El Diario, 31 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Cuesta trabajo creerlo después de casi 150 años de la instauración del Estado laico en nuestra patria y después de casi dos siglos del ajusticiamiento del cura Miguel Hidalgo. El lenguaje usado por los jerarcas de la iglesia católica para excomulgar al líder independentista es muy semejante al utilizado por los jerarcas católicos de la actualidad a propósito de la aprobación por la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) de la despenalización del aborto y de los matrimonios homosexuales, amén de la aprobación de la adopción de infantes por integrantes de tales matrimonios.
Traer a la luz tema tan polémico tiene como sustento la ya muy extendida costumbre de plantearse propósitos loables al iniciar el nuevo año. Nada podría ser más deseable que la sociedad mexicana (Y todas sus instituciones) adquiriera más elevados niveles de tolerancia y de hábitos democráticos y superáramos los vestigios de la intolerancia y autoritarismo que rigieron durante tantos años a nuestra sociedad.
Las leyes aprobadas (por la ALDF) son “destructivas e inmorales” y dejan en claro que “el PRD actúa como instrumento de El Maligno, haciendo presente en la sociedad el misterio de la iniquidad del mal, pues resulta evidente que legislar el crimen del aborto, la unión entre personas del mismo sexo, y peor todavía, el entregar a niños inocentes a la adopción de parejas del mismo sexo, atenta contra los mandatos de Dios y toda moral, y esto no puede ser aceptable para la consciencia de ningún cristiano”, expresó en un comunicado la Arquidiócesis Primada de México.
La respuesta fue contundente. El PRD exigió al gobierno federal aplicara las sanciones correspondientes a la jerarquía eclesiástica pues ésta viola la Constitución ya que los discursos de “odio y discriminación en contra de la comunidad gay, que desde el alto clero se han expresado, pueden llevar a la alteración de la tranquilidad social y del orden público”.
El sustento de la petición de los legisladores del PRD está en los artículos 130 de la Carta Magna y los artículos 4° y 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público pues los ministros religiosos no pueden oponerse a las leyes del país.
Pero quien se dejó ir con todo fue el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, quien acusó a los diputados de la ALDF seres “sin pensamiento sano” y que tal aprobación no tomaba en cuenta a la naturaleza, pues “ni los perros se aparean entre dos del mismo sexo”. Bueno, eso dijo el cura moreliano y algo debe saber.
Dueño de un discurso homofóbico, nos aclaró que la defensa efectuada por la Iglesia Católica “de la familia” no es simplemente por pensamientos dogmáticos o religiosos, sino para evitar “la degeneración que se da en este tipo de temas”. Es decir, quienes no son heterosexuales son individuos dados a la degeneración.
Días atrás el Arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera aseguró que la cultura moderna, además de atacar a la familia con la poligamia y el adulterio, hoy la agrede “en su esencia por la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio entre el hombre y la mujer”.
¡Válgame, ahora resulta que la poligamia y el adulterio son propios de la modernidad! ¿Y Sodoma y Gomorra? ¿Y Roma? ¿Y los excesos de los papas Calixto III y Alejandro VI –los emergidos de la familia Borgia- y sólo por mencionar a dos, también eran de la modernidad?
Rivera Carrera calificó de aberración la aprobación de los matrimonios homosexuales y consideró que no hay ser humano sin familia, “y cuando se pierde la noción verdadera del ser humano, se pierde el sentido de la familia”. ¡Vóytelas, y eso pregonan los que debieran ser estandartes de la tolerancia, del perdón a sus semejantes y del amor al prójimo!
Frases tan contundentes nos recuerdan la sentencia de la iglesia católica a Miguel Hidalgo –Maldito en tu vientre, maldito en tus manos, maldito en tus pies…, etc. y así por el estilo.
Tal intolerancia puede llevarnos a escenarios que creíamos circunscritos a otras regiones del mundo, en las que los enfrentamientos son por motivos religiosos.
Es lo que menos necesitamos en los momentos actuales, por ello, un buen propósito sería que tuviéramos una sociedad más tolerante, es decir, más democrática…
Ojalá.
¡Feliz año nuevo!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.co
jueves, 31 de diciembre de 2009
martes, 29 de diciembre de 2009
Populismo norteamericano
El Diario, 29 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
El populismo ha sido tema polémico, lo fue sobre todo en la pasada campaña presidencial, traído a cuento fundamentalmente por Vicente Fox cuando acusaba frecuentemente a López Obrador de practicarlo, a partir de criticarle, por ejemplo, el otorgamiento de una pensión alimenticia mensual a los senectos, tema en el que fue acompañado por prácticamente todos los gobernantes, priistas y panistas.
Al paso del tiempo casi todos los gobiernos estatales copiaron el programa y hasta algunos gobernantes municipales también. Otro momento fue cuando el gobierno lopezobradorista le entregó a los padres de familia un bono de útiles escolares a todos los alumnos de primaria y secundaria de las instituciones oficiales.
Casi se desgañitaban porque el gobierno perredista de la capital del país les entregaba materiales escolares a todos los niños. ¡Populista! gritaban.
Luego, muchos se informarían que tal medida formaba parte de las medidas de gobiernos en absoluto populistas como el de Estados Unidos, Suecia, España, etc.
Y en la medida que se amplía nuestro conocimiento sobre las condiciones de vida de otros países, particularmente los del mundo desarrollado, que lo son no sólo por su potencia económica, sino por sus programas de contenido y de seguridad social, vamos fortaleciendo la percepción que en nuestro país, sin importar la alternancia partidaria, existe un régimen diseñado para favorecer a como dé lugar a los grandes intereses privados, con el fortalecimiento y enriquecimiento, sin medida, de una capa de la clases empresariales mexicanas, asociadas a los grandes capitales extranjeros.
México es Jauja para ellos.
Y el gobierno, fiel instrumento de su política, consistente en ganar dinero de todas las maneras posibles.
¿Por qué tanto rodeo?
A partir de la información ofrecida a sus lectores por El Diario-Juárez (Nota de Nancy González / Horacio Carrasco, 4/XII/09) intitulada “Cuesta gas natural aquí casi 2 veces más que en El Paso”, se pueden extraer conclusiones como las planteadas líneas arriba.
No sólo es el aspecto cuantitativo (que echa por tierra las promesas de campaña de los gobernantes panistas y descalifica duramente sus dichos para sustentar su decisión de incrementar permanentemente el costo de los combustibles y tarifas de los energéticos) sino otros aspectos, ocultos de primera intención en esa información y que devela las ventajas de vivir en el mundo desarrollado.
En primer lugar, los juarenses (y seguramente también los chihuahuenses de la capital) pagan “una tarifa que resulta 161.77 por ciento más cara que la aplicada en El Paso, a pesar de que aquí se consume el mismo combustible que es importado de Texas”.
Pero resulta que las empresas gaseras sólo cobran el combustible y el “El costo del servicio lo impone el Gobierno de la Ciudad, mientras que nosotros nos regimos por el costo del combustible en el mercado internacional: lo que nos cuesta a nosotros es lo que le facturamos al consumidor”, les diría un funcionario de El Paso.
Además, a los habitantes de esa localidad norteamericana “que han tenido el servicio de gas natural por 12 meses en El Paso” les facturan sólo el consumo promedio y así les calculan el pago a realizar al gobierno de la ciudad.
El consumo promedio se revisa cada seis meses y siempre de adecúa, en caso de haber cambiado y “que el consumo no se incremente considerablemente”.
Más todavía, de acuerdo con esta información, las tarifas sólo se pueden incrementar si efectivamente se elevaron los costos, todo bajo la supervisión de un órgano regulador que supervisa para evitar abusos.
Es decir, populismo puro.
Nada de eso, a pesar de todo, en el país líder ideológico de la libre empresa privan criterios fundacionales del Estado moderno, aquellos que enarbolaban la idea que la sociedad debería de beneficiarse de la buena administración de los bienes generados por ella misma, y eso, por supuesto que nada tiene que ver con el populismo.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
El populismo ha sido tema polémico, lo fue sobre todo en la pasada campaña presidencial, traído a cuento fundamentalmente por Vicente Fox cuando acusaba frecuentemente a López Obrador de practicarlo, a partir de criticarle, por ejemplo, el otorgamiento de una pensión alimenticia mensual a los senectos, tema en el que fue acompañado por prácticamente todos los gobernantes, priistas y panistas.
Al paso del tiempo casi todos los gobiernos estatales copiaron el programa y hasta algunos gobernantes municipales también. Otro momento fue cuando el gobierno lopezobradorista le entregó a los padres de familia un bono de útiles escolares a todos los alumnos de primaria y secundaria de las instituciones oficiales.
Casi se desgañitaban porque el gobierno perredista de la capital del país les entregaba materiales escolares a todos los niños. ¡Populista! gritaban.
Luego, muchos se informarían que tal medida formaba parte de las medidas de gobiernos en absoluto populistas como el de Estados Unidos, Suecia, España, etc.
Y en la medida que se amplía nuestro conocimiento sobre las condiciones de vida de otros países, particularmente los del mundo desarrollado, que lo son no sólo por su potencia económica, sino por sus programas de contenido y de seguridad social, vamos fortaleciendo la percepción que en nuestro país, sin importar la alternancia partidaria, existe un régimen diseñado para favorecer a como dé lugar a los grandes intereses privados, con el fortalecimiento y enriquecimiento, sin medida, de una capa de la clases empresariales mexicanas, asociadas a los grandes capitales extranjeros.
México es Jauja para ellos.
Y el gobierno, fiel instrumento de su política, consistente en ganar dinero de todas las maneras posibles.
¿Por qué tanto rodeo?
A partir de la información ofrecida a sus lectores por El Diario-Juárez (Nota de Nancy González / Horacio Carrasco, 4/XII/09) intitulada “Cuesta gas natural aquí casi 2 veces más que en El Paso”, se pueden extraer conclusiones como las planteadas líneas arriba.
No sólo es el aspecto cuantitativo (que echa por tierra las promesas de campaña de los gobernantes panistas y descalifica duramente sus dichos para sustentar su decisión de incrementar permanentemente el costo de los combustibles y tarifas de los energéticos) sino otros aspectos, ocultos de primera intención en esa información y que devela las ventajas de vivir en el mundo desarrollado.
En primer lugar, los juarenses (y seguramente también los chihuahuenses de la capital) pagan “una tarifa que resulta 161.77 por ciento más cara que la aplicada en El Paso, a pesar de que aquí se consume el mismo combustible que es importado de Texas”.
Pero resulta que las empresas gaseras sólo cobran el combustible y el “El costo del servicio lo impone el Gobierno de la Ciudad, mientras que nosotros nos regimos por el costo del combustible en el mercado internacional: lo que nos cuesta a nosotros es lo que le facturamos al consumidor”, les diría un funcionario de El Paso.
Además, a los habitantes de esa localidad norteamericana “que han tenido el servicio de gas natural por 12 meses en El Paso” les facturan sólo el consumo promedio y así les calculan el pago a realizar al gobierno de la ciudad.
El consumo promedio se revisa cada seis meses y siempre de adecúa, en caso de haber cambiado y “que el consumo no se incremente considerablemente”.
Más todavía, de acuerdo con esta información, las tarifas sólo se pueden incrementar si efectivamente se elevaron los costos, todo bajo la supervisión de un órgano regulador que supervisa para evitar abusos.
Es decir, populismo puro.
Nada de eso, a pesar de todo, en el país líder ideológico de la libre empresa privan criterios fundacionales del Estado moderno, aquellos que enarbolaban la idea que la sociedad debería de beneficiarse de la buena administración de los bienes generados por ella misma, y eso, por supuesto que nada tiene que ver con el populismo.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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domingo, 27 de diciembre de 2009
Fallo histórico
Aserto, Diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
A más de ocho años del macabro descubrimiento de los cadáveres de ocho mujeres en el ya mundialmente famoso lote baldío conocido como “campo algodonero” de Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), culpó al “Estado mexicano de violentar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal al no investigar adecuadamente y violar la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas”.
La resolución del principal organismo derechohumanista del continente no abarca al total de las víctimas, se refiere exclusivamente a la desaparición y posterior asesinato de Herrera, de 15 años, Claudia González, de 20, y Berenice Ramos, de 17. Sus cuerpos aparecieron, junto a los de otras cinco mujeres, el 5 de noviembre de 2001 en el "campo algodonero”.
“La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa”, cita el fallo emitido el 16 de noviembre. “El Tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso”, asientan los seis magistrados de la Corte.
La Corte ordenó a México pagar 145 mil 500 dólares a los parientes de Herrera, 134 mil a los de González y 140 mil 500 a los de Ramos por conceptos de indemnización, reparaciones, gastos procesales y otros. Además, las autoridades deberán investigar adecuadamente los casos, efectuar un acto público para las víctimas, erigir un monumento en su memoria y crear un sitio electrónico, en un plazo de seis meses, con la base de datos de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en el estado de Chihuahua.
La Corte consideró que el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. “Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer", dice la resolución.
Es un fallo histórico, no sólo le ordena al Estado Mexicano procurar la justicia para las víctimas y sus familiares, sino que desvela el cúmulo de irregularidades cometidas por autoridades de los tres niveles, fundamentalmente de las estatales y municipales y le da un sonoro mentís a quienes acusaron a los más diversos organismos derechohumanistas locales y nacionales empeñados en denunciar las tropelías cometidas en torno a los feminicidios, de medrar alrededor de un asunto que las autoridades intentaron por todos los medios minimizar.
La resolución remata estableciendo que el caso del Campo Algodonero concluirá cuando el Estado cumpla con las disposiciones enumeradas en la sentencia.
Luis Javier Valero Flores
A más de ocho años del macabro descubrimiento de los cadáveres de ocho mujeres en el ya mundialmente famoso lote baldío conocido como “campo algodonero” de Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), culpó al “Estado mexicano de violentar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal al no investigar adecuadamente y violar la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas”.
La resolución del principal organismo derechohumanista del continente no abarca al total de las víctimas, se refiere exclusivamente a la desaparición y posterior asesinato de Herrera, de 15 años, Claudia González, de 20, y Berenice Ramos, de 17. Sus cuerpos aparecieron, junto a los de otras cinco mujeres, el 5 de noviembre de 2001 en el "campo algodonero”.
“La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa”, cita el fallo emitido el 16 de noviembre. “El Tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso”, asientan los seis magistrados de la Corte.
La Corte ordenó a México pagar 145 mil 500 dólares a los parientes de Herrera, 134 mil a los de González y 140 mil 500 a los de Ramos por conceptos de indemnización, reparaciones, gastos procesales y otros. Además, las autoridades deberán investigar adecuadamente los casos, efectuar un acto público para las víctimas, erigir un monumento en su memoria y crear un sitio electrónico, en un plazo de seis meses, con la base de datos de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en el estado de Chihuahua.
La Corte consideró que el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. “Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer", dice la resolución.
Es un fallo histórico, no sólo le ordena al Estado Mexicano procurar la justicia para las víctimas y sus familiares, sino que desvela el cúmulo de irregularidades cometidas por autoridades de los tres niveles, fundamentalmente de las estatales y municipales y le da un sonoro mentís a quienes acusaron a los más diversos organismos derechohumanistas locales y nacionales empeñados en denunciar las tropelías cometidas en torno a los feminicidios, de medrar alrededor de un asunto que las autoridades intentaron por todos los medios minimizar.
La resolución remata estableciendo que el caso del Campo Algodonero concluirá cuando el Estado cumpla con las disposiciones enumeradas en la sentencia.
Fin de año y Esther que se va
El Diario, 27 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
A la memoria de Manuel de la Rosa, amigo y compañero como pocos, siempre con el gesto amable y la disposición a aportar todo lo que estuviera a su alcance, duele su intempestiva partida.
Pocas personas pueden encarnar a una ciudad. Esther Chávez Cano era de ese tipo de personajes. No porque representara lo peor de la sociedad juarense, sino precisamente por lo contrario, por el indeclinable compromiso con las mujeres y sus derechos; por su infatigable labor a favor de las clases más desfavorecidas, por su terquedad en hacer valer los derechos de los más sobre los menos, por su amor al antiguo Paso del Norte, por su desprecio a los defectos de la clase política y en ocasiones a todos sus integrantes y por su convicción de intentar, siempre, la construcción de una patria más democrática, más justa.
Su voz fue de las primeras en levantarse en contra de la tragedia que enlutó a centenas de familias de las víctimas, de lo que después fue conocido como “Las muertas de Juárez”. Terca en exigir de las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones, gravemente incumplidas en el esclarecimiento de los asesinatos de más de 300 mujeres, aterrorizada, asombrada, indignada ante la tragedia que movilizó a miles de juarenses en la década de los 90’s para detener el feminicidio, le reclamó a los gobernadores Francisco Barrio y Patricio Martínez su actitud de menosprecio ante semejante fenómeno.
Consciente de que no habría respuesta positiva de los gobernantes –locales y federales- sin tapujos, sin remilgos, fue a todas las tribunas nacionales e internacionales a llamar la atención de la opinión pública de tales niveles a fin de detener la matanza y la insoportable impunidad e indolencia gubernamental.
Más aún, debió –como otras cientos de activistas feministas juarenses, así como los familiares de las víctimas- soportar el cuasi linchamiento en su contra de parte de no pocos. Todo lo superó, consciente de que los asesinatos sólo eran parte del problema de las gravísimas agresiones a las mujeres, y no sólo por parte de los ajenos a ellas, sino también de los hombres de sus propias familias y construyó un espacio en defensa de las mujeres, Casa Amiga.
Presionó, junto con otros derechohumanistas, a crear la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres y de la Agencia Especializada de Delitos Sexuales y contra la Familia en la Procuraduría de Justicia del estado. Antes habían logrado que las maquiladoras eliminaran como requisito para emplear mujeres el certificado de ingravidez.
La lucha emprendida hace más de tres lustros por Esther Chávez constituye uno de los pilares de la sociedad para hacer frente a la violencia, la impunidad y la inacción, y debe ser por ello reconocida y su labor continuada.
Al paso de los años, y del cambio de gobierno, deberá aceptarse, su labor empezó a ser reconocida en los ámbitos oficiales, así, en septiembre último fue ratificada como consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en noviembre, a unas semanas de su muerte y a pocos días del fallecimiento de su muy querida compañera, también fundadora del grupo 8 de Marzo, Irma Campos, fue galardonada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer con el premio “Madre María Luisa Reynoso 2009” por ser considerada "una luchadora de la dignidad y libertad de las mujeres”, además, el año anterior recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos.
Pero su voz, como la de muchos juarenses, fue de las primeras en rebelarse ante las medidas gubernamentales para enfrentar el problema más aparente sufrido por los chihuahuenses por segundo año consecutivo: La ola homicida sin control y sin medida.
“No le veo final a esta guerra; no sé cómo la van a ganar”, dijo repetidamente en cuanto foro privado y público debió externar su opinión ante la oleada criminal abatida sobre Juárez y la inoperancia de las autoridades. Más aún, en los últimos días de su vida fue de las pocas que llamó la atención sobre el hecho de que en la presente ola homicida las mujeres están siendo asesinadas de la misma manera que en la década anterior. El número de las asesinadas, tan solo en Juárez en el presente año, según el recuento de El Diario (Luz del Carmen Sosa, 12/XII/09) asciende a 144 y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó en 506 feminicidios cometidos en Juárez de 1993 a mayo de 2009.
Premonitoria, en 1996 así se lo dijo a los reporteros, con motivo del incremento de la aparición de cadáveres de mujeres en el antiguo Paso del Norte: “Les dije que esa impunidad iba a convertir a esta ciudad en un horror”. ¡Qué lejos quedaron esas frases de la tétrica realidad del Chihuahua de fines del 2009! Porque tan siniestras cifras delictivas abarcan al total de la entidad.
Una frase de Esther Chávez podría ser reivindicada por todos los chihuahuenses, deseosos del término de la grave situación por la que pasamos: “No me quiero acostumbrar a los muertos, no lo haré”.
Llegamos, así, al final del 2009 y la voz de Esther ya no se alzará por su cuenta, pero su ejemplo seguramente servirá para que otras mujeres y otros hombres continúen con su indeclinable defensa de los derechos de las mujeres, y en la hora presente en la defensa de los derechos inalienables de todos los juarenses, ahora puestos en grave riesgo, quien lo iba a decir, por algunas de las instituciones oficiales, y lo peor, por elementos de los grupos encargados del combate al crimen organizado.
Nada resulta más triste que expresar la consabida frase de –Se los dije. Por desgracia, los hechos acaecidos en el presente año nos dan la razón a quienes alertamos de lo que podría suceder en lo referente a dos temas, el de emplear al ejército en la “guerra” de Calderón y el del ejercicio de éste en el gobierno federal.
En el primer caso, los hechos demuestran fehacientemente que ha sido un craso error. No sólo no lograron detener la masacre, sino que su participación la incrementó y posibilitó el incremento de infinidad de otros delitos, así como el de la aparición de otros, hasta someter a la población juarense, fundamentalmente, pero no sólo, ciudades como Parral, Camargo y un sinfín de poblaciones sufrieron los efectos de todos esos delitos.
Tal aceleración de numerosos índices criminales se convirtió en el mejor mentís al peregrino argumento esgrimido por los dirigentes de la Operación Conjunta Chihuahua, consistente en que –se están matando entre ellos (los delincuentes). Pues sí, se matan entre ellos, pero también a otros, ajenos a sus querellas y el clima de impunidad desatado a partir de la matazón activó la presentación de otros muchos delitos.
Más aún, derrotado el ejército en la tarea encargada por Calderón, agregó la comisión de numerosas violaciones a las garantías constitucionales de infinidad de ciudadanos y perdió la confianza de miles de chihuahuenses. Por primera ocasión en muchos años, el ejército perdió los lugares de privilegio que había gozado en la simpatía ciudadana y al no vencer al crimen organizado le deja a la sociedad la percepción que ya no hay nada que hacer frente a las bandas del narcotráfico. Se los dije.
Y con los días brotan por todas partes las gravísimas equivocaciones del gobierno federal en su combate al narco. El último episodio, el de la muerte del jefe de una de las bandas, Arturo Beltrán Leyva, lo ilustra claramente. Además de que no fue ninguna dependencia mexicana la responsable de la detección del grupo criminal –fue la DEA-, la decisión de Felipe Calderón de dejar fuera del operativo al ejército y a la PFP, evidenció el elevado grado de infiltración del narco en esas esferas; por lo menos eso se deduce del hecho de no involucrar a nadie de esos agrupamientos en las acciones y al de que, según la revista Proceso (No. 1729, 20/XII/09), Beltrán esperaba a comer al jefe de la Zona Militar 24, el Gral. Leopoldo Díaz Pérez. Otras versiones establecen que el día del enfrentamiento este militar intentó en dos ocasiones ingresar al condominio, sin éxito, al ser rechazada su petición por los marinos.
Lo peor fue que, a pesar de estar resguardado el cadáver de Beltrán por elementos de la Marina haya sido vejado y expuesto cubierto de billetes. La respuesta fue tremenda, seguramente los seguidores de Beltrán fueron quienes asesinaron a la madre y tres parientes más del marino caído en el enfrentamiento de Cuernavaca.
Y las críticas vienen de todos lados. El Obispo de Saltillo, Raúl Vera, catalogó de “ejecución extrajudicial” la muerte de Beltrán, la calificó similar a las que ocurrían hace 100 años con la denominada ley del monte, “Ya estamos como en la época de la Revolución, donde se ahorcaba, se fusilaba, pero ahora se hace mediante operativos, y eso es muy grave” y afirmó que por la forma en que fue exhibido el cuerpo del narcotraficante después del operativo, los marinos llegaron a ejecutar, no a aprehender.
Todo lo anterior sustenta la advertencia efectuada por infinidad de mexicanos: Involucrar al ejército en esas tareas puede llevar a que la corrupción lo alcance. Hoy no tenemos necesidad de que alguien lo investigue y demuestre, Calderón en persona nos lo está ratificando al dejar fuera del operativo más importante al ejército. Las repercusiones serán terribles.
Y si en materia de narcotráfico e inseguridad pública las previsiones y advertencias resultaron ciertas, en el manejo de la economía, por desgracia, resultaron peores. Terminamos el 2009 como el peor de las últimas décadas, incluso por encima de los años de 1994 y 1995 pues la caída del PIB y el número de empleos perdidos fueron superiores y la conducta del equipo calderonista ante la llegada de la crisis fue de escándalo. El Secretario de Hacienda, Agustín Carstens fue incapaz de prever la gravedad de la misma, o, y eso es peor, le mintió al país al declarar –en su papel de asesor financiero, no sólo de Calderón, sino de todos los mexicanos- que tras la crisis norteamericana sufriríamos sólo “un catarrito”.
En premio, lo enviaron las bancadas del PRI y del PAN a la Presidencia del Banco de México para que conduzca las variables económicas ¡Por seis años!
Y eso que el “peligro para México” era Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué bajas se quedaron las prevenciones de quienes alertaron que la conducción de la economía nacional sería pésima!
Culminará así este año (la explicación de tal frase estriba en que habrá algunos lectores, con motivo de las fiestas –y ni modo, deberemos enfiestarnos así estén negros los nubarrones- no alcanzarán a leer los comentarios de martes y jueves) en medio de la severa crisis económica, ante la cual no se aprecia estrategia gubernamental alguna para superarla y una violentísima crisis de seguridad pública, aparentemente imposible de resolverla.
De todos modos, siempre habrá espacio para el optimismo, ese que le ha servido a los chihuahuenses para superar los difíciles trances a los que nos enfrentado, el presente no será excepción.
Así que para quienes nos veamos el próximo domingo ¡Feliz año nuevo!.... y para los demás, también.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
A la memoria de Manuel de la Rosa, amigo y compañero como pocos, siempre con el gesto amable y la disposición a aportar todo lo que estuviera a su alcance, duele su intempestiva partida.
Pocas personas pueden encarnar a una ciudad. Esther Chávez Cano era de ese tipo de personajes. No porque representara lo peor de la sociedad juarense, sino precisamente por lo contrario, por el indeclinable compromiso con las mujeres y sus derechos; por su infatigable labor a favor de las clases más desfavorecidas, por su terquedad en hacer valer los derechos de los más sobre los menos, por su amor al antiguo Paso del Norte, por su desprecio a los defectos de la clase política y en ocasiones a todos sus integrantes y por su convicción de intentar, siempre, la construcción de una patria más democrática, más justa.
Su voz fue de las primeras en levantarse en contra de la tragedia que enlutó a centenas de familias de las víctimas, de lo que después fue conocido como “Las muertas de Juárez”. Terca en exigir de las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones, gravemente incumplidas en el esclarecimiento de los asesinatos de más de 300 mujeres, aterrorizada, asombrada, indignada ante la tragedia que movilizó a miles de juarenses en la década de los 90’s para detener el feminicidio, le reclamó a los gobernadores Francisco Barrio y Patricio Martínez su actitud de menosprecio ante semejante fenómeno.
