Batidero judicial en “el amanecer”

El Diario, 31 de marzo de 2019

Luis Javier Valero Flores

El poder judicial se ha convertido en el principal escaparate del gobierno del “nuevo amanecer” de Chihuahua.

Es un verdadero batidero. 

La denuncia presentada por el integrante del Consejero de la Judicatura del Poder Judicial, Joaquín Sotelo Mesta, en “contra de quien resulte responsable”, por la comisión de varios delitos en el proceso de selección de 54 jueces, es de tal envergadura que echa por tierra cualquier discurso del titular del gobernador Javier Corral acerca del respeto por la división de  poderes y, sobre todo, a la independencia del Poder Judicial.

La confrontación se da en lo más alto del equipo gobernante. Es ilustrativa de la aguda degradación institucional. 

Al saberse de la denuncia de Sotelo, de inmediato se dió la información que, a su vez, éste contaba con una denuncia por hostigamiento laboral y/o sexual, intercedido por una supuesta empleada del Poder Judicial.

No es cualquier cosa la denuncia de Sotelo Mesta. Argumenta que se hizo una manipulación de los resultados de los exámenes teóricos realizados a los candidatos para elegir a 56 jueces y 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Si esto resulta cierto, se pondría en entredicho la capacidad de quienes ocupan esos cargos, no porque no la tengan, sino porque no quedaría demostrada y que, por tanto, la determinación de su designación fue tomada por quienes, supuestamente, manipularon, no el proceso de selección en su conjunto, sino el manejo de los resultados, lo que vulnera la solvencia moral del TSJ.

Si bien, Sotelo no denuncia en concreto a persona alguna, sé dejó en claro en quien puede recaer tal responsabilidad: “Los resultados de los exámenes para candidatos a magistrados los tiene resguardados ella (Luz Estela Castro, integrante de la Judicatura, pero responsable de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura), sin acta de fe de hechos”, dijo.

Ambos consejeros, Sotelo y Castro, contaron con el beneplácito del gobernador Corral para acceder al organismo cúpula del Poder Judicial de Chihuahua.

Son de los cercanos a quien detenta el poder asentado en Palacio desde octubre del 2016 y denota la profundidad de las contradicciones al interior del grupo gobernante.

Más aún, devela con toda crudeza la debilidad institucional del actual gobierno que, declarando su rechazo a las antiguas formas del ejercicio gubernamental, alegremente se dio a la tarea, no solo de replicarlas, sino de superarlas atropellando hasta las normas constitucionales, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios casos que demostraron la grosera intromisión del titular del Poder Ejecutivo en el Judicial, además de declarar inconstitucionales varios preceptos legales aprobados por el Congreso e impulsados por el gobernador Corral.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (que recibe, así, su primera prueba de fuego, en la que deberá demostrar su verdadera imparcialidad e independencia frente al gobernador Corral) Sotelo afirma que solicitó la información a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que éstas le informaron que no cuentan con los resultados de dichos exámenes y logró indagar que “Luz Estela Castro tiene el resguardo de los resultados para elegir magistrados, y no la UACJ”.

A su vez, “La UACH, a través del Departamento de Tecnologías, le explicó (a Sotelo Mesta) que ellos sí cuentan con un programa auditable y que en cualquier momento se pueden solicitar los resultados de los exámenes que aplican, pero no fueron ellos quienes lo aplicaron, sino personal de la UACJ quienes se llevaron los resultados, y que únicamente la UACH colaboró con el espacio físico y la red de cómputo utilizada”. (Nota de Saúl García Meza, El Heraldo de Chihuahua, 29/III/19).

Sotelo afirmó tener evidencias de la manipulación en los resultados para elegir a los magistrados, “por conclusión también puede haber manipulación en los resultados del examen para elegir a los jueces”.

Ante la reiterada negativa a entregarle las actas notariales elaboradas con motivo de la aplicación del examen general de conocimientos, Sotelo resolvió denunciar ante su firme creencia de que se hubiesen manipulado los resultados, esto es, que los dados a conocer no sean los obtenidos en los exámenes, con lo que se habrán cometido diversos delitos y, además, algunos de ellos en contra de la procuración de justicia.

Tan los tomó por sorpresa -por lo menos, que se hiciera pública, o que sí la efectuara pues se dice que de su existencia sí tenía conocimiento el gobernador- que las respuestas del Presidente del TSJ, Héctor Pablo González, sí que sorprenden pues en un caso tan espinoso lo correcto es que se mantuviese apartado pues involucra a los organismos por él presididos y que son, por pura coincidencia, los encargados de aplicar la justicia, incluido este caso.

Y es que, al sostener que “no se puede sancionar a base de sospechas”, término sostenido por Sotelo y que habrá de dirimir, en primer término la fiscalía anticorrupción, y luego, en caso de proceder la acusación, a un juez que, por definición no mantiene subordinación alguna respecto del magistrado Presidente González, en el ejercicio de sus funciones, pero que al momento de evaluar -o calificar- la denuncia y/o declaraciones de Joaquín Sotelo Mesta, González incurre en falta: “Exigimos seriedad, en la medida que se denuncie se castigará, no vamos a solapar ninguna acción de corrupción, seguiremos en el combate a la corrupción”, afirmaría el magistrado Pablo Héctor González. (Nota de Saúl García Meza, El Heraldo de Chihuahua, 29/III/19).

Y fue más lejos, sostuvo que “siempre se tuvo acceso a todas las actas de fe de hechos, ‘una cosa es que él (Sotelo) no las haya visto…” y lo criticó por presentar la denuncia “cuando es un proceso ya finalizado y que quedó en firme tras impugnaciones ante la justicia federal”. (Ibídem).

