El Diario, 29 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
En medio de la vorágine de la polémica presupuestaria, y del golpe a la Compañía de Luz y Fuerza y a su Sindicato Mexicano de Electricistas, avasallado por la eterna y permanente campaña mediática en su contra, que llega por momentos al linchamiento, la propuesta presupuestaria alternativa de Andrés Manuel López Obrador pasó casi totalmente inadvertida.
En mala hora pues presenta aspectos que muestran la indebida e inmoral política de respaldar, hasta lo indecible, a la privilegiada minoría, la muy poderosa casta empresarial asentada en nuestro país.
Según el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el “hoyo” a las finanzas públicas derivado de la profundización de la crisis económica, asciende a cerca de los 500 mil millones de pesos (mmdp), en una versión, y en otra a “sólo” 300 mmdp.
Sin tomar en cuenta el informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, según el cual 400 grupos empresariales sólo pagaron el 1.7% de las utilidades obtenidas en 2008, razón por la que entregaron a Hacienda solamente 85 mmdp y no los 850 mmdp que debieron hacer, la propuesta del lopezobradorismo le allegaría al gobierno la cantidad de 500 mmdp.
La propuesta de López Obrador consiste básicamente en ahorrar 200 mmdp del gasto corriente, a partir de la reducción en 15% las partidas de servicios personales y de gastos de operación del gobierno; y obtener otros 300 mil millones mediante el cobro de impuestos a grandes empresarios y banqueros. Esto implica eliminar los regímenes especiales como la consolidación fiscal; la exención de impuestos por ventas de empresas en la Bolsa; las tasas de impuestos sobre dividendos, que son más bajas que en Estados Unidos; la depreciación acelerada de activos; el abuso en donativos deducibles de impuestos; y el incumplimiento de pagos de créditos fiscales, entre otros renglones.
Al reducir en 50 por ciento los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos, de directores adjuntos para arriba, incluyendo a los tres poderes y a los gobiernos estatales, se obtendría un ahorro de 95 mil millones de pesos.
Al desaparecer las partidas 1406, 1407 y 1500 del presupuesto federal, destinadas a la atención médica privada, a la caja de ahorro especial y a los bonos extraordinarios que reciben los altos funcionarios públicos; así como la eliminación de las pensiones a los ex presidentes nos ahorraríamos 30 mmdp.
Luego, al eliminar o reducir las partidas destinadas al pago de alimentación para altos funcionarios, los gastos de publicidad, la telefonía celular, las oficinas alternas, el arrendamiento de computadoras, vehículos y aviones, el pago de asesorías, los gastos de representación, combustibles y lubricantes y la adquisición de vehículos para funcionarios públicos, boletos de avión y viajes al extranjero el país se ahorraría otros 50 mmdp.
En cuanto al trato privilegiado recibido por los más poderosos grupos empresariales, según el Auditor Superior de la Federación, merced a las devoluciones de IVA, “las grandes corporaciones en 2004 pagaron sólo 74 pesos de Impuesto sobre la Renta y 69 pesos de IVA”, de ahí que el ex candidato presidencial del PRD proponga el cese inmediato de tal práctica fiscal pues, dijo, tan sólo en el periodo 2001-2005, mientras la inversión privada se incrementó en 279 mmdp, las devoluciones de impuestos alcanzaron los 604 mil millones.
Es tan descarada la corrupción en la cúpula del poder, que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) resolvió mantener en secreto por 12 años -hasta 2019- los nombres de las empresas que en 2005 resultaron beneficiadas por el SAT con la devolución multimillonaria de impuestos.
Otro ejemplo de tal proceder, son los créditos fiscales no pagados por grandes empresarios y banqueros. La cartera total, que también incluye a otros deudores, sumaba al 30 de junio de este año, 469 mmdp.
Asimismo, en ese año, Hacienda sólo recuperó el 0.3 por ciento del monto otorgado a los llamados grandes contribuyentes. Es decir, los principales deudores fiscales al final no pagan nada. Entre ellos aparece un banco con créditos fiscales por 25 mil millones de pesos. Además, en ese año, a esa misma institución financiera, le devolvieron 2 mil millones de pesos de impuestos. También “dos cadenas televisivas” tenían créditos por mil 500 millones y un periódico debía 2 mil 675 millones.
¡Eso es puura vida! Diría Clavillazo.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
jueves, 29 de octubre de 2009
domingo, 25 de octubre de 2009
Paquetazo: pa' tras los filders
El Diario, 25 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
“El presidente (Felipe Calderón) pasó de haber puesto a un joven torpe en operación política con Germán Martínez, a un chamaquito irresponsable y llorón… un irresponsable escuincle de quinta de barrio, que no entiende qué es la responsabilidad de gobernar. –No se enoje, diputado... –¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche rajón, cobarde! –exclamó y, ante las miradas de asombro que provocó su afirmación, insistió–: Oye, ¿por qué no lo defendió en la noche?”. Expresiones del diputado priista David Penchyna al enterarse de las declaraciones de César Nava, La Jornada, 23/X/09.
¿Cuáles fueron las verdaderas razones para que el PRI apoyara en la Cámara de Diputados el paquetazo fiscal propuesto por el PAN? ¿Cuáles, a su vez, las que llevaron al presidente del PAN, César Nava, a despotricar contra el PRI por haber votado a favor de su propuesta y señalarlos, traicionera, deslealmente, como los autores intelectuales del paquetazo? ¿Y cuáles las que llevaron a los senadores priistas a anunciar su oposición y el posible rechazo a tales medidas impositivas?
No deberemos ir muy lejos por las respuestas. En la aprobación de la ley de ingresos por la Cámara de Diputados, (que deberá ser aprobada por la de Senadores y si ésta no lo hace, o la modifica, deberá regresar a la primera y sólo hasta entonces se podrá enviar al titular del Poder Ejecutivo para que la promulgue y la publique, si no la veta) estamos presenciando el primer episodio de importancia a consecuencia del triunfo del PRI en las recientes elecciones federales.
Y no se trata del triunfo de un grupo monolítico, al contrario, este episodio está mostrando en toda su crudeza la disparidad de grupos, intereses y proyectos existentes al interior del partido que lo fue todo en México.
La mayoría de los priistas llegados a la Cámara de Diputados son políticos ligados, algunos de ellos muy fuertemente, a sus respectivos gobernadores. Ello podría explicar el hecho de que los gobernadores priistas hubiesen tenido el más importante papel en la discusión con el gobierno federal para la aprobación del paquetazo, es lógico suponerlo, al contar con la cuasi mayoría parlamentaria no sólo impulsaron el acuerdo sino que se cuidaron de instalar los suficientes candados legales a fin de que fluyeran más recursos a los gobiernos estatales y le disminuyeran, por tanto, a la administración federal y a sus principales programas sociales.
De ahí, probablemente, la postura de César Nava, al percatarse los panistas en el gobierno, que les habían amarrado las manos y en cambio los gobernadores priistas contarían con un caudal de recursos, si bien no suficientes para enfrentar los efectos de la crisis, sí para paliar sus efectos y no quedar “inermes” el próximo año y afrontare de mejor manera la realización de 12 (¿?) elecciones estatales. De ahí el interés de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, en aprobar el paquetazo pues a querer y no, a la chita callando, trabaja en aras de aparecer como posible candidata en el 2012.
Pero el tamaño de los costos políticos, expresado en el unánime rechazo popular a los nuevos impuestos atrapó a los priistas. Fueron numerosos los diputados que se negaban a aprobar algo tan regresivo. Al final la disciplina partidaria funcionó como siempre, sólo un grupo de 35 valientes disidentes resistió el acoso (se llegó a decir que la misma Beatriz Paredes amenazó a más de uno al señalarle que si no aprobaba el paquetazo -“se te acabó tu carrera política).
Pero justamente cuando se inscribían más de 120 oradores en la Cámara de Diputados, los dirigentes de los senadores priistas dieron a conocer su postura a la dirigencia priista: No la vamos a aprobar, dijeron.
Según la versión publicada por Raymundo Riva Palacio, director de El Universal, (El Diario, 23/X/09) Francisco Rojas le habló por teléfono a Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores priistas, y le pidió que el senado aprobara el paquetazo fiscal, -¿Por qué? le respondió. “Son los acuerdos que tenemos”, dijo Rojas. “¿Con quién hicieron acuerdos?”, reviró Beltrones, “con nosotros no”.
Y es que en el senado, como la canción, el que manda es Manlio Fabio Beltrones, el senador sonorense que desde el 2000 anunció su pretensión de ser candidato presidencial en 2012 y que al oponerse a ley tan regresiva, no sólo le enmienda la plana a dos adversarios, sino que logrará, si se mantienen los senadores priistas en esa postura, aparecer como “el bueno” de la película al respaldar el amplio rechazo popular a las medidas impositivas.
Pero no sólo, logrará poner, quien lo dijera, en ridículo a la presidenta del partido y se habrá sobrepuesto a Ernesto Peña Nieto, el poderosísimo mandatario mexiquense, cuyo manto político abarca a más de medio centenar de diputados federales.
Los asertos anteriores explicarían la increíble decisión de aprobar las medidas fiscales motivo de discusión y rechazo en todo el país. Según el gobierno federal el boquete abierto por la crisis -“que nos llegó de fuera”- ascendió a más de 300 mil millones de pesos (mmdp), pero si se aprobara el paquetazo la recaudación soñada por los funcionarios de Hacienda ascendería a 116 mmdp, y eso si al elevarse los impuestos no disminuyese la recaudación, como fruto del aumento de la evasión y elusión fiscal.
Son de antología nuestros políticos. Primero se pelean hasta la madrugada, luego los autores de la iniciativa salen diciendo que los priistas son los autores intelectuales, que las medidas aprobadas no resuelven el problema y luego muchos de los aprobantes salen a defender su voto, incluso cuando sus compañeros senadores ya se aprestan a rechazarla.
Insuficiente, la ley de ingresos avalada por el PRI, dijo César Nava, el presidente del PAN, y desató, automáticamente, la respuesta del tricolor, la que sólo necesitaba un empujoncito en la Cámara de Senadores.
Nava, al despotricar contra los priistas lo único que logró fue hacerles más terso el papelón jugado por los diputados federales priistas.
Las frases de Nava no dejaron resquicio, acusó a la “burocracia” de los gobiernos priistas de ser quien se quedara con el 16% de IVA aprobado.
No tuvo que ir muy lejos por las respuestas. El dirigente panista es un irresponsable, llorón, rajón y cobarde, le dijo el diputado priista, secretario de la Comisión de Hacienda, David Penchyna.
Es indefendible el paquetazo. La totalidad de los organismos empresariales lo rechazaron, y Banamex, mediante un estudio, informó que provocará un aumento de 6% al índice inflacionario.
El programa fiscal recrudecerá la recesión, el desempleo y se ampliará el período de la crisis, dice Jesús Silva Herzog, ex secretario de Hacienda.
Así, de manera natural, por lo menos en este asunto, los senadores priistas coincidirán con los del PRD. Los del PRI sostienen que aumentarán cuatro dólares el precio estimado del barril de petróleo, elevarán a un punto el déficit fiscal y disminuirán recursos para gasto corriente. Además, desecharán la intención de gravar a las personas físicas que ganan más de 6 mil 663 pesos al mes. Pretenden subir el rango, para que sólo aplique a los que tienen ingresos mayores a 11 mil pesos mensuales.
“Retomaremos nuestra propuesta, porque no sólo se trata de salvar la caja del gobierno, sino de generar crecimiento y generar empleo. Si dicen que es nuestra propuesta la que se aprobó, pues que sea la nuestra de verdad", expresó Jesús Murillo Karam, Secretario General del PRI.
El nuevo paquete daría recursos adicionales por 79 mil millones de pesos, de los cuales 49 mil serían participables a los estados ¡Oh, lalá!
En total, los senadores priístas le restarían a los ingresos aprobados en San Lázaro, unos 50 mil 400 millones de pesos que deberán compensarse con otras medidas. A su vez, los senadores perredistas propondrán quitar de la Ley de Ingresos aprobada por los diputados el incremento al IVA, al impuesto sobre depósitos en efectivo (IDE) –que lo elevaron a tres por ciento– y el tres por ciento en telecomunicaciones y propondrán que en el caso de la consolidación fiscal, se mantenga con efectos retroactivos.
Si bien el incremento al IVA ha recibido la mayor parte de las críticas, el aumento al ISR es no menos lesivo pues aumentaría hasta en 8% los impuestos a pagar por los asalariados.
A cambio, los priistas cumplieron, dice Alejandro Cano, pues no elevaron el IVA a medicinas y alimentos como se propuso en campaña a la población y él se declaró dispuesto a “asumir el costo político por autorizar algo que no es popular”.
No había opciones, aseguraron sus compañeros Guadalupe Pérez y Guillermo Márquez en el seno de una reunión del Consejo Estatal Agropecuario; ambos aseguraron que, de acuerdo con la información proporcionada por Hacienda, la aprobación de tales medidas impositivas era la única alternativa.
Sin embargo, el miércoles de la semana pasada el SAT envió un reporte a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En él se señala que el año pasado los 400 grandes grupos empresariales existentes en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de impuesto sobre la renta (ISR). Pagaron sólo 85 mmdp, luego de haber acumulado ingresos por 4 billones 960 mil millones.
No es la excepción, en el 2006 se le devolvieron a las grandes empresas 114 mmdp por concepto de IVA, lo que llevó a que cien de las más importantes empresas en el país pagaran sólo 7 mil 50 pesos por IVA e ISR, de acuerdo con la fiscalización efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El año anterior, en 2005, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, le devolvió a diez grandes contribuyentes más de 17 mil millones de pesos de IVA e ISR, entre los que se encontraban Wal-Mart, Bimbo, cinco fabricantes de automóviles, (no detallados en el informe público de la ASF), así como una empresa de equipos fotográficos.
Además, tal auditoría detectó a 50 grandes contribuyentes, (tampoco precisados) cuyos pagos individuales de impuesto sobre la renta en ese año, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos. Es decir, entre todos pagaron 3 mil 700 pesos, a pesar de tratarse de consorcios con ingresos brutos anuales superiores a los 500 millones de pesos.
Sólo como ilustración de tan salvaje política fiscal, sirva el hecho que las devoluciones efectuadas por Hacienda en 2005 equivalían al 61% de la inversión física federal y al 85% de las pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público presupuestario ese año, según la ASF.
Igual ocurrió en 2007, ese año el SAT devolvió 133 mil 218 millones de pesos a grandes contribuyentes. (La Jornada, 17 de marzo de 2009, p. 16).
¿De veras no hay opciones? ¿Por qué no acabar con los regímenes especiales, como el mismo SAT sugiere en el reporte mencionado, si lo recaudable ascendería a más de 400 mmdp?
¡Ah, pero es que se trata de los señorones, de los verdaderos mandones en México!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
“El presidente (Felipe Calderón) pasó de haber puesto a un joven torpe en operación política con Germán Martínez, a un chamaquito irresponsable y llorón… un irresponsable escuincle de quinta de barrio, que no entiende qué es la responsabilidad de gobernar. –No se enoje, diputado... –¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche rajón, cobarde! –exclamó y, ante las miradas de asombro que provocó su afirmación, insistió–: Oye, ¿por qué no lo defendió en la noche?”. Expresiones del diputado priista David Penchyna al enterarse de las declaraciones de César Nava, La Jornada, 23/X/09.
¿Cuáles fueron las verdaderas razones para que el PRI apoyara en la Cámara de Diputados el paquetazo fiscal propuesto por el PAN? ¿Cuáles, a su vez, las que llevaron al presidente del PAN, César Nava, a despotricar contra el PRI por haber votado a favor de su propuesta y señalarlos, traicionera, deslealmente, como los autores intelectuales del paquetazo? ¿Y cuáles las que llevaron a los senadores priistas a anunciar su oposición y el posible rechazo a tales medidas impositivas?
No deberemos ir muy lejos por las respuestas. En la aprobación de la ley de ingresos por la Cámara de Diputados, (que deberá ser aprobada por la de Senadores y si ésta no lo hace, o la modifica, deberá regresar a la primera y sólo hasta entonces se podrá enviar al titular del Poder Ejecutivo para que la promulgue y la publique, si no la veta) estamos presenciando el primer episodio de importancia a consecuencia del triunfo del PRI en las recientes elecciones federales.
Y no se trata del triunfo de un grupo monolítico, al contrario, este episodio está mostrando en toda su crudeza la disparidad de grupos, intereses y proyectos existentes al interior del partido que lo fue todo en México.
La mayoría de los priistas llegados a la Cámara de Diputados son políticos ligados, algunos de ellos muy fuertemente, a sus respectivos gobernadores. Ello podría explicar el hecho de que los gobernadores priistas hubiesen tenido el más importante papel en la discusión con el gobierno federal para la aprobación del paquetazo, es lógico suponerlo, al contar con la cuasi mayoría parlamentaria no sólo impulsaron el acuerdo sino que se cuidaron de instalar los suficientes candados legales a fin de que fluyeran más recursos a los gobiernos estatales y le disminuyeran, por tanto, a la administración federal y a sus principales programas sociales.
De ahí, probablemente, la postura de César Nava, al percatarse los panistas en el gobierno, que les habían amarrado las manos y en cambio los gobernadores priistas contarían con un caudal de recursos, si bien no suficientes para enfrentar los efectos de la crisis, sí para paliar sus efectos y no quedar “inermes” el próximo año y afrontare de mejor manera la realización de 12 (¿?) elecciones estatales. De ahí el interés de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, en aprobar el paquetazo pues a querer y no, a la chita callando, trabaja en aras de aparecer como posible candidata en el 2012.
Pero el tamaño de los costos políticos, expresado en el unánime rechazo popular a los nuevos impuestos atrapó a los priistas. Fueron numerosos los diputados que se negaban a aprobar algo tan regresivo. Al final la disciplina partidaria funcionó como siempre, sólo un grupo de 35 valientes disidentes resistió el acoso (se llegó a decir que la misma Beatriz Paredes amenazó a más de uno al señalarle que si no aprobaba el paquetazo -“se te acabó tu carrera política).
Pero justamente cuando se inscribían más de 120 oradores en la Cámara de Diputados, los dirigentes de los senadores priistas dieron a conocer su postura a la dirigencia priista: No la vamos a aprobar, dijeron.
Según la versión publicada por Raymundo Riva Palacio, director de El Universal, (El Diario, 23/X/09) Francisco Rojas le habló por teléfono a Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores priistas, y le pidió que el senado aprobara el paquetazo fiscal, -¿Por qué? le respondió. “Son los acuerdos que tenemos”, dijo Rojas. “¿Con quién hicieron acuerdos?”, reviró Beltrones, “con nosotros no”.
Y es que en el senado, como la canción, el que manda es Manlio Fabio Beltrones, el senador sonorense que desde el 2000 anunció su pretensión de ser candidato presidencial en 2012 y que al oponerse a ley tan regresiva, no sólo le enmienda la plana a dos adversarios, sino que logrará, si se mantienen los senadores priistas en esa postura, aparecer como “el bueno” de la película al respaldar el amplio rechazo popular a las medidas impositivas.
Pero no sólo, logrará poner, quien lo dijera, en ridículo a la presidenta del partido y se habrá sobrepuesto a Ernesto Peña Nieto, el poderosísimo mandatario mexiquense, cuyo manto político abarca a más de medio centenar de diputados federales.
Los asertos anteriores explicarían la increíble decisión de aprobar las medidas fiscales motivo de discusión y rechazo en todo el país. Según el gobierno federal el boquete abierto por la crisis -“que nos llegó de fuera”- ascendió a más de 300 mil millones de pesos (mmdp), pero si se aprobara el paquetazo la recaudación soñada por los funcionarios de Hacienda ascendería a 116 mmdp, y eso si al elevarse los impuestos no disminuyese la recaudación, como fruto del aumento de la evasión y elusión fiscal.
Son de antología nuestros políticos. Primero se pelean hasta la madrugada, luego los autores de la iniciativa salen diciendo que los priistas son los autores intelectuales, que las medidas aprobadas no resuelven el problema y luego muchos de los aprobantes salen a defender su voto, incluso cuando sus compañeros senadores ya se aprestan a rechazarla.
Insuficiente, la ley de ingresos avalada por el PRI, dijo César Nava, el presidente del PAN, y desató, automáticamente, la respuesta del tricolor, la que sólo necesitaba un empujoncito en la Cámara de Senadores.
Nava, al despotricar contra los priistas lo único que logró fue hacerles más terso el papelón jugado por los diputados federales priistas.
Las frases de Nava no dejaron resquicio, acusó a la “burocracia” de los gobiernos priistas de ser quien se quedara con el 16% de IVA aprobado.
No tuvo que ir muy lejos por las respuestas. El dirigente panista es un irresponsable, llorón, rajón y cobarde, le dijo el diputado priista, secretario de la Comisión de Hacienda, David Penchyna.
Es indefendible el paquetazo. La totalidad de los organismos empresariales lo rechazaron, y Banamex, mediante un estudio, informó que provocará un aumento de 6% al índice inflacionario.
El programa fiscal recrudecerá la recesión, el desempleo y se ampliará el período de la crisis, dice Jesús Silva Herzog, ex secretario de Hacienda.
Así, de manera natural, por lo menos en este asunto, los senadores priistas coincidirán con los del PRD. Los del PRI sostienen que aumentarán cuatro dólares el precio estimado del barril de petróleo, elevarán a un punto el déficit fiscal y disminuirán recursos para gasto corriente. Además, desecharán la intención de gravar a las personas físicas que ganan más de 6 mil 663 pesos al mes. Pretenden subir el rango, para que sólo aplique a los que tienen ingresos mayores a 11 mil pesos mensuales.