Consciente de que no habría respuesta positiva de los gobernantes –locales y federales- sin tapujos, sin remilgos, fue a todas las tribunas nacionales e internacionales a llamar la atención de la opinión pública de tales niveles a fin de detener la matanza y la insoportable impunidad e indolencia gubernamental.
Más aún, debió –como otras cientos de activistas feministas juarenses, así como los familiares de las víctimas- soportar el cuasi linchamiento en su contra de parte de no pocos. Todo lo superó, consciente de que los asesinatos sólo eran parte del problema de las gravísimas agresiones a las mujeres, y no sólo por parte de los ajenos a ellas, sino también de los hombres de sus propias familias y construyó un espacio en defensa de las mujeres, Casa Amiga.
Presionó, junto con otros derechohumanistas, a crear la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres y de la Agencia Especializada de Delitos Sexuales y contra la Familia en la Procuraduría de Justicia del estado. Antes habían logrado que las maquiladoras eliminaran como requisito para emplear mujeres el certificado de ingravidez.
La lucha emprendida hace más de tres lustros por Esther Chávez constituye uno de los pilares de la sociedad para hacer frente a la violencia, la impunidad y la inacción, y debe ser por ello reconocida y su labor continuada.
Al paso de los años, y del cambio de gobierno, deberá aceptarse, su labor empezó a ser reconocida en los ámbitos oficiales, así, en septiembre último fue ratificada como consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en noviembre, a unas semanas de su muerte y a pocos días del fallecimiento de su muy querida compañera, también fundadora del grupo 8 de Marzo, Irma Campos, fue galardonada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer con el premio “Madre María Luisa Reynoso 2009” por ser considerada "una luchadora de la dignidad y libertad de las mujeres”, además, el año anterior recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos.
Pero su voz, como la de muchos juarenses, fue de las primeras en rebelarse ante las medidas gubernamentales para enfrentar el problema más aparente sufrido por los chihuahuenses por segundo año consecutivo: La ola homicida sin control y sin medida.
“No le veo final a esta guerra; no sé cómo la van a ganar”, dijo repetidamente en cuanto foro privado y público debió externar su opinión ante la oleada criminal abatida sobre Juárez y la inoperancia de las autoridades. Más aún, en los últimos días de su vida fue de las pocas que llamó la atención sobre el hecho de que en la presente ola homicida las mujeres están siendo asesinadas de la misma manera que en la década anterior. El número de las asesinadas, tan solo en Juárez en el presente año, según el recuento de El Diario (Luz del Carmen Sosa, 12/XII/09) asciende a 144 y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó en 506 feminicidios cometidos en Juárez de 1993 a mayo de 2009.
Premonitoria, en 1996 así se lo dijo a los reporteros, con motivo del incremento de la aparición de cadáveres de mujeres en el antiguo Paso del Norte: “Les dije que esa impunidad iba a convertir a esta ciudad en un horror”. ¡Qué lejos quedaron esas frases de la tétrica realidad del Chihuahua de fines del 2009! Porque tan siniestras cifras delictivas abarcan al total de la entidad.
Una frase de Esther Chávez podría ser reivindicada por todos los chihuahuenses, deseosos del término de la grave situación por la que pasamos: “No me quiero acostumbrar a los muertos, no lo haré”.
Llegamos, así, al final del 2009 y la voz de Esther ya no se alzará por su cuenta, pero su ejemplo seguramente servirá para que otras mujeres y otros hombres continúen con su indeclinable defensa de los derechos de las mujeres, y en la hora presente en la defensa de los derechos inalienables de todos los juarenses, ahora puestos en grave riesgo, quien lo iba a decir, por algunas de las instituciones oficiales, y lo peor, por elementos de los grupos encargados del combate al crimen organizado.
Nada resulta más triste que expresar la consabida frase de –Se los dije. Por desgracia, los hechos acaecidos en el presente año nos dan la razón a quienes alertamos de lo que podría suceder en lo referente a dos temas, el de emplear al ejército en la “guerra” de Calderón y el del ejercicio de éste en el gobierno federal.
En el primer caso, los hechos demuestran fehacientemente que ha sido un craso error. No sólo no lograron detener la masacre, sino que su participación la incrementó y posibilitó el incremento de infinidad de otros delitos, así como el de la aparición de otros, hasta someter a la población juarense, fundamentalmente, pero no sólo, ciudades como Parral, Camargo y un sinfín de poblaciones sufrieron los efectos de todos esos delitos.
Tal aceleración de numerosos índices criminales se convirtió en el mejor mentís al peregrino argumento esgrimido por los dirigentes de la Operación Conjunta Chihuahua, consistente en que –se están matando entre ellos (los delincuentes). Pues sí, se matan entre ellos, pero también a otros, ajenos a sus querellas y el clima de impunidad desatado a partir de la matazón activó la presentación de otros muchos delitos.
Más aún, derrotado el ejército en la tarea encargada por Calderón, agregó la comisión de numerosas violaciones a las garantías constitucionales de infinidad de ciudadanos y perdió la confianza de miles de chihuahuenses. Por primera ocasión en muchos años, el ejército perdió los lugares de privilegio que había gozado en la simpatía ciudadana y al no vencer al crimen organizado le deja a la sociedad la percepción que ya no hay nada que hacer frente a las bandas del narcotráfico. Se los dije.
Y con los días brotan por todas partes las gravísimas equivocaciones del gobierno federal en su combate al narco. El último episodio, el de la muerte del jefe de una de las bandas, Arturo Beltrán Leyva, lo ilustra claramente. Además de que no fue ninguna dependencia mexicana la responsable de la detección del grupo criminal –fue la DEA-, la decisión de Felipe Calderón de dejar fuera del operativo al ejército y a la PFP, evidenció el elevado grado de infiltración del narco en esas esferas; por lo menos eso se deduce del hecho de no involucrar a nadie de esos agrupamientos en las acciones y al de que, según la revista Proceso (No. 1729, 20/XII/09), Beltrán esperaba a comer al jefe de la Zona Militar 24, el Gral. Leopoldo Díaz Pérez. Otras versiones establecen que el día del enfrentamiento este militar intentó en dos ocasiones ingresar al condominio, sin éxito, al ser rechazada su petición por los marinos.
Lo peor fue que, a pesar de estar resguardado el cadáver de Beltrán por elementos de la Marina haya sido vejado y expuesto cubierto de billetes. La respuesta fue tremenda, seguramente los seguidores de Beltrán fueron quienes asesinaron a la madre y tres parientes más del marino caído en el enfrentamiento de Cuernavaca.
Y las críticas vienen de todos lados. El Obispo de Saltillo, Raúl Vera, catalogó de “ejecución extrajudicial” la muerte de Beltrán, la calificó similar a las que ocurrían hace 100 años con la denominada ley del monte, “Ya estamos como en la época de la Revolución, donde se ahorcaba, se fusilaba, pero ahora se hace mediante operativos, y eso es muy grave” y afirmó que por la forma en que fue exhibido el cuerpo del narcotraficante después del operativo, los marinos llegaron a ejecutar, no a aprehender.
Todo lo anterior sustenta la advertencia efectuada por infinidad de mexicanos: Involucrar al ejército en esas tareas puede llevar a que la corrupción lo alcance. Hoy no tenemos necesidad de que alguien lo investigue y demuestre, Calderón en persona nos lo está ratificando al dejar fuera del operativo más importante al ejército. Las repercusiones serán terribles.
Y si en materia de narcotráfico e inseguridad pública las previsiones y advertencias resultaron ciertas, en el manejo de la economía, por desgracia, resultaron peores. Terminamos el 2009 como el peor de las últimas décadas, incluso por encima de los años de 1994 y 1995 pues la caída del PIB y el número de empleos perdidos fueron superiores y la conducta del equipo calderonista ante la llegada de la crisis fue de escándalo. El Secretario de Hacienda, Agustín Carstens fue incapaz de prever la gravedad de la misma, o, y eso es peor, le mintió al país al declarar –en su papel de asesor financiero, no sólo de Calderón, sino de todos los mexicanos- que tras la crisis norteamericana sufriríamos sólo “un catarrito”.
En premio, lo enviaron las bancadas del PRI y del PAN a la Presidencia del Banco de México para que conduzca las variables económicas ¡Por seis años!
Y eso que el “peligro para México” era Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué bajas se quedaron las prevenciones de quienes alertaron que la conducción de la economía nacional sería pésima!
Culminará así este año (la explicación de tal frase estriba en que habrá algunos lectores, con motivo de las fiestas –y ni modo, deberemos enfiestarnos así estén negros los nubarrones- no alcanzarán a leer los comentarios de martes y jueves) en medio de la severa crisis económica, ante la cual no se aprecia estrategia gubernamental alguna para superarla y una violentísima crisis de seguridad pública, aparentemente imposible de resolverla.
De todos modos, siempre habrá espacio para el optimismo, ese que le ha servido a los chihuahuenses para superar los difíciles trances a los que nos enfrentado, el presente no será excepción.
Así que para quienes nos veamos el próximo domingo ¡Feliz año nuevo!.... y para los demás, también.
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viernes, 25 de diciembre de 2009
Confirmado, al viejo estilo
El Diario, 24 de diciembre de 2099
Luis Javier Valero Flores
La visita de la presidenta nacional priista, Beatriz Paredes, sirvió para muchas cosas, la mayor parte de ellas sólo para el consumo de los aspirantes a suceder a Reyes Baeza, y las fundamentales para éste último. Bueno, las privadas, las referentes a los tiempos y ritmos de la decisión del PRI en cuanto a la designación de su candidato al Gobierno del Estado, pero en cuanto al ámbito de lo público, por supuesto que dejó muy en claro una cosa: La designación del candidato a gobernador será con base en el viejo modelo, algo modificado pero esencialmente el mismo: Habrá designación –por la vía del dedazo múltiple o individual, por la realización de la convención y designación por aclamación, por la vía del registro de un solo candidato, o por la de la designación del candidato por parte del Comité Nacional (por supuesto previa consulta-decisión del gobernador Reyes Baeza) utilizando el argumento de que sería candidato de una alianza con el Panal o el Verde) pero esencialmente el hecho es que no habrá elección.
Por si hubiera dudas, la mismísima dirigente nacional desveló (a querer y no) cuales fueron las verdaderas razones de su visita a Chihuahua. Sus declaraciones lo dejaron muy en claro: “A veces las candidaturas no son la única opción; hay diversos espacios... A veces, también, cuando el tiempo lo permite, gentes que no participaron en una etapa participan en otra. Siempre hay una disposición de inclusión, esa es una característica del PRI, tener una actitud incluyente”, dijo la lideresa priista, y en esas cuantas frases retrató de cuerpo completo el esquema conceptual de la clase política priista.
Desmenucémoslo: Para los seis aspirantes, “las candidaturas no son la única opción; hay diversos espacios”. Esto es, si se designa a un candidato, éste les puede abrir a los otros aspirantes espacios en el gobierno, si ganan.
Luego, “cuando el tiempo lo permite, gentes que no participaron en una etapa participan en otra”. No se apresuren, ahí vienen las elecciones federales y los no beneficiados pueden aspirar a una diputación o la senaduría; o bien, están jóvenes muchachos y la siguiente puede ser la suya (Cano y Villalobos… perdón, no es que los otros sean viejos, pero, pues, pueden esperar más tiempo que el resto).
Y la culminación, el PRI es un partido incluyente, expresada por la presidenta, lo cual debería servir de garantía para los oyentes de tales frases que no quedarán al margen de la vida política de la entidad, es decir, del gobierno.
Total, no habrá elección y los delegados de la convención priista serán simples ratificadores, a mano alzada, o por la vía del registro de un solo precandidato, de la decisión tomada por la más alta dirigencia de su partido, que con estos mecanismos renueva los del pasado remoto, de cuando el presidente de la república era el PRIMER PRIISTA DEL PAÍS, así, con mayúsculas, y los problemas de la democracia estaban resueltos de antemano pues éste personaje la encarnaba directamente y sin cortapisas.
Ahora, fortalecida la presidenta a través de su continua y permanente presencia en la Cámara de Diputados, sin la carga de ser la coordinadora del Grupo Parlamentario, y por el carácter mismo de su investidura partidista alcanzó la mejor de las posiciones para negociar de tú a tú con los gobernadores priistas, quienes ahora tienen la batuta en sus manos en las entidades por ellos gobernadas y la posibilidad cercana (¡Oh sueño dorado de los gobernadores de antes!) de designar casi sin contratiempos a su sucesor.
Así, vencidos los resabios de quienes aspiraban a una elección abierta, la visita de la presidenta priista sólo vino a confirmar que el PRI, una vez superados los trances amargos de la era de la plena competencia electoral, ahora podrá repetir, y de mejor manera, los mismos viejos esquemas del pasado, es decir, repetir el máximo acto priista, el de su majestad, el dedazo, sea múltiple o individual.
Y lo malo del asunto es que dicho esquema tiene como característica única su obsesiva clonación, la misma que ahora todos los partidos la practican con singular alegría.
Pero, bueno, ojalá que el espíritu festivo de estas fechas nos alcance para superar tales avatares.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
La visita de la presidenta nacional priista, Beatriz Paredes, sirvió para muchas cosas, la mayor parte de ellas sólo para el consumo de los aspirantes a suceder a Reyes Baeza, y las fundamentales para éste último. Bueno, las privadas, las referentes a los tiempos y ritmos de la decisión del PRI en cuanto a la designación de su candidato al Gobierno del Estado, pero en cuanto al ámbito de lo público, por supuesto que dejó muy en claro una cosa: La designación del candidato a gobernador será con base en el viejo modelo, algo modificado pero esencialmente el mismo: Habrá designación –por la vía del dedazo múltiple o individual, por la realización de la convención y designación por aclamación, por la vía del registro de un solo candidato, o por la de la designación del candidato por parte del Comité Nacional (por supuesto previa consulta-decisión del gobernador Reyes Baeza) utilizando el argumento de que sería candidato de una alianza con el Panal o el Verde) pero esencialmente el hecho es que no habrá elección.
Por si hubiera dudas, la mismísima dirigente nacional desveló (a querer y no) cuales fueron las verdaderas razones de su visita a Chihuahua. Sus declaraciones lo dejaron muy en claro: “A veces las candidaturas no son la única opción; hay diversos espacios... A veces, también, cuando el tiempo lo permite, gentes que no participaron en una etapa participan en otra. Siempre hay una disposición de inclusión, esa es una característica del PRI, tener una actitud incluyente”, dijo la lideresa priista, y en esas cuantas frases retrató de cuerpo completo el esquema conceptual de la clase política priista.
Desmenucémoslo: Para los seis aspirantes, “las candidaturas no son la única opción; hay diversos espacios”. Esto es, si se designa a un candidato, éste les puede abrir a los otros aspirantes espacios en el gobierno, si ganan.
Luego, “cuando el tiempo lo permite, gentes que no participaron en una etapa participan en otra”. No se apresuren, ahí vienen las elecciones federales y los no beneficiados pueden aspirar a una diputación o la senaduría; o bien, están jóvenes muchachos y la siguiente puede ser la suya (Cano y Villalobos… perdón, no es que los otros sean viejos, pero, pues, pueden esperar más tiempo que el resto).
Y la culminación, el PRI es un partido incluyente, expresada por la presidenta, lo cual debería servir de garantía para los oyentes de tales frases que no quedarán al margen de la vida política de la entidad, es decir, del gobierno.
Total, no habrá elección y los delegados de la convención priista serán simples ratificadores, a mano alzada, o por la vía del registro de un solo precandidato, de la decisión tomada por la más alta dirigencia de su partido, que con estos mecanismos renueva los del pasado remoto, de cuando el presidente de la república era el PRIMER PRIISTA DEL PAÍS, así, con mayúsculas, y los problemas de la democracia estaban resueltos de antemano pues éste personaje la encarnaba directamente y sin cortapisas.
Ahora, fortalecida la presidenta a través de su continua y permanente presencia en la Cámara de Diputados, sin la carga de ser la coordinadora del Grupo Parlamentario, y por el carácter mismo de su investidura partidista alcanzó la mejor de las posiciones para negociar de tú a tú con los gobernadores priistas, quienes ahora tienen la batuta en sus manos en las entidades por ellos gobernadas y la posibilidad cercana (¡Oh sueño dorado de los gobernadores de antes!) de designar casi sin contratiempos a su sucesor.
Así, vencidos los resabios de quienes aspiraban a una elección abierta, la visita de la presidenta priista sólo vino a confirmar que el PRI, una vez superados los trances amargos de la era de la plena competencia electoral, ahora podrá repetir, y de mejor manera, los mismos viejos esquemas del pasado, es decir, repetir el máximo acto priista, el de su majestad, el dedazo, sea múltiple o individual.
Y lo malo del asunto es que dicho esquema tiene como característica única su obsesiva clonación, la misma que ahora todos los partidos la practican con singular alegría.
Pero, bueno, ojalá que el espíritu festivo de estas fechas nos alcance para superar tales avatares.
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miércoles, 23 de diciembre de 2009
Clase política a la derecha (también a la deriva)
El Diario, 22 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Es lo que nos faltaba por ver. Casi como copia de lo realizado por Vicente Fox y Martha Sahagún ocho años atrás, Enrique Peña Nieto aprovechó su visita al Papa para anunciar la fecha de su enlace matrimonial con… Angélica Rivera,
No se equivoque usted, no es con Televisa, a esta empresa está indisolublemente ligado hace años. Ahora aparece como su preferido a las elecciones presidenciales del 2012.
Más allá de la posibilidad cierta de tal acontecimiento, la decisión del político mexiquense retrata de cuerpo completo a la clase política (y ni modo, así deberemos catalogarla en adelante. Incluso desde el punto de vista marxista, parece cumplir todos los requisitos para ser considerada como tal), su desvinculación de los principios políticos que le dieron origen al actual Estado Mexicano; su oportunismo, no sólo ante la élite religiosa sino también a los mexicanos sensibles a esas muestras de aparente religiosidad que en el fondo esconden, solamente, la pretensión de obtener simpatías pasajeras que les permitan mantener o alcanzar la hegemonía política, sin importarles la profundización de la democracia mexicana.
Al contrario, los nuevos dirigentes priistas (y se enfatiza en ellos por dos razones, son quienes gobiernan de manera directa a la mayoría de los mexicanos y porque desde siempre –incluso ahora- se manifestaron de corte progresista) no han tenido empacho en ir abandonando las banderas liberales, de las que hicieron gala hasta sus inmediatos ancestros, para acomodarse a las directrices de la poderosa jerarquía católica mexicana.
El PAN no necesita acomodarse, forma parte de su entramado ideológico considerar las tesis de la religión católica como propias y, por tanto, que enarbole propuestas plenamente coincidentes con las de la cúpula católica no es extraño, pero que esto lo efectúe la cúpula del PRI sí es para llamar la atención, y preocuparse.
Así los muestran sus posturas ante distintos eventos, el principal de ellos el sorpresivo giro mostrado por las dirigencias locales, los gobernadores y la presidenta nacional, Beatriz Paredes, en relación con las modificaciones legales en las legislaciones locales sobre el aborto.
Con las modificaciones aprobadas apenas el fin de semana anterior en Chiapas –con esta legislatura ya son 18 congresos locales que lo hicieron en ese sentido- ya salió triunfante la concepción panista, aprobada en Chihuahua en el sexenio de Francisco Barrio, consistente en declarar que el Estado estará obligado a proteger la vida desde la concepción, eufemismo que en realidad es la oposición a despenalizar el aborto y que al plasmarla en la constitución local obliga a una reforma de ese rango para ir en el sentido de la modernidad que es la de no penalizar a las mujeres que por distintas razones de peso para cada una de ellas, pudiesen interrumpir el embarazo hasta antes de la semana 11 de gestación.
¡Quién lo iba a creer, que en la gestión de Beatriz Paredes, la priista considerada por muchos como la más progresista de las militantes de ese partido, llegada a tales niveles de dirección, el PRI pactara con el PAN y la jerarquía católica aprobar semejante engendro!
Y luego intentan la chicanada. En Veracruz y ahora en Chiapas aprobaron ya no aplicar penas carcelarias a las mujeres que sean culpables de practicarse un aborto, el colmo, ahora las consideran como víctimas de algún padecimiento, innombrable, de reciente descubrimiento pues a quienes sentencien culpables de cometerlo serán canalizadas ¡A que reciban tratamiento médico “integral” a cargo del gobierno estatal!
¡Igualito que en la edad media, cuando consideraban a las mujeres como depositarias del mal, enviadas por el diablo!
Y ahora pretenden llevar a la Presidencia de la República a un hombre que desde el punto de vista ideológico poco se diferencia de Vicente Fox ¿No les resultará igual, en el resto de sus actos y concepciones, que el guanajuatense? Porque en su entrega a Televisa, ¡Vaya que sí lo es!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
Es lo que nos faltaba por ver. Casi como copia de lo realizado por Vicente Fox y Martha Sahagún ocho años atrás, Enrique Peña Nieto aprovechó su visita al Papa para anunciar la fecha de su enlace matrimonial con… Angélica Rivera,
No se equivoque usted, no es con Televisa, a esta empresa está indisolublemente ligado hace años. Ahora aparece como su preferido a las elecciones presidenciales del 2012.
Más allá de la posibilidad cierta de tal acontecimiento, la decisión del político mexiquense retrata de cuerpo completo a la clase política (y ni modo, así deberemos catalogarla en adelante. Incluso desde el punto de vista marxista, parece cumplir todos los requisitos para ser considerada como tal), su desvinculación de los principios políticos que le dieron origen al actual Estado Mexicano; su oportunismo, no sólo ante la élite religiosa sino también a los mexicanos sensibles a esas muestras de aparente religiosidad que en el fondo esconden, solamente, la pretensión de obtener simpatías pasajeras que les permitan mantener o alcanzar la hegemonía política, sin importarles la profundización de la democracia mexicana.
Al contrario, los nuevos dirigentes priistas (y se enfatiza en ellos por dos razones, son quienes gobiernan de manera directa a la mayoría de los mexicanos y porque desde siempre –incluso ahora- se manifestaron de corte progresista) no han tenido empacho en ir abandonando las banderas liberales, de las que hicieron gala hasta sus inmediatos ancestros, para acomodarse a las directrices de la poderosa jerarquía católica mexicana.
El PAN no necesita acomodarse, forma parte de su entramado ideológico considerar las tesis de la religión católica como propias y, por tanto, que enarbole propuestas plenamente coincidentes con las de la cúpula católica no es extraño, pero que esto lo efectúe la cúpula del PRI sí es para llamar la atención, y preocuparse.
Así los muestran sus posturas ante distintos eventos, el principal de ellos el sorpresivo giro mostrado por las dirigencias locales, los gobernadores y la presidenta nacional, Beatriz Paredes, en relación con las modificaciones legales en las legislaciones locales sobre el aborto.
Con las modificaciones aprobadas apenas el fin de semana anterior en Chiapas –con esta legislatura ya son 18 congresos locales que lo hicieron en ese sentido- ya salió triunfante la concepción panista, aprobada en Chihuahua en el sexenio de Francisco Barrio, consistente en declarar que el Estado estará obligado a proteger la vida desde la concepción, eufemismo que en realidad es la oposición a despenalizar el aborto y que al plasmarla en la constitución local obliga a una reforma de ese rango para ir en el sentido de la modernidad que es la de no penalizar a las mujeres que por distintas razones de peso para cada una de ellas, pudiesen interrumpir el embarazo hasta antes de la semana 11 de gestación.
¡Quién lo iba a creer, que en la gestión de Beatriz Paredes, la priista considerada por muchos como la más progresista de las militantes de ese partido, llegada a tales niveles de dirección, el PRI pactara con el PAN y la jerarquía católica aprobar semejante engendro!
Y luego intentan la chicanada. En Veracruz y ahora en Chiapas aprobaron ya no aplicar penas carcelarias a las mujeres que sean culpables de practicarse un aborto, el colmo, ahora las consideran como víctimas de algún padecimiento, innombrable, de reciente descubrimiento pues a quienes sentencien culpables de cometerlo serán canalizadas ¡A que reciban tratamiento médico “integral” a cargo del gobierno estatal!
¡Igualito que en la edad media, cuando consideraban a las mujeres como depositarias del mal, enviadas por el diablo!
Y ahora pretenden llevar a la Presidencia de la República a un hombre que desde el punto de vista ideológico poco se diferencia de Vicente Fox ¿No les resultará igual, en el resto de sus actos y concepciones, que el guanajuatense? Porque en su entrega a Televisa, ¡Vaya que sí lo es!
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El decálogo navideño de Calderón
El Diario, 20 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Con toda la solidaridad a nuestro compañero, el periodista Cleofas Ledezma Flores y la más profunda y airada indignación ante la gravísima agresión de que fue víctima. Los datos ofrecidos en su valiente denuncia debiesen llevar a la inmediata encarcelación de sus agresores materiales y los autores intelectuales. Eso esperamos, no sólo los integrantes de este oficio, sino toda la sociedad, pues es una intolerable –una más- agresión a la libertad de expresión de los chihuahuenses todos.
Imposible no abordar –responsablemente, nos espetan nuestros políticos- la inopinada propuesta de reformas políticas de Felipe Calderón, a unas horas del cierre del período de sesiones de las cámaras legislativas y sin que mediara una mínima discusión, o un anticipo de las reformas, vamos, ni siquiera los legisladores federales del partido gobernante tuvieron acceso previo a lo propuesto por Calderón.
Más allá de las reformas propuestas, de las bondades o perjuicios implícitos en cada una de ellas, en la larga lista de propuestas de reformas políticas efectuadas por la clase política desde principios de la década de los 60’s, cuando se aprobó la figura de diputados de partido, en el fondo subyace la infinita resistencia a realizar la más profunda de las reformas políticas que debiesen llevar al cabo los políticos mexicanos que tuvieron en sus manos la conducción de la larga e inacabada, quizá frustrada, transición democrática en nuestro país.
A estas alturas, manejado mediáticamente y con abundantes dosis de populismo –y del más ramplón- las propuestas intentan remendar, y de mala manera, el anacrónico régimen presidencialista mexicano. Y anacrónico, no porque se añore o se reivindique tal forma de gobierno, sobre todo el ejercido en el país desde los inmemoriales tiempos de Benito Juárez (¡Y ni modo de negarle méritos al oaxaqueño, pero como le dijo su compadre Sebastián Lerdo de Tejada –No, compadre, si nos vuelven a invadir ojalá no nos salve usted. Juárez se echó más de 14 años en la presidencia!) y con escasas y honrosísimas excepciones hasta los considerados buenos mandatarios ejercieron sus facultades (las constitucionales y las meta-constitucionales) más allá de lo deseable.
El régimen existente en el país, incluso si se aprobaran las reformas de Calderón –y más aún aprobándolas pues una de ellas tiene la clarísima pretensión de fortalecer al presidente de la república- está concebido para funcionar con un partido de estado. No está contemplado que el presidente y la mayoría legislativa emerjan de distinto partido; no se concebía que el presidente enviara iniciativas de ley y las cámaras las discutieran, las objetaran o las rechazaran.
