Al fin, la sierra

El Diario, 31 de enero de 2013. Luis Javier Valero Flores Pareciera coincidencia, ojalá no lo sea. Al tiempo que en la capital del país se anunciaba la puesta en marcha de un vasto operativo en los estados de Morelos, Puebla, Querétaro, México, Michoacán y el Distrito Federal a fin de “inhibir” la violencia, con la participación de militares, marinos, policías federales y policías locales, en Guachochi el gobernador del Estado, César Duarte, anunció, en la celebración del 50o. aniversario de ese municipio, la puesta en marcha de un “mega” operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara, con la finalidad de abatir la ola de criminalidad en aquella región. “El próximo mes inicia el operativo más importante de la historia para la recuperación del orden y la paz en la sierra de Chihuahua, la estrategia de seguridad viene con todo y desde los tres órdenes de Gobierno, no seguirá siendo el dolor y el miedo la condición de los habitantes de esta región… No vamos a permitir que una carretera, una comunidad y un ejido sean víctimas de los delincuentes”, afirmó, tajante, el mandatario chihuahuense, para rematar diciendo que de esta forma retomarán el control de las carreteras y comunidades serranas. Casi 60 días después de asumir la conducción del país, período en el que, aparentemente, persiguió quitar de la agenda pública el tema de la seguridad pública, el nuevo gobierno federal debió asumir la realidad y anunciar la puesta en acciones para enfrentar la ola violenta, persistente a pesar del cambio de gobierno. Ocho mil efectivos de todas las agrupaciones armadas del Estado mexicano serán los responsables de tal operativo, que integrarán las llamadas Bases de Operación Mixtas (BOM), con un esquema similar al que se puso en marcha en Nuevo León, donde las policías locales actúan en coordinación con las fuerzas federales y en el que sus integrantes deberán ser elementos sometidos a los exámenes de confianza (y por supuesto, superados) para actuar conjuntamente. A su vez, luego de las infinitos reportes, de cientos, de miles de ciudadanos, de la existencia de condiciones máximas de inseguridad en amplias regiones de la entidad, con la presentación de varios incidentes a cual más de violentos, la actual administración estatal, por fin, anunció la puesta en marcha de un operativo largamente reclamado por los chihuahuenses de La Tarahumara y el Noroeste. Al hacerlo, el gobernante chihuahuense prometió que este año le daríamos “la vuelta completa a la página por la tragedia en que vivió Chihuahua desde hace 3 años”, para lo que pidió la ayuda de la ciudadanía, para luego ufanarse del descenso de las cifras delictivas: “Uno de cada cinco carros que se robaban en el país era en Juárez y uno de cada cinco asesinatos se realizaba en Juárez, hoy no aparecemos en las estadísticas, hemos recuperado el orden”. Ello, a pesar de que Chihuahua y Juárez se ubicaron, todavía, al término de 2012, dentro de las primeras 10 ciudades con los más altos índices de homicidios, pues Chihuahua pasó de 367 en 2011, a 554 en 2012; Juárez, a su vez, pasó de 656 en 2011, a mil 055 en 2012, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocupando, por tanto, los lugares 7o. y 3o., respectivamente, en los que el antiguo Paso del Norte fue superado por Acapulco y el DF. (Nota de Reforma, 28/I/13). “No necesariamente con la fuerza o con mayor número de elementos se es más eficiente en el combate a la delincuencia, se requiere la recuperación de la confianza de la sociedad para que aporten información y realicen denuncias”, manifestó el mandatario. Lo dijo en una zona en la que permanentemente los ciudadanos se han cansado de informar, hasta públicamente, de la instalación de retenes y operativos de las bandas que asuelan la sierra Tarahumara, en lo que aparece, por lo menos en las promesas del gobernante, como la rendija de esperanza de iniciar el camino, ojalá no tan largo, de la recuperación de los niveles de seguridad pública necesarios para la vida, en esta que es uno de los máximos orgullos de los chihuahuenses y en la que la ley de las bandas criminales parecía –parece– ser la vigente.

Otro montaje

El Diario, 29 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores La determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de ordenar la inmediata libertad de Florence Marie Louis Cassez Crepin, se ha convertido en el pretexto ideal para despotricar (no sin razón en muchos casos) en contra del sistema de administración de justicia; pero acríticamente, en lo que viene una a ser una irracional seguidilla del montaje de su detención, a cargo del hombre que más suspicacias despertó en el sexenio pasado (después, claro, de Felipe Calderón) a causa de sus acciones y de la aplicación de la estrategia que llevó al país al peor baño de sangre sufrido por los mexicanos, fuera de los conflictos bélicos. A pesar de que el principal tema de discusión de la SCJN sería, el pasado martes, el de la legalidad de la detención, las repercusiones que tuvieron ese hecho y el montaje televisivo sobre las pruebas y testimonios de víctimas, testigos y acusados, ninguna de las empresas televisivas tuvieron el valor cívico de reconocer la comisión de tal acción. Todavía el miércoles, ya fuera del país Cassez, el periodista estelar del régimen (y de la empresa Televisa) Joaquín López Dóriga, en su noticiero radiofónico se dio vuelo llamándola “secuestradora”, dándole continuidad a la postura de la mayoría de los medios de comunicación de señalar –violando con ello, gravemente, el derecho de la presunción de inocencia de todos los señalados por la comisión de un delito– como culpables a quienes presentan en los noticieros y programas a los presentados por las corporaciones policiacas. Esa es una muy grave violación a los derechos humanos, con ello no sólo se vulneran los derechos de los detenidos, también los de las víctimas. Y eso es lo que está en el tapete de las discusiones, no solamente si la francesa es culpable o no, sino la detención de una conducta a todas luces ilícita y transgresora de todo el orden legal establecido en el país. Que el principal funcionario encargado de la seguridad pública de la nación sea responsable del montaje –junto con sus principales colaboradores– y no sea procesado (no ahora, que puede ocurrir) quiere decir que las instituciones públicas están aquejadas de graves, muy graves dolencias. Si a eso le agregamos la presión, salvaje, primitiva, del presidente de la república sobre los ministros de la SCJN para que resolvieran en contra de la francesa, lo que significaba dictaminar a favor de Genaro García Luna, –jefe de la AFI durante la detención de los acusados de secuestro, y luego todopoderoso Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón– y que, además, las televisoras continuaran con el linchamiento mediático, entonces podríamos llegar a la conclusión tanto tiempo criticada a López Obrador cuando mandó a todas las instituciones “al diablo”, en lo que era, a todas luces, una severa descalificación y no, como quisieron las televisoras hacerles creer a los mexicanos, que era el llamado a la insurrección. Las consecuencias son terribles, la mayoría de los ciudadanos que han emitido una opinión, en cualquiera de las modalidades reportadas, sin mayor reflexión, se lanzan con todo, en primer lugar contra la francesa, y en segundo, contra la Corte, sin pararse a reflexionar que con esta decisión a quienes ponen, no sólo en entredicho, sino en alerta, previniendo la comisión de la misma conducta en el futuro, es a las autoridades policiales y a las prejudiciales, amén de los jueces y magistrados obsequiosos con los hombres del poder. Bien lo dice la Corte al asegurar que esta determinación “contribuye al derecho que tienen las víctimas de conocer la verdad, esclarecer la no culpabilidad de esa persona y a develar la verdad...”, lo que es un derecho irrestricto para cualquiera de las víctimas de hechos ilícitos, de crímenes, tienen una serie de derechos que deben de respetarse por las autoridades, el derecho a la reparación a dar a conocer la verdad, a que los hechos no se repitan, pero no debemos pensar que por cumplir un derecho o hacer valer un derecho (de los acusados) eso beneficie a las víctimas”. Además, que la presunción de inocencia opera a favor de todos, “cualquier persona que está en la calle es, de entrada, inocente, o no culpable”. Eso es lo que está en el fondo… y otras muchas cosas más, las que se irán revelando al paso del tiempo, de las corruptísimas componendas del gobierno anterior. Al tiempo.

