Sin fracturas y ¿nuevo? liderazgo

El Diario, 30 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Por lo menos hasta el momento de redactar la presente reflexión, no se habían presentado querellas por la realización de las elecciones internas del PAN chihuahuense y aparentemente todos los participantes –tanto en el ámbito municipal, como distrital– se habían allanado a los resultados y reconocido a los triunfadores. Ese hecho ha generado, como es natural, una extendida alegría en los equipos de los candidatos ganadores y ha generado un explicable optimismo en los órganos dirigentes partidarios. Más aún, por lo menos desde la óptica de los resultados en Chihuahua y Juárez, con los triunfos de Miguel Riggs y de María Antonieta Pérez, respectivamente, apoyados por el senador Javier Corral, podría llegarse a la conclusión que estamos ante la posible consolidación de un nuevo liderazgo del PAN chihuahuense, encarnado en Corral, ya que por tercera ocasión consecutiva en una elección estatal, o como la presente, ya sea él, o los candidatos de sus simpatías, obtienen sendos triunfos en las accidentadas elecciones internas del PAN (por lo menos las dos anteriores). No es menor lo obtenido en la jornada blanquiazul; es la primera ocasión, por lo menos desde 2009, que no se presentan actos fraudulentos en sus elecciones y, también por primera vez, los contendientes perdedores se presentan a reconocer a los triunfadores. Y eso que en el caso de la capital se presentó una sorpresa mayúscula: Ganó Miguel Riggs, derrotando a dos militantes de la derecha al interior del PAN, Guillermo Villalobos y Teresa Ortuño, quienes, desde décadas atrás se habían agremiado al equipo que durante algunos años dirigió Luis Enrique Terrazas, conocida coloquialmente como la “Santa Familia” y que habían presentado frentes comunes a lo largo, por lo menos, de los últimos 15-18 años. Ahora no. Muchos meses atrás se supo del enfriamiento de las relaciones de Ortuño y el entonces alcalde capitalino, Carlos Borruel, quien se había desempeñado varios años bajo la sombra de la ex senadora, y que en la precampaña terminada el domingo se confirmó tal distanciamiento pues Borruel apoyó a quien fuera su Secretario en el cabildo dirigido por él. Quizá esa pudo ser la razón del triunfo de Riggs, apoyado por el senador Javier Corral –enfrentado nuevamente, como en 2012, a Borruel y a Pérez Cuéllar– en un evento, también ocurrido por primera ocasión en muchos años en que los candidatos de la derecha capitalina son derrotados por los postulados por otros acuerpamientos al interior del PAN (que es bueno asentarlo tienen, por lo menos aparentemente, una no tan sólida vida orgánica al interior del partido) y que evidencia el enorme desgaste por el PAN en lo general, pero en particular esta corriente política que fue capaz de contar con dos alcaldes en la capital del estado. Del mismo modo, el triunfo de la ex diputada federal María Antonieta Pérez es la confirmación de que quienes se quedaron en el PAN están optando por otros liderazgos y otras figuras para iniciar, sin es que en eso andan, la recuperación de la inserción social de su partido. Y esa es la diferencia fundamental entre los dos partidos políticos más importantes en Chihuahua. En tanto el PRI evidenciaba estar en plenitud de facultades, tanto en los eventos de Juárez como los de Chihuahua, en los cuales, sobre todo el celebrado en la capital, el tono festivo y el espíritu de unidad fueron la nota destacada, –con la presencia, también, del ex gobernador Reyes Baeza, en tanto que el presidente de la convención la ejercía el también ex gobernador Patricio Martínez, distanciados en todo el sexenio del deliciense– los panistas se aprestan a reconstruir su partido y, sobre todo, las simpatías de los electores, perdidas no tan abruptamente a lo largo del sexenio de Felipe Calderón y de las administraciones municipales que ejercieron en las otroras “coronas de la joya blanquiazul”, Juárez y Chihuahua. Ahora le apuestan, a juzgar por las expresiones de sus candidatos y dirigentes en la precampañas, a señalar las deficiencias de la administración estatal dirigida por César Duarte, y al cual, apenas ayer el dirigente municipal capitalino, Miguel Latorre lo señalaba como operador de una “elección de Estado”, y de semejantes señalamientos realizados por el dirigente estatal, Mario Vázquez, a los cuales el gobernante respondió que en las reuniones “en corto” nunca alude. Así se quedará la película, deberemos reanudarla en un mes.

Precampañas, modificación urgente

El Diario, 28 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Hoy culminan formal y realmente los procesos “internos” de los partidos, es decir, las precampañas, para designar a sus candidatos a los distintos puestos de elección popular de mitad de sexenio. Ninguno de ellos, legalmente, involucra al total de la sociedad. Todos los partidos, con diversas variantes, algunas de ellas contrarias al espíritu constitucional (por aquello de que deben contribuir al fortalecimiento de la democracia) recurrirán a sus órganos dirigentes para hacer la designación de los candidatos. Más aún, la mayoría de los candidatos que habrán de participar en la elección constitucional habrán sido precandidatos únicos, no solamente en el PRI, que por obvias razones concita el mayor interés ya que es el partido gobernante y, hasta el momento, el hegemónico en la entidad. Si el electorado que debe votar, para resolver quienes son sus representantes en la liza constitucional, son únicamente los integrantes de los órganos dirigentes de los partidos, entonces ¿Por qué realizan actividades que de todos modos acaparan la atención del ciudadano común y corriente? ¿No sería lógico que efectuaran actividades que sólo involucraran a los militantes o dirigentes que tienen la responsabilidad y facultad de elegir candidatos? Es decir ¿Por qué no legislar para que en las precampañas esté prohibida la publicidad política, incluida la colocación de espectaculares, difusión de spots en medios electrónicos de comunicación y el acceso de los precandidatos a los medios? Porque, si existiera racionalidad política ¿Qué caso tiene que a toda la población se nos informe de tales y cuales características, reuniones y posturas de los precandidatos si al fin y al cabo, en el PRI solamente alrededor de mil consejeros municipales -tanto en Juárez, como en Chihuahua- son los que pueden votar? ¿O qué poco menos de mil 500 militantes del PAN en Chihuahua elegirán a su candidato, y en el caso de los candidatos a diputados sea un promedio de 300 personas las que los podrán designar? ¿O qué alrededor de 50 personas -en el mejor de los casos- del PT designarán a los candidatos de prácticamente todos los municipios y distritos en los que participarán solos, así como en las posiciones en las que participarán en alianza con el PRI, y cuando esto suceda el elector habrá sido -también en el mejor de los casos- el Comité Directivo Estatal del ¡PRI!? ¿Y que, salvo pequeñas diferencias, lo mismo ocurrirá en el resto de los partidos, salvo el PRD que aún espera la resolución judicial que le autorice a aliarse al PRI? Entonces ¿Para qué someter a toda la población al bombardeo electoral de la precampañas si no está en condiciones, ni facultades, de votar? Porque si realmente estuvieran interesados los partidos en acortar los tiempos de campaña, entonces lo conducente sería regular de tal manera las precampañas para que realizarlas no implicara más esfuerzo que el de acudir a la instancia partidaria que habría de elegir a los candidatos y hacer que éstos, ahora sí, desplegaran las acciones que la ley les permite. Porque, además, una cosa es cierta, existe un enorme desinterés de la mayoría de la sociedad chihuahuense en las precampañas. Contribuye a tal estado de ánimo el que las elecciones intermedias despiertan, generalmente, menos interés que las de fin de sexenio. Este desinterés solo es superado por las de mitad de sexenio federal, cuando solamente se elegía a los diputados federales (Realmente ¿A quién le importan -salvo, claro está, a los círculos sociales más allegados a la élite política- estos legisladores federales?). Ahora, en el caso de Chihuahua, por lo menos a partir del 2015, también se elegirá a los alcaldes, síndicos y diputados locales. Pero el tema central de hoy radica en que estamos llegando a la conclusión de que, probablemente, la nueva legislación que regula las precampañas puede ser letra muerta. La motivación que dio origen a la legislación sobre ellas fue la de que los principales partidos políticos abrieron a la sociedad sus mecanismos de elección de candidatos. Vivimos, durante unos brevísimos momentos, una especie de orgía electoral cuando los ciudadanos tuvimos la posibilidad de contribuir a la elección de los candidatos de los partidos. Durante unos cuantos momentos políticos fuimos testigos de las muy amplias concurrencias populares a los centros de votación instalados por los partidos para elegir a sus candidatos. Hasta el PAN y el PRI, tan reacios (por distintas y hasta encontradas razones) a abrir sus procesos internos cayeron en tales “excesos” democráticos. Parecía que la época de la plena competencia electoral abarcaría -¡Por fin!- a las anquilosadas estructuras partidistas. Hubo voces, no sin razón, que esgrimieron el argumento que tal responsabilidad -la de elegir candidatos- era, debería ser, de la estricta incumbencia de los miembros de los partidos, pero veníamos del sistema del partido casi único y su infinita secuela de fraudes electorales que tal apertura fue motivo de júbilo. Por supuesto, tal exceso dió pie a los cometidos por los militantes partidistas, al fin y al cabo integrantes de la clase política. Se dieron vuelo cometiendo mil y una tropelías con tal de ganar las elecciones “internas”, además de que, por no haber regulación alguna, el financiamiento de tales actividades no tuvo, ni límites ni control sobre sus orígenes, amén de que la libre contratación de publicidad en los medios masivos de comunicación dio origen a infinidad de demandas de los partidos ante los tribunales electorales alegando la celebración de actos anticipados de campaña e inequidad en el proceso electoral, causado por el enorme derroche económico. Corrían, literalmente, ríos de dinero en las “precampañas”. Claro, la abundancia de “barbacoas” en las celebradas en los municipios más pequeños hacían muy atractivas las denominadas precampañas y nadie objetaba tales celebraciones. Y en lugar de perfeccionar los mecanismos de elección, de blindarlos ante los ánimos fraudulentos, todos optaron por la vía que mejor conoce la clase política mexicana, la establecida por el PRI a lo largo de su historia: El “dedazo”, al que ahora, en la exageración, panegiristas del PRI le llaman producto de la “sabiduría política”. Ya fuera unipersonal o colectivo, porque en lugar del presidente de la república, como se hacía antes en el caso del PRI para designar al candidato a la presidencia y a los gobiernos de los estados, los otros partidos optaron por la designación de candidatos por los órganos dirigentes; en cualquiera de los casos ya no fueron, ni siquiera los ciudadanos ajenos a los partidos, vamos, ni los militantes de los partidos, quienes pudieron ejercer ese derecho, sólo los dirigentes más altos, o los integrantes de los consejos municipales, estatales y nacionales. De ese modo, nada justifica el despliegue de la parafernalia propagandística, ni de la celebración de fastuosos actos para “ratificar” a los precandidatos, porque en todo caso lo que hacen los partidos es, finalmente, hacer un fraude a la ciudadanía que les reclamó en todos los tonos que debía ponerse un alto a la excesiva duración de las campañas. Y aparentemente recogieron tal reclamo. Solo para instituir las precampañas, en las que ausente la contienda y el debate les sirven para acceder a los medios de comunicación, en una torcida forma de alargar la duración de las campañas, que en el caso de la legislación chihuahuense, casi igualan a la legislación anterior en este rubro pues se acortó la duración de las campañas a 35 días, pero si le sumamos los 15 de las precampañas, el ahorro proselitista es de solo 10 días. Así que saldríamos ganando todos, incluso los partidos, si en las precampañas todas las actividades se desarrollaran internamente, sin el uso de los medios masivos de comunicación, como se hace en los países con democracias desarrolladas, en los cuales los partidos y los candidatos -en los países cuya legislación se los permite- solo tienen acceso a ellos en los tiempos de las campañas electorales y nada más. De ese modo, hasta los militantes saldrían ganando pues podrían conocer a quienes aspiran a representarlos, los aspirantes estarían obligados a tener una sólida vida partidaria y los partidos podrían aspirar a ser eso, unas fuertes estructuras partidarias y no, como sucede en la mayoría de los casos, simples agrupamientos de personas en los cuales unos pocos son los que deciden por todos. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Otra vez el México bronco