“Retomaremos nuestra propuesta, porque no sólo se trata de salvar la caja del gobierno, sino de generar crecimiento y generar empleo. Si dicen que es nuestra propuesta la que se aprobó, pues que sea la nuestra de verdad", expresó Jesús Murillo Karam, Secretario General del PRI.
El nuevo paquete daría recursos adicionales por 79 mil millones de pesos, de los cuales 49 mil serían participables a los estados ¡Oh, lalá!
En total, los senadores priístas le restarían a los ingresos aprobados en San Lázaro, unos 50 mil 400 millones de pesos que deberán compensarse con otras medidas. A su vez, los senadores perredistas propondrán quitar de la Ley de Ingresos aprobada por los diputados el incremento al IVA, al impuesto sobre depósitos en efectivo (IDE) –que lo elevaron a tres por ciento– y el tres por ciento en telecomunicaciones y propondrán que en el caso de la consolidación fiscal, se mantenga con efectos retroactivos.
Si bien el incremento al IVA ha recibido la mayor parte de las críticas, el aumento al ISR es no menos lesivo pues aumentaría hasta en 8% los impuestos a pagar por los asalariados.
A cambio, los priistas cumplieron, dice Alejandro Cano, pues no elevaron el IVA a medicinas y alimentos como se propuso en campaña a la población y él se declaró dispuesto a “asumir el costo político por autorizar algo que no es popular”.
No había opciones, aseguraron sus compañeros Guadalupe Pérez y Guillermo Márquez en el seno de una reunión del Consejo Estatal Agropecuario; ambos aseguraron que, de acuerdo con la información proporcionada por Hacienda, la aprobación de tales medidas impositivas era la única alternativa.
Sin embargo, el miércoles de la semana pasada el SAT envió un reporte a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En él se señala que el año pasado los 400 grandes grupos empresariales existentes en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de impuesto sobre la renta (ISR). Pagaron sólo 85 mmdp, luego de haber acumulado ingresos por 4 billones 960 mil millones.
No es la excepción, en el 2006 se le devolvieron a las grandes empresas 114 mmdp por concepto de IVA, lo que llevó a que cien de las más importantes empresas en el país pagaran sólo 7 mil 50 pesos por IVA e ISR, de acuerdo con la fiscalización efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El año anterior, en 2005, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, le devolvió a diez grandes contribuyentes más de 17 mil millones de pesos de IVA e ISR, entre los que se encontraban Wal-Mart, Bimbo, cinco fabricantes de automóviles, (no detallados en el informe público de la ASF), así como una empresa de equipos fotográficos.
Además, tal auditoría detectó a 50 grandes contribuyentes, (tampoco precisados) cuyos pagos individuales de impuesto sobre la renta en ese año, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos. Es decir, entre todos pagaron 3 mil 700 pesos, a pesar de tratarse de consorcios con ingresos brutos anuales superiores a los 500 millones de pesos.
Sólo como ilustración de tan salvaje política fiscal, sirva el hecho que las devoluciones efectuadas por Hacienda en 2005 equivalían al 61% de la inversión física federal y al 85% de las pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público presupuestario ese año, según la ASF.
Igual ocurrió en 2007, ese año el SAT devolvió 133 mil 218 millones de pesos a grandes contribuyentes. (La Jornada, 17 de marzo de 2009, p. 16).
¿De veras no hay opciones? ¿Por qué no acabar con los regímenes especiales, como el mismo SAT sugiere en el reporte mencionado, si lo recaudable ascendería a más de 400 mmdp?
¡Ah, pero es que se trata de los señorones, de los verdaderos mandones en México!
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jueves, 22 de octubre de 2009
Salvajismo
El Diario, 22 de octubre 2009
Con afecto, con dolor, con mucha tristeza, a Doña Elena Alicia González Domínguez, así como a sus hijas, Lina y Luisa Etzel González.
Luis Javier Valero Flores
Dicen que las tragedias no vienen solas, que son varias al mismo tiempo. Justamente cuando el antiguo Paso del Norte atravesaba por el trance de soportar la ejecución número dos mil del presente año y cuando el país entero (bueno, no todos los que lo habitamos) era víctima de un atropello más en la aprobación, por la mayoría en la Cámara de Diputados, integrada por los legisladores del PAN, la mayoría del PRI y la totalidad de los del Verde y el PANAL, un destacado y prestigiado integrante del Revolucionario Institucional, Miguel Etzel Maldonado, caía herido de muerte en las puertas de su domicilio.
Ese mismo día, más de diez personas en Juárez y por lo menos cuatro en Chihuahua, eran víctimas de la ola asesina abatida inmisericordemente sobre nuestra tierra.
¿Qué nos pasó? ¿A qué horas engendramos tal situación? ¿Podremos, racionalmente, señalar sin asomo de duda responsabilizar a una sola fuerza partidaria de ser la causante de tan deteriorada situación social?
¿Llegamos a tal nivel de salvajismo que ahora todas las querellas deberán resolverse por la vía de la violencia extrema, sin pasar por la vía de las resoluciones judiciales?
El asesinato de Miguel Etzel puede ser la medida de nuestra desgracia. Es indudable que alguien se sintió agraviado por alguna acción efectuada por nuestro amigo, lo deplorable es que de ninguna manera Etzel era el tipo de persona capaz de concitar tal enervación. Si los presuntamente agraviados por él no resolvieron dirimir tal diferencia por medio de la legalidad, quiere decir que nos encontramos en el fondo de la degeneración social.
Si a Miguel Etzel lo asesinan, quiere decir que a cualquiera de los chihuahuenses, de buena fe, honrados, honestos, alejados de todos los conflictos personales, buenos esposos, amantísimos padres de familia, maestros reconocidos, compañeros apreciados y simpáticos como Etzel, les puede sobrevenir la mayor de las desgracias: Perder la vida a manos de quienes presuman tener la menor diferencia.
Tan triste episodio (y no lo es mayor o menor al que sufren otras dos mil 600 familias en la entidad, tan sólo en lo que va del año, la diferencia estriba en el destacado papel jugado en la sociedad por Miguel Etzel a lo largo de los últimos, por lo menos, treinta años) debiera llevarnos a la reflexión de los bajos niveles de valoración, sostenidos por una parte importante de la sociedad, hacia la vida, los bienes y acciones de los demás integrantes de la misma.
Por supuesto que en tal reflexión no se deja fuera, para nada, la elevada responsabilidad de quienes han dirigido la sociedad chihuahuense en las últimas tres décadas; de su actuación se desprenden, no solamente los malos ejemplos derivados de su errática y ambivalente conducta en la función pública, sino también la falta de elaboración de políticas públicas tendientes a fortalecer en la sociedad los más altos valores que le permiten a los seres humanos –por su naturaleza intrínseca- vivir en sociedad, y solamente en sociedad.
Sin embargo, por hechos como el ahora comentado y por los muchos que nos acontecen a diario pareciera que, independientemente de las muchas causas que hacen posible la elevada prevalencia del crimen organizado en nuestra tierra, como sociedad necesitamos dar un radical golpe de timón –los gobernantes primero- y cambiar en esa magnitud las escalas de valores societarios.
Unas parecieran ser las más inmediatas, la de elevar los índices de tolerancia, (y de ninguna manera, a la violación del marco legal establecido) los del respeto a los otros, es decir el respeto a la “otredad”, poner un alto a la discriminación, en cualquiera de sus vertientes. Cultivar a los chihuahuenses puede llevarnos, al mediano plazo, a aspirar a poseer tasas de homicidios semejantes a los del mundo desarrollado y no las del mundo salvaje de hoy.
Sí, pues en este año, si se tomara como buena la cifra de 2 mil 600 ejecuciones, significaría que la tasa de homicidios, por cada 100 mil habitantes, sería, en el estado, de 74 y en Juárez de casi 134.
Algunos alertamos acerca de los enormes riesgos de dejar “que se mataran entre ellos”, los narcos.
Hoy, de la manera más triste comprobamos la gran irresponsabilidad de tal postura, los índices de criminalidad se elevaron salvajemente e hicieron presa de hombres tan respetados, honorables y queridos como Miguel Etzel Maldonado.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Con afecto, con dolor, con mucha tristeza, a Doña Elena Alicia González Domínguez, así como a sus hijas, Lina y Luisa Etzel González.
Luis Javier Valero Flores
Dicen que las tragedias no vienen solas, que son varias al mismo tiempo. Justamente cuando el antiguo Paso del Norte atravesaba por el trance de soportar la ejecución número dos mil del presente año y cuando el país entero (bueno, no todos los que lo habitamos) era víctima de un atropello más en la aprobación, por la mayoría en la Cámara de Diputados, integrada por los legisladores del PAN, la mayoría del PRI y la totalidad de los del Verde y el PANAL, un destacado y prestigiado integrante del Revolucionario Institucional, Miguel Etzel Maldonado, caía herido de muerte en las puertas de su domicilio.
Ese mismo día, más de diez personas en Juárez y por lo menos cuatro en Chihuahua, eran víctimas de la ola asesina abatida inmisericordemente sobre nuestra tierra.
¿Qué nos pasó? ¿A qué horas engendramos tal situación? ¿Podremos, racionalmente, señalar sin asomo de duda responsabilizar a una sola fuerza partidaria de ser la causante de tan deteriorada situación social?
¿Llegamos a tal nivel de salvajismo que ahora todas las querellas deberán resolverse por la vía de la violencia extrema, sin pasar por la vía de las resoluciones judiciales?
El asesinato de Miguel Etzel puede ser la medida de nuestra desgracia. Es indudable que alguien se sintió agraviado por alguna acción efectuada por nuestro amigo, lo deplorable es que de ninguna manera Etzel era el tipo de persona capaz de concitar tal enervación. Si los presuntamente agraviados por él no resolvieron dirimir tal diferencia por medio de la legalidad, quiere decir que nos encontramos en el fondo de la degeneración social.
Si a Miguel Etzel lo asesinan, quiere decir que a cualquiera de los chihuahuenses, de buena fe, honrados, honestos, alejados de todos los conflictos personales, buenos esposos, amantísimos padres de familia, maestros reconocidos, compañeros apreciados y simpáticos como Etzel, les puede sobrevenir la mayor de las desgracias: Perder la vida a manos de quienes presuman tener la menor diferencia.
Tan triste episodio (y no lo es mayor o menor al que sufren otras dos mil 600 familias en la entidad, tan sólo en lo que va del año, la diferencia estriba en el destacado papel jugado en la sociedad por Miguel Etzel a lo largo de los últimos, por lo menos, treinta años) debiera llevarnos a la reflexión de los bajos niveles de valoración, sostenidos por una parte importante de la sociedad, hacia la vida, los bienes y acciones de los demás integrantes de la misma.
Por supuesto que en tal reflexión no se deja fuera, para nada, la elevada responsabilidad de quienes han dirigido la sociedad chihuahuense en las últimas tres décadas; de su actuación se desprenden, no solamente los malos ejemplos derivados de su errática y ambivalente conducta en la función pública, sino también la falta de elaboración de políticas públicas tendientes a fortalecer en la sociedad los más altos valores que le permiten a los seres humanos –por su naturaleza intrínseca- vivir en sociedad, y solamente en sociedad.
Sin embargo, por hechos como el ahora comentado y por los muchos que nos acontecen a diario pareciera que, independientemente de las muchas causas que hacen posible la elevada prevalencia del crimen organizado en nuestra tierra, como sociedad necesitamos dar un radical golpe de timón –los gobernantes primero- y cambiar en esa magnitud las escalas de valores societarios.
Unas parecieran ser las más inmediatas, la de elevar los índices de tolerancia, (y de ninguna manera, a la violación del marco legal establecido) los del respeto a los otros, es decir el respeto a la “otredad”, poner un alto a la discriminación, en cualquiera de sus vertientes. Cultivar a los chihuahuenses puede llevarnos, al mediano plazo, a aspirar a poseer tasas de homicidios semejantes a los del mundo desarrollado y no las del mundo salvaje de hoy.
Sí, pues en este año, si se tomara como buena la cifra de 2 mil 600 ejecuciones, significaría que la tasa de homicidios, por cada 100 mil habitantes, sería, en el estado, de 74 y en Juárez de casi 134.
Algunos alertamos acerca de los enormes riesgos de dejar “que se mataran entre ellos”, los narcos.
Hoy, de la manera más triste comprobamos la gran irresponsabilidad de tal postura, los índices de criminalidad se elevaron salvajemente e hicieron presa de hombres tan respetados, honorables y queridos como Miguel Etzel Maldonado.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
martes, 20 de octubre de 2009
Otro atraco, una mentira más
El Diario, 20 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
“Voy a reducir los impuestos y simplificar su pago, transparentar el pago de ellos, y le daré estabilidad económica a los mexicanos así como disminuir el ISR”. El candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón.
El día de hoy será seremos testigos y víctimas de otro deplorable espectáculo en la Cámara de Diputados, cuando el PRI, mayoría relativa en ella y absoluta con el acompañamiento de sus diputados emergidos de otros partidos, en particular del PVEM, vote a favor de un aumento generalizado del IVA de 1%, excluyendo alimentos y medicinas.
Tan bochornoso espectáculo nos hará recordar otro, por pura casualidad protagonizado por otro priista, el ex diputado federal, ex líder nacional y ex candidato a la presidencia de la república, Humberto Roque Villanueva, cuando, al aprobarse el aumento del IVA del 10 al 15% dio origen a la “roqueseñal”, aquella que rememora el acto copular del macho humano. Tan memorable gesto lo hizo para festejar en grande que los diputados priistas habían ganado la votación a principios de la década de los 90’s, eran los tiempos de cuando, también, eran mayoría.
Hoy estarán frente a uno de sus retos, o votan por la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad o votan para mantener los privilegios de los más poderosos empresarios del país.
No es una exageración, según las informaciones proporcionadas por prácticamente todos los medios de comunicación, los gobernadores del PRI (incluido el de Chihuahua) pactaron con el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens (¿Se percatan de la elevada influencia de los ex funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo? Carstens, al igual que Javier Lozano y Luis Téllez fueron subsecretarios en aquel malhadado gobierno) incrementar la tasa de IVA a 16 por ciento en el país y a 11 por ciento en la frontera, excepto en alimentos y medicinas e imponer una tasa de 2 a 3% a telecomunicaciones, con lo que los servicios de telefonía, internet y televisión se encarecerán aún más.
Esos dos grupos de negociantes, a cambio de elevar el IVA, acordaron no cambiar los regímenes fiscales especiales, especialmente el de la consolidación fiscal y de ninguna manera aprobar el de “acumulación de beneficios”.
Tan solo el de la consolidación fiscal, según información del SAT, en 2008 impidió recaudar 750 mil millones de pesos, el doble de la cantidad dejada de percibir en el presente año como producto de la gravísima crisis económica y que, al contrario de los países del mundo desarrollado, la cúpula gobernante pretende paliar por la vía de aumento a los impuestos y la creación de otros.
Es de tal dimensión tal elusión fiscal que esas empresas pagaron en promedio sólo el 1.7% por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) y pagaron sólo 85 mil millones de pesos, luego de haber acumulado ingresos por 4 billones 960 mil millones.
Al momento de redactar la presente colaboración editorial aún continuaba la reunión de los diputados federales priistas, pero se preveía que el acuerdo con Carstens saldría airoso.
En el colmo del cinismo y la traición a sus electores, el acuerdo implica que sea el PAN quien cargue con el costo político pues será este partido el que proponga el aumento del IVA “para no afectar sus (los del PRI) compromisos electorales, con miras a la sucesión de 2012”.
Como si fuera una rendición anticipada, el gobierno federal aceptó cargar con “el muertito” y además deberá soportar que los diputados priistas no aprobarán que lo recaudado por el incremento a ese gravamen no se traslade, como lo planteó Felipe Calderón, al programa Oportunidades y sí se derive, en cambio, a programas orientados “al desarrollo de capacidades, generación de empleo y proyectos productivos a fondo perdido”.
Pronto se olvidan los tiempos de promesas. El diputado por el Sexto Distrito, Maurilio Ochoa Millán, aseguró, en septiembre de este año que “en una breve consulta con sus compañeros de fracción existe la postura de que no se permitirá que se siga lacerando a los mexicanos con la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes”. (Nota de Erika Perea, El Diario, 10/IX/09).
A su vez, Héctor Murguía Lardizábal declaró que “es totalmente ilógico que mientras en otros países como Brasil y otras partes del mundo, la estrategia para salir de la crisis haya sido la disminución de impuestos, en México pretendan crear nuevos esquemas fiscales para perjudicar más a los mexicanos…”. (Juarezpress, 16/IX/09).
¿Ese será el camino para ganar las elecciones del 2012?
¡Que el señor nos agarre confesados!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
“Voy a reducir los impuestos y simplificar su pago, transparentar el pago de ellos, y le daré estabilidad económica a los mexicanos así como disminuir el ISR”. El candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón.
El día de hoy será seremos testigos y víctimas de otro deplorable espectáculo en la Cámara de Diputados, cuando el PRI, mayoría relativa en ella y absoluta con el acompañamiento de sus diputados emergidos de otros partidos, en particular del PVEM, vote a favor de un aumento generalizado del IVA de 1%, excluyendo alimentos y medicinas.
Tan bochornoso espectáculo nos hará recordar otro, por pura casualidad protagonizado por otro priista, el ex diputado federal, ex líder nacional y ex candidato a la presidencia de la república, Humberto Roque Villanueva, cuando, al aprobarse el aumento del IVA del 10 al 15% dio origen a la “roqueseñal”, aquella que rememora el acto copular del macho humano. Tan memorable gesto lo hizo para festejar en grande que los diputados priistas habían ganado la votación a principios de la década de los 90’s, eran los tiempos de cuando, también, eran mayoría.
Hoy estarán frente a uno de sus retos, o votan por la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad o votan para mantener los privilegios de los más poderosos empresarios del país.
No es una exageración, según las informaciones proporcionadas por prácticamente todos los medios de comunicación, los gobernadores del PRI (incluido el de Chihuahua) pactaron con el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens (¿Se percatan de la elevada influencia de los ex funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo? Carstens, al igual que Javier Lozano y Luis Téllez fueron subsecretarios en aquel malhadado gobierno) incrementar la tasa de IVA a 16 por ciento en el país y a 11 por ciento en la frontera, excepto en alimentos y medicinas e imponer una tasa de 2 a 3% a telecomunicaciones, con lo que los servicios de telefonía, internet y televisión se encarecerán aún más.
Esos dos grupos de negociantes, a cambio de elevar el IVA, acordaron no cambiar los regímenes fiscales especiales, especialmente el de la consolidación fiscal y de ninguna manera aprobar el de “acumulación de beneficios”.
Tan solo el de la consolidación fiscal, según información del SAT, en 2008 impidió recaudar 750 mil millones de pesos, el doble de la cantidad dejada de percibir en el presente año como producto de la gravísima crisis económica y que, al contrario de los países del mundo desarrollado, la cúpula gobernante pretende paliar por la vía de aumento a los impuestos y la creación de otros.
Es de tal dimensión tal elusión fiscal que esas empresas pagaron en promedio sólo el 1.7% por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) y pagaron sólo 85 mil millones de pesos, luego de haber acumulado ingresos por 4 billones 960 mil millones.
Al momento de redactar la presente colaboración editorial aún continuaba la reunión de los diputados federales priistas, pero se preveía que el acuerdo con Carstens saldría airoso.
En el colmo del cinismo y la traición a sus electores, el acuerdo implica que sea el PAN quien cargue con el costo político pues será este partido el que proponga el aumento del IVA “para no afectar sus (los del PRI) compromisos electorales, con miras a la sucesión de 2012”.
Como si fuera una rendición anticipada, el gobierno federal aceptó cargar con “el muertito” y además deberá soportar que los diputados priistas no aprobarán que lo recaudado por el incremento a ese gravamen no se traslade, como lo planteó Felipe Calderón, al programa Oportunidades y sí se derive, en cambio, a programas orientados “al desarrollo de capacidades, generación de empleo y proyectos productivos a fondo perdido”.
Pronto se olvidan los tiempos de promesas. El diputado por el Sexto Distrito, Maurilio Ochoa Millán, aseguró, en septiembre de este año que “en una breve consulta con sus compañeros de fracción existe la postura de que no se permitirá que se siga lacerando a los mexicanos con la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes”. (Nota de Erika Perea, El Diario, 10/IX/09).
A su vez, Héctor Murguía Lardizábal declaró que “es totalmente ilógico que mientras en otros países como Brasil y otras partes del mundo, la estrategia para salir de la crisis haya sido la disminución de impuestos, en México pretendan crear nuevos esquemas fiscales para perjudicar más a los mexicanos…”. (Juarezpress, 16/IX/09).
¿Ese será el camino para ganar las elecciones del 2012?
¡Que el señor nos agarre confesados!
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sábado, 17 de octubre de 2009
Impudicia
El Diario, 18 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
Como ningún otro, el actual conflicto entre el gobierno de Felipe Calderón y los trabajadores electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ha desvelado crudamente las dos principales concepciones existentes en el país acerca del rumbo de la nación, de los proyectos de nación, del sindicalismo, de la legalidad, del respeto al marco legal, del Estado y hasta del modo de dirimir los conflictos sociales.
La pasión despertada por el conflicto, y no solamente entre sus protagonistas, ilustra claramente los elevados grados de polarización social existente y, cosa más grave aún, del marcado giro conservador en amplias capas de la población, particularmente las del norte del país en las que los índices de aprobación a la gestión de Calderón y a la medida de “extinguir” a LFC son más elevados que en el resto de la nación.