Ya no hay tiempo

Aserto No. 114, 27 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores 2013 inicia con preocupantes señales para la mayoría de la población. A la explicable esperanza de que el nuevo gobierno de la república hiciera válidas las aspiraciones de una mejoría en la situación económica y en el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública, las primeras medidas concretas de la nueva administración hacen revivir las certidumbre de que el presente año puede ser peor que el anterior. El baño de sangre continuó en el país, ahora con la presentación de matanzas colectivas, las que en Estados Unidos se presentan en número e intensidad semejantes, que allá mueven a todo el país a plantearse la venta de armas y que acá se aprecian, hasta con “normalidad”, y abarcan ya no solamente a entidades que habían abatido los índices homicidas, como Chihuahua, sino a otras con episodios verdaderamente preocupantes. Fue de tal magnitud la ola homicida, que superó las cifras del mes de noviembre -el último de Felipe Calderón- en el cual, aparentemente, había amainado. El problema radica, además de, obviamente, del dolor y pánico causados por las ejecuciones y desapariciones, en que sólo hasta a fines de la primera semana del nuevo año las autoridades federales atinaron a declarar tibiamente que se detendrían a los responsables. Y está bien que el Presidente Enrique Peña Nieto no contemple como único tema el de la seguridad pública, pero las continuas ejecuciones colectivas en La Tarahumara -por ejemplo- debieran haber concitado, de alguna manera, las preocupaciones presidenciales. A propósito de contingencias, causa extrañeza, además, que la nueva administración no haya abordado el tema de las gélidas temperaturas en el norte del país, particularmente en nuestra entidad, y a cambio hayan decretado el enésimo aumento a los precios de los combustibles, justamente cuando se presentaba uno de los más severos temporales invernales en Chihuahua y Coahuila. Se extraña la participación federal en momentos como los actuales. Y más con las primeras medidas gubernamentales -además de las explicaciones ofrecidas por los funcionarios, al momento de argumentar los aumentos a los energéticos- pues se dice que a pesar de los aumentos los precios de gasolinas y diesel en México ¡Son menores a los de EU! como si los parámetros pudieran ser los mismos para naciones tan disímbolas como las nuestras. ¿Por qué, al momento de fijar, por ejemplo, los salarios mínimos no usan ese mismo parámetro para elevarlos al nivel de los vigentes en aquel país? ¿Qué ganamos, los mexicanos, con saber que la gasolina en EU tiene un precio más elevado que acá? Nada. Bueno, pues esos argumentos son los mismos que usaban los funcionarios de la anterior administración federal, a la que prometieron superar, de llegar al gobierno. El problema es que ya llegaron y siguen haciendo las cosas igual que sus antecesores, hasta ahora. Aquí adquiere importancia relevante lo ocurrido en La Tarahumara. No se podrá argumentar que hay falta de coordinación entre las instancia federal y la estatal. Ese fue un argumento para convencer por Peña Nieto y el PRI. El problema está en que las ejecuciones han revivido en una extensa zona del sur y suroriente de Chihuahua y no se ven, por ningún lado, las medidas medidas emergentes para asumir el control de la zona, por el contrario, cada día hay una nueva tragedia -que ya llegaron hasta la familia del alcalde de Balleza- que debemos lamentar. Son, aceptamos, apenas unos cuantos días de la nueva administración, pero se les olvida que se acabaron los tiempos en que la sociedad concedía un período de gracia a los nuevos gobernantes. Ya no tenemos tiempo, fueron muchos muertos y mucha incapacidad, ojalá no continúe.

La deuda de Chihuahua

El Diario, 27 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores En un sorpresivo cambio de actitud, para bien, el gobierno de Chihuahua decidió poner al alcance de los chihuahuenses la información acerca del monto y composición de la deuda del estado. Ni duda cabe que tal postura tuvo como trasfondo la ofensiva mediática del PAN, que en el curso de los últimos días había querido colocar en la agenda pública el excesivo –para ellos– endeudamiento de la actual administración estatal. Y el gobierno de César Duarte lo hizo de una manera accesible a través de una conferencia impartida por el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera. Este puso en la mesa de la discusión la visión del grupo gobernante acerca de los fines del endeudamiento en general y las características de la deuda de Chihuahua en particular. Además, como ya es característica del priismo local en la que, al más puro estilo foxista, las alusiones al todopoderoso forman parte del ritual gubernamental, Herrera nos juró que decía la verdad acerca de los montos de la deuda. Por si fuera poco, como si, a su vez, los medios de comunicación fueran los responsables de la desinformación acerca del tema y, por consiguiente, de las especulaciones, de manera irónica, hasta con un ligero tono burlón, pidió en varias ocasiones que los reporteros anotaran bien. Al final, ninguno de ellos le preguntó cosa alguna. El gobierno de Chihuahua admitió la existencia un monto de 19 mil 992 millones de pesos, aunque, informó, la Secretaría de Hacienda federal suma la deuda de los municipios y otros, lo que la lleva a 22 mil 552 millones de pesos (mdp). La composición de esa deuda, quitando la de los municipios, sería la siguiente: directa 6 mil 323 mdp, que representa el 32 por ciento, cuyo aval son las participaciones federales; la contingente, 844 mdp, igual al 4 por ciento, conformada, básicamente, por el adeudo del fondo de la vivienda; y las emisiones (de bonos carreteros), 12 mil 742 mdp, equivalentes al 64 por ciento del total de la deuda. Dicho así, sería la primera vez que públicamente el gobierno de Chihuahua reconoce la venta de bonos carreteros como endeudamiento, aunque, insisten, no debe preocupar porque están garantizados por los peajes carreteros, por lo que no afecta la calificación crediticia del gobierno, pero que sí es una baja en los ingresos estatales debido a que, calcula Herrera, los ingresos son de alrededor de los 2 mil millones de pesos anuales. Aquí deberá aceptarse que el esquema hasta ahora aplicado le ha significado al estado la posibilidad de acceder a montos superiores que al paso de pocos años se pagan con ese ingreso derivado del uso de las carreteras estatales. Luego, como si no fuera problema, o uno menor, informó que en el curso del 2012 el gobierno de Chihuahua, ante la falta de liquidez, recurrió el endeudamiento de corto plazo (la que conlleva una tasa más alta de intereses que, sin embargo, no tomó como preocupante) por un total de 10 mil 261 mdp, de los cuales se pagaron 9 mil 012 mdp y quedó un remanente de 1 mil 249 mdp que, dijo, genera un problema de liquidez. No lo informó, pero en la laminilla correspondiente estaba anotado que se contrató al 12 por ciento anual, cantidad a la que deberán sumarse, así lo dijo, entre 3 y 4 mil millones de pesos de deuda a proveedores. Y entonces, sí es para poner las luces en ámbar pues si solamente se toma en cuenta el pago de intereses y capital de la deuda de corto plazo no pagada el año anterior, nos encontraremos que deberán pagarse mensualmente algo así como 157 mdp, si no se renegocia, algo difícil de aceptar pues, por ley, no se puede contratar créditos para pagar otros anteriores. Si estas consideraciones son ciertas, entonces nos encontraremos con que la deuda “directa” de Chihuahua podría estar ubicada entre 11 mil 500 mdp y 12 mil 500, si le seguimos la pista a lo dicho por don Jaime, que la deuda a proveedores era “entre 3 y 4 mil millones de pesos”. Aunque no es lo mismo decir “entre 3 mil y 4 mil pesos”, a las cantidades expresadas por el Secretario de Hacienda. Vistas así las cosas, sí tenemos problemas, los mismos que, afirmó, se resolverían “a ver cómo”, pero el salario de los maestros no va a faltar, dijo, para congraciarse con el auditorio, –que le mereció un aplauso– sabedor que las deudas no pueden contratarse para gasto corriente. Y es que el presupuesto para 2013 sólo le deja un margen de maniobra al Poder Ejecutivo de 5 mil 29 mdp, de un presupuesto superior a los 53 mil millones de pesos (mmdp), del cual 34.4 ya están etiquetados y del cual habría de destacarse que a educación básica se irán más de 8 mmdp, a Salud 3.9 mmdp; 4.2 a Seguridad Pública y a inversión en obras 8.58 mmdp. En seguridad se invertirá el triple de lo gastado en 2007, pues se pasó de 1.3 mmdp en ese año, a 2.6 en 2012 y a más de 4 mmdp en 2013. Igual ocurre en Salud, en donde se pasa de 1.47 en 2007, a 2.84 en 2012 y a 3.9 en 2013. Decidido a debatir (incluso, se llegó a decir que podría aceptar un debate con el coordinador parlamentario del PAN, Héctor Ortiz), Herrera defendió la necesidad del endeudamiento, el que, dijo, no es de por sí negativo y adujo que el nivel de vida de los países desarrollados se debía a que ¡se habían endeudado! Criticó que nadie señalara acremente al gobierno de Felipe Calderón por el enorme endeudamiento de su gobierno, que lo incrementó de 1 billón 98 mil millones de pesos, a 4 billones 162 mil millones de pesos. No hay de qué preocuparnos, afirmó reiteradamente, la deuda directa de Chihuahua representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto y el 5 por ciento con el monto total que asciende a los casi 20 mil millones de pesos y la comparó con la del país –poco más del 30 por ciento del PIB– o con la de EU y los países europeos que superan el 100 por ciento. “La deuda no es para rasgarnos las vestiduras”, adujo, aunque la falta de liquidez sí debe de quitar el sueño a cientos de proveedores del gobierno estatal, lo que, por otro lado, sí repercute en la economía estatal pues no ha ingresado. Pero no se pueden comparar las finanzas de un estado con las de una nación. El gobierno estatal recauda solamente 8 mmdp, que significa el 16 por ciento de los ingresos, ¡y estamos en los primeros lugares nacionales! Lo que quiere decir que recibimos 35 mil mdp de fondos federales, luego entonces, no tenemos las posibilidades que tiene una nación. De ahí que sea pertinente ubicar el monto de la deuda total, su composición y puntos centrales, saber el finiquito y el uso otorgado a los montos de los empréstitos. Si se toma en cuenta solamente la deuda directa, estamos en el lugar 21, pero si es sobre el total de la deuda, estamos en el 5o. A su vez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la deuda de Chihuahua se incrementó 139.9 por ciento en el período que comprende del año 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, lo que la convertía en la entidad número 10. (Nota de El Universal, 16/I/13). Sin embargo, representa el 37 por ciento de las participaciones federales, contra el 375 por ciento de Coahuila; per cápita es del orden de los 5 mil 845 pesos, muy abajo de los 13 mil 262 de Coahuila, pero por encima de la media nacional –3 mil 620–, lo que la mantiene –aún– con calificaciones positivas, “el único con triple A”, dijo el secretario de Hacienda. Frases tan optimistas podrían no tener continuidad si las señales de advertencia no se acatan, varios gobiernos de los países hoy en graves problemas económicos iniciaron, así, con una falta de liquidez; no atender esas señales forma parte de la génesis de la catástrofe financiera de Europa… ¡Ah, y cosa no menor, la voracidad de los banqueros de uno y otro lado del Atlántico, que son, por puritita casualidad, dueños de los bancos de allá y de acá!