El Diario, 25 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Una frase reiteradamente usada por numerosos militantes y dirigentes del PRI, la de que “regresó la política” con el ascenso de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, puede quedar sepultada con los acontecimientos del día de ayer en Chilpancingo. El ataque a las sedes de los partidos responsables de haber aprobado la Ley Estatal de Educación, sin incluir una sola de las propuestas del movimiento magisterial (agrupado, junto a un sinfín de organizaciones populares y campesinas, en el Movimiento Popular de Guerrero –MPG–) puede convertirse en el catalizador de una situación social de por sí explosiva en aquella entidad que, por desgracia, pudiera ser el flamazo que incendiaría a algunas de las entidades vecinas. Hasta ahora las protestas del MPG habían sido contenidas por la aparente disposición de algunas de las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, especialmente la del PRD, para incluir en la nueva regulación sus propuestas. Las manifestaciones, ni son pequeñas ni les falta parte de la razón, el problema estriba en que la situación social en Guerrero pasa por un momento de extrema inestabilidad. Guerrero mantiene una de las tasas más altas de homicidios en el país, en condiciones, digamos, “normales”; pero en el curso de los últimos años se incorporó al grupo de entidades que fueron víctimas y escenarios de la ola homicida que asoló a la mitad del territorio nacional. En los meses recientes, apareció un nuevo factor. Parte de la población, harta del crecimiento de los hechos delictivos, de numerosos grupos criminales, decidió seguir el ejemplo de algunas localidades de Michoacán y crearon sus propias agrupaciones de defensa comunitaria, las mismas que ahora participan, también, en el MPG. No debería desdeñarse, por nadie en el país, lo que allá ocurre, se presenta en la entidad que ha escenificado desde tiempos inmemoriales movimientos armados, la mayor parte de las veces apoyados por una parte importante de la población; hoy no parece ser distinta la situación, las manifestaciones de los últimos días han sido verdaderamente masivas, lo que le añade un factor más que preocupante. Visto desde el norte del país, para una buena parte de la población, las razones para que se hayan presentado hechos como los aquí relatados, parecieran ser de baja envergadura, pero son consecuencia lógica de una equivocada manera de aprobar cambios legislativos que son de gran importancia. Las dirigencias del PRI, PAN y PRD, sin tomar en cuenta al resto de los partidos, pero más destacadamente sin sopesar las opiniones del vasto movimiento magisterial, aprobaron una reforma educativa que lesiona gravemente los derechos de todo tipo de los trabajadores del magisterio. Creyeron que bastaba con la aprehensión de la maestra Elba Esther Gordillo para abortar cualesquier protesta al fondo y forma de las reformas; ni siquiera intentaron un acercamiento con las dirigencias magisteriales no identificadas con el oficialismo. Apostaron mal, ahora sufrimos las consecuencias, los contingentes del MPG realizaron destrozos en las sedes de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI) en rechazo a la aprobación que hiciera ayer el congreso del estado de la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Educación número 158, que argumentaron no es la misma que habían presentado al congreso del estado de manera conjunta con el gobernador, Angel Aguirre. Los ataques habían llegado, hasta el momento de redactar la presente colaboración, a la destrucción total de las oficinas del PRI, a la sede del ayuntamiento de Chilpancingo, –después de haber desalojado a los trabajadores del congreso local–; la oficina de atención ciudadana del senador perredista Sofío Ramírez (nombrado por el gobernador Aguirre como enlace con el movimiento magisterial) y la Contraloría de la Secretaría de Educación Pública estatal. Nadie puede estar de acuerdo en las manifestaciones violentas, pero descalificarlas no resuelve los problemas, lo que urge es llegar al fondo de ellos, y en el presente caso, a pesar de lo que diga la élite política del país (a propósito, ahora enfrentada por el uso electoral de la Cruzada contra el Hambre) es imprescindible discutir la reforma educativa. Eso sí sería “hacer” política, no apostarle a que el Ejército y la Policía Federal “aquieten” las aguas.

Maquilla que algo queda

El Diario, 23 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Pendientes aún los resultados de la estrategia de combate al crimen organizado y de fortalecimiento de la seguridad pública de la nueva administración federal, pareciera que su principal preocupación en esta materia es el mejoramiento de la percepción ciudadana sobre la inseguridad, para no hacer del tema de la violencia la parte central de las comunicaciones de su gobierno, y evitar que continuara como el problema número uno de las preocupaciones de los ciudadanos. En realidad nunca lo fue; a lo largo del sexenio, si bien se mantuvo constantemente en el segundo lugar, el tema de la economía ocupó, por mucho, la principal preocupación de los mexicanos, en general, pero por lo menos en la mitad de las entidades las ejecuciones se convirtieron en el tema obligado de lo informado por los gobiernos estatales y el de Felipe Calderón, amén de que era el asunto más ventilado en los medios de comunicación, en aquellas localidades en las que el crimen organizado lo permitía. Tal propósito se advirtió prácticamente desde el inicio de la administración. Por lo menos en el primer de gobierno las ejecuciones no formaron parte del discurso de ninguno de los funcionarios federales de primer nivel. La matazón continuaba en el país (debemos recordar que desde el 2012 la curva de homicidios en Chihuahua se mantiene a la baja, con picos alcistas, pero sostenidamente) y nadie del nuevo Gobierno Federal, para no romper su estrategia comunicacional, abría la boca para, por lo menos, darnos alguna esperanza y los medios de comunicación que llevaban la cuenta diaria de las ejecuciones la suspendieron. La realidad se les impuso y a mediados de enero tuvieron que abordar el tema. Pero no se apartaron de su objetivo primario: disminuir la percepción de inseguridad. Así, la semana antepasada, en el Primer Encuentro Nacional de Comunicadores en Seguridad Pública, celebrado en Acapulco, con la participación de voceros y titulares de las secretarías de seguridad pública estatales y en el que participaron como oradores el asesor de la Presidencia Óscar Naranjo, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Campa y Eduardo Sánchez, Subsecretario de Normatividad de Medios, entre otros funcionarios, “sugirieron” que en los comunicados oficiales y en general en el discurso gubernamental, se evitaran términos como “ejecutado”, “capo”, “cártel”, “jefe de finanzas”, “lugarteniente”, “encajuelado”, “encobijado” y presentaciones en vivo de detenidos; y que, además, se trataba de evitar una percepción en la ciudadanía de “que los criminales son poderosos e incluso héroes imbatibles y al mismo tiempo generar más confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia”. (REFORMA /Staff, 15 abril 2013). Les pidieron que ya no mostraran a los detenidos junto a arsenales con una fila de policías encapuchados detrás, “que no aparezcan con chalecos antibalas, sino con uniformes más del diario”, les dijeron, así como evitar el uso de apodos y que los detenidos ofrecieran entrevistas a los medios de comunicación, porque, se dijo en la reunión, la estrategia de comunicación social en esta materia, aplicada por el gobierno calderonista, se le brindaba “más poder a los miembros del crimen organizado” pues se presentaban “como héroes ante sus propios cómplices o bandas criminales y es una estrategia que dificulta creer en los resultados que se tienen en el combate a la delincuencia organizada”. Siendo correcta esta última parte, no porque se coincida en las razones, pues a los detenidos se les violan sus derechos cuando se les exhibe (y eso, eventualmente, puede ser la causa de que sean liberados, a pesar de ser responsables de los delitos que se les imputan), llama la atención a que crean que dejándole de llamar ejecución a un homicidio, o que ya se no diga a un cadáver encontrado que estaba “encobijado”, por esas razones se mejorará la percepción ciudadana acerca de la seguridad pública. Esta mejorará cuando el número de “episodios homicidas, cometidos con armas largas, prohibidas para su uso por civiles” disminuya; y también cuando ya no encuentren “cadáveres, con evidencias de que la causa de muerte obedece a violencia extrema y se les haya descubierto envueltos en un tramo de tela usada cotidianamente para abrigarse en noches de mucho frío”. O cuando ya no encuentren “cadáveres ocultos en la parte trasera de los automóviles, usadas preferentemente para trasladar equipaje, que generalmente se le llama cajuela”. ¿Qué les parece el nuevo lenguaje? ¿Habrá contribuido a la disminución de la violencia? ¡Qué cosas!