En el fondo del problema se encuentran varios asuntos, el primero de ellos, el obvio, el enfrentamiento entre el grupo gobernante y el sindicato por razones estrictamente ideológicas. El SME es claramente un sindicato de izquierda, cuyos dirigentes han optado por el PRD en las últimas elecciones, sin ser miembros de tal partido y sin identificarse con el mismo más allá de tal hecho.
Más. Entre gobierno y SME existen profundas diferencias políticas, pues la dirigencia sindical, fruto de una añeja práctica democrática, no se ha plegado a mandamiento de gobierno alguno, ni priista ni panista.
Pero en las actuales circunstancias pesa más la disputa por la instalación del denominado TRIPLE PLAY, tecnología que permitirá transmitir por un cable –usando la red de CLF- teléfono, internet y televisión con la consiguiente drástica disminución del costo de tales servicios.
La empresa WL Comunicaciones recibió en 1999, por adjudicación directa, la concesión para usufructuar la red de CLF en todo el centro del país. El SME se opuso. En junio de este año, la dirección de CLF y el SME solicitaron al gobierno se les entregara tal concesión a fin de que fuera la empresa del Estado la que proporcionara el servicio, convirtiéndose, de este modo, en una competidora de Teléfonos de México y Televisa, monopolios hoy enfrentados por las mismas razones.
Sólo que hay un pequeño problema. El dirigente sindical, Martín Esparza, ha denunciado, y nadie lo ha desmentido, que los socios mayoritarios de WL Comunicaciones son los ex-secretarios de Energía en el gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
Por doquier aparecen las coincidencias. Al momento de la autorización de la concesión a WL por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), despachaba como subsecretario el actual Secretario del Trabajo, Javier Lozano.
Presentada la solicitud de CLF-SME celebraron diversas reuniones, a una de ellas acudió, ¡Otra coincidencia! como integrante del bufete jurídico de Diego Fernández Cevallos, el ex-subsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, también con Fox, Armando Salinas Torre, a quien WL había nombrado como su representante jurídico.
En esa reunión, Esparza le dijo a Lozano –“¿quieres que esto avance? Danos nuestra concesión. No nos la das, yo no los dejo entrar. Y ya firmada la concesión nos dices con quién hacemos alianzas, con Carlos Slim -dueño de Telmex-, con quien tú me digas. Pero no lo han hecho y nosotros no los dejamos subir”, declaró el líder electricista acerca de las negociaciones acerca del triple play (La Jornada, 12/X/09).
Más coincidencias. Los asesores del SME para el proyecto de la fibra óptica son personas ligadas al Secretario del Trabajo, Javier Lozano, -él mismo nos ayudó, dice Esparza, pues Lozano es un consultor internacional en telecomunicaciones desde 1999.
Según Martín Esparza, poner a la venta ese servicio a los usuarios de CLF le generaría a la empresa utilidades del orden de los más de 100 mmdp al año. Una vez entregada la concesión, sostiene, en un año las finanzas de la empresa pasarían de recibir del presupuesto federal 42 mmdp, a no recibir nada y contar con utilidades de más de 50 mmdp.
En el fondo se están enfrentando dos concepciones acerca del Estado, las de derecha e izquierda. Puede haber otras diferencias entre ambas, pero una es fundamental, y esa es el modo en que se concibe al Estado. En tanto que la derecha lo concibe sólo como el instrumento impulsor de las leyes del comercio y garante de muy pocas funciones, la izquierda en general lo concibe como el instrumento necesario para convertir a la sociedad en una más igualitaria (y no quiere esto decir, como algunos opositores de la izquierda burdamente sostienen, que se conciba a todas las personas iguales, sino que el Estado debe ofrecer igualdad de oportunidades a todos y atemperar las desigualdades y desequilibrios sociales), por esa razón no se concibe que bienes de la nación, propiedad de toda la sociedad, puedan convertirse en mercancías propiedad de algunos particulares y obtengan ganancias individuales cuando del usufructo de tales bienes y servicios la que debería beneficiarse sería la sociedad en su conjunto.
Por ello, la izquierda de todo el mundo, con infinidad de matices, defiende que bienes y servicios estratégicos deben ser propiedad estatal. En el pasado así se consideraba la generación y distribución de la energía eléctrica, del petróleo, del espacio aéreo y ahora, con la innovación tecnológica, se podrían encuadrar servicios como el de internet y la transmisión englobada en el triple play.
Y ese es el fondo del asunto. Quienes dirigen la administración federal consideran que todos los bienes y servicios deben ser entregados a los particulares, así sea el petróleo, la energía eléctrica, el espacio aéreo, la tierra, la recolección de basura, la administración de los penales, los servicios bancarios, el mantenimiento de los parques públicos, la educación, el triple play, etc.
De ahí la maniobra mediática -que el publicista de Hitler, Joseph Goebbels, se los hubiera envidiado- al lanzar una ofensiva para hacerle creer a los mexicanos que los culpables de la ineficiencia y corrupción de la CLF eran los trabajadores electricistas y sus enormes privilegios. No se podría decir que todo lo hecho por los integrantes del SME y sus dirigencia esté exento de irregularidades, pero de ahí a etiquetarlos como los responsables de la crisis de la empresa hay un mundo de diferencia.
El linchamiento mediático surtió efecto y dio rienda suelta a las concepciones conservadoras cultivadas hace largo rato en la población y que ante una gravísima crisis social reacciona elogiando los actos autoritarios como el ahora comentado, por lo demás absolutamente ilegal.
Y por dondequiera –debemos insistir en el norte del país- se escuchan las alabanzas al golpe de Calderón. ¿Si los privilegios de los electricistas del SME son semejantes –en esta visión de que eran privilegiadísimos- a los de los trabajadores de CFE, por qué no se hace lo mismo con éstos?
La respuesta la tiene Javier Lozano: Porque este sindicato, dirigido por Víctor Fuentes, (por puritita casualidad sobrino del extinto dirigente, Leonardo Rodríguez Alcaine, sucesor de Fidel Velázquez en la CTM a la muerte de éste) “sí ha demostrado una enorme capacidad para ponerse de acuerdo con el gobierno”.
Y se manejan monumentales mentiras. Si los trabajadores del SME son “privilegiados” ¿Por qué razón se van a gastar 20 mil millones de pesos (mmdp) en la indemnización de 44 mil trabajadores si el gobierno federal le asigna, anualmente, a CLF, 42 mmdp?
Significa, por tanto, que la nómina asciende, aproximadamente, a 7 mmdp. Tal cálculo da sustento a la información, proporcionada por el mismo Lozano, que el salario promedio de los electricistas es de ¡220 pesos diarios!, es decir, 6 mil 600 pesos mensuales. Incluso, según cifras del sindicato, casi 20 mil trabajadores están por debajo de ese promedio.
Otras categorías de trabajadores, como los transitorios, perciben 152 pesos diarios; la mayoría de oficinistas –dependiendo del nivel– gana entre 180 y 260 pesos; un calculista de inspección obtiene 192.41 pesos; los auxiliares, entre 109 y 139, y entre los más altos está el operador de subestación, que percibe 311 pesos al día. ¿Dónde los privilegios?
Si los salarios no son el problema, entonces ¿Cuál es la razón de su ineficiencia?
Durante sexenios, a la empresa no se le asignaron partidas presupuestales para la renovación mantenimiento y se le sometió, por tanto, a que la mayor parte de la energía que vende le sea proporcionada por CFE. De ese modo, para 2009 se aprobaron mil 600 mdp para mantenimiento, pero se necesitan 9 mil 400 mdp.
El problema está en que CFE le vende la electricidad a 1.70 kv/h y CLF la vende a 1.50 cvs. a los usuarios domésticos y a las 46 mil plantas industriales se la vende a 45 centavos y éstas consumen el 70% de la energía.
Así, en 2008 CLF vendió 48 mmdp, pero le pagó a la CFE 56.6 mmdp y del presupuesto otorgado por el gobierno federal a CLF en 2009 (42 mmdp), 8 mmdp fueron para subsidiar la tarifa eléctrica doméstica.
Más aún. Según Calderón, en 2008 CLF perdió el 32.5% de la energía que compra y genera para vender. El gobierno reconoce que una tercera parte de las pérdidas deben considerarse “normales” y las denomina “técnicas”. El resto de las pérdidas es por robo –los diablitos, los colgados, o por robo directo- pero por ninguno de estos rubros se encuentra denunciado o sancionado nadie.
En la semana, Esparza denunció la existencia de un numeroso grupo de empresas y dependencias que no pagan “la luz”: La Torre Mayor de Reforma; varios hoteles de la Zona Rosa y de Polanco; el periódico Reforma; el periódico unomásuno; la Presidencia de la República; todas las dependencias federales y denunció, asimismo, que las repetidoras de Telmex tienen mediciones de ellos, tomas clandestinas, equipos de medición manipulados por ellos mismos, por los administradores de Luz y Fuerza y no por los trabajadores.
Dice Calderón que CLF es muy onerosa ¿Y los mil 500 millones de pesos entregados a la dirigencia petrolera? ¿Y los inmensos privilegios otorgados a la dirigencia magisterial?
¡Ah, es que ahora son “cuates” todos ellos!
De los elevados grados de visceralidad de los gobernantes hablan estos párrafos de un boletín de prensa del Senador del PAN, Ramón Galindo: “Que no vengan estos personajes a rasgarse las vestiduras a la hora de discutir los mecanismos para combatir la pobreza, mientras continúen solapando privilegios injustificados que están muy por encima de las prerrogativas de las que goza el común de los trabajadores asalariados”.
O sea que nadie, siendo un simple trabajador, debe aspirar a contar con más prestaciones, esas de las que goza impúdicamente la clase política y que tan gozosamente les entregan a los más poderosos empresarios, también impúdicamente.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
Como ningún otro, el actual conflicto entre el gobierno de Felipe Calderón y los trabajadores electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ha desvelado crudamente las dos principales concepciones existentes en el país acerca del rumbo de la nación, de los proyectos de nación, del sindicalismo, de la legalidad, del respeto al marco legal, del Estado y hasta del modo de dirimir los conflictos sociales.
La pasión despertada por el conflicto, y no solamente entre sus protagonistas, ilustra claramente los elevados grados de polarización social existente y, cosa más grave aún, del marcado giro conservador en amplias capas de la población, particularmente las del norte del país en las que los índices de aprobación a la gestión de Calderón y a la medida de “extinguir” a LFC son más elevados que en el resto de la nación.
En el fondo del problema se encuentran varios asuntos, el primero de ellos, el obvio, el enfrentamiento entre el grupo gobernante y el sindicato por razones estrictamente ideológicas. El SME es claramente un sindicato de izquierda, cuyos dirigentes han optado por el PRD en las últimas elecciones, sin ser miembros de tal partido y sin identificarse con el mismo más allá de tal hecho.
Más. Entre gobierno y SME existen profundas diferencias políticas, pues la dirigencia sindical, fruto de una añeja práctica democrática, no se ha plegado a mandamiento de gobierno alguno, ni priista ni panista.
Pero en las actuales circunstancias pesa más la disputa por la instalación del denominado TRIPLE PLAY, tecnología que permitirá transmitir por un cable –usando la red de CLF- teléfono, internet y televisión con la consiguiente drástica disminución del costo de tales servicios.
La empresa WL Comunicaciones recibió en 1999, por adjudicación directa, la concesión para usufructuar la red de CLF en todo el centro del país. El SME se opuso. En junio de este año, la dirección de CLF y el SME solicitaron al gobierno se les entregara tal concesión a fin de que fuera la empresa del Estado la que proporcionara el servicio, convirtiéndose, de este modo, en una competidora de Teléfonos de México y Televisa, monopolios hoy enfrentados por las mismas razones.
Sólo que hay un pequeño problema. El dirigente sindical, Martín Esparza, ha denunciado, y nadie lo ha desmentido, que los socios mayoritarios de WL Comunicaciones son los ex-secretarios de Energía en el gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
Por doquier aparecen las coincidencias. Al momento de la autorización de la concesión a WL por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), despachaba como subsecretario el actual Secretario del Trabajo, Javier Lozano.
Presentada la solicitud de CLF-SME celebraron diversas reuniones, a una de ellas acudió, ¡Otra coincidencia! como integrante del bufete jurídico de Diego Fernández Cevallos, el ex-subsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, también con Fox, Armando Salinas Torre, a quien WL había nombrado como su representante jurídico.
En esa reunión, Esparza le dijo a Lozano –“¿quieres que esto avance? Danos nuestra concesión. No nos la das, yo no los dejo entrar. Y ya firmada la concesión nos dices con quién hacemos alianzas, con Carlos Slim -dueño de Telmex-, con quien tú me digas. Pero no lo han hecho y nosotros no los dejamos subir”, declaró el líder electricista acerca de las negociaciones acerca del triple play (La Jornada, 12/X/09).
Más coincidencias. Los asesores del SME para el proyecto de la fibra óptica son personas ligadas al Secretario del Trabajo, Javier Lozano, -él mismo nos ayudó, dice Esparza, pues Lozano es un consultor internacional en telecomunicaciones desde 1999.
Según Martín Esparza, poner a la venta ese servicio a los usuarios de CLF le generaría a la empresa utilidades del orden de los más de 100 mmdp al año. Una vez entregada la concesión, sostiene, en un año las finanzas de la empresa pasarían de recibir del presupuesto federal 42 mmdp, a no recibir nada y contar con utilidades de más de 50 mmdp.
En el fondo se están enfrentando dos concepciones acerca del Estado, las de derecha e izquierda. Puede haber otras diferencias entre ambas, pero una es fundamental, y esa es el modo en que se concibe al Estado. En tanto que la derecha lo concibe sólo como el instrumento impulsor de las leyes del comercio y garante de muy pocas funciones, la izquierda en general lo concibe como el instrumento necesario para convertir a la sociedad en una más igualitaria (y no quiere esto decir, como algunos opositores de la izquierda burdamente sostienen, que se conciba a todas las personas iguales, sino que el Estado debe ofrecer igualdad de oportunidades a todos y atemperar las desigualdades y desequilibrios sociales), por esa razón no se concibe que bienes de la nación, propiedad de toda la sociedad, puedan convertirse en mercancías propiedad de algunos particulares y obtengan ganancias individuales cuando del usufructo de tales bienes y servicios la que debería beneficiarse sería la sociedad en su conjunto.
Por ello, la izquierda de todo el mundo, con infinidad de matices, defiende que bienes y servicios estratégicos deben ser propiedad estatal. En el pasado así se consideraba la generación y distribución de la energía eléctrica, del petróleo, del espacio aéreo y ahora, con la innovación tecnológica, se podrían encuadrar servicios como el de internet y la transmisión englobada en el triple play.
Y ese es el fondo del asunto. Quienes dirigen la administración federal consideran que todos los bienes y servicios deben ser entregados a los particulares, así sea el petróleo, la energía eléctrica, el espacio aéreo, la tierra, la recolección de basura, la administración de los penales, los servicios bancarios, el mantenimiento de los parques públicos, la educación, el triple play, etc.
De ahí la maniobra mediática -que el publicista de Hitler, Joseph Goebbels, se los hubiera envidiado- al lanzar una ofensiva para hacerle creer a los mexicanos que los culpables de la ineficiencia y corrupción de la CLF eran los trabajadores electricistas y sus enormes privilegios. No se podría decir que todo lo hecho por los integrantes del SME y sus dirigencia esté exento de irregularidades, pero de ahí a etiquetarlos como los responsables de la crisis de la empresa hay un mundo de diferencia.
El linchamiento mediático surtió efecto y dio rienda suelta a las concepciones conservadoras cultivadas hace largo rato en la población y que ante una gravísima crisis social reacciona elogiando los actos autoritarios como el ahora comentado, por lo demás absolutamente ilegal.
Y por dondequiera –debemos insistir en el norte del país- se escuchan las alabanzas al golpe de Calderón. ¿Si los privilegios de los electricistas del SME son semejantes –en esta visión de que eran privilegiadísimos- a los de los trabajadores de CFE, por qué no se hace lo mismo con éstos?
La respuesta la tiene Javier Lozano: Porque este sindicato, dirigido por Víctor Fuentes, (por puritita casualidad sobrino del extinto dirigente, Leonardo Rodríguez Alcaine, sucesor de Fidel Velázquez en la CTM a la muerte de éste) “sí ha demostrado una enorme capacidad para ponerse de acuerdo con el gobierno”.
Y se manejan monumentales mentiras. Si los trabajadores del SME son “privilegiados” ¿Por qué razón se van a gastar 20 mil millones de pesos (mmdp) en la indemnización de 44 mil trabajadores si el gobierno federal le asigna, anualmente, a CLF, 42 mmdp?
Significa, por tanto, que la nómina asciende, aproximadamente, a 7 mmdp. Tal cálculo da sustento a la información, proporcionada por el mismo Lozano, que el salario promedio de los electricistas es de ¡220 pesos diarios!, es decir, 6 mil 600 pesos mensuales. Incluso, según cifras del sindicato, casi 20 mil trabajadores están por debajo de ese promedio.
Otras categorías de trabajadores, como los transitorios, perciben 152 pesos diarios; la mayoría de oficinistas –dependiendo del nivel– gana entre 180 y 260 pesos; un calculista de inspección obtiene 192.41 pesos; los auxiliares, entre 109 y 139, y entre los más altos está el operador de subestación, que percibe 311 pesos al día. ¿Dónde los privilegios?
Si los salarios no son el problema, entonces ¿Cuál es la razón de su ineficiencia?
Durante sexenios, a la empresa no se le asignaron partidas presupuestales para la renovación mantenimiento y se le sometió, por tanto, a que la mayor parte de la energía que vende le sea proporcionada por CFE. De ese modo, para 2009 se aprobaron mil 600 mdp para mantenimiento, pero se necesitan 9 mil 400 mdp.
El problema está en que CFE le vende la electricidad a 1.70 kv/h y CLF la vende a 1.50 cvs. a los usuarios domésticos y a las 46 mil plantas industriales se la vende a 45 centavos y éstas consumen el 70% de la energía.
Así, en 2008 CLF vendió 48 mmdp, pero le pagó a la CFE 56.6 mmdp y del presupuesto otorgado por el gobierno federal a CLF en 2009 (42 mmdp), 8 mmdp fueron para subsidiar la tarifa eléctrica doméstica.
Más aún. Según Calderón, en 2008 CLF perdió el 32.5% de la energía que compra y genera para vender. El gobierno reconoce que una tercera parte de las pérdidas deben considerarse “normales” y las denomina “técnicas”. El resto de las pérdidas es por robo –los diablitos, los colgados, o por robo directo- pero por ninguno de estos rubros se encuentra denunciado o sancionado nadie.
En la semana, Esparza denunció la existencia de un numeroso grupo de empresas y dependencias que no pagan “la luz”: La Torre Mayor de Reforma; varios hoteles de la Zona Rosa y de Polanco; el periódico Reforma; el periódico unomásuno; la Presidencia de la República; todas las dependencias federales y denunció, asimismo, que las repetidoras de Telmex tienen mediciones de ellos, tomas clandestinas, equipos de medición manipulados por ellos mismos, por los administradores de Luz y Fuerza y no por los trabajadores.
Dice Calderón que CLF es muy onerosa ¿Y los mil 500 millones de pesos entregados a la dirigencia petrolera? ¿Y los inmensos privilegios otorgados a la dirigencia magisterial?
¡Ah, es que ahora son “cuates” todos ellos!
De los elevados grados de visceralidad de los gobernantes hablan estos párrafos de un boletín de prensa del Senador del PAN, Ramón Galindo: “Que no vengan estos personajes a rasgarse las vestiduras a la hora de discutir los mecanismos para combatir la pobreza, mientras continúen solapando privilegios injustificados que están muy por encima de las prerrogativas de las que goza el común de los trabajadores asalariados”.
O sea que nadie, siendo un simple trabajador, debe aspirar a contar con más prestaciones, esas de las que goza impúdicamente la clase política y que tan gozosamente les entregan a los más poderosos empresarios, también impúdicamente.
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viernes, 16 de octubre de 2009
Incongruencias y retrocesos
El Diario, 15 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
Nunca será ocioso insistir en el modo, así sea de a poquito, y en asuntos que no parecieran tener relevancia, como lo son actos como el celebrado ayer en el antiguo Paso del Norte, y por añadidura, en el magnífico escenario que lleva, precisamente, tal nombre.
En ese acto, con la presencia del Gobernador del Estado, el alcalde juarense José Reyes Ferriz presentó lo que la publicidad oficial denominó como la presentación del Segundo Informe de Gobierno Municipal. No es tal. Esa obligación ya la cumplió el viernes anterior al hacerlo, como lo establece el Código Municipal, en una sesión de cabildo.
En tiempos de tanta austeridad como la actual, que ha obligado a los gobiernos municipales de las dos principales urbes de la entidad a solicitar sendos préstamos bancarios a fin de resolver atingentes problemas, los alcaldes, uno del PRI, el de Juárez, y otro del PAN, el de la capital, resolvieron celebrar sendos actos fastuosos para “bañarse de pueblo”, y no de cualquier tipo de pueblo, sino del propio, es decir, de sus seguidores, de los beneficiados de sus obras de gobierno, de sus compañeros de partido, y de ninguna manera de sus opositores, o sus críticos.
Vale la pena destacar que hay una diferencia notable en cada uno de esos actos. Carlos Borruel, si bien se celebró el informe en un lugar de lujo, los representantes de los grupos de regidores pudieron efectuar sus discursos.
No fue así en el caso del juarense. Este encerró al cabildo el viernes a mediodía, escuchó a los regidores, habló y se preparó para su fiesta.