Sin pruebas

El Diario, 24 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores El reconocimiento de la Procuraduría General de la República de no contar con pruebas que respalden los dichos de los testigos “protegidos” en contra de los militares presos, acusados de participar en el crimen organizado, entre los que destaca el general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, ex director del Colegio Militar y ex secretario particular del secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Vicente Fox, además de descendiente directo del Gral. Felipe Ángeles, el jefe artillero de La División del Norte, pone de relieve, además de la sorda disputa por el poder al interior del ejército, la elevada intromisión de los militares norteamericanos, y de su gobierno todo, en los asuntos más controversiales de nuestro país. Al aceptar que no tiene pruebas en contra de Ángeles tendrá efectos directos en contra de otros cinco militares acusados en el mismo caso, contra quienes la PGR de Marisela Morales y Felipe Calderón sólo tenía las declaraciones de dos testigos, ambos ex jefes de grupos criminales y quienes sólo tenían vagas informaciones de las presuntas relaciones de los militares con el cártel de los Beltrán Leyva, a quien le ofrecían, según estas declaraciones, protección militar en el desembarque de aviones con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca. Con ello parece comprobarse que la decisión de involucrarlo penalmente con el crimen organizado fue una maniobra para separarlo del “relevo en Sedena”, como acusó el general Ángeles al momento de ser detenido, en una acción que revela las disputas al interior del ejército por el poder. ¡Qué cosa tan rara! “Yo no creo que sea el secretario, (sino) un poquito más abajo, por una ambición, un afán, no sé, (porque) en su sueños ven que yo voy a hacerles competencia, que voy a ser un competidor para un cargo, el máximo al que ellos aspiran, pero no sé, mi amigo, a qué se deba la paranoia”, sostuvo en una entrevista ofrecida a Milenio en julio del año pasado. Para ampliar su arraigo, el 22 de junio la SEIDO se basó en una llamada en la que se lo acusa de permitir la venta de droga en el Colegio Militar, lo que el general calificó de “ofensa” al Ejército, porque sugiere que entonces sus miembros son consumidores. “Pusimos atención y no existió nada, ni un indicio, nada de eso. Pero si el Colegio es la escuela de formación de los oficiales, de los jefes, de los generales, ¿de qué estamos hablando? Luego entonces, somos un Ejército de viciosos, cosa que es inadmisible por dolosa y falsa”, manifestó en esa ocasión. Las acusaciones pueden tener un trasfondo más preocupante, en el que la disputa por el cargo de Secretario de la Defensa Nacional vaya más allá de la simple pelea por el cargo y aparezca con mayor nitidez que en realidad se jugaba, en tal disputa, la continuación de la subordinación de la política de seguridad pública –y quizá la nacional– a los designios de la cúpula militar norteamericana. Uno de los antecedentes centrales de la trayectoria de Ángeles lo constituye su desempeño en el cargo de agregado militar en la embajada norteamericana cuando, “encabezó la defensa latinoamericana a los designios del Pentágono que querían –con el respaldo del presidente Carlos Menem en Argentina–, crear una fuerza panamericana que respondiera a los intereses estratégicos de Estados Unidos en el mundo”. (“El general en desgracia”, Raymundo Riva Palacio, 17/V/12). Además, y teniendo como marco lo sucedido a lo largo del sexenio de Felipe Calderón, el mismo columnista informa que Ángeles “filtró” información a una reportera (probablemente Anabel Hernández, autora de “Los señores del narco”) para que esta señalara al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de estar, a su vez, involucrado en el narcotráfico. Luego, ayer, el mismo columnista informó que otra persona acusada, también por los mismos testigos protegidos, de recibir dinero del cártel de los Beltrán, fue recientemente puesta en libertad. Se trata de Beatriz Elena Veramendi, quien en 2008 fue secretaria particular de Noé Ramírez Mandujano, jefe de la SEIDO. Con ello, si quedara alguna duda de la tremenda ineficiencia de la PGR –y sus titulares– en el sexenio anterior, cae por tierra, además de revelarnos la profundidad de la crisis de seguridad pública, acrecentada por funcionarios sin escrúpulos a quienes debería ponerse bajo el criterio de las autoridades judiciales, de inmediato.

Otra vez

El Diario, 22 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores Llegaron a Palacio de Gobierno sabedoras, ya, que el gobernador del estado, César Duarte, no estaba en la ciudad –a esa hora participaba en el acto de inicio de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, puesta en vigor por el presidente Enrique Peña Nieto–, incluso, de acuerdo con las informaciones ofrecidas el día anterior, adelantaron su llegada a la ciudad de Chihuahua y ya en el recinto dieron a conocer, el grupo de seis mujeres –y sus acompañantes– que marcharon en “la Caminata por la Vida y Justicia”, el pliego petitorio y los plazos para que el mandatario chihuahuense dé respuesta a sus planteamientos. Treinta días le dieron, de lo contrario, acudirían a las instancias internacionales, igual que casi una década atrás –y después– decenas de madres dolorosas y sus familias, hastiadas de no encontrar respuesta a sus quejas de justicia, resolvieron recorrer el camino que hoy adelantan quienes llegaron con el mismo dolor de aquellas a Palacio de Gobierno. Son dantescas las peticiones: la entrega inmediata de los restos óseos humanos que existen en el Semefo de Ciudad Juárez; respuestas claras y específicas ante expertos en la materia a las madres que han solicitado la segunda opinión del dictamen de ADN que lleve a la certeza de la identificación genética hecha por el Estado de Chihuahua y respuestas a sus cuestionamientos. “¿Quiénes secuestran y privan de la libertad a las jóvenes de nuestro estado? ¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales de los feminicidios? ¿Quiénes lucran con la trata de personas de lo que son víctimas las mujeres de Juárez?”. Además, entrega de resultados a las familias que tienen jóvenes en calidad de desaparecidas, que se les notifique sobre las líneas de investigación que se tienen con la búsqueda y localización, así como se les dé a conocer las propuestas de modificación al Código Penal para tipificar la desaparición de personas para que la denuncia abra la correspondiente averiguación previa y una explicación amplia y clara sobre la investigación en torno a los desaparecidos en el estado. Pero en las declaraciones de sus representantes, y las de ellas, mostraron lo que realmente deseaban al momento de iniciar su marcha, precisamente desde el funeral de Beatriz Alejandra Hernández Trejo. Así lo dijeron: “Sabemos que el gobernador no se encuentra, que él regresaría hasta mañana, pero (él) sabía perfectamente que veníamos en camino porque él estaba en Ciudad Juárez, entonces él tiene 30 días para responder a esto”. Quisieron conmover al gobernante, creyeron que ante la noticia del inicio de su marcha, éste podría acudir a verlas. No lo dijeron así, pero las expresiones de la representante legal de las dolientes, Francisca Galván Segura, fueran muy claras, al afirmar que habían cumplido “con una parte de su cometido” con esta marcha, “a fin de exigirle públicamente justicia… nos regresamos, tuvo el suficiente tiempo y no estuvo, nosotros nos vamos”. No es para menos, después de largos meses de denunciar, de buscar, de morir de dolor, la familia de Beatriz Alejandra sólo recibió algunos restos óseos y ninguna respuesta a su demanda de justicia, de no haberla encontrado con vida. Con ella, suman “catorce las mujeres desaparecidas y asesinadas, cuyos restos fueron localizados desde el 2011 en el Valle de Juárez… ”. En su desesperación, decidieron realizar un acto más en busca de sus hijas, y de respuesta de los gobernantes. Así, se lanzaron a la carretera “... Karla Castañeda, madre de Cinthia Jocabeth Castañeda, desaparecida hace cuatro años en la calle Mina de la zona Centro. La acompañan los papás de Esmeralda Castillo Rincón, reportada como ausente en mayo de 2009 y Ana Cuéllar, madre de Jessica Ivonne Padilla Cuéllar la cual desapareció en julio de 2011. También se unió Francisca Galván, quien representa legalmente a este Comité”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 16/I/13). El objetivo era muy claro: “Vamos a exigirle cuentas al gobernador César Duarte porque él se comprometió a darnos resultados”. ¿Por qué no lo hizo, que se perdía con ello? Al contrario, todos saldríamos ganando si de repente los gobernantes realizaran un acto de semejante humanismo y solidaridad. Aún es tiempo, los chihuahuenses nos lo merecemos.