Pero las impugnaciones presentadas no se hicieron con base en lo que hoy denuncia Sotelo, aquellas impugnaron el proceso, pero la denuncia va a otro aspecto del mismo que, de confirmarse se constituiría en el peor baldón moral del gobierno de Javier Corral, que se presenta justamente cuando las fuerzas políticas se aprestan a asumir posiciones y los aspirantes al gobierno de Chihuahua para el 2021 están a todo tren, en una de las etapas más importantes de sus aspiraciones, la de sumar fuerzas a su pretensión, sin que por ello se adviertan mayores manifestaciones.

No deberá descartarse que tal fenómeno sea la explicación, no de los hechos denunciados, sino de la denuncia misma, motivada por la inocultable injerencia de la Consejera Castro en la toma de decisiones, de todo tipo, que efectúa a ciencia y paciencia del gobernador Corral.

Puede ser que no sea injerencia la de Castro, sino que sea la operadora del mandatario, lo que denotaría, en cualquiera de los dos casos, la existencia de la confrontación al interior del gobierno, de dos corrientes, la identificada plenamente con el PAN, y la de los amigos “externos” de Javier Corral, jefaturados por Lucha Castro y Víctor Quintana, en la que la hegemonía le corresponde a la ex dirigente barzonista, ante la cual se alza uno de los más graves problemas -en la persona de Joaquín Sotelo Mesta- que hayan afrontado.

Y ante una serie de pronunciamientos políticos, que han fortalecido la posible candidatura del presidente municipal juarense, Armando Cabada, (tema del próximo domingo) hasta el gobernador Corral se atrevió a lanzar el pial de que la mayor parte de los recursos ahorrados con la reestructuración de la deuda, “irían a Juárez”, ciudad en la que el panismo no deja de ser la tercera o cuarta fuerza política.

¡Ah, miedo!

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Dos años, cúmulo de inconsistencias

El Diario, 24 de marzo de 2019

Luis Javier Valero Flores

Era previsible que al cumplirse dos años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea los reclamos de periodistas, de las organizaciones derechohumanistas, de periodistas, de trabajadores de los medios de comunicación, de amigos y familiares estuvieran subidos de tono, en particular en contra de la administración de Javier Corral, pero lo expresado por la hermana mayor de Miroslava, Rosa María, rebasó todas las expectativas.

En su muro de Facebook, publicó un texto en el que el dolor y la indignación es lo predominante. El señalamiento al gobernante no podía ser más explícito, no por ser responsable del crimen, sino por no proteger a la periodista: 

“Miroslava Breach Velducea, dolor, dolor, dolor!!!

A dos años de tu muerte querida hermana, te extraño y exijo justicia para tu cobarde asesinato que ha quedado impune. 

Hoy quiero levantar la voz para marcar con mi desprecio, con mi más grande repulsión, a quienes orquestaron tu muerte, a quien abusando de tu confianza y llamándose amigo desoyó tu demanda de protección, quienes con su silencio han sido cómplices, a quienes omitiendo la acción de la justicia han encubierto y protegido a narco políticos partícipes de la artera emboscada contra tu persona”.

No le falta razón. Apabulla la larga lista de extrañas coincidencias aparecidas a lo largo de estos 24 meses que han hecho imposible la procuración de justicia en este caso.

Más aún, de acuerdo con las informaciones a la mano, luego de una más que sospechosa actitud de no ceder la investigación a la PGR, conducta precedida por la negativa a proporcionar información a la familia Breach, las autoridades deberán demostrar sin lugar a dudas, en el juicio oral que se realizará en noviembre al único detenido, Juan Carlos Moreno, “El Larry”, que actuó como autor intelectual del asesinato de la periodista, corresponsal de La Jornada, cometido, según la Fiscalía de Chihuahua, como un “regalo” de cumpleaños del Larry al jefe del grupo criminal “Los Salazares”, en castigo, según esta línea de investigación, a los reportajes publicados por la periodista casi un año antes de su asesinato.

Ahí salta el principal cuestionamiento sobre la truculenta y cuestionable investigación ¿Por qué esperaron los presuntos asesinos casi un año para llevar al cabo el crimen? ¿No será que el crimen obedeció a la investigación de otros asuntos, igualmente escabrosos, que realizaba Miroslava? 

¿Porqué, a medida que se conocían los detalles de las investigaciones, aparecieron más y más contradicciones y hechos que inducían a pensar  a que desde el poder se maniobraba para entorpecer el esclarecimiento del asesinato?

Y en ese recuento de hechos a cual más de cuestionables aparecen algunos verdaderamente increíbles, o difíciles de aceptar, como el de que el Gobernador Javier Corral desconozca a tal grado la ley que hasta se ufanó de haber participado en el cateo de la vivienda en la que, supuestamente, encontraron la computadora que contenía la grabación que hizo de su conversación el entonces encargado de prensa panista, Alfredo Piñera, con la periodista Breach y que entregaría al ex alcalde de Chínipas, Hugo Shultz, por órdenes del encargado de la presidencia del Comité Estatal del PAN, José Luévano, luego Secretario Particular del gobernador Corral.

Grabación que luego Shultz proporcionaría a uno de los supuestos jefes del crimen organizado de Chínipas, (al que conozco desde niño, dijo) para exculparse de no haber sido los suministradores de la información sobre la narcopolítica que Miroslava había publicado.

Será una investigación ejemplar, prometió Corral, pero durante meses se opuso a que la familia Breach Velducea actuara como coadyuvante, o que por lo menos estuviese informada de las investigaciones, hasta que un juez, a instancias de la familia, le ordenó al Gobierno de Chihuahua que le permitiese acceder a ella.