Contrapesos

Aserto No. 117, 20 de abril de 2013. Editorial. Abril es el mes en el cual habrán de desarrollarse las precampañas de los partidos políticos, a cuyo término se iniciarán las campañas electorales, las más cortas en la historia de la entidad, merced a los recientes cambios en la legislación electoral. Se darán en un entorno novedoso y de alto riesgo para el desarrollo de las instituciones y cultura democráticas, la hegemonía del partido gobernante en Chihuahua es tal que se pueden prever unas elecciones de muy escasa competitividad, producto, sí, del activismo gubernamental, pero también de la profunda crisis de los partidos políticos existentes en Chihuahua. Crisis que, quizás, no comparta el PRI pero cuyas prácticas sí lo pueden llevar a afrontar condiciones desventajosas en el futuro inmediato, sobre todo en los procesos electorales del 2015 pues en el curso de la actual campaña electoral el rompimiento de las formas políticas, incluso las propias de este partido. El PAN sufre ahora las consecuencias de su forma de ejercer el poder; todos los defectos políticos que criticó a su principal adversario los adquirió prontamente y aquella preocupación de sus fundadores, la de ganar el gobierno sin perder el partido, se hicieron realidad. El clímax de tal degradación política lo constituyó, en Chihuahua, las elecciones internas del 2012 para elegir a los integrantes de las fórmulas de candidatos al senado de la república. La confrontación adquirió ribetes de verdadera lucha campal por una razón: No buscaban ser los candidatos sino el candidato de la primera fórmula, es decir, la que, perdiendo, ganaba. Tal episodio era el secundario al de 2010, en el que se demostró ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la comisión de un fraude, igual que en las elecciones federales del 2012. Además, el electorado de todo el país le cobró al panismo su forma de gobernar, en particular su forma de afrontar la crisis de seguridad pública, la curva de preferencias electorales permanentemente fue a la baja. Si a tales fenómenos se suman los más recientes hechos ocurridos a su interior, lo lógico será esperar una baja en las preferencias electorales. A su vez, lo que ocurre con la izquierda -si a los partidos registrados, catalogados como pertenecientes a esa corriente política, se les puede ubicar en tal segmento de las ideologías políticas- es, quizá, una de sus peores crisis; paradójicamente, pues apenas el año anterior obtuvo la más alta votación de toda su historia, aunque es bueno decirlo, se dió alrededor de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Perdida la identidad política, PRD, PT y Movimiento Ciudadano compiten entre ellos para encontrar cual es el más cercano al PRI, pues este partido el que tiene el poder y es el que distribuye las posiciones políticas, que es, finalmente, el único objetivo de tales agrupaciones políticas, conclusión a la que hemos llegado no sin tristeza pues la conformación, historia y tradición de la izquierda le ha costado infinitos dolores a los chihuahuenses, además de haber contribuido como muy pocas fuerzas al desarrollo democrático de la entidad. Así, nos asomamos a una etapa, no necesariamente buena, en la que el poder establecido no contará -no cuenta- con los contrapesos necesarios.

Vodevil y dedazos

Aserto No. 117, 20 de Abril de 2013 Luis Javier Valero Flores El inicio de la actual campaña electoral es, sin duda, uno de los más escandalosos en Chihuahua y el más representativo de la profundidad de la crisis de los partidos locales. Todos atraviesan por situaciones difíciles, así el partido gobernante aparentemente se encuentre en uno de sus mejores momentos. El gobernador César Duarte llega a la mitad del sexenio en el apogeo del poder, ejercido, además, al más puro estilo del priismo de antes de la derrota presidencial del año 2000, al influjo del cual prácticamente todos los partidos tomaron sus decisiones para la participación en el actual proceso electoral. Cuatro acontecimientos ocurridos en las últimas semanas de marzo ocupan la atención de los chihuahuenses. Es así porque revela los modos del ejercicio del poder, en lo que puede ser el tono característico del PRI de regreso al poder en el país, pero que convierte en letra inútil toda la legislación electoral en materia de precampañas, por lo menos para el partido gobernante en Chihuahua. En primer lugar, el sorpresivo anuncio, primero, realizado por el entonces panista, Miguel Jurado, de que se proponía la concreción de una alianza PRI-PAN a la alcaldía de Parral; en segundo lugar la manera en que el gobernador César Duarte se encargó de anunciar quienes serían los precandidatos únicos a las alcaldías de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias. Luego, la renuncia de Antonio López a la búsqueda de la candidatura por la alcaldía de Chihuahua por su partido, el PAN y, finalmente, el anuncio de que la dirigencia estatal del PRD buscaba afanosamente la alianza con el PRI, en una negociación que llevaría a que su legislador local, Héctor Barraza, fuera postulado como candidato a Síndico y que Pavel Aguilar y Hortensia Aragón obtuviesen sendas posiciones, ya fuera en el cabildo de la capital y/o en el Congreso del Estado, al modo en que el PT ha obtenido posiciones legislativas, derivadas de sus alianzas con los priistas. Sin embargo, la postura del Comité Nacional perredista es contraria a la alianza con el PRI, por lo que, probablemente, no se concrete. A su vez, el PT y el partido del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) pactarían la conformación de una alianza parcial con el PRI, amén de que todavía hasta la primera semana de abril se hablaba de la posibilidad de una alianza de estos partidos, el PRD y el PRI en la alcaldía de Parral, con Jurado a la cabeza. De este modo, y salvo lo que determine el partido Nueva Alianza (Panal), se podría pensar en que, en algunas posiciones -quizá pocas- se conforme una alianza de los partidos formalmente de izquierda, que el PRI se alíe, por lo menos, con el Verde Ecologista y el PAN participe sin aliado alguno. Pero el último de los episodios del “affaire” de Miguel Jurado -el de su renuncia al PAN- nos ofrece a pasto un mayor conocimiento de las intimidades del poder, tanto de quienes lo ejercen, como de quienes lo buscan, y revela cuán aceleradamente se acercan los dos partidos que han gobernado Chihuahua a lo largo de las últimas tres décadas. Ahora sabemos -según las versiones ofrecidas al escribiente- que el mismísimo gobernador César Duarte buscó que se concretara la alianza con el PAN en la alcaldía de Parral. Además, y seguramente como trasfondo de tal empeño, se asegura que Jurado encabezaba todas la encuestas -algunas versiones hablan que con una ventaja de hasta 20 puntos-, lo que, se dice, lo volvía inalcanzable en la elección constitucional, razón que llevó a varios priistas parralenses a proponerle (en versión de Jurado) que se postulara por el PRI a la alcaldía. El ex diputado local propuso a su dirigencia estatal y a César Duarte (su amigo) concretar la alianza. Sorprende la intención de Jurado de empeñar todo su capital político en pos de una imposible alianza con el PRI, a sabiendas de que mantenía una considerable ventaja en las preferencias ciudadanas a tres meses de las elecciones, en un proceso que, por su escasa duración, los candidatos más conocidos por la ciudadanía, tienen una ventaja muy difícil de desaparecer en las cinco semanas de duración de las campañas electorales. Pero en la concepción de los priistas, y de Miguel Jurado, las fronteras entre PRI y PAN han desaparecido, o son mínimas, lo que vendría a ratificar, tanto la creciente percepción y calificación ciudadana de que todos los partidos son “iguales”, y la de una parte de la izquierda mexicana que ha tenido como eje central de su discurso el que el PRI y el PAN son la misma cosa, concepto que más recurrentemente escuchamos del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y entonces para qué renunciar a la candidatura y a su partido? Duele decirlo, pero tales decisiones llevan a pensar, y sobre todo a especular, acerca de las verdaderas razones para tomar tal resolución que, además, gravitará sobre el desempeño, y especialmente en la percepción de los votantes del proceso electoral que ha arrancado con tan intempestivos hechos. El PAN chihuahuense se encuentra, quizá, en el peor de los momentos de su historia y en cambio el PRI está aprovechando el momento, incubando y procesando la eterna veta de esperanza de una buena parte de la población, además del ejercicio del poder -lo que bien saben los panistas- reditúa muchos votos, baste recordar la inusual votación alcanzada por el PAN en prácticamente todos los municipios serranos de alta y muy alta marginación en las elecciones del 2010, que le generó triunfos municipales en más de una veintena de ellos, además de que en la elección de gobernador fueron algunos de ellos en los que César Duarte perdió en el recuento municipal. La renuncia a la precandidatura por el PAN a la alcaldía de Chihuahua del ex diputado local, Antonio López, vino a agravar la crisis de credibilidad de este partido, y probablemente le resolvió el problema al gran elector del PRI -por lo menos en la capital- pues ahora las consecuencias de tan lamentables sucesos del panismo hacen más previsible el triunfo de los priistas en las elecciones del primer domingo de julio próximo. Y es que las acusaciones de Antonio López son más enfáticas que las lanzadas por Jurado apenas unos días atrás. No se trata de la denuncia pública al rechazo de una alianza con el PRI, algo que la mayor parte de los militantes blanquiazules tomaron a bien de sus dirigentes, pues una alianza de este tipo es lo más lejano a cualquier militante de mediana antigüedad en su partido. No, lo denunciado por López es la prueba que faltaba para demostrar la sima en la que se encuentra este partido, el más antiguo del país. “Se suponía que iba a liderar un proyecto con todas las corrientes, pero vi que no se ponían de acuerdo en lo que siempre pelean: posiciones en el cabildo y en el mismo equipo de campaña”. “Yo no quiero ganar una interna, quiero ganar la constitucional para trabajar por Chihuahua, pero por ejemplo Guillermo Villalobos (ex diputado local y ex secretario del cabildo que presidió Carlos Borruel) me pedía ser mi suplente y dos regidurías, a lo que me opuse porque yo necesito gente que conozca y que en verdad ayude a mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses”. Sin embargo, frente a tan escandalosos hechos, destaca la forma en que el mandatario chihuahuense efectuó los “destapes”, recuperando todo el sentido que tal acepción tenía antes del 2000. No obstante, en todos los casos, eran las estructuras y dirigentes de los partidos quienes hacían los anuncios correspondientes a la sociedad y no el gobernante en turno, para guardar las formas, incluso lo decían -El “partido” ha resuelto…- . En ningún caso el gobernante hacía los anuncios, cuidaban las formas y dejaban que fuera “el partido” quien aparentara hacer su trabajo. Tales formas del pasado quedaron hechas trizas con la manera en que el Gobernador de Chihuahua, César Duarte, decidió, no solo designar a quienes serán los abanderados de su partido en la contienda a las alcaldías (seguramente que contó con el aval del equipo de Peña Nieto, sin que éste dejara de lado que dejarlo hacer significaba, de muchos modos, preparar al escenario para influir determinantemente en la designación de su sucesor), sino anunciar personalmente a la sociedad, a su partido y a los aspirantes quienes eran los triunfadores. ¿Qué costaba que lo hiciera el dirigente formal del PRI, Leonel de la Rosa? Pueden ser muchos los méritos de los ungidos ahora -y lo son en muchos de ellos- pero por lo menos en los casos de Juárez, Chihuahua y Parral esa es una característica que nadie debió despreciar, son hombres muy cercanos a Duarte, de tal modo que desde ahora Serrano y Garfio se subieron a la pista de los presuntos sucesores de Duarte Primero, el gobernador, ante la pregunta de los reporteros por saber si alguien de su gabinete había solicitado licencia, dijo que no, pero que sabía de la intención del Dip. Enrique Serrano de hacerlo. Se me va la mano derecha del Congreso, dijo, pero la tendré en Juárez, en una más que evidente intromisión en el proceso electoral. Luego, decidieron festejar tal designación en un desayuno, que para el gobernador terminó a las 2 de la tarde, es decir, en horas hábiles, al igual que el total de los funcionarios públicos, estatales y municipales, que lo acompañaban. Pero en la fiesta, Duarte le pidió, solamente a Javier Garfio, Jorge Ramírez y Ricardo Orviz que cantaran, aprovechando el mariachi ¡Vaya manera de decirles a todos quienes serían los candidatos de Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias! Luego, en tanto la fiesta se desarrollaba, la administración estatal enviaba un comunicado citando a los medios a una conferencia de prensa a celebrar en el hangar de Gobierno del Estado. Todo mundo ya sabía para qué. Efectivamente ¡Otra vez el gobernador hacía el “destape”! Ahí dio a conocer que el Ingeniero Garfio le había solicitado licencia en el gabinete para buscar el registro como precandidato de su partido a la alcaldía de Chihuahua. Probablemente la forma de anunciar las designaciones se convierta en uno de los elementos centrales de la campaña del PAN. La primera evidencia de tal estrategia la presentó el presidente estatal, Mario Vázquez, al momento de afrontar la renuncia de Antonio López a la aspiración de ser candidato, cuando dejó caer, contundentes, los señalamientos de la participación del gobernador Duarte en la campaña, con el ánimo de atenuar las críticas a su desempeño y a la gravísima crisis de su partido, como causas de las renuncias de Emilio Flores y Antonio López a la búsqueda de la candidatura y a la renuncia de Miguel Jurado al partido. Aún faltaba la aportación del perredismo local a la picaresca nacional. El dirigente estatal de este partido, Jesús Manuel Márquez, fue quien mejor retrató  las motivaciones y los mejores argumentos usados por su dirigencia para sustentar la pretensión de buscar una alianza con el PRI, aprobada hasta en dos ocasiones por el Consejo Estatal y rechazada por Jesús Zambrano, líder nacional. Márquez declaró: “Pero si siempre hemos dicho que PRI y PAN son lo mismo, y ya nos aliamos en otros estados con el PAN, por qué no hacerlo aquí con el PRI, no veo tanto problema”. La resolución del Consejo Estatal perredista es histórica para las fuerzas que se autocalifican de izquierda, nunca, en toda su historia, salvo el PT (cuyo desempeño local difícilmente se podría catalogar como tal) se había presentado tal fenómeno. La coalición incluiría candidatos comunes con PT, PVEM y PT en varios municipios y distritos, respaldarían al candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua, Javier Garfio, y a cambio Héctor Barraza, ex líder estatal y ex diputado local y federal, sería postulado a la sindicatura, además de postular de manera conjunta al ex panista Miguel Jurado Contreras a la alcaldía de Parral y en el distrito 1 postularían al perredista Javier Mendoza, presidente municipal de Casas Grandes. Las “nuevas formas de hacer política dejando a un lado las diferencias partidistas”, concepto del gobernador César Duarte, encontraba así una muy vívida aplicación. Se sabía de la posible alianza del PT y del Partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) con el PRI, pero que el “combo” incluyera al PRD esa sí que es una verdadera sorpresa, aunque ya analizada fríamente no lo es tanto dadas las filias políticas de quienes dirigen hoy al PRD localmente. Una buena parte de la izquierda mexicana, a la que perteneció desde su juventud Jesús Ortega, con mucho el hombre con más poder en el PRD, no ha tenido más referente que el poder político ejercido por el PRI. Pero Ortega es un hombre sagaz, inteligente y preparado, en cambio, muchos de sus seguidores abrevan solamente de las "oportunidades" que depara la cercanía, muy estrecha, con los hombres del poder, de ahí que en lugar de considerar la firma del Pacto como un acto entre fuerzas políticas distintas, convergentes en algún momento y en algunos temas, de inmediato ya se consideraron como parte de la "familia" en el poder, sin parar mientes que son, al fin y al cabo, fuerzas distintas y que lo propuesto por los priistas es el mecanismo ideado por ellos para permanecer en el poder durante largos años. Que algunas cosas le sirvan a la gente, al país, ni duda cabe, de lo contrario no podrían los priistas alcanzar un cierto consenso social, pero de ahí a perder la brújula política y la identidad ideológica hay un mundo de diferencia. Bueno, pues eso sucedió, con las excepciones debidas. Además, a pesar de lo que muchos pensaron, que a la salida de AMLO del PRD terminarían las querellas en este partido, al contrario, se han agudizado y ahora han aflorado hasta las diferencias entre los equipos de Marcelo Ebrard y Miguel Mancera, entre Los Chuchos y René Bejarano, entre los seguidores del Pacto y sus impugnadores, entre los que privilegian la relación con el PAN y los que la desean, la ansían, con el PRI. Pero el problema mayor es el desdibujamiento político e ideológico. Ante éste, las expresiones de López Obrador, en el sentido de que Morena es la única oposición a la actual administración federal, adquiere un enorme sentido. Así, las elecciones de medio año podrían presentarse en condiciones inéditas en el curso de los últimos 30 años, de ese tamaño es la crisis política de los partidos políticos en Chihuahua. Sí, porque el PAN atraviesa por la que puede ser su peor época; la izquierda con registro electoral, dividida y ansiosa por aliarse al PRI, Morena, ausente del proceso y el PRI en el apogeo del poder, por ahora. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Ausencia izquierdista y diáspora panista