Arranques

El Diario, 20 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores Con la instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), el martes anterior, y la realización de distintas actividades de la mayor parte de los partidos políticos existentes en la entidad, dio inicio el proceso electoral del presente año. Se trata del proceso local que menor atracción ejerce sobre la ciudadanía; por consiguiente, el que mayor abstencionismo provoca. Su importancia no es menor pues es el que generalmente marca las tendencias hegemónicas, tanto en el contexto general, como en el de las confrontaciones internas, sobre todo en el Chihuahua posterior al gobierno panista de Francisco Barrio, y probablemente desde las elecciones intermedias de 1995. En ese año, el alcalde de la capital dejaba el poder, el priista Patricio Martínez, “desaparecía” de la escena política, para reaparecer como candidato triunfante a la diputación federal en 1997. Menos de un año después, ganaba las primeras elecciones internas del PRI para definir a un candidato al gobierno de una entidad. Carrera semejante debió recorrer José Reyes Baeza, con la diferencia de que, en lugar de disputar una diputación de mayoría relativa, ocupó el 2o. lugar de la lista plurinominal de su partido, después de un “oscuro” periodo, entre 2001 y 2003, en el que parecía haber sido marginado de la lucha por la gubernatura por su compadre, el ahora senador priista, Martínez, quien lo envió a ocupar la dirección de la dependencia actualmente ocupada por otro aspirante a la alcaldía, Marcelo González Tachiquín, Pensiones Civiles del Estado. De ahí salió a la diputación para ganar la elección interna a la candidatura gubernamental y ejercer el gobierno de Chihuahua del 2004 al 2010. César Duarte no pasó por la alcaldía de Chihuahua, pero sí por la presidencia de la Cámara de Diputados, paso que le permitió recibir el apoyo de la dirigencia nacional de su partido, el PRI, y de su organización campesina, la CNC, así como el respaldo invaluable de Emilio Gamboa Patrón, líder de los diputados priistas de esa legislatura. Reyes Baeza, del mismo modo que Patricio Martínez, no logró “construir” un candidato de su equipo. A ambos se les “cayeron” sus respectivos secretarios de gobierno, Víctor Anchondo y Fernando Rodríguez, respectivamente, y debieron optar (por supuesto que nunca abiertamente) por quien apareció como la mejor opción de triunfo para su partido, Reyes Baeza y César Duarte. Más aún, sin ser de su equipo, y probablemente no del todo de su agrado (políticamente, claro, otras son las relaciones –o eran– personales entre ambos políticos) debió apoyar al parralense, para no dejar el camino libre al ex senador y entonces ex alcalde juarense, Héctor “Teto” Murguía. Así, vistos a vuelo de pájaro, los procesos político-electorales de medio sexenio fueron los que apuntalaron a los equipos y probables candidatos al gobierno del estado. Esa es la realidad del PRI chihuahuense de hoy, gracias a que ejerce una consistente hegemonía electoral, la que puede crecer merced a los errores y deficiencias de sus adversarios en el ámbito local. Segunda fuerza local, y en ocasiones la primera, tanto en las elecciones estatales como en las elecciones federales, el PAN atraviesa por una gravísima crisis. A los factores nacionales deberán agregárseles los locales; no sólo es un partido señalado como portador de los peores defectos al momento de gobernar –casi al mismo grado que su antecesor en la república, el PRI– en Chihuahua sufre las consecuencias de sufrir dos procesos electorales internos señalados por la autoridad electoral federal como fraudulentos. Con ello, su credibilidad ha sufrido un serio quebranto. Además, sus últimos gobernantes locales, los ex alcaldes capitalinos Juan Blanco y Carlos Borruel, fueron señalados por encabezar administraciones con amplios visos de corruptelas y graves irregularidades en el ejercicio gubernamental. El electorado de la capital fue especialmente contundente en la última elección municipal, el PAN fue superado por más de 50 mil votos por los candidatos del PRI. No ocurrió así en la última elección federal, en la que los candidatos a senadores priistas fueron derrotados en la ciudad de Chihuahua a manos de los candidatos panistas, amén de que los candidatos de la izquierda superaron, por mucho, el 20 por ciento de la votación en ese municipio. La nueva dirigencia blanquiazul intenta en estos días reconstruir la unidad y elevar el perfil político-electoral de sus posibles abanderados, bajo una terrible sombra: abrir o no un proceso electoral interno, con el riesgo de que se presente nuevamente el fraude electoral. Cualquiera que sea el resultado de la construcción de sus principales candidaturas, una cosa es cierta, deberá enfrentar el hecho de entrar al proceso electoral de manera disminuida, no solamente por la depuración (y el abandono de muchos panistas) de su padrón, sino porque aun prevalecerá el efecto e inercias de la elección presidencial y una buena parte del electorado le otorgará al PRI –y con ello, piensan, al presidente Enrique Peña Nieto– una oportunidad más de hacer las cosas bien. Contarán con otro factor en su contra. Cambiadas las responsabilidades del manejo de los programas sociales, sobre todo los de carácter rural, ya no los tendrán a su favor y, por tanto, las elevadas cifras obtenidas en los municipios rurales disminuirán y probablemente no estén en condiciones de repetir el triunfo, como lo hicieron en 2010, en los 23 municipios que hoy gobiernan, salvo excepciones. Y luego dicen que el manejo de los programas de la Sedesol están “blindados” y que no cuentan en el ámbito electoral. Veremos. Se podría decir que, hasta el momento, ni priistas ni panistas han cometido errores en sus respectivos errores; en cambio, en el bloque de la izquierda, a pesar de que sus candidatos en la pasada elección federal rebasaron los 300 mil votos, un poco más del 20 por ciento de la votación estatal, cifra que es, por mucho, la mejor de las obtenidas en Chihuahua en toda su historia, enfrenta un muy incierto panorama. El PRD sufre una sangría encubierta, una buena parte de sus mejores activistas han dejado este partido y el electorado de izquierda transita en cada elección con sentimientos encontrados pues, decidido a no votar por priistas o panistas, no encuentra en las posturas locales del perredismo respuestas a sus posturas de izquierda. Y no solo ahí, en las elecciones locales del 2010, los otros partidos de esta corriente, el Partido del Trabajo y Convergencia –ahora, Movimiento Ciudadano– apoyaron a los candidatos del PRI, salvo en algunas alcaldías. Lo mismo ha ocurrido en los últimos 3 procesos electorales locales. Peor, la dirigencia nacional del PRD ha anunciado su intención de buscar la alianza con el PAN en 13 de las 14 entidades que tendrán elecciones este año. Así, la posibilidad de que a nivel local se repitiera la conformación de la alianza de izquierda, del mismo modo que en las elecciones presidenciales, se aleja irremediablemente. Por si fuera poco, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la agrupación política dirigida por López Obrador –que este año intentará obtener su registro electoral como partido político nacional– resolvió ¡no participar en ninguna elección de los 14 estados, a pesar de que se involucrará en ellas el 43 por ciento del padrón electoral! La decisión de Morena, además de extraña, es incomprensible ¿Cómo, una agrupación que intenta obtener registro como partido en las instancias electorales, decide no participar en las elecciones locales y dejar que sus votos y simpatías se vayan a otro lado?

La sana distancia

El Diario, 17 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores Generalmente vilipendiado por la dirigencia del PRI, muchas veces como reacción ante las filípicas críticas realizadas por éste, el presidente del Comité Municipal del PAN en Chihuahua, Miguel Latorre, “picó” uno de los grandes temas que al paso de los días pareciera adquirir carta de “naturalidad”, en la medida que se asienta el nuevo gobierno federal. Podría pensarse, antes del 1o. de diciembre, que nada nuevo ocurriría en el país, que atestiguaríamos un relevo “normal” de las autoridades federales, como fruto de los nuevos tiempos de plena competencia electoral, y que el regreso del PRI a Palacio Nacional no traería consigo ninguno de los vicios y defectos tanto tiempo realizados, los mismos que al paso del tiempo acumularon un inocultable rechazo. Uno de esos rasgos fue denunciado por el entonces presidente priista, Ernesto Zedillo: el de la “sana” distancia que habría de mediar entre el PRI –su partido– y el gobierno. De repente se encuentra uno con eventos, o procesos, en los que algunos miembros del partido gobernante no debieran estar, o concurrir; en otros momentos se podría concluir que esa es la “línea” trazada desde las “alturas”, o que, simplemente, la inercia del regreso al pasado es tan fuerte que se les hace imposible resistirse; o que, peor aún, que para los integrantes del partido vuelto gobierno es tan “normal” copar todos los “espacios” con visos de oficialidad que ya lo hacen casi de manera automática, sin pararse a pensar que los tiempos han cambiado. “Antes, como antes, y ahora, como ahora”, se puede leer en las paredes del Palacio de Gobierno de Sonora, atribuyéndole tal frase al jefe yaqui, Cajeme, para llamar a sus compañeros a encontrar otro modo de sobrevivir ante los crueles y devastadores ataques de las huestes porfiristas. Bueno ¿y dónde quedó la mención del dirigente panista Latorre? Ah, es que el blanquiazul criticó acerbamente al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Seáñez Sáenz y al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Javier Ramírez Benítez, por su asistencia al acto en el que fue ungido presidente del Comité Municipal del PRI el diputado local, Fernando Mendoza. En el evento fueron instalados, como debe ser de acuerdo con su investidura, en primera fila; ignoramos si los organizadores del acto lo hicieron en su calidad de miembros distinguidos del PRI, o solo por sus elevados cargos. Por algo las expresiones de Latorre despiertan tan iracundas respuestas del priismo. Miren lo que dijo el dirigente azul: Con esto, “la sumisión y el entreguismo de las instituciones académicas y de gobierno, al servicio del PRI y del gobernador, quedaron demostradas”. Más: “… es abyecta la forma en que ambos funcionarios, uno académico y otro de gobierno, entregan al PRI y sus intereses políticos la universalidad y la pluralidad que deben de prevalecer en la UACh y en el Supremo Tribunal, lo que pone a pique los principios de respeto a la democracia y el privilegio del estado de derecho en la entidad”. Fernando Mendoza Ruiz rindió protesta como presidente del Comité Directivo Municipal tricolor, cargo que deberá entregar en septiembre de 2014, luego de sustituir a Cristopher James Larousse, designado hace poco, por el mismo misterioso mecanismo, dirigente nacional del Frente Juvenil Revolucionario (FJR). Acorde con los nuevos tiempos, Mendoza llamó a sus correligionarios a “impulsar un PRI moderno, que esté a la altura del país que encabeza nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, y a seguir “respondiendo a las causas sociales y a las expectativas de la gente con logros y resultados concretos”. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario, 16/I/13). Sin embargo, a pesar de la formalidad del evento, en los hechos, Mendoza ya había tomado posesión. Apenas unos días atrás, el martes anterior, cuando faltaban aún seis días para su inscripción como candidato único, ya había acudido a la cena de los aspirantes priistas a la alcaldía y el dirigente estatal, Leonel de la Rosa. ¿En calidad de qué? ¡Ah, po’s es que ya se sabía que nadie más se inscribiría para disputar la presidencia de la dirigencia municipal priista de la capital! Por lo pronto, a reserva de que confirmen su militancia priista, ya el resto de los partidos políticos prepara las invitaciones para el rector Seáñez y el magistrado Ramírez a sus respectivos eventos… digo.