El colmo es el resultado de una investigación del periódico La Jornada, medio al que, en el clímax de la intolerancia, Corral se negó a responderle a sus reporteros cuestión alguna pues éstos, conforme a lo más elemental de la técnica periodística, le hacían las preguntas necesarias para documentar su trabajo en relación con el crimen.

Bueno, pues la investigación “ejemplar” fue escandalosamente desmentida por la realizada por los reporteros del periódico, en un reportaje intitulado “El auto en el que se transportó el asesino de Miroslava fue hallado misteriosamente”. (Gustavo Castillo García/Jesús Estrada, La Jornada, 25 de marzo de 2018).

“El reporte oficial no establece la manera precisa en que los agentes de investigación pudieron observar un automóvil Malibú estacionado en el garaje de una casa cuya entrada es un portón sin un solo orificio para ver hacia el interior. La historia oficial es que los policías se subieron a un tambo vacío de 200 litros con el que los dueños de la casa impedían que alguien se estacionara al frente: así descubrieron que se trataba del carro que buscaban, en el que se transportó el homicida de la periodista Miroslava Breach Velducea”. (Ibídem).

Esa era la versión de los fiscales, otra es la realidad: “… La Jornada realizó un recorrido por la casa y observó que aunque se utilice un tambo no se puede ver al interior de la cochera, tampoco a ras de piso y con la luz apagada, como se encuentra; es muy difícil ver el interior, menos los detalles de cualquier vehículo. Ni siquiera existe un orificio entre las paredes que soportan de manera vertical el portón para mirar hacia el interior del domicilio”. (Ibídem).

A raíz de ese hallazgo, efectuaron el cateo en el domicilio del supuesto chofer del día del crimen, cateo en el que, ahora se sabe, participó el gobernador Corral, hecho que puede llevar a que la defensa del supuesto autor intelectual obtenga un triunfo jurídico pues sus defensores alegarán, con suficiente razón (jurídica) la comisión de diversos hechos que violan el debido proceso del acusado.

Entonces ¿Cómo encontraron el vehículo supuestamente usado el día del crimen? ¿Sí es?

No es el único hecho extraño del caso. 

El 18 de abril del 2017, fue encontrado el cadáver de Gabriel Ochoa Cárdenas, un ex instructor de karate, muerto a balazos en su domicilio. En sus manos ¡Oh, sorpresa! Tenía la pistola con la que supuestamente habían asesinado a Miroslava, de acuerdo con la versión de la Fiscalía de Chihuahua.

Además, a un lado del cadáver se encontraba un mensaje en el que se le incriminaba por el asesinato de Miroslava. Ante lo burdo del montaje, y la respuesta de los hermanos de Ochoa Cárdenas, dos de ellos connotados investigadores de la Universidad de Harvard, optaron por desestimarlo sin que se diera a conocer la autoría del montaje.

Pero los obstáculos para el esclarecimiento del crimen no paran ahí. Inexplicablemente, el Poder Judicial de la Federación resolvió que el juicio oral en contra de El Larry se celebre ¡hasta noviembre!.

En tanto, nadie ha interpuesto denuncia alguna en contra de los elevados integrantes del grupo gobernante, señalados por entregar las grabaciones, que por lo menos cometieron diversos delitos en contra de la privacidad de Miroslava, pero tampoco se iniciaron investigaciones en contra de las dirigencias partidistas, señaladas en los reportajes de Miroslava por la designación de presuntos integrantes de bandas criminales.

Ni, menos aún, alguien ha hablado sobre otras líneas de investigación que abonaran al esclarecimiento del crimen.

Pero eso sí, el señalamiento de Rosa María Breach no tiene atenuante alguno; su hermana, la periodista, confió en “quien se decía su amigo”.

Así, el asesinato de Miroslava se convertirá en el hecho emblemático del gobierno de Javier Corral.

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Sin brújula ciudadana

El Diario, 28 de marzo de 2019

Luis Javier Valero Flores

Algo deberán hacer muchos de los militantes de Morena llegados a la función pública. 

Muchas cosas deberán revisar en relación a sus posturas y conceptualizaciones acerca del régimen que deberemos construir a partir de los escombros del anterior, si es que esa es la intención de la 4a. Transformación.

Pero, urgentemente, deberán revisar, analizar y sumarse a la agenda ciudadana, la que se fue construyendo ladrillo a ladrillo a lo largo de las últimas tres décadas, lapso en el que viejo régimen cedía espacios a golpe de las luchas ciudadanas, las que lo fueron de todo tipo.

No fueron graciosas concesiones del régimen, especialmente las que se refieren a la “ciudadanización” de diversos organismos que nacieron al influjo de esa tendencia, impulsada desde el seno de la sociedad, desde muy variadas expresiones de la vida social y política de la misma.

Una de ellas, central, era la de evitar, a como diera lugar, la intromisión de los partidos políticos en la conformación de los órganos dirigentes de esos organismos, entre ellos, especialmente, los electorales y los de derechos humanos, precisamente para evitar que sirvieran, no a los intereses para los que fueron creados, sino a las fuerzas partidarias.

Pero héte aquí que un novel legislador morenista y nada menos que el suplente de un luengo militante de la izquierda chihuahuense, en su primera declaración pública, ya como diputado, propuso que se quitara el requisito de no haber sido dirigente de partido político alguno para acceder a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ¡Justamente cuando se especulaba que Gustavo de la Rosa Hickerson (Pichú), el diputado propietario a quien suplía Román Alcántara Alvídrez, aspiraba a ocupar ese cargo!