De ahí el difícil proceso para que el presidente de la república, a partir de 1997 cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, pueda gobernar pues debe enfrentar el hecho de que su partido no tenga mayoría en ella y, por tanto, batallar para que se aprueben sus iniciativas, incluidas las que requieren solo de la mayoría.
Lo adecuado sería, como antes, pero diferente, que el partido mayoritario en las elecciones también la tuviera en los órganos legislativos. Eso sólo se puede alcanzar si resolviéramos adoptar el régimen parlamentario, combinado con la existencia de un presidente de la república como Jefe de Estado y que la Cámara de Diputados fuera la encargada de conformar el gobierno, es decir, como ya sucede en la mayoría de los países desarrollados, un gabinete encabezado por un primer ministro y designado por el partido o la coalición de partidos que conformen la mayoría de la cámara.
Y si dejan de ser mayoría, entonces el presidente sería el encargado de convocar a elecciones a fin de que la emergente de las elecciones integrara el nuevo gobierno. De ese modo, quien resultara triunfador de unas elecciones tendría la responsabilidad de gobernar sin la obligación de andar buscando el consenso del cual hoy se ha hecho algo así como la única manera de gobernar y no, como es en una democracia, en donde la mayoría es la que debe gobernar.
Nada de eso se aprecia en la propuesta de Calderón, cuyas motivaciones se encuentran en las necesidades políticas del momento y no en la construcción de un régimen democrático de largo plazo; y otras, de plano, en la búsqueda del fortalecimiento de la clase política como la de la reelección continua de legisladores y alcaldes, hasta por cuatro elecciones consecutivas, o las de un absoluto corte populista como lo es el de disminuir el número de legisladores federales, más allá de las bondades o no de esas propuestas.
Y en lugar de proponer la drástica reducción de los ingresos y privilegios de los funcionarios públicos, Calderón lanza un argumento imposible de vencer: Propone la reducción del número de diputados y senadores para “generar ahorros presupuestales” ¿Y por qué no bajarles los ingresos a la mitad, así como los innumerables privilegios? N’ombre, de hacerlo así hasta podríamos tener el doble de legisladores.
Más. En el caso de las elecciones de diputados locales y alcaldes, propone que se abra un nuevo período reeleccionista, después de un período alterno, tal y como existe en la actualidad, solo que ahora se les permitirá reelegirse hasta por 12 años, luego ponen a su compadre (como Porfirio Díaz con su compadre Manuel González) y enseguida otros cuatro períodos, tal y como Alvaro Obregón intentó y logró con la presidencia de la república, cuando dejó a su subalterno Plutarco Elías Calles en Palacio Nacional quien ordenó la aprobación de la reelección presidencial inmediata. Las balas asesinas de León Toral impidieron tal traición a la lucha de los mexicanos de la década anterior a los hechos relatados.
La argumentación de Calderón es inmaculada. Dice que los diputados y alcaldes podrán repetir el período de 12 años sólo si transcurre un periodo para evitar “cacicazgos”. ¡Híjole!
Pero si hubiera que encontrar sustento al señalamiento de la búsqueda del fortalecimiento del presidencialismo (entendido éste como el del acaparamiento del ejercicio de la función pública, junto con los presupuestos de cada nivel, de manera personalizada y en aras de fortalecer el culto a la personalidad de quienes ejercen el Poder Ejecutivo, en el ámbito federal y el estatal y en el nivel de los municipios, ahí están las propuestas de hasta cuatro reelecciones continuas para los alcaldes, la celebración de una segunda vuelta electoral (en caso de que ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de los votos) en la elección presidencial y sólo en ese nivel; la obligación de las cámaras de votar por lo menos dos iniciativas presidenciales, anualmente; la posibilidad de que el presidente de la república vete el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y la de disminuir el número de legisladores, como si tal como ahora está fuera la causa de la inacción, indolencia y privilegios de que hacen gala la mayoría de quienes integran el Poder Legislativo federal y estatal.
Casi como si fuera una concesión a los sectores democráticos de la sociedad, propuso las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana, sin proponer la legislación reglamentaria de las figuras ciudadanas del referéndum, plebiscito ni de la revocación de mandato. Nada de eso, a cambio, teorizar acerca de cómo la reelección inmediata se convertirá en “poderoso” impulso ciudadano para premiar o castigar a los funcionarios de elección popular ¿Y la nieve de qué sabor?
Más aún, en lugar de ahorrar costos electorales, al instaurar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, se abre la posibilidad de que haya dos fechas electorales federales, las presidenciales en julio y las legislativas en agosto. Además, las locales. Bonito enredo.
De aplicar un modelo electoral como el vigente en otras naciones con mayor desarrollo democrático, se instalarían sólo existen dos fechas electorales, las del ámbito local y las federales y en otras, en las que existe la segunda vuelta (por supuesto, independientemente de lo anterior, medida adecuada) se agrega las de la celebración de este recurso de carácter democrático.
En síntesis, y por las respuestas de los líderes de las fuerzas parlamentarias, y el momento político del país, las propuestas de Calderón solo evidenciarán su creciente debilidad.
No sucederá así, con seguridad encabezará a su partido en la búsqueda de la continuidad, nada más que lo hará tal y como lo muestra su forma de gobernar: Sin rumbo.
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Luis Javier Valero Flores
Con toda la solidaridad a nuestro compañero, el periodista Cleofas Ledezma Flores y la más profunda y airada indignación ante la gravísima agresión de que fue víctima. Los datos ofrecidos en su valiente denuncia debiesen llevar a la inmediata encarcelación de sus agresores materiales y los autores intelectuales. Eso esperamos, no sólo los integrantes de este oficio, sino toda la sociedad, pues es una intolerable –una más- agresión a la libertad de expresión de los chihuahuenses todos.
Imposible no abordar –responsablemente, nos espetan nuestros políticos- la inopinada propuesta de reformas políticas de Felipe Calderón, a unas horas del cierre del período de sesiones de las cámaras legislativas y sin que mediara una mínima discusión, o un anticipo de las reformas, vamos, ni siquiera los legisladores federales del partido gobernante tuvieron acceso previo a lo propuesto por Calderón.
Más allá de las reformas propuestas, de las bondades o perjuicios implícitos en cada una de ellas, en la larga lista de propuestas de reformas políticas efectuadas por la clase política desde principios de la década de los 60’s, cuando se aprobó la figura de diputados de partido, en el fondo subyace la infinita resistencia a realizar la más profunda de las reformas políticas que debiesen llevar al cabo los políticos mexicanos que tuvieron en sus manos la conducción de la larga e inacabada, quizá frustrada, transición democrática en nuestro país.
A estas alturas, manejado mediáticamente y con abundantes dosis de populismo –y del más ramplón- las propuestas intentan remendar, y de mala manera, el anacrónico régimen presidencialista mexicano. Y anacrónico, no porque se añore o se reivindique tal forma de gobierno, sobre todo el ejercido en el país desde los inmemoriales tiempos de Benito Juárez (¡Y ni modo de negarle méritos al oaxaqueño, pero como le dijo su compadre Sebastián Lerdo de Tejada –No, compadre, si nos vuelven a invadir ojalá no nos salve usted. Juárez se echó más de 14 años en la presidencia!) y con escasas y honrosísimas excepciones hasta los considerados buenos mandatarios ejercieron sus facultades (las constitucionales y las meta-constitucionales) más allá de lo deseable.
El régimen existente en el país, incluso si se aprobaran las reformas de Calderón –y más aún aprobándolas pues una de ellas tiene la clarísima pretensión de fortalecer al presidente de la república- está concebido para funcionar con un partido de estado. No está contemplado que el presidente y la mayoría legislativa emerjan de distinto partido; no se concebía que el presidente enviara iniciativas de ley y las cámaras las discutieran, las objetaran o las rechazaran.
De ahí el difícil proceso para que el presidente de la república, a partir de 1997 cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, pueda gobernar pues debe enfrentar el hecho de que su partido no tenga mayoría en ella y, por tanto, batallar para que se aprueben sus iniciativas, incluidas las que requieren solo de la mayoría.
Lo adecuado sería, como antes, pero diferente, que el partido mayoritario en las elecciones también la tuviera en los órganos legislativos. Eso sólo se puede alcanzar si resolviéramos adoptar el régimen parlamentario, combinado con la existencia de un presidente de la república como Jefe de Estado y que la Cámara de Diputados fuera la encargada de conformar el gobierno, es decir, como ya sucede en la mayoría de los países desarrollados, un gabinete encabezado por un primer ministro y designado por el partido o la coalición de partidos que conformen la mayoría de la cámara.
Y si dejan de ser mayoría, entonces el presidente sería el encargado de convocar a elecciones a fin de que la emergente de las elecciones integrara el nuevo gobierno. De ese modo, quien resultara triunfador de unas elecciones tendría la responsabilidad de gobernar sin la obligación de andar buscando el consenso del cual hoy se ha hecho algo así como la única manera de gobernar y no, como es en una democracia, en donde la mayoría es la que debe gobernar.
Nada de eso se aprecia en la propuesta de Calderón, cuyas motivaciones se encuentran en las necesidades políticas del momento y no en la construcción de un régimen democrático de largo plazo; y otras, de plano, en la búsqueda del fortalecimiento de la clase política como la de la reelección continua de legisladores y alcaldes, hasta por cuatro elecciones consecutivas, o las de un absoluto corte populista como lo es el de disminuir el número de legisladores federales, más allá de las bondades o no de esas propuestas.
Y en lugar de proponer la drástica reducción de los ingresos y privilegios de los funcionarios públicos, Calderón lanza un argumento imposible de vencer: Propone la reducción del número de diputados y senadores para “generar ahorros presupuestales” ¿Y por qué no bajarles los ingresos a la mitad, así como los innumerables privilegios? N’ombre, de hacerlo así hasta podríamos tener el doble de legisladores.
Más. En el caso de las elecciones de diputados locales y alcaldes, propone que se abra un nuevo período reeleccionista, después de un período alterno, tal y como existe en la actualidad, solo que ahora se les permitirá reelegirse hasta por 12 años, luego ponen a su compadre (como Porfirio Díaz con su compadre Manuel González) y enseguida otros cuatro períodos, tal y como Alvaro Obregón intentó y logró con la presidencia de la república, cuando dejó a su subalterno Plutarco Elías Calles en Palacio Nacional quien ordenó la aprobación de la reelección presidencial inmediata. Las balas asesinas de León Toral impidieron tal traición a la lucha de los mexicanos de la década anterior a los hechos relatados.
La argumentación de Calderón es inmaculada. Dice que los diputados y alcaldes podrán repetir el período de 12 años sólo si transcurre un periodo para evitar “cacicazgos”. ¡Híjole!
Pero si hubiera que encontrar sustento al señalamiento de la búsqueda del fortalecimiento del presidencialismo (entendido éste como el del acaparamiento del ejercicio de la función pública, junto con los presupuestos de cada nivel, de manera personalizada y en aras de fortalecer el culto a la personalidad de quienes ejercen el Poder Ejecutivo, en el ámbito federal y el estatal y en el nivel de los municipios, ahí están las propuestas de hasta cuatro reelecciones continuas para los alcaldes, la celebración de una segunda vuelta electoral (en caso de que ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de los votos) en la elección presidencial y sólo en ese nivel; la obligación de las cámaras de votar por lo menos dos iniciativas presidenciales, anualmente; la posibilidad de que el presidente de la república vete el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y la de disminuir el número de legisladores, como si tal como ahora está fuera la causa de la inacción, indolencia y privilegios de que hacen gala la mayoría de quienes integran el Poder Legislativo federal y estatal.
Casi como si fuera una concesión a los sectores democráticos de la sociedad, propuso las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana, sin proponer la legislación reglamentaria de las figuras ciudadanas del referéndum, plebiscito ni de la revocación de mandato. Nada de eso, a cambio, teorizar acerca de cómo la reelección inmediata se convertirá en “poderoso” impulso ciudadano para premiar o castigar a los funcionarios de elección popular ¿Y la nieve de qué sabor?
Más aún, en lugar de ahorrar costos electorales, al instaurar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, se abre la posibilidad de que haya dos fechas electorales federales, las presidenciales en julio y las legislativas en agosto. Además, las locales. Bonito enredo.
De aplicar un modelo electoral como el vigente en otras naciones con mayor desarrollo democrático, se instalarían sólo existen dos fechas electorales, las del ámbito local y las federales y en otras, en las que existe la segunda vuelta (por supuesto, independientemente de lo anterior, medida adecuada) se agrega las de la celebración de este recurso de carácter democrático.
En síntesis, y por las respuestas de los líderes de las fuerzas parlamentarias, y el momento político del país, las propuestas de Calderón solo evidenciarán su creciente debilidad.
No sucederá así, con seguridad encabezará a su partido en la búsqueda de la continuidad, nada más que lo hará tal y como lo muestra su forma de gobernar: Sin rumbo.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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jueves, 17 de diciembre de 2009
Carstens, las concertacesiones de ahora
El Diario, 17 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Conforme pasan los días aparecen las evidencias de que el país es presa de las negociaciones entre priistas y panistas, de un modo tal que superan, con creces, las sostenidas en las etapas anteriores. Felipe Calderón, derrotado –al igual que Fox- en las elecciones intermedias parece más dispuesto a entregar la plaza aún antes de las elecciones del 2012 y desde ahora concierta con la mayoría priista en la Cámara de Diputados y como si fuera un eco, en la de Senadores, amén de las legislaturas locales (en las que, por puritita coincidencia en diecisiete de ellas con mayoría priista se han aprobado reprobables regresiones consistentes en la penalización del aborto, incluidos los casos contemplados hasta ahora en varias legislaciones) arriban a acuerdos que evidencian manifiestamente que los acuerdos son de largo aliento.
Estamos, así ante la posibilidad cierta de que el largo lapso para concretar la transición democrática (que antes pensábamos se podría dar en cuanto se venciera al régimen de partido de estado) sea abortado –quien lo dijera, por quienes ahora se oponen obcecadamente a la despenalización del mismo- y demos lugar a un régimen bipartidista en el que ninguno de los avances democráticos alcanzados en los cuatro lustros anteriores muestren sus bondades y al contrario suframos verdaderas regresiones, marcadas, sobre todo, por los enormes privilegios asumidos por la nueva clase política mexicana.
Y parte esencial de tal entramado es el nombramiento de Agustín Carstens como Gobernador del Banco de México, elegido por el senado. Su larga trayectoria en los organismos financieros nacionales e internacionales tiene un origen: El PRI.
Su propuesta responde al interés inmediato de Felipe Calderón de contar con un funcionario que no desmienta las muy frecuentes mentiras lanzadas por el ahora titular del Banxico, enfrentadas durante los tres primeros años del actual sexenio por el anterior, Guillermo Ortiz, quien obligó en varias ocasiones a la Secretaría de Hacienda a rectificar las alegres y optimistas cifras del crecimiento económico y la inflación que el régimen calderonista se empeñaba en ofrecerles a los mexicanos.
Todo eso es parte del pasado gracias a la actitud obsecuente del PRI. Merced a ello, las facultades extra-constitucionales (así les decíamos también en tiempos de la luenga presidencia priista) de Calderón se prolongarán al acordar el nombramiento de Carstens quien aseguró, al momento de asumir el cargo, que urge “alinear la política monetaria, fiscal y financiera” del Banco de México y Hacienda. Como si todavía formara parte el gabinete, Carstens aseguró que “el Ejecutivo federal busca hacer eficiente la colaboración entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda… ha habido celo excesivo en hacer valer la autonomía de ese instituto”. ¿Hace falta agregar más?
Así ahora, mientras una de las firmas más destacadas en la evaluación de la deuda pública y descalificaba la mexicana, como meses atrás cuando iniciaba la crisis y Carstens la calificaba como un catarrito, ocurre igual, dijo que “el mercado nos califica todos los días y el desempeño de los mercados ha sido muy favorable”. ¡No pasa nada! ¡En 2010 habrá una recuperación sostenida y vigorosa de la economía! dice nuestro perito financiero, de quien Calderón dijo que uno de los “innumerables logros”, como secretario de Hacienda, fue haber manejado de manera responsable “las finanzas públicas, lo que permitió sortear la más grave crisis económica que se ha visto en el mundo”.
Y mientras el senador panista, Fernando Elizondo, le expresó apoyo incondicional al funcionario, la priista María de los Ángeles Moreno expresó su discrepancia con Carstens “en la estrategia económica y en la tibieza y la lentitud de las medidas aplicadas para la recuperación”, de todos modos respaldaría su nombramiento al frente del Banco de México, “aunque no se trata de un cheque en blanco”, ya que le pedirán cuentas de su gestión, ¡Ajá!
¿Cómo se las pedirán si el nombramiento tiene vigencia hasta el 2015, es decir, después de las elecciones presumiblemente ganadas por el PRI? Y todavía se quejan del elevado abstencionismo. Son iguales, dice la voz popular.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
Conforme pasan los días aparecen las evidencias de que el país es presa de las negociaciones entre priistas y panistas, de un modo tal que superan, con creces, las sostenidas en las etapas anteriores. Felipe Calderón, derrotado –al igual que Fox- en las elecciones intermedias parece más dispuesto a entregar la plaza aún antes de las elecciones del 2012 y desde ahora concierta con la mayoría priista en la Cámara de Diputados y como si fuera un eco, en la de Senadores, amén de las legislaturas locales (en las que, por puritita coincidencia en diecisiete de ellas con mayoría priista se han aprobado reprobables regresiones consistentes en la penalización del aborto, incluidos los casos contemplados hasta ahora en varias legislaciones) arriban a acuerdos que evidencian manifiestamente que los acuerdos son de largo aliento.
Estamos, así ante la posibilidad cierta de que el largo lapso para concretar la transición democrática (que antes pensábamos se podría dar en cuanto se venciera al régimen de partido de estado) sea abortado –quien lo dijera, por quienes ahora se oponen obcecadamente a la despenalización del mismo- y demos lugar a un régimen bipartidista en el que ninguno de los avances democráticos alcanzados en los cuatro lustros anteriores muestren sus bondades y al contrario suframos verdaderas regresiones, marcadas, sobre todo, por los enormes privilegios asumidos por la nueva clase política mexicana.
Y parte esencial de tal entramado es el nombramiento de Agustín Carstens como Gobernador del Banco de México, elegido por el senado. Su larga trayectoria en los organismos financieros nacionales e internacionales tiene un origen: El PRI.
Su propuesta responde al interés inmediato de Felipe Calderón de contar con un funcionario que no desmienta las muy frecuentes mentiras lanzadas por el ahora titular del Banxico, enfrentadas durante los tres primeros años del actual sexenio por el anterior, Guillermo Ortiz, quien obligó en varias ocasiones a la Secretaría de Hacienda a rectificar las alegres y optimistas cifras del crecimiento económico y la inflación que el régimen calderonista se empeñaba en ofrecerles a los mexicanos.
Todo eso es parte del pasado gracias a la actitud obsecuente del PRI. Merced a ello, las facultades extra-constitucionales (así les decíamos también en tiempos de la luenga presidencia priista) de Calderón se prolongarán al acordar el nombramiento de Carstens quien aseguró, al momento de asumir el cargo, que urge “alinear la política monetaria, fiscal y financiera” del Banco de México y Hacienda. Como si todavía formara parte el gabinete, Carstens aseguró que “el Ejecutivo federal busca hacer eficiente la colaboración entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda… ha habido celo excesivo en hacer valer la autonomía de ese instituto”. ¿Hace falta agregar más?
Así ahora, mientras una de las firmas más destacadas en la evaluación de la deuda pública y descalificaba la mexicana, como meses atrás cuando iniciaba la crisis y Carstens la calificaba como un catarrito, ocurre igual, dijo que “el mercado nos califica todos los días y el desempeño de los mercados ha sido muy favorable”. ¡No pasa nada! ¡En 2010 habrá una recuperación sostenida y vigorosa de la economía! dice nuestro perito financiero, de quien Calderón dijo que uno de los “innumerables logros”, como secretario de Hacienda, fue haber manejado de manera responsable “las finanzas públicas, lo que permitió sortear la más grave crisis económica que se ha visto en el mundo”.
Y mientras el senador panista, Fernando Elizondo, le expresó apoyo incondicional al funcionario, la priista María de los Ángeles Moreno expresó su discrepancia con Carstens “en la estrategia económica y en la tibieza y la lentitud de las medidas aplicadas para la recuperación”, de todos modos respaldaría su nombramiento al frente del Banco de México, “aunque no se trata de un cheque en blanco”, ya que le pedirán cuentas de su gestión, ¡Ajá!
¿Cómo se las pedirán si el nombramiento tiene vigencia hasta el 2015, es decir, después de las elecciones presumiblemente ganadas por el PRI? Y todavía se quejan del elevado abstencionismo. Son iguales, dice la voz popular.
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martes, 15 de diciembre de 2009
Campo algodonero, como fantasmas
El Diario, 15 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
A más de ocho años del macabro descubrimiento de los cadáveres de ocho mujeres en el ya mundialmente famoso lote baldío conocido como “campo algodonero” de Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), culpó al “Estado mexicano de violentar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal al no investigar adecuadamente y violar la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas”.
Pero la resolución del principal organismo derechohumanista del continente no abarca al total de las víctimas, se refiere exclusivamente a la desaparición y posterior asesinato de Herrera, de 15 años, Claudia González, de 20, y Berenice Ramos, de 17. Sus cuerpos aparecieron, junto a los de otras cinco mujeres, el 5 de noviembre de 2001 en el "campo algodonero”.
“La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa”, cita el fallo emitido el 16 de noviembre. “El Tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso”, asientan los seis magistrados de la Corte.
La Corte ordenó a México pagar 145 mil 500 dólares a los parientes de Herrera, 134 mil a los de González y 140 mil 500 a los de Ramos por conceptos de indemnización, reparaciones, gastos procesales y otros. Además, las autoridades deberán investigar adecuadamente los casos, efectuar un acto público para las víctimas, erigir un monumento en su memoria y crear un sitio electrónico con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en el estado de Chihuahua.
La Corte consideró que el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. “Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer", dice la resolución.
Enfrentado a sus fantasmas, en un hecho que finalmente le da la razón a los opositores al nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la república, este funcionario deberá ser uno de los receptores de la resolución, además de ser una de las autoridades que originaron las denuncias en contra de los asesinatos y la impunidad prevaleciente en torno a ellos. Cosas de la política mexicana y de su inacabado proceso de transición pues la Corte de San José lo acusó en 1998 de obstruir la investigación. Similar señalamiento emanó en 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ello se suma un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de octubre de 2003, en el cual un grupo de expertos señaló graves irregularidades en el esclarecimiento de esos casos.
Es un fallo histórico, no sólo le ordena al Estado Mexicano procurar la justicia para las víctimas y sus familiares, sino que desvela el cúmulo de irregularidades cometidas por autoridades de los tres niveles, fundamentalmente de las estatales y municipales y le da un sonoro mentís a quienes acusaron a los más diversos organismos derechohumanistas locales y nacionales empeñados en denunciar las tropelías cometidas en torno a los feminicidios, de medrar alrededor de un asunto que las autoridades intentaron por todos los medios minimizar.
Indudablemente que en la tragedia sufrida por cientos de familias juarenses diversos protagonistas y organizaciones se montaron en ella, pero lo que ahora vemos es el resultado de la perseverancia de los familiares de algunas de las víctimas y de algunas agrupaciones interesadas de buena fé en la defensa de los derechos humanos, y especialmente los de las mujeres.
Aprender de tal tragedia, de la resolución de la CIDH es imperante para todos, pero fundamentalmente para los gobernantes y funcionarios encargados de la procuración y aplicación de justicia en Chihuahua.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
A más de ocho años del macabro descubrimiento de los cadáveres de ocho mujeres en el ya mundialmente famoso lote baldío conocido como “campo algodonero” de Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), culpó al “Estado mexicano de violentar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal al no investigar adecuadamente y violar la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas”.
Pero la resolución del principal organismo derechohumanista del continente no abarca al total de las víctimas, se refiere exclusivamente a la desaparición y posterior asesinato de Herrera, de 15 años, Claudia González, de 20, y Berenice Ramos, de 17. Sus cuerpos aparecieron, junto a los de otras cinco mujeres, el 5 de noviembre de 2001 en el "campo algodonero”.
“La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa”, cita el fallo emitido el 16 de noviembre. “El Tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso”, asientan los seis magistrados de la Corte.
La Corte ordenó a México pagar 145 mil 500 dólares a los parientes de Herrera, 134 mil a los de González y 140 mil 500 a los de Ramos por conceptos de indemnización, reparaciones, gastos procesales y otros. Además, las autoridades deberán investigar adecuadamente los casos, efectuar un acto público para las víctimas, erigir un monumento en su memoria y crear un sitio electrónico con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en el estado de Chihuahua.
La Corte consideró que el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. “Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer", dice la resolución.
Enfrentado a sus fantasmas, en un hecho que finalmente le da la razón a los opositores al nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la república, este funcionario deberá ser uno de los receptores de la resolución, además de ser una de las autoridades que originaron las denuncias en contra de los asesinatos y la impunidad prevaleciente en torno a ellos. Cosas de la política mexicana y de su inacabado proceso de transición pues la Corte de San José lo acusó en 1998 de obstruir la investigación. Similar señalamiento emanó en 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ello se suma un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de octubre de 2003, en el cual un grupo de expertos señaló graves irregularidades en el esclarecimiento de esos casos.
Es un fallo histórico, no sólo le ordena al Estado Mexicano procurar la justicia para las víctimas y sus familiares, sino que desvela el cúmulo de irregularidades cometidas por autoridades de los tres niveles, fundamentalmente de las estatales y municipales y le da un sonoro mentís a quienes acusaron a los más diversos organismos derechohumanistas locales y nacionales empeñados en denunciar las tropelías cometidas en torno a los feminicidios, de medrar alrededor de un asunto que las autoridades intentaron por todos los medios minimizar.
Indudablemente que en la tragedia sufrida por cientos de familias juarenses diversos protagonistas y organizaciones se montaron en ella, pero lo que ahora vemos es el resultado de la perseverancia de los familiares de algunas de las víctimas y de algunas agrupaciones interesadas de buena fé en la defensa de los derechos humanos, y especialmente los de las mujeres.
Aprender de tal tragedia, de la resolución de la CIDH es imperante para todos, pero fundamentalmente para los gobernantes y funcionarios encargados de la procuración y aplicación de justicia en Chihuahua.
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domingo, 13 de diciembre de 2009
Teto, el encomendado
El Diario, 13 de diciembre de 2009
Encomienda: “Encargo que se hace a alguien de que haga alguna comisión o cuide de una persona o cosa”: Pequeño Larousse Ilustrado 2007.
Luis Javier Valero Flores
¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Teto a buscar el apoyo público de dos de los más poderosos empresarios en el estado? ¿Qué le quisieron demostrar Federico de la Vega y Eloy Vallina a Reyes Baeza, a Beatriz Paredes, es decir, a quienes decidirán sobre quien recaerá la candidatura del PRI al Gobierno del Estado? ¿Que pueden lamentarlo si designan al equivocado y no los toman en cuenta?