Evasores de lujo

El Diario, 15 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores Cada que se aborda el tema, los funcionarios consultados por la prensa adoptan el clásico tono de “Padres de la Patria” y elaboran una y mil teorías fiscales, hablan del compromiso de los gobernantes con la ciudadanía y de su inagotable veta de amor por el servicio público, de su inocultable “vocación de servicio”. Sin embargo, ninguno ha sido capaz de elaborar una iniciativa de ley en la que se precise que los ingresos de los funcionarios públicos, por el desempeño de sus funciones, se otorgarán del mismo modo que el resto de los asalariados, es decir, nada de que por la dieta o salario, tanto, y que por las compensaciones, otro tanto (que es un tanto más tanto que el primero) y que deberán pagar impuestos del mismo modo que todos los demás ciudadanos sujetos a la percepción salarial, con las reglas establecidas por la legislación fiscal. Y es que los funcionarios públicos de los niveles más altos cometen un doble fraude a la ciudadanía que buscaron representar o gobernar. Por un lado, obtienen –quizá– las más altas remuneraciones del orbe, divididas, de manera tramposa, en salario o dieta y compensaciones. La primera, generalmente la menor, es la única reportada como obligada a pagar impuestos, y la segunda, infinitamente superior, es libre. De ese modo, evaden el pago de sumas millonarias en impuestos. No se crea que son pocos, sí que nos servirían para construir algo más que plazas. De este modo, “Los alcaldes del estado de Chihuahua evaden el pago de impuestos por más de 14 millones de pesos anuales, al recibir un sobresueldo a manera de ‘compensaciones’ por las que no retribuyen un peso al fisco y que llegan a duplicar o triplicar el monto de sus salarios”, declaró el economista Miguel Ángel Calderón. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 14/I/13). Esa cifra es aportada, según el cálculo de la reportera, por las compensaciones de sólo “55 de los 67 ediles que hicieron públicas sus percepciones salariales, por lo que la cantidad es todavía mayor”. Si esto indigna, el monto de los salarios de los presidentes municipales, sobre todo de los municipios con menor población, algunos de ellos, paradójicamente, con elevados grados de marginación. Así, “los 13 presidentes municipales mejor pagados son: el de Chihuahua (115 mil 149 pesos); Gran Morelos (75 mil 907); Santa Isabel (73 mil 828); Santa Bárbara (68 mil 858); Cuauhtémoc (68 mil 186); Buenaventura (66 mil 840); Coronado (66 mil 316); Urique (64 mil 178); Guadalupe y Calvo (63 mil 592); Nuevo Casas Grandes (63 mil 545); Rosario (63 mil 224); Ignacio Zaragoza (62 mil 926) y Morelos (60 mil)”. ¿Cuál es la relación entre los salarios de los alcaldes de Morelos, Ignacio Zaragoza, Rosario, Urique, Coronado, Buenaventura, Santa Bárbara, Santa Isabel y Gran Morelos y la población gobernada, o el presupuesto a ejercer? Ninguna, ganan un poco más (claro, es un mucho más) que el alcalde de Juárez, pero gobiernan a una población ¡130 veces menor, si les ponemos una población de 10 mil habitantes! El caso extremo es el del alcalde de Gran Morelos. Tiene 3 mil 209 ciudadanos y gana 75 mil 907 pesos al mes: 24 mil por salario y 51 mil 907 por compensación. (Ibídem). Se dice que algunas legislaturas han intentado legislar sobre los salarios de los funcionarios municipales; los legisladores arguyen que la autonomía municipal se los ha impedido, pero ¿acaso no pueden aprobar un exhorto al Congreso de la Unión, apoyado por el total de los legisladores federales de Chihuahua, de todos los partidos (¿cuál se opondría?) a fin de modificar el apartado correspondiente y establecer que debe haber, por ejemplo, una concordancia entre las remuneraciones de los funcionarios y el número de habitantes y el presupuesto público ejercido? Del mismo modo ¿a poco no podrían proponer que en adelante las remuneraciones de los funcionarios públicos, de todos los niveles, estarían sujetas a los gravámenes marcados por la ley? Porque le podemos hacer caso a la diputada local del PRI, Liz Aguilera, además, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, cuando dice que “… Se debe dar la cara a la sociedad, tenemos que revisar salarios y las prestaciones actuales; estos beneficios (fiscales) no tienen que ser sólo para beneficio de unos cuantos, debe implicar más responsabilidad para quienes obtuvimos un puesto de elección popular ya que el trabajo lo hacemos por convicción y vocación de servicio y es necesaria una retribución, pero ésta debe ser justa y equilibrada”. (Ibídem). ¿Y luego? ¿Cuándo la iniciativa de ley?

Centralización, el signo

El Diario, 13 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores Oculta en el tráfago de la discusión política sobre otros temas, por la inocultable oleada homicida presente ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o por la discusión sobre la reforma educativa, centrada no en las evidentes agresiones al marco laboral, sino en la hipotética o real ofensiva del nuevo gobierno a la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, la concepción centralista de la actual administración se advierte en no pocos temas de los más importantes de la vida nacional. El problema estriba en que las tres principales fuerzas parlamentarias -PRI, PAN y PRD- resolvieron firmar un acuerdo -el Pacto por México- con un contenido altamente reformador, pero que en esencia contribuirá a la centralización del país y en que a ninguna de esos partidos se les ocurrió que deberían consultar a la sociedad para realizar las reformas que pretenden. La novedad consiste en el hecho de que ahora, por lo menos no en el anuncio de las medidas consensadas, se habrán de aliar PRI y PAN sin importarles el PRD, cosa que sí ocurrió en los cuatro sexenios anteriores (Los de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón que, curiosamente, gobernaron en el sentido deseado por el primero, que habló de un proyecto de “cuatro sexenios”. Cosas de la vida) en los que a pesar de la fuerza perredista -escasa en los dos primeros, creciente en los dos segundos- aprobaron una rectificación del país cuyas consecuencias hoy padecemos inclementemente. Señalada desde semanas atrás la intención de fortalecer el esquema centralista en materia de la transparencia y el derecho al libre acceso a la información pública, ahora lo advertimos en la reforma educativa, en la que una de las consecuencias será que en lugar de que sean instancias mixtas las que aprueben el ingreso y promoción del personal magisterial, como se hace preferentemente en el ámbito de la educación media y media superior, ahora, reforma mediante y utilizando el gancho de que era para “recuperar” el control del Estado en la impartición de la educación -como si alguna vez lo hubiera perdido, al contrario, se lo había “emprestado” a la cúpula magisterial, siempre de común acuerdo- se le deja al Estado la facultad exclusiva de esos pasos, en lo que es, a todas luces, una flagrante violación de los derechos laborales de los maestros, no de los sindicatos o sus dirigentes. Ahora, en lugar de que sea la cúpula magisterial, serán los funcionarios designados por los nuevos gobernantes quienes decidan, sin la participación de los trabajadores, y sin la obligación de sujetarse a norma alguna, la contratación y la permanencia laboral de los trabajadores de la educación. ¿Eso es descentralización? Y en lugar de un nuevo pacto social, requerido por el país, los pactantes llegaron a un pacto de esas fuerzas políticas, sin el concurso de la sociedad, algo que se advierte en el proceso de aprobación constitucional de la reforma educativa en la que las legislaturas locales, ninguna, decidió consultar a la ciudadanía, por lo menos la más interesada en asunto tan trascendental. Igual ocurrirá en materia electoral. Será peor porque en ese nicho los intereses de las fuerzas firmantes del pacto coinciden de manera extrema. Claro, se trata de su materia de trabajo. Bueno, pues PRI, PAN y PRD están de acuerdo en que en adelante los procesos electorales sean conducidos por una sola instancia electoral, por supuesto, la federal, de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales y, además, con fechas de jornadas electorales, homologadas, con lo que los procesos electorales estarán sujetos a los vaivenes nacionales y no, como debiera ser, obedecer a los estrictamente locales que son, a fin de cuentas, los más allegados a las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Además, como si fuera cualquier cosa, y en contra de la opinión mayoritaria expresada en cualquier encuesta, sondeo o lugar en los que los ciudadanos puedan externar su rechazo, los pactantes firmaron revisar la “revisión (inmediata) de la reelección de legisladores”, que, traducido, significa que la aprobarán. Aparentemente, a partir de la firma del ‘Pacto por México’, el nuevo grupo gobernante pretende imponer, no solamente una visión del país y del rumbo que ha de tomar, sino, también, la manera en que se han de aprobar las distintas reformas, necesarias en esa visión, para que el proyecto político del “nuevo” PRI salga adelante. Las reformas incluyen la propuesta de reformar la estructura del Poder Ejecutivo, para sentar las bases de la posibilidad del establecimiento de una coalición de gobierno, integrada a partir de las elecciones, o incluso después, y plantea la obligación de formalizarla en el seno del Congreso de la Unión. Peña Nieto ha insistido, a diferencia de los panistas Fox y Calderón, en la necesidad de culminar la transición democrática. Pero este proceso pasa por la profunda transformación del entramado institucional y del régimen político, algo que no se advierte en las intenciones expresas de las fuerzas pactantes. Ahí radica la importancia del denominado 5o. Acuerdo temático del Pacto, el de la Gobernabilidad Democrática que pretende efectuar una reforma constitucional para otorgarle al Presidente de la República la facultad constitucional “de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno”. Es decir, el presidente podría gobernar como lo han hecho hasta ahora, en la segunda mitad de su gestión, Ernesto Zedillo, y los sexenios completos de Fox y Calderón, que debieron soportar la existencia de una mayoría legislativa opositora. La otra opción, contemplada en el Pacto, es la de que el Presidente y su Partido podrían construir un acuerdo político -con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congreso- para conformar una mayoría política estable que designe un gabinete de coalición (ejecutor del programa de gobierno), ejecute el programa de gobierno y una agenda legislativa. Y esta es una de las reformas más trascendentales -según el escribiente- pues con ello se iniciaría el, ojalá corto, proceso de maduración del necesario régimen parlamentario que necesita el país y, por tanto, la realización de una profunda transformación del régimen político mexicano pues, para empezar, la existencia de una segunda Cámara, como es la de lo senadores, perdería su razón de existencia. En la antigua concepción de la república, los senadores representaban a las entidades federales, concurrentes al pacto federal, y su participación garantizaba la existencia de la soberanía de las entidades. Hoy nadie cree ya en semejante antigualla, los senadores, para efectos políticos reales, se comportan del mismo modo que sus colegas de la Cámara de Diputados y, como éstos, son más representantes de sus partidos y sus corrientes políticas, que de las entidades. Y si agregamos que ahora también tenemos senadores de “partido”, llegaremos a la conclusión, con las reformas rumbo al régimen parlamentario, que es prácticamente inútil la existencia de una segunda cámara. Los firmantes del Pacto están sentando las bases de un régimen parlamentario ¡Estarán dispuestos a transformarse en auténticas fuerzas sociales, como lo son los partidos políticos en los países que se gobiernan de esa manera? PD.- RECUENTOS. Ahora todos critican que se llevara en el sexenio un recuento de los ejecutados ¿Y ahora, por qué no? ¿Porque el nuevo gobierno no quiere hablar de la crisis de la seguridad pública? asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