Quizá como producto de una negociación (tanta coincidencia no es posible) en la presentación de ambos informes se violó la ley. El Código Municipal establece –art. 19- que “Es obligación del Ayuntamiento celebrar una sesión solemne en el período que comprende del día dos al nueve de octubre de cada año, en la cual el Presidente Municipal deberá rendir informe detallado de su gestión administrativa. Dentro de la misma sesión y rendido el informe por el Presidente Municipal, un Regidor representante de cada uno de los Partidos Políticos que conforman el Ayuntamiento, podrá plantear su posición política en torno al mismo”.
En los informes de Borruel y Reyes Ferriz fueron los alcaldes quienes hablaron DESPUES de los regidores, en una clara manifestación del culto al presidencialismo, trátese de cualquier nivel de gobierno, y que ahora sabemos priistas y panistas lo comparten por igual.
La intención de los legisladores al plasmar el orden en que deberían hablar –igual acontece en el caso del informe del gobernador- era la de quitarle el boato a un acto que debería contener un elevado grado de republicanismo, para ubicarlo como mandatario y no como mandante.
Nada de eso tienen en mente las dos principales fuerzas políticas de la entidad. Como lo han hecho a lo largo de más de un cuarto de siglo, se ponen de acuerdo y conceden trámites, tiempos y violaciones a cambio de recibir el mismo trato de su contraparte.
En ambos casos los alcaldes debieron presentar sus informes a los cabildos y escuchar las intervenciones de los regidores. Eso debió hacer, también, el gobernador Reyes Baeza en el acto celebrado en el Congreso del Estado.
Peor aún, las críticas de los regidores priistas de la capital del estado (minoría en el cabildo), por lo costoso del acto celebrado en el Centro de Convenciones, no fueron acompañadas de la debida correspondencia de sus compañeros de partido, gobernantes en Juárez, pues el acto celebrado ayer gozó de la misma calidad onerosa que el del panismo gobernante de la ciudad de Chihuahua.
Del talante con el que es recibida por los gobernantes la ordenanza legal dan cuenta las declaraciones del alcalde juarense Reyes Ferriz: “La presentación oficial del Informe se hizo el viernes… acá es nada más la presentación hacia la sociedad del Informe, ya cumplimos con el evento formal”.
¿Acaso, en esta democracia representativa, el cabildo no representa a la sociedad juarense?
¡Ah, no, es que se trata de lucir lo bien que nos vemos, lo bien que lo hemos hecho! No importa que sean tiempos de austeridad y de recortes presupuestarios, que para estas fiestas –las del señor- siempre habrá dinero, no le hace que sea del resto de los ciudadanos.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Nunca será ocioso insistir en el modo, así sea de a poquito, y en asuntos que no parecieran tener relevancia, como lo son actos como el celebrado ayer en el antiguo Paso del Norte, y por añadidura, en el magnífico escenario que lleva, precisamente, tal nombre.
En ese acto, con la presencia del Gobernador del Estado, el alcalde juarense José Reyes Ferriz presentó lo que la publicidad oficial denominó como la presentación del Segundo Informe de Gobierno Municipal. No es tal. Esa obligación ya la cumplió el viernes anterior al hacerlo, como lo establece el Código Municipal, en una sesión de cabildo.
En tiempos de tanta austeridad como la actual, que ha obligado a los gobiernos municipales de las dos principales urbes de la entidad a solicitar sendos préstamos bancarios a fin de resolver atingentes problemas, los alcaldes, uno del PRI, el de Juárez, y otro del PAN, el de la capital, resolvieron celebrar sendos actos fastuosos para “bañarse de pueblo”, y no de cualquier tipo de pueblo, sino del propio, es decir, de sus seguidores, de los beneficiados de sus obras de gobierno, de sus compañeros de partido, y de ninguna manera de sus opositores, o sus críticos.
Vale la pena destacar que hay una diferencia notable en cada uno de esos actos. Carlos Borruel, si bien se celebró el informe en un lugar de lujo, los representantes de los grupos de regidores pudieron efectuar sus discursos.
No fue así en el caso del juarense. Este encerró al cabildo el viernes a mediodía, escuchó a los regidores, habló y se preparó para su fiesta.
Quizá como producto de una negociación (tanta coincidencia no es posible) en la presentación de ambos informes se violó la ley. El Código Municipal establece –art. 19- que “Es obligación del Ayuntamiento celebrar una sesión solemne en el período que comprende del día dos al nueve de octubre de cada año, en la cual el Presidente Municipal deberá rendir informe detallado de su gestión administrativa. Dentro de la misma sesión y rendido el informe por el Presidente Municipal, un Regidor representante de cada uno de los Partidos Políticos que conforman el Ayuntamiento, podrá plantear su posición política en torno al mismo”.
En los informes de Borruel y Reyes Ferriz fueron los alcaldes quienes hablaron DESPUES de los regidores, en una clara manifestación del culto al presidencialismo, trátese de cualquier nivel de gobierno, y que ahora sabemos priistas y panistas lo comparten por igual.
La intención de los legisladores al plasmar el orden en que deberían hablar –igual acontece en el caso del informe del gobernador- era la de quitarle el boato a un acto que debería contener un elevado grado de republicanismo, para ubicarlo como mandatario y no como mandante.
Nada de eso tienen en mente las dos principales fuerzas políticas de la entidad. Como lo han hecho a lo largo de más de un cuarto de siglo, se ponen de acuerdo y conceden trámites, tiempos y violaciones a cambio de recibir el mismo trato de su contraparte.
En ambos casos los alcaldes debieron presentar sus informes a los cabildos y escuchar las intervenciones de los regidores. Eso debió hacer, también, el gobernador Reyes Baeza en el acto celebrado en el Congreso del Estado.
Peor aún, las críticas de los regidores priistas de la capital del estado (minoría en el cabildo), por lo costoso del acto celebrado en el Centro de Convenciones, no fueron acompañadas de la debida correspondencia de sus compañeros de partido, gobernantes en Juárez, pues el acto celebrado ayer gozó de la misma calidad onerosa que el del panismo gobernante de la ciudad de Chihuahua.
Del talante con el que es recibida por los gobernantes la ordenanza legal dan cuenta las declaraciones del alcalde juarense Reyes Ferriz: “La presentación oficial del Informe se hizo el viernes… acá es nada más la presentación hacia la sociedad del Informe, ya cumplimos con el evento formal”.
¿Acaso, en esta democracia representativa, el cabildo no representa a la sociedad juarense?
¡Ah, no, es que se trata de lucir lo bien que nos vemos, lo bien que lo hemos hecho! No importa que sean tiempos de austeridad y de recortes presupuestarios, que para estas fiestas –las del señor- siempre habrá dinero, no le hace que sea del resto de los ciudadanos.
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martes, 13 de octubre de 2009
¡¿Cuál transparencia? ¿Cuál legalidad?!
El Diario, 13 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
Ante el artero golpe del gobierno de Felipe Calderón a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyF), agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), no puede haber atenuantes; es un golpe a la vida democrática, no sólo a la sindical, sino del país entero y retrata de cuerpo entero, sin maquillaje, el verdadero rostro de la derecha entronizada en el poder.
Podrán argüirse mil y un pretextos, los hechos son muy concretos: Durante los días previos se lanzó una descomunal campaña mediática mediante la cual se linchó a los dirigentes del SME, en todos los tonos, particularmente en las dos cadenas televisivas (pero no sólo) a quienes se culpó de la ineficiencia de la empresa al sindicato, súmmum, en esta concepción, de todos los males, incluido el de haber celebrado una elección fraudulenta de la cual, como por azar, el Secretario del Trabajo, Javier Lozano, se dio cuenta y como priva en estos gobernantes la idea que son la razón encarnada, decidió no entregarle el “toma de nota” a la dirigencia sindical, según los resultados de los comicios, triunfadora y, por tanto, desconocer a la dirigencia encabezada por Martín Esparza, en una clara trasgresión a la ley pues la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para reconocer o desconocer dirigencias sindicales.
En el colmo de la deshonra, luego de haber pactado una reunión a celebrarse el día de ayer, el sábado por la noche, cual vil maniobra de abogadetes y polizontes, sin previo aviso y sin aplicar las leyes correspondientes, Calderón ordenó la desaparición de la empresa por “su comprobada ineficiencia operativa y financiera”, y para indemnizar a los 40 mil trabajadores echará mano de un “guardadito” de veinte mil millones de pesos.
Son otras las razones que llevaron a Calderón a tan oprobiosa decisión, ninguna de ellas cercana al respeto a la legalidad, o el compromiso con el buen funcionamiento de las empresas generadoras de energía eléctrica. En primer lugar, el odio cerval al sindicalismo practicado por el SME, su postura indeclinable de no ceder en ninguna de las ventajas o prestaciones alcanzadas por tal organismo sindical y por ser claramente un sindicato de izquierda. Por si fuera poco, y al paso de los días será más visible a la opinión pública, en el fondo de la pretendida desaparición de LyF se encuentra la ríspida disputa por el triple play en materia de comunicaciones, esto es, el negocio de la transmisión de datos, audio y video a través de los cables de fibra óptica.
Desde junio de este año, LyF y el SME dieron a conocer su pretensión de acceder a una concesión a fin de que la empresa compitiera en este ramo con Teléfonos de México y Televisa, propietaria de Cablevisión y Sky.
Enfrente de tal pretensión se encuentra la empresa WL Comunicaciones, creada el 23 de agosto de 1998, propiedad de dos connotados panistas, miembros del gobierno de Vicente Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, el primero de los cuales fue Director de Pemex y el segundo, Secretario de Energía, además, representados por Armando Salinas Torre, representante del despacho jurídico de ¡Oh, casualidades del destino! Diego Fernández Cevallos, bufete del cual provienen, ¡Por puritita casualidad! El exprocurador en tiempos de Ernesto Zedillo, Antonio Lozano, y los actuales Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el Procurador, Arturo Chávez Chávez.
WL Comunicaciones pretende acceder al uso de la red de LyF y con ello acceder a un negocio multimillonario, sin que por ello se necesite privatizar la energía eléctrica, por eso Calderón se apresuró a aclarar que tal medida no se llevaría al cabo.
No ¿Para qué, si el negocio está garantizado en la otra vertiente?
Es de tal peso, de tal importancia la destrucción de la empresa y, sobre todo, del sindicato, que el gobierno federal propuso que las liquidaciones a los trabajadores electricistas equivaldrían, en promedio, a dos años y medio de sus salarios.
¿De dónde tal desprendimiento si todos sabemos que en los conflictos laborales la parte patronal siempre pretende pagar a la baja las indemnizaciones?
Tiempos terribles nos esperan, el huevo de la serpiente sigue incubándose… ¿Por qué tal odio, de los gobernantes, no se despliega, por ejemplo, con la dirigencia sindical del magisterio, o de los petroleros? -¡Ah, es que ésos son nuestros!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
Ante el artero golpe del gobierno de Felipe Calderón a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyF), agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), no puede haber atenuantes; es un golpe a la vida democrática, no sólo a la sindical, sino del país entero y retrata de cuerpo entero, sin maquillaje, el verdadero rostro de la derecha entronizada en el poder.
Podrán argüirse mil y un pretextos, los hechos son muy concretos: Durante los días previos se lanzó una descomunal campaña mediática mediante la cual se linchó a los dirigentes del SME, en todos los tonos, particularmente en las dos cadenas televisivas (pero no sólo) a quienes se culpó de la ineficiencia de la empresa al sindicato, súmmum, en esta concepción, de todos los males, incluido el de haber celebrado una elección fraudulenta de la cual, como por azar, el Secretario del Trabajo, Javier Lozano, se dio cuenta y como priva en estos gobernantes la idea que son la razón encarnada, decidió no entregarle el “toma de nota” a la dirigencia sindical, según los resultados de los comicios, triunfadora y, por tanto, desconocer a la dirigencia encabezada por Martín Esparza, en una clara trasgresión a la ley pues la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para reconocer o desconocer dirigencias sindicales.
En el colmo de la deshonra, luego de haber pactado una reunión a celebrarse el día de ayer, el sábado por la noche, cual vil maniobra de abogadetes y polizontes, sin previo aviso y sin aplicar las leyes correspondientes, Calderón ordenó la desaparición de la empresa por “su comprobada ineficiencia operativa y financiera”, y para indemnizar a los 40 mil trabajadores echará mano de un “guardadito” de veinte mil millones de pesos.
Son otras las razones que llevaron a Calderón a tan oprobiosa decisión, ninguna de ellas cercana al respeto a la legalidad, o el compromiso con el buen funcionamiento de las empresas generadoras de energía eléctrica. En primer lugar, el odio cerval al sindicalismo practicado por el SME, su postura indeclinable de no ceder en ninguna de las ventajas o prestaciones alcanzadas por tal organismo sindical y por ser claramente un sindicato de izquierda. Por si fuera poco, y al paso de los días será más visible a la opinión pública, en el fondo de la pretendida desaparición de LyF se encuentra la ríspida disputa por el triple play en materia de comunicaciones, esto es, el negocio de la transmisión de datos, audio y video a través de los cables de fibra óptica.
Desde junio de este año, LyF y el SME dieron a conocer su pretensión de acceder a una concesión a fin de que la empresa compitiera en este ramo con Teléfonos de México y Televisa, propietaria de Cablevisión y Sky.
Enfrente de tal pretensión se encuentra la empresa WL Comunicaciones, creada el 23 de agosto de 1998, propiedad de dos connotados panistas, miembros del gobierno de Vicente Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, el primero de los cuales fue Director de Pemex y el segundo, Secretario de Energía, además, representados por Armando Salinas Torre, representante del despacho jurídico de ¡Oh, casualidades del destino! Diego Fernández Cevallos, bufete del cual provienen, ¡Por puritita casualidad! El exprocurador en tiempos de Ernesto Zedillo, Antonio Lozano, y los actuales Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el Procurador, Arturo Chávez Chávez.
WL Comunicaciones pretende acceder al uso de la red de LyF y con ello acceder a un negocio multimillonario, sin que por ello se necesite privatizar la energía eléctrica, por eso Calderón se apresuró a aclarar que tal medida no se llevaría al cabo.
No ¿Para qué, si el negocio está garantizado en la otra vertiente?
Es de tal peso, de tal importancia la destrucción de la empresa y, sobre todo, del sindicato, que el gobierno federal propuso que las liquidaciones a los trabajadores electricistas equivaldrían, en promedio, a dos años y medio de sus salarios.
¿De dónde tal desprendimiento si todos sabemos que en los conflictos laborales la parte patronal siempre pretende pagar a la baja las indemnizaciones?
Tiempos terribles nos esperan, el huevo de la serpiente sigue incubándose… ¿Por qué tal odio, de los gobernantes, no se despliega, por ejemplo, con la dirigencia sindical del magisterio, o de los petroleros? -¡Ah, es que ésos son nuestros!
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domingo, 11 de octubre de 2009
A negociar distritos
El Diario, 11 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
Pasadas ya las controversias acerca de los informes (con la excepción del tardío acto que con ese motivo celebrará el alcalde juarense, el priista José Reyes Ferriz) y conforme a la importancia del tema, la redistritación se convertirá en el eje de infinidad de discusiones y enfrentamientos entre las dos fuerzas políticas hegemónicas en Chihuahua.
No tienen muchas opciones, deberán tomar el acuerdo (porque se necesitan las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente del Congreso del Estado) de dejar asunto tan polémico en manos de los especialistas del Instituto Federal Electoral –IFE- (si es que éste órgano resuelve efectuar el estudio técnico para la redistritación) o en su caso el Instituto Estatal Electoral (IEE) y aprobarlo con esa mayoría calificada para dar curso al proceso electoral 2010 que inicia formalmente el 15 de diciembre.
En los días previos, distintos personajes del priismo gobernante han expresado, en distintos tonos, su oposición a llevar a la práctica una resolución tan contundente como la aprobada por los magistrados integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF en adelante) el último día de septiembre.
¿Cuál es el fondo del asunto?
Uno muy simple: El Congreso del Estado tiene la obligación –y facultad exclusiva- de delimitar los distritos electorales locales. Tal demarcación deberá efectuarla a más tardar el primer jueves de octubre del año anterior al de la elección. Es decir, el plazo feneció el 1º de octubre.
Ante la decisión de la mayoría parlamentaria de no hacerlo, el PAN interpuso un recurso a fin de que se instaurara un Juicio de Revisión Constitucional Electoral a fin de que el TEPJF se pronunciara sobre lo que el blanquiazul denominó omisión del Congreso del Estado y con ello violar el precepto constitucional de “un ciudadano, un voto” pues trece distritos electorales incumplen tal norma constitucional al albergar a un número de ciudadanos por encima o por abajo del número de ciudadanos que las normas permiten a fin de que exista una similar representación ciudadana por cada distrito electoral.
Expliquémoslo con base en los números del TEPJF. Según los magistrados, el padrón electoral de Chihuahua es de 2 millones 602 mil ciudadanos. Si se divide tal población electoral entre los 22 distritos, resultaría que cada uno debería contener a 118 mil 291 ciudadanos. La ley establece un margen más/menos de 15% de ese número, de tal modo que los distritos no deben ser menores a los 100 mil 547 electores, ni rebasar los 136 mil 34.
Sin embargo, los distritos III de Juárez, IX de Madera, XII de Santa Bárbara, XIV de Guerrero, XV de Camargo, XVIII y XIX de Chihuahua, XXI de Guachochi y el XXII de Parral no contienen el mínimo de electores. A su vez, el IV, VII y VIII de Juárez y el XI de Chihuahua rebasan tal número. Los extremos los representan el distrito VII (Juárez) con 287 mil 124 electores y el XII (Santa Bárbara) con 64 mil 588.
De efectuarse la redistritación, con los criterios del TEPJF, basados en el último padrón electoral del IFE, Juárez debería contar con dos distritos más y elevar su cuenta a nueve, Chihuahua quedaría con cinco. El resto de los distritos sufriría profundísimos cambios y no necesariamente a favor de las preferencias electorales del PAN, como han insistido algunos de sus dirigentes al tratar de explicarse la oposición de los priistas a la redistritación.
Así, las cabeceras distritales podrían reubicarse de este modo: En Juárez y Chihuahua, por supuesto; Delicias, Meoqui y/o Camargo, Parral, Guachochi (en estos tres distritos se reubicarían los municipios aledaños procedentes de la anterior distritación con cabecera en Camargo) Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y optar entre Madera y Guerrero al reacomodar los municipios ahora integrantes de tales distritos.
De ese modo se podría contar con una representación legislativa de la mayoría de las principales ciudades del estado sin que se acusara, súbitamente, una pérdida de la representación regional. El problema, si se quieren ver las cosas con la óptica de las preferencias partidistas, estriba en que al “acumular” los municipios más pequeños, algunos distritos en los cuales el PAN ha triunfado ocasionalmente se podrían conformar distritos nuevos con un historial electoral más propicio al priismo.
Así, sin ninguna duda que concentrar más municipios en Camargo, o en Meoqui, se podrían volver más “filopriistas”. Lo mismo acontece con Parral. Al sumarle algunos de los municipios procedentes del actual distrito con cabecera en Santa Bárbara la ventaja del alto porcentaje panista en “la capital del mundo” disminuiría abruptamente. Lo mismo pasaría con los nuevos distritos de Madera y Guerrero, lugares en los que históricamente el PRI cuenta con un voto “duro” muy grande.
¿Podría plantearse lo mismo con los distritos urbanos de Juárez y Chihuahua?
No. La historia reciente de ambas ciudades, tanto en las elecciones locales como en las federales, es de grandes vuelcos y podría aventurarse que ese fenómeno continuará, sobre todo en la capital, en tanto que en Juárez parece conformarse paulatinamente una hegemonía priista, de tal manera que no podría asegurarse, como lo plantean algunos panistas, que la simple partición y redistribución de los distritos juarenses les arrojaría dos distritos con una buena cantidad de votos duros a su favor. En abono de tal aserto recordemos que el PAN ganó por una distancia menor el distrito 03 federal, en otro tiempo orgullo del panismo chihuahuense.
Vistas así las cosas, asombra la oposición priista a la redistritación, además del hecho de que ahora su oposición se circunscribe a la falta de “tiempo”, o por la supuesta violación a los ordenamientos constitucionales, aquellos que establecen la prohibición a efectuar cambios legislativos a menos de tres meses del inicio de las elecciones, esto es el 15 de diciembre.
Los magistrados de la Sala Regional se adelantaron a tal posibilidad, en su resolución aluden a diversas tesis de jurisprudencia y al abordar el asunto de que la publicación de la demarcación distrital debería efectuarse el primer jueves de octubre alegan que “se trata de un supuesto excepcional derivado de una omisión de la referida autoridad legislativa, (el Congreso del Estado) además, de que como se consideró al establecer la reparabilidad del acto impugnado, (la falta de distritación) resulta pertinente que se resuelva previamente al inicio del proceso electoral local”.
Una falla puede advertirse en la resolución del TEPJF pues en los considerandos de la misma, a pesar de que en la parte inicial se refieren correctamente al inicio del proceso electoral, ubicándolo el 15 de diciembre, cuando están describiendo el proceso que debe seguir el Congreso, ubican el inicio del proceso electoral en el 15 de enero, como lo sostenía la legislación electoral anterior.
No hay de otra, a juicio del escribiente, una vez solicitado por el Congreso del Estado el estudio técnico al IFE, y que éste, en voz del Vocal Ejecutivo, Eduardo Rodríguez Montes, ha expresado que en 15 días estaría en manos del Poder Legislativo, la mayoría parlamentaria deberá aprobar la nueva distritación sin más trámite, de acuerdo con el sentido y el texto de la resolución del TEPJF pues ésta, a pesar de que pudiera contener una posible coyuntura ya que en el punto primero de la misma le ordena al Congreso “para que requiera la elaboración del estudio técnico respectivo, con el fin de que inicie y determine, CON PLENITUD DE FACULTADES, (mayúsculas de LJVF) la aprobación de la demarcación distrital…”.
