El Diario, 31 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
Con el más sentido pésame al compañero Guillermo Terrazas, quien transita por el dolor de perder a su hijo, Gerardo Arturo Terrazas Valverde
Las noticias corrían de a poco y luego de a mucho; los relatos de asaltos, robo de vehículos a mano armada; los rumores de llamadas telefónicas de extorsionadores a domicilios crecían, se hacían realidad, (¿cuántos cayeron?) y luego aparecieron las efectuadas a los negocios relacionados con la recreación, bares, antros y restaurantes.
A tal grado creció la semana pasada que mereció el titular de ocho columnas de El Diario, edición Chihuahua, del domingo anterior –Cierre masivo de negocios en Chihuahua por amenazas de sicarios– que recogió el sentir e información de numerosos empresarios de esos ramos, los mismos que, aseguraron, habían cerrado alrededor de 47 empresas por esa razón.
Al mismo tiempo se desarrollaba la peor ola homicida jamás conocida por los capitalinos, ante la cual, como sucede en todos lados, poco parecen hacer las autoridades de todos los niveles. Podemos asegurar que las condiciones de seguridad pública son ahora peores que las presentadas en el 2008 cuando, durante varios fines de semana, corrieron numerosos rumores de supuestas balaceras que se desatarían, sobre todo, en los centros nocturnos de la ciudad de Chihuahua.
Ahora es peor, en las capas medias y medias altas de la ciudad de Chihuahua los relatos del robo del vehículo, a mano armada, forman parte del recuento diario de cualquier círculo social de ellas.
Lo sorprendente es que tales hechos delictivos no merecen de la autoridad ninguna atención, más allá de la recopilación de los datos numéricos acerca de tal delito, pero de ahí a informarles a las víctimas del avance de las investigaciones acerca del paradero de sus vehículos, nada.
Lo mismo sucede, por desgracia, en la escalofriante acumulación de caídos por todos los rumbos de la ciudad, hasta dan ganas de proponer, como una protesta de la sociedad, que el 2 de noviembre se coloquen veladoras ahí en donde cayeron las víctimas de la violentísima guerra de los cárteles escenificada en nuestra entidad.
Porque al paso que vamos, proporcionalmente, la ciudad de Chihuahua se encontrará en las mismas condiciones de Juárez. ¡Qué tarde nos vinimos a dar cuenta de la irracionalidad de la frase “Déjenlos que se maten entre ellos, al cabo son puros “malandros”!
Que la sociedad se hiciese a un lado ante la matazón, es justificable y más que razonable, no estamos preparados para enfrentar a las bandas delictivas, pero que las fuerzas del orden se hiciesen a un lado y permitieran –o peor aún– que lo alentaran, es inaceptable.
Permitir que las calles de nuestras ciudades se convirtieran en campos de batalla (y siempre desigual, nunca de frente, siempre a mansalva, a traición, con ventaja, sin ninguna regla, simple matazón) era alentar el clima de impunidad y abrirle el espacio a las bandas de sicarios para que obtuviesen recursos económicos por vías alternas, por la vía del secuestro, del robo y de la extorsión, amén de impulsar, tal impunidad, el resto de los delitos del orden común.
Ahora lo estamos viviendo, todo lo que algunos predijeron se está cumpliendo, no sólo al pie de la letra, más lejos, en una realidad que supera cualquiera de las películas de enfrentamientos de bandas criminales.
La crueldad y la sevicia crecen con los días, también el temor, la zozobra y ante esa realidad se aprecia el pasmo gubernamental. Tenemos en la capital del estado una situación parecida a la de Juárez hace dos años y medio. Luego se agravó ¿No puede pensarse que es previsible que devenga del mismo modo en Chihuahua?
Si se puede prever, ¿por qué no tomar medidas encaminadas a evitarle, a poco más de 800 mil ciudadanos, el horror vivido por los juarenses?
La actual situación es de una extremada emergencia. Algunos lo previeron, el espacio entre la elección del gobernador y la toma de posesión podría convertirse en el mejor momento para que se recrudeciera la ola criminal, por desgracia fue así.
martes, 31 de agosto de 2010
domingo, 29 de agosto de 2010
Sin gobierno, Chihuahua capital igual que Juárez
El Diario, 29 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
En tanto en el país crecen los índices de violencia, a grado tal que la desesperación, la impotencia y la sensación de indefensión crecen geométricamente, la ola criminal ha sentado sus reales en la capital del Estado Grande.
Sin tomar en cuenta los numerosos homicidios ocurridos hasta el último fin de semana de agosto, con el escalofriante hallazgo de nueve cadáveres calcinados (¿Será esa la nueva modalidad de los sicarios pues en Juárez, dos personas fueron asesinada de ese modo, una el jueves y otra el viernes, sin haber sido baleados antes?) la cifra de asesinados en el presente año, seguramente a falta de cifras oficiales o extraoficiales que respalden tal especulación, se convertirá, por mucho, en la cifra récord y llevará a la ciudad de Chihuahua a ubicarse, por la tasa de homicidios, en niveles muy parecidos a los de Juárez.
Así, sin que haya recibido la atención mediática y societaria del antiguo Paso del Norte, poco a poco la capital chihuahuense ingresó al horror de la noche de la violencia. Las modalidades son múltiples. Recientemente había llegado a niveles de pánico la ocurrencia de robos de vehículo a mano armada a mujeres en centros comerciales. Las denuncias acerca de la creciente frecuencia de violaciones hizo que circularan infinidad de mensajes en la internet alertando acerca de ese nuevo fenómeno criminal.
Si bien disminuyeron las denuncias de violaciones, lo cierto es que la frecuencia de robo de vehículos a mano arma se incrementó escandalosamente, a niveles no conocidos jamás por los chihuahuenses. A la par, la ola homicida se desató por toda la ciudad. Algunos días la cifra empataba o superaba la presentada en Juárez, y la zozobra ha hecho presa de miles y miles de chihuahuenses.
No es una novedad asentar la disparidad de cifras alrededor de tragedia tan descomunal, sin embargo, tomando en cuenta las cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), conocidas extraoficialmente, hasta el 31 de julio el número de homicidios, con arma de fuego, ascendía a 2 mil 287, en total, independientemente de las causales y si se le podría considerar como los cometidos por el crimen organizado. De ese total, 1 mil 247 ocurrieron en la zona norte, 207 en la zona sur, 165 en la occidente y 668 en la centro (Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán).
El municipio de Chihuahua contaba, según el censo de 2005, con una población de 758 mil 791 habitantes, si esa cifra la cerráramos en 830 mil por el crecimiento poblacional y la suma de los otros municipios de esta zona, resultaría que la tasa de homicidios –dolosos con arma de fuego– (668), sería de 80.48 por cada 100 mil habitantes en el presente año.
Tales niveles criminales ubican a la capital del estado a la par de Ciudad Juárez, y sin la presencia de los numerosos contingentes de fuerzas federales, pues en la ciudad fronteriza, con una población de 1 millón 313 mil 338 habitantes, (según el mismo censo) pero que podríamos disminuir solamente a 1 millón 200 mil por la población que se ha ido a últimas fechas, y con una cifra oficial de homicidios de 1 mil 247, la tasa homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se ubicaría por encima de los 90.
Sin embargo, según el conteo realizado por El Diario, a partir de informes oficiales, en Juárez, hasta la primera quincena de agosto, el número de ejecuciones llegó a 165, con lo que el número en el año ascendería a 1 mil 412 y, por lo tanto, la tasa rebasa los cien homicidios por cada 100 mil habitantes.
Lo mismo ocurriría en Chihuahua capital, pues la cifra de homicidios en agosto debe rondar, con facilidad, alrededor de las 70 (y quizá superar), con lo que el total ascendería a 88.91 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifras muy por encima de las presentadas en todos los países de Centroamérica, incluidas Colombia y Venezuela, que son de las naciones americanas las que presentan los más elevados índices de homicidios.
De acuerdo con las cifras de la PGJE, tomando en cuenta la población total de la entidad hasta 2005, 3 millones 241 mil habitantes, y si tal cifra la aceptamos dada la elevada migración desatada en los últimos dos años, particularmente en la franja fronteriza, los 2 mil 287 homicidios llevarían a que la tasa por cada 100 mil habitantes en el estado de Chihuahua, sería de 70.58.
Esas cifras son coincidentes con las proporcionadas recientemente por la presidenta del la organización México Evalúa, Edna Jaime Treviño, quien informó que Chihuahua es el estado con mayor número de ejecuciones por cada 100 mil habitantes, y presenta, dijo, la tasa más alta del mundo, si se le considerara como una nación, pues aquí asesinan a 74.4 personas por cada 100 mil habitantes. (Nota de Notimex, El Diario, 25/8/10).
No sólo ahí descuellan las cifras delictivas de Chihuahua, junto con Baja California, Distrito Federal y el Estado de México “son las entidades con mayores niveles de inseguridad y violencia, debido al gran número de homicidios, robos, ejecuciones, presencia del crimen organizado y de ciudadanos inseguros”.
Más. Chihuahua, Baja California, Estado de México y el DF reportan el mayor número de secuestros, y las tres primeras entidades presentan las tasas más altas de automotores robados por cada 10 mil del parque vehicular (Ibídem).
A tal cúmulo de siniestras cifras, se le vienen a sumar las ofrecidas por Alejandro Poiré Romero, nuevo secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y vocero de la estrategia del Gobierno federal en contra del crimen organizado, quien al presentar las conclusiones de los Diálogos por la Seguridad, organizados por la Presidencia de la República, mediante el documento “Información sobre el fenómeno delictivo en México”, asentó que de los 28 mil 353 homicidios reportados por las autoridades federales en todo el país, 8 mil 236 se han presentado en Chihuahua, “como consecuencia de la batalla entre los cárteles del Pacífico y de Juárez”, lo que representa el 36 por ciento de las ejecuciones de diciembre de 2006 al 31 julio de 2010, es decir, en la práctica, 4 de cada 10 asesinatos en el país ocurrieron en nuestra entidad (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario, 28/8/10).
Por si alguien tuviese dudas de la importancia de Chihuahua en lo general, y de la franja fronteriza en lo particular, Poiré afirmó que dicho enfrentamiento “es el más cruento, producto de antiguas rivalidades y traiciones familiares, así como por el control de Ciudad Juárez, el puerto de salida de droga más estratégico hacia Estados Unidos”.