El Diario, 21 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Terrible se presenta el panorama de la izquierda chihuahuense en la capital, y en general en la mayoría de los principales municipios de la entidad: no existe. No se trata de una frase. Por desgracia para el campo democrático, los partidos de la izquierda no han logrado armar, hasta el momento, precandidaturas, ni propias ni ajenas, que calen hondo en las preferencias de los chihuahuenses; vamos, es de tal profundidad su crisis, que en el municipio de Chihuahua no habrá candidato de izquierda a la alcaldía, y los que propondrán los partidos que se identifican en esta corriente política, paradojas del destino, forman parte de la diáspora blanquiazul en la capital. Sí, porque el Partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) ha propuesto como precandidato único al ex aspirante a la candidatura a la alcaldía por el PAN, Emilio Flores, ex diputado y ex funcionario federal, reconocido como integrante, no solamente como militante panista por décadas, sino también como un hombre de la derecha política. A su vez, el Partido del Trabajo tiene como precandidato a la alcaldía, también único, al ex panista Manuel Nárvaez, ex diputado federal y local por los colores del blanquiazul y quien, repetidamente en los programas radiofónicos y televisivos en los que ha participado en los últimos años, a voz en calle ha dicho ser, orgullosamente, un hombre de derecha. En tanto, como sabemos, el PRD espera la resolución de los tribunales electorales a fin de que le permitan aliarse al PRI, que en la capital lleva como precandidato a Javier Garfio, militante que no se ha identificado expresamente con alguna corriente de pensamiento ¿Será, acaso como dijera el ex presidente Adolfo López Mateos, ser un hombre a la izquierda de la Constitución mexicana? Bueno, pero ese es el problema de la izquierda, pues salvo lo aquí comentado y lo que poco hace Movimiento Ciudadano en Juárez, en el resto del estado apenas se sabe de la existencia de los partidos de la izquierda y de sus probables candidatos. Paradójicamente, pues apenas hace un año realizaba actos de mediana asistencia en las ciudades visitadas por su candidato presidencial –AMLO– y en las urnas los chihuahuenses depositaban poco más de 310 mil votos, para acceder a cerca del 22 por ciento de la votación, amén de que desplazaba al PAN del segundo lugar de las preferencias electorales en Juárez, y en la capital se colocaba a escasos 3 puntos de la candidata panista, en una elección en la que los candidatos a senadores del blanquiazul desplazaron del primer lugar a los candidatos del PRI en el municipio de Chihuahua. Hoy están a años luz de aquella realidad, de cuando soñaron con alcanzar la Presidencia de la República y ahora pueden, ni siquiera obtener el 2 por ciento de la votación, que les permitiría acceder a la diputación plurinominal, y en caso de obtenerla en las elecciones municipales, acceder a las regidurías de representación proporcional. Presas de sus ambiciones, las dirigencias partidistas no fueron capaces de analizar adecuadamente la realidad política de Chihuahua pues la única posibilidad de competir electoralmente era la de presentar una alianza de izquierda, que propusiera candidaturas más allá de las estructuras partidistas, con hombres y mujeres con prestigio social y personal a los cuales deberían otorgárseles las escasas posiciones de poder que se obtuvieran. Para llegar a tales propuestas electorales las dirigencias partidistas tenían que hacer a un lado sus pretensiones de quedarse con diputaciones y regidurías plurinominales, razón principal de las querellas internas de los partidos de izquierda, especialmente del PRD, y que los ha llevado a que, por lo menos en las dos últimas administraciones municipales, ni siquiera han alcanzado la votación necesaria para contar con representación en los cabildos de Chihuahua y Juárez, y en la mayor parte de los 20 municipios más poblados de la entidad. Factor central de las deliberaciones que debieron hacer era que difícilmente en las elecciones locales pueden alcanzar los porcentajes de votación de las federales, menos las de las elecciones presidenciales; pero lo conducente era plantearse, muchos meses atrás, la reconstrucción de un polo de izquierda, que incluyera a Morena, el partido de López Obrador (cuando éste aún no resolvía no participar en las elecciones locales de ninguno de los 14 procesos electorales del presente año) y concretar legalmente una coalición electoral, pues es sabido que la mayor parte de los activistas y representantes electorales en la elección presidencial fueron aportados por Morena. Hoy todo eso es historia, el PRD espera aliarse con el PRI, de lo contrario, ya perdido, resolverá coaliciones con alguno de los otros dos partidos, o postular a sus propios. El PT postula a Narváez a la presidencia de Chihuahua y seguramente a otra hija del dirigente, Rubén Aguilar, a la diputación plurinominal, ya sea solos o con una alianza parcial con el PRI. Cosa semejante espera hacer Movimiento Ciudadano, en el que, se especula, que el ex dirigente estatal, Fernando Reyes (también de extracción panista) intente llegar a la diputación por la vía plurinominal. Pero esos son los cálculos optimistas ¿Y si no alcanzan los porcentajes requeridos? ¡Ah, po’s pa’ eso son las alianzas con el PRI! Y es en donde se esconde la intención envenenada. El priismo chihuahuense prefiere que la mayoría de las diputaciones plurinominales se distribuyan (así, literalmente) entre estos partidos y sus perennes aliados, el Verde y el Panal, para que el PAN alcance menos diputaciones que las de la actual legislatura, pues estos partidos son más manipulables que los blanquiazules. ¡Po’s cómo no si hasta imploran que los dejen asociarse al grupo gobernante en Chihuahua! El mismo que ahora anda de rezo en rezo y “consagrando” el Estado de Chihuahua al “Sagrado Corazón de Jesús”, en lo que fue, sin duda alguna, una reiterada violación a las normas en materia de cultos religiosos y a la sana laicidad a la que están obligados los funcionarios públicos. ¿En qué parte del Plan Estatal de Desarrollo se encuentra que el gobernante le entregaría “a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua”? ¿Y que tales imploraciones religiosas –propias del ámbito personal de cualquier ciudadano, incluido el mandatario chihuahuense– formen parte de la información que el Gobierno de Chihuahua difunda en la población mediante comunicados de prensa? Dicho lo anterior, justamente cuando el escribiente pensaba elaborar una opinión acerca de los beneficios que se empiezan a evidenciar de la cobertura universal, lanzada por la actual administración estatal en materia de educación media superior y superior, para que ningún joven con pretensiones de continuar sus estudios se quedara sin lugar en las instituciones educativas y que tales logros, siempre, llevan a que un mayor número de ciudadanos llegan a la comprensión que el respeto a la libertad religiosa forma parte de los valores ciudadanos más preciados. ¿También los partidos y candidatos de izquierda andarán buscando las bendiciones celestiales en el presente proceso electoral? ¡¡¡Válgame Dios!!! OFRECIMIENTOS.- ¿Por qué, cuando se trata de triunfos cuestionados de candidatos de izquierda, (más allá de las filias o fobias personales hacia ellos) los organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos se “ofrecen” a ayudar en el recuento de votos? ¿Cuántos de ellos ofrecieron sus servicios en las muy cuestionadas elecciones presidenciales mexicanas de 2006 y 2012, con triunfos de candidatos de derecha?