Sin embargo, en el cuerpo de la resolución el TEPJF alude en varias ocasiones a que tal demarcación debe efectuarse entre cada proceso electoral y señala asimismo la fecha límite para hacerlo, aunque tenga un lapsus, como la del inicio del proceso electoral del 2010, esto es, el 15 de diciembre.
Por eso llama tanto la atención la pertinaz oposición del PRI, y tan endeble, por lo menos la asentada en los alegatos del juicio hoy comentado. Primero, se tardaron ¡22 días! en enviar a la sala regional del TEPJF la demanda y los anexos relacionados con la misma, razón por la cual el Congreso del Estado fue sancionado en lo que es, a no dudarlo, la pretensión de posponer cuanto fuera posible la emisión de una resolución contraria.
Luego, el PRI, como tercero interesado, ¡impugnó a Cruz Pérez Cuéllar en su carácter de presidente del Comité Estatal del PAN; alegó que tenía un nombramiento expedido por el anterior presidente del Comité Nacional de ese partido, como si el cargo sólo fuera válido en tanto Germán Martínez fungiese como líder del blanquiazul!
Y luego, en una evidente concertación, el PRI alegó que ya no había tiempo para efectuar la redistritación pues los tiempos “constitucionales” serían violentados. Los magistrados les enmendaron la plana al argumentar que la Ley General de Medios de Impugnación “dispone que el Juicio de Revisión Constitucional Electoral procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales, cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales”.
¿Qué queda, entonces? Acordar la redistritación, convenir en ella, en los términos más conciliadores posibles. Y luego las fuerzas partidarias a recomponer sus mapas a fin de acabar con este que no debería constituir un problema mayor, ni motivo de mayor encono entre las fuerzas políticas. Una cosa es cierta, hay la enorme desproporción electoral en la mayoría de los distritos electorales y destensar el clima político, por motivos finalmente tan baladís, debiera ser una de las consignas de los actores políticos, máxime en condiciones como las actuales.
SIN NOMBRE. Así, de tal modo puede enunciarse el último episodio criticable de las fuerzas armadas. El modo en que llegaron –según las versiones recogidas por los distintos medios de comunicación, especialmente El Diario (Nota del Staff, 10/X/09)- al rancho Las Tortugas, ubicado en Colonia Lebarón, (de noche, con las luces apagadas, en vehículos “civiles”, sin placas).
Sólo basta imaginarse la escena: En el rancho se efectuaba una fiesta, de repente, a oscuras, se acercan dos vehículos no militares y con individuos con vestimenta militar quienes ante un disparo hecho al aire de inmediato disparan en contra de los asistentes a la fiesta ¿A quién se le ocurrió enviar en esas condiciones a un grupo de militares?
Y encima ahora la comunidad LeBaron afronta el hecho de que varios de sus integrantes serán acusados de homicidio.
Lo que nos falta por ver.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
Pasadas ya las controversias acerca de los informes (con la excepción del tardío acto que con ese motivo celebrará el alcalde juarense, el priista José Reyes Ferriz) y conforme a la importancia del tema, la redistritación se convertirá en el eje de infinidad de discusiones y enfrentamientos entre las dos fuerzas políticas hegemónicas en Chihuahua.
No tienen muchas opciones, deberán tomar el acuerdo (porque se necesitan las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente del Congreso del Estado) de dejar asunto tan polémico en manos de los especialistas del Instituto Federal Electoral –IFE- (si es que éste órgano resuelve efectuar el estudio técnico para la redistritación) o en su caso el Instituto Estatal Electoral (IEE) y aprobarlo con esa mayoría calificada para dar curso al proceso electoral 2010 que inicia formalmente el 15 de diciembre.
En los días previos, distintos personajes del priismo gobernante han expresado, en distintos tonos, su oposición a llevar a la práctica una resolución tan contundente como la aprobada por los magistrados integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF en adelante) el último día de septiembre.
¿Cuál es el fondo del asunto?
Uno muy simple: El Congreso del Estado tiene la obligación –y facultad exclusiva- de delimitar los distritos electorales locales. Tal demarcación deberá efectuarla a más tardar el primer jueves de octubre del año anterior al de la elección. Es decir, el plazo feneció el 1º de octubre.
Ante la decisión de la mayoría parlamentaria de no hacerlo, el PAN interpuso un recurso a fin de que se instaurara un Juicio de Revisión Constitucional Electoral a fin de que el TEPJF se pronunciara sobre lo que el blanquiazul denominó omisión del Congreso del Estado y con ello violar el precepto constitucional de “un ciudadano, un voto” pues trece distritos electorales incumplen tal norma constitucional al albergar a un número de ciudadanos por encima o por abajo del número de ciudadanos que las normas permiten a fin de que exista una similar representación ciudadana por cada distrito electoral.
Expliquémoslo con base en los números del TEPJF. Según los magistrados, el padrón electoral de Chihuahua es de 2 millones 602 mil ciudadanos. Si se divide tal población electoral entre los 22 distritos, resultaría que cada uno debería contener a 118 mil 291 ciudadanos. La ley establece un margen más/menos de 15% de ese número, de tal modo que los distritos no deben ser menores a los 100 mil 547 electores, ni rebasar los 136 mil 34.
Sin embargo, los distritos III de Juárez, IX de Madera, XII de Santa Bárbara, XIV de Guerrero, XV de Camargo, XVIII y XIX de Chihuahua, XXI de Guachochi y el XXII de Parral no contienen el mínimo de electores. A su vez, el IV, VII y VIII de Juárez y el XI de Chihuahua rebasan tal número. Los extremos los representan el distrito VII (Juárez) con 287 mil 124 electores y el XII (Santa Bárbara) con 64 mil 588.
De efectuarse la redistritación, con los criterios del TEPJF, basados en el último padrón electoral del IFE, Juárez debería contar con dos distritos más y elevar su cuenta a nueve, Chihuahua quedaría con cinco. El resto de los distritos sufriría profundísimos cambios y no necesariamente a favor de las preferencias electorales del PAN, como han insistido algunos de sus dirigentes al tratar de explicarse la oposición de los priistas a la redistritación.
Así, las cabeceras distritales podrían reubicarse de este modo: En Juárez y Chihuahua, por supuesto; Delicias, Meoqui y/o Camargo, Parral, Guachochi (en estos tres distritos se reubicarían los municipios aledaños procedentes de la anterior distritación con cabecera en Camargo) Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y optar entre Madera y Guerrero al reacomodar los municipios ahora integrantes de tales distritos.
De ese modo se podría contar con una representación legislativa de la mayoría de las principales ciudades del estado sin que se acusara, súbitamente, una pérdida de la representación regional. El problema, si se quieren ver las cosas con la óptica de las preferencias partidistas, estriba en que al “acumular” los municipios más pequeños, algunos distritos en los cuales el PAN ha triunfado ocasionalmente se podrían conformar distritos nuevos con un historial electoral más propicio al priismo.
Así, sin ninguna duda que concentrar más municipios en Camargo, o en Meoqui, se podrían volver más “filopriistas”. Lo mismo acontece con Parral. Al sumarle algunos de los municipios procedentes del actual distrito con cabecera en Santa Bárbara la ventaja del alto porcentaje panista en “la capital del mundo” disminuiría abruptamente. Lo mismo pasaría con los nuevos distritos de Madera y Guerrero, lugares en los que históricamente el PRI cuenta con un voto “duro” muy grande.
¿Podría plantearse lo mismo con los distritos urbanos de Juárez y Chihuahua?
No. La historia reciente de ambas ciudades, tanto en las elecciones locales como en las federales, es de grandes vuelcos y podría aventurarse que ese fenómeno continuará, sobre todo en la capital, en tanto que en Juárez parece conformarse paulatinamente una hegemonía priista, de tal manera que no podría asegurarse, como lo plantean algunos panistas, que la simple partición y redistribución de los distritos juarenses les arrojaría dos distritos con una buena cantidad de votos duros a su favor. En abono de tal aserto recordemos que el PAN ganó por una distancia menor el distrito 03 federal, en otro tiempo orgullo del panismo chihuahuense.
Vistas así las cosas, asombra la oposición priista a la redistritación, además del hecho de que ahora su oposición se circunscribe a la falta de “tiempo”, o por la supuesta violación a los ordenamientos constitucionales, aquellos que establecen la prohibición a efectuar cambios legislativos a menos de tres meses del inicio de las elecciones, esto es el 15 de diciembre.
Los magistrados de la Sala Regional se adelantaron a tal posibilidad, en su resolución aluden a diversas tesis de jurisprudencia y al abordar el asunto de que la publicación de la demarcación distrital debería efectuarse el primer jueves de octubre alegan que “se trata de un supuesto excepcional derivado de una omisión de la referida autoridad legislativa, (el Congreso del Estado) además, de que como se consideró al establecer la reparabilidad del acto impugnado, (la falta de distritación) resulta pertinente que se resuelva previamente al inicio del proceso electoral local”.
Una falla puede advertirse en la resolución del TEPJF pues en los considerandos de la misma, a pesar de que en la parte inicial se refieren correctamente al inicio del proceso electoral, ubicándolo el 15 de diciembre, cuando están describiendo el proceso que debe seguir el Congreso, ubican el inicio del proceso electoral en el 15 de enero, como lo sostenía la legislación electoral anterior.
No hay de otra, a juicio del escribiente, una vez solicitado por el Congreso del Estado el estudio técnico al IFE, y que éste, en voz del Vocal Ejecutivo, Eduardo Rodríguez Montes, ha expresado que en 15 días estaría en manos del Poder Legislativo, la mayoría parlamentaria deberá aprobar la nueva distritación sin más trámite, de acuerdo con el sentido y el texto de la resolución del TEPJF pues ésta, a pesar de que pudiera contener una posible coyuntura ya que en el punto primero de la misma le ordena al Congreso “para que requiera la elaboración del estudio técnico respectivo, con el fin de que inicie y determine, CON PLENITUD DE FACULTADES, (mayúsculas de LJVF) la aprobación de la demarcación distrital…”.
Sin embargo, en el cuerpo de la resolución el TEPJF alude en varias ocasiones a que tal demarcación debe efectuarse entre cada proceso electoral y señala asimismo la fecha límite para hacerlo, aunque tenga un lapsus, como la del inicio del proceso electoral del 2010, esto es, el 15 de diciembre.
Por eso llama tanto la atención la pertinaz oposición del PRI, y tan endeble, por lo menos la asentada en los alegatos del juicio hoy comentado. Primero, se tardaron ¡22 días! en enviar a la sala regional del TEPJF la demanda y los anexos relacionados con la misma, razón por la cual el Congreso del Estado fue sancionado en lo que es, a no dudarlo, la pretensión de posponer cuanto fuera posible la emisión de una resolución contraria.
Luego, el PRI, como tercero interesado, ¡impugnó a Cruz Pérez Cuéllar en su carácter de presidente del Comité Estatal del PAN; alegó que tenía un nombramiento expedido por el anterior presidente del Comité Nacional de ese partido, como si el cargo sólo fuera válido en tanto Germán Martínez fungiese como líder del blanquiazul!
Y luego, en una evidente concertación, el PRI alegó que ya no había tiempo para efectuar la redistritación pues los tiempos “constitucionales” serían violentados. Los magistrados les enmendaron la plana al argumentar que la Ley General de Medios de Impugnación “dispone que el Juicio de Revisión Constitucional Electoral procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales, cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales”.
¿Qué queda, entonces? Acordar la redistritación, convenir en ella, en los términos más conciliadores posibles. Y luego las fuerzas partidarias a recomponer sus mapas a fin de acabar con este que no debería constituir un problema mayor, ni motivo de mayor encono entre las fuerzas políticas. Una cosa es cierta, hay la enorme desproporción electoral en la mayoría de los distritos electorales y destensar el clima político, por motivos finalmente tan baladís, debiera ser una de las consignas de los actores políticos, máxime en condiciones como las actuales.
SIN NOMBRE. Así, de tal modo puede enunciarse el último episodio criticable de las fuerzas armadas. El modo en que llegaron –según las versiones recogidas por los distintos medios de comunicación, especialmente El Diario (Nota del Staff, 10/X/09)- al rancho Las Tortugas, ubicado en Colonia Lebarón, (de noche, con las luces apagadas, en vehículos “civiles”, sin placas).
Sólo basta imaginarse la escena: En el rancho se efectuaba una fiesta, de repente, a oscuras, se acercan dos vehículos no militares y con individuos con vestimenta militar quienes ante un disparo hecho al aire de inmediato disparan en contra de los asistentes a la fiesta ¿A quién se le ocurrió enviar en esas condiciones a un grupo de militares?
Y encima ahora la comunidad LeBaron afronta el hecho de que varios de sus integrantes serán acusados de homicidio.
Lo que nos falta por ver.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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jueves, 8 de octubre de 2009
A concentrar los reflectores
A concentrar los reflectores
El Diario, 8 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
Temerosos, quizá arrepentidos del alcance de la reforma electoral del 2008, sobre todo en lo concerniente a la prohibición de la contratación de propaganda política en los medios electrónicos de comunicación, y a la promoción de la imagen y voz de los gobernantes, los políticos mexicanos inventan mil y una maneras de evadir tales regulaciones que llevaron al país a colocarse, por lo menos formalmente, en el nivel de las democracias más desarrolladas.
Tal innovación ponía un freno, así se esperaba a los inmensos presupuestos ejercidos por los partidos políticos. La reforma tenía como objetivo volver equitativas las contiendas electorales y disminuir la importancia del financiamiento privado, legal e ilegal, en las mismas.
Además, se pretendía que en adelante los gobernantes ya no usaran los recursos públicos en su autopromoción, tanto para evitar que les sirviera para la búsqueda de otras posiciones, como para impedir se hiciera uso de esos recursos para favorecer a sus partidos y sus candidatos.
Por si fuera poco, y no era una aspiración menor, la pretensión era de la hacer de las campañas electorales un proceso más reflexivo de los ciudadanos y no la consecuencia deformada de imbuir, cual si fueran cualesquier mercancías, preferencias electorales, a fuerza de repetir hasta el cansancio imágenes y voces de los aspirantes a los puestos de elección popular.
En los meses posteriores hemos visto de todo, en la intención de los políticos de evadir a la ley, o incluso violarla sin que se generara sanción alguna. Primero aprobaron una contrarreforma mediante la cual ahora sí se vale que siete días antes y cinco después los gobernantes sí puedan efectuar promoción personal en todos los medios.
Luego, en las primeras campañas electorales posteriores a la reforma, varios partidos contrataron tiempo en estaciones de radio en las entidades vecinas, el candidato panista a Jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, se inventó una entrevista a la mitad de un partido de futbol, por puritita coincidencia, en el canal televisivo con mayor audiencia en el país; varios gobernadores, entre ellos preponderantemente el del Estado de México, Ernesto Peña Nieto, aparece todas las noches en el noticiero más visto, con cualquier pretexto y enmascarando su promoción personal cual si fuera información general.
Del mismo modo, lo hace el gobernador de Veracruz, ambos priistas, cuyos “logros” son del conocimiento nacional pero en cuyos actos promocionales demuestran su talante antidemocrático y oportunista, y sus desmedidas ambiciones; todo se vale con tal de alcanzar la siguiente posición de poder.
Y por supuesto, la enorme mayoría de ellos –los que tienen poder de mando- opuestos a cualquier reforma que los obligara a efectuar verdaderos rendimientos de cuentas, a través de los cuestionamientos de los integrantes de los poderes legislativos correspondientes.
Aspectos de tales conductas podremos apreciar en los subsecuentes días –y ya fuimos testigos de otros-, especialmente el día de mañana cuando los alcaldes de Juárez y Chihuahua presenten sus respectivos informes, que no son, para nada, un episodio de rendimiento de cuentas, y quienes en el modo de hacerlo mostrarán sus verdaderos talantes.
Ya lo hicieron el año anterior. En el caso del panista Carlos Borruel, la transmisión radiofónica no abarcó (también en el caso del priista, el juarense Reyes Ferriz) las intervenciones de los regidores y los habitantes de la capital sólo escucharon al alcalde.
Reyes Ferriz fue aún peor, y este año repetirá. Entregará mañana su informe en una sesión “solemne” a mediodía en el edificio municipal y cinco días después, en el límite de la ley, se otorgará su propia fiesta, con toda seguridad la última en la plenitud del poder, en el escenario de lujo del Juárez contemporáneo, el Centro Cultural Paso del Norte, y seguramente que ese discurso, sin previsibles contratiempos, ni crítica alguna de sus opositores, será transmitido por los medios electrónicos contratados para tal efecto.
Esa es la divisa de los gobernantes mexicanos –y chihuahuenses- de la hora actual, obligan a extrañar la mesura, la autocontención de los hombres de La Reforma, esos que tanto se recuerdan en los discursos de la clase política pero cuyo ejemplo, en la función pública, se encuentre tan lejos de la vanidad de quienes ahora nos gobiernan.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
El Diario, 8 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
Temerosos, quizá arrepentidos del alcance de la reforma electoral del 2008, sobre todo en lo concerniente a la prohibición de la contratación de propaganda política en los medios electrónicos de comunicación, y a la promoción de la imagen y voz de los gobernantes, los políticos mexicanos inventan mil y una maneras de evadir tales regulaciones que llevaron al país a colocarse, por lo menos formalmente, en el nivel de las democracias más desarrolladas.
Tal innovación ponía un freno, así se esperaba a los inmensos presupuestos ejercidos por los partidos políticos. La reforma tenía como objetivo volver equitativas las contiendas electorales y disminuir la importancia del financiamiento privado, legal e ilegal, en las mismas.
Además, se pretendía que en adelante los gobernantes ya no usaran los recursos públicos en su autopromoción, tanto para evitar que les sirviera para la búsqueda de otras posiciones, como para impedir se hiciera uso de esos recursos para favorecer a sus partidos y sus candidatos.
Por si fuera poco, y no era una aspiración menor, la pretensión era de la hacer de las campañas electorales un proceso más reflexivo de los ciudadanos y no la consecuencia deformada de imbuir, cual si fueran cualesquier mercancías, preferencias electorales, a fuerza de repetir hasta el cansancio imágenes y voces de los aspirantes a los puestos de elección popular.
En los meses posteriores hemos visto de todo, en la intención de los políticos de evadir a la ley, o incluso violarla sin que se generara sanción alguna. Primero aprobaron una contrarreforma mediante la cual ahora sí se vale que siete días antes y cinco después los gobernantes sí puedan efectuar promoción personal en todos los medios.
Luego, en las primeras campañas electorales posteriores a la reforma, varios partidos contrataron tiempo en estaciones de radio en las entidades vecinas, el candidato panista a Jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, se inventó una entrevista a la mitad de un partido de futbol, por puritita coincidencia, en el canal televisivo con mayor audiencia en el país; varios gobernadores, entre ellos preponderantemente el del Estado de México, Ernesto Peña Nieto, aparece todas las noches en el noticiero más visto, con cualquier pretexto y enmascarando su promoción personal cual si fuera información general.
Del mismo modo, lo hace el gobernador de Veracruz, ambos priistas, cuyos “logros” son del conocimiento nacional pero en cuyos actos promocionales demuestran su talante antidemocrático y oportunista, y sus desmedidas ambiciones; todo se vale con tal de alcanzar la siguiente posición de poder.
Y por supuesto, la enorme mayoría de ellos –los que tienen poder de mando- opuestos a cualquier reforma que los obligara a efectuar verdaderos rendimientos de cuentas, a través de los cuestionamientos de los integrantes de los poderes legislativos correspondientes.
Aspectos de tales conductas podremos apreciar en los subsecuentes días –y ya fuimos testigos de otros-, especialmente el día de mañana cuando los alcaldes de Juárez y Chihuahua presenten sus respectivos informes, que no son, para nada, un episodio de rendimiento de cuentas, y quienes en el modo de hacerlo mostrarán sus verdaderos talantes.
Ya lo hicieron el año anterior. En el caso del panista Carlos Borruel, la transmisión radiofónica no abarcó (también en el caso del priista, el juarense Reyes Ferriz) las intervenciones de los regidores y los habitantes de la capital sólo escucharon al alcalde.
Reyes Ferriz fue aún peor, y este año repetirá. Entregará mañana su informe en una sesión “solemne” a mediodía en el edificio municipal y cinco días después, en el límite de la ley, se otorgará su propia fiesta, con toda seguridad la última en la plenitud del poder, en el escenario de lujo del Juárez contemporáneo, el Centro Cultural Paso del Norte, y seguramente que ese discurso, sin previsibles contratiempos, ni crítica alguna de sus opositores, será transmitido por los medios electrónicos contratados para tal efecto.
Esa es la divisa de los gobernantes mexicanos –y chihuahuenses- de la hora actual, obligan a extrañar la mesura, la autocontención de los hombres de La Reforma, esos que tanto se recuerdan en los discursos de la clase política pero cuyo ejemplo, en la función pública, se encuentre tan lejos de la vanidad de quienes ahora nos gobiernan.
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martes, 6 de octubre de 2009
A redistritar
A redistritar
El Diario, 6 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
La resolución de los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que le ordenan al Congreso del Estado la realización de la resdistritación para las próximas elecciones ha puesto en jaque a toda la estructura partidaria del partido gobernante en Chihuahua.
No sólo porque, como lo sostienen reiteradamente los panistas, se efectuara de manera tal que la nueva conformación de los distritos electorales favoreciese hipotéticamente al PAN, sino porque cambia radicalmente muchos de los aspectos político-partidarios, sostén de los equilibrios alcanzados en la mayor parte del territorio estatal, mediante los cuales podía lograr los consensos necesarios en la distribución de los cargos públicos, y no sólo los de elección popular, entre todos los grupos regionales y subregionales existentes al interior del PRI.