Pero a tales cifras todavía debemos pasarlas por los filtros de quienes se han dedicado a hacer un mejor recuento. Contrariamente a las ofrecidas por la PGJE, semanas atrás el embajador norteamericano, Carlos Pascual, informó que en la primera mitad del presente año, la cifra de ejecuciones en Juárez rebasaba las mil 700. Luego, El Diario reportó (Nota de Rocío Gallegos, 2/7/10) que en el primer semestre del año mil 403 personas fueron asesinadas, tan solo en Juárez, y hacía notar que esa cifra era superior en un 50% a la presentada en el mismo período del año anterior.
El primer día de agosto, El Diario publicó (Nota de Luz del Carmen Sosa) que la frontera norte de Chihuahua registró un total de mil 700 crímenes durante los primeros 7 meses del 2010, “lo que representa un aumento del 47.6 por ciento comparativamente al año anterior, que registró mil 151 víctimas”.
Los mil 700, y los 165 de la primera quincena de agosto, hacen que la tasa de homicidios se eleve a 133.21 al año por cada 100 mil habitantes. Algo semejante debe ocurrir en la capital de Chihuahua, los asesinatos, las balaceras, los levantones, los cadáveres encontrados forman parte de las pláticas cotidianas de la ciudad que se preciaba por mantener cifras delictivas bajas, y más si se le comparaba con Juárez.
Y es que todos los días tenemos oportunidad de comprobar la inexactitud de las cifras ofrecidas por las dependencias gubernamentales, seguramente, en la mayoría de los casos con la pretensión de hacernos ver que la situación mejora, o que las tendencias son a la baja. Recientemente, el Comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, en aras de demostrar que la presencia de ese grupo policiaco en Juárez había logrado hacer que descendieran las cifras homicidas, ofreció cifras de ejecuciones por semana, de las tres primeras de este mes, y en todos los casos eran notoriamente inferiores, no a las publicadas por los distintos medios de comunicación juarenses, sino a las informadas por la subprocuraduría de justicia de la zona norte.
Así, según el recuento de Rosas, el número de ejecutados en Juárez, del 30 de julio al 19 de agosto, ascendió a 136 en tanto que el seguimiento periodístico de El Diario, con base en los informes oficiales, llevó la cifra a 211.
Pero independientemente de tales discrepancias, lo cierto es que estamos frente a un nuevo fenómeno, y al cual las autoridades no parecen tomarlo demasiado en serio, el que las calles y colonias de la capital del estado se empiezan a asemejar, en mucho, a las de Juárez por el nivel del enfrentamiento armado.
¿Qué hacer? ¿Qué hacen las autoridades?
Luis Javier Valero Flores
En tanto en el país crecen los índices de violencia, a grado tal que la desesperación, la impotencia y la sensación de indefensión crecen geométricamente, la ola criminal ha sentado sus reales en la capital del Estado Grande.
Sin tomar en cuenta los numerosos homicidios ocurridos hasta el último fin de semana de agosto, con el escalofriante hallazgo de nueve cadáveres calcinados (¿Será esa la nueva modalidad de los sicarios pues en Juárez, dos personas fueron asesinada de ese modo, una el jueves y otra el viernes, sin haber sido baleados antes?) la cifra de asesinados en el presente año, seguramente a falta de cifras oficiales o extraoficiales que respalden tal especulación, se convertirá, por mucho, en la cifra récord y llevará a la ciudad de Chihuahua a ubicarse, por la tasa de homicidios, en niveles muy parecidos a los de Juárez.
Así, sin que haya recibido la atención mediática y societaria del antiguo Paso del Norte, poco a poco la capital chihuahuense ingresó al horror de la noche de la violencia. Las modalidades son múltiples. Recientemente había llegado a niveles de pánico la ocurrencia de robos de vehículo a mano armada a mujeres en centros comerciales. Las denuncias acerca de la creciente frecuencia de violaciones hizo que circularan infinidad de mensajes en la internet alertando acerca de ese nuevo fenómeno criminal.
Si bien disminuyeron las denuncias de violaciones, lo cierto es que la frecuencia de robo de vehículos a mano arma se incrementó escandalosamente, a niveles no conocidos jamás por los chihuahuenses. A la par, la ola homicida se desató por toda la ciudad. Algunos días la cifra empataba o superaba la presentada en Juárez, y la zozobra ha hecho presa de miles y miles de chihuahuenses.
No es una novedad asentar la disparidad de cifras alrededor de tragedia tan descomunal, sin embargo, tomando en cuenta las cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), conocidas extraoficialmente, hasta el 31 de julio el número de homicidios, con arma de fuego, ascendía a 2 mil 287, en total, independientemente de las causales y si se le podría considerar como los cometidos por el crimen organizado. De ese total, 1 mil 247 ocurrieron en la zona norte, 207 en la zona sur, 165 en la occidente y 668 en la centro (Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán).
El municipio de Chihuahua contaba, según el censo de 2005, con una población de 758 mil 791 habitantes, si esa cifra la cerráramos en 830 mil por el crecimiento poblacional y la suma de los otros municipios de esta zona, resultaría que la tasa de homicidios –dolosos con arma de fuego– (668), sería de 80.48 por cada 100 mil habitantes en el presente año.
Tales niveles criminales ubican a la capital del estado a la par de Ciudad Juárez, y sin la presencia de los numerosos contingentes de fuerzas federales, pues en la ciudad fronteriza, con una población de 1 millón 313 mil 338 habitantes, (según el mismo censo) pero que podríamos disminuir solamente a 1 millón 200 mil por la población que se ha ido a últimas fechas, y con una cifra oficial de homicidios de 1 mil 247, la tasa homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se ubicaría por encima de los 90.
Sin embargo, según el conteo realizado por El Diario, a partir de informes oficiales, en Juárez, hasta la primera quincena de agosto, el número de ejecuciones llegó a 165, con lo que el número en el año ascendería a 1 mil 412 y, por lo tanto, la tasa rebasa los cien homicidios por cada 100 mil habitantes.
Lo mismo ocurriría en Chihuahua capital, pues la cifra de homicidios en agosto debe rondar, con facilidad, alrededor de las 70 (y quizá superar), con lo que el total ascendería a 88.91 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifras muy por encima de las presentadas en todos los países de Centroamérica, incluidas Colombia y Venezuela, que son de las naciones americanas las que presentan los más elevados índices de homicidios.
De acuerdo con las cifras de la PGJE, tomando en cuenta la población total de la entidad hasta 2005, 3 millones 241 mil habitantes, y si tal cifra la aceptamos dada la elevada migración desatada en los últimos dos años, particularmente en la franja fronteriza, los 2 mil 287 homicidios llevarían a que la tasa por cada 100 mil habitantes en el estado de Chihuahua, sería de 70.58.
Esas cifras son coincidentes con las proporcionadas recientemente por la presidenta del la organización México Evalúa, Edna Jaime Treviño, quien informó que Chihuahua es el estado con mayor número de ejecuciones por cada 100 mil habitantes, y presenta, dijo, la tasa más alta del mundo, si se le considerara como una nación, pues aquí asesinan a 74.4 personas por cada 100 mil habitantes. (Nota de Notimex, El Diario, 25/8/10).
No sólo ahí descuellan las cifras delictivas de Chihuahua, junto con Baja California, Distrito Federal y el Estado de México “son las entidades con mayores niveles de inseguridad y violencia, debido al gran número de homicidios, robos, ejecuciones, presencia del crimen organizado y de ciudadanos inseguros”.
Más. Chihuahua, Baja California, Estado de México y el DF reportan el mayor número de secuestros, y las tres primeras entidades presentan las tasas más altas de automotores robados por cada 10 mil del parque vehicular (Ibídem).
A tal cúmulo de siniestras cifras, se le vienen a sumar las ofrecidas por Alejandro Poiré Romero, nuevo secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y vocero de la estrategia del Gobierno federal en contra del crimen organizado, quien al presentar las conclusiones de los Diálogos por la Seguridad, organizados por la Presidencia de la República, mediante el documento “Información sobre el fenómeno delictivo en México”, asentó que de los 28 mil 353 homicidios reportados por las autoridades federales en todo el país, 8 mil 236 se han presentado en Chihuahua, “como consecuencia de la batalla entre los cárteles del Pacífico y de Juárez”, lo que representa el 36 por ciento de las ejecuciones de diciembre de 2006 al 31 julio de 2010, es decir, en la práctica, 4 de cada 10 asesinatos en el país ocurrieron en nuestra entidad (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario, 28/8/10).
Por si alguien tuviese dudas de la importancia de Chihuahua en lo general, y de la franja fronteriza en lo particular, Poiré afirmó que dicho enfrentamiento “es el más cruento, producto de antiguas rivalidades y traiciones familiares, así como por el control de Ciudad Juárez, el puerto de salida de droga más estratégico hacia Estados Unidos”.
Pero a tales cifras todavía debemos pasarlas por los filtros de quienes se han dedicado a hacer un mejor recuento. Contrariamente a las ofrecidas por la PGJE, semanas atrás el embajador norteamericano, Carlos Pascual, informó que en la primera mitad del presente año, la cifra de ejecuciones en Juárez rebasaba las mil 700. Luego, El Diario reportó (Nota de Rocío Gallegos, 2/7/10) que en el primer semestre del año mil 403 personas fueron asesinadas, tan solo en Juárez, y hacía notar que esa cifra era superior en un 50% a la presentada en el mismo período del año anterior.
El primer día de agosto, El Diario publicó (Nota de Luz del Carmen Sosa) que la frontera norte de Chihuahua registró un total de mil 700 crímenes durante los primeros 7 meses del 2010, “lo que representa un aumento del 47.6 por ciento comparativamente al año anterior, que registró mil 151 víctimas”.
Los mil 700, y los 165 de la primera quincena de agosto, hacen que la tasa de homicidios se eleve a 133.21 al año por cada 100 mil habitantes. Algo semejante debe ocurrir en la capital de Chihuahua, los asesinatos, las balaceras, los levantones, los cadáveres encontrados forman parte de las pláticas cotidianas de la ciudad que se preciaba por mantener cifras delictivas bajas, y más si se le comparaba con Juárez.
Y es que todos los días tenemos oportunidad de comprobar la inexactitud de las cifras ofrecidas por las dependencias gubernamentales, seguramente, en la mayoría de los casos con la pretensión de hacernos ver que la situación mejora, o que las tendencias son a la baja. Recientemente, el Comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, en aras de demostrar que la presencia de ese grupo policiaco en Juárez había logrado hacer que descendieran las cifras homicidas, ofreció cifras de ejecuciones por semana, de las tres primeras de este mes, y en todos los casos eran notoriamente inferiores, no a las publicadas por los distintos medios de comunicación juarenses, sino a las informadas por la subprocuraduría de justicia de la zona norte.