“Recomenzar”

El Diario, 10 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores Hay momentos en que la realidad es tan aplastante que más valiera a los protagonistas aceptarla y desde ahí iniciar el camino de la recuperación, no hacerlo de ese modo, significaría no tener las necesarias bases para “recomenzar”. Si lo anterior vale en el ámbito personal, en el plano político puede tener consecuencias más que lamentables para los integrantes de un partido político, como el PAN, inmerso en una profunda crisis y más cuando están de frente a la friolera de ¡14! procesos electorales estatales, uno de ellos, el de Baja California, de la mayor importancia pues se renovará, además de las alcaldías y la legislatura, la gubernatura que mantienen en su poder desde el año ¡1989, 24 años en el poder! Que su primer presidente de la república, dos ex dirigentes nacionales; que Francisco Barrio, su único ex gobernador en la entidad, ex coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y ex secretario de Estado, así como Clara Torres, ex candidata a la alcaldía juarense y ex diputada local, o figuras relevantes como Eduardo Romero (ex secretario de Gobierno y ex precandidato al gobierno estatal) o Alfredo Delgado, ex alcalde de Juárez, la sexta ciudad más poblada del país en su momento, no se afilien, es para preocupar a cualquiera. Estamos frente a una verdadera debacle del partido que logró derrotar al PRI, después de poco más de medio siglo en el poder (ya lo hemos escrito, el PRI de Miguel Alemán no era el PRM de Lázaro Cárdenas) construido para enfrentar al modelo político y social generado por la Revolución Mexicana. Por eso sorprenden frases como las expresadas por el dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, al catalogar como “positivo” que se hayan “ido del partido las personas que se afiliaron sólo con la expectativa de obtener una candidatura o un cargo público en el Gobierno federal”, al mismo tiempo que negaba la existencia de una “desbandada” de panistas. Igual aseguró el dirigente nacional, Gustavo Madero, quien les recriminó-respondió a los reporteros: “no alcanzo, honestamente, como ustedes lo quisieran insinuar o pretender, a ver una desbandada”. (Nota de La Jornada, 8/I/13). No es para preocuparse, dice Don Mario, porque “la cifra de afiliados que lograron superó a la cantidad de votantes que participó en la elección de la candidatura presidencial del 2012”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario, 9/I/13). Ante el señalamiento de la ausencia del ex gobernador Barrio, informó que no era necesario lo hicieran los miembros con más de 30 años de antigüedad, que se daba en automático; sin embargo, otro militante de tanta o más data en el PAN, como Diego Fernández de Cevallos, al darle a conocer que debía refrendar su afiliación, ratificó su determinación de permanecer en el partido. La sangría es impresionante. Aun aceptando las argumentaciones de los dirigentes blanquiazules, cuando dicen que el padrón previo no reflejaba la realidad interna, lo cierto es que sí; era la realidad del momento por el que pasaba ese partido, en el poder y con todos, o casi todos, los protagonistas en una fiera disputa por el poder. Para empeorar su desgracia, tal conducta se hacía desde la mismísima presidencia de la república. De tal proceder puede dar cuenta, quizá como ningún otro, el PAN chihuahuense. En las dos últimas elecciones federales debió arrostrar la vergüenza de protagonizar dos procesos electorales internos fraudulentos. Hoy sufren las consecuencias, la desbandada es hasta natural. Nada de que el PAN queda con “un padrón más efectivo”, como dice Mario Vázquez, si perdió tres de cada cuatro integrantes. “Sólo casi 12 mil panistas en Chihuahua ratificaron su pertenencia, cantidad que representa apenas el 26 por ciento del total que tenían registrados y que ascendía a 45 mil 580 miembros”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 8/I/13). En el estado de Chihuahua había 16 mil 890 miembros activos del PAN y 28 mil 690 adherentes. De los cuales, según la información ofrecida por el dirigente nacional del partido, Gustavo Madero Muñoz, 11 mil 889 panistas refrendaron su militancia. No es el único dirigente que “da nota”. El presidente del Comité Municipal del PAN en Juárez, Hiram Contreras Herrera, agregó otro episodio a la picaresca mexicana al afirmar que en el “PAN se quedan los que quieren y tienen convicción con su ideario político”. Es decir, los que tengan marranos, que los amarren, y los que no, po’s no. Así está difícil “recomenzar”.