De acuerdo con el criterio poblacional, Juárez podría contar con hasta 10 diputados (de los siete actuales) y la capital podría pasar de cinco a siete. En total, en ambas ciudades podrían sumar 17 de los 22 diputados de mayoría relativa y los otros cinco deberían tener como cabeceras Parral, Delicias, Cuauhtémoc y quizá Camargo y Madera.
Aún está por verse si la resolución del TEPJF se acata en todos sus términos para el ya inminente proceso electoral, pues hasta ahora las autoridades congresuales han cumplido con la primera parte de la misma, es decir, la presentación de la solicitud ante el IFE para que efectúe los estudios técnicos necesarios para realizar la redistritación.
De ahí a que se haga hay un largo trecho pues según lo han declarado algunos de los actores priistas pueden recusarla, no totalmente ha dicho Neil Pérez Campos, titular de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Parlamentarios, pero sí en el cumplimiento de las fechas, ya que sostendrán la imposibilidad técnica para realizarla en las pocas semanas previas al inicio del proceso electoral, o por otra parte, lo sostenido por Gerardo Cortinas Murra, en el sentido de que la redistritación electoral, para el caso de Chihuahua, no constituye un asunto administrativo, sino legal ya que el Congreso debería dictaminarla, tal y como si fuese la aprobación de una ley, con lo cual se violentaría –en esta interpretación- lo establecido en la Constitución de la República Mexicana, que prohíbe efectuar cambios legales al marco electoral noventa días antes del inicio del proceso electoral, cosa que ocurrirá el 15 de diciembre.
Ahora sufrimos las consecuencias de actuar políticamente al día y teniendo como marco de referencia la siguiente elección local. La última distritación se efectuó en 1997, en doce años nunca se tuvo la voluntad política para adecuarla a los relampagueantes cambios poblacionales acaecidos en Chihuahua, ahora sus dos principales urbes concentran a casi las dos terceras partes de la población total (61% del padrón electoral con el que se votó apenas unos meses atrás) y la demarcación de las diputaciones obedecía a un criterio basado más en el de que cada diputado –de los distritos rurales- representara a una de las regiones de la entidad, con la excepción del muy particular caso del distrito de Santa Bárbara.
Ahora estamos metidos en un verdadero embrollo pues se pueden incumplir o violar distintas regulaciones electorales y, sobre todo, afectar el ya inminente proceso electoral.
“No tenemos un censo confiable; sin censo no podemos definir nuevos distritos”, se dijo insistentemente por el lado de los priistas y por otro lado, por los de enfrente, los panistas, se mantiene la idea que una redistritación sería inconveniente para los priistas pues perderían la indudable ventaja electoral observada en la actual conformación de la mayoría de los distritos electorales rurales.
Entre que son peras o manzanas acerca de la “confusión” del tribunal electoral respecto de las fechas planteadas en la legislación electoral esa resolución deberá acatarse en tanto resuelve la mayoría parlamentaria (ya sabemos que ahora está conformada por el PRI, el PANAL y de manera sempiterna, cualesquiera que sean sus diputados, del PVEM y el PT) sí impugna o no.
Podrán argumentarse mil y una chicanadas, en sentido estricto de materia electoral (y ojalá avanzáramos en ese sentido) éste debería ser un asunto de la más estricta competencia, solamente, del órgano electoral local, esto es, que por mandato legal debiera estar adecuando la geografía electoral de Chihuahua conforme cambiara la concentración poblacional.
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El Diario, 6 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
La resolución de los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que le ordenan al Congreso del Estado la realización de la resdistritación para las próximas elecciones ha puesto en jaque a toda la estructura partidaria del partido gobernante en Chihuahua.
No sólo porque, como lo sostienen reiteradamente los panistas, se efectuara de manera tal que la nueva conformación de los distritos electorales favoreciese hipotéticamente al PAN, sino porque cambia radicalmente muchos de los aspectos político-partidarios, sostén de los equilibrios alcanzados en la mayor parte del territorio estatal, mediante los cuales podía lograr los consensos necesarios en la distribución de los cargos públicos, y no sólo los de elección popular, entre todos los grupos regionales y subregionales existentes al interior del PRI.
De acuerdo con el criterio poblacional, Juárez podría contar con hasta 10 diputados (de los siete actuales) y la capital podría pasar de cinco a siete. En total, en ambas ciudades podrían sumar 17 de los 22 diputados de mayoría relativa y los otros cinco deberían tener como cabeceras Parral, Delicias, Cuauhtémoc y quizá Camargo y Madera.
Aún está por verse si la resolución del TEPJF se acata en todos sus términos para el ya inminente proceso electoral, pues hasta ahora las autoridades congresuales han cumplido con la primera parte de la misma, es decir, la presentación de la solicitud ante el IFE para que efectúe los estudios técnicos necesarios para realizar la redistritación.
De ahí a que se haga hay un largo trecho pues según lo han declarado algunos de los actores priistas pueden recusarla, no totalmente ha dicho Neil Pérez Campos, titular de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Parlamentarios, pero sí en el cumplimiento de las fechas, ya que sostendrán la imposibilidad técnica para realizarla en las pocas semanas previas al inicio del proceso electoral, o por otra parte, lo sostenido por Gerardo Cortinas Murra, en el sentido de que la redistritación electoral, para el caso de Chihuahua, no constituye un asunto administrativo, sino legal ya que el Congreso debería dictaminarla, tal y como si fuese la aprobación de una ley, con lo cual se violentaría –en esta interpretación- lo establecido en la Constitución de la República Mexicana, que prohíbe efectuar cambios legales al marco electoral noventa días antes del inicio del proceso electoral, cosa que ocurrirá el 15 de diciembre.
Ahora sufrimos las consecuencias de actuar políticamente al día y teniendo como marco de referencia la siguiente elección local. La última distritación se efectuó en 1997, en doce años nunca se tuvo la voluntad política para adecuarla a los relampagueantes cambios poblacionales acaecidos en Chihuahua, ahora sus dos principales urbes concentran a casi las dos terceras partes de la población total (61% del padrón electoral con el que se votó apenas unos meses atrás) y la demarcación de las diputaciones obedecía a un criterio basado más en el de que cada diputado –de los distritos rurales- representara a una de las regiones de la entidad, con la excepción del muy particular caso del distrito de Santa Bárbara.
Ahora estamos metidos en un verdadero embrollo pues se pueden incumplir o violar distintas regulaciones electorales y, sobre todo, afectar el ya inminente proceso electoral.
“No tenemos un censo confiable; sin censo no podemos definir nuevos distritos”, se dijo insistentemente por el lado de los priistas y por otro lado, por los de enfrente, los panistas, se mantiene la idea que una redistritación sería inconveniente para los priistas pues perderían la indudable ventaja electoral observada en la actual conformación de la mayoría de los distritos electorales rurales.
Entre que son peras o manzanas acerca de la “confusión” del tribunal electoral respecto de las fechas planteadas en la legislación electoral esa resolución deberá acatarse en tanto resuelve la mayoría parlamentaria (ya sabemos que ahora está conformada por el PRI, el PANAL y de manera sempiterna, cualesquiera que sean sus diputados, del PVEM y el PT) sí impugna o no.
Podrán argumentarse mil y una chicanadas, en sentido estricto de materia electoral (y ojalá avanzáramos en ese sentido) éste debería ser un asunto de la más estricta competencia, solamente, del órgano electoral local, esto es, que por mandato legal debiera estar adecuando la geografía electoral de Chihuahua conforme cambiara la concentración poblacional.
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domingo, 4 de octubre de 2009
Tiempo de desesperanzas
Tiempo de desesperanzas
El DIARIO, 27 de septiembre 2009
Luis Javier Valero Flores
No son pocas las frases, ni los eventos, o las acciones de los funcionarios federales, ilustrativas de su incapacidad para afrontar –de verdad- al crimen organizado y especialmente a las bandas del narcotráfico. La de ayer, expresada por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es la última perla de tales desatinos. Interrogado en Culiacán acerca de cómo sería el “reordenamiento de las acciones contra el narcotráfico si los capos siguen paseándose por las calles”, en lugar de responder, fiel a su carácter y larga trayectoria litigiosa, encaró al periodista: “Perdóneme, dígame dónde están y vamos por ellos”.
Tales expresiones las lanzó a sólo tres días del asesinato de un periodista en Nuevo Casas Grandes, y a cinco de la denuncia de un visitador de un organismo gubernamental de derechos humanos de amenazas de muerte, ambos hechos en la entidad que acapara más de la mitad de las ejecuciones de todo el país en todo el año.
¿Qué podemos esperar los informadores si quien tiene en sus manos la representación del más alto nivel gubernamental, y además la responsabilidad mayor en el combate al crimen organizado, no es capaz, ni siquiera, de tener la sensibilidad de ofrecerle garantías, buen trato, consideraciones, a uno de los integrantes de los medios de comunicación precisamente en los momentos en que cayó abatido uno de ellos, el muy querido “Gallito”, menos conocido como Norberto Miranda, hombre comprometido, como pocos, en el desarrollo de su profesión y en el desarrollo democrático del país, de Chihuahua y de su no menos querida Nuevo Casas Grandes?
Ya lo habían expresado distintos protagonistas políticos locales, se lo habíamos escuchado a algunos de los especialistas en materias como crimen organizado y narcotráfico, que las bandas criminales, en etapas superiores de su desarrollo intentarían administrar todo los actos criminales de una determinada zona o región. En las etapas iniciales de la actual oleada violenta habían intentado, en Chihuahua, controlar hasta la emisión informativa de los hechos sangrientos cotidianos en la entidad. Causas como esas podrían encontrarse en el artero asesinato de nuestro compañero Norberto Miranda, prestigiado periodista de Nuevo Casas Grandes, quien, al contrario de Armando Rodríguez (El Choco), el periodista de El Diario asesinado el año pasado, no se dedicaba a la nota roja pero que casi diariamente consignaba la información de los numerosos hechos de sangre acaecidos en el noroeste chihuahuense.
El mensaje es directo, no debe informarse de ellos.
El asesinato de El Gallito es una vuelta más a la violenta espiral volcada sobre Chihuahua. Ahora se ensañaron en contra de un periodista cuyo ámbito de acción era más general que el del “Choco” y, por ello, si acaso cabe señalar una gradación en hechos tan deleznables, más grave, y no sólo por la discreta variación en las tareas periodísticas de Miranda y Rodríguez, sino por el liderazgo social ejercido por el primero en aquella región chihuahuense, la misma que aún espera el esclarecimiento del líder campesino Armando Villarreal, de Benjamín Franklin LeBarón y Luis Carlos Widmar, líderes sociales de la misma región.
Solo revisemos lo efectuado en el caso de El Choco para darnos cuenta de la enorme falta de voluntad –o de capacidad- de las autoridades, de todas, de las federales hacia abajo, para esclarecer hechos tan atroces como los que ahora deploramos. No es poca cosa, el Director General de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, debió salir a precisar que era testigo de la entrega del expediente “… Y yo entendí que al recibir usted ese expediente seguiría las instrucciones que le encargó el presidente Calderón, de ordenar que se esclareciera el homicidio”, tuvo que escribir el director de El Diario en una carta abierta dirigida a Gómez Mont.
Más, si a lo anterior añadimos lo sufrido por el Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien ha solicitado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su protección, ante la serie de amenazas de muerte lanzadas en su contra en varias ocasiones, tanto directa como telefónicamente y del enorme riesgo que corre su vida.
Las posturas de De la Rosa son contundentes: “Una de las consecuencias que ha tenido la mayor presencia del Ejército en las tareas de seguridad pública en Chihuahua ha sido el incremento de las quejas de violación a los derechos humanos presuntamente cometidas por elementos del Ejército... De enero de 2008 a septiembre de 2009 se recibieron un total de 154 quejas en Ciudad Juárez”. (De la solicitud a la CIDH de aplicación de medidas cautelares a su favor).
La denuncia del visitador, ex director del penal juarense y candidato a diversos puestos de elección popular (todos, dirían los amigos y compañeros del famoso “Pichú) por el PRD, además de ser miembro en varias ocasiones de su dirigencia estatal y municipal ubica las amenazas lanzadas en su contra en las funciones desarrolladas en la CEDH: “Me encuentro encargado de recibir y dar seguimiento a las quejas que se presentan en contra de miembros del Ejército en Ciudad Juárez”.
“He solicitado la salida de las fuerzas armadas de Ciudad Juárez (ya que) su actuación es anticonstitucional, pues sus métodos de acción incluyen actos de molestia a la ciudadanía en general, allanamientos de viviendas, sin contar con la orden respectiva, detenciones de personas sin orden de aprehensión, incomunicación de los detenidos, tortura a los detenidos y en algunos casos muerte de los detenidos”.
“En algunas ocasiones, el General Felipe de Jesús Espita, Jefe del Operativo Conjunto Chihuahua, ha contestado que existe una vinculación entre el narcotráfico y las Comisiones de Derechos Humanos, concretamente así se expresó en una reunión con los diputados del Congreso local a principios de septiembre…”.
El señalamiento de de la Rosa es directo: “Desde mayo de 2008 he sido víctima de actos de hostigamiento y amenazas de parte de miembros del Ejército mexicano… he recibido llamadas telefónicas a mi celular en las que se me amenaza que ya no siga metiéndome con los militares, de lo contrario mi vida y la de mi familia corre riesgo (Negrillas del escrito del visitador) la guerra de los cárteles que en esta zona ha tomado dimensiones de guerra abierta y la autoridad ha abandonado su presencia en tareas de vigilancia (pues) solo mantiene un retén a la entrada de San Agustín”, pueblo del Valle de Juárez en el que reside Hickerson, quien resolvió, ante las ominosas amenazas, emigrar a los EU y presuntamente solicitar de su gobierno asilo político.
Involucrar a las fuerzas armadas en las tareas policiacas, ajenas a sus funciones y capacidad, era un error, hoy por desgracia tan contundentemente demostrado, y lo peor es que ahora se les señala no sólo por su fracaso sino, también, por la comisión de diversos delitos, de los cuales deberían responder ante las autoridades civiles y no ante las militares, como tercamente se han empeñado en hacer.
Los resultados están a la vista, no hay, hasta el momento, ningún reporte de algún elemento sancionado y se llegó a la exageración de que uno de los más importantes críticos a la labor del ejército denuncia amenazas, efectuadas por, sostiene, miembros de las fuerzas armadas. Ante la denuncia, que ha ocupado todos los espacios informativos de la entidad, el jefe del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) no ha tenido la sensibilidad de desmentirlas, ofrecer disculpas y la correspondiente investigación, así como ofrecerle todas las garantías necesarias, no sólo para su vida, sino, también, para el desempeño de sus funciones.
Y es que, por desgracia, todos los días tenemos a la mano elementos para dudar de la veracidad de los supuestos logros de las fuerzas del OCCH.
Días atrás se informó de la detención de un grupo de sicarios. Se les acusó de ser los responsables de más de 200 asesinatos. En lugar de ser llevados a juicio se nos informó que los detenidos sólo serían arraigados pues hasta el momento sólo tenían como evidencia en su contra las declaraciones autoinculpatorias.
Días más tarde se informó de la detención de otro grupo de sicarios. Los acusaron, al momento de presentarlos a la prensa, del asesinato de 36 personas, luego se sabría que están acusados, sólo, del asesinato de dos. Del mismo modo, la autoridad solo tiene en contra de los acusados sus propias declaraciones.
El viernes, el OCCH informó, boletín de prensa mediante, de la detención de dos grupos de sicarios, uno de ellos en Juárez y el otro, puras casualidades, en Nuevo Casas Grandes.
Éste es un monumento a la labor de información: “… y en base a los trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por parte de personal militar que participa en esta operación” detectaron dos vehículos, en los cuales viajaban “5 individuos con actitud sospechosa, quienes al ser asegurados e identificados manifestaron ser integrantes de una célula de sicarios del denominado cartel ‘de Sinaloa’, ‘del chapo guzmán’ o ‘gente nueva’ y dedicarse a cometer homicidios en contra de los integrantes del cartel denominado de ‘Juárez’ o ‘la línea’, participando en por lo menos en 8 ejecuciones…”.
No es que se dude de la veracidad del trabajo de los mílites, o que los detenidos no sean responsables de los hechos imputados, pero ¿Se imaginan, como dicen todos los boletines oficiales, a todos los acusados prestos a declarar su participación en tal y cual grupo, en tal y cual asesinato? Casi se los imagina uno que en cuanto los detienen, angustiados de cometer tanto latrocinio, que en cuanto ven a los organismos policiales o militares, de inmediato ya están declarando.
¿Será casualidad que en todas las detenciones sólo tengan, por lo menos lo informado a los medios, las declaraciones autoinculpatorias de los señalados? ¿Dónde, dónde sucedían tales cosas?
Y luego, al llegar ante los jueces, los acusados arguyen que las declaraciones fueron obtenidas mediante tortura y que fueron apresados sin orden de aprehensión, sin la comisión de un delito en flagrancia. Y van pa’fuera, como le ha sucedido a la absoluta mayoría de los detenidos pues “de acuerdo con estadísticas de la PGJE, de los más de tres mil casos registrados durante la Operación Conjunta, sólo 76 han sido llevados ante los tribunales”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 19/09/09).
Así, con tales resultados, con tan dolorosos acontecimientos ¿Vale la pena exigir de las autoridades el irrestricto cumplimiento de las leyes y el castigo a los culpables?
¿Vale la pena exigir de las autoridades la inmediata investigación y la sanción a sus asesinos? ¿De veras están en condiciones de que una sociedad, agraviada como la que más, les pueda exigir resultados ciertos, verídicos, de sus investigaciones?
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
El DIARIO, 27 de septiembre 2009
Luis Javier Valero Flores
No son pocas las frases, ni los eventos, o las acciones de los funcionarios federales, ilustrativas de su incapacidad para afrontar –de verdad- al crimen organizado y especialmente a las bandas del narcotráfico. La de ayer, expresada por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es la última perla de tales desatinos. Interrogado en Culiacán acerca de cómo sería el “reordenamiento de las acciones contra el narcotráfico si los capos siguen paseándose por las calles”, en lugar de responder, fiel a su carácter y larga trayectoria litigiosa, encaró al periodista: “Perdóneme, dígame dónde están y vamos por ellos”.
Tales expresiones las lanzó a sólo tres días del asesinato de un periodista en Nuevo Casas Grandes, y a cinco de la denuncia de un visitador de un organismo gubernamental de derechos humanos de amenazas de muerte, ambos hechos en la entidad que acapara más de la mitad de las ejecuciones de todo el país en todo el año.
¿Qué podemos esperar los informadores si quien tiene en sus manos la representación del más alto nivel gubernamental, y además la responsabilidad mayor en el combate al crimen organizado, no es capaz, ni siquiera, de tener la sensibilidad de ofrecerle garantías, buen trato, consideraciones, a uno de los integrantes de los medios de comunicación precisamente en los momentos en que cayó abatido uno de ellos, el muy querido “Gallito”, menos conocido como Norberto Miranda, hombre comprometido, como pocos, en el desarrollo de su profesión y en el desarrollo democrático del país, de Chihuahua y de su no menos querida Nuevo Casas Grandes?
Ya lo habían expresado distintos protagonistas políticos locales, se lo habíamos escuchado a algunos de los especialistas en materias como crimen organizado y narcotráfico, que las bandas criminales, en etapas superiores de su desarrollo intentarían administrar todo los actos criminales de una determinada zona o región. En las etapas iniciales de la actual oleada violenta habían intentado, en Chihuahua, controlar hasta la emisión informativa de los hechos sangrientos cotidianos en la entidad. Causas como esas podrían encontrarse en el artero asesinato de nuestro compañero Norberto Miranda, prestigiado periodista de Nuevo Casas Grandes, quien, al contrario de Armando Rodríguez (El Choco), el periodista de El Diario asesinado el año pasado, no se dedicaba a la nota roja pero que casi diariamente consignaba la información de los numerosos hechos de sangre acaecidos en el noroeste chihuahuense.
El mensaje es directo, no debe informarse de ellos.
El asesinato de El Gallito es una vuelta más a la violenta espiral volcada sobre Chihuahua. Ahora se ensañaron en contra de un periodista cuyo ámbito de acción era más general que el del “Choco” y, por ello, si acaso cabe señalar una gradación en hechos tan deleznables, más grave, y no sólo por la discreta variación en las tareas periodísticas de Miranda y Rodríguez, sino por el liderazgo social ejercido por el primero en aquella región chihuahuense, la misma que aún espera el esclarecimiento del líder campesino Armando Villarreal, de Benjamín Franklin LeBarón y Luis Carlos Widmar, líderes sociales de la misma región.
Solo revisemos lo efectuado en el caso de El Choco para darnos cuenta de la enorme falta de voluntad –o de capacidad- de las autoridades, de todas, de las federales hacia abajo, para esclarecer hechos tan atroces como los que ahora deploramos. No es poca cosa, el Director General de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, debió salir a precisar que era testigo de la entrega del expediente “… Y yo entendí que al recibir usted ese expediente seguiría las instrucciones que le encargó el presidente Calderón, de ordenar que se esclareciera el homicidio”, tuvo que escribir el director de El Diario en una carta abierta dirigida a Gómez Mont.
Más, si a lo anterior añadimos lo sufrido por el Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien ha solicitado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su protección, ante la serie de amenazas de muerte lanzadas en su contra en varias ocasiones, tanto directa como telefónicamente y del enorme riesgo que corre su vida.