Así, según el recuento de Rosas, el número de ejecutados en Juárez, del 30 de julio al 19 de agosto, ascendió a 136 en tanto que el seguimiento periodístico de El Diario, con base en los informes oficiales, llevó la cifra a 211.
Pero independientemente de tales discrepancias, lo cierto es que estamos frente a un nuevo fenómeno, y al cual las autoridades no parecen tomarlo demasiado en serio, el que las calles y colonias de la capital del estado se empiezan a asemejar, en mucho, a las de Juárez por el nivel del enfrentamiento armado.
¿Qué hacer? ¿Qué hacen las autoridades?
jueves, 26 de agosto de 2010
Se acabaron las complacencias
El Diario, 26 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
No bien terminaban los priístas de endosarle severas críticas y un tajante deslinde del gobierno federal, cuando Felipe Calderón ya estaba respondiéndoles al mejor estilo del más bravo pugilista de cualquiera de los barrios que tradicionalmente han aportado a los mejores campeones mundiales, mexicanos, de todos los tiempos. El problema es que, ni es pugilista, ni lo que está a debate es el resultado de cualquier encuentro boxístico.
Reunidos en uno de los mejores sitios turísticos del estado de México, los legisladores federales y los gobernadores priístas (en horas y días hábiles), además de los dirigentes nacionales, lanzaron el martes una severa crítica a Calderón y nos anunciaron que ¡al fin! Se acabaron los tiempos de las complacencias, que dejará, el PRI, de ser “una oposición pasiva y complaciente con el gobierno de Felipe Calderón”, porque éste no entendió “las señales de colaboración”.
¡No’mbre, ahora sí lancemos las campanas al vuelo, el PRI dejará de ejercer el papel que en la década de los 90’s protagonizó el PAN, es decir, el de quien efectuaba las concertacesiones!
¿Qué cambió en el país para que, ¡por fin! el priísmo advirtiera que no podía seguir secundando al blanquiazul en las tareas de desastre nacional?
Nada, sólo que la carrera al 2012 ya empezó y ahora, después de los dos desastres electorales del PAN (elecciones federales del 2009 y las locales del 2010) los priístas creen llegado el momento de asumirse como el partido de oposición que puede acceder al poder.
Y cuando en esta columna habíamos avizorado la posibilidad de que el priísmo no advirtiera que, de regresar al poder, no era solamente que el país se hubiera quedado en pausa, que sólo había pasado un momento y ya, ¡estamos de vuelta!
No, no es así. Sin embargo, por las expresiones de varios de los principales del partido que está casi de vuelta (si no pasan otras muchas cosas) pareciera que le atinamos.
Su principal adelantado, anfitrión del cónclave priísta, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que al PAN se le había permitido “asumir la Presidencia”, y aprovechó para reclamar –en el colmo del cinismo– que su partido había accedido a pactar el aumento del IVA al 16 por ciento a cambio de que el PAN no concretara la alianza con el PRD, “Si tendemos la mano franca para sellar un acuerdo, no usamos la otra para golpear a nuestra contraparte. Somos congruentes y esperamos lo mismo de los otros”.
Y el otro suspirante priísta a la presidencia, Manlio Fabio Beltrones, ya puestos en la carrera, sabedor que no puede aparecer como conciliador y conocedor de lo que “vende” electoralmente al interior de su partido, acusó a los panistas de ineptos pues no saben aplicar las reformas legales aprobadas por el PRI.
A su vez, el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas, nos mostró la concepción patrimonialista del priísmo y la muy flaca memoria que poseen, o peor aún, su escasa capacidad autocrítica, dijo que su partido había hecho una “labor consistente de 70 años”, en la que sólo tuvo ¡”un bache histórico”!: Permitir que el PAN gobernara.
Ayer, Calderón les devolvió las diatribas. Al demandar la participación, “comprometida”, de los estados, afirmó que “el problema es que la mayoría son gobernados por el PRI” y que “algunos priístas piensan que esta es la guerra del Presidente”, que fracasar les dará rendimientos políticos y acusó al PRI de contar con poca disposición en la lucha contra el narco “como quedó de manifiesto con la inasistencia de los coordinadores parlamentarios del PRI a las mesas de Diálogo por la Seguridad”.
O sea, sólo porque no acuden a una reunión, citados de mala manera y de última hora, ya no cooperan en la lucha contra el crimen ¡Qué bárbaro!
Y apenas empiezan los tiempos de la precampaña, la verdadera, no la legal, a medida que avance, seguramente se irán desvelando los pormenores de la colaboración de ambos partidos en la conducción del país, con los resultados de los cuales todos somos víctimas.
Luis Javier Valero Flores
No bien terminaban los priístas de endosarle severas críticas y un tajante deslinde del gobierno federal, cuando Felipe Calderón ya estaba respondiéndoles al mejor estilo del más bravo pugilista de cualquiera de los barrios que tradicionalmente han aportado a los mejores campeones mundiales, mexicanos, de todos los tiempos. El problema es que, ni es pugilista, ni lo que está a debate es el resultado de cualquier encuentro boxístico.
Reunidos en uno de los mejores sitios turísticos del estado de México, los legisladores federales y los gobernadores priístas (en horas y días hábiles), además de los dirigentes nacionales, lanzaron el martes una severa crítica a Calderón y nos anunciaron que ¡al fin! Se acabaron los tiempos de las complacencias, que dejará, el PRI, de ser “una oposición pasiva y complaciente con el gobierno de Felipe Calderón”, porque éste no entendió “las señales de colaboración”.
¡No’mbre, ahora sí lancemos las campanas al vuelo, el PRI dejará de ejercer el papel que en la década de los 90’s protagonizó el PAN, es decir, el de quien efectuaba las concertacesiones!
¿Qué cambió en el país para que, ¡por fin! el priísmo advirtiera que no podía seguir secundando al blanquiazul en las tareas de desastre nacional?
Nada, sólo que la carrera al 2012 ya empezó y ahora, después de los dos desastres electorales del PAN (elecciones federales del 2009 y las locales del 2010) los priístas creen llegado el momento de asumirse como el partido de oposición que puede acceder al poder.
Y cuando en esta columna habíamos avizorado la posibilidad de que el priísmo no advirtiera que, de regresar al poder, no era solamente que el país se hubiera quedado en pausa, que sólo había pasado un momento y ya, ¡estamos de vuelta!
No, no es así. Sin embargo, por las expresiones de varios de los principales del partido que está casi de vuelta (si no pasan otras muchas cosas) pareciera que le atinamos.
Su principal adelantado, anfitrión del cónclave priísta, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que al PAN se le había permitido “asumir la Presidencia”, y aprovechó para reclamar –en el colmo del cinismo– que su partido había accedido a pactar el aumento del IVA al 16 por ciento a cambio de que el PAN no concretara la alianza con el PRD, “Si tendemos la mano franca para sellar un acuerdo, no usamos la otra para golpear a nuestra contraparte. Somos congruentes y esperamos lo mismo de los otros”.
Y el otro suspirante priísta a la presidencia, Manlio Fabio Beltrones, ya puestos en la carrera, sabedor que no puede aparecer como conciliador y conocedor de lo que “vende” electoralmente al interior de su partido, acusó a los panistas de ineptos pues no saben aplicar las reformas legales aprobadas por el PRI.
A su vez, el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas, nos mostró la concepción patrimonialista del priísmo y la muy flaca memoria que poseen, o peor aún, su escasa capacidad autocrítica, dijo que su partido había hecho una “labor consistente de 70 años”, en la que sólo tuvo ¡”un bache histórico”!: Permitir que el PAN gobernara.
Ayer, Calderón les devolvió las diatribas. Al demandar la participación, “comprometida”, de los estados, afirmó que “el problema es que la mayoría son gobernados por el PRI” y que “algunos priístas piensan que esta es la guerra del Presidente”, que fracasar les dará rendimientos políticos y acusó al PRI de contar con poca disposición en la lucha contra el narco “como quedó de manifiesto con la inasistencia de los coordinadores parlamentarios del PRI a las mesas de Diálogo por la Seguridad”.
O sea, sólo porque no acuden a una reunión, citados de mala manera y de última hora, ya no cooperan en la lucha contra el crimen ¡Qué bárbaro!
Y apenas empiezan los tiempos de la precampaña, la verdadera, no la legal, a medida que avance, seguramente se irán desvelando los pormenores de la colaboración de ambos partidos en la conducción del país, con los resultados de los cuales todos somos víctimas.
martes, 24 de agosto de 2010
Objetivos civiles
El Diario, 24 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
La balacera desatada afuera de las instalaciones de El Diario, en Juárez a principios de la semana anterior, enfrente del Hospital de la Mujer y del hotel en el cual se hospedaban alrededor de dos centenares de elementos de la Policía Federal mostró palmariamente, como si necesitara de ello, los peligrosos grados de improvisación y la falta absoluta de un plan estratégico de las fuerzas federales para enfrentar al crimen organizado.
¿A quién se le ocurre, en medio de una guerra, ubicar las instalaciones de la policía en una zona turística –de las características de una ciudad fronteriza, la mayor de las mexicanas, en las que abundan los hoteles, los restaurantes y los hospitales, amén de las oficinas centrales de la UACJ– de manera tal que podrían ser el ideal de cualquier grupo terrorista, o de uno armado, dispuesto, como lo hemos visto, a desafiar a las fuerzas federales sin el menor reparo?
Pues sólo a alguien totalmente ignorante de las más elementales necesidades logísticas, militares y materiales de un grupo militar, o cuasi militar que, por lo tanto, estará expuesto a la posibilidad de sufrir algunas agresiones pues ¡Oh, se nos olvidaba, Calderón conduce una guerra!
Bueno, pues si eso era cierto, entonces las conductas de los actores y de las fuerzas bajo su mando, tendrían que haber guardado congruencia… y conocimientos.
No pueden convivir bajo el mismo techo ciudadanos comunes y corrientes (bueno, no tan comunes ni corrientes pues los hoteles de los que hablamos poseen tarifas inalcanzables para la mayoría de los trabajadores juarenses) e integrantes de fuerzas del orden ¿A quién se le ocurrió que el funcionamiento de los hoteles podría ser el mismo en presencia de tantos polifederales o militares, y al mismo tiempo, ofrecer sus servicios al resto de los turistas, como si no pasara nada?
Más grave aún ¿A quién se le ocurre ubicar a centenares de agentes policiacos, en la ciudad más violenta del mundo, en las inmediaciones de varios hospitales? ¿Qué no sabrán, los mandos policiacos, el ABC mínimo de las operaciones militares y/o de seguridad pública?
