falsa, pero las transacciones, no. O que la información proporcionada por Monreal sea falsa. Pero cuando Monreal informó de esa cuenta del gobierno del EdoMex, manejada por Videgaray, los funcionarios estatales, incluido el gobernador Eruviel Avila, reconocieron la existencia de ella, pero la cual no se usaba, afirmó Avila, para otras transacciones, sino para el manejo de las utilidades financieras de los recursos de distinto origen llegados al gobierno estatal. Es de tal dimensión la operación financiera de estas cuentas que han hecho palidecer al asunto de las tarjetas de Monex y las de Soriana. El monto de las operaciones señalado por Monreal asciende a 8 mil 681 millones 734 mil pesos, de febrero a junio de este año. El modo de operación asombra, da pavor: De una cuenta alimentadora de BBVA-Bancomer se transfirieron a la de Videgaray, en Scotia Bank, inmensas sumas de dinero mediante el sistema de pagos electrónicos interbancarios, que luego eran retiradas ¡En efectivo, el mismo día! Y, además, incluso en horarios fuera de los normales en las sucursales bancarias. El monto promedio mensual fue de mil millones de pesos Eso sucedió a lo largo de seis meses y los dirigentes de la izquierda han mostrado copias de estados de cuenta bancarios, de papel, en los cuales el titular es el Gobierno del EdoMex y copias de estados de cuenta digitales (es decir, obtenidos de las páginas de internet) a nombre de Luis Videgaray. Y ahora no solamente por el ex coordinador Ricardo Monreal; la revista Proceso afirma, en el mismo reportaje, que cuenta con copias de esos estados de cuenta, obtenidos mediante una consulta por vía electrónica. En plena época del uso creciente de cheques, transferencias electrónicas, de tarjetas de débito y de un cada vez menor uso de dinero en efectivo, especialmente en el manejo de recursos públicos –supuestamente para su mejor fiscalización– ¿Cómo es posible que durante el período, para poner un ejemplo, del 14 al 29 de febrero de este año, se hayan depositado mil 307 millones de pesos en esa cuenta y se hayan retirado, diariamente, poco más de 100 millones en efectivo? Por eso asombra la negativa de los consejeros ciudadanos del Consejo General del IFE, ante la petición de los representantes de los partidos de izquierda para acelerar la fiscalización de los gastos de campaña de Peña Nieto, y así esta información pudiera servirle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para normar su criterio en la resolución de la impugnación de la elección presidencial. Más si se toma en cuenta que día con día aumenta la información de la extrema complejidad de las operaciones financieras con las que supuestamente se financió la campaña del priista Peña Nieto, y no solamente en la aportación de recursos económicos en efectivo, o en plástico, sino también en especie. Muchas semanas antes de las elecciones, derivado de una investigación periodística de Reforma, la izquierda presentó una denuncia ante el IFE para que se investigara el gasto de Peña Nieto en el uso de aviones y helicópteros particulares para su traslado. El 28 de julio pasado uno de los helicópteros usados por el mexiquense en la campaña se desplomó. En ese accidente murió el empresario Juan Armando Hinojosa García, cercanísimo amigo de Peña. Había salido de la fiesta privada en la que el ex gobernador festejó su cumpleaños número 46. Hinojosa era hijo de Armando Hinojosa Cantú, con quien compartía la propiedad de infinidad de empresas, entre ellas la de renta de los aviones y helicópteros usados por Peña Nieto. Sus empresas le han facturado, del 2001 a la fecha, más de 23 mil millones de pesos al gobierno mexiquense. ¿Cuántos esperarían facturarle al gobierno de su amigo Enrique Peña Nieto? Así sí valía la pena prestarle, sin costo alguno, toda la flotilla aérea de la familia. La cereza del pastel: A tan exclusiva fiesta cumpleañera acudió nada más ni nada menos que La Maestra. Sí, la única en México, Doña Elba Esther Gordillo, quien aspira a contar con otro amigo en la presidencia de México. Y luego nos hablan del nuevo PRI.