Fraudes

El Diario, 18 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Las llamativas movilizaciones de los maestros defraudados por la empresa GRIO, lo justo de sus demandas, el cúmulo de irregularidades contenidas en este asunto y la celeridad con la que actuó el Gobierno del Estado, lograron desactivar prontamente uno de los conflictos en los que con mayor atingencia actuó la actual administración estatal, al resolver que se suspenderían permanentemente los descuentos en la nómina para pagar los adeudos pactados por los mentores, por distintos mecanismos y empresas financieras. Queda, sin embargo, pendiente la solución definitiva del problema –o problemas– y el inicio de una vasta acción gubernamental, federal y estatal, para erradicar, o intentar por lo menos, una de las peores prácticas financieras que han hecho presa a los maestros, no sólo de Chihuahua, sino del país entero. En tales prácticas, por supuesto, queda en entredicho el papel de la dirigencia magisterial. Visto superficialmente el problema por el que atraviesan centenares de maestros –con un universo de aproximadamente 40 millones de pesos y 456 maestros defraudados– pareciera que la ambición –quizá la codicia– los llevó a aceptar negocios increíbles de concebir. Fueron convencidos de invertir en instrumentos financieros a través de GRIO, que les ofreció muy elevadas tasas de interés –por encima de las que obtienen políticos y empresarios en los paraísos fiscales como las Islas Caimán– para lo cual, con el visto bueno del sindicato, obtuvieron créditos de otras empresas financieras, montos económicos que se les descuentan vía nómina, gracias a los convenios celebrados por la dirigencia magisterial con esas y otras empresas. Al pasar el tiempo y no recibir las jugosas ganancias que les prometieron, con justeza, protestaron y recurrieron a quien podía y debería auxiliarlos. Sin embargo, como a veces pasa, no fueron escuchados y recurrieron a la movilización. Nuevamente la Plaza Hidalgo, como hace muchos años, como siempre, fue la receptora de los manifestantes. Quizá eso causó molestia en Palacio, porque, ante las denuncias, ya se encontraba encarcelada la señalada como principal responsable, María Guadalupe Rodríguez Gaytán. Pero los descuentos a la nómina continuaban. De ahí la pertinencia del acuerdo tomado ayer, mediante el cual todas las víctimas del fraude podrán acudir a la Secretaría de Hacienda para presentar la carta de desautorización del descuento y así lograr que en el pago de la segunda quincena de abril no aparezca descuento alguno. Hasta ahí está todo bien, pero las empresas financieras reclamarán el pago de los créditos otorgados. Existe una creciente opinión consistente en que los mentores deberán pagar por su error, por su codicia, pero en el aire quedan muchas interrogantes acerca del mecanismo usado para otorgarles a los maestros créditos de distinto tipo, supuestamente con ventajas respecto del resto de la población. Tal vez no sea así. En primer lugar, deberá asentarse que, por ley, los otorgantes de un crédito se convierten, por ese solo hecho, en los asesores financieros del solicitante y están obligados a proporcionarles la información suficiente para que puedan acceder al mismo, de ahí que las empresas otorgantes de crédito debieron revisar la calidad crediticia de los solicitantes y dictaminar si tenían capacidad económica para ello, o no, y en qué medida, además de que, también por ley, los descuentos no deben exceder un determinado porcentaje del salario, más allá del cual no se les puede otorgar crédito alguno. Porque, además, a nadie se le puede descontar de su salario pago alguno, salvo los que judicialmente estén obligados; eso dice la ley, a pesar de la extendida costumbre, especialmente en agrupaciones sindicales como la del magisterio, de propiciar tal práctica. Y ese es uno de los peores aspectos de los créditos en mención. ¿En función de qué facultades el Gobierno se convirtió en el departamento de cobranza de las financieras? ¿Cuánto cobra por esos servicios? Porque así está muy bien tener empresas. Convencemos a la dirigencia sindical de los beneficios de tal y cual cosa que puedan adquirir los sindicalizados –en muchos casos a cambio de jugosas comisiones personalizadas, individualizadas, ¿se acuerdan del caso de la maestra Sonia Madrid, asesinada por asuntos parecidos a estos?– y le pedimos al gobierno que les descuente vía nómina los no pequeños pagos. Esa es la veta que deberá atacarse ahora y acabar con una práctica que ha generado no pocos incidentes penales y más de un homicidio. Todo por los cobros en la nómina.

“Ya sé quién es usted”

El Diario, 16 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores “Usted no debería estar aquí, ya sé quién es. No se aproveche”. Tales expresiones fueron realizadas ayer por el Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas, al tiempo que con la mano derecha hacía un círculo para asentar que la persona señalada estaba “aprovechándose” de los maestros timados por la financiera Casa GRIO, que acudieron ayer a la audiencia pública otorgada por el gobernador del Estado, César Duarte, en la ciudad de Jiménez, diseñadas, paradójicamente, para recibir las solicitudes y reclamos de la sociedad. Luego, ya en entrevista con el gobernante, se comentaron las posibilidades de concretar algunas opciones financieras a fin de auxiliarlos. Pero unos momentos antes de ser recibidos por el primer mandatario pasaron el trago amargo de ser prácticamente increpados; no sólo fueron las expresiones del fiscal sino sus gestos corporales y, finalmente, después de recibir la información de alguno de los funcionarios subordinados suyos, señalar a quien le pedía que se solucionara el problema de todos al tiempo, amenazadoramente espetarle -¡Ya sé quién es usted, no se aproveche! El problema estriba en que dichas frases eran desproporcionadas al tono y contenido de lo dicho por la persona que le pedía solución para todos, pues era hasta medroso el tono; sin embargo, la respuesta fue tajante del funcionario que acudía, como todos los convocados por el gobernador Duarte, a recibir las peticiones de la ciudadanía, como debe ser en tiempos electorales, enfundado en camisa roja. No plantee lo que no debe, fue una de las respuestas del fiscal al reclamo. Perdida la concepción de que el funcionario público es un ciudadano mandatado por sus conciudadanos para hacerse cargo de los asuntos públicos, y en el presente caso para procurar justicia, se erigen de pronto en los regañones de los ciudadanos, con el agravante de que se hizo en presencia de los medios de comunicación, con infinidad de teléfonos celulares grabándolo, rodeado de un buen número de funcionarios de los tres poderes, en medio de una audiencia, presuntamente citada para oír los reclamos y peticiones de la sociedad. Así, el encargado de procurar justicia en Chihuahua, por su encargo constitucional, representante del pueblo de Chihuahua, asumió el papel de jefe regañón ante ciudadanos evidente y justamente indignados. Fueron varias las expresiones peyorativas hacia los que hablaban. –Que nadie se aproveche de esta situación. –Que no se pase de listo… La pregunta salta de inmediato ¿Si esa es la conducta en público, cómo habría sido en privado? ¿Y todo por qué? Sólo porque los maestros pedían justicia. El Fiscal contestó que ya había personas bajo proceso, pero los mentores pedían que ya no se les descontara de la nómina pago alguno, pues, decían, si ya existe la certeza de la comisión de un delito, hay detenidos ¿Por qué no detener los cobros de un asunto a todas luces ilegal? ¿Por qué no pedir a un juez que detenga los pagos mientras se investigan los hechos? Afortunadamente, para los maestros, el mandatario anunció que “afinaban” los detalles de un programa de apoyo a los demandantes. Queda en el aire, preocupante por lo demás, la conducta del encargado de la procuración de justicia en la entidad. Todos sabemos del elevado grado de tensión generado por un cargo de esa naturaleza, máxime en la entidad que ocupa, todavía hoy por desgracia, el primer lugar nacional en ejecuciones, pero conductas como las ahora relatadas no le ofrecen a la sociedad la certeza de que ahí se encuentra una persona con la mesura y el control necesarios para afrontar la grave problemática derivada de su cargo. No se plantea que deba renunciar pero sí que tome las medidas pertinentes para afrontar sus tareas con mucha mayor mesura, porque si tal conducta la asume el principal funcionario de seguridad pública, imaginémonos la cadena de pensamientos generados en sus subordinados. Desde hace tiempo venimos planteando la necesidad de que todos los elementos de las agrupaciones policiacas y de seguridad pública (y sus familias) deban ser apoyados psicológicamente y beneficiados con períodos de desintoxicación laboral, a fin de que actúen en las mejores condiciones físicas y sicológicas en el desempeño de su trabajo, el episodio relatado pudiera ser ejemplo de ello.