¿Acaso no están entre nosotros para preservar nuestra tranquilidad y nuestra seguridad? ¿Cómo tenerla si los lugares en los que se hospedan son, por definición, objetivos militares de las fuerzas adversarias a ellos? ¿De qué sirve trasladarlos a otros hoteles, acaso con menos posibilidades de que logren tener eco sus quejas y su rechazo a hospedar a los agentes federales?
Las expresiones anteriores no tienen, ni en sueños, como razón de ser el rechazo a tales fuerzas, por el contrario, de sus buenas actuaciones dependen nuestras vidas y nuestra seguridad, pero hay normas elementales que los mandos superiores debieron contemplar.
Podemos aceptar que ante la gravedad de la violencia de Juárez y la urgencia de enfrentarla, se improvisaran medidas, pero en el mundo entero las fuerzas militares, y muchas policiacas, están entrenadas para asumir sus tareas en condiciones de verdadera emergencia y, por consiguiente, construir sus instalaciones de manera tal que preserven su integridad física… y la de los habitantes de las zonas aledañas.
Nada de eso parece normar la conducta de quienes enviaron a los policías federales a enfrentar la más violenta racha homicida en la historia de México.
Todo al ai’ se va y luego nos echan infinidad de discursos optimistas.
Si por lo menos supieran lo que hacen…
Luis Javier Valero Flores
La balacera desatada afuera de las instalaciones de El Diario, en Juárez a principios de la semana anterior, enfrente del Hospital de la Mujer y del hotel en el cual se hospedaban alrededor de dos centenares de elementos de la Policía Federal mostró palmariamente, como si necesitara de ello, los peligrosos grados de improvisación y la falta absoluta de un plan estratégico de las fuerzas federales para enfrentar al crimen organizado.
¿A quién se le ocurre, en medio de una guerra, ubicar las instalaciones de la policía en una zona turística –de las características de una ciudad fronteriza, la mayor de las mexicanas, en las que abundan los hoteles, los restaurantes y los hospitales, amén de las oficinas centrales de la UACJ– de manera tal que podrían ser el ideal de cualquier grupo terrorista, o de uno armado, dispuesto, como lo hemos visto, a desafiar a las fuerzas federales sin el menor reparo?
Pues sólo a alguien totalmente ignorante de las más elementales necesidades logísticas, militares y materiales de un grupo militar, o cuasi militar que, por lo tanto, estará expuesto a la posibilidad de sufrir algunas agresiones pues ¡Oh, se nos olvidaba, Calderón conduce una guerra!
Bueno, pues si eso era cierto, entonces las conductas de los actores y de las fuerzas bajo su mando, tendrían que haber guardado congruencia… y conocimientos.
No pueden convivir bajo el mismo techo ciudadanos comunes y corrientes (bueno, no tan comunes ni corrientes pues los hoteles de los que hablamos poseen tarifas inalcanzables para la mayoría de los trabajadores juarenses) e integrantes de fuerzas del orden ¿A quién se le ocurrió que el funcionamiento de los hoteles podría ser el mismo en presencia de tantos polifederales o militares, y al mismo tiempo, ofrecer sus servicios al resto de los turistas, como si no pasara nada?
Más grave aún ¿A quién se le ocurre ubicar a centenares de agentes policiacos, en la ciudad más violenta del mundo, en las inmediaciones de varios hospitales? ¿Qué no sabrán, los mandos policiacos, el ABC mínimo de las operaciones militares y/o de seguridad pública?
¿Acaso no están entre nosotros para preservar nuestra tranquilidad y nuestra seguridad? ¿Cómo tenerla si los lugares en los que se hospedan son, por definición, objetivos militares de las fuerzas adversarias a ellos? ¿De qué sirve trasladarlos a otros hoteles, acaso con menos posibilidades de que logren tener eco sus quejas y su rechazo a hospedar a los agentes federales?
Las expresiones anteriores no tienen, ni en sueños, como razón de ser el rechazo a tales fuerzas, por el contrario, de sus buenas actuaciones dependen nuestras vidas y nuestra seguridad, pero hay normas elementales que los mandos superiores debieron contemplar.
Podemos aceptar que ante la gravedad de la violencia de Juárez y la urgencia de enfrentarla, se improvisaran medidas, pero en el mundo entero las fuerzas militares, y muchas policiacas, están entrenadas para asumir sus tareas en condiciones de verdadera emergencia y, por consiguiente, construir sus instalaciones de manera tal que preserven su integridad física… y la de los habitantes de las zonas aledañas.
Nada de eso parece normar la conducta de quienes enviaron a los policías federales a enfrentar la más violenta racha homicida en la historia de México.
Todo al ai’ se va y luego nos echan infinidad de discursos optimistas.
Si por lo menos supieran lo que hacen…
lunes, 23 de agosto de 2010
Abstencionismo ¿otra realidad?
El Diario, 22 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
No podríamos abordar el tema seleccionado para hoy sin hacer tres breves comentarios sobre hechos de la presente semana. El primero de ellos, expresar un enérgico y dolorido rechazo al asesinato de Rubén Reyes, destacado activista social y político del Valle de Juárez, hermano de Josefina, derechohumanista asesinada en enero del presente año sin que, al igual que en el caso de Rubén, se hayan detenido a los asesinos materiales e intelectuales.
Y rechazar el lamentable titular del periódico digital juarense, Lapolaka, quien así “cabeceó” tan proditorio asesinato: “Ejecutan en Guadalupe derechohumanista de familia vinculada al Clan Escajeda, pero el diputado Víctor Quintana lo defiende y mete las manos al fuego”.
Pudiera ser que en esa familia alguno de sus integrantes hubiese caído en las actividades de los grupos criminales, pero de ahí a achacarle a toda la familia Reyes Salazar tal etiqueta es un verdadero absurdo. Los Reyes fueron, durante años, el respiro democrático de todo el Valle de Juárez, sus protestas ante los abusos de gobernantes, caciques, maleantes, y en los últimos años, de las fuerzas federales, son un compendio de cómo una familia es capaz de enarbolar y sostener, las más altas aspiraciones democráticas y sociales. Y en contra de todos fueron capaces de construir un liderazgo regional al cual pusieron al servicio del PRD en la última fase de su vida.
Sus decesos sólo vienen a confirmarnos los sentimientos de desesperanza ante la larga noche de violencia abatida sobre los mexicanos, ante la cual Felipe Calderón solo atina a achacarles la culpa a los demás. En el caso de Chihuahua, ahora resulta que llegó a la conclusión de que el nuevo sistema de justicia penal es parte importante de la ola delictiva sufrida en el Estado Grande ¿Y en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Coahuila, entidades que, o no poseen aún ese sistema, o que recientemente lo aprobaron y apenas lo están procesando, a qué, a quién echarle la culpa?
Y encima Calderón lanza la puntada para costear los gastos de seguridad pública, de que podría proponer la elevación de impuestos, justamente cuando el agrupamiento policiaco que presume de excelencia, la Policía Federal, ha mostrado en Juárez su absoluta ineficacia y elevada impreparación, al habilitar como cuarteles de sus elementos destacados en el antiguo Paso del Norte, los hoteles más lujosos, y por ende, los ubicados en las zonas de mayor afluencia turística.
Pero tal asunto ya lo comentaremos el martes, ahora pasemos al de este día.
Durante muchos meses, años quizás, hemos comentado la tendencia creciente de uno de los fenómenos que más frecuentemente hemos catalogado como una de las evidencias del rechazo de amplias capas de la población a los políticos, el abstencionismo.
Así lo reconocía el presidente del Instituto Estatal Electoral, Fernando Herrera, cuando en el 2008 presentó los estudios sobre el abstencionismo, efectuados por el Colegio de Chihuahua, la Uacj y la Uach, al mencionar que en 2007 Chihuahua fue último lugar en votación electoral en el país y mostró las cifras decrecientes en la entidad: En 1992 votó el 64 %; en 1998, el 56 %; en 2004, el 45.5; en 2007, el 37.5 y en Juárez llegó al 27.9 % del Listado Nominal.
Sin embargo, cifras obtenidas de la revisión que regularmente efectúa el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el padrón de votantes podría llevarnos a otras conclusiones, no necesariamente que los niveles de rechazo a la clase política hayan disminuido, sino que son otras las motivaciones y las respuestas de una buena parte de los ciudadanos.
Si fueran ciertas las cifras ofrecidas por las revisiones del IFE, resultaría que el nivel de participación en la pasada contienda electoral estaría un poco por arriba de la mitad del padrón electoral y no, como oficialmente se reconoce, apenas superando el 40%.
Resulta que de acuerdo con esas revisiones, el listado nominal (es decir, quienes estaban empadronados y tenían su credencial y se encontraban en la lista con derecho a votar), hasta el 4 de julio pasado eran 2 millones 612 mil 623 ciudadanos, pero de ellos, por distintas causas ya no se encontraban en el domicilio reportado, 466 mil 876 ciudadanos, igual al 17.87% del padrón.
Si esto es así, el listado nominal depurado ascendería a 2 millones 145 mil 747 ciudadanos y dado que en los pasados comicios votaron 1 millón 81 mil 825 chihuahuenses resultaría que el porcentaje de participación ascendería al 50.42% y no al 41.41 arrojado en la elección de gobernador.
Importa, entonces, saber de dónde se obtiene la cifra de casi medio millón de ciudadanos que no reportaron su cambio de domicilio o su baja del padrón de la entidad. Según cifras de esas evaluaciones, ciudadanos del estado no reconocidos con registro ascienden a 68 mil 189, que significan el 2.61%; ciudadanos fallecidos (extrañamente, pues se supone que los decesos se comunican regularmente al IFE) ascendieron a 54 mil 81 mil, igual al 2.07%; ciudadanos con cambio de domicilio a otro estado, no reportado, 44 mil 153, igual al 1.69%; ciudadanos con cambio de domicilio a otro país (no reportado), 240 mil 100, igual al 9.19%; ciudadanos que nunca han vivido en el domicilio reportado, 18 mil 550, igual al 0.71%; ciudadanos con domicilio no localizado en el Estado, 33 mil 442, que significan el 1.28%; ciudadanos con domicilio referido a un predio no habitado en el Estado, 8 mil 360, igual al 0.32%
¿Tales cifras descalifican las conclusiones de los estudios hechos por las instituciones académicas? A nuestro parecer, no, pues aún con estas cifras –que nos equiparan al porcentaje promedio mundial de participación electoral– la mitad de los ciudadanos no han sido convencidos de acudir a las elecciones, pero que la otra mitad haya acudido a las últimas sí es de tomarse en consideración por las particularísimas condiciones en que se desarrollaron.