Sin embargo, el Pichú De la Rosa caía en ese supuesto pues formó parte de las dirigencias de los partidos en los que militó, razón por la que, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, está impedido, al igual que la diputada  panista, Blanca Gámez, a quien también se mencionaba como una supuesta aspirante al mismo cargo.

“Debemos de revisarlo porque imagínense que un líder político de hace 20 años esté limitado y se le prohiba su participación, yo creo que es algo que vulnera y violenta los derechos humanos y pues si sigue esto así pueden venir amparos que detengan el proceso, estamos aún a tiempo para los que desean participar, no es por alguien en especial, es simplemente abrir la oportunidad a todos”, dijo el nuevo legislador de Morena. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 19/III/19).

No sólo eso, quizá por desconocer la ley (y si así fue, peor) propuso que en la convocatoria para la elección del Ombudsman se quitara tal requisito, es decir, que se violara lo establecido en la Constitución, así dispuesto para evitar el asalto de las cúpulas partidistas a organismos como éste, que claramente tienen el objetivo de evitar que un partido gobernante en una entidad determinada y con mayoría suficiente en el Congreso, pueda imponer a uno de los suyos en la presidencia de la CEDH, algo que ostensiblemente se padece en el actual gobierno, que lo ha hecho en varios de los organismos existentes en Chihuahua.

Esa era, precisamente, la pretensión y, también, para evitar que la llegada de cualquier otra fuerza al poder (por muy sana, honesta y comprometida con las “causas del pueblo”) pretendiera regresar al viejo régimen del partido “casi único” que copó todos los espacios.

Por todo ello, los morenistas están obligados a delinear cuáles son los rasgos del nuevo régimen que se proponen impulsar.

Uno de ellos, esencial, deberá ser el de privilegiar e impulsar la participación de la sociedad en todos los organismos ciudadanizados, como uno de los mecanismos centrales de la construcción de un régimen inconmensurablemente más democrático que el actual.

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Quinta y primera

Mega Radio 860-Juárez y Aserto Multimedia

Luis Javier Valero Flores

Las informaciones espantan. Nuevamente el antiguo Paso del Norte es tema relevante de la seguridad pública, que nuevamente ha alcanzado niveles de extrema preocupación.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C, Juárez se convirtió en 2018 en la quinta ciudad más violenta del mundo por la tasa de homicidios. Al mismo tiempo, con más de 6 mil denuncias anuales, Juárez sobrepasó 2.8 veces la tasa nacional de violencia familiar, según el Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Además, “Según datos del Inegi, estadísticas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y el seguimiento periodístico de los casos, de 1993 a la fecha los asesinatos de mujeres suman mil 896 en Ciudad Juárez y el Valle”. (Nota de Hérika Martínez Prado, El Diario, 8/III/19).

Más, en lo que va del 2019 han sido privadas de la vida 22 mujeres, contra 105 víctimas del año pasado, de las cuales, “sólo 28 casos fueron tipificados como feminicidio, cifra con la que Juárez aparece como líder en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional”. (Ibídem).

Para combatir tal fenómeno se dedica menos del 2% del presupuesto estatal, según Cecilia Espinoza, a nombre de la Red Mesa de Mujeres.

Esa es la realidad del Juárez de estos días y el recuerdo ominoso del período violento anterior ahí está, presente, en lo que es una tenebrosa cotidianidad para cientos de habitantes de la frontera más importante de Chihuahua.

Más aún, en los primeros tres meses del año, han ocurrido 300 asesinatos, de los cuales, una décima parte fueron mujeres.

¿Será necesario repetir la experiencia de aquellos años, cuando miles de soldados y policías federales llegaron a Juárez y las cifras delictivas crecieron?

¿O será distinto, como lo que informaron apenas el martes en Tijuana, de que lograron una disminución en la cifra de homicidios, del 21%, después de haberle dado una atención “prioritaria”, de acuerdo con las palabras del presidente López Obrador, al lanzar un operativo especial, conjunto, de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, en el que llegaron 2 mil 231 elementos de Sedena, Marina y Policía Federal?

¿Será distinto? ¿Tenemos opciones?

Aparentemente, tendría que hacerse algo más que eso, la elevada incidencia de violencia doméstica, de violaciones, feminicidios y homicidios sin conexión con el crimen organizado devela que las raíces de la violencia van más allá y que no se podrá combatir con simple elevación en el número de efectivos, policiales o militares.

Una cosa es cierta, la única posibilidad es apostarle a la creación de una policía confiable, profesional, honrada, como la que no hemos tenido, por desgracia.

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Las “modas” del gobernador

El Diario, 21 de marzo de 2019

Luis Javier Valero Flores

No es una “persecución” mediática, tampoco es la crítica, sólo por denostar o rechazar al gobernante y/o sus acciones.

Y mucho menos tiene que ver con los esfuerzos o pretensiones de alguna fuerza política de oposición o la búsqueda de las posiciones político-electorales.

No, es más allá de eso.

Es el simple ejercicio periodístico de quienes, de alguna manera, recogemos parte de las impresiones, pensamientos, críticas, aspiraciones y evaluaciones de los ciudadanos, sin, por ello, aspirar a representar, como muchos lo sostienen, “el sentir ciudadano”.

Es, si se quiere optar por lo sencillo, una reflexión en “voz alta”, multiplicada en algún medio de comunicación, la que pudiera servirle a los gobernantes como un parámetro de lo que piensan algunos de sus gobernados; reflexión que merece más o menos credibilidad por la sociedad en la medida que el emisor es catalogado por su profesionalismo en ese quehacer.

Todo lo anterior lo debiera saber el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. 