Regresiones

El Diario, 9 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Las reformas electorales, cuya discusión y eventual aprobación fueran pospuestas por el Congreso del Estado, contienen diversos aspectos alrededor de los cuales existe una marcada irritación ciudadana y que en opinión del escribiente, por la desinformación prevaleciente –y también por un muy evidente desinterés–, no siempre se alcanza a percibir su importancia. La clase política se ha hecho merecedora de una aguda desconfianza ciudadana, por ello no asombra que muchos de los más interesados lectores de los portales noticiosos y de la prensa escrita opinen en contra de la ampliación de los períodos gubernamentales de los alcaldes y diputados locales, como desean aprobar el total de las fuerzas políticas acreditadas en el Congreso del Estado. Por otro lado, otro porcentaje importante de esos lectores se opone al mantenimiento de la figura del síndico en los cabildos, porque “no sirve para nada”, como reportó desde ayer un sondeo de la página digital de El Diario (Juárez), que al mediodía era de casi el 82% y un escaso 10 de cada 100 se pronunciaban por mantener la actual forma de elección de estos funcionarios. Un tercer aspecto, de los más importantes de la mini reforma política en cuestión, es el de la asignación de los diputados plurinominales. Siendo extremadamente controversiales las dos reformas propuestas en este sentido, la de la desaparición de la prelación en la asignación de los diputados “pluris” es la más regresiva, sin duda alguna. La actual legislación contiene un aspecto, en la asignación de los diputados plurinominales, que es de lo más avanzado en el país. La mitad de ellos se nombra de entre los candidatos perdedores con las mayores votaciones de cada partido, que haya alcanzado por lo menos el 2% de la votación. La otra mitad es designada de las listas propuestas por cada partido, es decir, fruto de las elecciones o métodos de designación de candidatos plurinominales al interior de los partidos. Quiere decir que una mitad de estos diputados, si bien el voto de los ciudadanos es el principal responsable, sigue siendo una manera indirecta de designarlos. Esta premisa no aplica para los diputados de prelación, pues en este caso son los electores los que directamente deciden quienes deben ser los diputados por este principio, de manera semejante a como eligen los ingleses a los integrantes de la Cámara de los Comunes. Así, esta forma de elección, cuando se aprobó, iba en el sentido de quitarle de algún modo la potestad a las dirigencias partidarias de designar a todos los diputados plurinominales. Ahora se pretende desaparecer tan noble figura de elección legislativa que ya algunas entidades iban en el camino de adoptarla para sus propias legislaturas y que en estricto sentido, el progresivo, esa debería la forma en que se eligieran a todos los diputados plurinominales y quitarle de ese modo, a las dirigencias partidistas, tan execrable modo de decidir quiénes deben ser legisladores de representación proporcional. Cosa semejante ocurre con la figura del síndico. Timoratos, los legisladores autores de la reforma por medio de la cual se creó esta figura, y su método de elección –aparte de la planilla municipal– en la cual se pensaba debería de provenir del partido que obtuviera el segundo lugar de la votación, en una especie de copia de la estructura del gobierno ejidal, nos dejaron (como casi en todos los aspectos electorales) un híbrido al cual no le entregaron las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que se pretendían. A quienes opinan que debería desaparecerlo recordémosles que este funcionario es el único que puede fiscalizar el ejercicio del presupuesto municipal casi en la fecha en que se ejerce, a diferencia del resto de las dependencias fiscalizadoras, que lo hacen, en el caso del Congreso del estado casi un año y medio después, y en el de la Contraloría del Estado, muchos meses después de ejercidos los recursos. Así que en lugar de desaparecer esta figura, lo procedente sería reglamentarla, entregarle las funciones que necesita para desarrollar a plenitud su función y entregársela al partido del segundo lugar de la votación, ese sí sería un contrapeso al ejercicio discrecional del presupuesto en el ámbito municipal en el momento que se ejerce y cuando ya nada se puede hacer, solo condolerse y esperar que exista una sanción para quienes hicieron mal uso del erario municipal.