Ni duda cabe. La celebración de sendos actos claramente proselitistas, convocados y costeados, uno, por el más poderoso distribuidor y vendedor de bebidas alcohólicas y cerveza en Juárez, y el otro por quien ahora aparece como el mayor propietario de tierras urbanas y suburbanas en la misma ciudad, tienen objetivos muy claros, precisos, imposibles de ocultar: Ambos pretenden decidir quién debe ser el futuro gobernante de Chihuahua.
Si hubiera un dato contundente que así lo demostrara, lo otorgó Freddy de la Vega en su discurso en la comida convocada por él, y celebrada el pasado 20 de noviembre, cuando a los ahí reunidos les comunicó que año y medio atrás le había pedido la renuncia al alcalde juarense Reyes Ferriz. Los argumentos los externó ahí mismo: Son una bola de inútiles, todos, del presidente municipal pa’ bajo.
Eso lo dijo el empresario que por casi 40 años tuvo el monopolio de la distribución de la cerveza Carta Blanca en Juárez y la mayoría de los permisos de cantina, y quien además posee las más grandes cadenas de tiendas de distribución de bebidas alcohólicas en el antiguo Paso del Norte.
Es decir, con tonos distintos, en la forma diferente, pero en los objetivos y las motivaciones, semejantes, influir en la designación de gobernantes para decidir en todo lo que les concierna directamente… y en todo lo demás, también.
No son hombres que se les atoren las palabras. Semanas atrás, al responder a las críticas de distintos sectores juarenses, con motivo de la justa indignación causada por el amparo solicitado, y a la postre obtenido, para no pagar el impuesto predial sobre la Ciudad Vallina, el empresario ahora convocante a comidas a favor de Murguía, respondió a sus opositores a través de un grosero y ensoberbecido ataque, no sólo a quienes se oponen a poner al servicio de los intereses de un solo hombre todos los recursos de Juárez, sino contra toda la población, la que, dijo, “está cooptada por unos cuantos de estos ejemplares de intelecto estrecho, espíritu pequeño y carentes de compromiso social, seudo líderes que se creen dueños de la ciudad y que no permiten que otros tengan sueños, ni que haya proyectos grandes, no extranjeros, que traigan a Juárez desarrollo y bienestar”.
Y le achacó a esa oposición el hecho de que no lleguen a Juárez inversiones “fijas importantes privadas”.
Todo porque se levantaron voces opositoras a continuar por el camino previo, el que le ha permitido contar con la construcción de una carretera, la que une a San Jerónimo-Santa Teresa con la carretera a Juárez, en el gobierno de Patricio Martínez quien, además, le expropió casi dos mil hectáreas (¡para construir vivienda, adujo, en un lugar a 15 kilómetros de la mancha urbana!) en lo que era, a todas luces, facilitarle al empresario el negocio pues si se construían viviendas había que llevar hasta allá todos los servicios públicos.
Al término del sexenio anterior, doce días antes del término del mandato de Patricio, su gobierno le entregó cuatro millones 676 mil dólares por la compra de 212 hectáreas. La compra se efectuó antes de la publicación de la anulación del decreto expropiatorio sobre las casi dos mil hectáreas expropiadas al principio de ese sexenio. ¿Cómo podía el Gobierno del Estado comprar unas tierras que formalmente aún estaban bajo su dominio? Negocio redondo.
Luego llegaría a la alcaldía su amigo, su encomendado de antes y ahora, Teto Murguía. Ferviente impulsor de su candidatura, obtendría que el cabildo encabezado por éste, aprobara el proyecto “San Jerónimo” y las administraciones de Murguía y la de Reyes Baeza invirtieron sumas millonarias en la conexión a Juárez de los servicios públicos, y lograran hasta la instalación de una planta maquiladora en esos terrenos, sin olvidar que ya para entonces, con la participación de una empresa constructora, propiedad de Carlos Slim, se iniciara la construcción de las obras hidráulicas sobre el complejo Conejos-Médanos.
Y, además, la construcción de la vialidad Camino Real, a cargo, por puritita coincidencia, de la empresa Yvasa, propiedad de Francisco Ibarra, dueño, a su vez, de los Indios de Juárez –equipo receptor de casi 100 millones de pesos del erario estatal- y entusiasta asistente a las dos comidas a favor de Teto Murguía, convocadas por Vallina y de la Vega.
Así, a los 140 millones de pesos gastados por el gobierno de Patricio Martínez en la construcción de la carretera Samalayuca-San Jerónimo, se le sumaron los 53 millones de pesos, costo de las 212 hectáreas, los mil millones empleados en la vía “Camino Real” (y que coincidentemente tocó con su trazo propiedades de Yvasa y del ex alcalde Murguía, quien dijo había vendido esa propiedad a su cuñado) y los 80 millones que se están invirtiendo en la construcción del bulevar fronterizo, que conectará a Jerónimo con Ciudad Juárez a través de la zona de Anapra.
Y todavía Vallina se quejó legalmente del cobro del impuesto predial. Los jueces le dieron la razón, no pagó un cinco por las cerca de 20 mil hectáreas en su poder, ni por las que aún no tienen equipamiento urbano, ni por las que ya lo tienen.
Tales son los impulsores de la candidatura de Héctor Murguía. Sorprende a cualquiera medianamente empapado de la política la ejecución de una estrategia con tales eventos públicos como lo más descollante. Hacerlo de tal modo lleva, casi de manera automática, a pensar en que, de alguna manera, intentan dar lo que podría equipararse, en términos políticos, a un golpe de estado, pues a su enorme poder económico intentan sumarle el poder generado por el gobernador del estado ¡Inaudito!
Discurso no les faltó. Eloy S. Vallina afirmó ser necesario “desterrar los vicios y el autoritarismo, la democracia fallida de los últimos nueve años, busquemos a la persona indicada para seguir con la prosperidad del Estado”, en lo que pretendió ser una especie de aderezamiento en la relación con el gobernador Reyes Baeza, pero que en otra parte del discurso hasta pudieran extraerse matices críticos en contra del mandatario pues al hablar en general de los gobernantes, dijo “Que pronto se les olvida a los gobernantes que deben dirigir y que su función es gobernar y no satanizar ni imponer caprichos”, agregaría en otra parte del discurso, en el que en ninguna ocasión aludió a su encomendado, Héctor Murguía, y al que, dijo, así al desgaire, aprovechó la comida organizada por él, “solo como un amigo”, a empresarios.
Pero en el aire quedó la duda si el evento fue lo exitoso que quisieran los organizadores pues al mismo si bien asistieron el empresario de la construcción, Rodolfo Martínez, Fredy de la Vega, el líder cetemista Jorge Doroteo Zapata, Carlos Murguía, los empresarios Ricardo Creel y Fernando Cuesta (Al final del evento llegó el zar del cemento, Federico Terrazas, pero sólo a saludar a Vallina). Junto a ellos, estaban los diputados locales, Manuela Colomo, Ricardo Espinoza Leyva, Jorge Gutiérrez Casas, Pedro Reaza, Jorge Neaves, Manuel Santiago Moreno, Héctor Arcelús, Gerardo Fierro Archuleta y el regidor capitalino Fernando Martínez Sosa. Y nadie más de la estructura del poder político.
Al argumentar las razones por las que optó por Murguía para la candidatura (sin dar nombres, sólo conceptos en abstracto, en ese lenguaje críptico usado por la clase política) Vallina sustentó su apuesta elogiando la gestión de Reyes Baeza -del mismo modo lo hizo el aspirante en su discurso y como días atrás lo había hecho, en una entrevista publicada en el otro matutino de la capital, el otro fuerte precandidato, César Duarte- y argumentando que se necesita alguien que le dé continuidad al actual gobierno, exhortó a buscar “a la persona para llevar a nuestro estado a este ciclo largo, qué caso tiene ganar una elección si no escogemos a un hombre que sepa gobernador”.
Po’s para eso los tenemos, a estos dos prohombres, pa’ que decidan quién nos deba gobernar. Del rumbo (y beneficios) del gobierno ya se encargarán ellos.
Encomienda: “Encargo que se hace a alguien de que haga alguna comisión o cuide de una persona o cosa”: Pequeño Larousse Ilustrado 2007.
Luis Javier Valero Flores
¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Teto a buscar el apoyo público de dos de los más poderosos empresarios en el estado? ¿Qué le quisieron demostrar Federico de la Vega y Eloy Vallina a Reyes Baeza, a Beatriz Paredes, es decir, a quienes decidirán sobre quien recaerá la candidatura del PRI al Gobierno del Estado? ¿Que pueden lamentarlo si designan al equivocado y no los toman en cuenta?
Ni duda cabe. La celebración de sendos actos claramente proselitistas, convocados y costeados, uno, por el más poderoso distribuidor y vendedor de bebidas alcohólicas y cerveza en Juárez, y el otro por quien ahora aparece como el mayor propietario de tierras urbanas y suburbanas en la misma ciudad, tienen objetivos muy claros, precisos, imposibles de ocultar: Ambos pretenden decidir quién debe ser el futuro gobernante de Chihuahua.
Si hubiera un dato contundente que así lo demostrara, lo otorgó Freddy de la Vega en su discurso en la comida convocada por él, y celebrada el pasado 20 de noviembre, cuando a los ahí reunidos les comunicó que año y medio atrás le había pedido la renuncia al alcalde juarense Reyes Ferriz. Los argumentos los externó ahí mismo: Son una bola de inútiles, todos, del presidente municipal pa’ bajo.
Eso lo dijo el empresario que por casi 40 años tuvo el monopolio de la distribución de la cerveza Carta Blanca en Juárez y la mayoría de los permisos de cantina, y quien además posee las más grandes cadenas de tiendas de distribución de bebidas alcohólicas en el antiguo Paso del Norte.
Es decir, con tonos distintos, en la forma diferente, pero en los objetivos y las motivaciones, semejantes, influir en la designación de gobernantes para decidir en todo lo que les concierna directamente… y en todo lo demás, también.
No son hombres que se les atoren las palabras. Semanas atrás, al responder a las críticas de distintos sectores juarenses, con motivo de la justa indignación causada por el amparo solicitado, y a la postre obtenido, para no pagar el impuesto predial sobre la Ciudad Vallina, el empresario ahora convocante a comidas a favor de Murguía, respondió a sus opositores a través de un grosero y ensoberbecido ataque, no sólo a quienes se oponen a poner al servicio de los intereses de un solo hombre todos los recursos de Juárez, sino contra toda la población, la que, dijo, “está cooptada por unos cuantos de estos ejemplares de intelecto estrecho, espíritu pequeño y carentes de compromiso social, seudo líderes que se creen dueños de la ciudad y que no permiten que otros tengan sueños, ni que haya proyectos grandes, no extranjeros, que traigan a Juárez desarrollo y bienestar”.
Y le achacó a esa oposición el hecho de que no lleguen a Juárez inversiones “fijas importantes privadas”.
Todo porque se levantaron voces opositoras a continuar por el camino previo, el que le ha permitido contar con la construcción de una carretera, la que une a San Jerónimo-Santa Teresa con la carretera a Juárez, en el gobierno de Patricio Martínez quien, además, le expropió casi dos mil hectáreas (¡para construir vivienda, adujo, en un lugar a 15 kilómetros de la mancha urbana!) en lo que era, a todas luces, facilitarle al empresario el negocio pues si se construían viviendas había que llevar hasta allá todos los servicios públicos.
Al término del sexenio anterior, doce días antes del término del mandato de Patricio, su gobierno le entregó cuatro millones 676 mil dólares por la compra de 212 hectáreas. La compra se efectuó antes de la publicación de la anulación del decreto expropiatorio sobre las casi dos mil hectáreas expropiadas al principio de ese sexenio. ¿Cómo podía el Gobierno del Estado comprar unas tierras que formalmente aún estaban bajo su dominio? Negocio redondo.
Luego llegaría a la alcaldía su amigo, su encomendado de antes y ahora, Teto Murguía. Ferviente impulsor de su candidatura, obtendría que el cabildo encabezado por éste, aprobara el proyecto “San Jerónimo” y las administraciones de Murguía y la de Reyes Baeza invirtieron sumas millonarias en la conexión a Juárez de los servicios públicos, y lograran hasta la instalación de una planta maquiladora en esos terrenos, sin olvidar que ya para entonces, con la participación de una empresa constructora, propiedad de Carlos Slim, se iniciara la construcción de las obras hidráulicas sobre el complejo Conejos-Médanos.
Y, además, la construcción de la vialidad Camino Real, a cargo, por puritita coincidencia, de la empresa Yvasa, propiedad de Francisco Ibarra, dueño, a su vez, de los Indios de Juárez –equipo receptor de casi 100 millones de pesos del erario estatal- y entusiasta asistente a las dos comidas a favor de Teto Murguía, convocadas por Vallina y de la Vega.
Así, a los 140 millones de pesos gastados por el gobierno de Patricio Martínez en la construcción de la carretera Samalayuca-San Jerónimo, se le sumaron los 53 millones de pesos, costo de las 212 hectáreas, los mil millones empleados en la vía “Camino Real” (y que coincidentemente tocó con su trazo propiedades de Yvasa y del ex alcalde Murguía, quien dijo había vendido esa propiedad a su cuñado) y los 80 millones que se están invirtiendo en la construcción del bulevar fronterizo, que conectará a Jerónimo con Ciudad Juárez a través de la zona de Anapra.
Y todavía Vallina se quejó legalmente del cobro del impuesto predial. Los jueces le dieron la razón, no pagó un cinco por las cerca de 20 mil hectáreas en su poder, ni por las que aún no tienen equipamiento urbano, ni por las que ya lo tienen.
Tales son los impulsores de la candidatura de Héctor Murguía. Sorprende a cualquiera medianamente empapado de la política la ejecución de una estrategia con tales eventos públicos como lo más descollante. Hacerlo de tal modo lleva, casi de manera automática, a pensar en que, de alguna manera, intentan dar lo que podría equipararse, en términos políticos, a un golpe de estado, pues a su enorme poder económico intentan sumarle el poder generado por el gobernador del estado ¡Inaudito!
Discurso no les faltó. Eloy S. Vallina afirmó ser necesario “desterrar los vicios y el autoritarismo, la democracia fallida de los últimos nueve años, busquemos a la persona indicada para seguir con la prosperidad del Estado”, en lo que pretendió ser una especie de aderezamiento en la relación con el gobernador Reyes Baeza, pero que en otra parte del discurso hasta pudieran extraerse matices críticos en contra del mandatario pues al hablar en general de los gobernantes, dijo “Que pronto se les olvida a los gobernantes que deben dirigir y que su función es gobernar y no satanizar ni imponer caprichos”, agregaría en otra parte del discurso, en el que en ninguna ocasión aludió a su encomendado, Héctor Murguía, y al que, dijo, así al desgaire, aprovechó la comida organizada por él, “solo como un amigo”, a empresarios.
Pero en el aire quedó la duda si el evento fue lo exitoso que quisieran los organizadores pues al mismo si bien asistieron el empresario de la construcción, Rodolfo Martínez, Fredy de la Vega, el líder cetemista Jorge Doroteo Zapata, Carlos Murguía, los empresarios Ricardo Creel y Fernando Cuesta (Al final del evento llegó el zar del cemento, Federico Terrazas, pero sólo a saludar a Vallina). Junto a ellos, estaban los diputados locales, Manuela Colomo, Ricardo Espinoza Leyva, Jorge Gutiérrez Casas, Pedro Reaza, Jorge Neaves, Manuel Santiago Moreno, Héctor Arcelús, Gerardo Fierro Archuleta y el regidor capitalino Fernando Martínez Sosa. Y nadie más de la estructura del poder político.
Al argumentar las razones por las que optó por Murguía para la candidatura (sin dar nombres, sólo conceptos en abstracto, en ese lenguaje críptico usado por la clase política) Vallina sustentó su apuesta elogiando la gestión de Reyes Baeza -del mismo modo lo hizo el aspirante en su discurso y como días atrás lo había hecho, en una entrevista publicada en el otro matutino de la capital, el otro fuerte precandidato, César Duarte- y argumentando que se necesita alguien que le dé continuidad al actual gobierno, exhortó a buscar “a la persona para llevar a nuestro estado a este ciclo largo, qué caso tiene ganar una elección si no escogemos a un hombre que sepa gobernador”.
Po’s para eso los tenemos, a estos dos prohombres, pa’ que decidan quién nos deba gobernar. Del rumbo (y beneficios) del gobierno ya se encargarán ellos.
viernes, 11 de diciembre de 2009
Federalismo y tenencia
El Diario, 10 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Cuestionado acerca de la derogación del impuesto sobre tenencia vehicular, el Gobernador del Estado, José Reyes Baeza, fue enfático en su rechazo, argumentó que de realizarse el gobierno del estado dejaría de percibir 500 millones de pesos, ingresos que ya no ingresan a las arcas, por ejemplo, del gobierno queretano quien, al momento de estrenar nuevo gobernador, ahora emergido del PRI y con una legislatura también de mayoría priista de inmediato se dieron a la tarea de derogar el multimencionado impuesto.
En su respuesta, Reyes Baeza trajo a colación uno de los temas centrales de la discusión fiscal de los últimos lustros, justamente a partir de la aparición de elecciones competidas y la alternancia partidaria en varias entidades del país, el federalismo.
Sin que, por supuesto, le quitemos la razón en ese tema de tan honda y luenga polémica en México, la negativa del gobernante chihuahuense echa por la borda la pretensión de cientos de miles de chihuahuenses que quisieran ver reflejadas sus angustias en las decisiones gubernamentales y el impuesto mencionado es una de las principales quejas de innumerables ciudadanos, además de constituir uno de los asuntos en los que mejor se refleja la impotencia y el rechazo ciudadano a los políticos.
Al describir las características de la que debiera ser una nueva relación hacendaria para establecer, dijo, las reglas de un “nuevo sistema de coordinación fiscal, que establezca tareas para cada quién, pero también responsabilidades y facultades que le den mayor autonomía a estados y municipios en cuanto a su régimen de facultades tributarias”, Reyes Baeza dejó de lado un asunto abordado por la Secretaría de Hacienda, y luego Felipe Calderón enfatizaría de muy torpe manera: La elusión fiscal de los más poderosos contribuyentes que alcanzaría la fantástica cifra de 500 mil millones de pesos.
De contar las arcas públicas con ese ingreso, el impuesto sobre la tenencia vehicular sería visto como algo absolutamente menor y al que los gobernantes mexicanos, de todos los colores, no tendrían reparo alguno en renunciar y, por tanto, no habría motivo alguno para que formara parte de las promesas de ningún político, como sí lo fue en la pasada campaña electoral, incluido el que ahora se ostenta como primer mandatario federal.
Y sirva tal mención para anotar el doble discurso de los legisladores blanquiazules. En la campaña prometieron que desaparecería y ya instalados en las cámaras parlamentarias lo que hicieron fue transferirle tal impuesto al ámbito estatal y, por tanto, facultad de las legislaturas estatales derogarlo o mantenerlo y dejar, como ahora lo comentamos, en manos de los gobernadores de los estados la decisión de renunciar a sumas millonarias, en un entorno fiscal en el que prácticamente nada ha cambiado para quienes han sido a lo largo de varias décadas los beneficiarios de una política fiscal absolutamente irracional, fincada en exprimir hasta el máximo a los contribuyentes menores y eximir de esa responsabilidad a quienes lo tienen todo… y más allá.
Por eso sería justo tomarle la palabra a Reyes Baeza cuando llama a todos “los autores políticos se comprometan con una causa, y sumarnos todos para poder sacar adelante las grandes reformas de avanzada, no reformas que luego se queden limitadas en su alcance y contenido, que le permitan a este país mayores ingresos”, y no restringir tal llamado a los actores políticos sino, fundamentalmente a los sectores más poderosos de la economía, reacios a cualquier reforma que los afecte y esperanzados –y siempre les resulta- a ejercer la debida presión a la clase política a fin de que ésta no les cambie las reglas del juego que les ha permitido enriquecerse como muy pocas clases empresariales en el mundo lo hacen.
Pero si necesitáramos de un caso para ejemplificar cuanto está interesado el grupo gobernante en cambiar tal estado de cosas, ahí está la decisión de Felipe Calderón de proponer a Agustín Carstens como nuevo Director del Banco de México, y no lo duden, el PRI lo aprobará.
De su incompetencia sólo debemos recordar que diagnosticó como un catarrito la méndiga pulmonía cuata sufrida por el país en materia económica… y todavía lo premian.
¡Válgame!
Luis Javier Valero Flores
Cuestionado acerca de la derogación del impuesto sobre tenencia vehicular, el Gobernador del Estado, José Reyes Baeza, fue enfático en su rechazo, argumentó que de realizarse el gobierno del estado dejaría de percibir 500 millones de pesos, ingresos que ya no ingresan a las arcas, por ejemplo, del gobierno queretano quien, al momento de estrenar nuevo gobernador, ahora emergido del PRI y con una legislatura también de mayoría priista de inmediato se dieron a la tarea de derogar el multimencionado impuesto.
En su respuesta, Reyes Baeza trajo a colación uno de los temas centrales de la discusión fiscal de los últimos lustros, justamente a partir de la aparición de elecciones competidas y la alternancia partidaria en varias entidades del país, el federalismo.
Sin que, por supuesto, le quitemos la razón en ese tema de tan honda y luenga polémica en México, la negativa del gobernante chihuahuense echa por la borda la pretensión de cientos de miles de chihuahuenses que quisieran ver reflejadas sus angustias en las decisiones gubernamentales y el impuesto mencionado es una de las principales quejas de innumerables ciudadanos, además de constituir uno de los asuntos en los que mejor se refleja la impotencia y el rechazo ciudadano a los políticos.
Al describir las características de la que debiera ser una nueva relación hacendaria para establecer, dijo, las reglas de un “nuevo sistema de coordinación fiscal, que establezca tareas para cada quién, pero también responsabilidades y facultades que le den mayor autonomía a estados y municipios en cuanto a su régimen de facultades tributarias”, Reyes Baeza dejó de lado un asunto abordado por la Secretaría de Hacienda, y luego Felipe Calderón enfatizaría de muy torpe manera: La elusión fiscal de los más poderosos contribuyentes que alcanzaría la fantástica cifra de 500 mil millones de pesos.
De contar las arcas públicas con ese ingreso, el impuesto sobre la tenencia vehicular sería visto como algo absolutamente menor y al que los gobernantes mexicanos, de todos los colores, no tendrían reparo alguno en renunciar y, por tanto, no habría motivo alguno para que formara parte de las promesas de ningún político, como sí lo fue en la pasada campaña electoral, incluido el que ahora se ostenta como primer mandatario federal.
Y sirva tal mención para anotar el doble discurso de los legisladores blanquiazules. En la campaña prometieron que desaparecería y ya instalados en las cámaras parlamentarias lo que hicieron fue transferirle tal impuesto al ámbito estatal y, por tanto, facultad de las legislaturas estatales derogarlo o mantenerlo y dejar, como ahora lo comentamos, en manos de los gobernadores de los estados la decisión de renunciar a sumas millonarias, en un entorno fiscal en el que prácticamente nada ha cambiado para quienes han sido a lo largo de varias décadas los beneficiarios de una política fiscal absolutamente irracional, fincada en exprimir hasta el máximo a los contribuyentes menores y eximir de esa responsabilidad a quienes lo tienen todo… y más allá.
Por eso sería justo tomarle la palabra a Reyes Baeza cuando llama a todos “los autores políticos se comprometan con una causa, y sumarnos todos para poder sacar adelante las grandes reformas de avanzada, no reformas que luego se queden limitadas en su alcance y contenido, que le permitan a este país mayores ingresos”, y no restringir tal llamado a los actores políticos sino, fundamentalmente a los sectores más poderosos de la economía, reacios a cualquier reforma que los afecte y esperanzados –y siempre les resulta- a ejercer la debida presión a la clase política a fin de que ésta no les cambie las reglas del juego que les ha permitido enriquecerse como muy pocas clases empresariales en el mundo lo hacen.
Pero si necesitáramos de un caso para ejemplificar cuanto está interesado el grupo gobernante en cambiar tal estado de cosas, ahí está la decisión de Felipe Calderón de proponer a Agustín Carstens como nuevo Director del Banco de México, y no lo duden, el PRI lo aprobará.
De su incompetencia sólo debemos recordar que diagnosticó como un catarrito la méndiga pulmonía cuata sufrida por el país en materia económica… y todavía lo premian.
¡Válgame!
martes, 8 de diciembre de 2009
PRD, sin brújula
El Diario, 8 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Inmerso en la que puede ser la peor de sus crisis, el PRD concluyó el domingo su XII Congreso Nacional con recurrentes discursos de sus principales dirigentes de emerger del mismo, “unido” y con fuerza para enfrentar el proceso electoral del 2012.
Ausentes sus dos principales figuras, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, por coincidencia, los únicos que lo han representado en las contiendas presidenciales, en la parte final del evento intentaron dar una muestra de la unidad de la élite perredista con el manido recurso de levantar juntos las manos los que en el curso de los últimos años se han confrontado casi hasta los golpes, y después de haber sufrido una severa sangría en todo el país.
Del profundo deterioro ideológico del PRD da muestra un sorprendente hecho: Las élites de las corrientes perredistas decidieron no discutir en el seno del congreso –el que se supone sería el evento en el que se discutiría la refundación de ese partido, lo que debería transitar, pero por supuesto, por la definición ideológica y política de asuntos de la mayor trascendencia- la posibilidad de efectuar alianzas con el PRI o con el PAN.
Enfrentadas dos tendencias existentes en su interior de mucho tiempo atrás, independientemente de quien las asuma individualmente, nuevamente se expresaron y para no romper con la escenografía montada artificialmente, optaron por lo increíble en un agrupamiento de izquierda ¡No discutir!
No es ninguna novedad la existencia de una tendencia, encabezada por su dirigente nacional, Jesús Ortega, insistente en buscar alianzas con los partidos hegemónicos en cada entidad. Así, en Oaxaca la corriente Nueva Izquierda, también dirigida por Ortega, busca aliarse con el PAN, cosa rechazada por la mayoría de los grupos y corrientes afines a López Obrador.
Pero en otras entidades, y no podemos descartar hasta la posibilidad de que Chihuahua se incluya en ellas, dada la proximidad de las elecciones, la corriente de Ortega podría plantearse la posibilidad de aliarse con el PRI, es decir, como la anécdota aquella del piloto aviador mexicano que, llegado a España en plena guerra civil se dio de alta en la aviación de los republicanos. Pero el avión republicano pilotado por el mexicano fue abatido por las fuerzas de Francisco Franco. Detenido por los franquistas, el mexicano pidió ayudarles y pilotar un avión franquista. Sorprendidos los fascistas le reclamaron –pero, coño, si tú venías con los republicanos. –No, yo venía a matar gachupines, respondió nuestro compatriota.