Durante años él ejerció ese tipo de participación en los medios, aunque, a diferencia de la mayor parte de los editorialistas y analistas de los medios, él formaba parte de la cúpula dirigente de su partido. Esa característica, por supuesto, le imprimía a sus trabajos una parcialidad, legítima por cierto, pero al fin y al cabo con el toque partidista derivado de su militancia.

Hoy es el gobernante de una de las entidades con mayor complejidad, de todo tipo, que debiera llevar a sus gobernantes a actuar con mayor mesura, la que no pareciera ser la que preside los actos del mandatario, quien reacciona a bote pronto ante numerosos hechos de la vida política actual, regida por la rafagueante y cambiante realidad.

En ella, el protagonismo del presidente López Obrador, que pareciera avasallar todo a su paso, es un hecho ante el cual Javier Corral cree estar obligado a controvertir.

No tiene porqué, y menos si al hacerlo desnuda ese afán controversial, que en nada favorece la acción de su gobierno y que al debatir con el presidente puede ser descalificado por la fuerza de los hechos.

Y frente a éstos no hay nada que debatir.

Tal actitud quedó totalmente descubierta con un episodio, que debiera ser totalmente intrascendente. 

Días atrás, López Obrador llamó a los alcaldes y a los gobernadores a levantarse temprano para atender las reuniones matutinas que se realizan para atender el problema de la inseguridad.

Ante ello, Corral respondió, sin que fuera mencionado expresamente, que “Nosotros nos levantamos aquí temprano todos los días, no necesitamos que viniera López Obrador para empezar a trabajar en la mañana. Él no puso esa moda en Chihuahua, esa moda la pusimos nosotros”. (Diversos medios, 15/III/19).

El problema es que tal aseveración podía sufrir, y la sufrió, una tremenda descalificación debido a que el gobernante sí se levanta temprano, pero no para dedicarse a las tareas de gobierno, sino a las recreativas -carrera y tenis, temprano- y muy frecuentemente dos veces a la semana al golf, en este caso, a partir de mediodía.

En las “mañaneras”, durante su desarrollo, no hay hecho que suspenda la práctica, la que culmina cerca de las 9 de la mañana y aún le quede pendiente el aliño personal.

Hechos tan simples, comprobables, no puede debatirlos pues el gobernante se expone a ser desmentido tajantemente y si en un asunto tan trivial los ciudadanos encuentran motivos para dudar de las aseveraciones del mandatario, sobrarán las razones para cuestionar las expresiones de Corral en asuntos de mayor calado.

Peor aún, se expone a la aplicación de la sabiduría popular: “excusa no pedida, acusación manifiesta”.

Y sí, debiera levantarse temprano, pero para dedicarse a las ingentes tareas  de su gobierno.

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Los reeleccionistas ahora son antirreeleccionistas

El Diario, 17 de marzo de 2019

Luis Javier Valero Flores

Ninguna otra fuerza abogó, pataleó, empujó, con todas sus fuerzas, las propias y las prestadas por un importante sector del empresariado, más allá del más cercano (el de la Coparmex) que el panismo, tanto en el gobierno, como fuera de él, por la reelección continua de alcaldes y diputados.

En esos afanes, hipócritamente, el priismo los acompañó algo más que alegremente, el PAN les ofrecía en bandeja de plata la posibilidad de que por lo menos la mitad de los alcaldes, extraídos de sus filas, tuvieran en sus manos la posibilidad de reelegirse, hasta por tres veces.

Vedada la posibilidad de que los hijos de extranjeros y mexicanos pudieran acceder a la presidencia de la república -cosa que le impidió a Carlos Hank González ser candidato de su partido, el PRI- con el tiempo, priistas y panistas convergieron, bajo la sombra de Carlos Salinas, en ese propósito. Le abrieron la posibilidad al ex funcionario refresquero, Vicente Fox, de acceder a la presidencia.

¿Por qué se rasgan las vestiduras, ahora, gritan y se desgañitan porque los morenistas y sus aliados lograron imponer la revocación de mandato? ¡Es la puerta para la reelección presidencial, previenen!

Pero antes nos endilgaron cientos de horas con anuncios en los medios electrónicos; interminables tiras de “sesudas” disertaciones en las columnas periodísticas y no poco frecuentes programas con analistas, estudiosos, dirigentes partidarios y empresariales para hacernos ver las bondades de la reelección continua.

De este modo, decían, se le devuelve a la ciudadanía la posibilidad de que pueda evaluar la gestión de los gobernantes; si fue positiva, terqueaban, los reelegirán, y si no, po’s no!

Nos decían que de ese modo podría dárseles continuidad a los programas de gobierno, que los gobernantes acumularían más experiencia.

Está mal esa medida, les argumentábamos los opositores a la reelección, pues en un régimen como el mexicano lo normal será que los gobernantes usen el erario con el único afán de reelegirse.

¡Ya está madura la sociedad mexicana, eso ya no sucede, no sucederá! Nos espetaban.

Y ahora, que López Obrador impulsó la aprobación de la revocación, ¡Intentos reeleccionistas del Peje! Claman los reeleccionistas de ayer, convertidos, ahora, en fieles seguidores de Don Francisco I. Madero, cuyo sobrino, Gustavo, es uno de los mejores exponentes de todo lo anterior.

Murieron cientos de miles para oponerse a la reelección, les decíamos. Ya pasó más de un siglo, ya construimos la suficiente democracia, respondían.

El abogado, experimentado militante priista, César Cabello, acuñó unas frases, ecos coincidentes de otras de distinto origen, que describen como muy pocas la realidad del sistema de partidos aún existente en el país.

