Barruntos de aquellos ayeres

Aserto, 15 de julio de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Más allá de las filias políticas, hay un hecho incontrovertible, aceptado por las dos principales fuerzas de oposición existentes en el país y la entidad: El cúmulo de acciones irregulares cometidas para imponer a Enrique Peña Nieto como presidente de la república. Puede discutirse el grado de influencia de las encuestas en el resultado electoral, pero también el del reparto de despensas, tarjetas de débito, sacos de papa, etc. De lo que estamos seguros, infinidad de ciudadanos, es que tales hechos sí sucedieron. De ninguna manera pueden ser subestimados o, peor aún, desestimados. Quedarán como un serio baldón, que desmienten la retórica de que el partido que regresa al poder es un nuevo partido, moderno, democrático y del talante de las democracias desarrolladas en el mundo. Si el uso patrimonialista del erario para ganar elecciones es lamentable, el uso de la estructura gubernamental con el mismo fin no lo es menos. Tales prácticas echan por tierra todos los esfuerzos por apartar de la disputa electoral al aparato gubernamental y crear verdaderos servidores públicos, para ello hasta nos inventamos el establecimiento del servicio civil de carrera. ¿Qué credibilidad puede haber en tales esfuerzos si con la mano en la cintura se llama indiscriminadamente a los trabajadores gubernamentales a realizar toda suerte de acciones electorales en el curso de las campañas, incluso en días y horas hábiles? Más aún, transformar el aparato gubernamental en un instrumento electoral en el cual los funcionarios de mayor rango aparecen con las principales responsabilidades en el ámbito de la estructura territorial, es una acción contraria a los más elementales principios de la democracia representativa y contradice los discursos, de campaña o de ejercicio gubernamental, de “gobernar para todos” y viola diversas regulaciones que pueden constituir delitos contra el patrimonio público. Efectuar tales reflexiones es de la mayor importancia pues nos encontramos en un momento en el que aún no se resuelve, desde el punto de vista legal, la elección presidencial y ya estamos inmersos en el proceso electoral local de mitad de sexenio, con un hecho que debiera preocupar a la fuerza hegemónica en Chihuahua, consistente en que las fuerzas de la oposición le han hecho diversos señalamientos en el sentido que aquí lo hemos hecho. No basta ejercer la mayoría, cuando se tiene, sino hacerlo dentro de los parámetros democráticos y de legalidad, como exigencia del desarrollo que los chihuahuenses le hemos dado a nuestro propio proceso político-electoral. Porque hacerlo de esa manera contribuye, no solamente al respeto de las decisiones ciudadanas y el desarrollo de la cultura democrática, sino también al fortalecimiento de las estructuras partidarias. Durante un sexenio, el de Francisco Barrio, el PRI chihuahuense fue forjándose como un verdadero partido político (más allá de las coincidencias, filias y fobias hacia él) y dejó de ser la agencia electoral del gobernante en turno. Tales características las conservó durante algunos años más, las fue perdiendo conforme el ejercicio del gobernante en turno lo iba exigiendo, pero en el camino perdió la libertad de elegir a sus candidatos y les apareció el fenómeno de los “candidatos de unidad” y se acentuaron los rasgos de aquel viejo PRI En el proceso electoral presidencial las estructuras partidarias fueron puestas bajo la conducción de los funcionarios de gobierno, en lo que es una regresión al pasado y que constituye una especie de anuncio de lo que pasará bajo la presidencia de un priísta. Tal proceso lo sufrirán hasta los gobernadores emanados del PRI, si regresa la vieja manera de conducción autoritaria. Fueron libres durante dos sexenios, puede que ya no lo sean. Y ni modo que canten así: “Ya probé la libertad… y me gustó…”.