Homologación

El Diario, 8 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores El nuevo secretario de Hacienda del Gobierno Federal, Luis Videgaray, no se anda por las ramas, desentendiéndose de sus labores más inmediatas en la pasada campaña electoral, es decir, las políticas, pues para eso era el coordinador general del equipo de Enrique Peña Nieto. Ahora asoma su verdadero rostro, el cultivado largamente en el ITAM, bajo la sombra de su maestro, otro secretario de Hacienda de memorables recuerdos, Pedro Aspe Armella, el de Carlos Salinas de Gortari. Y ese rostro no es otro que el de los tecnócratas llegados al gobierno desde las entrañas de los organismos financieros privados, o internacionales, o desde el ámbito privado. Esos que estrenaron en el gobierno de México los sinónimos de la tecnocracia. Así, ajuste quiere decir aumento; desregulación significa apertura; “no habrá incremento de precios”, significa elevación inmediata, y así por el estilo. Ahora, después de la aplicación de dos “gasolinazos” en lo que va del actual gobierno, Videgaray dice que “de manera gradual se hará la corrección del aumento de la gasolina”. ¿Que, qué? Así lo dijo: “Actualmente la gasolina se vende por debajo de su costo, pero en este momento no se puede corregir de golpe, sino de manera gradual”. (Nota de Milenio, 7/I/13). Bueno, le devolvemos el crédito al ínclito secretario, sí es político, y sí está usando el lenguaje de tal especie, pues a la vera de la celebración de 14 procesos electorales estatales en 2013, nos anunció que sí se elevará el precio de la gasolina, hasta igualarse con los precios internacionales, es decir, los de Estados Unidos, pero no ahorita, sino hasta después, no es el momento ¿Y por qué no?: “Tiene que ver según la fecha del año, en diciembre la gasolina baja, mientras que en los meses de calor aumenta porque la gente usa más su carro”, dijo, evidentemente en un lapsus pues seguramente quiso decir que en invierno disminuye el uso del vehículo (aunque también depende de a qué sector social se refería), porque los precios de las gasolinas no han disminuido, hace no sabemos cuánto tiempo. Aún más, estos hombres, se supone avezados en el estudio y manejo de la economía y las finanzas públicas, nunca se detienen a analizar el impacto de la elevación de los precios de los combustibles en el total de la economía mexicana en la que la mayor parte de la carga se efectúa por medio de automotores, la mayoría movidos por gas y diesel, que usan vías pavimentadas (coincidentemente, también procedente del petróleo) y que el impacto mayor del precio de las gasolinas no es el del uso de los vehículos personales, sino el del traslado de mercancías. Pero no son los únicos aspectos “extraños” del precio de las gasolinas, por pura coincidencia la actual producción nacional de gasolinas es igual a la de 2001, pues nadie, desde el gobierno, da un solo paso para iniciar la construcción de las necesarias refinerías con las que debería contar un país que se cuenta entre los primeros 10 productores mundiales de petróleo. ¡N’ombre, que va! ¡Si pa’ eso tenemos a las empresas Exxon y la Shell pa’ que ganen dinero a montones al vendernos la mitad de las gasolinas. (México, S. A., Carlos Fernández-Vega, La Jornada, 7/I/13). El daño a la economía nacional, realizado por el gobierno anterior, es gigantesco –justamente en los años de los excedentes petroleros– pues el precio de la gasolina Premium se incrementó 37 por ciento, el de la Magna 60 y el del diesel 95, lo que le representó al país la friolera de ¡112 mil 569 millones de dólares! equivalentes a una cuarta parte del presupuesto federal de este año y 25 años el del presupuesto del gobierno estatal y por las primeras declaraciones de los nuevos funcionarios, no parece haber la decisión de cambiar tal política. El anuncio de Videgaray entraña la amenaza, cierta, de “ajustes” a los precios de las mercancías a mitad de año, la consiguiente inflación y probablemente la detención en el crecimiento de nuevos empleos ¿Cuándo? No lo dude, después de las elecciones del primer domingo de julio. Si tan solo esa visión, de equiparar los precios de las mercancías con los vigentes en el mercado internacional, abarcara, también, a la de los salarios, probablemente las críticas no tendrían razón de ser, por ello, ya que insisten en la homologación de precios de mercancías y servicios ¿Por qué no abarcar la de la mano de obra, que también es una mercancía? Digo, si el salario mínimo fuera de 5.5 dólares la hora, po’s otro cantar sería el nuestro ¿No?

Celosos

El Diario, 6 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores “Si por mí fuera, yo no cobraría mi dieta, pero es ilegal bajarla” Enrique Serrano, líder del PRI en el Congreso del Estado “(Este) salario ya estaba cuando yo llegué…”: Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia Cosas de la picaresca mexicana. A propósito de las declaraciones de los gobernantes sobre sus remuneraciones recordé este texto que publiqué el 22 de julio de 1999: “Don Arturo Huerta Luévano es nuevamente alcalde de San Francisco del Oro, lo fue en el período 1992-1995. Cuando dejó el puesto ganaba poco más de diez mil pesos mensuales. El PRI perdió las elecciones (en el ’95); un militante del blanquiazul llegó a la Presidencia Municipal y se triplicó el salario. Don Arturo regresó a la alcaldía (en el ’98), se aumentó el salario un 11% y ahora gana 36 mil pesos mensuales, dirigiendo un municipio que no llega a los 6 mil habitantes. Cosas de la alternancia política, en su defensa arguyó que quien había aumentado estratosféricamente los salarios ‘fueron los panistas. Yo sólo aumenté ese porcentaje’. Anunciado con bombo y platillos desde fines del año anterior, esperando que tal anuncio desgranara toneladas de elogios, el Plan de Austeridad y Disciplina del Gasto Público, dado a conocer por el Gobernador del Estado, César Duarte, encontró, inopinadamente, sus mejores detractores en los titulares de los otros poderes, Enrique Serrano, líder del Grupo Parlamentario del PRI, y Javier Ramírez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Ambos, de distintas maneras, expresaron que hasta dejarían de percibir sus remuneraciones como servidores públicos, pero que no se mandan solos, se deben a las decisiones de sus respectivos pares. ¡Vóytelas! Casi al término de su gestión, en el caso del diputado Serrano, y muy cerca de la mitad de la propia como titular del Poder Judicial, en el del magistrado Ramírez Benítez, les salieron los ímpetus independentistas, reclamaron para sí el derecho a la soberanía de los poderes y le dieron un sonoro mentís al titular del Poder Ejecutivo. Como si no existiesen mil y una chicanadas por hacer a fin de disminuir sus elevados ingresos, los titulares de los otros poderes, a pesar de las carcajadas del gobernante, (Que según la columna De los Reporteros, se desataron ante los evidentes problemas del presidente del STJ para aceptar que se disminuiría el salario) arguyeron que sería una decisión de la mayoría de los integrantes de sus respectivos órganos, como si en el presente sexenio ambos poderes hubiesen tenido un comportamiento republicano. ¡Ah, no, po’s en eso sí que no! ¡Nosotros somos celosos vigilantes de la independencia de los poderes! ¡Faltaba más! Dos días después del anuncio aún esperamos las tronantes declaraciones de diputados y magistrados, diciéndonos que, como regalo de Los Reyes Magos, se bajaron los salarios. Y todos sus ingresos, no nos vayan a salir con que se bajaron las “dietas”, ya las reformas constitucionales establecen que los servidores públicos reciben “remuneraciones” por el desempeño de sus obligaciones. Ojo, funcionarios, el artículo 127 constitucional dice que todos los servidores públicos tienen derecho a las remuneraciones, y que son irrenunciables, como lo sostuvieron Serrano y Ramírez ¡Ah, ¿Y entonces por qué los funcionarios federales no protestaron? ¿Es que allá sí le “hacen caso” al titular del Poder Ejecutivo? La medida anunciada por Duarte Jáquez significa una disminución cercana al 2 por ciento del presupuesto aprobado unos días antes, afectará las remuneraciones (nadie ha dicho lo contrario) de 234 funcionarios de los primeros niveles estatales, la mayoría de los cuales verán disminuidas sus prerrogativas (entre ellas la de que su cargo les genera el uso de un vehículo gubernamental para trasladarse a su casa y trabajo, como si los salarios devengados no fueran precisamente para eso) y puede disminuir, aunque sea poquito, el número de plazas sin un claro sustento laboral. ¿Es suficiente? Claramente no, pero toda medida que conlleve el mejoramiento de la eficiencia del gasto público deberá tomarse en consideración. A ella deberían acompañarla unas serie de decisiones en materia de transparencia para que así, no solamente la Contraloría estatal vigilara la concreción del Plan, sino la sociedad entera tuviera acceso a la información desplegada con tal motivo, y así echar por tierra la explicación de que tuvo como motivación, solamente, la inminente contienda electoral (y si así fuera, qué bueno, ni modo) para garantizar la permanencia de medidas tales como la de la restricción de vehículos, de la contratación por honorarios, de las dobles plazas y la buena fiscalización en las compras gubernamentales. Además, serviría para evitar la etiqueta de que sólo se hizo así a instancias de lo realizado por el gobierno federal, y no de motu propio. Para evaluar la dimensión del recorte del gasto del Gobierno de Chihuahua –de concretarse, un poco más de mil millones de pesos– significaría que el gobierno de Enrique Peña Nieto ahorraría alrededor de ¡81 mil 800 millones de pesos, más de la mitad del gasto no programable, que se disputan cada año las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados! Además, el Plan develó la cuantía de los privilegios de la clase política chihuahuense, en clara desproporción al nivel de responsabilidades, presupuestos ejercidos y niveles de ingresos de la población. Así, “al menos una veintena de funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial ganarán más” que el gobernador Duarte, entre ellos, los presidentes del STJ y del Tribunal Estatal Electoral y los otros 18 magistrados del STJE, en tanto “que el presidente del Instituto Estatal Electoral, Fernando Herrera, ganará sólo 4 mil pesos menos que el mandatario”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario 4/I/13). De ahí las risas de Duarte: “La risa del gobernador César Duarte se escuchó en todo el recinto… entonces Los Reporteros le preguntaron al titular del Supremo Tribunal si también se bajaría el salario. La cara se le puso de todos los colores al abogado Ramírez y fue cuando se escuchó la estentórea carcajada de Duarte, ya que lo único que pudo responder el magistrado es que estaría dispuesto a hacerlo, pero es el Pleno del Supremo Tribunal el que tiene que decidir. Otro de los argumentos que manejó este funcionario es que su sueldo ya estaba así desde antes de que él asumiera el cargo”. (De Los reporteros, El Diario, 4/I/13). Bueno, y es que razones legales no les faltan (ya estaría de Dios que la actual legislación posibilitara las rebajas de las remuneraciones de los funcionarios públicos), pero las restricciones para ello, en el caso del Poder Judicial se entienden, cuando se tratara de una disposición individual para alguien, o se derivara de un conflicto entre poderes, pero no es así; es para ahorrar recursos –es lo argumentado– e invertirlos en obras y servicios. Y si las disposiciones legales no permiten realizar una acción desde el Poder Ejecutivo ¿Por qué no, entonces, anunciar una acción concertada, colectiva, de donación del 10 por ciento de sus remuneraciones a las finanzas estatales? ¿Es mucho pedirles? Parece que sí. No eran esas las motivaciones cuando pedían el voto, decían que su vocación en la vida era servir a los demás, que nada de lo “terrenal” les llamaba a desempeñarse como funcionarios públicos, que ese real el mayor de los privilegios que podía recibir un ciudadano de sus semejantes. ¡Ah, pero cuando afectan el bolsillo…!