Las posturas de De la Rosa son contundentes: “Una de las consecuencias que ha tenido la mayor presencia del Ejército en las tareas de seguridad pública en Chihuahua ha sido el incremento de las quejas de violación a los derechos humanos presuntamente cometidas por elementos del Ejército... De enero de 2008 a septiembre de 2009 se recibieron un total de 154 quejas en Ciudad Juárez”. (De la solicitud a la CIDH de aplicación de medidas cautelares a su favor).
La denuncia del visitador, ex director del penal juarense y candidato a diversos puestos de elección popular (todos, dirían los amigos y compañeros del famoso “Pichú) por el PRD, además de ser miembro en varias ocasiones de su dirigencia estatal y municipal ubica las amenazas lanzadas en su contra en las funciones desarrolladas en la CEDH: “Me encuentro encargado de recibir y dar seguimiento a las quejas que se presentan en contra de miembros del Ejército en Ciudad Juárez”.
“He solicitado la salida de las fuerzas armadas de Ciudad Juárez (ya que) su actuación es anticonstitucional, pues sus métodos de acción incluyen actos de molestia a la ciudadanía en general, allanamientos de viviendas, sin contar con la orden respectiva, detenciones de personas sin orden de aprehensión, incomunicación de los detenidos, tortura a los detenidos y en algunos casos muerte de los detenidos”.
“En algunas ocasiones, el General Felipe de Jesús Espita, Jefe del Operativo Conjunto Chihuahua, ha contestado que existe una vinculación entre el narcotráfico y las Comisiones de Derechos Humanos, concretamente así se expresó en una reunión con los diputados del Congreso local a principios de septiembre…”.
El señalamiento de de la Rosa es directo: “Desde mayo de 2008 he sido víctima de actos de hostigamiento y amenazas de parte de miembros del Ejército mexicano… he recibido llamadas telefónicas a mi celular en las que se me amenaza que ya no siga metiéndome con los militares, de lo contrario mi vida y la de mi familia corre riesgo (Negrillas del escrito del visitador) la guerra de los cárteles que en esta zona ha tomado dimensiones de guerra abierta y la autoridad ha abandonado su presencia en tareas de vigilancia (pues) solo mantiene un retén a la entrada de San Agustín”, pueblo del Valle de Juárez en el que reside Hickerson, quien resolvió, ante las ominosas amenazas, emigrar a los EU y presuntamente solicitar de su gobierno asilo político.
Involucrar a las fuerzas armadas en las tareas policiacas, ajenas a sus funciones y capacidad, era un error, hoy por desgracia tan contundentemente demostrado, y lo peor es que ahora se les señala no sólo por su fracaso sino, también, por la comisión de diversos delitos, de los cuales deberían responder ante las autoridades civiles y no ante las militares, como tercamente se han empeñado en hacer.
Los resultados están a la vista, no hay, hasta el momento, ningún reporte de algún elemento sancionado y se llegó a la exageración de que uno de los más importantes críticos a la labor del ejército denuncia amenazas, efectuadas por, sostiene, miembros de las fuerzas armadas. Ante la denuncia, que ha ocupado todos los espacios informativos de la entidad, el jefe del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) no ha tenido la sensibilidad de desmentirlas, ofrecer disculpas y la correspondiente investigación, así como ofrecerle todas las garantías necesarias, no sólo para su vida, sino, también, para el desempeño de sus funciones.
Y es que, por desgracia, todos los días tenemos a la mano elementos para dudar de la veracidad de los supuestos logros de las fuerzas del OCCH.
Días atrás se informó de la detención de un grupo de sicarios. Se les acusó de ser los responsables de más de 200 asesinatos. En lugar de ser llevados a juicio se nos informó que los detenidos sólo serían arraigados pues hasta el momento sólo tenían como evidencia en su contra las declaraciones autoinculpatorias.
Días más tarde se informó de la detención de otro grupo de sicarios. Los acusaron, al momento de presentarlos a la prensa, del asesinato de 36 personas, luego se sabría que están acusados, sólo, del asesinato de dos. Del mismo modo, la autoridad solo tiene en contra de los acusados sus propias declaraciones.
El viernes, el OCCH informó, boletín de prensa mediante, de la detención de dos grupos de sicarios, uno de ellos en Juárez y el otro, puras casualidades, en Nuevo Casas Grandes.
Éste es un monumento a la labor de información: “… y en base a los trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por parte de personal militar que participa en esta operación” detectaron dos vehículos, en los cuales viajaban “5 individuos con actitud sospechosa, quienes al ser asegurados e identificados manifestaron ser integrantes de una célula de sicarios del denominado cartel ‘de Sinaloa’, ‘del chapo guzmán’ o ‘gente nueva’ y dedicarse a cometer homicidios en contra de los integrantes del cartel denominado de ‘Juárez’ o ‘la línea’, participando en por lo menos en 8 ejecuciones…”.
No es que se dude de la veracidad del trabajo de los mílites, o que los detenidos no sean responsables de los hechos imputados, pero ¿Se imaginan, como dicen todos los boletines oficiales, a todos los acusados prestos a declarar su participación en tal y cual grupo, en tal y cual asesinato? Casi se los imagina uno que en cuanto los detienen, angustiados de cometer tanto latrocinio, que en cuanto ven a los organismos policiales o militares, de inmediato ya están declarando.
¿Será casualidad que en todas las detenciones sólo tengan, por lo menos lo informado a los medios, las declaraciones autoinculpatorias de los señalados? ¿Dónde, dónde sucedían tales cosas?
Y luego, al llegar ante los jueces, los acusados arguyen que las declaraciones fueron obtenidas mediante tortura y que fueron apresados sin orden de aprehensión, sin la comisión de un delito en flagrancia. Y van pa’fuera, como le ha sucedido a la absoluta mayoría de los detenidos pues “de acuerdo con estadísticas de la PGJE, de los más de tres mil casos registrados durante la Operación Conjunta, sólo 76 han sido llevados ante los tribunales”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 19/09/09).
Así, con tales resultados, con tan dolorosos acontecimientos ¿Vale la pena exigir de las autoridades el irrestricto cumplimiento de las leyes y el castigo a los culpables?
¿Vale la pena exigir de las autoridades la inmediata investigación y la sanción a sus asesinos? ¿De veras están en condiciones de que una sociedad, agraviada como la que más, les pueda exigir resultados ciertos, verídicos, de sus investigaciones?
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
A los consejeros de la Uach, a Reyes Baeza
A los consejeros de la Uach, a Reyes Baeza
El DIARIO, 29 de septiembre 2009
Luis Javier Valero Flores
Con dolor, con sorpresa, nos hemos enterado de una decisión, -tomada “por unanimidad” el 15 de septiembre- de los integrantes del Consejo Universitario de la Uach. Resolvieron denominar al estadio universitario “José Reyes Baeza”.
Aparentemente interrogado al respecto, ayer, el gobernante chihuahuense agradeció la distinción, dijo sentirse orgulloso y aclaró que “no fue algo que él haya pedido”, sino que fue una iniciativa surgida de la propia universidad.
¿Tiene alguna importancia tal hecho, comparado con la infinidad de desgracias abatidas sobre la mayoría de los chihuahuenses –las económicas- y sobre el total de quienes habitamos el Estado Grande –las de la inseguridad pública?
Sí, y mucho, tiene que ver con la vida republicana, con la formación de nuestros jóvenes en el cultivo de los mejores valores (ahora que andamos enarbolando a diestra y siniestra que vivimos una crisis de ausencia de “valores”, estribillo enarbolado por un sinfín de agrupaciones de corte conservador) entre los cuales debieran colocarse al frente varios de los más importantes en la vida social, entre ellos, con toda seguridad, el de la autocontención a la alabanza a los gobernantes, tan fácil de violar en aras de agradar al mandatario en turno.
Guardadas las proporciones, muchos años atrás, justamente al inicio de lo que posteriormente serían las instalaciones de la Unam, las autoridades universitarias decidieron colocar una estatua del entonces presidente de la república, Miguel Alemán, en aras de agradecerle al mandatario “el interés mostrado por su gobierno” en la elevación de la máxima casa de estudios del país.
La develación de la estatua devino en un violentísimo enfrentamiento entre la policía capitalina y cientos de estudiantes que intentaron –y lograron- derribar el adefesio.
Por supuesto, y por desgracia, no son los únicos ejemplos de cómo, aún en el gobierno y todavía entre nosotros, alguien, algunos, pretenden, o halagar, o agradecer, o congraciarse con el mandatario en turno, cual reminiscencia de los viejos tiempos de las monarquías absolutistas en los cuales los monarcas eran considerados como los únicos hacedores del bien público y, por tanto, había que agradecérseles imponiendo su nombre a las calles, monumentos y edificios públicos.
Nadie le podría escatimar a Reyes Baeza su aportación, su gestión, su voluntad por favorecer a la Uach –y no sólo, recientemente encabezó la ceremonia, acompañado del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, del inicio de la construcción de la Ciudad del Conocimiento en Juárez- pero de ahí a que, en vida y aún peor, en el ejercicio de su administración él, se lleve al cabo una práctica absolutamente deleznable como lo es el hecho de imponerle su nombre al hermoso estadio universitario construido bajo su gestión, hay un mundo de diferencia.
¿Se imaginan que las nuevas instalaciones de la Uach llevaran por nombre el de Patricio Martínez, o que varios parques infantiles llevaran por nombre Juan Blanco, o que algunos kioskos de varios parques públicos, de la capital del estado, se llamen Carlos Borruel, o que la vialidad Camino Real, del antiguo Paso del Norte, se llamara Héctor “Teto” Murguía?
Se concede, son exageraciones, pero la complaciente determinación del órgano de dirección universitario, y la aceptación del mandatario chihuahuense dan pie a ellas. Podríamos estar de acuerdo que para una porción importante de los chihuahuenses Reyes Baeza es merecedor de tal homenaje, y de muchos más, lo que incomoda es que se efectúen cuando el receptor ejerza aún el máximo cargo CIUDADANO de la entidad y que sea la máxima autoridad universitaria quien lo conceda ¿No podría servirles de ejemplo que el Vaticano ordena esperar un lapso más o menos largo entre el fallecimiento de alguien y el inicio de la posible canonización, o que las normas para incluir a algún mexicano notable en la Rotonda de los Hombres Ilustres fijan el mismo precepto de temporalidad?
Debieran recapacitar ambos, el Consejo Universitario y Reyes Baeza, y éste último, sin desestimar tal merecimiento, sugerir que dejen pasar el tiempo y entonces, plácidas ya las aguas, sí homenajearlo como quieran y puedan.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
El DIARIO, 29 de septiembre 2009
Luis Javier Valero Flores
Con dolor, con sorpresa, nos hemos enterado de una decisión, -tomada “por unanimidad” el 15 de septiembre- de los integrantes del Consejo Universitario de la Uach. Resolvieron denominar al estadio universitario “José Reyes Baeza”.
Aparentemente interrogado al respecto, ayer, el gobernante chihuahuense agradeció la distinción, dijo sentirse orgulloso y aclaró que “no fue algo que él haya pedido”, sino que fue una iniciativa surgida de la propia universidad.
¿Tiene alguna importancia tal hecho, comparado con la infinidad de desgracias abatidas sobre la mayoría de los chihuahuenses –las económicas- y sobre el total de quienes habitamos el Estado Grande –las de la inseguridad pública?
Sí, y mucho, tiene que ver con la vida republicana, con la formación de nuestros jóvenes en el cultivo de los mejores valores (ahora que andamos enarbolando a diestra y siniestra que vivimos una crisis de ausencia de “valores”, estribillo enarbolado por un sinfín de agrupaciones de corte conservador) entre los cuales debieran colocarse al frente varios de los más importantes en la vida social, entre ellos, con toda seguridad, el de la autocontención a la alabanza a los gobernantes, tan fácil de violar en aras de agradar al mandatario en turno.
Guardadas las proporciones, muchos años atrás, justamente al inicio de lo que posteriormente serían las instalaciones de la Unam, las autoridades universitarias decidieron colocar una estatua del entonces presidente de la república, Miguel Alemán, en aras de agradecerle al mandatario “el interés mostrado por su gobierno” en la elevación de la máxima casa de estudios del país.
La develación de la estatua devino en un violentísimo enfrentamiento entre la policía capitalina y cientos de estudiantes que intentaron –y lograron- derribar el adefesio.
Por supuesto, y por desgracia, no son los únicos ejemplos de cómo, aún en el gobierno y todavía entre nosotros, alguien, algunos, pretenden, o halagar, o agradecer, o congraciarse con el mandatario en turno, cual reminiscencia de los viejos tiempos de las monarquías absolutistas en los cuales los monarcas eran considerados como los únicos hacedores del bien público y, por tanto, había que agradecérseles imponiendo su nombre a las calles, monumentos y edificios públicos.
Nadie le podría escatimar a Reyes Baeza su aportación, su gestión, su voluntad por favorecer a la Uach –y no sólo, recientemente encabezó la ceremonia, acompañado del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, del inicio de la construcción de la Ciudad del Conocimiento en Juárez- pero de ahí a que, en vida y aún peor, en el ejercicio de su administración él, se lleve al cabo una práctica absolutamente deleznable como lo es el hecho de imponerle su nombre al hermoso estadio universitario construido bajo su gestión, hay un mundo de diferencia.
¿Se imaginan que las nuevas instalaciones de la Uach llevaran por nombre el de Patricio Martínez, o que varios parques infantiles llevaran por nombre Juan Blanco, o que algunos kioskos de varios parques públicos, de la capital del estado, se llamen Carlos Borruel, o que la vialidad Camino Real, del antiguo Paso del Norte, se llamara Héctor “Teto” Murguía?
Se concede, son exageraciones, pero la complaciente determinación del órgano de dirección universitario, y la aceptación del mandatario chihuahuense dan pie a ellas. Podríamos estar de acuerdo que para una porción importante de los chihuahuenses Reyes Baeza es merecedor de tal homenaje, y de muchos más, lo que incomoda es que se efectúen cuando el receptor ejerza aún el máximo cargo CIUDADANO de la entidad y que sea la máxima autoridad universitaria quien lo conceda ¿No podría servirles de ejemplo que el Vaticano ordena esperar un lapso más o menos largo entre el fallecimiento de alguien y el inicio de la posible canonización, o que las normas para incluir a algún mexicano notable en la Rotonda de los Hombres Ilustres fijan el mismo precepto de temporalidad?
Debieran recapacitar ambos, el Consejo Universitario y Reyes Baeza, y éste último, sin desestimar tal merecimiento, sugerir que dejen pasar el tiempo y entonces, plácidas ya las aguas, sí homenajearlo como quieran y puedan.
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Contra ellos, todo el peso del Estado
Contra ellos, todo el peso del Estado
EL DIARIO, 1 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
No, no se trata de los integrantes de alguno de los grupos responsables de las miles de ejecuciones efectuadas en el curso –sobre todo- de los dos últimos años; tampoco se trata de las decenas de secuestradores o extorsionadores cuyos bonos han ido al alza en el mismo período –fundamentalmente desde que Felipe Calderón les declaró la guerra a los narcotraficantes-, no, no se trata de ningún otro grupo delictivo, sino de los jóvenes, a todos los de Chihuahua, a quienes estará dedicada una parte de la reforma de la reforma penal a aprobarse en el curso de los próximos días.
De acuerdo con la información proporcionada por el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, el diputado del blanquiazul, Roberto Lara Rocha, la legislatura local habrá de aumentar las penas “a los menores infractores, principalmente en los delitos de homicidio, violación, rapto, secuestro y extorsión”. (Nota de Silvia Macías Medina, El Diario, 28/09/09).
Inmersos en la tendencia conservadora prevaleciente, por desgracia, en el país, la mayoría de los diputados chihuahuenses, del mismo modo como lo ha propuesto el gobernador, José Reyes Baeza, pretenden, con estas reformas, darle la vuelta a las diversas prohibiciones existentes, no sólo en la legislación federal, sino también en los distintos tratados internacionales firmados por nuestro país (y por ende, en el marco constitucional) de disminuir la edad en la que se pueden imputar responsabilidades penales.
De esas pretensiones da cuenta el diputado Lara. Lo dijo con toda claridad: Al elevar las penas, será equiparable a bajar la edad penal, toda vez que “quienes incurran en esas conductas delictivas, que tengan entre 10 y 14 años de edad, se les impondrán la pena de 10 años de reclusión en los centros de rehabilitación para menores; y hasta 15 años a quienes tengan entre 16 y 18 años. ‘No se baja la edad penal, pero sí se aumentan las penas, porque actualmente los menores infractores son sujetos a un proceso penal especial, toda vez que existe todo un sistema de justicia para ellos’, dijo”. (Misma nota).
Sergio Fajardo Valderrama, ex alcalde de Medellín, Colombia, en conferencia ofrecida en Juárez recientemente, ubicó el origen del crecimiento de la incidencia delictiva en los problemas sociales, los que, una vez atendidos, ejercen un efecto positivo sobre todas las actividades delictivas, las que decrecen abruptamente en cuanto se ponen en marcha ambiciosos programas sociales cuyos efectos son, también, a largo plazo.
La investigadora juarense, Lourdes Almada Mireles, reiteradamente ha informado que las mujeres juarenses (y por extensión, las de toda la franja fronteriza del norte de México) trabajan un 10 por ciento más que las mujeres de otros estados. Al enarbolar tal cifra, sostiene que en Juárez existen guarderías para menos de 50 mil niños y no para los 150 mil infantes existentes en la urbe fronteriza.
Así, según un reporte intitulado “La Situación de la Infancia en Juárez”, la mitad de los habitantes de esta ciudad son menores de 24 años de edad; de ellos, un 30% de los adolescentes no encuentran un espacio en la escuela secundaria y el 67% de los jóvenes no puede ingresar a una preparatoria por no haber las suficientes instituciones educativas.
Además, según el mismo reporte, más del ocho% de los menores de entre seis a ocho años de edad se quedan solos en casa.
Tal modelo de atención y descuido de la infancia y la primera juventud tiene una data de por lo menos 25 años en el antiguo Paso del Norte, esquema que ha adquirido igual importancia en la capital del estado y en algunas de las ciudades medianas de la entidad. (Datos de la nota de Pedro Sánchez Briones, El DIARIO, 22/06/09).
¿Con quién se quedan los niños y jóvenes de nuestras grandes ciudades? ¿Quién se hace cargo de tremendo descuido? Ni las instancias gubernamentales, ni las empresas “socialmente responsables”. Durante años nos preocupamos exclusivamente en traer empleos, nunca nos preocupamos por las secuelas de tal modelo de producción y nadie, todavía hoy, ha propuesto medidas de profunda transformación social para hacerle frente a la desatención de nuestros niños y jóvenes, sólo atinamos a endurecer las penas.
Nos seguiremos arrepintiendo.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
EL DIARIO, 1 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
No, no se trata de los integrantes de alguno de los grupos responsables de las miles de ejecuciones efectuadas en el curso –sobre todo- de los dos últimos años; tampoco se trata de las decenas de secuestradores o extorsionadores cuyos bonos han ido al alza en el mismo período –fundamentalmente desde que Felipe Calderón les declaró la guerra a los narcotraficantes-, no, no se trata de ningún otro grupo delictivo, sino de los jóvenes, a todos los de Chihuahua, a quienes estará dedicada una parte de la reforma de la reforma penal a aprobarse en el curso de los próximos días.
De acuerdo con la información proporcionada por el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, el diputado del blanquiazul, Roberto Lara Rocha, la legislatura local habrá de aumentar las penas “a los menores infractores, principalmente en los delitos de homicidio, violación, rapto, secuestro y extorsión”. (Nota de Silvia Macías Medina, El Diario, 28/09/09).
Inmersos en la tendencia conservadora prevaleciente, por desgracia, en el país, la mayoría de los diputados chihuahuenses, del mismo modo como lo ha propuesto el gobernador, José Reyes Baeza, pretenden, con estas reformas, darle la vuelta a las diversas prohibiciones existentes, no sólo en la legislación federal, sino también en los distintos tratados internacionales firmados por nuestro país (y por ende, en el marco constitucional) de disminuir la edad en la que se pueden imputar responsabilidades penales.
De esas pretensiones da cuenta el diputado Lara. Lo dijo con toda claridad: Al elevar las penas, será equiparable a bajar la edad penal, toda vez que “quienes incurran en esas conductas delictivas, que tengan entre 10 y 14 años de edad, se les impondrán la pena de 10 años de reclusión en los centros de rehabilitación para menores; y hasta 15 años a quienes tengan entre 16 y 18 años. ‘No se baja la edad penal, pero sí se aumentan las penas, porque actualmente los menores infractores son sujetos a un proceso penal especial, toda vez que existe todo un sistema de justicia para ellos’, dijo”. (Misma nota).
Sergio Fajardo Valderrama, ex alcalde de Medellín, Colombia, en conferencia ofrecida en Juárez recientemente, ubicó el origen del crecimiento de la incidencia delictiva en los problemas sociales, los que, una vez atendidos, ejercen un efecto positivo sobre todas las actividades delictivas, las que decrecen abruptamente en cuanto se ponen en marcha ambiciosos programas sociales cuyos efectos son, también, a largo plazo.
La investigadora juarense, Lourdes Almada Mireles, reiteradamente ha informado que las mujeres juarenses (y por extensión, las de toda la franja fronteriza del norte de México) trabajan un 10 por ciento más que las mujeres de otros estados. Al enarbolar tal cifra, sostiene que en Juárez existen guarderías para menos de 50 mil niños y no para los 150 mil infantes existentes en la urbe fronteriza.