Así los perredistas ahora, dependiendo de la correlación de fuerzas en cada entidad y elección, podrán optar entre uno y otro partido, en lo que será una de las demostraciones más nítidas del pragmatismo de la clase política mexicana, a cuyas características se han sumado tan alegremente las dirigencias de las corrientes del PRD y echado por la borda, por tanto, una larguísima trayectoria de luchas de las agrupaciones de la izquierda mexicana, sobre todo las definidas como socialistas o comunistas, en las que el principal ingrediente era una ejemplar congruencia, en la mayoría de los casos.
No definir una política de alianzas en el momento actual llevará al conjunto de la dirigencia perredista a la confrontación -¡una más!- con el dirigente más connotado de la izquierda mexicana actual, López Obrador, pues éste ha denunciado, y más consistentemente en las últimas semanas, al binomio PRI-PAN como el responsable de la conducción del país, hasta declararlo como el protector de la “mafia que controla a México”.
Y más en lo concreto, llevará a ese partido a la confrontación por la candidatura presidencial pues el congreso aprobó que, si el 60% del Consejo Nacional así lo decidiese, se cambiaría la elección abierta por cualquier otro mecanismo. Por puritita casualidad, en el cierre del Congreso, Marcelo Ebrard propuso que la decisión para designar candidato presidencial podría ser a través de una encuesta y postular, por tanto, a quien apareciera en el primer lugar de las simpatías electorales.
Es decir, se inicia la siguiente confrontación.
Luis Javier Valero Flores
Inmerso en la que puede ser la peor de sus crisis, el PRD concluyó el domingo su XII Congreso Nacional con recurrentes discursos de sus principales dirigentes de emerger del mismo, “unido” y con fuerza para enfrentar el proceso electoral del 2012.
Ausentes sus dos principales figuras, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, por coincidencia, los únicos que lo han representado en las contiendas presidenciales, en la parte final del evento intentaron dar una muestra de la unidad de la élite perredista con el manido recurso de levantar juntos las manos los que en el curso de los últimos años se han confrontado casi hasta los golpes, y después de haber sufrido una severa sangría en todo el país.
Del profundo deterioro ideológico del PRD da muestra un sorprendente hecho: Las élites de las corrientes perredistas decidieron no discutir en el seno del congreso –el que se supone sería el evento en el que se discutiría la refundación de ese partido, lo que debería transitar, pero por supuesto, por la definición ideológica y política de asuntos de la mayor trascendencia- la posibilidad de efectuar alianzas con el PRI o con el PAN.
Enfrentadas dos tendencias existentes en su interior de mucho tiempo atrás, independientemente de quien las asuma individualmente, nuevamente se expresaron y para no romper con la escenografía montada artificialmente, optaron por lo increíble en un agrupamiento de izquierda ¡No discutir!
No es ninguna novedad la existencia de una tendencia, encabezada por su dirigente nacional, Jesús Ortega, insistente en buscar alianzas con los partidos hegemónicos en cada entidad. Así, en Oaxaca la corriente Nueva Izquierda, también dirigida por Ortega, busca aliarse con el PAN, cosa rechazada por la mayoría de los grupos y corrientes afines a López Obrador.
Pero en otras entidades, y no podemos descartar hasta la posibilidad de que Chihuahua se incluya en ellas, dada la proximidad de las elecciones, la corriente de Ortega podría plantearse la posibilidad de aliarse con el PRI, es decir, como la anécdota aquella del piloto aviador mexicano que, llegado a España en plena guerra civil se dio de alta en la aviación de los republicanos. Pero el avión republicano pilotado por el mexicano fue abatido por las fuerzas de Francisco Franco. Detenido por los franquistas, el mexicano pidió ayudarles y pilotar un avión franquista. Sorprendidos los fascistas le reclamaron –pero, coño, si tú venías con los republicanos. –No, yo venía a matar gachupines, respondió nuestro compatriota.
Así los perredistas ahora, dependiendo de la correlación de fuerzas en cada entidad y elección, podrán optar entre uno y otro partido, en lo que será una de las demostraciones más nítidas del pragmatismo de la clase política mexicana, a cuyas características se han sumado tan alegremente las dirigencias de las corrientes del PRD y echado por la borda, por tanto, una larguísima trayectoria de luchas de las agrupaciones de la izquierda mexicana, sobre todo las definidas como socialistas o comunistas, en las que el principal ingrediente era una ejemplar congruencia, en la mayoría de los casos.
No definir una política de alianzas en el momento actual llevará al conjunto de la dirigencia perredista a la confrontación -¡una más!- con el dirigente más connotado de la izquierda mexicana actual, López Obrador, pues éste ha denunciado, y más consistentemente en las últimas semanas, al binomio PRI-PAN como el responsable de la conducción del país, hasta declararlo como el protector de la “mafia que controla a México”.
Y más en lo concreto, llevará a ese partido a la confrontación por la candidatura presidencial pues el congreso aprobó que, si el 60% del Consejo Nacional así lo decidiese, se cambiaría la elección abierta por cualquier otro mecanismo. Por puritita casualidad, en el cierre del Congreso, Marcelo Ebrard propuso que la decisión para designar candidato presidencial podría ser a través de una encuesta y postular, por tanto, a quien apareciera en el primer lugar de las simpatías electorales.
Es decir, se inicia la siguiente confrontación.
domingo, 6 de diciembre de 2009
Síganle la pista al dinero
El Diario, 6 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
La noticia, dada a conocer por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, de haber detectado a 10 empresas mexicanas, seis de ellas ubicadas en el estado de Chihuahua, como parte de una presunta red de lavado de dinero perteneciente al Cártel de los Beltrán Leyva, vino a poner de relieve, sin que, quizá, fuese el propósito, el fracaso de la “guerra” de Felipe Calderón en contra del narcotráfico.
El gobierno estadounidense informó que congeló los activos en territorio estadounidense de 22 individuos y 10 compañías vinculadas al que cataloga como uno de los cárteles de droga más violentos del país.
Las empresas chihuahuenses señaladas son Servicio Aéreo Leo López, Grupo Santa Chihuahua, Representaciones Intur, Estudios y Proyectos Integrales del Norte, PV Star y Comercializadora Itaka, vinculadas con el empresario Leopoldo Antonio López Grayeb, como presunto operador de dicho cártel.
La inclusión de las empresas vinculadas al empresario chihuahuense implica que todos los bienes y cuentas de su propiedad en los EEUU serán congelados y, además, se les prohibió a los ciudadanos norteamericanos tener trato comercial con ellos.
La diversidad de las empresas presuntamente vinculadas con la “organización Beltrán Leyva” es amplísima, se trata de compañías relacionadas con la transportación de marítimos y aéreos; distribuidores de compañías de electrónicos; negocios de importación y exportación de productos para la salud; consultorías y servicios de hospitalidad. La lista implica a empresas establecidas en Sinaloa, Chiapas, Baja California, Jalisco, Sonora, Estado de México, el Distrito Federal y por supuesto, Chihuahua.
Pueden, o no, equivocarse los gobernantes norteamericanos en cuanto al empresario chihuahuense ahora señalado, lo cierto es que tal noticia abre la coyuntura para rediscutir públicamente las orientaciones, sustento, alcance y logros de la Operación México, que en cada entidad adquirió el rimbombante nombre de Operación Conjunta equis.
En cualquiera de los dos escenarios generados, o por la denominación, o por el carácter específico del fenómeno que ahoga al país en sangre, cualquier estratega de medio pelo les restregaría a los responsables de las operaciones en contra del crimen organizado, en su modalidad del tráfico de drogas (y que ya no se restringe a éste) la falta de acciones destinadas a romper la columna vertebral de las bandas criminales.
No deberá olvidarse que el consumo de drogas, además de ser, evidentemente, un problema de salud pública es, por encima de todas las facetas, un asunto de negocios, de pesos y centavos, y más aquellos que éstos.
Pues bien, dice una máxima de la ciencia penal que en la comisión de un delito se debe seguir la pista del dinero ¿Eso hacen los estrategas de la operación Chihuahua, o los de Hacienda?
Más aún, y abordando el asunto por el lado de la denominación que Calderón decidió usar para obtener una mayor legitimación de su gobierno (según dicen Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro “Narco, la guerra fallida”, que comentaremos antes del último día del año), es decir, asumir que en realidad estamos en guerra en contra del narcotráfico, la estrategia adoptada para enfrentarla es para llorar.
En una batalla, o una guerra, además de buscar derrotar al ejército contrario por la vía de ganarle en el campo de batalla, en las confrontaciones directas, es parte esencial tratar de cortarle la línea de abastecimiento, para que ya no lo abastezcan, de ninguna de las cosas necesarias para continuar en la guerra.
Y en este aspecto el dinero ocupa el lugar central de cualquier operación de los cuerpos de seguridad emprendida en contra de las bandas del tráfico de drogas. Al comparar la operación realizada por el gobierno norteamericano en contra de las empresas presuntamente vinculadas con el Cártel de los Beltrán Leyva y las emprendidas en nuestro país, salta a la vista la distinta calidad.
Si los barones mexicanos de la droga conservan prácticamente intactos los circuitos de su dinero, de nada servirá que los cuerpos de seguridad aprehendan a cientos, a miles de jóvenes encargados de la venta al menudeo de las drogas, del traslado de la droga y/o del dinero a los Estados Unidos, de la ejecución de los sicarios de los cárteles contrarios, o que los enfrentamientos entre ellos produzcan, como es el caso, a más de 16 mil ejecuciones en el presente sexenio, si los circuitos de la conservación y reproducción del dinero se conservan intactos.
Las fuerzas policíacas y militares en México han aprehendido a miles de personas, los penales están a reventar de jóvenes acusados de pertenecer, o trabajar para alguno de los cárteles pero ¿Cuántas empresas, de las poderosas, han sido desmanteladas? ¿Cuántas cuentas bancarias, propiedad de los jefes del tráfico de drogas, han sido congeladas?
Mientras no se destruyan los circuitos financieros del narcotráfico, siempre habrá cientos, miles de jóvenes dispuestos a ser contratados por los jefes de los cárteles. Por los resultados pareciera que ninguna autoridad mexicana le sigue el rastro al dinero, o que ningún estratega militar está empeñado en cortarle las líneas de abastecimiento al ejército contrario.
Sirva, sólo para comparar, el episodio de la detención de los hermanos Arriola, a quienes se les señaló (con base en información –por puritita casualidad- de las autoridades norteamericanas) una serie de empresas y cuentas bancarias que fueron congeladas en virtud de considerarlas parte de los circuitos financieros de los presuntos traficantes de drogas.
Por supuesto que enfrentar tal modalidad en contra del narco implica, y muy seriamente, afectar los circuitos financieros de los grandes centros económicos y a una cantidad inmensa de empresas, aparentemente desvinculadas del crimen organizado.
No sería, pues, una novedad, saber de la multitud de funcionarios bancarios y propietarios de los mismos implicados, así como el número de empresas aparentemente sanas en sus finanzas y que en conformación fueron provistas en su momento por las sumas necesarias para iniciar sus operaciones.
Y ese aspecto es central en tal combate pues según registros de la Office of National Drug Control Policy, en 1999 54% de la cocaína hacia EU pasaba por México y Centroamérica, y 43% se trasladaba por el corredor del Caribe. En 2006, la misma agencia estimó que 90% del tráfico hacia los EU es por México y éste se distribuye de la siguiente manera: 66% por el Pacífico mexicano, menos de 1% por Centroamérica y 24% por la península de Yucatán. (Datos contenidos en un estudio de Abraham Hernández Arellano, Investigador y Coordinador del Departamento de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac).
Un análisis elaborado con base en los datos públicos de las Naciones Unidas, la encuesta de consumo de drogas en EU, y reportes de aseguramiento de la PGR permiten establecer que en México existe una oferta de aproximadamente 102 toneladas de cocaína al año. Así, el investigador estimó que el gobierno mexicano, de enero del 2008 a agosto del mismo año, interceptó solo 9.5% (10.746 toneladas) de la cocaína que pasa por el país y que, además, al analizar los precios al mayoreo y menudeo publicados regularmente por la DEA, el Departamento de Justicia, así como la ONU en el World Drug Report, resultó que el precio de la cocaína en el mercado al mayoreo y menudeo en Colombia, México y Estados Unidos en los últimos 2 años ha permanecido sin grandes cambios ¿Y la guerra de Calderón, entonces para qué ha servido?
De acuerdo con el estudio citado, un gramo de cocaína (procedente de Colombia), vendido al menudeo en Estados Unidos, puede generar utilidades hasta de 93 dólares. Si así fuera, resultaría que los narcos mexicanos estarían participando de un negocio que equivaldría, aproximadamente, a poco más de 9 mil 500 millones de dólares al año, cifra que coincidentemente empata con los $10 mil millones de dólares estimados por el gobierno en el lavado de dinero en nuestro país.
Años después, en 2007, la oficina de la DEA en El Paso aseguró que el narcotráfico de drogas en México generaba alrededor de 12 mil millones de dólares anuales, equivalentes a 156 mil millones de pesos.
De ese tamaño es el problema al que ahora se pretende enfrentar con más policías, más pistolas y más patrullas, mientras los circuitos financieros del crimen organizado permanecen prácticamente intactos y la demanda, así como la oferta de estupefacientes, permanecen en los mismos niveles de los años anteriores. Sí, porque, de acuerdo con todas las estimaciones oficiales norteamericanas, el número de consumidores allá no disminuye y la producción de hoja de coca en Colombia ha pasado de 4.7 toneladas por hectárea a 7.3. (Según la misma obra de Castañeda y Aguilar).
Así, pueden las autoridades pasarse toda la vida (ni modo, así decía mi abuelita) presentándonos todos los días a un nuevo grupo de presuntos multisicarios que nada pasará mientras las redes, circuitos y estructura financiera del crimen organizado no sean destruidos y en tanto seguirán apoderándose de cada vez mayores porciones de la sociedad, hasta llegar, como ya sucede en varias regiones, a gobernar abiertamente, o por lo menos, marcarle el ritmo a la vida de numerosas poblaciones o influir poderosamente en la economía de otras… y si una fuerza tiene la hegemonía económica, ya lo sabemos, hasta mi abuelita lo sabía, no hay poder que se le enfrente ¿Será ese el caso?
Luis Javier Valero Flores
La noticia, dada a conocer por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, de haber detectado a 10 empresas mexicanas, seis de ellas ubicadas en el estado de Chihuahua, como parte de una presunta red de lavado de dinero perteneciente al Cártel de los Beltrán Leyva, vino a poner de relieve, sin que, quizá, fuese el propósito, el fracaso de la “guerra” de Felipe Calderón en contra del narcotráfico.
El gobierno estadounidense informó que congeló los activos en territorio estadounidense de 22 individuos y 10 compañías vinculadas al que cataloga como uno de los cárteles de droga más violentos del país.
Las empresas chihuahuenses señaladas son Servicio Aéreo Leo López, Grupo Santa Chihuahua, Representaciones Intur, Estudios y Proyectos Integrales del Norte, PV Star y Comercializadora Itaka, vinculadas con el empresario Leopoldo Antonio López Grayeb, como presunto operador de dicho cártel.
La inclusión de las empresas vinculadas al empresario chihuahuense implica que todos los bienes y cuentas de su propiedad en los EEUU serán congelados y, además, se les prohibió a los ciudadanos norteamericanos tener trato comercial con ellos.
La diversidad de las empresas presuntamente vinculadas con la “organización Beltrán Leyva” es amplísima, se trata de compañías relacionadas con la transportación de marítimos y aéreos; distribuidores de compañías de electrónicos; negocios de importación y exportación de productos para la salud; consultorías y servicios de hospitalidad. La lista implica a empresas establecidas en Sinaloa, Chiapas, Baja California, Jalisco, Sonora, Estado de México, el Distrito Federal y por supuesto, Chihuahua.
Pueden, o no, equivocarse los gobernantes norteamericanos en cuanto al empresario chihuahuense ahora señalado, lo cierto es que tal noticia abre la coyuntura para rediscutir públicamente las orientaciones, sustento, alcance y logros de la Operación México, que en cada entidad adquirió el rimbombante nombre de Operación Conjunta equis.
En cualquiera de los dos escenarios generados, o por la denominación, o por el carácter específico del fenómeno que ahoga al país en sangre, cualquier estratega de medio pelo les restregaría a los responsables de las operaciones en contra del crimen organizado, en su modalidad del tráfico de drogas (y que ya no se restringe a éste) la falta de acciones destinadas a romper la columna vertebral de las bandas criminales.
No deberá olvidarse que el consumo de drogas, además de ser, evidentemente, un problema de salud pública es, por encima de todas las facetas, un asunto de negocios, de pesos y centavos, y más aquellos que éstos.
Pues bien, dice una máxima de la ciencia penal que en la comisión de un delito se debe seguir la pista del dinero ¿Eso hacen los estrategas de la operación Chihuahua, o los de Hacienda?
Más aún, y abordando el asunto por el lado de la denominación que Calderón decidió usar para obtener una mayor legitimación de su gobierno (según dicen Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro “Narco, la guerra fallida”, que comentaremos antes del último día del año), es decir, asumir que en realidad estamos en guerra en contra del narcotráfico, la estrategia adoptada para enfrentarla es para llorar.
En una batalla, o una guerra, además de buscar derrotar al ejército contrario por la vía de ganarle en el campo de batalla, en las confrontaciones directas, es parte esencial tratar de cortarle la línea de abastecimiento, para que ya no lo abastezcan, de ninguna de las cosas necesarias para continuar en la guerra.
Y en este aspecto el dinero ocupa el lugar central de cualquier operación de los cuerpos de seguridad emprendida en contra de las bandas del tráfico de drogas. Al comparar la operación realizada por el gobierno norteamericano en contra de las empresas presuntamente vinculadas con el Cártel de los Beltrán Leyva y las emprendidas en nuestro país, salta a la vista la distinta calidad.
Si los barones mexicanos de la droga conservan prácticamente intactos los circuitos de su dinero, de nada servirá que los cuerpos de seguridad aprehendan a cientos, a miles de jóvenes encargados de la venta al menudeo de las drogas, del traslado de la droga y/o del dinero a los Estados Unidos, de la ejecución de los sicarios de los cárteles contrarios, o que los enfrentamientos entre ellos produzcan, como es el caso, a más de 16 mil ejecuciones en el presente sexenio, si los circuitos de la conservación y reproducción del dinero se conservan intactos.
Las fuerzas policíacas y militares en México han aprehendido a miles de personas, los penales están a reventar de jóvenes acusados de pertenecer, o trabajar para alguno de los cárteles pero ¿Cuántas empresas, de las poderosas, han sido desmanteladas? ¿Cuántas cuentas bancarias, propiedad de los jefes del tráfico de drogas, han sido congeladas?
Mientras no se destruyan los circuitos financieros del narcotráfico, siempre habrá cientos, miles de jóvenes dispuestos a ser contratados por los jefes de los cárteles. Por los resultados pareciera que ninguna autoridad mexicana le sigue el rastro al dinero, o que ningún estratega militar está empeñado en cortarle las líneas de abastecimiento al ejército contrario.
Sirva, sólo para comparar, el episodio de la detención de los hermanos Arriola, a quienes se les señaló (con base en información –por puritita casualidad- de las autoridades norteamericanas) una serie de empresas y cuentas bancarias que fueron congeladas en virtud de considerarlas parte de los circuitos financieros de los presuntos traficantes de drogas.
Por supuesto que enfrentar tal modalidad en contra del narco implica, y muy seriamente, afectar los circuitos financieros de los grandes centros económicos y a una cantidad inmensa de empresas, aparentemente desvinculadas del crimen organizado.
No sería, pues, una novedad, saber de la multitud de funcionarios bancarios y propietarios de los mismos implicados, así como el número de empresas aparentemente sanas en sus finanzas y que en conformación fueron provistas en su momento por las sumas necesarias para iniciar sus operaciones.
Y ese aspecto es central en tal combate pues según registros de la Office of National Drug Control Policy, en 1999 54% de la cocaína hacia EU pasaba por México y Centroamérica, y 43% se trasladaba por el corredor del Caribe. En 2006, la misma agencia estimó que 90% del tráfico hacia los EU es por México y éste se distribuye de la siguiente manera: 66% por el Pacífico mexicano, menos de 1% por Centroamérica y 24% por la península de Yucatán. (Datos contenidos en un estudio de Abraham Hernández Arellano, Investigador y Coordinador del Departamento de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac).
Un análisis elaborado con base en los datos públicos de las Naciones Unidas, la encuesta de consumo de drogas en EU, y reportes de aseguramiento de la PGR permiten establecer que en México existe una oferta de aproximadamente 102 toneladas de cocaína al año. Así, el investigador estimó que el gobierno mexicano, de enero del 2008 a agosto del mismo año, interceptó solo 9.5% (10.746 toneladas) de la cocaína que pasa por el país y que, además, al analizar los precios al mayoreo y menudeo publicados regularmente por la DEA, el Departamento de Justicia, así como la ONU en el World Drug Report, resultó que el precio de la cocaína en el mercado al mayoreo y menudeo en Colombia, México y Estados Unidos en los últimos 2 años ha permanecido sin grandes cambios ¿Y la guerra de Calderón, entonces para qué ha servido?
De acuerdo con el estudio citado, un gramo de cocaína (procedente de Colombia), vendido al menudeo en Estados Unidos, puede generar utilidades hasta de 93 dólares. Si así fuera, resultaría que los narcos mexicanos estarían participando de un negocio que equivaldría, aproximadamente, a poco más de 9 mil 500 millones de dólares al año, cifra que coincidentemente empata con los $10 mil millones de dólares estimados por el gobierno en el lavado de dinero en nuestro país.
Años después, en 2007, la oficina de la DEA en El Paso aseguró que el narcotráfico de drogas en México generaba alrededor de 12 mil millones de dólares anuales, equivalentes a 156 mil millones de pesos.
De ese tamaño es el problema al que ahora se pretende enfrentar con más policías, más pistolas y más patrullas, mientras los circuitos financieros del crimen organizado permanecen prácticamente intactos y la demanda, así como la oferta de estupefacientes, permanecen en los mismos niveles de los años anteriores. Sí, porque, de acuerdo con todas las estimaciones oficiales norteamericanas, el número de consumidores allá no disminuye y la producción de hoja de coca en Colombia ha pasado de 4.7 toneladas por hectárea a 7.3. (Según la misma obra de Castañeda y Aguilar).
Así, pueden las autoridades pasarse toda la vida (ni modo, así decía mi abuelita) presentándonos todos los días a un nuevo grupo de presuntos multisicarios que nada pasará mientras las redes, circuitos y estructura financiera del crimen organizado no sean destruidos y en tanto seguirán apoderándose de cada vez mayores porciones de la sociedad, hasta llegar, como ya sucede en varias regiones, a gobernar abiertamente, o por lo menos, marcarle el ritmo a la vida de numerosas poblaciones o influir poderosamente en la economía de otras… y si una fuerza tiene la hegemonía económica, ya lo sabemos, hasta mi abuelita lo sabía, no hay poder que se le enfrente ¿Será ese el caso?
jueves, 3 de diciembre de 2009
Ominoso, quieren la reelección
El Diario, 3 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Como si los tiempos –y sobre todo la actuación de la clase política en general- fueran los mejores, Felipe Calderón anunció que propondrá –no dijo cuándo, ni de dónde parte tan popular propuesta- la reelección (inmediata) de los alcaldes y diputados.
Al hacerlo replicó los argumentos esgrimidos por los dirigentes de prácticamente todos los partidos y de algunas organizaciones afines, sobre todo al PAN, como la Coparmex, consistentes en que la reelección es el principal mecanismo de evaluación de los funcionarios públicos. Si su gestión es buena, dicen, entonces los ciudadanos los premiarían reeligiéndolos, de lo contrario, sostienen, le darían el triunfo a otro candidato.
Tal propuesta, acariciada casi exclusivamente por la clase política, no toma en cuenta un hecho cardinal: Los ingresos de los funcionarios públicos mexicanos se ubican entre los más altos del planeta.
Y no sólo.
¿Se podrían imaginar al cúmulo de legisladores y alcaldes buscando la reelección, casi dueños de los presupuestos públicos puestos a su ejercicio por la sociedad?
No debemos ir muy lejos para encontrar los argumentos necesarios para oponerse a tan cínica propuesta.
Días atrás, el diputado perredista Víctor Quintana nos recordó, actualizados, algunos de los salarios de los alcaldes chihuahuenses de los municipios con menos población y, por tanto, con menores presupuestos. Son de verdadero escándalo y mueven a la indignación.
Y de ejemplos de alcaldes en busca de la reelección, o de buscar otro puesto de elección popular al amparo del presupuesto del que tiene bajo encomienda de la sociedad, ahí está el alcalde de la capital, el panista Carlos Borruel, quien inmerso en su propósito de alcanzar la candidatura al Gobierno del Estado despliega una intensa actividad fuera de su municipio y todavía le alcanza el tiempo para descalificar a sus opositores solo porque éstos, los priistas, le recriminan estar haciendo actividades proselitistas y se da el lujo de argumentar que la propaganda en su favor está ubicada en la libertad de expresión.
Sí, porque en días pasados aparecieron algunos anuncios de los denominados “espectaculares” en los que claramente se le trataba de publicitar como candidato a la gubernatura.
Pues ahora resulta que Borruel le pide a los priístas respeten la libertad de expresión (desplegada mediante) los espectaculares.
“Invitaría al PRI para que en los hechos demostremos los compromisos con la libertad de expresión, que respetemos el trabajo de los medios de comunicación que es un derecho inalienable”, dijo, sin parar mientes en que los aspirantes a algún puesto de elección popular, por ese pequeño detalle deberán aceptar que su libertad de expresión se acota para dar pie a otro derecho, de carácter social, colectivo y por tanto, superior al individual, que es el de otorgarle a las contiendas electorales la equidad necesaria para que los electores puedan elegir al candidato de sus simpatías sin ninguna coerción, de ningún tipo.
El argumento utilizado por Borruel es el mismo que los organismos empresariales utilizaron en 2006 para lanzar una terrible campaña mediática en contra de López Obrador, en una clarísima trasgresión a las normas electorales de entonces (sancionada muchos meses después por el Tribunal Electoral de la Federación como ilegal) y a las vigentes ahora.
Y este es sólo un ejemplo ¿Se imaginan a la multitud de alcaldes, de todo el país, en busca de la reelección, con los milenarios recursos municipales a su disposición, sin el menor recato, ni respeto a la legalidad vigente, tal y como ahora lo demuestran quienes buscan el siguiente peldaño del poder?
Además, por si fuera poco, los alcaldes arguyen la “autonomía” del municipio para fijarse los salarios de escándalo (y hasta hace poco, ojalá sea cierto hayan desaparecido, también los de sus respectivas cónyuges) en montos que ya los quisieran los gobernantes de los países petroleros.