Más aún, la revisión de la participación electoral, por municipios, arrojan otras sorpresas. La primera, que el peso específico del padrón electoral de Juárez y la baja participación –29.59%– incide cardinalmente en todas las estadísticas electorales pues constituye poco más del 60% del total de empadronados en el estado.
Sólo en 20 municipios la participación fue menor al 50%, y de ellos, en once se ubicó entre el 45 y el 50%, pero en 24 la votación superó el 60%, y de ellos, en 3 (Coronado, López y Nonoava) fueron superiores al 70% del padrón.
En el otro extremo, sólo en dos la participación fue inferior al 30% (Juárez y Riva Palacio) pero Guadalupe Distrito Bravo y Praxedis G. Guerrero, los municipios del Valle de Juárez, los porcentajes fueron muy parecidos al de Juárez (32.66 y 36.67 respectivamente), seguramente porque las condiciones de inseguridad son semejantes y la emigración ha hecho de las poblaciones del Valle de Juárez, casi pueblos fantasmas, fenómeno que se advierte en el antiguo Paso del Norte.
Pero el diagnóstico efectuado por las instituciones académicas acerca de las causas del abstencionismo prevalecen, como lo aseverara el Dr. Carlos González Herrera, director general de El Colegio de Chihuahua, cuando, al presentar los resultados de la investigación y estudio del abstencionismo electoral en Ciudad Juárez afirmó que para la población “La política (no es) el medio idóneo para vislumbrar la solución a las urgencias más apremiantes”, que “el sistema educativo nacional y la propia indolencia ciudadana son las causantes de una suerte de analfabetismo político que tiende a expresarse en desinterés por ir a las urnas”. Importa recordar las principales conclusiones de los estudios que evidenciaron el rechazo ciudadano a la contradicción entre el discurso y la práctica; la baja estima en que se tiene a buena parte de la clase política y a la incertidumbre sobre el futuro. Demostró, además, que son necesarias nuevas prácticas en los partidos políticos; la necesidad de la instrumentación de mayores ejercicios democráticos y de incentivos para la formación de organizaciones sociales; además de una mayor promoción de la educación cívica y de la motivación a la participación ciudadana entre los niños y jóvenes.
Tales necesidades surgieron luego de calificar como una suerte de analfabetismo político el encontrado en la mayoría de la sociedad pues encontraron un alto grado de ignorancia en las “preguntas relacionadas con conocimientos políticos (como ¿qué es ser ciudadano?, ¿cómo defines democracia?, ¿qué artículos de la Constitución conoces?)”.
Superar tales trabas para la construcción de una sociedad democrática es esencial. No es tarea que sea, sólo, responsabilidad, de los ciudadanos en lo individual, es una tarea del Estado Mexicano, y ése, señores, lo conducen los políticos.
Luis Javier Valero Flores
No podríamos abordar el tema seleccionado para hoy sin hacer tres breves comentarios sobre hechos de la presente semana. El primero de ellos, expresar un enérgico y dolorido rechazo al asesinato de Rubén Reyes, destacado activista social y político del Valle de Juárez, hermano de Josefina, derechohumanista asesinada en enero del presente año sin que, al igual que en el caso de Rubén, se hayan detenido a los asesinos materiales e intelectuales.
Y rechazar el lamentable titular del periódico digital juarense, Lapolaka, quien así “cabeceó” tan proditorio asesinato: “Ejecutan en Guadalupe derechohumanista de familia vinculada al Clan Escajeda, pero el diputado Víctor Quintana lo defiende y mete las manos al fuego”.
Pudiera ser que en esa familia alguno de sus integrantes hubiese caído en las actividades de los grupos criminales, pero de ahí a achacarle a toda la familia Reyes Salazar tal etiqueta es un verdadero absurdo. Los Reyes fueron, durante años, el respiro democrático de todo el Valle de Juárez, sus protestas ante los abusos de gobernantes, caciques, maleantes, y en los últimos años, de las fuerzas federales, son un compendio de cómo una familia es capaz de enarbolar y sostener, las más altas aspiraciones democráticas y sociales. Y en contra de todos fueron capaces de construir un liderazgo regional al cual pusieron al servicio del PRD en la última fase de su vida.
Sus decesos sólo vienen a confirmarnos los sentimientos de desesperanza ante la larga noche de violencia abatida sobre los mexicanos, ante la cual Felipe Calderón solo atina a achacarles la culpa a los demás. En el caso de Chihuahua, ahora resulta que llegó a la conclusión de que el nuevo sistema de justicia penal es parte importante de la ola delictiva sufrida en el Estado Grande ¿Y en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Coahuila, entidades que, o no poseen aún ese sistema, o que recientemente lo aprobaron y apenas lo están procesando, a qué, a quién echarle la culpa?
Y encima Calderón lanza la puntada para costear los gastos de seguridad pública, de que podría proponer la elevación de impuestos, justamente cuando el agrupamiento policiaco que presume de excelencia, la Policía Federal, ha mostrado en Juárez su absoluta ineficacia y elevada impreparación, al habilitar como cuarteles de sus elementos destacados en el antiguo Paso del Norte, los hoteles más lujosos, y por ende, los ubicados en las zonas de mayor afluencia turística.
Pero tal asunto ya lo comentaremos el martes, ahora pasemos al de este día.
Durante muchos meses, años quizás, hemos comentado la tendencia creciente de uno de los fenómenos que más frecuentemente hemos catalogado como una de las evidencias del rechazo de amplias capas de la población a los políticos, el abstencionismo.
Así lo reconocía el presidente del Instituto Estatal Electoral, Fernando Herrera, cuando en el 2008 presentó los estudios sobre el abstencionismo, efectuados por el Colegio de Chihuahua, la Uacj y la Uach, al mencionar que en 2007 Chihuahua fue último lugar en votación electoral en el país y mostró las cifras decrecientes en la entidad: En 1992 votó el 64 %; en 1998, el 56 %; en 2004, el 45.5; en 2007, el 37.5 y en Juárez llegó al 27.9 % del Listado Nominal.
Sin embargo, cifras obtenidas de la revisión que regularmente efectúa el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el padrón de votantes podría llevarnos a otras conclusiones, no necesariamente que los niveles de rechazo a la clase política hayan disminuido, sino que son otras las motivaciones y las respuestas de una buena parte de los ciudadanos.
Si fueran ciertas las cifras ofrecidas por las revisiones del IFE, resultaría que el nivel de participación en la pasada contienda electoral estaría un poco por arriba de la mitad del padrón electoral y no, como oficialmente se reconoce, apenas superando el 40%.
Resulta que de acuerdo con esas revisiones, el listado nominal (es decir, quienes estaban empadronados y tenían su credencial y se encontraban en la lista con derecho a votar), hasta el 4 de julio pasado eran 2 millones 612 mil 623 ciudadanos, pero de ellos, por distintas causas ya no se encontraban en el domicilio reportado, 466 mil 876 ciudadanos, igual al 17.87% del padrón.
Si esto es así, el listado nominal depurado ascendería a 2 millones 145 mil 747 ciudadanos y dado que en los pasados comicios votaron 1 millón 81 mil 825 chihuahuenses resultaría que el porcentaje de participación ascendería al 50.42% y no al 41.41 arrojado en la elección de gobernador.
Importa, entonces, saber de dónde se obtiene la cifra de casi medio millón de ciudadanos que no reportaron su cambio de domicilio o su baja del padrón de la entidad. Según cifras de esas evaluaciones, ciudadanos del estado no reconocidos con registro ascienden a 68 mil 189, que significan el 2.61%; ciudadanos fallecidos (extrañamente, pues se supone que los decesos se comunican regularmente al IFE) ascendieron a 54 mil 81 mil, igual al 2.07%; ciudadanos con cambio de domicilio a otro estado, no reportado, 44 mil 153, igual al 1.69%; ciudadanos con cambio de domicilio a otro país (no reportado), 240 mil 100, igual al 9.19%; ciudadanos que nunca han vivido en el domicilio reportado, 18 mil 550, igual al 0.71%; ciudadanos con domicilio no localizado en el Estado, 33 mil 442, que significan el 1.28%; ciudadanos con domicilio referido a un predio no habitado en el Estado, 8 mil 360, igual al 0.32%
¿Tales cifras descalifican las conclusiones de los estudios hechos por las instituciones académicas? A nuestro parecer, no, pues aún con estas cifras –que nos equiparan al porcentaje promedio mundial de participación electoral– la mitad de los ciudadanos no han sido convencidos de acudir a las elecciones, pero que la otra mitad haya acudido a las últimas sí es de tomarse en consideración por las particularísimas condiciones en que se desarrollaron.
Más aún, la revisión de la participación electoral, por municipios, arrojan otras sorpresas. La primera, que el peso específico del padrón electoral de Juárez y la baja participación –29.59%– incide cardinalmente en todas las estadísticas electorales pues constituye poco más del 60% del total de empadronados en el estado.
Sólo en 20 municipios la participación fue menor al 50%, y de ellos, en once se ubicó entre el 45 y el 50%, pero en 24 la votación superó el 60%, y de ellos, en 3 (Coronado, López y Nonoava) fueron superiores al 70% del padrón.
En el otro extremo, sólo en dos la participación fue inferior al 30% (Juárez y Riva Palacio) pero Guadalupe Distrito Bravo y Praxedis G. Guerrero, los municipios del Valle de Juárez, los porcentajes fueron muy parecidos al de Juárez (32.66 y 36.67 respectivamente), seguramente porque las condiciones de inseguridad son semejantes y la emigración ha hecho de las poblaciones del Valle de Juárez, casi pueblos fantasmas, fenómeno que se advierte en el antiguo Paso del Norte.
Pero el diagnóstico efectuado por las instituciones académicas acerca de las causas del abstencionismo prevalecen, como lo aseverara el Dr. Carlos González Herrera, director general de El Colegio de Chihuahua, cuando, al presentar los resultados de la investigación y estudio del abstencionismo electoral en Ciudad Juárez afirmó que para la población “La política (no es) el medio idóneo para vislumbrar la solución a las urgencias más apremiantes”, que “el sistema educativo nacional y la propia indolencia ciudadana son las causantes de una suerte de analfabetismo político que tiende a expresarse en desinterés por ir a las urnas”. Importa recordar las principales conclusiones de los estudios que evidenciaron el rechazo ciudadano a la contradicción entre el discurso y la práctica; la baja estima en que se tiene a buena parte de la clase política y a la incertidumbre sobre el futuro. Demostró, además, que son necesarias nuevas prácticas en los partidos políticos; la necesidad de la instrumentación de mayores ejercicios democráticos y de incentivos para la formación de organizaciones sociales; además de una mayor promoción de la educación cívica y de la motivación a la participación ciudadana entre los niños y jóvenes.