Atorados

El Diario, 7 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Necesitamos más tiempo para revisar “a fondo” la reforma, afirmó el coordinador de los legisladores del PAN, Héctor Ortiz, al dar su versión de las razones por las que el Congreso del Estado no aprobó ayer, en fast track, las reformas electorales para cambiar la duración de los periodos de las planillas de los ayuntamientos y diputados locales, la forma de elección de los síndicos, la forma de asignación de diputados plurinominales (en la quinta ronda) y la eliminación de la prelación en la designación de diputados plurinominales. Condescendiente, aperturista, el líder de los diputados priistas, Enrique Serrano, alegó que no quisieron avasallar e imponer tales reformas pues a ellos no “los afectan” tales modificaciones (las referentes a la prelación y la quinta ronda). ¿Cuáles fueron las razones por las que no culminaron el proceso de aprobar reformas que no llevan tras de sí la menor discusión de las partes más interesadas de la sociedad chihuahuense? Es otro misterio del más allá, pero en él no va la preocupación de los gobernantes acerca de la opinión pública. Ninguno de los legisladores locales ha expresado la mínima intención de abrir a la sociedad, y a sus organizaciones, de todo tipo, la discusión; nadie ha dicho que buscarán la opinión de los colegios de abogados, por ejemplo, o de las pocas organizaciones civiles que han manifestado preocupaciones por estos aspectos de la vida democrática de nuestra sociedad. No, simplemente dan a conocer que no llegaron a acuerdos –y se especula que no llegaron ni siquiera al interior de los dos principales grupos parlamentarios– y que deberemos esperar, “más tiempo”, a que éstos se presenten antes del 15 de septiembre, fecha fatal para efectuar modificaciones, y entonces formen parte del entramado legal que regirá el próximo proceso electoral local, el primer domingo próximo, para elegir a los integrantes de las planillas municipales y las diputaciones locales. Es de tal envergadura el desconcierto entre los actuales diputados que Ortiz Orpinel informó, por ejemplo, que han discutido al interior de su grupo parlamentario, la posibilidad de desaparecer la figura del síndico y entonces que el regidor de Hacienda haga “las veces de síndico”. Críticos de algunas de las acciones y posturas del gobernador César Duarte, al que han llegado a denominar “gobernador de ocurrencias”, ahora incurren en la misma postura criticada por ellos pues no es posible que un día antes de la celebración de la sesión, en la que modificarán aspectos importantes del accionar y de la integración de los cabildos y las legislaturas, apenas estén discutiendo la manera en que podrían darse tales modificaciones. Saltan las preguntas, a borbotones, y no sólo para los legisladores del blanquiazul, acerca de las consultas realizadas a otras legislaturas, a académicos especializados en estas materias, a otros gobernantes, a los ex síndicos, a los colegios de contadores públicos, a los de los licenciados en administración pública y a las instituciones académicas –el Colegio de México y el CIDE, por ejemplo– especializadas en la administración pública, que pudieran aportar puntos de vista para efectuar esos cambios y otros que necesitase nuestra legislación electoral. Pero no, como malos estudiantes, al cuarto para las doce, y mal, realizan su tarea, la que debieron efectuar en el transcurso de los últimos meses y le ofreciesen a los chihuahuenses opiniones sólidas, informadas, acerca de los temas que pretenden reformar. Pero qué va, si andaban rete ocupadotes en la campaña; eran responsables de mil y una tareas en ellas, en lugar de aprovechar esos tiempos para “adelantar” sus tareas, aprovecharon los recursos que la sociedad les entrega para el desempeño de sus funciones legislativas, para ayudarle a sus respectivos partidos y candidatos. Y como no llegaron a acuerdos en los temas mencionados, ahora nos informan que el tema de los salarios (o estipendios, o dietas y compensaciones) que perciban los alcaldes no rebasarán el del gobernador, y que eso sí lo aprobarán (O aprobaron). Surge otra pregunta: ¿Revisaron las numerosas propuestas presentadas a lo largo de los años para evitar que municipios con poblaciones menores sufran salarios de sus munícipes por encima del raciocinio, y por supuesto la “medianía” mencionada por Benito Juárez, en los ingresos de los funcionarios públicos? Porque entre aprobar tal cosa y nada, es mejor la segunda opción.