Precampañas: fraude a la ley

El Diario, 14 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Concebidas como la solución mágica para la prevención de los actos anticipados de campaña, para normar a los adelantados en los procesos electorales, las legislaciones electorales, federal y estatales, fueron concebidas para regular los tiempos en que los aspirantes pueden hacer campañas al interior de sus partidos y para que los órganos electorales pudiesen fiscalizar el gasto realizado en la infinidad de actividades proselitistas. Además, se pretendía otorgarles a los partidos, ya que prácticamente todos estaban inmersos en atractivas contiendas internas, el marco regulatorio para impedir los fraudes y excesos electorales, además de los actos anticipados de campaña y la inequidad, dado que la actividad de los aspirantes estaba encaminada, no solamente a los militantes, sino a toda la sociedad. Pero hete que al paso de unos cuantos procesos electorales internos, todos los partidos demostraron cuán escasa es la cultura democrática de sus militantes y dirigentes, raro fue el que no presentó tremendos fraudes en sus elecciones internas, lo que dio pie a las numerosas fracturas y deserciones de numerosos militantes. En cosa de unos cuantos años, los partidos políticos y sus capas dirigentes le mostraron a la sociedad mexicana que no son confiables en los procesos electorales internos. ¿Por qué sí habríamos de considerarlos de fiar en las constitucionales? Peor aún, al paso de unos muy pocos años, las capas dirigentes de los antiguos partidos de oposición, que tanto criticaron el método priista por excelencia –el “dedazo” – lo asumieron, casi todos, de manera diferenciada y con altibajos. Así, lo que era tan criticado en el PRI, se volvió casi norma en el resto. Si faltara algo para reforzar la tendencia antidemocratizante, ahora recurren a las encuestas para resolver candidaturas. El PRI lo hace de manera generalizada, la izquierda para no ir a elecciones (que, saben, serán fraudulentas), el PAN las utiliza para desalentar las contiendas internas y los otros ni siquiera las usan, dadas sus escasas expectativas de triunfo. Por tanto, la legislación local para normar las precampañas prácticamente nació muerta. Salvo en unos cuantos municipios en los que el PAN sí tendrá elecciones internas (y algunos distritos), todos los demás candidatos serán elegidos en los órganos de dirección partidistas, con el agravante de que en un buen número serán designados por esos mismos órganos. Entonces ¿para qué se necesitan las precampañas? Ni modo que para convencer a un determinado número de consejeros se necesite recurrir a la propaganda, impresa y en medios electrónicos de comunicación, y más cuando el número de electores es, por su naturaleza dirigente, escaso, y en ocasiones extremadamente escaso, como lo demuestra el reporte publicado por El Diario: El PRI elegirá a sus candidatos mediante convención de delegados. Ha registrado aspirantes únicos a 55 candidatos a miembros de ayuntamiento y probables candidatos a diputado por 21 de los 22 distritos; “el PAN celebrará elecciones en 11 municipios”, pero solo entre sus miembros y en los demás “por el método extraordinario de asignación directa”. El PRD espera la resolución de los tribunales a fin de que les aprueben la alianza con el PRI. A su vez, la Comisión Ejecutiva Estatal del PT designará a sus candidatos. El Verde, según esta información, no reporta en concreto y el “Partido Movimiento Ciudadano registrará precandidatos que designe su Asamblea Electoral Nacional, mientras que el Partido Nueva Alianza lo hará por Asamblea de Consejo Estatal”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 11/IV/13). ¿Y entonces, para qué sirven las precampañas? Para encubrir la realidad de que ya están en campaña. Los partidos, finalmente, no necesitan tal figura electoral pues sus actividades de precampañas no tienen como destinatario formal a la sociedad pues los electores no son los ciudadanos comunes y corrientes, y en la mayoría de los casos, de todos los partidos, ni siquiera son los militantes de base los electores, sino los dirigentes. ¿Po’s no que estábamos en la época de la plena competencia electoral, y que habíamos arribado a estadios superiores de cultura democrática? N’ombre, estamos en la mejor época del dedazo. Cundió el mal ejemplo por todos lados y ahora todos los partidos nos hablan, como si fuera un plus, que son agrupaciones en las cuales prevalece la unidad, la cual existe ¡porque no hay elecciones internas, todas las designaciones las resuelven los notables! Es decir, en “mexicano”, no hacen elecciones internas porque de ellas salen divididos, ya sea por el nivel de confrontación (lo que habla de su escasa vocación democrática), o porque hacen fraude. Tantito peor. El problema estriba en que tal retroceso en materia democrática puede derivar –es muy probable– en un ejercicio gubernamental igualmente regresivo, o que sectores gubernamentales o empresariales intenten ir más adelante en esta materia, que el gobernante (o gobernantes) en turno. No de otra manera se pueden catalogar dos hechos, ambos relacionados con la actividad del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en Chihuahua el fin de semana anterior. Por una parte, según reveló el protagonista, al periodista César Alejandro Camacho Coronado, la empresa Cablemás “le pidió su renuncia, en represalia por la entrevista que hizo al ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, el pasado viernes 5”. Camacho afirmó que la entrevista “causó revuelo por las declaraciones de Andrés Manuel en contra de (César) Duarte Jáquez… y el lunes a primera hora me entregaron un documento en el cual exponen, por parte del licenciado Luis José Tarango Gutiérrez, gerente y apoderado legal, la conclusión del contrato porque no conviene a los intereses de Cablemás”. En su cuenta de Twitter, López Obrador reclamó la vigencia de la libertad de expresión. Pero si el caso de Camacho pudiese no ser contundente, lo aparecido en la columna Ráfagas, del periódico El Heraldo de Chihuahua, de la cadena OEM, de Mario Vázquez Raña, es más, además de preocupante, emblemático del modo como se conceptúa, desde ese medio impreso (y quizá desde algunas esferas del mundo oficial), la libertad de militar políticamente. Y es que el periódico critica a “Manuel de Jesús Siqueiros Márquez, comisario de Servicios Educativos, un puesto que le reporta a la Contraloría”, por haber tomado protesta como integrante del Consejo Consultivo de Morena (cuyos miembros no son militantes de la agrupación, solamente consultores), en el acto en el que López Obrador “aprovechó para tundirle a la administración estatal”. (Ráfagas, El Heraldo de Chihuahua, 10/IV/13). Y luego, la columna sí que le tundió al funcionario: “ENEMIGO.- Ahí está un caso más de esos incongruentes, de organizaciones que viven del erario público (sic), de subsidios, dádivas, sueldos y nóminas que les da el mismo gobierno, que luego se queja de ataques infundados e intereses perversos de los grupos de presión, a los que tiene dentro de la misma estructura oficial. Su enemigo, pues, lo tiene en casa, lo mantiene y luego se hace el sorprendido”. Todavía nadie nos había dicho que para trabajar en las dependencias públicas era requisito militar en el partido gobernante. Así se las gastan. Muy preocupante.

Congruencia con “altura de miras”

Luis Javier Valero Flores Ni duda cabe que la dirigencia estatal del PRD en Chihuahua es congruente con una de las máximas de su ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador: el PRI y el PAN son la misma cosa, son igualitos, no se diferencian en nada. Y como no son diferentes, po’s da lo mismo aliarse con uno y otro (como lo afirmara días atrás su dirigente estatal, Jesús Manuel Márquez) y si ya lo hicieron en el pasado con el PAN en Chihuahua –como ahora lo hacen en Baja California– ¿por qué no hacerlo con el PRI en el presente proceso electoral? Si tal pretensión tiene como sustento “abonar a la gobernabilidad y al fortalecimiento de las instituciones para restablecer el clima de libertades y garantías sociales e individuales, imprescindible para el ejercicio de una democracia realmente efectiva” (declaraciones de Hortensia Aragón. Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario Digital, 10/IV/13), entonces ¿por qué no hacerlo? Y ya encarrerada, dijo que la resolución del perredismo local “es una definición congruente y necesaria en el contexto extraordinario que se vive en la entidad, no se claudica en los principios cuando se actúa en consecuencia y en pro de los que decimos representar. Nuestro partido no es ajeno ni insensible a la situación que padecen los chihuahuenses y por ello, con altura de miras, respondemos contundentemente a la misma y en favor de la paz”. ¡Órale! Más. El diputado local, Héctor Barraza, ahora ferviente defensor de la “autonomía” del perredismo local, acusó a la dirigencia nacional del PRD de incongruente y violadora de tal autonomía, razones por las cuales la dirigencia estatal decidió acudir a los tribunales electorales, a fin de inconformarse por la resolución de la Comisión Política Nacional de su partido, de no aprobar una alianza con el PRI, con lo que se convertirían –a juicio del escribiente– en la primera dirigencia estatal de un partido que recurre a los tribunales, reclamando les permitan aliarse al PRI en unos comicios locales. El también ex dirigente estatal perredista “descartó que el PRD en Chihuahua, corra peligro en caso de no aliarse con el PRI, ante lo cual manifestó que en el pasado proceso electoral lograron 300 mil votos, que los dejan como un partido que puede contender solo”. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua, 10/IV/13). Barraza abordó uno de los temas de fondo, el peligro que corre ese partido de no alcanzar el 2 por ciento de la votación, lo que lo llevaría a perder las prerrogativas estatales y las posiciones de representación plurinominal en el Congreso y cabildos. De ningún modo se sostiene que este partido alcanzó 300 mil votos en la pasada contienda presidencial, los obtuvo su candidato presidencial. Nada hace suponer que pudieran repetir tal fenómeno sin la participación del tabasqueño –no aparecerá en las boletas electorales– y sin la de cientos, acaso miles de activistas de la izquierda chihuahuense, los de Morena para empezar, y de igual cantidad de ciudadanos que simpatizaron con la candidatura de López Obrador. Además, y no es una novedad asentarlo, como en el resto del país, el PRD ha sufrido una tremenda sangría, a causa, principalmente, de los desvaríos políticos de su dirigencia nacional y sus correlativos a nivel local. ¿Quién podría negar la extremada cercanía de Jesús Ortega y Jesús Zambrano a las posiciones y posturas del PRI, así como su innegable abandono de las posturas de izquierda? El colmo es que sean rebasados por la derecha por la dirigencia chihuahuense del partido del sol azteca, esa sí que es una exageración, pero que decidan acudir a los tribunales para hacer valer su derecho a aliarse al PRI ya es el colmo de la falta de ética política y de pérdida de identidad partidaria, todo, por acceder a los puestos de gobierno que les depare la alianza con el partido gobernante en Chihuahua. Y es que hay una cosa que suelen olvidar los dirigentes –ojalá alguien publicara las memorias de Artemio Iglesias– que tan gráficamente describiera quien fuera llamado “el filósofo de Rubio”: Las gentes no son manzanas para andarlas cambiando de cajón. Los votos emitidos por López Obrador lo fueron por ciudadanos que rechazaron, por igual, la propuesta y candidaturas del PRI y del PAN, quienes, ellos también al igual que los dirigentes del PRD de Chihuahua, los consideran igualitos.