Tales necesidades surgieron luego de calificar como una suerte de analfabetismo político el encontrado en la mayoría de la sociedad pues encontraron un alto grado de ignorancia en las “preguntas relacionadas con conocimientos políticos (como ¿qué es ser ciudadano?, ¿cómo defines democracia?, ¿qué artículos de la Constitución conoces?)”.
Superar tales trabas para la construcción de una sociedad democrática es esencial. No es tarea que sea, sólo, responsabilidad, de los ciudadanos en lo individual, es una tarea del Estado Mexicano, y ése, señores, lo conducen los políticos.
jueves, 19 de agosto de 2010
Maricones
El Diario, 19 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
Asombra la visceralidad con la que se comportan los más altos dignatarios de la iglesia católica. El arzobispo de Guadalajara (la diócesis más importante de América Latina), Juan Sandoval Íñiguez, incurrió en tales excesos, por demás inaceptables en alguien que tiene tan altas responsabilidades morales como lo es un prelado de ese nivel. Mostró no solamente su acendrada homofobia sino, también, su animadversión contra el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, al acusarlo de haber corrompido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¡En pleno!
Sus frases se quedarán para acrecentar la picaresca nacional y muestran cuán poco respeto le merecen quienes son diferentes a él.
El problema está en que sus frases, dichas en el curso de una conferencia de prensa, y a lo mejor originadas al calor de la misma, fueron secundadas por el Cardenal de la ciudad de México, Norberto Rivera, y el vocero de éste, agregándole un matiz elevadamente preocupante, el de pedirle a los mexicanos que no voten por los partidos que impulsan las leyes “del mal”, en una clarísima, flagrante e inaceptable violación de la ley al involucrarse directamente en asuntos de la vida político-electoral del país.
¿Cuál es el suceso que concitó tantas conductas tan irracionales y tanta necesidad de confrontarse con el gobernante de la capital del país y los componentes del máximo tribunal?
¿De veras la confirmación de la constitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF, que permiten el matrimonio de personas homosexuales y la de la posibilidad legal de la adopción de niños en esos matrimonios, merece que la jerarquía católica se desgañite y, casi, llame a la insubordinación civil a su grey?
¿Es tan baja la capacidad de tolerancia existente en los máximos dirigentes de esa iglesia? Si es así, qué mal estamos, qué poca voluntad existe en esa cúpula para aceptar los irremediables cambios de la sociedad mexicana de nuestros días.
Juramentados con sus dogmas (cada quien con los suyos), no sólo los dignatarios, sino también no pocos creyentes católicos nos muestran su baja tolerancia y su elevada pretensión por hacer de la vida pública la extensión de sus convicciones religiosas, por lo demás respetables pero que forman parte, precisamente, del entorno personal.
Si alguien cree que el matrimonio integrado por un hombre y una mujer es una ley natural, pues es su creencia y no la de la sociedad, la que está obligada a elaborar el marco legal que nos permita vivir en armonía, o por lo menos en la mayor armonía posible, pero no nos pueden venir a argumentarnos que hay una ley “divina” que así lo establece y que quienes viven y aman a alguien de su mismo sexo, viven en el “pecado”.
Bueno, pues eso se lo pueden decir los católicos a sus correligionarios en los ámbitos de su rito religioso, pero no pueden las leyes de los hombres basarse en tal dogma y menos aún los dirigentes religiosos pueden, impunemente, atizar la hoguera de la intolerancia religiosa, que es lo único que nos falta en estos momentos.
La terca realidad les cayó encima a los gobernantes que en los últimos meses arguyeron que la despenalización del aborto, los matrimonios homosexuales y las adopciones practicadas por éstos no formaban parte de la discusión de los chihuahuenses. ¡Vaya que se equivocaron, en estos días tales temas son el platillo principal de las discusiones de los chihuahuenses!
Una cosa deberá precisarse, la ratificación de la SCJN a la constitucionalidad de las leyes comentadas ahora, no significa que ya se aprobaron en Chihuahua los matrimonios homosexuales y la adopción de niños por ellos…
Por ahora. Sólo es cuestión de tiempo, la terca realidad del Chihuahua moderno se impondrá.
Luis Javier Valero Flores
Asombra la visceralidad con la que se comportan los más altos dignatarios de la iglesia católica. El arzobispo de Guadalajara (la diócesis más importante de América Latina), Juan Sandoval Íñiguez, incurrió en tales excesos, por demás inaceptables en alguien que tiene tan altas responsabilidades morales como lo es un prelado de ese nivel. Mostró no solamente su acendrada homofobia sino, también, su animadversión contra el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, al acusarlo de haber corrompido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¡En pleno!
Sus frases se quedarán para acrecentar la picaresca nacional y muestran cuán poco respeto le merecen quienes son diferentes a él.
El problema está en que sus frases, dichas en el curso de una conferencia de prensa, y a lo mejor originadas al calor de la misma, fueron secundadas por el Cardenal de la ciudad de México, Norberto Rivera, y el vocero de éste, agregándole un matiz elevadamente preocupante, el de pedirle a los mexicanos que no voten por los partidos que impulsan las leyes “del mal”, en una clarísima, flagrante e inaceptable violación de la ley al involucrarse directamente en asuntos de la vida político-electoral del país.
¿Cuál es el suceso que concitó tantas conductas tan irracionales y tanta necesidad de confrontarse con el gobernante de la capital del país y los componentes del máximo tribunal?
¿De veras la confirmación de la constitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF, que permiten el matrimonio de personas homosexuales y la de la posibilidad legal de la adopción de niños en esos matrimonios, merece que la jerarquía católica se desgañite y, casi, llame a la insubordinación civil a su grey?
¿Es tan baja la capacidad de tolerancia existente en los máximos dirigentes de esa iglesia? Si es así, qué mal estamos, qué poca voluntad existe en esa cúpula para aceptar los irremediables cambios de la sociedad mexicana de nuestros días.
Juramentados con sus dogmas (cada quien con los suyos), no sólo los dignatarios, sino también no pocos creyentes católicos nos muestran su baja tolerancia y su elevada pretensión por hacer de la vida pública la extensión de sus convicciones religiosas, por lo demás respetables pero que forman parte, precisamente, del entorno personal.
Si alguien cree que el matrimonio integrado por un hombre y una mujer es una ley natural, pues es su creencia y no la de la sociedad, la que está obligada a elaborar el marco legal que nos permita vivir en armonía, o por lo menos en la mayor armonía posible, pero no nos pueden venir a argumentarnos que hay una ley “divina” que así lo establece y que quienes viven y aman a alguien de su mismo sexo, viven en el “pecado”.
Bueno, pues eso se lo pueden decir los católicos a sus correligionarios en los ámbitos de su rito religioso, pero no pueden las leyes de los hombres basarse en tal dogma y menos aún los dirigentes religiosos pueden, impunemente, atizar la hoguera de la intolerancia religiosa, que es lo único que nos falta en estos momentos.
La terca realidad les cayó encima a los gobernantes que en los últimos meses arguyeron que la despenalización del aborto, los matrimonios homosexuales y las adopciones practicadas por éstos no formaban parte de la discusión de los chihuahuenses. ¡Vaya que se equivocaron, en estos días tales temas son el platillo principal de las discusiones de los chihuahuenses!
Una cosa deberá precisarse, la ratificación de la SCJN a la constitucionalidad de las leyes comentadas ahora, no significa que ya se aprobaron en Chihuahua los matrimonios homosexuales y la adopción de niños por ellos…
Por ahora. Sólo es cuestión de tiempo, la terca realidad del Chihuahua moderno se impondrá.
martes, 17 de agosto de 2010
Fuero civil por encima de todo
El Diario, 17 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
El inaceptable hostigamiento de las fuerzas armadas en contra de la activista Emilia González Tercero, es una clara muestra de las consecuencias de la incorporación de los militares a las tareas policiacas, la declinación de la autoridad civil ante la autoridad castrense, y la también inaceptable determinación de las autoridades federales a que los delitos cometidos por militares en el desempeño de esas funciones sean conocidos (asumidos) por los tribunales militares y no, como establece el mandato constitucional, por tribunales civiles.
Tres organizaciones derechohumanistas, de amplia y confirmada solvencia civil –la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC); el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) – han denunciado el hostigamiento en contra de una de las fundadoras del primero de los organismos, quien ahora reside en el antiguo Paso del Norte. A raíz de las denuncias presentadas por ella en contra de supuestos abusos cometidos por elementos del Ejército Mexicano, Emilia ha sido requerida por la autoridad judicial militar, no siempre con los mejores modos y sí, por el contrario, con veladas y abiertas amenazas.
Según el comunicado de las organizaciones derechohumanistas, “el 27 de julio de 2010, 10 militares uniformados y armados se presentaron en el domicilio particular de la Sra. Emilia González Tercero”, ocasión en la que después de burlarse de la ubicación de su domicilio –qué escondidita está tu casa– “le solicitaron por medio de un citatorio presentarse en el campo militar 5-C para rendir declaraciones ante una agencia investigadora militar”.
Poco más de un año atrás, el 17 de junio de 2009, justamente cuando a alguien en el Ejército se le ocurrió, como excelsa maniobra de inteligencia, lanzar a los soldados a monitorear colonias enteras con el detector molecular (dispositivo que detecta armas, explosivos, drogas y dinero), un grupo de ellos, como lo hicieron en infinidad de domicilios, intentaron ingresar a su casa sin ninguna orden judicial y, como sucedió en muchísimos casos, fue amenazada, de no aceptar el ilegal ingreso de los militares, a que regresarían después y (le) “destrozarían (la casa)”.
Citada por la autoridad militar, Emilia resolvió acudir siempre y cuando la audiencia –cualesquiera que sean el motivo y carácter de la misma– que debería celebrarse en un recinto de las autoridades civiles pues, razonó, ella no estaba bajo la jurisdicción militar.
Emilia es la depositaria de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se le ordena al gobierno mexicano emitir medidas cautelares a favor de la derechohumanista, “por el riesgo al que se enfrenta en el caso de desaparición forzada de la familia Alvarado”, ocurrido meses atrás. Los organismos derechohumanistas creen que los hostigamientos militares pueden tener como sustento ese caso.