Escribió en su muro de Facebook: 

“El régimen de partidos es esquizofrénico ideológicamente: 

• Una diputada progresista propone la criminalización de las mujeres que abortan.
• Un partido como el verde propone la pena de muerte
• El presidente AMLO propone una consulta sobre derechos fundamentales de la mujer (desconociendo que un derecho reconocido por la Constitución no se somete a consulta solo se protege) y ningún partido se opone a esto ni siquiera los mas ‘progresistas’
• Un partido como el PRI, que surge de una revolución cuyo grito de guerra era ‘sufragio efectivo, no reelección’ ha votado por la reelección y ahora se suma a la propuesta para consultar sobre la permanencia del ejecutivo y abre la posibilidad de apoyar la reelección de este.
• Tenemos partidos de trabajadores que sus dirigentes son todo menos trabajadores.
• Un partido reeleccionista como el PAN, ahora expone su contrariedad por la reelección.
• Y así los demás partidos.
  … Ven riesgo de reelección en revocación de mandato”.

Pues bien, este régimen de partidos puede desmoronarse al influjo de un fenómeno que nunca evaluaron adecuadamente, porque nunca sopesaron correctamente las consecuencias de sus desastrosas gestiones gubernamentales, el de López Obrador, quien pretende usar su fuerza política para imponer su mayoría en el Congreso de la Unión, en las legislaturas y en los gobiernos estatales.

Poca cosa, quiere convertirse en el factótum de la fuerza política que continúe su obra gubernamental. Sabedor de que la fuerza de Morena estriba, no en el partido, sino en su inconmensurable fuerza personal, ahora calificada de manera unánime por encima del 80% de las simpatías ciudadanas, pretende que bajo su sombra los candidatos de Morena y aliados se erijan en la fuerza hegemónica en el país, por todo el sexenio y más allá.

Eso es lo que se esconde, en las segundas intenciones de la aprobación de la revocación de mandato. 

La primera, cómo no coincidir, es la de otorgarle a la sociedad la posibilidad de cancelar la gestión de algún funcionario, fruto de la elección popular, si llegado el momento se satisfacen determinados requisitos.

Es ahí en donde aparecen los primeros “asegunes”, en los pasos, fechas y momentos concretos que deberá realizarse la revocación del presidente de la república, de ningún modo en la necesidad de avanzar en ésta, una de las primeras reformas sustentadas en la implantación de la democracia participativa.

En un giro más de las propuestas lopezobradoristas, cambió su propuesta inicial, consistente en que a la mitad del mandato se sometería al arbitrio popular, ahora, los diputados aprobaron que la consulta sobre la revocación del mandato se haga en la misma fecha de la elección de diputados federales. No antes, no después, no importa que no sea a la mitad.

¿Porqué no se podría hacer en el momento en que un determinado porcentaje de ciudadanos así lo solicitara y no esperar hasta la mitad del mandato presidencial?

Si un mandatario acumulara un inmenso rechazo al primer año de su gobierno ¿Cuáles razones habría para impedir que la ciudadanía pudiera optar por la revocación del mandato? ¿Por qué esperar tres años?

Más aún ¿Por qué hacerla el mismo día de la elección de diputados, fecha en la que también se elegirán a 13 gobernadores?

Las razones son más que evidentes: Para aprovechar el enorme arrastre popular de López Obrador.

Eso es todo. 

No hay la pretensión de empujar en la construcción de un entramado democrático, característicos de la democracia participativa, ni la de avanzar en la conformación de un régimen parlamentario, si se quiere con presidente de la república, pero distinto al vigente, más acorde a los requerimientos de una sociedad democrática, dentro de los parámetros de las sociedades capitalistas hoy existentes.

Muy lejos estamos de un gobierno, por lo menos, socialdemócrata, del tipo de los existentes en los países nórdicos.

Pero la reforma aprobada puede recibir serias impugnaciones jurídicas pues contiene, de entrada, a la espera de las opiniones de los expertos jurídicos, serias violaciones al orden constitucional; la principal, la de que por medio de una resolución legislativa modifica una decisión electoral, ya que el Transitorio Tercero de la reforma establece la derogación de “toda disposición que contravenga al presente decreto”. (Sic!!!!).

Más allá de las desventajas electorales por hacer que la consulta sobre el mandato se haga en las fechas señaladas, los actuales gobernantes no pueden ser objeto de la reforma pues todos se encuentran en la misma tesitura que el presidente López Obrador, son gobernantes por mandato popular, que no puede ser modificado en virtud de la nueva legislación.

Por fuerza, las nuevas disposiciones no pueden aplicarse retroactivamente, en este caso; aplicarían a quienes resultaren electos a partir de la entrada en vigor de la ley, la que, todavía, deberá pasar la aduana del Senado, en el que Morena no tiene mayoría calificada.

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Designaciones a modo en el amanecer y en la 4T

El Diario, 14 de marzo de 2019

Luis Javier Valero Flores

La designación de Yasmín Esquivel Mossa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada por el Senado y la posible -aunque es un rumor, no desmentido en forma alguna- designación de la diputada panista Blanca Gámez Gutiérrez, como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), constituyen dos evidencias, a cual más de contundentes, de que estamos frente a la posibilidad de sufrir una gravísima regresión.

No sometemos a discusión la capacidad de ambas, ni los méritos profesionales para desempeñar tales cargos. No, lo discutibles es su extrema cercanía a los titulares del Poder Ejecutivo, estatal uno, federal el otro, lo que lleva, necesariamente a plantearse su independencia y autonomía.

Los últimos 30 años la sociedad mexicana, ante la fuerza del régimen, fue construyendo nichos que le permitieran acotar al Poder.