Cruzados

El Diario, 9 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores El segundo día del mes dieron inicio las actividades de la Cruzada contra el Hambre en Chihuahua, el programa estrella de la actual administración federal, que beneficiará en la entidad a 400 mil personas en 9 municipios, entre los que no se encuentran todos los de mayor rezago y sí, en cambio, las dos principales ciudades, Juárez y Chihuahua, bajo la peregrina idea de que no se deben realizar mayores esfuerzos para llevar los beneficios a quienes viven en las urbes y cuyo número rebasa, con mucho, los que se encuentran en los municipios de más difícil acceso en el estado. El acto inaugural de la Cruzada fue el envío de 10 camiones con ayuda alimentaria para nueve municipios, y el titipuchal de discursos oficiales cuyo eje central fue que este programa no es asistencialista como los del pasado, “no es una limosna, sino un reto mayor que involucra y capacita a los propios beneficiarios para garantizar en corto plazo resultados positivos en el combate al hambre y rezago socioeconómico”, afirmó el gobernador César Duarte. Será un programa integral de “Estado para combatir las causas de la carencia alimentaria”, con un marco presupuestal de 2 mil 300 millones de pesos tan sólo para el área de desarrollo social y que abarcará la aplicación de estrategias que contemplen “proyectos productivos, oportunidades de estudio, impulso regional mediante infraestructura, etcétera”. Y en un mensaje de receptores inespecíficos, conminó a “dejar atrás la simulación y que todos los sectores se comprometan a trabajar unidos en esta cruzada”, precisamente cuando se echa a andar un programa estrictamente gubernamental, que por lo menos así se apreció cuando fue dado a conocer por el presidente Peña Nieto. Además de lo estrictamente concerniente a la Cruzada, el gobierno anunció que trabajaría en la dotación de infraestructura de servicios como presas, electricidad, escuelas, actividades productivas, así como en la construcción en más de 70 frentes carreteros en el estado. Dos serán los problemas a tratar, o riesgos a evitar, tanto desde el gobierno (si se encuentra en tal sinfonía) como desde la sociedad. Uno, constatar que efectivamente se trata de un programa que deja atrás el asistencialismo, que no viene de los gobiernos panistas, sino del priista encabezado por Salinas de Gortari y pervertido en el de Ernesto Zedillo, pues en sus orígenes, efectivamente, muchos de los programas de Solidaridad apuntaban al desarrollo de las comunidades en las que se pusieron en vigor infinidad de ellos tendientes al fortalecimiento de las fuerzas productivas de los lugares en los que se asentaron, para lo cual, paradójicamente, muchos especialistas y dirigentes sociales y políticos de izquierda fueron cooptados para Sedesol, en una contradicción entre esta izquierda y la que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas, primero, y luego a López Obrador, querella que aún repercute en las relaciones entre los distintos agrupamientos y corrientes de la izquierda mexicana. El segundo reto será demostrar que los programas de la Cruzada contra el Hambre, que se aplicarán en muchas de las más importantes ciudades en las que se realizarán procesos electorales este año, no servirán de instrumento para utilizar pervertida y electoralmente las carencias y rezagos de cientos de miles de compatriotas, como ha quedado constatado en las elecciones presidenciales del año pasado, y confirmado, no por los opositores de Peña Nieto, sino por el órgano electoral, el IFE, cuyo prestigio se pierde a pasos agigantados en cada querella y cada elección. De ahí la gravedad de la resolución de las instancias electorales federales, al dictaminar que no había violación alguna al marco legal electoral con el uso de las tarjetas de Monex y Soriana. Dejaron viva la posibilidad para que prácticas como esas se puedan repetir en cualquiera de los 14 procesos electorales a celebrar este año. Así, que no sea solamente un programa de entrega de víveres (que por supuesto se debe hacer), anunciado con mucho boato y que permanezca alejado de los vaivenes electorales, serán tareas señeras de quienes lo harán posible, y de toda la sociedad; por varias razones, una de ellas fundamental, evitar que nadie lucre, de ningún modo, pero menos electoralmente, con el hambre de los mexicanos, y de los chihuahuenses por extensión.

Morena, único referente

El Diario, 7 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Hoy culmina, con sendos actos en Chihuahua y Juárez, una gira del ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, en la que lo sobresaliente es la toma de protesta a los comités municipales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de las cinco más pobladas ciudades chihuahuenses, amén de que la dirigencia estatal de este nuevo partido ha programado la estructuración de comités en todos los municipios de la entidad, en un esfuerzo que muy pocos en el “Estado Grande” han logrado, como pasos previos a la celebración de la asamblea estatal de registro que realizarán de manera semejante a las que efectuarán en todo el país para intentar participar con sus propios emblemas y registro en las elecciones federales del 2015, y si lo obtienen, hacerlo en todos los procesos electorales locales. La presencia del tabasqueño se efectúa en un entorno local y nacional totalmente diferente al de sus últimas visitas. En la campaña electoral lo hizo cobijado, así sea muy formalmente (y no tanto, todos estaban interesados en que, por lo menos, obtuviera una alta votación) por todos los partidos registrados autonombrados de izquierda. Hoy, los partidos de esta corriente política, en el ámbito nacional, se debaten en medio de una división, así sea encubierta, o no expresada en debates abiertos, pero que se da alrededor de asuntos torales, todos ellos derivados del modo en que desean relacionarse con el nuevo grupo político hegemónico en el país, en el que ocupa lugar central la firma del Pacto por México y sus consecuencias. Una buena parte de la izquierda mexicana, a la que perteneció desde su juventud Jesús Ortega, con mucho el hombre con más poder en el PRD, no ha tenido más referente que el poder político ejercido por el PRI. Pero Ortega es un hombre sagaz, inteligente y preparado, en cambio, muchos de sus seguidores abrevan solamente de las “oportunidades” que depara la cercanía, muy estrecha, con los hombres del poder, de ahí que en lugar de considerar la firma del Pacto como un acto entre fuerzas políticas distintas, convergentes en algún momento y en algunos temas, de inmediato ya se consideraron como parte de la “familia” en el poder, sin parar mientes en que son, al fin y al cabo, fuerzas distintas y que lo propuesto por los priistas es el mecanismo ideado por ellos para permanecer en el poder durante largos años. Que algunas cosas le sirvan a la gente, al país, ni duda cabe, de lo contrario no podrían los priistas alcanzar un cierto consenso social, pero de ahí a perder la brújula política y la identidad ideológica hay un mundo de diferencia. Bueno, pues eso sucedió, con las excepciones debidas. Además, a pesar de lo que muchos pensaron, que a la salida de AMLO del PRD terminarían las querellas en este partido, al contrario, se han agudizado y ahora han aflorado hasta las diferencias entre los equipos de Marcelo Ebrard y Miguel Mancera, entre Los Chuchos y René Bejarano, entre los seguidores del Pacto y sus impugnadores, entre los que privilegian la relación con el PAN y los que la desean, la ansían, con el PRI... Hijo, es mucha divergencia. Pero el problema mayor es el desdibujamiento político e ideológico. Ante éste, las expresiones de López Obrador, en el sentido de que Morena es la única oposición a la actual administración federal, adquiere un enorme sentido: “Morena es un referente moral y no está en bancarrota. (Nota de La Jornada, 5/IV/13). Y si tal ocurre en el ámbito nacional, en el local es de miedo. El extremo es la dirigencia estatal del PRD. ¡Se fue al DF a implorarle a la dirigencia nacional que les permita aliarse con el PRI en el actual proceso electoral! ¿Bajo qué argumentos, bajo qué programa político de beneficio a los chihuahuenses? N’ombre, lo único que importa para esta dirigencia son las “posiciones” que obtengan de una alianza por demás inaceptable a los ojos de los militantes de la izquierda chihuahuense. Y no se argumenta desde las posturas inamovibles de la ideología, sino de las más prácticas de desbrozar las coincidencias y las diferencias con los hombres que gobiernan Chihuahua hoy. Lo mismo ocurre con los otros agrupamientos de la “izquierda” local, el PT y el partido del Movimiento Ciudadano, todos ansían la alianza con el PRI. ¿Por “amor” al pueblo de Chihuahua? !Hasta crees! En juego está el interés de quienes dirigen tales partidos en alcanzar posiciones políticas que, como todas en México, significan jugosas prebendas que luego no quieren soltar. Ante ese panorama, la entrada en juego de Morena como partido arroja un innegable aire fresco al país y a Chihuahua, que deberá arrostrar la ofensiva de quienes sirven, finalmente, al poder establecido, de ahí las versiones de las columnas políticas en Chihuahua argumentando que la visita de López Obrador obedecía solamente a la intención de “pasar la charola”, mecanismo ruin para desacreditar la lucha y postura políticas del que, por desgracia, se está convirtiendo en el único referente de izquierda en el país. Tales versiones, interesadas la mayoría de ellas, intentan dejar de lado la intensa campaña de organización de una agrupación política que intentará registrarse como partido político nacional ante el IFE por sus propios mecanismos y con sus propios recursos, así ¿qué de malo tiene que celebren bailes, rifas, sorteos y promociones de donaciones para sufragar los gastos de su partido? Estamos tan acostumbrados a los excesos de los partidos y sus integrantes, en el uso de recursos públicos, que hechos como los ahora comentados suelen desencadenar críticas por demás inexplicables y comentarios sarcásticos como el de “ya se les acabó la ubre pública”, reflejando, de este modo, la escasa cultura política prevaleciente pues las prácticas partidistas en el mundo desarrollado implican una gran participación de la totalidad de los miembros de los partidos políticos, sin el concurso de la propaganda en los medios electrónicos de comunicación, razón por la cual los partidos deben contar con una sólida estructura territorial que les permita participar con éxito en los procesos electorales, a pesar de lo breve de las campañas. A pesar de no haber alcanzado, en la legislación electoral nacional, tales avances democráticos, la aprobada en 2007 y 2008 dio lugar a que las agrupaciones políticas que contaran con una buena base territorial podrían mejorar sus resultados electorales, eso lo asimiló bien la dirigencia lopezobradorista –sobre todo su principal dirigente– y mediante la conformación de comités en todos los municipios de México se convirtió en la segunda mejor organización, solo por atrás del PRI, una de las razones fundamentales por las que el tabasqueño logró una gran reinserción electoral en el pasado proceso presidencial, después de que los principales analistas políticos lo daban por descartado en la lucha por la presidencia y que, ahora, lo sabemos, estuvo por muy pocas semanas, a punto de obtener el triunfo. Sin contar, además, que el discurso político de López Obrador es, sin duda, el único de oposición en el país, y que refleja, sin duda alguna, el de millones de mexicanos. De ahí la importancia que revisten actividades como las ahora señaladas, particularmente en una entidad en la que sorpresivamente la candidatura del tabasqueño ocupó el segundo lugar de las preferencias en Juárez y a escasos votos de la candidata del PAN, luego de que nuestra entidad fue considerada una de las joyas del blanquiazul.