Escamoteando

El Diario, 5 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores ¿Cuándo entenderá la clase política que necesita reformarse profundamente, que la sociedad chihuahuense ya cambió, que de ninguna manera entrega facturas en blanco y que deberá entregar, cada vez en mayor cantidad, más franjas de poder a la sociedad? Nuevamente, como casi siempre, el día de mañana, en una sesión extraordinaria, los diputados locales aprobarán un conjunto de reformas al marco electoral y a la Constitución, pomposamente denominadas reforma política, en las que a escondidas de la sociedad, además de las reformas propuestas meses atrás por el Gobernador del Estado, César Duarte (elevar a 4 años las gestiones de los alcaldes y diputados locales y empatar la elección de gobernador con la de mitad de sexenio presidencial) pretenden, a trasmano, casi clandestinamente, aprobar algunas que reforzarán el papel y el poder de los partidos políticos. Tales reformas incluyen la desaparición de la asignación de diputados de representación proporcional (los “plurinominales”) por el método de prelación; cambiar la asignación de la quinta ronda de los diputados “pluris”; el cambio en la forma de elección de los síndicos pues proponen que ahora el candidato a ese puesto forme parte de la planilla propuesta por los partidos, así como la disminución del tiempo de duración de las campañas. La reforma que pretende hacer el PRI en la elección de síndico le quita al ciudadano la posibilidad de “cruzar” su voto para que sea de un partido distinto al del presidente municipal, pues ya no será electo de manera independiente de la planilla de Ayuntamiento. Tal reforma no ha sido discutida en la sociedad. Es increíble. Para darnos cuenta de la extensión de la discusión y del análisis de la reforma propuesta, tomemos en cuenta la información proporcionada por el mismísimo presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Gabriel Sepúlveda Reyes (PRI), quien declaró que esa iniciativa “se presentó después de que la Diputación Permanente convocara a un período extraordinario de sesiones para votar la iniciativa de reforma electoral propuesta por el gobernador César Duarte Jáquez”, razón por la que debió convocarse a ¡una reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Parlamentaria a fin de que ese tema fuera incluido en la agenda de mañana! Y eso que la normatividad legislativa establece que para ser incluido un asunto en el orden del día de la sesión extraordinaria debe existir un dictamen de la comisión, o comisiones responsables del análisis de las iniciativas presentadas y que, por lo menos, se diera a conocer a la sociedad el contenido de dichas iniciativas. N’ombre, ¿Pa’ qué? Si al fin y al cabo nosotros somos los meros representantes del pueblo. Ahí nomás. El diputado Sepúlveda explicó que lo que se busca es economizar costos de campañas, rechazó que con esa modificación se le quite autonomía a los síndicos, ya que todas sus facultades quedan intactas en el texto de la Constitución del Estado y del Código Municipal. ¡Ajá…! Por si fuera poco, aprovechando el viaje, como no queriendo, el grupo gobernante en Chihuahua ahora pretende desaparecer uno de los escasos resquicios existentes en la legislación electoral que le permitían a la sociedad quitarle a los partidos una parte de la facultad de designar a los diputados plurinominales. En la actualidad, la mitad de ellos son designados por el electorado pues la mitad emergen de las listas propuestas por los partidos. La otra mitad se integra por quienes fueron candidatos de mayoría y obtuvieron las más altas votaciones de sus partidos, la llamada prelación. Bueno, a contrapelo de las posturas de una buena parte del electorado (y no sólo en Chihuahua, sino en todo el país) que pretende desaparecer a los plurinominales, el grupo gobernante en