Y se quieren reelegir. Medida como esa podría ser bien vista si la sociedad viera que, de veras, están dispuestos a vivir con la discreta “medianía” que Juárez ejemplificó vivamente.
Luis Javier Valero Flores
Como si los tiempos –y sobre todo la actuación de la clase política en general- fueran los mejores, Felipe Calderón anunció que propondrá –no dijo cuándo, ni de dónde parte tan popular propuesta- la reelección (inmediata) de los alcaldes y diputados.
Al hacerlo replicó los argumentos esgrimidos por los dirigentes de prácticamente todos los partidos y de algunas organizaciones afines, sobre todo al PAN, como la Coparmex, consistentes en que la reelección es el principal mecanismo de evaluación de los funcionarios públicos. Si su gestión es buena, dicen, entonces los ciudadanos los premiarían reeligiéndolos, de lo contrario, sostienen, le darían el triunfo a otro candidato.
Tal propuesta, acariciada casi exclusivamente por la clase política, no toma en cuenta un hecho cardinal: Los ingresos de los funcionarios públicos mexicanos se ubican entre los más altos del planeta.
Y no sólo.
¿Se podrían imaginar al cúmulo de legisladores y alcaldes buscando la reelección, casi dueños de los presupuestos públicos puestos a su ejercicio por la sociedad?
No debemos ir muy lejos para encontrar los argumentos necesarios para oponerse a tan cínica propuesta.
Días atrás, el diputado perredista Víctor Quintana nos recordó, actualizados, algunos de los salarios de los alcaldes chihuahuenses de los municipios con menos población y, por tanto, con menores presupuestos. Son de verdadero escándalo y mueven a la indignación.
Y de ejemplos de alcaldes en busca de la reelección, o de buscar otro puesto de elección popular al amparo del presupuesto del que tiene bajo encomienda de la sociedad, ahí está el alcalde de la capital, el panista Carlos Borruel, quien inmerso en su propósito de alcanzar la candidatura al Gobierno del Estado despliega una intensa actividad fuera de su municipio y todavía le alcanza el tiempo para descalificar a sus opositores solo porque éstos, los priistas, le recriminan estar haciendo actividades proselitistas y se da el lujo de argumentar que la propaganda en su favor está ubicada en la libertad de expresión.
Sí, porque en días pasados aparecieron algunos anuncios de los denominados “espectaculares” en los que claramente se le trataba de publicitar como candidato a la gubernatura.
Pues ahora resulta que Borruel le pide a los priístas respeten la libertad de expresión (desplegada mediante) los espectaculares.
“Invitaría al PRI para que en los hechos demostremos los compromisos con la libertad de expresión, que respetemos el trabajo de los medios de comunicación que es un derecho inalienable”, dijo, sin parar mientes en que los aspirantes a algún puesto de elección popular, por ese pequeño detalle deberán aceptar que su libertad de expresión se acota para dar pie a otro derecho, de carácter social, colectivo y por tanto, superior al individual, que es el de otorgarle a las contiendas electorales la equidad necesaria para que los electores puedan elegir al candidato de sus simpatías sin ninguna coerción, de ningún tipo.
El argumento utilizado por Borruel es el mismo que los organismos empresariales utilizaron en 2006 para lanzar una terrible campaña mediática en contra de López Obrador, en una clarísima trasgresión a las normas electorales de entonces (sancionada muchos meses después por el Tribunal Electoral de la Federación como ilegal) y a las vigentes ahora.
Y este es sólo un ejemplo ¿Se imaginan a la multitud de alcaldes, de todo el país, en busca de la reelección, con los milenarios recursos municipales a su disposición, sin el menor recato, ni respeto a la legalidad vigente, tal y como ahora lo demuestran quienes buscan el siguiente peldaño del poder?
Además, por si fuera poco, los alcaldes arguyen la “autonomía” del municipio para fijarse los salarios de escándalo (y hasta hace poco, ojalá sea cierto hayan desaparecido, también los de sus respectivas cónyuges) en montos que ya los quisieran los gobernantes de los países petroleros.
Y se quieren reelegir. Medida como esa podría ser bien vista si la sociedad viera que, de veras, están dispuestos a vivir con la discreta “medianía” que Juárez ejemplificó vivamente.
martes, 1 de diciembre de 2009
"No se nos fue de las manos"
El Diario, 1 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Terco, a pesar de las innumerables evidencias en sentido contrario, Felipe Calderón insiste en presentar a su administración como exitosa o, en el peor de los casos, ante la gravedad de la situación, como la que tomó las medidas más adecuadas.
Al celebrar el tercer año de su administración, ese fue el hilo central de su discurso. Pese a la caída de nueve puntos en la economía, aseguró que el país “no se nos fue de las manos”. Y para demostrarlo, como si tal cosa necesitáramos los mexicanos, anunció que pugnará por “la reelección de legisladores”.
Aún cuando durante su administración el número de pobres se incrementó en seis millones de pobres más, insistente en el tono y carácter de sus discursos de los últimos meses, regañón, dictador de normas morales y hasta señalamientos sobre lo que considera equivocado de la actual legislación, Calderón se atrevió a afirmar que aún impera “el cálculo político, el dogma partidario” (Híjole), y como si fuera la razón de la errática forma de gobernar y de la profundidad de la crisis, así como de las erróneas medidas para combatirla, aseveró que “mientras nos perdamos una y otra vez en debates estériles, en críticas sin propuestas serias, en prejuicios, en tabúes, otros países nos seguirán rebasando”. ¿Será?
¿Qué tiene que ver la discusión, estéril o no (y además ¿Quién la califica?) con el paquetazo propuesto por Calderón, pletórico de medidas contrarias a la resolución de la crisis, tan malo que hasta un Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, se lo señaló?
No son las mismas frases, pero el contenido es el mismo. Conforme pasan los días, Calderón se parece cada vez más al Fox de la frase ¿Y yo por qué?
Todos los demás tienen la culpa de lo ahora acontecido en el país. Si es el narcotráfico, los culpables son los 70 años de gobiernos priistas; si se trata de la economía, “la crisis nos llegó de fuera”, repiten los funcionarios y los spots del gobierno federal; ahora son las discusiones “estériles” las culpables de que nos rebasen por la derecha, por la izquierda, por donde sea, otros países, en esa concepción economicista de estar, siempre, compitiendo con otras naciones.
Y si se trata de que no existe rendición de cuentas (de los funcionarios gubernamentales), es porque no existe la reelección (inmediata) de alcaldes y diputados ¡Valiente forma de pensar, todos son los responsables menos quien tiene en sus manos la conducción del país, ganada tan de mala y cuestionada manera!
Para ilustrar el tremendo fracaso de las dos administraciones federales panistas, ahí están los más de 30 mil millones de dólares salidos del país en los tres años del actual gobierno, que acumulados a los egresados en el gobierno de Fox, hacen la increíble suma de más de 50 mmdd. ¡Vaya país en el que los gobiernos impulsores del “bien común”, éste sólo existe para los archimillonarios!
Y en lo político también hace agua por todos lados. A la desaseada manera de designar dirigentes partidarios y candidatos, ahora, un grupo de senadores blanquiazules lo acusa de querer imponer a la presidencia, a la vieja usanza del priismo. Le pidieron que se dedique a gobernar y no quiera imponer candidato: “El dedazo o la regla sucesoria del viejo régimen ya no tienen cabida en las condiciones del país”. Más, le advirtieron que “imponer un sucesor no sólo no le toca, sino que no podrá”.
A tales voces críticas –en la forma de actuar desde el gobierno- se sumó la de la senadora Teresa Ortuño quien, lanzando sus dardos acusadores más bien al entorno local, en su informe acusó a algunos panistas en el poder de olvidar los principios de su partido. El boletín enviado a la prensa por su equipo, así lo refiere: “Al referirse al proceso electoral del 2010, (Teresa Ortuño) advirtió que los electores no distinguen entre los políticos panistas y los adversarios porque los nuestros aprendieron muy pronto sus malas prácticas”.
¡Y eso que el país no se les ha ido de las manos! La catástrofe, que nos advirtieron los empresarios impulsores de la candidatura de Calderón llegaría de ganar López Obrador, nos cayó, pero porque su candidato fue quien ostenta la banda presidencial.
Luis Javier Valero Flores
Terco, a pesar de las innumerables evidencias en sentido contrario, Felipe Calderón insiste en presentar a su administración como exitosa o, en el peor de los casos, ante la gravedad de la situación, como la que tomó las medidas más adecuadas.
Al celebrar el tercer año de su administración, ese fue el hilo central de su discurso. Pese a la caída de nueve puntos en la economía, aseguró que el país “no se nos fue de las manos”. Y para demostrarlo, como si tal cosa necesitáramos los mexicanos, anunció que pugnará por “la reelección de legisladores”.
Aún cuando durante su administración el número de pobres se incrementó en seis millones de pobres más, insistente en el tono y carácter de sus discursos de los últimos meses, regañón, dictador de normas morales y hasta señalamientos sobre lo que considera equivocado de la actual legislación, Calderón se atrevió a afirmar que aún impera “el cálculo político, el dogma partidario” (Híjole), y como si fuera la razón de la errática forma de gobernar y de la profundidad de la crisis, así como de las erróneas medidas para combatirla, aseveró que “mientras nos perdamos una y otra vez en debates estériles, en críticas sin propuestas serias, en prejuicios, en tabúes, otros países nos seguirán rebasando”. ¿Será?
¿Qué tiene que ver la discusión, estéril o no (y además ¿Quién la califica?) con el paquetazo propuesto por Calderón, pletórico de medidas contrarias a la resolución de la crisis, tan malo que hasta un Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, se lo señaló?
No son las mismas frases, pero el contenido es el mismo. Conforme pasan los días, Calderón se parece cada vez más al Fox de la frase ¿Y yo por qué?
Todos los demás tienen la culpa de lo ahora acontecido en el país. Si es el narcotráfico, los culpables son los 70 años de gobiernos priistas; si se trata de la economía, “la crisis nos llegó de fuera”, repiten los funcionarios y los spots del gobierno federal; ahora son las discusiones “estériles” las culpables de que nos rebasen por la derecha, por la izquierda, por donde sea, otros países, en esa concepción economicista de estar, siempre, compitiendo con otras naciones.
Y si se trata de que no existe rendición de cuentas (de los funcionarios gubernamentales), es porque no existe la reelección (inmediata) de alcaldes y diputados ¡Valiente forma de pensar, todos son los responsables menos quien tiene en sus manos la conducción del país, ganada tan de mala y cuestionada manera!
Para ilustrar el tremendo fracaso de las dos administraciones federales panistas, ahí están los más de 30 mil millones de dólares salidos del país en los tres años del actual gobierno, que acumulados a los egresados en el gobierno de Fox, hacen la increíble suma de más de 50 mmdd. ¡Vaya país en el que los gobiernos impulsores del “bien común”, éste sólo existe para los archimillonarios!
Y en lo político también hace agua por todos lados. A la desaseada manera de designar dirigentes partidarios y candidatos, ahora, un grupo de senadores blanquiazules lo acusa de querer imponer a la presidencia, a la vieja usanza del priismo. Le pidieron que se dedique a gobernar y no quiera imponer candidato: “El dedazo o la regla sucesoria del viejo régimen ya no tienen cabida en las condiciones del país”. Más, le advirtieron que “imponer un sucesor no sólo no le toca, sino que no podrá”.
A tales voces críticas –en la forma de actuar desde el gobierno- se sumó la de la senadora Teresa Ortuño quien, lanzando sus dardos acusadores más bien al entorno local, en su informe acusó a algunos panistas en el poder de olvidar los principios de su partido. El boletín enviado a la prensa por su equipo, así lo refiere: “Al referirse al proceso electoral del 2010, (Teresa Ortuño) advirtió que los electores no distinguen entre los políticos panistas y los adversarios porque los nuestros aprendieron muy pronto sus malas prácticas”.
¡Y eso que el país no se les ha ido de las manos! La catástrofe, que nos advirtieron los empresarios impulsores de la candidatura de Calderón llegaría de ganar López Obrador, nos cayó, pero porque su candidato fue quien ostenta la banda presidencial.
domingo, 29 de noviembre de 2009
¿Candidato de unidad en el PRI?
El Diario, 29 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Ayer, al aprobar el Consejo Político Estatal del PRI elegir a su candidato al Gobierno del Estado por medio de una convención de delegados, probablemente ya se resolvió quien será el ungido. Si tal aserto fuera certero, seguramente César Duarte podría amanecerse con la certidumbre de que “el voto secreto” ya lo benefició. Por supuesto, hacer tal pronóstico resulta aventurado, pero a la luz de los antecedentes, del comportamiento de los aspirantes y de la tendencia general mostrada por los integrantes del máximo órgano de dirección priista en la entidad, ese podría ser resultado del cónclave del PRI.
Excesivamente preocupados por el mantenimiento de la unidad, por lo menos en el discurso, los priistas que hicieron uso de la palabra para proponer las asambleas de delegados esgrimieron como principal, y en ocasiones único argumento, el de mantener la unidad, hasta llegar el extremo, en el colmo de la subordinación política, de la frase usada por Oviedo Baca –el dirigente juvenil- de que sin unidad “el método sale sobrando”, o el de la delegada del Comité Nacional, Adela Cerezo, quien expresó que “un partido dividido no puede ser opción de gobierno”.
Pero tales preparativos y pronunciamientos podría salir sobrando si hacemos caso a la primera determinación aprobada por el Consejo priista: La de facultar a la dirigencia estatal a celebrar las alianzas electorales con los partidos que así acuerden.
De celebrarse tal eventualidad, entonces la designación ni siquiera pasaría por las asambleas de delegados sino que sería tomada por la dirigencia del PRI y adiós a todas las elucubraciones acerca de los márgenes de vida democrática en ese partido, que sigue mostrando, casi una década después de haber perdido la presidencia de la república, intactos los mecanismos de actuación de los órganos dirigentes y de funcionamiento de sus militantes: Todo debe arreglarse entre los de arriba y nosotros nomás acatamos.
Ahora, en la decisión del Consejo priista, el perdedor, aparentemente, es el ex secretario de Fomento Social, el también deliciense Oscar Villalobos, quien después de transitar durante la primera mitad del actual gobierno en la Secretaría de Desarrollo Municipal, es el único (bueno, fuera de Fernando Rodríguez Moreno) que participó activamente en la construcción de la candidatura de Reyes Baeza y se pronunció públicamente por la elección directa.
Ex integrante del grupo de Artemio Iglesias, fue elemento destacadísimo en la construcción de la candidatura de Reyes Baeza pues lideró a quienes se identificaban aún como parte de ese grupo, marginados del gobierno, de las candidaturas y de la dirigencia partidaria.
A diferencia de seis años atrás, ninguno de los ahora pretendientes al cargo puede ser señalado como el favorecido por el mandatario, a ninguno le podemos colgar la etiqueta de ser el favorito y, fuera de Fernando Rodríguez Moreno, el líder de los diputados locales, a ninguno se le puede considerar como miembro del grupo de Reyes Baeza.
Así, por tercera ocasión consecutiva, el gobernante chihuahuense deberá enfrentar el hecho de que el candidato de su partido no era el candidato deseado inicialmente por él, ni, además, que perteneciera a su grupo.
Así ahora, si bien todos los precandidatos (y tienen esa categoría independientemente de lo que diga el IEE y los tiempos legales de las precampañas) le guardan muy altas consideraciones a Reyes Baeza, la mayoría no se encuadran en el grupo de mayor confianza del deliciense.
Digámoslo claramente, la verdadera contienda política es entre tres, Héctor Murguía, César Duarte y Oscar Villalobos. El ex alcalde capitalino, Alejandro Cano, el actual de Juárez, Reyes Ferriz, y Fernando Rodríguez Moreno no son considerados por infinidad de priistas con los cuales el escribiente ha conversado como verdaderos candidatos, se les ubica, más bien, como elementos de disuasión y de atemperamiento de la confrontación que pudiera suscitarse entre los que sí han dicho, expresamente, buscar la gubernatura.
De todos ellos al que podría considerársele como el más alejado de Reyes Baeza sería al ex alcalde juarense, Héctor Murguía, pero de ninguna manera se le puede ubicar como adversario o disidente, al contrario, por lo menos públicamente, Reyes Baeza desplegó una intensísima actividad y fue factor esencial para elevar astronómicamente la inversión del gobierno estatal en la construcción de obra pública en Juárez mientras Murguía fue alcalde.
Y todos, eso sí, no podrán alegar haber sido obstaculizados por el mandatario, al contrario, a su sombra obtuvieron las últimas posiciones de poder, las mismas que les permitieron llegar hasta donde están el día de hoy, como aspirantes a sucederlo.
Pero seguramente Oscar Villalobos es quién podrá argumentar mayores méritos para hacerlo pues sus esfuerzos y sus capacidades organizativas le sirvieron a Reyes para llegar a Palacio de Gobierno, pero no se podrá quejar, luego del paso de Carlos Carrera por la más rimbombante de las secretarías, la que da lustre político-electoral, la de Fomento Social, Villalobos fue enviado allá a fin de que en el proceso construyese su candidatura; sin embargo, el síndrome de los familiares en las candidaturas hizo mella en la de Villalobos (por lo menos para el escribiente y decenas de priistas que, casi uniformemente, repetían -¿Otro de Delicias y, además, familiar? ¡No!-) y poco a poco le hizo perder “puntos” en la percepción popular y priista.
Otra es la trayectoria de los últimos años de César Duarte. Identificado plenamente con Patricio Martínez (siendo cierto o no, así se le percibía) gracias a las negociaciones de último momento de Heladio Ramírez, líder nacional de la CNC, para las elecciones del 2000, logró ubicarlo en el lugar 16 de la lista plurinominal del PRI, parecía destinado a sólo ocupar un lugar en ella, pero la catástrofe electoral de su partido le permitió acceder a la Cámara de Diputados, primero, y en 2004, al Congreso del Estado. En 2006, nuevamente a la primera, en la cual, en el último año, alcanzó la presidencia de la misma gracias a sus relaciones políticas personales y a la llegada, a la presidencia partidista, de Beatriz Paredes, ex lideresa de la CNC.
Ducho en la construcción de redes y relaciones políticas, Duarte fue uno de los más fuertes defensores del desaparecido líder campesino del noroeste Armando Villarreal y construyó una excelente relación con el grupo gobernante, reforzada por la siempre labor política de Mario Tarango, líder de los diputados locales en la primera mitad del sexenio de Reyes Baeza cuando coincidieron ahí.
Pareciera tener todo en la mano, salvo lo que pudiera efectuar el otro más fuerte de los aspirantes, Héctor Murguía. Sabedor de su enorme carisma con los sectores populares de la frontera, gracias a lo cual fue capaz de recuperar para el PRI la mayor ciudad chihuahuense, durante los años previos fue construyendo una red de apoyos en el resto de la entidad, hasta concitar la simpatía de la mayoría de los diputados locales y la de algunos integrantes del gabinete estatal; siempre trató de no aparecer como adversario o distinto a quienes gobiernan hoy Chihuahua, de quienes recibió un trato privilegiado en el cuidado de la revisión de las cuentas públicas de Juárez durante su mandato.
Jamás se le señaló deficiencia alguna por el Congreso del Estado, mucho menos alguna pequeña desviación, salvo el caso de la primer licitación del Camino Real, la vialidad, a la postre, más importante construida durante su gobierno. Salvo las denuncias de la oposición panista y de algunas organizaciones de la sociedad civil juarense, nada enturbió su mandato. Sólo hasta la llegada de Reyes Ferriz a la alcaldía, en 2007, se tuvo pleno conocimiento de algunas irregularidades cometidas en aquel trienio. Las deudas a los proveedores del municipio y la inutilidad del Camino Real, así como el generalizado rechazo a la construcción de la ciudad Vallina y las innumerables y millonarias canonjías concedidas a su propietario, fueron superadas por el escándalo desatado con motivo de la detención de Saulo Reyes, su último director de Seguridad Pública, por la policía norteamericana, cuando intentaba negociar la venta de un cargamento de mariguana.
Una cosa no podrá negar Murguía, (y seguramente se puede convertir, a la postre, en uno de los principales argumentos para no quedarse con la candidatura), su estrecha relación con el detenido en El Paso, desde los tiempos de la campaña electoral del 2004, pues Saulo Reyes fue uno de sus financieros. Al asumir la alcaldía, las empresas de éste fueron ampliamente beneficiadas por la administración municipal.
Mucho se ha insistido, y más a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la gubernatura del Estado de México, de la estrecha cercanía de Murguía con el poderoso grupo Atlacomulco al cual pertenece el publicitado aspirante presidencial. Por supuesto que no se puede soslayar tan importante vinculación, seguramente cierta pues aún se recuerda cuando en diciembre de 2004 la alcaldía juarense, dirigida por Murguía, permitió que la policía mexiquense escoltara a los paisanos originarios de aquella entidad, además de que por lo menos dos de los secretarios de seguridad pública de su administración -Marco Antonio Torres y Refugio Ruvalcaba- fueron cobijados por el gobierno mexiquense.
Sin embargo, se antoja difícil que un grupo, como el mexiquense se arriesgara a oponerse a la decisión –compartida- del gobernador de un estado y de la dirigente nacional priista para tratar de imponer al candidato de sus preferencias. Más aún, por si se olvidara, el chihuahuense más cercano al mencionado grupo es el actual senador Fernando Baeza.
El principal capital ostentado por Murguía para sustentar su candidatura era que en Juárez se podría alcanzar un triunfo inobjetable, tan contundente, que permitiría compensar las previsibles bajas votaciones en el resto de las principales ciudades de la entidad; sin embargo, los resultados de las elecciones federales de este año, en las que, en la práctica el PRI obtuvo la misma cantidad de votos en la capital que en Juárez, hizo añicos el argumento del juarense.
Pero no todo está resuelto. De acuerdo con todas las encuestas, las que hicieron públicos sus resultados, Murguía está adelante en las preferencias electorales.
Se podrán desestimar a la mayoría, pero el resultado de la efectuada por Mitofsky es un golpe político a las aspiraciones de Duarte, el cual sólo podría ser neutralizado si otros trabajos demoscópicos demostrasen que alguno de los factores negativos expuestos por la encuesta atribuida a la empresa Consultores y Marketing Político de Gisela Rubach –la elevada posibilidad de que el factor de rechazo a Murguía creciera tanto que neutralizara el diferencial a su favor- y entonces permitirle, como se aprecia, a la dirigencia partidista (la verdadera, la que tomará la decisión de ungir a alguien como el candidato de unidad en la convención de delegados) tomar la decisión más importante del gobierno de Reyes Baeza y favorecer al parralense.
Luis Javier Valero Flores
Ayer, al aprobar el Consejo Político Estatal del PRI elegir a su candidato al Gobierno del Estado por medio de una convención de delegados, probablemente ya se resolvió quien será el ungido. Si tal aserto fuera certero, seguramente César Duarte podría amanecerse con la certidumbre de que “el voto secreto” ya lo benefició. Por supuesto, hacer tal pronóstico resulta aventurado, pero a la luz de los antecedentes, del comportamiento de los aspirantes y de la tendencia general mostrada por los integrantes del máximo órgano de dirección priista en la entidad, ese podría ser resultado del cónclave del PRI.
Excesivamente preocupados por el mantenimiento de la unidad, por lo menos en el discurso, los priistas que hicieron uso de la palabra para proponer las asambleas de delegados esgrimieron como principal, y en ocasiones único argumento, el de mantener la unidad, hasta llegar el extremo, en el colmo de la subordinación política, de la frase usada por Oviedo Baca –el dirigente juvenil- de que sin unidad “el método sale sobrando”, o el de la delegada del Comité Nacional, Adela Cerezo, quien expresó que “un partido dividido no puede ser opción de gobierno”.
Pero tales preparativos y pronunciamientos podría salir sobrando si hacemos caso a la primera determinación aprobada por el Consejo priista: La de facultar a la dirigencia estatal a celebrar las alianzas electorales con los partidos que así acuerden.
De celebrarse tal eventualidad, entonces la designación ni siquiera pasaría por las asambleas de delegados sino que sería tomada por la dirigencia del PRI y adiós a todas las elucubraciones acerca de los márgenes de vida democrática en ese partido, que sigue mostrando, casi una década después de haber perdido la presidencia de la república, intactos los mecanismos de actuación de los órganos dirigentes y de funcionamiento de sus militantes: Todo debe arreglarse entre los de arriba y nosotros nomás acatamos.
Ahora, en la decisión del Consejo priista, el perdedor, aparentemente, es el ex secretario de Fomento Social, el también deliciense Oscar Villalobos, quien después de transitar durante la primera mitad del actual gobierno en la Secretaría de Desarrollo Municipal, es el único (bueno, fuera de Fernando Rodríguez Moreno) que participó activamente en la construcción de la candidatura de Reyes Baeza y se pronunció públicamente por la elección directa.
Ex integrante del grupo de Artemio Iglesias, fue elemento destacadísimo en la construcción de la candidatura de Reyes Baeza pues lideró a quienes se identificaban aún como parte de ese grupo, marginados del gobierno, de las candidaturas y de la dirigencia partidaria.
A diferencia de seis años atrás, ninguno de los ahora pretendientes al cargo puede ser señalado como el favorecido por el mandatario, a ninguno le podemos colgar la etiqueta de ser el favorito y, fuera de Fernando Rodríguez Moreno, el líder de los diputados locales, a ninguno se le puede considerar como miembro del grupo de Reyes Baeza.
Así, por tercera ocasión consecutiva, el gobernante chihuahuense deberá enfrentar el hecho de que el candidato de su partido no era el candidato deseado inicialmente por él, ni, además, que perteneciera a su grupo.
Así ahora, si bien todos los precandidatos (y tienen esa categoría independientemente de lo que diga el IEE y los tiempos legales de las precampañas) le guardan muy altas consideraciones a Reyes Baeza, la mayoría no se encuadran en el grupo de mayor confianza del deliciense.
Digámoslo claramente, la verdadera contienda política es entre tres, Héctor Murguía, César Duarte y Oscar Villalobos. El ex alcalde capitalino, Alejandro Cano, el actual de Juárez, Reyes Ferriz, y Fernando Rodríguez Moreno no son considerados por infinidad de priistas con los cuales el escribiente ha conversado como verdaderos candidatos, se les ubica, más bien, como elementos de disuasión y de atemperamiento de la confrontación que pudiera suscitarse entre los que sí han dicho, expresamente, buscar la gubernatura.
De todos ellos al que podría considerársele como el más alejado de Reyes Baeza sería al ex alcalde juarense, Héctor Murguía, pero de ninguna manera se le puede ubicar como adversario o disidente, al contrario, por lo menos públicamente, Reyes Baeza desplegó una intensísima actividad y fue factor esencial para elevar astronómicamente la inversión del gobierno estatal en la construcción de obra pública en Juárez mientras Murguía fue alcalde.
Y todos, eso sí, no podrán alegar haber sido obstaculizados por el mandatario, al contrario, a su sombra obtuvieron las últimas posiciones de poder, las mismas que les permitieron llegar hasta donde están el día de hoy, como aspirantes a sucederlo.
