El “padrino” de Chihuahua

El Diario, 23 de diciembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Va como cuento, no lo es. Poco importa precisar el nombre del militar, ahora. Hace unos cuantos años, llegó a Chihuahua un nuevo jefe militar. Al cabo de unas semanas entre nosotros, le comentó al escribiente que había realizado una gira por Guachochi. Se metió a un camino de terracería. Comentó que conforme se adentraban (lógicamente el jefe iba acompañado de una gran cantidad de elementos y equipo) las conversaciones de los encargados de la vigilancia de las bandas criminales, a través de la radio, se oían en los aparatos de los militares. En ellas iban dando cuenta, paso a paso, de los movimientos del convoy militar. –Ya dieron vuelta en el cerro tal; abrieron tal cerco, van llegando al arroyo mengano, etc. La tensión crecía por momentos en el convoy, hasta que el general tomó un radio y les dijo a los malandrines: –Está bueno, está bueno, ya sé que nos tienen bien vigilados, no hay problema, ya nos vamos. Se retiraron. Pasaron los años, ahora son infinidad los municipios en los que el crimen organizado es la fuerza del orden, que mantiene bajo estrecha vigilancia las poblaciones y que, ya sea por la fuerza o por el miedo, ha asumido el control de las fuerzas policiacas. El problema estriba en que tal situación no es de fecha reciente. ¿Qué hicieron los gobiernos de los últimos años ante la desaparición de las policías municipales? Mandar a pequeños grupos de elementos de la desaparecida Cipol, o de la Policía Unica Acreditable y unos cuantos destacamentos militares. El episodio de Guadalupe y Calvo, con el asesinato de 11 personas, de las maestras de Cuauhtémoc, de los victimados en Chínipas, de los aparecidos en la carretera Delicias-Satevó, los enfrentamientos registrados el viernes, etc., demuestran que no ha habido una respuesta del Estado mexicano. Y ni modo de esperar a que alcancen madurez las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuánto hay que esperar, por ejemplo, a que destacamentos de la Policía Federal sean apostados, en todos los lugares en los que la población ha señalado reiteradamente la instalación de retenes de grupos armados, con los controles necesarios para evitar lo sucedido en Juárez con la llegada de estos agrupamientos, que degeneraron en un brutal incremento de los secuestros y las extorsiones? Porque en tanto se desgranaban los discursos oficiales acerca de la seguridad pública, tanto en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el lunes pasado, como en la “Reunión de Evaluación de Seguridad Pública”, celebrada en la capital chihuahuense con la presencia de Peña Nieto al día siguiente, se desataban los crímenes en La Tarahumara, dándole un sonoro mentís a los complacientes discursos acerca de la disminución de los índices delictivos en Chihuahua, lo que dio pie a que el mexiquense exhortara a “replicar” los modelos aplicados en nuestra entidad para combatir la inseguridad. Más aún, las cifras de otros delitos, como la extorsión (desatada, extrañamente, en los últimos días) y los robos a casa habitación, negocios y vehículos siguen en niveles altos, aunque tiene razón el gobernador César Duarte, al aseverar que “... no ha habido un solo mes que tengamos un repunte en delito alguno”. Peña Nieto vino a Chihuahua a congraciarse. En repetidas ocasiones lo puso de ejemplo en el combate a la delincuencia y le sirvió de sustento para enfatizar en su estrategia de seguridad pública, pero algunos hechos ponen los focos amarillos. En primer lugar, la reducción de mil millones en la inversión proyectada para Chihuahua para 2013, con respecto a la ejercida este año, al pasar de 4 mil 229 millones de pesos, a 3 mil 326 millones. Además, la desaparición, en el presupuesto de egresos de la federación, de los recursos del programa “Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad”, de más de 3 mil millones de pesos, aunque al final Felipe Calderón aseguraba que habían gastado más de 5 mmdp. (Nota de Martha Figueroa, El Diario, 21/XII/12). Tales cifras pueden valorarse mejor si las comparamos con lo anunciado por Peña Nieto, el lunes pasado, cuando informó la creación de un fondo “para la prevención del delito” de 2 mil 500 millones de pesos, ¡para todo el país! destinado a “mejorar el entorno urbano, promover empresas sociales y construir una ciudadanía responsable y solidaria, a través de una mejor preparación y formación en valores cívicos”. Pero no hay problema, como lo calificaron algunas columnas de periódicos digitales, Peña Nieto nos hizo la “deferencia” de elegir a Chihuahua como la sede de uno de los 5 centros regionales en el combate a la delincuencia “para que Chihuahua se sienta más cerca”. Sin embargo, deberá valorarse tal decisión, que formará parte del conjunto de medidas dadas a conocer como las 6 líneas de acción del plan de Peña Nieto en materia de seguridad pública y asumirse como el “padrino del progreso y desarrollo de Chihuahua”. Como en todos los casos, habrá que esperarse a la concreción de los planes y programas para evaluar si efectivamente existen la voluntad y la capacidad para afrontar la inquietante situación, porque si a planes vamos, lo anunciado en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene infinidad de similitudes con el puesto en funcionamiento, a principios de marzo del 2008, por Felipe Calderón denominado “Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia” que contemplaba 7 ejes: Alineamiento de las capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia, la Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el Desarrollo Institucional, el Sistema Penitenciario, Combate a la Corrupción, Tecnología y la creación de Indicadores de Medición Establecidos con la Sociedad Civil. A su vez, el lunes anterior, Enrique Peña Nieto anunció 6 líneas de acción: planeación (para reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas, con la disminución de los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones); prevención, con la creación de “un programa transversal de prevención, que alineará las políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las escuelas de tiempo completo y promover proyectos productivos, entre muchas y varias otras acciones, que deberán llevarse a cabo de carácter preventivo” que contará con un presupuesto de 115 mil 625 millones de pesos para el 2013. La tercera línea es la protección y respeto a los derechos humanos, en la que destaca la decisión de retirar “las reservas hechas a tratados internacionales en esta materia”; coordinación, la que contará, para hacerlo, con la creación de “cinco regiones operativas”; transformación institucional, que convierte a la Secretaría de Gobernación en una supersecretaría, además de crear la Gendarmería Nacional. Al anunciar lo anterior, dijo que el Ejército continuará en sus labores “de apoyo a la seguridad ciudadana, en tanto concluye el proceso de consolidación y reestructuración total de las policías estatales”. Igual que el año pasado. Anunció, también, la creación de una comisión que presentará una propuesta consensuada de mando único policial. Igual que el año pasado. Hay lugar, siempre, a la esperanza; el problema es que hay rutas ya recorridas por la sociedad que no hablan bien de los gobernantes.