El horror

El Diario, 3 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores Los datos son estremecedores, dan cuenta de una infinita tragedia que con el tiempo –como siempre, cada que algún gobierno se ve involucrado, su fuerza se usa para esconderle a la sociedad las gravísimas violaciones cometidas al Estado de Derecho– se irá develando con mayor crudeza y nos darán cuenta de un crimen que puede –podrá– ser catalogado de genocidio, no por la comisión, sino por la enorme, inaceptable e increíble omisión cometida. Son espeluznantes. Por una parte, el periódico La Jornada (tomado de El Diario, 2/I/13) publicó que poco más de 15 mil cadáveres fueron enterrados en fosas comunes en calidad de desconocidos y otros 425 fueron identificados “aunque se desconoce si se entregaron a familiares”; asimismo, la revista Proceso afirma que 25 mil 726 personas se encuentran en calidad de desaparecidas. Semanas atrás, a unos días “de que terminara la administración calderonista, el diario The Washington Post publicó que la PGR tiene un listado con 25 mil reportes de desaparecidos”. (Ibídem). ¡Más de 40 mil personas en total! Es de suponerse que entre los cadáveres sepultados y los reportes de desaparecidos no hay coincidencias, por tanto, a la indefinida cifra de homicidios atribuibles al crimen organizado deberán sumarse otras cifras milenarias, ¿Cuántas? Nadie lo sabe, sólo resta imaginarse el dolor de cientos de miles de mexicanos (y también de centroamericanos) que no saben del destino de sus familiares… y también de quienes se convirtieron en víctimas de la violencia generada por muchos de los desaparecidos o asesinados. Con estas cifras, es de suponerse que el total de personas asesinadas durante el sexenio de Felipe Calderón rebase, con mucho, las 100 mil. Son muchas víctimas como para que pueda pensarse en el perdón o en el olvido. Por cosas infinitamente menores, otros gobernantes terminaron frente a los jueces, de su propia nación, o del ámbito internacional. Pero las responsabilidades abarcan a muchos funcionarios, de todos los niveles, involucrados en semejante espiral homicida pues el reporte recogido por los reporteros del periódico demuestra los elevados niveles de negligencia asumidos por una cantidad enorme de funcionarios estatales y municipales, no sólo federales. Sirva para demostrarlo tan sólo un dato: “En 13 entidades (entre ellas varias con los índices más altos de homicidios, entre las que Chihuahua no se cuenta) los desconocidos son enviados a la fosa común con expedientes incompletos y sin que sus huellas dactilares, peritajes de fotografía o genética hayan sido confrontados con los datos nacionales que poseen la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal”. (Ibídem). “¡Qué importa hacer expedientes de los desaparecidos, o de los muertos, si al fin y al cabo eran unos pobres diablos y, además, ‘malandros’! ¡Qué bien, se lo merecían, en algo andaban “metidos!” Tales son las expresiones de muchas personas ante semejante tragedia. Lo peor es que la mayoría son creyentes, buenas personas y ciudadanos, pero que no alcanzan a comprender que las razones de tal genocidio se encuentran más allá de la vida personal de tal o cual persona, que por azares del destino se involucró en alguna actividad ilícita. ¿Pues que no repetimos hasta la saciedad la existencia de los “ni-nis”, cuyo número supera los 7 millones de jóvenes, en el país, y los 70 mil en nuestra entidad? ¡Y esos son los que estudiaron y en el momento de la encuesta ni trabajaban ni estudiaban! ¿Y los otros? ¿En dónde están? ¿Qué hacen? ¡Ah, po’s nada, son una bola de flojos! ¿Ah, sí, en dónde se encuentran los trabajos remunerados? Vamos, tan solo los trabajos, aunque paguen poco, mejor la aventura de unos cuantos pesos –a veces muchos–. ¡Qué importa la vida si ésta no es vida! Cuando se afirma que no hay oportunidades, es que no las hay. En tanto que en enero de 2008 existían 648 mil 497 trabajadores registrados en el IMSS-Chihuahua (nota de Manuel Quezada, El Diario, 8/II/11), en noviembre del año pasado llegaron a 699 mil 465 (nota de Alejandro Salmón, El Diario, 31/XII/12), pero que palidecen ante los 671 mil existentes en 2004, o los 778 mil 819 ¡de noviembre de 2007! (nota de Manuel Quezada, 5/I/08). ¡Más de 100 mil empleos perdidos entre 2007 y 2012! De ese tamaño son algunas de las causas de las tragedias que adquieren visos de genocidio.

Parabienes y deseos

El Diario, 1 de enero de 2013 Luis Javier Valero Flores "Ellos no nos necesitan para fracasar. Nosotros no los necesitamos para sobrevivir": EZLN a Luis H. Alvarez (Y en general a los panistas que fueron gobierno). Esta es la ocasión propicia para desear toda suerte de cosas buenas para los cercanos, y también para los lejanos, incluso, y es todavía mejor, a los que no conocemos, a todos aquellos que conforman nuestra sociedad, porque de ésta dependemos directamente. Por desgracia, el cumplimiento de los parabienes, en esta época, tiene mejor perspectiva desde el ámbito personal que desde el colectivo, sin dejar de desearles que personalmente se les cumplan todos sus sueños, aspiraciones y mejores metas -siempre y cuando no sea a base de la frustración de los propios de otros, o de la sociedad- es necesario desearles -desearnos- que las mejores cosas le ocurran a la sociedad mexicana, y a la chihuahuense en lo particular. Quizá para algunos, con toda probabilidad no son mayoría, el ascenso de Enrique Peña Nieto es la culminación de un ansiado deseo y tendrán la convicción de que con él en la Presidencia de la República las cosas mejorarán; más aún, para unos cuantos de ellos -por el total de simpatizantes del PRI en el país- probablemente elevarán sensiblemente sus condiciones materiales. Pero para la mayoría de los electores del pasado julio, y con ellos, con alguna seguridad, la absoluta mayoría de la ciudadanía hay pocos motivos para esperar mejorías y entonces, como casi todos, esperarán que, al menos, en el ámbito personal la situación mejore. Por supuesto que es deseable que las políticas públicas desplegadas, tanto por el gobierno federal, como por el estatal, tengan consecuencias favorables para todos, o para la mayoría; sin embargo, hay un hecho incontrovertible, el eje central de la política económica es prácticamente el vigente desde el inicio de la década de los 80's y no se avizora un cambio real en el planteado en las primeras semanas del nuevo gobierno, con excepción, quizá, en una de las metas planteadas en el "Pacto por México": El de la desaparición del régimen de consolidación fiscal. Y esa, si la concretan, puede ser una de las buenas cosas que nos ocurran en el año que inicia pues podría significar el ingreso de más de 200 mil millones de pesos a las arcas federales, y destinarse al desarrollo social y económico. Como lo asienta la Cepal, en una investigación sobre élites económicas, desigualdad y tributación, México es una de las naciones que menos recauda por gravar patrimonios, y es el segundo país de América Latina con más billonarios (11) pues hay un multimillonario por cada 10 millones de habitantes, sólo superado por Brasil (30), país que ha iniciado el largo y difícil camino por disminuir la diferencia en la distribución de la riqueza, merced a audaces políticas en materia de desarrollo social, de despegue económico, de alejamiento de las políticas económicas dictadas por las instituciones financieras internacionales, de la revisión de la política energética (muy distinta a la que le pretenden endilgar las élites priista y panista, de entregar a la iniciativa privada el manejo del petróleo, al contrario, Petrobras ha recorrido el camino seguido hoy por hoy por la abrumadora mayoría de países petroleros, el de asegurarles a sus respectivos Estados el control del principal energético) y de una profunda reforma fiscal que ahora grava mucho más las utilidades personales que en el pasado reciente. Y ahí se encuentra una de las claves de la concentración de la riqueza en México (no sólo, pero es muy importante) y de la agudización de la pobreza pues en tanto no se eleve la recaudación del impuesto al patrimonio, se mantendrá y aún elevará tal concentración. Tómese en cuenta que esa recaudación en México significa el 0.18% del producto interno bruto (PIB), apenas una tercera parte del 0.42 que obtienen en promedio los países de América Latina y casi la cuarta parte del 0.68 calculado para los países en transición, un poco más del 10% del promedio mundial, (equivalente al 1.04% del PIB), pero ¡20 veces! menor a la de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece México, del 2.12%. No son las únicas desigualdades, los fines de año son pródigos en revelárnoslas. En tanto que los diputados federales se autorizaron un préstamo de hasta 377 mil pesos, a tasa de 4% anual, más de 13 millones de trabajadores no disfrutaron ni aguinaldo ni vacaciones, según una estadística del Inegi; si bien el 40% de ellos admitió tener una antigüedad menor al año, 2.6 millones de ellos revelaron tener entre 5 y 20 años sin disfrutar ninguna de esas prestaciones. (Susana González, La Jornada, 31/XII/12). Así que al desearles los parabienes para el próximo año, que les ocurra todo lo mejor a ustedes y sus familias, lo hacemos sin dejar de pensar que, casi como en la edad de las cavernas, ahora nos necesitamos más, todos y cada uno de nosotros, para sobrevivir, en lo personal y como sociedad. De cualquier modo ¡Les deseo lo mejor en el 2013!