La abogada Esquivel Mossa es esposa del principal asesor del presidente López Obrador en materia de construcciones, José María Riobóo, desde muchos años atrás y la diputada Blanca Gámez pertenece al círculo más cercano al gobernador Corral.

Paradójicamente, ellos dos, Corral y López Obrador, son dos de los gobernantes que encabezaron sendos esfuerzos ciudadanos-electorales en contra del viejo régimen y ahora son quienes patrocinan -por diversas razones y explicaciones- tan lamentable regresión.

Por un lado, el actual gobernador Javier Corral participó en la construcción, no sólo de organizaciones ciudadanas que privilegiaron su quehacer en la defensa de los derechos humanos, en el respeto a la libertad de expresión; en el combate a los monopolios televisivos, sino que encabezó, en varios momentos, las luchas legislativas que iban en ese sentido.

Al mismo tiempo, una pléyade de organizaciones, activistas, académicos y fuerzas políticas influyeron decisivamente en el diseño de diversos organismos que fueron -de a poco- quitándole distintas atribuciones al poder cuasi omnímodo que durante décadas ejerció el PRI. 

Se le llamó “ciudadanizar” a tal intento.

Uno de los ejes de tales esfuerzos estaba orientado a evitar que los gobernantes designaran (o influyeran en los nombramientos) a los integrantes y titulares del Poder Judicial y de los organismos autónomos.

Durante cerca de tres décadas, las organizaciones de la sociedad civil más comprometidas encabezaron la lucha por evitar la “partidización” de tales organismos.

Al mismo tiempo, crecía la fuerza de Andrés Manuel López Obrador y el vasto movimiento de organizaciones de la sociedad civil se sumaban a su movimiento con no pocas esperanzas de fortalecer los esfuerzos “autonomistas”, es decir, el de hacer que el Poder tuviese los contrapesos necesarios en una sociedad que apenas se aprestaba a derrotar electoralmente al autoritarismo.

Hoy, la esposa de uno de los amigos del presidente es la nueva ministra de la Corte y una de las amigas del gobernador busca la presidencia de la CEDH.

Sus panegiristas defenderán la legitimidad y legalidad de tales nombramientos, pero para Corral es, solamente, una pieza que necesitaba para colocar a uno de los suyos en uno de los espacios que le podrían generar incomodidades al final de su sexenio. 

Los defensores dirán que Blanca Gámez cumple con el perfil y dejarán de lado el verdadero cuestionamiento.

Por su lado, los defensores de AMLO argüirán -ya lo hacen- que los ahora nombrados son honestos y que el presidente también lo es.

¿Y cuándo se vaya López Obrador? ¿Qué sucederá con el entramado que necesitábamos para construir un régimen democrático?

¿Se imaginan que en el gobierno de Peña Nieto hubiesen designado como ministra de la Corte a la esposa de Armando Hinojosa, su constructor favorito?

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¿Reelección o “refrendo” presidencial?

El Diario, 10 de marzo de 2019

Luis Javier Valero Flores

No hay otra forma de calificar el extenuante ritmo de trabajo del presidente López Obrador -independientemente de las valoraciones que se hagan sobre la eficacia de su gobierno- que el de saber que su gestión es extremadamente corta frente al pavoroso escenario en el que le tocó gobernar a México.

Con mayor o menor frecuencia insiste en que a la mitad de su gestión se someterá al arbitrio popular para que se evalúe si continúa o no en el gobierno.

Tan loable propósito esconde una pretensión: Aparecer en la boleta electoral, como aseveran sus más acérrimos críticos, y con ello fortalecer las candidaturas de Morena y sus aliados en las elecciones de mitad de sexenio a diputados federales y las gubernaturas que se disputarán ese año (alrededor de 12-15), más las diputaciones locales y alcaldías.

Poco más de medio país irá a elecciones locales, además de las de diputados federales, que tradicionalmente concitan la más baja participación electoral.

Que aparezca López Obrador en la boleta electoral, o que, con cualquier motivo tenga una participación protagónica, será vital para el fortalecimiento de su partido y su gobierno, pues garantizaría muchos triunfos electorales para los candidatos del morenaje.

La oportunidad es de oro. El conjunto de los partidos políticos, incluidos el PAN y el PRI, arrostran una profundización de la crisis generada por la aplastante derrota sufrida en julio pasado y sus pronunciamientos contrarios al gobierno de la 4T sólo han fortalecido la simpatía ganada por López Obrador.

No es lejana la posibilidad de que en las más próximas elecciones, particularmente las que deberán celebrarse en unos meses, a gobernador en Baja California y Puebla, y otras locales en varias entidades, se presenten resultados semejantes a los del año pasado.

Si esto pasara, especialmente en Baja California, en la que el PAN ha gobernado desde 1989, constituiría el peor de sus descalabros, a lo que se sumaría el previsible desenlace en Puebla, seguramente a favor del candidato de Morena, luego de que la gobernadora Erika Alonso muriera, junto con su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, líder de los senadores panistas y sin duda el más adelantado de los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024.

Pero esas son las presumibles intenciones del presidente López Obrador y otras son las posibilidades de que el llamado “refrendo” presidencial tenga posibilidades de efectuarse legalmente. 

Podrá realizar una consulta en los términos de las dos efectuadas hasta la fecha, pero no podría convocar a los mexicanos a que pudieran poner término a su mandato, no está facultado para ello.

Es un tema polémico, sin duda, pero hay certezas jurídicas sobre el tema.

En primer lugar, los mexicanos fuimos convocados a elegir a un ciudadano como presidente que ejercería para el período del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, no más, pero no menos, salvo por las contingencias que la Constitución General de la República establece, entre las cuales no se encuentra la posibilidad de que en una elección se determine el fin de su mandato.