Más allá de las razones esgrimidas por la autoridad militar, para exigirle a un civil se presente –perentoriamente– a sus instalaciones para aportar elementos de un caso conocido por esa autoridad, pone de relieve, nuevamente, el abandono de sus funciones y facultades de la autoridad civil ante la militar, y la persistente intención de la autoridad militar por violar un precepto constitucional e intentar someter al fuero militar a todas las autoridades y al conjunto de la sociedad.
Más aún, evidencia la prepotencia de los mandos militares pues no se les puede aceptar que desconozcan la calidad de los ciudadanos citados, en este caso, de una persona que goza de lo que podríamos denominar “fe social”, en equiparación a la fe pública de la que gozan distintas autoridades, en especial los notarios públicos.
Y la tiene por su reconocida trayectoria derechohumanista, la misma que debiera ser conocida por la autoridad.
Casos como éste vienen a darle la razón que, bajo el pretexto de combatir al crimen organizado, la autoridad civil ha declinado de sus facultades y puesto en entredicho, gravemente, el estado de derecho en México.
Luis Javier Valero Flores
El inaceptable hostigamiento de las fuerzas armadas en contra de la activista Emilia González Tercero, es una clara muestra de las consecuencias de la incorporación de los militares a las tareas policiacas, la declinación de la autoridad civil ante la autoridad castrense, y la también inaceptable determinación de las autoridades federales a que los delitos cometidos por militares en el desempeño de esas funciones sean conocidos (asumidos) por los tribunales militares y no, como establece el mandato constitucional, por tribunales civiles.
Tres organizaciones derechohumanistas, de amplia y confirmada solvencia civil –la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC); el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) – han denunciado el hostigamiento en contra de una de las fundadoras del primero de los organismos, quien ahora reside en el antiguo Paso del Norte. A raíz de las denuncias presentadas por ella en contra de supuestos abusos cometidos por elementos del Ejército Mexicano, Emilia ha sido requerida por la autoridad judicial militar, no siempre con los mejores modos y sí, por el contrario, con veladas y abiertas amenazas.
Según el comunicado de las organizaciones derechohumanistas, “el 27 de julio de 2010, 10 militares uniformados y armados se presentaron en el domicilio particular de la Sra. Emilia González Tercero”, ocasión en la que después de burlarse de la ubicación de su domicilio –qué escondidita está tu casa– “le solicitaron por medio de un citatorio presentarse en el campo militar 5-C para rendir declaraciones ante una agencia investigadora militar”.
Poco más de un año atrás, el 17 de junio de 2009, justamente cuando a alguien en el Ejército se le ocurrió, como excelsa maniobra de inteligencia, lanzar a los soldados a monitorear colonias enteras con el detector molecular (dispositivo que detecta armas, explosivos, drogas y dinero), un grupo de ellos, como lo hicieron en infinidad de domicilios, intentaron ingresar a su casa sin ninguna orden judicial y, como sucedió en muchísimos casos, fue amenazada, de no aceptar el ilegal ingreso de los militares, a que regresarían después y (le) “destrozarían (la casa)”.
Citada por la autoridad militar, Emilia resolvió acudir siempre y cuando la audiencia –cualesquiera que sean el motivo y carácter de la misma– que debería celebrarse en un recinto de las autoridades civiles pues, razonó, ella no estaba bajo la jurisdicción militar.
Emilia es la depositaria de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se le ordena al gobierno mexicano emitir medidas cautelares a favor de la derechohumanista, “por el riesgo al que se enfrenta en el caso de desaparición forzada de la familia Alvarado”, ocurrido meses atrás. Los organismos derechohumanistas creen que los hostigamientos militares pueden tener como sustento ese caso.
Más allá de las razones esgrimidas por la autoridad militar, para exigirle a un civil se presente –perentoriamente– a sus instalaciones para aportar elementos de un caso conocido por esa autoridad, pone de relieve, nuevamente, el abandono de sus funciones y facultades de la autoridad civil ante la militar, y la persistente intención de la autoridad militar por violar un precepto constitucional e intentar someter al fuero militar a todas las autoridades y al conjunto de la sociedad.
Más aún, evidencia la prepotencia de los mandos militares pues no se les puede aceptar que desconozcan la calidad de los ciudadanos citados, en este caso, de una persona que goza de lo que podríamos denominar “fe social”, en equiparación a la fe pública de la que gozan distintas autoridades, en especial los notarios públicos.
Y la tiene por su reconocida trayectoria derechohumanista, la misma que debiera ser conocida por la autoridad.
Casos como éste vienen a darle la razón que, bajo el pretexto de combatir al crimen organizado, la autoridad civil ha declinado de sus facultades y puesto en entredicho, gravemente, el estado de derecho en México.
domingo, 15 de agosto de 2010
Omertá
El Diario, 15 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
Omertá: Código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas.Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de la mafia donde un testimonio o una de las personas incriminadas prefieren permanecer en silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables.En la cultura de la mafia, romper el juramento de omertà es castigable con la muerte:Wikipedia, la enciclopedia libre.
Pues sí que se hicieron bolas. Sabedores, los funcionarios y gobernantes del municipio de Chihuahua, de la ilegalidad de la recepción del bono entregado a fines de diciembre –una parte- y la otra en abril, de acuerdo con las primeras investigaciones periodísticas, publicadas a lo largo de la semana, han caído en una serie de contradicciones al momento de explicar el sustento legal de tan ilegal percepción.
Por sus declaraciones, podemos llegar a, quizá, enterarnos que los recursos entregados a los funcionarios no sean los únicos. Hasta ahora sabíamos de la existencia de los bonos de “productividad” o de “actuación” que se entregaron a los funcionarios municipales de primero y segundo niveles, en todas las administraciones de la capital chihuahuense, desde, por lo menos, 1995.
Se basaban en un artilugio. Los trabajadores del municipio tienen derecho a esa prebenda y es el Oficial Mayor el que evalúa su desempeño. De ahí se agarraron, todos los funcionarios municipales de los niveles señalados, incluidos los regidores y los síndicos reciben tal prerrogativa que es igual al total de sus ingresos ¿Quién los evalúa en su trabajo? ¿Ustedes creen que alguien lo hace y, de darse el caso, decirle a un funcionario que no mereció calificación aprobatoria en un mes determinado? ¿Dónde están las evaluaciones realizadas? ¿Las podrían publicar en la página de Transparencia?
La primera pregunta que recibió Carlos Borruel, en la primera conferencia de prensa, justamente inmediatamente después de recibir la constancia de mayoría como presidente municipal de Chihuahua a eso se refirió: “¿En su gobierno seguirán los bonos ‘de actuación” a los funcionarios de primer nivel?”. –De ninguna manera, los funcionarios del Gobierno Municipal sólo recibirán lo que la ley diga.
Pasaron casi tres años. Cual si fueran leales integrantes de una banda criminal supieron, panistas, priístas, panalistas, todos, del reparto de recursos del ayuntamiento capitalino. Al grito de que nadie sabrá de esto, ya juramentados, prestos, decidieron, la mayoría de ellos, incrementar sus cuentas bancarias. Descubiertos, todos se apresuraron a declarar que eran legales tales ingresos, que no se violó la ley, que… y empezaron las contradicciones.
La regidora priísta, Kenny Arroyo, presumió de no recoger, “todavía”, el suyo y que “en realidad es compensación, que les dan para cubrir los gastos de problemas que resulten al realizar su trabajo”. Es un portento su declaración –que luego fue reafirmada por un documento enviado a la prensa por la Oficialía Mayor del Municipio- pues arguyó que ese “bono lo agregan a su sueldo, con el fin de que lo usen los regidores, en caso de que tengan problemas sobre todo jurídicos, ya que firman muchos documentos, para su defensa legal”.
A su vez, el coordinador de los regidores panistas, Luis Terrazas, nos conminó a no preocuparnos pues dijo, era “como cualquier otra compensación” entregada a los empleados municipales.
Pero no sólo, luego dijo que si todavía había preocupación, que no la tuviéramos pues también este tipo de compensaciones se da en todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal y que en Gobierno del Estado “sí se les dará un bono de despedida”.
¡¿Po’s no que eran una bola de tramposos los priístas, como tantas veces a lo largo de los últimos tres años se hartó de alertarnos el munícipe blanquiazul?! Ahora resulta que el dinero los uniforma. En su afán de explicar lo inexplicable, Terrazas admitió que el bono es por el término de su gestión.
Metido de lleno en la confusión de explicar, el regidor priísta, Fermín Ordóñez, también aportó a la picaresca local. Dijo que “El bono de actuación se da cada tres años”. Ahora sí no entendí ¿Po’s no que era para enfrentar la “responsabilidad civil”? Resulta que no es así, sino que los evaluaron por su actuación y, lógicamente, como cumplieron bien con su encomienda, a todos se les entregó su bono, como todos “sacaron” diez… (El Heraldo de Chihuahua, 11/8/10).
Y como siempre pasa, al intentar dar explicaciones falsas, se revelan más aspectos que debieron mantener secretos. Ordóñez nos revela que hay un fondo, que se les descuenta de su salario quincenalmente “que cumple hasta con el 50 por ciento del monto entregado en este bono de actuación”.
¿No nos irán a sorprender con una de las innovaciones creadas por los gobernantes panistas, el de que el gobierno les entrega un peso, por cada peso ahorrado por el funcionario, que en la práctica se constituye en un bono de retiro?
La síndica alegó haber devuelto la segunda mitad de su bono y que el primer cheque aún se encuentra en la Tesorería. Pero calladita durante más de siete meses, sólo hasta que la información se convirtió en escándalo argumentó, no sin dejar asentado que el bono “no contraviene a la ley de responsabilidades de funcionarios públicos”, y que “hay ahora una controversia en la opinión pública tomé la decisión de reintegrar el monto total”. O sea, si no ha habido controversia…
En su descargo, algunos funcionarios afirmaron no haberlo recibido, entre ellos estaban (por lo menos en estas dos partidas, que no incluyen los bonos de los años anteriores) Carlos Borruel, el regidor priísta Ricardo Boone Salmón y las panistas Teresita Fuentes Vélez y Angelina Peressini.
Es de tal tamaño la falta de estos funcionarios, que Sérbulo Lerma, el auditor superior del Estado ya les saltó a la yugular: “Se trata de un cochinito que se autoaprobaron, mismo que serviría para que los que hoy son funcionarios municipales, puedan pagar un abogado o enfrentar un proceso jurídico cuando dejen de serlo y en caso de necesitarlo; entonces yo me pregunto, ¿qué no es responsabilidad de los funcionarios actuar legalmente?”