Pero seguramente Oscar Villalobos es quién podrá argumentar mayores méritos para hacerlo pues sus esfuerzos y sus capacidades organizativas le sirvieron a Reyes para llegar a Palacio de Gobierno, pero no se podrá quejar, luego del paso de Carlos Carrera por la más rimbombante de las secretarías, la que da lustre político-electoral, la de Fomento Social, Villalobos fue enviado allá a fin de que en el proceso construyese su candidatura; sin embargo, el síndrome de los familiares en las candidaturas hizo mella en la de Villalobos (por lo menos para el escribiente y decenas de priistas que, casi uniformemente, repetían -¿Otro de Delicias y, además, familiar? ¡No!-) y poco a poco le hizo perder “puntos” en la percepción popular y priista.
Otra es la trayectoria de los últimos años de César Duarte. Identificado plenamente con Patricio Martínez (siendo cierto o no, así se le percibía) gracias a las negociaciones de último momento de Heladio Ramírez, líder nacional de la CNC, para las elecciones del 2000, logró ubicarlo en el lugar 16 de la lista plurinominal del PRI, parecía destinado a sólo ocupar un lugar en ella, pero la catástrofe electoral de su partido le permitió acceder a la Cámara de Diputados, primero, y en 2004, al Congreso del Estado. En 2006, nuevamente a la primera, en la cual, en el último año, alcanzó la presidencia de la misma gracias a sus relaciones políticas personales y a la llegada, a la presidencia partidista, de Beatriz Paredes, ex lideresa de la CNC.
Ducho en la construcción de redes y relaciones políticas, Duarte fue uno de los más fuertes defensores del desaparecido líder campesino del noroeste Armando Villarreal y construyó una excelente relación con el grupo gobernante, reforzada por la siempre labor política de Mario Tarango, líder de los diputados locales en la primera mitad del sexenio de Reyes Baeza cuando coincidieron ahí.
Pareciera tener todo en la mano, salvo lo que pudiera efectuar el otro más fuerte de los aspirantes, Héctor Murguía. Sabedor de su enorme carisma con los sectores populares de la frontera, gracias a lo cual fue capaz de recuperar para el PRI la mayor ciudad chihuahuense, durante los años previos fue construyendo una red de apoyos en el resto de la entidad, hasta concitar la simpatía de la mayoría de los diputados locales y la de algunos integrantes del gabinete estatal; siempre trató de no aparecer como adversario o distinto a quienes gobiernan hoy Chihuahua, de quienes recibió un trato privilegiado en el cuidado de la revisión de las cuentas públicas de Juárez durante su mandato.
Jamás se le señaló deficiencia alguna por el Congreso del Estado, mucho menos alguna pequeña desviación, salvo el caso de la primer licitación del Camino Real, la vialidad, a la postre, más importante construida durante su gobierno. Salvo las denuncias de la oposición panista y de algunas organizaciones de la sociedad civil juarense, nada enturbió su mandato. Sólo hasta la llegada de Reyes Ferriz a la alcaldía, en 2007, se tuvo pleno conocimiento de algunas irregularidades cometidas en aquel trienio. Las deudas a los proveedores del municipio y la inutilidad del Camino Real, así como el generalizado rechazo a la construcción de la ciudad Vallina y las innumerables y millonarias canonjías concedidas a su propietario, fueron superadas por el escándalo desatado con motivo de la detención de Saulo Reyes, su último director de Seguridad Pública, por la policía norteamericana, cuando intentaba negociar la venta de un cargamento de mariguana.
Una cosa no podrá negar Murguía, (y seguramente se puede convertir, a la postre, en uno de los principales argumentos para no quedarse con la candidatura), su estrecha relación con el detenido en El Paso, desde los tiempos de la campaña electoral del 2004, pues Saulo Reyes fue uno de sus financieros. Al asumir la alcaldía, las empresas de éste fueron ampliamente beneficiadas por la administración municipal.
Mucho se ha insistido, y más a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la gubernatura del Estado de México, de la estrecha cercanía de Murguía con el poderoso grupo Atlacomulco al cual pertenece el publicitado aspirante presidencial. Por supuesto que no se puede soslayar tan importante vinculación, seguramente cierta pues aún se recuerda cuando en diciembre de 2004 la alcaldía juarense, dirigida por Murguía, permitió que la policía mexiquense escoltara a los paisanos originarios de aquella entidad, además de que por lo menos dos de los secretarios de seguridad pública de su administración -Marco Antonio Torres y Refugio Ruvalcaba- fueron cobijados por el gobierno mexiquense.
Sin embargo, se antoja difícil que un grupo, como el mexiquense se arriesgara a oponerse a la decisión –compartida- del gobernador de un estado y de la dirigente nacional priista para tratar de imponer al candidato de sus preferencias. Más aún, por si se olvidara, el chihuahuense más cercano al mencionado grupo es el actual senador Fernando Baeza.
El principal capital ostentado por Murguía para sustentar su candidatura era que en Juárez se podría alcanzar un triunfo inobjetable, tan contundente, que permitiría compensar las previsibles bajas votaciones en el resto de las principales ciudades de la entidad; sin embargo, los resultados de las elecciones federales de este año, en las que, en la práctica el PRI obtuvo la misma cantidad de votos en la capital que en Juárez, hizo añicos el argumento del juarense.
Pero no todo está resuelto. De acuerdo con todas las encuestas, las que hicieron públicos sus resultados, Murguía está adelante en las preferencias electorales.
Se podrán desestimar a la mayoría, pero el resultado de la efectuada por Mitofsky es un golpe político a las aspiraciones de Duarte, el cual sólo podría ser neutralizado si otros trabajos demoscópicos demostrasen que alguno de los factores negativos expuestos por la encuesta atribuida a la empresa Consultores y Marketing Político de Gisela Rubach –la elevada posibilidad de que el factor de rechazo a Murguía creciera tanto que neutralizara el diferencial a su favor- y entonces permitirle, como se aprecia, a la dirigencia partidista (la verdadera, la que tomará la decisión de ungir a alguien como el candidato de unidad en la convención de delegados) tomar la decisión más importante del gobierno de Reyes Baeza y favorecer al parralense.
jueves, 26 de noviembre de 2009
Angustias
El Diario, 26 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Conforme se acercan los días en los que habrán de definirse métodos y aspirantes de los dos principales partidos para la elección de sus respectivos candidatos al Gobierno del Estado, se aprecian los estados de verdadera angustia de algunos de ellos y/o de sus equipos. El problema con ello es que se acercan, peligrosamente, a los límites de la violación al actual marco legal electoral.
El más notorio de todos los que públicamente aparecen como presuntos aspirantes a las candidaturas es el alcalde de la capital, el panista Carlos Borruel Baquera, a quien, por puritita casualidad, manos desconocidas (y seguramente ajenas al edil -¡ay, sí, cómo no!) ordenaron colocar varios espectaculares en la ciudad de Chihuahua con la portada de una revista en la que, dice tal medio, ya “están listos los candidatos al gobierno del Estado de Chihuahua” y establece que por el PAN es Carlos Borruel, cuya imagen –por puritita casualidad, también- ocupa la mitad de la portada. En el lugar que debiera ocupar el candidato del PRI se presenta una interrogación.
No es el único caso, la ahora famosa comida ofrecida por el poderoso empresario juarense, Federico de la Vega, al ex alcalde juarense, el priista Héctor Murguía, y la posterior publicación del evento en los matutinos de la capital, con la presentación de fotografías de destacados empresarios juarenses, se ubican en el límite de lo que podría ser considerado como actos anticipados de campaña.
Las angustias, los apretones y los golpes bajos salieron a la superficie. Las tronantes declaraciones del empresario licorero del antiguo Paso del Norte -de la Vega- en contra del alcalde Reyes Ferriz (ubicado de última hora como aspirante a la gubernatura, a pesar de que no se le conocían tales aspiraciones) evidenciaron la profundidad de los disensos y la dificultad del priismo para procesar la candidatura de unidad.
No son cualquier cosa las dichas por el empresario. Reproduzco el diálogo sostenido con la reportera Gabriela Minjares (El Diario, 20/XI/09) porque no tiene desperdicio:
“¿Cuál es el motivo de esta reunión? -Una unión empresarial es lo que estamos demostrando aquí.
¿Con qué fin? -Con el fin de promover el bienestar de Juárez, que se compongan las cosas, que salgan candidatos más honestos, más trabajadores, no tan inútiles como el que tenemos ahorita; honestos, que hagan obras, que reconstruyan Juárez, que pongan orden en la seguridad, todo lo que tú sabes mejor que yo.
¿A quién se refiere con los ‘inútiles que tenemos ahorita’? -A todos los de la Presidencia Municipal para abajo, todos.
¿Desde el presidente municipal? -Incluyéndolo. No... él es el primer inútil.
¿El protagonista del evento fue Murguía? -Su mensaje estuvo muy bien. Yo nomás lo presenté y él habló.
Este evento se da cuando el proceso electoral está en puerta, ¿esto es un respaldo suyo a las aspiraciones de Murguía? -Eso sí, definitivamente, claro que sí”.
Pero si las anteriores declaraciones levantaron ámpula, los espectaculares de Borruel podrían convertirse en elemento de definiciones electorales y la principal podría provenir del órgano electoral, el mismo que deberá marcar los límites para los hechos no contemplados por la legislación electoral y delimitar los límites de la propaganda política, pues lo ahora efectuado por los simpatizantes del alcalde Borruel es muy semejante a lo efectuado en la pasada campaña electoral federal por el Partido Verde al usar como propaganda la portada de la revista Vértigo, propiedad de Televisión Azteca, empresa a la que, también por pura casualidad, están ligados varios de los ahora diputados federales del PVEM.
Más aún, la revisión de las finanzas municipales de la capital deberá demostrar fehacientemente que no se destinaron recursos públicos a la revista usada para propagandizar la imagen del alcalde Borruel, mediante ardides claramente violatorios de las normas legales.
Lo dicho, las angustias son generadoras de la comisión de errores. Estos pueden convertirse, más pronto que tarde, en verdaderos quebraderos de cabeza para los partidos, sus candidatos y dirigentes, pero, sobre todo, forman parte de las cosas que un cada vez mayor número de ciudadanos va clasificando como los mecanismos usados para mantenerse en el poder, por el poder mismo, y nada más.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Conforme se acercan los días en los que habrán de definirse métodos y aspirantes de los dos principales partidos para la elección de sus respectivos candidatos al Gobierno del Estado, se aprecian los estados de verdadera angustia de algunos de ellos y/o de sus equipos. El problema con ello es que se acercan, peligrosamente, a los límites de la violación al actual marco legal electoral.
El más notorio de todos los que públicamente aparecen como presuntos aspirantes a las candidaturas es el alcalde de la capital, el panista Carlos Borruel Baquera, a quien, por puritita casualidad, manos desconocidas (y seguramente ajenas al edil -¡ay, sí, cómo no!) ordenaron colocar varios espectaculares en la ciudad de Chihuahua con la portada de una revista en la que, dice tal medio, ya “están listos los candidatos al gobierno del Estado de Chihuahua” y establece que por el PAN es Carlos Borruel, cuya imagen –por puritita casualidad, también- ocupa la mitad de la portada. En el lugar que debiera ocupar el candidato del PRI se presenta una interrogación.
No es el único caso, la ahora famosa comida ofrecida por el poderoso empresario juarense, Federico de la Vega, al ex alcalde juarense, el priista Héctor Murguía, y la posterior publicación del evento en los matutinos de la capital, con la presentación de fotografías de destacados empresarios juarenses, se ubican en el límite de lo que podría ser considerado como actos anticipados de campaña.
Las angustias, los apretones y los golpes bajos salieron a la superficie. Las tronantes declaraciones del empresario licorero del antiguo Paso del Norte -de la Vega- en contra del alcalde Reyes Ferriz (ubicado de última hora como aspirante a la gubernatura, a pesar de que no se le conocían tales aspiraciones) evidenciaron la profundidad de los disensos y la dificultad del priismo para procesar la candidatura de unidad.
No son cualquier cosa las dichas por el empresario. Reproduzco el diálogo sostenido con la reportera Gabriela Minjares (El Diario, 20/XI/09) porque no tiene desperdicio:
“¿Cuál es el motivo de esta reunión? -Una unión empresarial es lo que estamos demostrando aquí.
¿Con qué fin? -Con el fin de promover el bienestar de Juárez, que se compongan las cosas, que salgan candidatos más honestos, más trabajadores, no tan inútiles como el que tenemos ahorita; honestos, que hagan obras, que reconstruyan Juárez, que pongan orden en la seguridad, todo lo que tú sabes mejor que yo.
¿A quién se refiere con los ‘inútiles que tenemos ahorita’? -A todos los de la Presidencia Municipal para abajo, todos.
¿Desde el presidente municipal? -Incluyéndolo. No... él es el primer inútil.
¿El protagonista del evento fue Murguía? -Su mensaje estuvo muy bien. Yo nomás lo presenté y él habló.
Este evento se da cuando el proceso electoral está en puerta, ¿esto es un respaldo suyo a las aspiraciones de Murguía? -Eso sí, definitivamente, claro que sí”.
Pero si las anteriores declaraciones levantaron ámpula, los espectaculares de Borruel podrían convertirse en elemento de definiciones electorales y la principal podría provenir del órgano electoral, el mismo que deberá marcar los límites para los hechos no contemplados por la legislación electoral y delimitar los límites de la propaganda política, pues lo ahora efectuado por los simpatizantes del alcalde Borruel es muy semejante a lo efectuado en la pasada campaña electoral federal por el Partido Verde al usar como propaganda la portada de la revista Vértigo, propiedad de Televisión Azteca, empresa a la que, también por pura casualidad, están ligados varios de los ahora diputados federales del PVEM.
Más aún, la revisión de las finanzas municipales de la capital deberá demostrar fehacientemente que no se destinaron recursos públicos a la revista usada para propagandizar la imagen del alcalde Borruel, mediante ardides claramente violatorios de las normas legales.
Lo dicho, las angustias son generadoras de la comisión de errores. Estos pueden convertirse, más pronto que tarde, en verdaderos quebraderos de cabeza para los partidos, sus candidatos y dirigentes, pero, sobre todo, forman parte de las cosas que un cada vez mayor número de ciudadanos va clasificando como los mecanismos usados para mantenerse en el poder, por el poder mismo, y nada más.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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miércoles, 25 de noviembre de 2009
Sin sustento la guerra de Calderón
Aserto No. 76, Noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Dos de los protagonistas más importantes del gobierno de Vicente Fox elaboraron la más documentada (hasta ahora) crítica a la que puede considerarse la principal acción gubernamental de Felipe Calderón, la llamada “guerra” contra el narco.
Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores, y Rubén Aguilar, el vocero presidencial en el sexenio anterior, sin ambages señalan el origen de la decisión calderonista: Legitimarse ante lo que llaman supuesta derrota ante López Obrador. Una a una echan por tierra las argumentaciones del gobierno federal para llegar al extremo de prácticamente militarizar zonas enteras del país y llevar al país a una espiral de violencia extrema.
Los dos ex funcionario foxistas publicaron apenas el mes pasado el ensayo titulado “El narco: La guerra fallida”. Por considerarlo de extrema importancia para los chihuahuenses publicamos aquí los principales aspectos abordados por los autores.
“La conclusión de este texto, -dicen Castañeda y Aguilar- derivada del análisis de los argumentos esgrimidos por el gobierno para explicar/justificar/defender su decisión, es que la razón primordial de la declaración de la guerra del 11 de diciembre de 2006 fue política: Lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones”.
“… sostenemos que la consigna central de la comunicación oficial (“Para que la droga no llegue a tus hijos”) no se sostiene. México no ha pasado de tránsito a país de trasiego y consumo, tampoco ha aumentado de manera significativa la demanda de drogas, de acuerdo con las cifras del propio gobierno de Calderón. En segundo término, si la razón (para la guerra) era la eclosión de la violencia, a casi de tres años prevalece un clima de hostilidad superior al de antes, que venía declinando desde principios de los noventa.
(Por otro lado) la complicidad del narco con las autoridades municipales, estatales y federales no nació ayer, sino hace una eternidad… ni el supuesto tráfico de armas procedentes de Estados Unidos ni la demanda de sustancias ilícitas en ese país han contribuido a un mayor deterioro del que imperaba antes del gobierno de Calderón. La demanda estadounidense de estupefacientes ha permanecido estable a lo largo de estos 40 años y solo ha variado en su composición.
La sociedad estadounidense ha concluido, con razón, que el esfuerzo por reducir la demanda no vale la pena; se trata de una constante, no de una variable. (A su vez) Colombia ha logrado notables avances en la limitación de los daños colaterales provocados por el narcotráfico sin reducir la superficie sembrada de la hoja de coca, ni lograr un descenso de la producción y exportación de cocaína”.
Para apoyar su hipótesis, los autores recurren a las cifras gubernamentales: “Según la Encuesta Nacional de Adicciones (aplicada cada cinco años a partir de 1998) el porcentaje de la población urbana, entre 12 y 65 años, que reconoce haber probado alguna vez cualquier droga ilícita evolucionó así: 5.3% en 1998; 4.2 en 2002 y 5.5% en 2008. La encuesta del 2002 revela una suma de 307 mil personas adictas y para 2008, de 465 mil. Un incremento de menos de 6% al año en un país de 110 millones de habitantes representa apenas 0.4% de la población.
México se ubica en el rango de los países de bajo consumo. La ONU estima una prevalencia mundial de 4.2% (la población mayor de 15 años que informó haber consumido alguna droga durante el último año), en México el promedio es de 1.3%. A su vez, la Organización Mundial de la Salud calculó en 7.8% el índice mundial de incidencia, (esto es la población mayor a los 15 años que declara haber consumido alguna droga por lo menos una vez en su vida) superior al de México con 5.5%, y muy inferior al de Estados Unidos con 42%.
El gobierno aduce que México se ha convertido en un fuerte consumidor, donde ha crecido de manera alarmante el consumo de cocaína. Conviene cotejarlo con la prevalencia de otros países. En México fue de 0.3% en 2002 y de 0.4 en 2008, mientras que en Estados Unidos llegó a 2.5% en 2005 y a 2.8 en 2008.
Por otra parte, la prevalencia de drogas “nuevas”, de acuerdo con un estudio de la ONU de 2005, fue de 0.1% en México, de 1.8 en Estados Unidos, de 0.8 en Canadá, de 0.7 en Brasil y de 0.6 en Argentina y Venezuela”.
En los temas de mayor preocupación ubican a la mayor urbe chihuahuense, Juárez, a la cual ubican como una ciudad en la cual el consumo “casi duplica el promedio nacional y sufre 50% más de consumo que el resto de la región. Según un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría el consumo entre 1998 y 2005 pasó de 1.3% a 3.9 por ciento en esta ciudad”.
Otro de los aspectos centrales, el del precio y disponibilidad de las drogas, es abordado certeramente: “El precio de la cocaína ha disminuido a nivel mundial. Una razón nos la entrega la Junta Internacional de Fiscalización: el rendimiento promedio de una hectárea de cultivo de hoja de coca ha pasado de 4.7 a 7.3 kilos… la cantidad de cocaína disponible en el mundo se ha incrementado.
El precio al mayoreo, para Canadá fue de 33 mil dólares el kilo y en México de 7,900 dólares (para el DF)… en la frontera norte el precio oscilaba entre 12 y 15 mil dólares (en agosto de 2009, Genaro García Luna dio la cifra de 12 mil 500 dólares).
Actualmente, en México el gramo de coca cuesta en la calle entre 15 y 20 dólares, según su pureza; en Estados Unidos, a finales de 2008, el precio era de 200 dólares.
El otro argumento central de Felipe Calderón, el del aumento de la violencia de apabullado por Castañeda y Aguilar. Sostienen que el índice de homicidios iba a la baja hasta 2006 y que a partir de la declaración de guerra y la participación de las fuerzas armadas se elevó abruptamente.
“La falacia de la violencia
La segunda justificación esgrimida por el gobierno de Felipe Calderón para su declaración de guerra contra el crimen organizado radica en una extraña combinación de violencia, razón de estado y corrupción-penetración del narco en las esferas políticas.
La evolución de las cifras de homicidio anuales de 1997 a 2008. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población, el número de homicidios totales en 1998 fue de 33 mil 942; en 1999 de 33 mil 242; en el 2000 de 31 mil 704; en el 2001 de 31 mil 524; en el 2002 de 29 mil 67; en el 2003 de 28 mil 202; en el 2004 de 26 mil 668; en el 2005 de 25 mil 780; en el 2006 de 27 mil 160 y en el 2007 de 25 mil 129.
Si tomamos en cuenta el crecimiento de la población, la tendencia es claramente decreciente; per cápita, se trata de una caída de casi 20% sobre nueve años.
Igual sucede con los secuestros. En 1997 se produjeron mil 45 registros de secuestros ante agencias de ministerio público, en 1998 se presentaron 734; en 2002 433; en 2003, 436; en 2004, 334; y en 2005, 325 casos.
No había tal auge de la violencia o la inseguridad en México, ni siquiera los delitos menores: robo a transeúntes, robo de vehículos o robo en casas habitación”.
Más aún la percepción ciudadana acerca del incremento de la inseguridad no lo ubicaba en el narcotráfico pues en agosto de 2008 solo el 5% lo atribuía a tal fenómeno.
¿Y los resultados de la Operación México? Así lo dicen los mencionados autores: “… los resultados a casi tres años de distancia son simplemente indefendibles… Según Reforma, hasta agosto de 2009, se habían producido 16 mil 88 ejecuciones en los dos años y ocho meses del sexenio de Felipe Calderón. Para Milenio el dato es de 17 mil 952. Para 2007 fueron, de acuerdo con este periódico, 2 mil 773; para 2008 5 mil 685 y en los primeros ocho meses de 2009, 6 mil 300, un incremento de casi 50% sobre el mismo período del año anterior.
Entre los seis eventos frente a los que la ciudadanía manifiesta tener mayor miedo, no pintan obviamente ni el secuestro, ni el narcomenudeo, ni la violencia intranarcos o las decapitaciones. En otras palabras, si se trataba de infundirle a la ciudadanía una sensación de mayor seguridad, el fracaso es patente”.
“Las elecciones de la violencia
Ahora bien, la mejor prueba de la disonancia de las tesis gubernamentales con el sentir de los mexicanos reside en los resultados electorales del 5 de julio de 2009. No tanto en los porcentajes de votación o el número de diputados, sino en las motivaciones del voto detectadas por las encuestas de salida. En la de Consulta Mitofsky, en una proporción de más de dos a uno (65.8% versus 25.8), los votantes confesaron que su principal preocupación residía en los problemas económicos, no en la inseguridad.
Por otro lado, una encuesta conjunta de México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky, realizada entre marzo y mayo de 2009, reveló que tres de cada cuatro percibía un deterioro de seguridad a lo largo de de los 12 meses anteriores, mientras que sólo 24 por ciento apreciaba una mejora.
… no sabemos es si el desvío de droga y el debilitamiento de los narcotraficantes está teniendo lugar, si vamos por buen camino, ni cuándo llegaremos. Pero, sobre todo, a tres años del arranque de la guerra, desconocemos el costo del viaje y el destino final.
… (Calderón rechazó la tesis norteamericana del Estado fallido) pero luego insiste en que uno de los motivos para emprender la embestida contra el crimen organizado es la pérdida de control, poder y vigencia del Estado en determinadas partes del territorio nacional, justo las características incipientes de un Estado fallido.
… De nuevo, en esta materia, como en la del consumo de narcóticos en México, el quid reside en la diferencia: no es que no haya consumo hoy en México, ni que no exista corrupción, penetración y sustitución del Estado; el dilema consiste en determinar con precisión si hay más que antes, y si el hipotético incremento compensa el inmenso costo de la guerra”.
Al abordar esta parte, los autores enumeran los múltiples episodios previos, incluso desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en los que diversos gobernantes, federales y estatales fueron señalados de ser parte del engranaje de los cárteles. Rememoran las razones que llevaron a la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, infestada, dicen, de narcos; lo mismo sucedió, recuerdan, con la Policía Judicial Federal, renacida como Agencia Federal de Investigaciones “a su vez inservible”.
Entre los pasajes del pasado, rescatan la organización dirigida por Pablo Acosta, asentada, así dicen los autores, en el pueblo “bicicletero” de Ojinaga, y basados en un informe confidencial de la DEA, rescatado por Terrence E. Poppa en su obra Drug Lord, The Life and Death of a Mexican Kingpin, llegan a señalar que el cártel de Acosta recibía protección del gobierno de Chihuahua, encabezado por Oscar Ornelas y del general comandante de la zona militar de aquel entonces.
El ensayo de Castañeda y Aguilar luego aborda el asunto del tráfico de armas y la idea prevaleciente que las usadas por los narcotraficantes provienen de Estados Unidos.
“… en México podría haber entre 12 y 15 millones de armas, de las cuales un tercio es legal y está registrado… un estudio de la Auditoría Superior de la Federación estableció que existen 4 millones 500 mil armas legalmente registradas, incluido el millón de armas en manos de las Fuerzas Armadas y las policías… se estima en poco más de 2 millones el número de ciudadanos con autorización para portar armas, y que 17.6 de los hogares poseen una.
… los cárteles mexicanos podrían recurrir con mucha facilidad al contrabando de armas en Brasil, Paraguay, Argentina o Venezuela, y añadir a los cargamentos de coca una buena dotación de armas”.
Si en algún aspecto existen diferencias entre Estados Unidos, -dicen- al afrontar el problema de las drogas radica en que “La estrategia (entre ambos países) para enfrentar el desafío de la venta y consumo de drogas es distinta. El gobierno norteamericano asume, cada vez más, que se trata de un problema social cuya solución depende, en buena medida, de las instituciones de salud pública. El gobierno mexicano lo enfoca como un problema de seguridad; hacerle frente corresponde a sus fuerzas militares y policiacas.
El nuevo ‘zar antidrogas’ (Gil Kerlikowske, nombrado por Barak Obama) se desempeñó como jefe de la policía de Seattle; durante su gestión planteó que el reto de las drogas debía enfrentarse a través de la prevención y el fortalecimiento del tejido social, más que por el uso de la fuerza. Esa postura lo condujo a una actitud de cierta tolerancia frente a la posesión y el consumo”.
Kerlikwske llamó a descontinuar el uso del término de ‘guerra contra las drogas’, acuñado durante la administración Nixon. Ese concepto, “limita las herramientas y le dice a la gente que estamos en guerra contra ellos. Y lo que necesitamos es una política integral y efectiva”, que en su opinión exige: inteligencia interna, combatir el tráfico de armas y del dinero en efectivo, y atender el consumo no sólo desde el lado de la oferta sino también de la demanda.