El presidente de México no puede renunciar a su gestión; otro es el escenario de la comisión de algún delito, en los supuestos establecidos en el texto constitucional, pero nada más.

Sólo podrá renunciar a la presidencia “por causa grave” (“Artículo 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.),  más aún, el presidente, “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Todo esto tiene una importancia capital, la de la vigencia del principio constitucional, emanado de la Revolución Mexicana, de la no reelección, que en los tiempos modernos sólo aplica a los titulares del Poder Ejecutivo, federal y estatales pues en todos los otros cargos de elección popular ya está establecida, no sólo la reelección, sino la reelección continua, y si se modificara la Constitución para permitir el acortamiento del período presidencial vigente, en la práctica se estaría abonando el camino para la reelección pues si permite lo uno (el acortamiento del período constitucional), da paso para lo otro.

Ahora bien, puede darse el caso de que sí se aprobaran modificaciones constitucionales de esa magnitud, no podrían aplicarse para los actuales gobernantes, pues de acuerdo con distintos ordenamientos jurídicos, al ser producto de una elección, es decir, de una decisión ciudadana, para un encargo determinado, que no puede ser cambiado, y cuyas fechas fatales están plenamente establecidas, no podrían acceder a esas reformas de tal modo que los posibles beneficiarios serían los gobernantes emanados de procesos electorales celebrados posteriormente a la aprobación de las reformas reeleccionistas.

Y es que las fechas de una gestión, en este caso la presidencial, no se pueden cambiar, así una abrumadora votación determinara que, por ejemplo, López Obrador renunciara -sin haber cometido delitos de ninguna índole-, si ocurriese lo contrario.

¿Pero qué está haciendo López Obrador?

No son coincidencias los actos realizados. En las conferencias mañaneras discurre para el país entero (más de 2 millones de personas lo ven a esa hora), pontifica, dictamina, educa (de acuerdo a sus parámetros), informa, pero, sobre todo, trata de orientar a los mexicanos, (adoctrinarlos, dicen sus críticos), explica los problemas, según su personalísima versión y, luego, en las plazas públicas, frente a los suyos, consolida una presencia, no sólo mediática, sino presencial, al alcance de los ciudadanos, a los que les endilga la mayoría de sus frases y conceptos, harto conocidos, aderezados por algunos de sus dichos más famosos (Me canso ganso; nos llevaron al despeñadero; la mafia del poder; que me pongan en la lista, etc.) y en los que los gobernadores, como es lógico, son abucheados por los asistentes a los actos, mayoritariamente militantes de Morena y que sólo se hacen eco de lo que muy frecuentemente el presidente hace, burlarse de los mandatarios y dirigentes de los partidos que le precedieron en el poder.

Es incomprensible ¿Porqué se tardaron tanto los gobernadores en asimilar que serían abucheados en los actos del Peje?

¿Acaso, como ocurre con el chihuahuense, Javier Corral, no creían que estuvieran tan abajo en las simpatías ciudadanas y sólo hasta que confrontaron un escenario plenamente adverso, podrán percatarse de las calificaciones que sus conciudadanos les otorgan y se niegan a aceptarlo?

Por eso, en el colmo de la desesperación, fabricaron el sambenito de que Morena había diseñado y aplicado un operativo para que fueran abucheados los gobernadores de los partidos de oposición.

Es que no lo asimilan: Son masivamente repudiados por sus gobernados.

El caso de Corral es peor pues es el mandatario que más críticas le ha enderezado al tabasqueño, hasta el grado de intentar, dice, ser parte de los contrapesos frente a AMLO, además de lanzarle, con mucha frecuencia, acerbas críticas.

Pero la ofensiva lopezobradorista es inmisericorde, después de aplicarle el epíteto de “ternuritas” a Corral y compañeros integrantes de “los contrapesos”, ante las quejas de varios gobernadores por los abucheos, el tabasqueño casi se burló de ellos y les dijo que po’s si no quieren ir a las plazas públicas, “si no quieren exponerse a abucheos, yo los visito en privado”.

“No puedo perder comunicación con la gente. El que no quiera exponerse, yo los visito y no hay ningún problema”.

Todo apunta a una estrategia puntualmente establecida, en la que el factor central es el apuntalamiento de su dirigencia, enseguida de los programas de su gobierno y como consecuencia de lo anterior, el de Morena, al que necesita, como hasta ahora ha sido, como el instrumento político ideal para su llegada al poder, pero al que ahora prepara para darle continuidad a su proyecto político, el de la 4a. Transformación, eje central de sus acciones, pensamientos y discursos, a la que trata de imbuir en el ánimo colectivo, como la continuación de los procesos revolucionarios de la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910 con los que existen serias diferencias.

Pero ese es otro tema.

Requisito fundamental para darle continuidad será, en 2021, mantener, por lo menos, la mayoría en las cámaras, la de Diputados y Senadores, que le permitieran, entre otras cosas, la aprobación de los presupuestos del fin del sexenio, tiempo en el cual, se supone, estaría capitalizando socialmente lo realizado en la primera mitad del sexenio.

Van más allá las pretensiones, entre las que se encuentran, en primerísimo lugar, obtener por lo menos la mitad de las gubernaturas y así consolidar su hegemonía política pues, lo ha sostenido en varias ocasiones, el tiempo (de la presidencia) es “muy corto”.

No cabe duda que estamos frente a un proyecto transexenal, pero que tiene algunos candados frente a sí, uno de ellos, el de la imposibilidad constitucional de aparecer en las boletas electorales del 2021.

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