Opacos a más no poder

El Diario, 4 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Encargados de elaborar y ser garantes de la legalidad, además de haber protestado hacerla guardar y cumplirla, incluida, por supuesto, la correspondiente a la de la transparencia, los partidos de Acción Nacional y Revolucionario Institucional, recientemente dieron otra evidencia de su inocultable desprecio a la sociedad. Ya es queja nacional que la clase política mexicana aprovecha todos los resquicios que produce, o que aparecen, para obtener una mayor cantidad de prebendas, de todo tipo, y que no tiene empacho para eludir la legislación que genera, siempre y cuando se beneficie de tales elusiones y evasiones. En respuesta a sendas solicitudes de transparencia realizadas por ciudadanos en 2012, el PAN se negó a entregar nombres y salario de los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones y el PRI no reportó facturas de alimentación del presidente del Comité Directivo Estatal de Tabasco, por puritita casualidad, el dirigente de los tiempos del ex gobernador Granier, el mismo que ha recibido varias denuncias de enriquecimiento inexplicable de la actual administración, encabezada por el perredista Arturo Núñez. El IFE, bueno es decirlo, les ordenó que lo hicieran; ante ese mandamiento del órgano electoral, ¡interpusieron recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para no hacerlo! Sin embargo, la consejera presidente del IFAI, María Marván, ha asegurado que deberán hacerlo. (Nota de Leslie Gómez, Reforma, 31/III/13). Los partidos alegaron que dicha información la entregarían hasta que terminara el proceso de fiscalización de los gastos realizados ese año, lo que equivaldría a que los gobiernos no entregaran la información solicitada sino hasta que se dictaminara la respectiva cuenta pública por los órganos legislativos correspondientes. En esa actitud de opacidad, es el PAN quien lleva mano pues la información sobre la nómina es una obligación que debe aparecer sin solicitud previa, tal y como la deben otorgar los portales digitales de todas las dependencias públicas, y los partidos, por mandato constitucional, son “entes de interés público”, razón por la cual, ni siquiera debería existir una petición para acceder a la nómina y salarios de los funcionarios partidistas. Y en el otro caso ¿cuál es la impedimenta para acceder a los gastos realizados en tal y cual actividad de un partido determinado, si lo que se gastan son dineros públicos? En este caso, aun más después de las denuncias del gobernador actual que hacen suponer, por lo menos, de malos manejos financieros. Pero en cualquiera de los dos casos, no se trata de una dependencia partidaria la que presenta los recursos ante el TEPJF, por ley, sólo la dirigencia nacional, a través de sus órganos jurídicos correspondientes, con el aval de los más altos dirigentes nacionales, pueden presentar dichos recursos jurídicos ante el tribunal. Es decir, no es la opinión de un órgano cualquiera, sino la de la dirigencia de los dos más importantes partidos políticos del país, los que en las tres últimas décadas han elaborado cerca del 90 por ciento del entramado legal más importante de la nación, incluida la legislación en materia de transparencia; ahora conocemos su postura acerca de asuntos tan trascendentales en materia de transparencia y manejo honesto de las finanzas públicas, ante la cual lo sucedido en ese lapso en la revisión de las cuentas públicas en Chihuahua, por estos mismos dos partidos, no hay diferencia alguna, con todo y las quejas del blanquiazul de que el PRI no les consulta los dictámenes, no les entrega la información a tiempo, o que les “mayoritea” en la votación de los dictámenes pues en la mayor parte de los casos –o quizá en todos– aprobó la designación de quien lleva la responsabilidad de efectuar el trabajo técnico de la fiscalización de las cuentas públicas. Y tiene justificación el referirse a las cuentas públicas porque por el camino que llevan, no tardan en ofrecer como pretexto los anotados líneas arriba para no entregar la información que los ciudadanos interesados les soliciten. La burra no era arisca, la hicieron harta. PD.- El domingo, sobre la ruta del Peje y, a lo mejor, la resolución del PRD en su pretendida alianza con el PRI. ¡Sálvalos, Chucho, se van a condenar! Híjole, ver para creer.

Reprobados

El Diario, 2 de abril de 2013 Luis Javier Valero Flores Hay cosas que hacen dudar, no sólo de la eficiencia de los programas de seguridad pública, sino de la verdadera voluntad gubernamental para concretarlos, independientemente de lo adecuado de las estrategias en esa materia. Nunca estará de más rememorar la situación geográfica de Chihuahua, lo que le otorga condiciones muy especiales y en grado extremo relevantes en el tráfico mundial de drogas. Hace más de 10 años, la oficina de la DEA en El Paso informó que por los cielos y tierra de Chihuahua pasaban al mes alrededor de 20 toneladas de cocaína –no especificaron con qué grado de pureza– y todas las agencias estudiosas del tráfico de drogas, públicas y privadas, han acreditado la importancia de la frontera chihuahuense en el tráfico de drogas, precursores químicos, vehículos, mercancías varias, personas (aunque en este caso no es tan importante como lo pudieran ser Tamaulipas, Sonora y Baja California) y armas. Teniendo estos conocimientos, resulta inexplicable que las corporaciones policiacas no hayan aplicado una atención especial en el blindaje de las asentadas en territorio chihuahuense, que contemplara la aplicación de lo que desde el sexenio anterior se denominaron exámenes de confianza, que en todo caso debería haber sido desde el principio la vigilancia de las agrupaciones policiacas sobre la integridad moral y económica de sus integrantes, amén de sus capacidades profesionales. ¿Cómo podía justificarse, por ejemplo, que durante décadas, muchos de los miembros de las agrupaciones policiales poseyeran vehículos y joyas, para nada compatibles con sus ingresos salariales? Y que las exhibieran a ciencia y paciencia de sus jefes inmediatos y mediatos. Eso es un verdadero misterio, como el del elevado tren de vida –en el pasado, y quizá alguno en el presente– de los agentes aduanales. Por eso resulta, a la luz de lo anterior, altamente inexplicable que sólo se hayan aplicado los exámenes de confianza, de acuerdo con lo publicado en El Diario Oficial, en el estado de Chihuahua, sólo al 23.8 por ciento de los más de 12 mil elementos que se comprometió a examinar desde el 2010, colocándose, junto con Quintana Roo, en los últimos lugares en esta materia. Aspecto central en el combate al tráfico de drogas, si en verdad se quiere hacer, estriba en la detección del dinero obtenido y en su consecuente “lavado”. ¿Cómo estarán las cosas para que hasta apenas la semana anterior los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja hayan propuesto varias reformas legales para dotar al Ministerio Público de facultades para investigar y perseguir los actos u omisiones relacionados con el lavado de dinero? Dicha reforma contemplaría la creación de un cuerpo técnico de inteligencia que realizaría tales pesquisas. Eso se hace después de un sexenio y la comisión de más de 100 mil homicidios, la mayor parte relacionados con el crimen organizado, en la variedad del tráfico de drogas, que según los legisladores mencionados se convirtió en el quinto generador de empleos en el país, por encima de los empleos generados por Pemex, razón por la cual tener la información de la situación patrimonial de los elementos policiacos y de los miembros del Poder Judicial, así como del personal prejudicial, es esencial para combatir esta actividad, repite el escribiente, si de veras se quiere combatir de esta manera, es decir, punitiva, porque, por lo menos en los resultados, Estados Unidos ha decidido, de tiempo atrás, considerarla como un problema de salud pública, y no de seguridad, ni pública ni nacional. Pero si esas son las características de la actividad que se combate entonces medidas como la de la aplicación de exámenes de confianza en entidades como Chihuahua, adquieren especial importancia y no podrían considerarse como faltas menores las cometidas por los funcionarios responsables de la instrumentación, de cualquiera de los niveles. Ahora bien, si la aplicación de dichos exámenes tiene los inconvenientes que en un momento adujeron las autoridades locales, entonces la aplicación de medidas que demuestren la sana situación patrimonial de todos los elementos mencionados, es responsabilidad directa de las del orden municipal y estatal al tiempo que deben ofrecer la información respectiva a la sociedad para que ésta perciba que efectivamente se trabaja en la dirección mencionada. De lo contrario, estarán, como es lógico suponer, reprobados.