Y en cuanto a la continua exigencia calderonista al gobierno de EEU, Aguilar y Castañeda sostienen que “existe un creciente consenso entre los estadounidenses de que la estrategia punitiva está destinada al fracaso y que no deben pagarse los costos que implica: muertos de ambos bandos, intranquilidad social, corrupción y uso ineficaz de los recursos públicos… Sabemos que Washington está dispuesto a apoyar, más con discursos que con hechos, la actual estrategia mexicana, pero no a seguirla. Es la manera de ‘exportar’ su conflicto interno”.
En cuanto a la legalización de las drogas, los autores sostienen: “Disponemos de elementos para sospechar que los estados (de EEUU) cuyas leyes permiten el consumo de mariguana bajo ciertas condiciones no han visto disparadas las tasas de consumo.
… Las encuestas sugieren ahora que más del 40% de los estadounidenses está a favor de legalizar la mariguana; entre los demócratas, el porcentaje asciende a más del 50…
En EEUU, entre todos los órdenes de gobierno, se gastan anualmente 44 mil millones de dólares en acciones contra las drogas: siete veces más de lo que se destina al tratamiento de las adicciones…
… como bien lo saben los psiquiatras responsables, existe un porcentaje más o menos fijo de cada sociedad estable que posee una proclividad (o patología, dirían algunos) a las adicciones de un tipo o de otro, y en particular a los estupefacientes. No ha disminuido y no va a disminuir. El reto de las sociedades consolidadas reside en administrar esa proclividad con el menor daño posible; el desafío para las sociedades en plena metamorfosis, como la mexicana, consiste en comprender su futuro ineludible, asumirlo y administrarlo.
Luego abordan los aspectos de la introducción y la distribución de las drogas y muestran las razones del porqué de la elevación del poderío de los cárteles mexicanos: ”En la década de los ochenta la mayor parte de la cocaína entraba a EEUU por Florida. A finales del siguiente decenio, 58% entraba vía Centroamérica-México, 30% por el Caribe y 11 en buques mercantes o vuelos comerciales directos… para el año 2000, 66% se encaminaba por el corredor Centroamérica-México, el Caribe 30… Para 2003, la proporción era de 77% a través del corredor; a partir del 2006 se empieza a decir que 90% pasa por la ruta Centroamérica-México.
… Informes de la DEA señalan que son ya 240 las ciudades que están bajo el control de los narcos mexicanos.
Acerca del precio de la droga, los autores sostienen que “a principios de los ochenta el gramo de cocaína costaba 600 dólares; al arranque de los noventa valía 260 dólares, pero de 2003 al 2007 el precio fluctuó entre los 122 y 145 dólares, con un nivel de pureza promedio de 75-80%. Empezó de nuevo a subir en 2008 para alcanzar los 182 dólares a finales de ese año, y 199 dólares al inicio del 2009”.
… no ha habido una reducción, ni de la demanda, ni de la oferta en general. Lo cual no descarta la posibilidad (la más deseable desde todos los puntos de vista) de que, aún si la demanda y la oferta de EEUU son estables, se haya producido una reducción de la oferta mexicana, sustituida por una oferta procedente de otros países.
… No existe entonces ninguna razón para pensar que la producción mexicana de heroína y mariguana y el tránsito de cocaína por nuestro país hacia EEUU hayan disminuido en estos tres años… existen algunos indicios de que quizás ha descendido el volumen de la oferta mexicana, pero muy difícilmente esto puede justificar los enormes recursos materiales y humanos gastados, el auge espectacular de la violencia y el terrible deterioro de la imagen de México en el mundo, provocado por la guerra contra el narco.
… Analistas estadounidenses consultados por los autores manifiestan sus dudas sobre las posibilidades de éxito de este tipo de políticas (las aplicadas por Calderón). Saben que el aumento momentáneo de los precios siempre trae consigo aunque no se quiera, un aumento de la violencia en las ciudades de EEUU, además de que el mercado siempre regresa a sus niveles históricos. Como lo señala la policía de Washington, D. C., “cuando hay la misma demanda y menos oferta” se radicaliza la competencia y aumenta la violencia en las calles.
… A las autoridades mexicanas les debe quedar claro que el gobierno de EEUU siempre les dará “palmaditas”, pero que nunca asumirá la corresponsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, por tres razones. Primero, no están dispuestos a pagar el costo de llevar la guerra al interior de su país, sobre todo si hay alguien que lo quiere hacer por ellos. Segundo, disponen de evidencias para comprobar que el enfoque punitivo está destinado al fracaso. En tercer término, piensan que el problema de las drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública que implica algún tipo de legalización, que en los hechos ya ocurre aunque no se le quiera llamar así.
¿Por qué dar, entonces, esta guerra, si nuestros vecinos caminan en otra dirección?
En la búsqueda de alternativas, Castañeda y Aguilar proponen sustituir los intentos de reducción de la demanda por la reducción del daño “…se trata de buscar formas en lo individual semejantes a la reducción de los daños colaterales en lo nacional: registro de heroinómanos, tratamiento de rehabilitación si alguien lo desea, opción de metadona si la buscan, recambio de jeringas usadas, verificación de la limpieza de las sustancias consumidas, detección de enfermedades inducidas”.
Y plantean varias medidas, entre las cuales se encuentran, en primer lugar, la legalización, siempre y cuando se realice también en los EEUU; la construcción de una policía nacional; sellar la frontera sur mediante el sellamiento del Istmo de Tehuantepec por tierra, mar y cielo y pactar verdaderos apoyos con los EEUU “con el fin de detener realmente los flujos financieros de EEUU a México y de México a EEUU, así como para desmantelar los circuitos financieros del narco. Para controlar y limitar el lavado de dinero (es imposible erradicarlo) se necesitaría sin duda una revisión de cuentas, una suspensión del sigilo bancario para ciertos casos; cruzar datos financieros mexicanos y estadounidenses con signos exteriores de riqueza, declaraciones de impuestos con declaraciones patrimoniales en ambos países, y transferencias financieras, no sólo de más de 10 mil dólares”.
Las conclusiones del ensayo son contundentes: “Las principales justificaciones para la guerra contra el narco no se sostienen”. Dicen que el consumo de drogas no aumenta, o que los aumentos son insignificantes; sostienen que el contubernio de las autoridades con el narco no es nueva, ni más grave que antes y recuerdan varios episodios del pasado que así lo demuestran; argumentan que el tráfico de armas de EEUU a nuestro país no justifica los elevados índices de violencia; no ha caído la demanda de drogas en EEUU y finalmente reafirman su dicho inicial: “A las preguntas obvias (¿A poco el gobierno no sabía todo esto? ¿Entonces por qué procedió como lo hizo?) Respondimos desde el principio: por motivos políticos, producto directo de la supuesta necesidad de legitimarse, al término de un proceso electoral cuestionado por los perdedores”.
Y concluyen: “El Estado mexicano no cuenta con una fuerza infinitamente superior a la del narco, no se vislumbra una estrategia de salida, no existe una definición de la victoria y, aunque subsiste el apoyo de la mayoría de los mexicanos, dicho respaldo es escéptico, lejano al terreno y difícilmente duradero”.
La obra termina citando el documento elaborado por los ex presidentes latinoamericanos Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria (Drogas y democracia, hacia un cambio de paradigma): “Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados… estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de la erradicación de las drogas. Por ello, romper el tabú, reconocer los errores de las políticas vigentes y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas… la cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad… (Por ello es preciso) evaluar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de mariguana para consumo personal con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica”.
Luis Javier Valero Flores
Dos de los protagonistas más importantes del gobierno de Vicente Fox elaboraron la más documentada (hasta ahora) crítica a la que puede considerarse la principal acción gubernamental de Felipe Calderón, la llamada “guerra” contra el narco.
Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores, y Rubén Aguilar, el vocero presidencial en el sexenio anterior, sin ambages señalan el origen de la decisión calderonista: Legitimarse ante lo que llaman supuesta derrota ante López Obrador. Una a una echan por tierra las argumentaciones del gobierno federal para llegar al extremo de prácticamente militarizar zonas enteras del país y llevar al país a una espiral de violencia extrema.
Los dos ex funcionario foxistas publicaron apenas el mes pasado el ensayo titulado “El narco: La guerra fallida”. Por considerarlo de extrema importancia para los chihuahuenses publicamos aquí los principales aspectos abordados por los autores.
“La conclusión de este texto, -dicen Castañeda y Aguilar- derivada del análisis de los argumentos esgrimidos por el gobierno para explicar/justificar/defender su decisión, es que la razón primordial de la declaración de la guerra del 11 de diciembre de 2006 fue política: Lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones”.
“… sostenemos que la consigna central de la comunicación oficial (“Para que la droga no llegue a tus hijos”) no se sostiene. México no ha pasado de tránsito a país de trasiego y consumo, tampoco ha aumentado de manera significativa la demanda de drogas, de acuerdo con las cifras del propio gobierno de Calderón. En segundo término, si la razón (para la guerra) era la eclosión de la violencia, a casi de tres años prevalece un clima de hostilidad superior al de antes, que venía declinando desde principios de los noventa.
(Por otro lado) la complicidad del narco con las autoridades municipales, estatales y federales no nació ayer, sino hace una eternidad… ni el supuesto tráfico de armas procedentes de Estados Unidos ni la demanda de sustancias ilícitas en ese país han contribuido a un mayor deterioro del que imperaba antes del gobierno de Calderón. La demanda estadounidense de estupefacientes ha permanecido estable a lo largo de estos 40 años y solo ha variado en su composición.
La sociedad estadounidense ha concluido, con razón, que el esfuerzo por reducir la demanda no vale la pena; se trata de una constante, no de una variable. (A su vez) Colombia ha logrado notables avances en la limitación de los daños colaterales provocados por el narcotráfico sin reducir la superficie sembrada de la hoja de coca, ni lograr un descenso de la producción y exportación de cocaína”.
Para apoyar su hipótesis, los autores recurren a las cifras gubernamentales: “Según la Encuesta Nacional de Adicciones (aplicada cada cinco años a partir de 1998) el porcentaje de la población urbana, entre 12 y 65 años, que reconoce haber probado alguna vez cualquier droga ilícita evolucionó así: 5.3% en 1998; 4.2 en 2002 y 5.5% en 2008. La encuesta del 2002 revela una suma de 307 mil personas adictas y para 2008, de 465 mil. Un incremento de menos de 6% al año en un país de 110 millones de habitantes representa apenas 0.4% de la población.
México se ubica en el rango de los países de bajo consumo. La ONU estima una prevalencia mundial de 4.2% (la población mayor de 15 años que informó haber consumido alguna droga durante el último año), en México el promedio es de 1.3%. A su vez, la Organización Mundial de la Salud calculó en 7.8% el índice mundial de incidencia, (esto es la población mayor a los 15 años que declara haber consumido alguna droga por lo menos una vez en su vida) superior al de México con 5.5%, y muy inferior al de Estados Unidos con 42%.
El gobierno aduce que México se ha convertido en un fuerte consumidor, donde ha crecido de manera alarmante el consumo de cocaína. Conviene cotejarlo con la prevalencia de otros países. En México fue de 0.3% en 2002 y de 0.4 en 2008, mientras que en Estados Unidos llegó a 2.5% en 2005 y a 2.8 en 2008.
Por otra parte, la prevalencia de drogas “nuevas”, de acuerdo con un estudio de la ONU de 2005, fue de 0.1% en México, de 1.8 en Estados Unidos, de 0.8 en Canadá, de 0.7 en Brasil y de 0.6 en Argentina y Venezuela”.
En los temas de mayor preocupación ubican a la mayor urbe chihuahuense, Juárez, a la cual ubican como una ciudad en la cual el consumo “casi duplica el promedio nacional y sufre 50% más de consumo que el resto de la región. Según un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría el consumo entre 1998 y 2005 pasó de 1.3% a 3.9 por ciento en esta ciudad”.
Otro de los aspectos centrales, el del precio y disponibilidad de las drogas, es abordado certeramente: “El precio de la cocaína ha disminuido a nivel mundial. Una razón nos la entrega la Junta Internacional de Fiscalización: el rendimiento promedio de una hectárea de cultivo de hoja de coca ha pasado de 4.7 a 7.3 kilos… la cantidad de cocaína disponible en el mundo se ha incrementado.
El precio al mayoreo, para Canadá fue de 33 mil dólares el kilo y en México de 7,900 dólares (para el DF)… en la frontera norte el precio oscilaba entre 12 y 15 mil dólares (en agosto de 2009, Genaro García Luna dio la cifra de 12 mil 500 dólares).
Actualmente, en México el gramo de coca cuesta en la calle entre 15 y 20 dólares, según su pureza; en Estados Unidos, a finales de 2008, el precio era de 200 dólares.
El otro argumento central de Felipe Calderón, el del aumento de la violencia de apabullado por Castañeda y Aguilar. Sostienen que el índice de homicidios iba a la baja hasta 2006 y que a partir de la declaración de guerra y la participación de las fuerzas armadas se elevó abruptamente.
“La falacia de la violencia
La segunda justificación esgrimida por el gobierno de Felipe Calderón para su declaración de guerra contra el crimen organizado radica en una extraña combinación de violencia, razón de estado y corrupción-penetración del narco en las esferas políticas.
La evolución de las cifras de homicidio anuales de 1997 a 2008. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población, el número de homicidios totales en 1998 fue de 33 mil 942; en 1999 de 33 mil 242; en el 2000 de 31 mil 704; en el 2001 de 31 mil 524; en el 2002 de 29 mil 67; en el 2003 de 28 mil 202; en el 2004 de 26 mil 668; en el 2005 de 25 mil 780; en el 2006 de 27 mil 160 y en el 2007 de 25 mil 129.
Si tomamos en cuenta el crecimiento de la población, la tendencia es claramente decreciente; per cápita, se trata de una caída de casi 20% sobre nueve años.
Igual sucede con los secuestros. En 1997 se produjeron mil 45 registros de secuestros ante agencias de ministerio público, en 1998 se presentaron 734; en 2002 433; en 2003, 436; en 2004, 334; y en 2005, 325 casos.
No había tal auge de la violencia o la inseguridad en México, ni siquiera los delitos menores: robo a transeúntes, robo de vehículos o robo en casas habitación”.
Más aún la percepción ciudadana acerca del incremento de la inseguridad no lo ubicaba en el narcotráfico pues en agosto de 2008 solo el 5% lo atribuía a tal fenómeno.
¿Y los resultados de la Operación México? Así lo dicen los mencionados autores: “… los resultados a casi tres años de distancia son simplemente indefendibles… Según Reforma, hasta agosto de 2009, se habían producido 16 mil 88 ejecuciones en los dos años y ocho meses del sexenio de Felipe Calderón. Para Milenio el dato es de 17 mil 952. Para 2007 fueron, de acuerdo con este periódico, 2 mil 773; para 2008 5 mil 685 y en los primeros ocho meses de 2009, 6 mil 300, un incremento de casi 50% sobre el mismo período del año anterior.
Entre los seis eventos frente a los que la ciudadanía manifiesta tener mayor miedo, no pintan obviamente ni el secuestro, ni el narcomenudeo, ni la violencia intranarcos o las decapitaciones. En otras palabras, si se trataba de infundirle a la ciudadanía una sensación de mayor seguridad, el fracaso es patente”.
“Las elecciones de la violencia
Ahora bien, la mejor prueba de la disonancia de las tesis gubernamentales con el sentir de los mexicanos reside en los resultados electorales del 5 de julio de 2009. No tanto en los porcentajes de votación o el número de diputados, sino en las motivaciones del voto detectadas por las encuestas de salida. En la de Consulta Mitofsky, en una proporción de más de dos a uno (65.8% versus 25.8), los votantes confesaron que su principal preocupación residía en los problemas económicos, no en la inseguridad.
Por otro lado, una encuesta conjunta de México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky, realizada entre marzo y mayo de 2009, reveló que tres de cada cuatro percibía un deterioro de seguridad a lo largo de de los 12 meses anteriores, mientras que sólo 24 por ciento apreciaba una mejora.
… no sabemos es si el desvío de droga y el debilitamiento de los narcotraficantes está teniendo lugar, si vamos por buen camino, ni cuándo llegaremos. Pero, sobre todo, a tres años del arranque de la guerra, desconocemos el costo del viaje y el destino final.
… (Calderón rechazó la tesis norteamericana del Estado fallido) pero luego insiste en que uno de los motivos para emprender la embestida contra el crimen organizado es la pérdida de control, poder y vigencia del Estado en determinadas partes del territorio nacional, justo las características incipientes de un Estado fallido.
… De nuevo, en esta materia, como en la del consumo de narcóticos en México, el quid reside en la diferencia: no es que no haya consumo hoy en México, ni que no exista corrupción, penetración y sustitución del Estado; el dilema consiste en determinar con precisión si hay más que antes, y si el hipotético incremento compensa el inmenso costo de la guerra”.
Al abordar esta parte, los autores enumeran los múltiples episodios previos, incluso desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en los que diversos gobernantes, federales y estatales fueron señalados de ser parte del engranaje de los cárteles. Rememoran las razones que llevaron a la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, infestada, dicen, de narcos; lo mismo sucedió, recuerdan, con la Policía Judicial Federal, renacida como Agencia Federal de Investigaciones “a su vez inservible”.
Entre los pasajes del pasado, rescatan la organización dirigida por Pablo Acosta, asentada, así dicen los autores, en el pueblo “bicicletero” de Ojinaga, y basados en un informe confidencial de la DEA, rescatado por Terrence E. Poppa en su obra Drug Lord, The Life and Death of a Mexican Kingpin, llegan a señalar que el cártel de Acosta recibía protección del gobierno de Chihuahua, encabezado por Oscar Ornelas y del general comandante de la zona militar de aquel entonces.
El ensayo de Castañeda y Aguilar luego aborda el asunto del tráfico de armas y la idea prevaleciente que las usadas por los narcotraficantes provienen de Estados Unidos.
“… en México podría haber entre 12 y 15 millones de armas, de las cuales un tercio es legal y está registrado… un estudio de la Auditoría Superior de la Federación estableció que existen 4 millones 500 mil armas legalmente registradas, incluido el millón de armas en manos de las Fuerzas Armadas y las policías… se estima en poco más de 2 millones el número de ciudadanos con autorización para portar armas, y que 17.6 de los hogares poseen una.
… los cárteles mexicanos podrían recurrir con mucha facilidad al contrabando de armas en Brasil, Paraguay, Argentina o Venezuela, y añadir a los cargamentos de coca una buena dotación de armas”.
Si en algún aspecto existen diferencias entre Estados Unidos, -dicen- al afrontar el problema de las drogas radica en que “La estrategia (entre ambos países) para enfrentar el desafío de la venta y consumo de drogas es distinta. El gobierno norteamericano asume, cada vez más, que se trata de un problema social cuya solución depende, en buena medida, de las instituciones de salud pública. El gobierno mexicano lo enfoca como un problema de seguridad; hacerle frente corresponde a sus fuerzas militares y policiacas.
El nuevo ‘zar antidrogas’ (Gil Kerlikowske, nombrado por Barak Obama) se desempeñó como jefe de la policía de Seattle; durante su gestión planteó que el reto de las drogas debía enfrentarse a través de la prevención y el fortalecimiento del tejido social, más que por el uso de la fuerza. Esa postura lo condujo a una actitud de cierta tolerancia frente a la posesión y el consumo”.
Kerlikwske llamó a descontinuar el uso del término de ‘guerra contra las drogas’, acuñado durante la administración Nixon. Ese concepto, “limita las herramientas y le dice a la gente que estamos en guerra contra ellos. Y lo que necesitamos es una política integral y efectiva”, que en su opinión exige: inteligencia interna, combatir el tráfico de armas y del dinero en efectivo, y atender el consumo no sólo desde el lado de la oferta sino también de la demanda.
Y en cuanto a la continua exigencia calderonista al gobierno de EEU, Aguilar y Castañeda sostienen que “existe un creciente consenso entre los estadounidenses de que la estrategia punitiva está destinada al fracaso y que no deben pagarse los costos que implica: muertos de ambos bandos, intranquilidad social, corrupción y uso ineficaz de los recursos públicos… Sabemos que Washington está dispuesto a apoyar, más con discursos que con hechos, la actual estrategia mexicana, pero no a seguirla. Es la manera de ‘exportar’ su conflicto interno”.
En cuanto a la legalización de las drogas, los autores sostienen: “Disponemos de elementos para sospechar que los estados (de EEUU) cuyas leyes permiten el consumo de mariguana bajo ciertas condiciones no han visto disparadas las tasas de consumo.
… Las encuestas sugieren ahora que más del 40% de los estadounidenses está a favor de legalizar la mariguana; entre los demócratas, el porcentaje asciende a más del 50…
En EEUU, entre todos los órdenes de gobierno, se gastan anualmente 44 mil millones de dólares en acciones contra las drogas: siete veces más de lo que se destina al tratamiento de las adicciones…
… como bien lo saben los psiquiatras responsables, existe un porcentaje más o menos fijo de cada sociedad estable que posee una proclividad (o patología, dirían algunos) a las adicciones de un tipo o de otro, y en particular a los estupefacientes. No ha disminuido y no va a disminuir. El reto de las sociedades consolidadas reside en administrar esa proclividad con el menor daño posible; el desafío para las sociedades en plena metamorfosis, como la mexicana, consiste en comprender su futuro ineludible, asumirlo y administrarlo.
Luego abordan los aspectos de la introducción y la distribución de las drogas y muestran las razones del porqué de la elevación del poderío de los cárteles mexicanos: ”En la década de los ochenta la mayor parte de la cocaína entraba a EEUU por Florida. A finales del siguiente decenio, 58% entraba vía Centroamérica-México, 30% por el Caribe y 11 en buques mercantes o vuelos comerciales directos… para el año 2000, 66% se encaminaba por el corredor Centroamérica-México, el Caribe 30… Para 2003, la proporción era de 77% a través del corredor; a partir del 2006 se empieza a decir que 90% pasa por la ruta Centroamérica-México.
… Informes de la DEA señalan que son ya 240 las ciudades que están bajo el control de los narcos mexicanos.
Acerca del precio de la droga, los autores sostienen que “a principios de los ochenta el gramo de cocaína costaba 600 dólares; al arranque de los noventa valía 260 dólares, pero de 2003 al 2007 el precio fluctuó entre los 122 y 145 dólares, con un nivel de pureza promedio de 75-80%. Empezó de nuevo a subir en 2008 para alcanzar los 182 dólares a finales de ese año, y 199 dólares al inicio del 2009”.
… no ha habido una reducción, ni de la demanda, ni de la oferta en general. Lo cual no descarta la posibilidad (la más deseable desde todos los puntos de vista) de que, aún si la demanda y la oferta de EEUU son estables, se haya producido una reducción de la oferta mexicana, sustituida por una oferta procedente de otros países.
… No existe entonces ninguna razón para pensar que la producción mexicana de heroína y mariguana y el tránsito de cocaína por nuestro país hacia EEUU hayan disminuido en estos tres años… existen algunos indicios de que quizás ha descendido el volumen de la oferta mexicana, pero muy difícilmente esto puede justificar los enormes recursos materiales y humanos gastados, el auge espectacular de la violencia y el terrible deterioro de la imagen de México en el mundo, provocado por la guerra contra el narco.
… Analistas estadounidenses consultados por los autores manifiestan sus dudas sobre las posibilidades de éxito de este tipo de políticas (las aplicadas por Calderón). Saben que el aumento momentáneo de los precios siempre trae consigo aunque no se quiera, un aumento de la violencia en las ciudades de EEUU, además de que el mercado siempre regresa a sus niveles históricos. Como lo señala la policía de Washington, D. C., “cuando hay la misma demanda y menos oferta” se radicaliza la competencia y aumenta la violencia en las calles.
… A las autoridades mexicanas les debe quedar claro que el gobierno de EEUU siempre les dará “palmaditas”, pero que nunca asumirá la corresponsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, por tres razones. Primero, no están dispuestos a pagar el costo de llevar la guerra al interior de su país, sobre todo si hay alguien que lo quiere hacer por ellos. Segundo, disponen de evidencias para comprobar que el enfoque punitivo está destinado al fracaso. En tercer término, piensan que el problema de las drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública que implica algún tipo de legalización, que en los hechos ya ocurre aunque no se le quiera llamar así.
¿Por qué dar, entonces, esta guerra, si nuestros vecinos caminan en otra dirección?
En la búsqueda de alternativas, Castañeda y Aguilar proponen sustituir los intentos de reducción de la demanda por la reducción del daño “…se trata de buscar formas en lo individual semejantes a la reducción de los daños colaterales en lo nacional: registro de heroinómanos, tratamiento de rehabilitación si alguien lo desea, opción de metadona si la buscan, recambio de jeringas usadas, verificación de la limpieza de las sustancias consumidas, detección de enfermedades inducidas”.
Y plantean varias medidas, entre las cuales se encuentran, en primer lugar, la legalización, siempre y cuando se realice también en los EEUU; la construcción de una policía nacional; sellar la frontera sur mediante el sellamiento del Istmo de Tehuantepec por tierra, mar y cielo y pactar verdaderos apoyos con los EEUU “con el fin de detener realmente los flujos financieros de EEUU a México y de México a EEUU, así como para desmantelar los circuitos financieros del narco. Para controlar y limitar el lavado de dinero (es imposible erradicarlo) se necesitaría sin duda una revisión de cuentas, una suspensión del sigilo bancario para ciertos casos; cruzar datos financieros mexicanos y estadounidenses con signos exteriores de riqueza, declaraciones de impuestos con declaraciones patrimoniales en ambos países, y transferencias financieras, no sólo de más de 10 mil dólares”.
Las conclusiones del ensayo son contundentes: “Las principales justificaciones para la guerra contra el narco no se sostienen”. Dicen que el consumo de drogas no aumenta, o que los aumentos son insignificantes; sostienen que el contubernio de las autoridades con el narco no es nueva, ni más grave que antes y recuerdan varios episodios del pasado que así lo demuestran; argumentan que el tráfico de armas de EEUU a nuestro país no justifica los elevados índices de violencia; no ha caído la demanda de drogas en EEUU y finalmente reafirman su dicho inicial: “A las preguntas obvias (¿A poco el gobierno no sabía todo esto? ¿Entonces por qué procedió como lo hizo?) Respondimos desde el principio: por motivos políticos, producto directo de la supuesta necesidad de legitimarse, al término de un proceso electoral cuestionado por los perdedores”.
Y concluyen: “El Estado mexicano no cuenta con una fuerza infinitamente superior a la del narco, no se vislumbra una estrategia de salida, no existe una definición de la victoria y, aunque subsiste el apoyo de la mayoría de los mexicanos, dicho respaldo es escéptico, lejano al terreno y difícilmente duradero”.
La obra termina citando el documento elaborado por los ex presidentes latinoamericanos Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria (Drogas y democracia, hacia un cambio de paradigma): “Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados… estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de la erradicación de las drogas. Por ello, romper el tabú, reconocer los errores de las políticas vigentes y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas… la cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad… (Por ello es preciso) evaluar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de mariguana para consumo personal con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica”.
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