Chihuahua quiere quitarle a la sociedad esa facultad de que por lo menos la mitad –o poquito menos– de los “pluris” no sean designados por las cúpulas partidistas, o gobernantes, y sean los electores los que con su voto determinen quiénes deben ocupar esos cargos. ¡A la goma! ¿Saben cuál fue el argumento del diputado Sepúlveda para justificar tales asegunes? Que era para que “la segunda fuerza política del estado reciba una mayor cantidad de diputados de lista”. ¿Usted pensaría que el PAN estaba realizando un examen autocrítico para modificar algunas de sus conductas y recuperar las preferencias ciudadanas? Bueno, los diputados locales del blanquiazul propusieron que en la quinta ronda de asignación de diputados plurinominales, que ahora se hace de manera decreciente, es decir, aunque ese no sea el término correcto, se le asigna al partido que tenga el mayor número de votos residuales, después del reparto de diputados plurinominales de las cuatro primeras rondas, que en adelante sólo participen en esa ronda los partidos que hubiesen obtenido el 20% de la votación. Esto es, en castellano, que en Chihuahua el PRI y el PAN se repartan los diputados “pluris” que queden. Esas fueron las preocupaciones en estos días, de las fuerzas políticas acreditadas en el Congreso del Estado. Nada de los asuntos del agua, de las inundaciones, de los presupuestos para las escuelas de tiempo completo, no, lo importante, y ya de frente a las elecciones locales del año próximo, el reparto del pastel. Y si el asunto de las “pluris” de prelación es en realidad una escamoteada a la ciudadanía, el cambio en la elección del síndico es, casi, un robo en despoblado pues, a pesar de todo lo que se diga, cuando esa responsabilidad recaía en el candidato emergido de un partido distinto al del alcalde, se convirtió en una figura que impedía la comisión de irregularidades (sí, ya sabemos que algunos se pusieron de acuerdo con los alcaldes y se olvidaron de su principal encargo) pero con la reforma propuesta ya no habrá problemas, se acentuará la discrecionalidad de los alcaldes, ya no habrá quien vigile con alguna independencia política el ejercicio del presupuesto y todos contentos. Y luego alegan que era para no gastar tanto en tantas campañas. Si ese fuera el argumento real, pues mejor que desaparezcan la figura del Síndico y así nos ahorramos un gasto burocrático que será absolutamente inútil. ¿Han servido de algo las secretarías de la Contraloría, en el ámbito federal o el estatal? Sólo para generar más burocracia de pedigree, que tan costosa nos resulta. Lástima. PD BEISBOLERO.- Viernes de béisbol en la capital. Llueve torrencialmente y el juego inicia casi 2 horas después. La venta de cerveza es alta. En la 7a. entrada, ante el resultado, numerosos aficionados abandonan el estadio. A 300 metros de la salida se instala un retén de Vialidad. Detienen a numerosos aficionados por aliento alcohólico y ebriedad. Los multan y detienen. A Gerardo Cortinas Murra, abogado y articulista de El Diario, lo esposan porque graba video y fotos de la acción de los uniformados, lo multan, detienen el vehículo y a él lo envían ¡a rehabilitación por alcoholismo! ¡Imagínense, hasta el alcalde Marco Quezada es aficionado de hueso colorado a Los Dorados! ¿También a él, y muchos funcionarios estatales y municipales, tan aficionados como los aquí mencionados, los enviarán a rehabilitación? ¿Por qué, en lugar de tales acciones, no establecieron el retén en la salida del estacionamiento para detener momentáneamente a los aficionados, hasta que estuviesen en condiciones de conducir? ¿Será cierta la conseja popular que tales retenes sólo tienen afanes recaudatorios? Y sí, claro, sirven para disminuir los accidentes causados por la ingesta de alcohol, pero también para recaudar algo de dinerito.

Despertar de la pesadilla, ¿a la de antes?