Así, según un reporte intitulado “La Situación de la Infancia en Juárez”, la mitad de los habitantes de esta ciudad son menores de 24 años de edad; de ellos, un 30% de los adolescentes no encuentran un espacio en la escuela secundaria y el 67% de los jóvenes no puede ingresar a una preparatoria por no haber las suficientes instituciones educativas.
Además, según el mismo reporte, más del ocho% de los menores de entre seis a ocho años de edad se quedan solos en casa.
Tal modelo de atención y descuido de la infancia y la primera juventud tiene una data de por lo menos 25 años en el antiguo Paso del Norte, esquema que ha adquirido igual importancia en la capital del estado y en algunas de las ciudades medianas de la entidad. (Datos de la nota de Pedro Sánchez Briones, El DIARIO, 22/06/09).
¿Con quién se quedan los niños y jóvenes de nuestras grandes ciudades? ¿Quién se hace cargo de tremendo descuido? Ni las instancias gubernamentales, ni las empresas “socialmente responsables”. Durante años nos preocupamos exclusivamente en traer empleos, nunca nos preocupamos por las secuelas de tal modelo de producción y nadie, todavía hoy, ha propuesto medidas de profunda transformación social para hacerle frente a la desatención de nuestros niños y jóvenes, sólo atinamos a endurecer las penas.
Nos seguiremos arrepintiendo.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
El tiempo del gobernador
El tiempo del gobernador
El DIARIO, 4 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
El mismísimo gobernador Reyes Baeza les dio la razón a quienes pregonaban en los días previos a la presentación del quinto informe que en la práctica sería el último. Tanto en el mensaje en el Congreso del Estado, como en los eventos informativos de Juárez y Chihuahua, (y destacadamente en el caso de la ciudad fronteriza) el deliciense hizo un recuento de las acciones realizadas por su gobierno en los cinco años.
En la reunión del Consejo Estatal, celebrado la semana anterior, dijo: “Ustedes me eligieron por seis años y apenas voy a rendir mi quinto informe”. Reyes lo sabe, en realidad éste fue el último informe merecedor de la atención, no sólo de la clase política, sino de todos los chihuahuenses interesados en la función pública.
La atención estará centrada, en un año, en la conformación del gabinete y en el programa de gobierno que habrá de enarbolar el sucesor.
Joven aún, Reyes será (a menos que le suceda una catástrofe a su partido) una muy fuerte opción para las candidaturas a las senadurías en el 2012.
Pero antes deberá afrontar algunos retos, entre ellos el de llegar a las elecciones del próximo año con un candidato fuerte y un partido unido. Por lo que trasluce su discurso ante el Consejo estatal priista, aún están lejanos tales objetivos pues debió salir a decirles a los precandidatos que bajaran la intensidad de sus trabajos proselitistas, de tal manera que les reclamó, en distintos tonos y frases que éstos, los actuales, son los tiempos del gobernador.
Debe estar la disputa muy álgida, a tal grado que debió aclarar: “Yo no tengo candidato... Si a algún recaudador llegan y le dicen que se alinee porque ya tengo un candidato, respondan: ¿Ah sí? Pues que me hable el gobernador...”.
Esta frase, contra lo que se diga, sí tiene un destinatario entre los aspirantes. Sólo debiéramos recordar qué funcionario estatal, de los precandidatos priistas, tuvo en sus manos la posibilidad de nombrar o influir en la designación de los recaudadores de rentas en las cabeceras municipales.
Recurrió a todo su bagaje discursivo en el acto priista para hacer sentir que tiene en sus manos la conducción del gobierno, no sólo la administrativa, sino la más importante, la política y les pidió a los dirigentes de su partido que necesitaba “la compañía del partido, acompáñenme –pidió- hasta el último año de mi gobierno”, pues “… Recuerden que el tiempo de los precandidatos es importante, pero más importante es el tiempo del gobernador”.
Y es que éste se acaba. En los distintos escenarios en los que emitió mensajes con motivo del V Informe presentó una visión global del sexenio (en política los sexenios son de cinco) y en muchos pasajes de sus intervenciones comparó los logros de su administración con los alcanzados en las dos anteriores. Así, en materia educativa afirmó que duplicaba lo logrado en los gobiernos de Patricio Martínez y Francisco Barrio, juntos; lo mismo aseguró en materia carretera, en vivienda, en inversión pública, etc., en tanto que en inversión en materia de salud triplicó la efectuada los doce años anteriores.
Una cosa es cierta, y no se le puede regatear a Reyes Baeza, su gobierno efectuó una vasta obra pública; se puede afirmar, para desestimar tal hecho, que los excedentes petroleros le otorgaron a su administración una gran cantidad de recursos económicos, no percibidos por las dos anteriores, y que todos los gobiernos estatales (y los municipales) estuvieron en similares condiciones, pero en Chihuahua sí se pudo apreciar, sobre todo en obras de infraestructura, el ingreso de ese dinero.
Así, el número de viviendas construidas, las numerosas instalaciones y equipamientos de los organismos de salud, la infraestructura vial construida en Juárez, las carreteras edificadas en casi todo el territorio estatal, la inversión educativa (destacadamente lo invertido en los nuevos campus de la Uach y la Uacj), la dotación de materiales escolares a todos los alumnos de educación primaria; la infraestructura vial en la capital del estado y un largo etcétera.
Más aún, la reforma penal y la aprobación de la ley de transparencia son hitos de su gobierno. Podemos enjuiciar ahora los no pocos aspectos negativos de ambos nuevos ordenamientos, pero serán de las cosas que recordaremos de su gobierno, y de la voluntad inicial de Reyes Baeza por sacarlas adelante.
Otros son los aspectos negativos de su gobierno y de los muchos pendientes dejados por su administración, algunos de ellos compromisos adquiridos en los meses previos a su asunción.
Y ahí reside fundamentalmente lo negativo de su gestión, en las expectativas no satisfechas por su gobierno. No son pocas, a su llegada, y a pesar de las numerosas críticas, prácticamente dejó intacta por larguísimos meses la vieja estructura de procuración de justicia; persistió la costumbre de dejar en manos de los suyos la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos; se profundizó en el afán de mantener controlados los principales organismos públicos, así fue en el caso del nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Mujer, y del Instituto Estatal Electoral, y éste por su conformación, pues su presidente, Fernando Herrera, a pesar de no negar sus filias priistas, recibió el beneplácito del principal partido opositor, el PAN, tanto en su gestión en la Asamblea Municipal Electoral de Delicias como en la primera mitad en el IEE.
Sin duda, es en el terreno de la transparencia en donde se ubica uno de los aspectos negativos de su gobierno. La ley, de avanzada, sufrió un lamentable quebranto en la aprobación del reglamento. En la práctica volvió nugatorios todos los avances contenidos en la misma, quebrantos que han sido profundizados por la opaca gestión de la mayoría de sus integrantes y sus decisiones, a contrapelo de las necesidades, en materia de transparencia, de una sociedad ahíta de avances democráticos y de una mayor voluntad en ese sentido de sus gobernantes.
La seguridad es, por mucho, el principal aspecto negativo del gobierno de Reyes, pero ¿Habrá algún mandatario estatal, en todo el país, que hubiese afrontado de menor manera la violentísima ola homicida? Es de dudarse.
Pueden ofrecerse tales y cuales aspectos criticables de su gobierno en este aspecto pero lo cierto es que estamos ante la peor crisis en esta materia jamás sufrida por los mexicanos. Es fruto del agotamiento de un régimen, de una forma de gobierno que hace agua por todos los costados y cuyos responsables, todos, forman parte de la clase política, algunos de los cuales tienen mayores responsabilidades. En ese sentido, Reyes Baeza no podrá deslindarse de la parte que le toca, fundamentalmente de la derivada del desconocimiento de la dimensión del problema del narcotráfico en Chihuahua. Ahora sabemos, por el número de ejecutados, originarios y/o residentes de nuestra entidad, de la profundidad de las raíces de tal fenómeno delictivo.
De tal desconocimiento, o tal evasión, dan cuenta algunas frases expresadas por el mandatario en los “informes” regionales: “No es una violencia criminal con origen en la sociedad chihuahuense, sino de fuera, y hoy afecta a la comunidad en general… ”.
No, durante décadas, Chihuahua es una de las rutas más importantes para el tráfico de personas, drogas, armas, vehículos y precursores de drogas.
El aserto anterior no coincide con la interesada opinión del panismo local, insistente en achacarle al gobierno del Estado toda la responsabilidad en este fracaso. Incapaces de aceptar críticas o de efectuar un ejercicio autocrítico, no atinan a evaluar que el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua se da justamente en la entidad que alberga la mayor fuerza militar y uno de los contingentes principales del resto de las fuerzas policiales federales.
A pesar de tal despliegue militar, este año el número de las ejecuciones será superior al del anterior ¿Cómo explicarlo racionalmente? “Porque Reyes Baeza no hace lo necesario”, dicen.
No, si en alguna entidad se pudiera ejemplificar lo equivocado de la estrategia de Felipe Calderón en el combate al narcotráfico, esa, por desgracia, es la nuestra.
Otro de los aspectos en los cuales Reyes entrega malas cuentas es en el modelo económico. Chihuahua requiere una profunda transformación del mismo, para ello, sus gobernantes debieron sentar las bases de la misma; lo dicen en todos los sectores de la sociedad, no podemos seguir dependiendo de la industria maquiladora, quizá la insistencia en desarrollar la industria aeroespacial pueda otorgarle a nuestro estado un respiro, pero no la profundidad del cambio requerido.
Finalmente, si en algo tuvo oportunidad Reyes Baeza de incidir fuertemente fue en los aspectos formales de nuestra democracia, y ahí faltó la profunda vocación transformadora. Ahora lo vivimos con el problema de la redistritación, pero se apreció en mayor medida en los aspectos formales de la presentación del V Informe.
No se atrevieron a proponer cambios democráticos en la presentación del informe y en cambio violaron lo asentado, tanto en la Constitución del Estado, como en la ley orgánica del Poder Legislativo.
La primera establece que “Si el Gobernador le da lectura (al informe), el Presidente del Congreso le contestará en términos generales y un representante de cada grupo parlamentario podrá hacer comentarios generales en torno al mismo una vez rendido aquél…”.
Sin embargo, Reyes Baeza escuchó las intervenciones de los diputados y luego dio un mensaje, un mini informe en la práctica, con lo que violaron la ley todos, los diputados y el mandatario, pues en ninguna parte de las leyes respectivas se le otorga al gobernador la facultad de hablar en el seno del Congreso, salvo, en el acto de presentar el informe.
¿Porqué no establecer el verdadero mecanismo de la rendición de cuentas, es decir, la posibilidad de la interpelación, de las respuestas y de las contra respuestas de los inquirentes?
En cambio, se opta por la celebración de actos pletóricos de cortesanía en los cuales el informante sólo recibe los parabienes y felicitaciones de algunos de sus conciudadanos y no las críticas de quienes tienen la obligación de escudriñar la obra pública y ¿Por qué no? De sus opositores.
Pero, como dijo el señor, ahí será para la otra.
PAPISTAS.- Escribe José Díaz (El Diario, 3/X/09) que los homenajes deben hacerse en vida, criticando que algunos (el escribiente es uno de esos) hayamos deplorado que el Consejo Universitario de la Uach haya determinado imponerle el nombre de Reyes Baeza al Estadio Universitario. Reyes seguirá vivo una vez que deje el gobierno y ya fuera del ejercicio del poder, entonces sí, a darle vuelo a la hilacha con los homenajes que crean conveniente hacerle ¿Porqué nuestros ínclitos consejeros no se esperaron tantito, al cabo qué tanto es tantito?
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
El DIARIO, 4 de octubre 2009
Luis Javier Valero Flores
El mismísimo gobernador Reyes Baeza les dio la razón a quienes pregonaban en los días previos a la presentación del quinto informe que en la práctica sería el último. Tanto en el mensaje en el Congreso del Estado, como en los eventos informativos de Juárez y Chihuahua, (y destacadamente en el caso de la ciudad fronteriza) el deliciense hizo un recuento de las acciones realizadas por su gobierno en los cinco años.
En la reunión del Consejo Estatal, celebrado la semana anterior, dijo: “Ustedes me eligieron por seis años y apenas voy a rendir mi quinto informe”. Reyes lo sabe, en realidad éste fue el último informe merecedor de la atención, no sólo de la clase política, sino de todos los chihuahuenses interesados en la función pública.
La atención estará centrada, en un año, en la conformación del gabinete y en el programa de gobierno que habrá de enarbolar el sucesor.
Joven aún, Reyes será (a menos que le suceda una catástrofe a su partido) una muy fuerte opción para las candidaturas a las senadurías en el 2012.
Pero antes deberá afrontar algunos retos, entre ellos el de llegar a las elecciones del próximo año con un candidato fuerte y un partido unido. Por lo que trasluce su discurso ante el Consejo estatal priista, aún están lejanos tales objetivos pues debió salir a decirles a los precandidatos que bajaran la intensidad de sus trabajos proselitistas, de tal manera que les reclamó, en distintos tonos y frases que éstos, los actuales, son los tiempos del gobernador.
Debe estar la disputa muy álgida, a tal grado que debió aclarar: “Yo no tengo candidato... Si a algún recaudador llegan y le dicen que se alinee porque ya tengo un candidato, respondan: ¿Ah sí? Pues que me hable el gobernador...”.
Esta frase, contra lo que se diga, sí tiene un destinatario entre los aspirantes. Sólo debiéramos recordar qué funcionario estatal, de los precandidatos priistas, tuvo en sus manos la posibilidad de nombrar o influir en la designación de los recaudadores de rentas en las cabeceras municipales.
Recurrió a todo su bagaje discursivo en el acto priista para hacer sentir que tiene en sus manos la conducción del gobierno, no sólo la administrativa, sino la más importante, la política y les pidió a los dirigentes de su partido que necesitaba “la compañía del partido, acompáñenme –pidió- hasta el último año de mi gobierno”, pues “… Recuerden que el tiempo de los precandidatos es importante, pero más importante es el tiempo del gobernador”.
Y es que éste se acaba. En los distintos escenarios en los que emitió mensajes con motivo del V Informe presentó una visión global del sexenio (en política los sexenios son de cinco) y en muchos pasajes de sus intervenciones comparó los logros de su administración con los alcanzados en las dos anteriores. Así, en materia educativa afirmó que duplicaba lo logrado en los gobiernos de Patricio Martínez y Francisco Barrio, juntos; lo mismo aseguró en materia carretera, en vivienda, en inversión pública, etc., en tanto que en inversión en materia de salud triplicó la efectuada los doce años anteriores.
Una cosa es cierta, y no se le puede regatear a Reyes Baeza, su gobierno efectuó una vasta obra pública; se puede afirmar, para desestimar tal hecho, que los excedentes petroleros le otorgaron a su administración una gran cantidad de recursos económicos, no percibidos por las dos anteriores, y que todos los gobiernos estatales (y los municipales) estuvieron en similares condiciones, pero en Chihuahua sí se pudo apreciar, sobre todo en obras de infraestructura, el ingreso de ese dinero.
Así, el número de viviendas construidas, las numerosas instalaciones y equipamientos de los organismos de salud, la infraestructura vial construida en Juárez, las carreteras edificadas en casi todo el territorio estatal, la inversión educativa (destacadamente lo invertido en los nuevos campus de la Uach y la Uacj), la dotación de materiales escolares a todos los alumnos de educación primaria; la infraestructura vial en la capital del estado y un largo etcétera.
Más aún, la reforma penal y la aprobación de la ley de transparencia son hitos de su gobierno. Podemos enjuiciar ahora los no pocos aspectos negativos de ambos nuevos ordenamientos, pero serán de las cosas que recordaremos de su gobierno, y de la voluntad inicial de Reyes Baeza por sacarlas adelante.
Otros son los aspectos negativos de su gobierno y de los muchos pendientes dejados por su administración, algunos de ellos compromisos adquiridos en los meses previos a su asunción.
Y ahí reside fundamentalmente lo negativo de su gestión, en las expectativas no satisfechas por su gobierno. No son pocas, a su llegada, y a pesar de las numerosas críticas, prácticamente dejó intacta por larguísimos meses la vieja estructura de procuración de justicia; persistió la costumbre de dejar en manos de los suyos la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos; se profundizó en el afán de mantener controlados los principales organismos públicos, así fue en el caso del nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Mujer, y del Instituto Estatal Electoral, y éste por su conformación, pues su presidente, Fernando Herrera, a pesar de no negar sus filias priistas, recibió el beneplácito del principal partido opositor, el PAN, tanto en su gestión en la Asamblea Municipal Electoral de Delicias como en la primera mitad en el IEE.
Sin duda, es en el terreno de la transparencia en donde se ubica uno de los aspectos negativos de su gobierno. La ley, de avanzada, sufrió un lamentable quebranto en la aprobación del reglamento. En la práctica volvió nugatorios todos los avances contenidos en la misma, quebrantos que han sido profundizados por la opaca gestión de la mayoría de sus integrantes y sus decisiones, a contrapelo de las necesidades, en materia de transparencia, de una sociedad ahíta de avances democráticos y de una mayor voluntad en ese sentido de sus gobernantes.
La seguridad es, por mucho, el principal aspecto negativo del gobierno de Reyes, pero ¿Habrá algún mandatario estatal, en todo el país, que hubiese afrontado de menor manera la violentísima ola homicida? Es de dudarse.
Pueden ofrecerse tales y cuales aspectos criticables de su gobierno en este aspecto pero lo cierto es que estamos ante la peor crisis en esta materia jamás sufrida por los mexicanos. Es fruto del agotamiento de un régimen, de una forma de gobierno que hace agua por todos los costados y cuyos responsables, todos, forman parte de la clase política, algunos de los cuales tienen mayores responsabilidades. En ese sentido, Reyes Baeza no podrá deslindarse de la parte que le toca, fundamentalmente de la derivada del desconocimiento de la dimensión del problema del narcotráfico en Chihuahua. Ahora sabemos, por el número de ejecutados, originarios y/o residentes de nuestra entidad, de la profundidad de las raíces de tal fenómeno delictivo.
De tal desconocimiento, o tal evasión, dan cuenta algunas frases expresadas por el mandatario en los “informes” regionales: “No es una violencia criminal con origen en la sociedad chihuahuense, sino de fuera, y hoy afecta a la comunidad en general… ”.
No, durante décadas, Chihuahua es una de las rutas más importantes para el tráfico de personas, drogas, armas, vehículos y precursores de drogas.
El aserto anterior no coincide con la interesada opinión del panismo local, insistente en achacarle al gobierno del Estado toda la responsabilidad en este fracaso. Incapaces de aceptar críticas o de efectuar un ejercicio autocrítico, no atinan a evaluar que el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua se da justamente en la entidad que alberga la mayor fuerza militar y uno de los contingentes principales del resto de las fuerzas policiales federales.
A pesar de tal despliegue militar, este año el número de las ejecuciones será superior al del anterior ¿Cómo explicarlo racionalmente? “Porque Reyes Baeza no hace lo necesario”, dicen.
No, si en alguna entidad se pudiera ejemplificar lo equivocado de la estrategia de Felipe Calderón en el combate al narcotráfico, esa, por desgracia, es la nuestra.
Otro de los aspectos en los cuales Reyes entrega malas cuentas es en el modelo económico. Chihuahua requiere una profunda transformación del mismo, para ello, sus gobernantes debieron sentar las bases de la misma; lo dicen en todos los sectores de la sociedad, no podemos seguir dependiendo de la industria maquiladora, quizá la insistencia en desarrollar la industria aeroespacial pueda otorgarle a nuestro estado un respiro, pero no la profundidad del cambio requerido.
Finalmente, si en algo tuvo oportunidad Reyes Baeza de incidir fuertemente fue en los aspectos formales de nuestra democracia, y ahí faltó la profunda vocación transformadora. Ahora lo vivimos con el problema de la redistritación, pero se apreció en mayor medida en los aspectos formales de la presentación del V Informe.
No se atrevieron a proponer cambios democráticos en la presentación del informe y en cambio violaron lo asentado, tanto en la Constitución del Estado, como en la ley orgánica del Poder Legislativo.
La primera establece que “Si el Gobernador le da lectura (al informe), el Presidente del Congreso le contestará en términos generales y un representante de cada grupo parlamentario podrá hacer comentarios generales en torno al mismo una vez rendido aquél…”.
Sin embargo, Reyes Baeza escuchó las intervenciones de los diputados y luego dio un mensaje, un mini informe en la práctica, con lo que violaron la ley todos, los diputados y el mandatario, pues en ninguna parte de las leyes respectivas se le otorga al gobernador la facultad de hablar en el seno del Congreso, salvo, en el acto de presentar el informe.
¿Porqué no establecer el verdadero mecanismo de la rendición de cuentas, es decir, la posibilidad de la interpelación, de las respuestas y de las contra respuestas de los inquirentes?
En cambio, se opta por la celebración de actos pletóricos de cortesanía en los cuales el informante sólo recibe los parabienes y felicitaciones de algunos de sus conciudadanos y no las críticas de quienes tienen la obligación de escudriñar la obra pública y ¿Por qué no? De sus opositores.
Pero, como dijo el señor, ahí será para la otra.
PAPISTAS.- Escribe José Díaz (El Diario, 3/X/09) que los homenajes deben hacerse en vida, criticando que algunos (el escribiente es uno de esos) hayamos deplorado que el Consejo Universitario de la Uach haya determinado imponerle el nombre de Reyes Baeza al Estadio Universitario. Reyes seguirá vivo una vez que deje el gobierno y ya fuera del ejercicio del poder, entonces sí, a darle vuelo a la hilacha con los homenajes que crean conveniente hacerle ¿Porqué nuestros ínclitos consejeros no se esperaron tantito, al cabo qué tanto es tantito?
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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