El Diario, 2 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores La innegable reducción de las ejecuciones en Juárez, y en general en la entidad –aunque en algunas zonas se conserven, o incluso hayan aumentado, como es el caso del municipio de Meoqui– no puede llevarnos a tañer las campanas alegremente; la onda violenta sigue presente en el estado grande de México, no con la intensidad de los pasado años, pero sí con la suficiente como para mantener en guardia a una sociedad harta de tanta sangre e inseguridad pública. Aparentemente esta es la primera ocasión en que las cifras a la baja, informadas por las autoridades –particularmente las federales–, sí coinciden con la realidad. Primero fue Alejandro Poiré, hoy Secretario de Gobernación, quien habló de una sensible baja en los homicidios relacionados con el crimen organizado en su modalidad de tráfico de drogas. En esas cifras fue seguido por el gobernador, César Duarte Jáquez, y el martes por el Fiscal General, Carlos Manuel Salas, quien habló de una disminución del 75% en el número de ejecuciones en todo el estado de Chihuahua, del 2010 al 2012, al comparar el número de ellas presentado en los meses de mayor incidencia –octubre y agosto de 2010 con 628 y 625, respectivamente– con los acaecidos en el mes de junio –165– (Nota del Staff, El Diario, 31/VII/12) con lo cual comete el mismo error de Felipe Calderón, cuando vino a decirnos que la baja era del 60% y no era tal pues comparaba un mes de alta incidencia con otro de la más baja. Si bien son ciertas las cifras ofrecidas por el fiscal, deberán tomarse con cautela y esperar a que termine el año para poder efectuar evaluaciones más consistentes, de períodos más largos en los cuales, efectivamente, todos los factores que se dice contribuyeron a la baja influyan en el mantenimiento de dicha curva descendente y no vaya a ser un fenómeno temporal. Sin embargo, no todo es el regreso a la “normalidad” de antes, otro conjunto de delitos de altísimo impacto, como las extorsiones, el secuestro y los robos de vehículos a mano armada se mantienen en niveles altos –no con la intensidad del pasado reciente, es cierto– pero elevados. Pero hay dos aspectos, íntimamente ligados, a los que no se les ha dado respuesta y que de continuar así pueden llevarnos a que cualquiera día de estos nos amanezcamos, nuevamente, con una ola homicida como la reciente. El primero de ellos es que nadie ha sabido explicar cómo fue posible, si la reducción de los asesinatos se puede atribuir a la acción gubernamental, que a pesar del elevado número de elementos de seguridad presentes en Juárez en los tres primeros años, la violencia no solo no disminuyó, sino que se acrecentó, y que cuando disminuyen esas fuerzas –y peor aún, cuando salen de la ciudad el mayor número de ellas– de inmediato baja la ola homicida. ¿Sería que los elementos oficiales vinieron a contribuir de manera importante a tales cifras de espanto, en una especie de operación “limpieza”? Es imposible no plantearse tal cuestión pues, al parecer, la estructura del tráfico de drogas sigue intacto –no ha habido una crisis de desabasto en Estados Unidos–, siguen fluyendo “normalmente” y los precios de ellas en las calles, porque hubiesen aumentado de costo, no se han convertido en materia noticiosa. Es decir, precio y cantidad siguen igual ¿Y entonces? Además, Juárez seguirá siendo la “frontera más bonita de México”, esto es, seguirá siendo frontera (a menos que invadamos EU, o que ellos decidan cambiarnos los límites fronterizos) y por lo tanto seguirá siendo paso obligado, en ambos sentidos, de toda suerte de mercancías, legales e ilegales y durante todos estos años no se sentaron las bases para una transformación radical de las condiciones sociales de esta ciudad fronteriza, para lo cual muy poco ha contribuido el último de los programas sociales de los gobiernos federales emanados del PAN, “Todos somos Juárez”. Y si nada ha cambiado, si nadie se atreve a realizar el diagnóstico verdadero por el cual disminuyó la violencia homicida, si la realidad social no ha cambiado, ese es el segundo aspecto, entonces, cualquier día de estos nos amaneceremos con el regreso a la realidad del antiguo Paso del Norte (y por extensión a todo el estado de Chihuahua) y nos encontraremos, como en todas las guerras, que la muerte de decenas de miles no sirvió para nada. Bueno, sí, para incrementar el sufrimiento de los más marginados de la sociedad. ¿Y eso, a quién le importa?