Y es que luego se les olvidan los antecedentes a nuestros políticos (o quisieran que no se los recordáramos).
La prohibición legal para repartirse recursos públicos por el término de su gestión se originó a raíz del escándalo desatado por el gobierno del panista -¡Qué casualidad que siempre tengan ese origen! ¿Por qué será?- Francisco Barrio, pues a unas semanas de entregarle las riendas al priísta Patricio Martínez en 1998, los funcionarios estatales de primer nivel se repartieron más de 17 millones de pesos como bono de retiro. Para que “enfrentaran” el desempleo los pobrecitos, fueron los argumentos vertidos en su defensa.
No bien terminaba de lanzarles una terrible amenaza –les voy a destapar el “mugrero” que dejaron, les dijo-, Patricio envió una iniciativa de ley al Congreso, la cual fue aprobada de inmediato, mediante la cual, en adelante, estaría prohibido el otorgamiento de bonos por el término de la gestión pública.
Ahora sabemos, gracias al trabajo del diputado del PRD, Víctor Quintana, que la repartición de ese bono entre los funcionarios municipales significó la erogación de más de 20 millones de pesos y que recibió la denominación de “Bono de Actuación”. ¡Ay nomás!
¿Po’s no que era para enfrentar las contingencias legales de su actuación? ¿Y si nadie los demandaba por pifias cometidas? ¿Regresarían el dinero? ¡Híjole!
Tal prebenda la denominaron “Bono de Productividad y Eficiencia” y que ya, viendo el final de la administración creció, en este año, “un 166% en comparación con el 2009, al ir de 7 millones 449 mil 886 pesos a 19 millones 802 mil 949 pesos”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 13/8/10)
Según las primeras investigaciones periodísticas, el bono se le había entregado a 37 funcionarios municipales, en dos partidas, una en diciembre y la otra en abril e incluía tanto a Carlos Borruel como a su suplente, Alvaro Madero, a los directores de la administración municipal, a la síndica Liliana Alvarez y a la totalidad de los regidores.
El monto, de ese primer reporte, ascendía a más de 5 millones de pesos, pero conforme pasaron los días, los montos se incrementaron, fruto de que la lista de beneficiarios aumentó hasta abarcar a funcionarios del segundo nivel y que se habían otorgado durante los dos años anteriores.
De todo hay en esa lista, ex diputados, ex presidentes municipales, candidatos a diputados locales en la última elección, hermanos, hijos y sobrinos de destacados panistas…
La crema y nata del panismo gobernante en la capital que, para servirse con la cuchara grande, les extendieron la manzana de la codicia a los regidores del PRI y Panal para hacer que la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones pareciera algo así como el convento de la Madre Teresa de Calcuta.
PD.- Para nuestros televidentes de la capital, es un placer informar que a partir del martes próximo (17 de agosto), ASERTO Tv se transmitirá de 8 a 9 de la noche, todos los martes en Canal 10 de Cablemás.
Luis Javier Valero Flores
Omertá: Código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas.Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de la mafia donde un testimonio o una de las personas incriminadas prefieren permanecer en silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables.En la cultura de la mafia, romper el juramento de omertà es castigable con la muerte:Wikipedia, la enciclopedia libre.
Pues sí que se hicieron bolas. Sabedores, los funcionarios y gobernantes del municipio de Chihuahua, de la ilegalidad de la recepción del bono entregado a fines de diciembre –una parte- y la otra en abril, de acuerdo con las primeras investigaciones periodísticas, publicadas a lo largo de la semana, han caído en una serie de contradicciones al momento de explicar el sustento legal de tan ilegal percepción.
Por sus declaraciones, podemos llegar a, quizá, enterarnos que los recursos entregados a los funcionarios no sean los únicos. Hasta ahora sabíamos de la existencia de los bonos de “productividad” o de “actuación” que se entregaron a los funcionarios municipales de primero y segundo niveles, en todas las administraciones de la capital chihuahuense, desde, por lo menos, 1995.
Se basaban en un artilugio. Los trabajadores del municipio tienen derecho a esa prebenda y es el Oficial Mayor el que evalúa su desempeño. De ahí se agarraron, todos los funcionarios municipales de los niveles señalados, incluidos los regidores y los síndicos reciben tal prerrogativa que es igual al total de sus ingresos ¿Quién los evalúa en su trabajo? ¿Ustedes creen que alguien lo hace y, de darse el caso, decirle a un funcionario que no mereció calificación aprobatoria en un mes determinado? ¿Dónde están las evaluaciones realizadas? ¿Las podrían publicar en la página de Transparencia?
La primera pregunta que recibió Carlos Borruel, en la primera conferencia de prensa, justamente inmediatamente después de recibir la constancia de mayoría como presidente municipal de Chihuahua a eso se refirió: “¿En su gobierno seguirán los bonos ‘de actuación” a los funcionarios de primer nivel?”. –De ninguna manera, los funcionarios del Gobierno Municipal sólo recibirán lo que la ley diga.
Pasaron casi tres años. Cual si fueran leales integrantes de una banda criminal supieron, panistas, priístas, panalistas, todos, del reparto de recursos del ayuntamiento capitalino. Al grito de que nadie sabrá de esto, ya juramentados, prestos, decidieron, la mayoría de ellos, incrementar sus cuentas bancarias. Descubiertos, todos se apresuraron a declarar que eran legales tales ingresos, que no se violó la ley, que… y empezaron las contradicciones.
La regidora priísta, Kenny Arroyo, presumió de no recoger, “todavía”, el suyo y que “en realidad es compensación, que les dan para cubrir los gastos de problemas que resulten al realizar su trabajo”. Es un portento su declaración –que luego fue reafirmada por un documento enviado a la prensa por la Oficialía Mayor del Municipio- pues arguyó que ese “bono lo agregan a su sueldo, con el fin de que lo usen los regidores, en caso de que tengan problemas sobre todo jurídicos, ya que firman muchos documentos, para su defensa legal”.
A su vez, el coordinador de los regidores panistas, Luis Terrazas, nos conminó a no preocuparnos pues dijo, era “como cualquier otra compensación” entregada a los empleados municipales.
Pero no sólo, luego dijo que si todavía había preocupación, que no la tuviéramos pues también este tipo de compensaciones se da en todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal y que en Gobierno del Estado “sí se les dará un bono de despedida”.
¡¿Po’s no que eran una bola de tramposos los priístas, como tantas veces a lo largo de los últimos tres años se hartó de alertarnos el munícipe blanquiazul?! Ahora resulta que el dinero los uniforma. En su afán de explicar lo inexplicable, Terrazas admitió que el bono es por el término de su gestión.
Metido de lleno en la confusión de explicar, el regidor priísta, Fermín Ordóñez, también aportó a la picaresca local. Dijo que “El bono de actuación se da cada tres años”. Ahora sí no entendí ¿Po’s no que era para enfrentar la “responsabilidad civil”? Resulta que no es así, sino que los evaluaron por su actuación y, lógicamente, como cumplieron bien con su encomienda, a todos se les entregó su bono, como todos “sacaron” diez… (El Heraldo de Chihuahua, 11/8/10).
Y como siempre pasa, al intentar dar explicaciones falsas, se revelan más aspectos que debieron mantener secretos. Ordóñez nos revela que hay un fondo, que se les descuenta de su salario quincenalmente “que cumple hasta con el 50 por ciento del monto entregado en este bono de actuación”.
¿No nos irán a sorprender con una de las innovaciones creadas por los gobernantes panistas, el de que el gobierno les entrega un peso, por cada peso ahorrado por el funcionario, que en la práctica se constituye en un bono de retiro?
La síndica alegó haber devuelto la segunda mitad de su bono y que el primer cheque aún se encuentra en la Tesorería. Pero calladita durante más de siete meses, sólo hasta que la información se convirtió en escándalo argumentó, no sin dejar asentado que el bono “no contraviene a la ley de responsabilidades de funcionarios públicos”, y que “hay ahora una controversia en la opinión pública tomé la decisión de reintegrar el monto total”. O sea, si no ha habido controversia…
En su descargo, algunos funcionarios afirmaron no haberlo recibido, entre ellos estaban (por lo menos en estas dos partidas, que no incluyen los bonos de los años anteriores) Carlos Borruel, el regidor priísta Ricardo Boone Salmón y las panistas Teresita Fuentes Vélez y Angelina Peressini.
Es de tal tamaño la falta de estos funcionarios, que Sérbulo Lerma, el auditor superior del Estado ya les saltó a la yugular: “Se trata de un cochinito que se autoaprobaron, mismo que serviría para que los que hoy son funcionarios municipales, puedan pagar un abogado o enfrentar un proceso jurídico cuando dejen de serlo y en caso de necesitarlo; entonces yo me pregunto, ¿qué no es responsabilidad de los funcionarios actuar legalmente?”
Y es que luego se les olvidan los antecedentes a nuestros políticos (o quisieran que no se los recordáramos).
La prohibición legal para repartirse recursos públicos por el término de su gestión se originó a raíz del escándalo desatado por el gobierno del panista -¡Qué casualidad que siempre tengan ese origen! ¿Por qué será?- Francisco Barrio, pues a unas semanas de entregarle las riendas al priísta Patricio Martínez en 1998, los funcionarios estatales de primer nivel se repartieron más de 17 millones de pesos como bono de retiro. Para que “enfrentaran” el desempleo los pobrecitos, fueron los argumentos vertidos en su defensa.
No bien terminaba de lanzarles una terrible amenaza –les voy a destapar el “mugrero” que dejaron, les dijo-, Patricio envió una iniciativa de ley al Congreso, la cual fue aprobada de inmediato, mediante la cual, en adelante, estaría prohibido el otorgamiento de bonos por el término de la gestión pública.
Ahora sabemos, gracias al trabajo del diputado del PRD, Víctor Quintana, que la repartición de ese bono entre los funcionarios municipales significó la erogación de más de 20 millones de pesos y que recibió la denominación de “Bono de Actuación”. ¡Ay nomás!
¿Po’s no que era para enfrentar las contingencias legales de su actuación? ¿Y si nadie los demandaba por pifias cometidas? ¿Regresarían el dinero? ¡Híjole!
Tal prebenda la denominaron “Bono de Productividad y Eficiencia” y que ya, viendo el final de la administración creció, en este año, “un 166% en comparación con el 2009, al ir de 7 millones 449 mil 886 pesos a 19 millones 802 mil 949 pesos”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 13/8/10)
Según las primeras investigaciones periodísticas, el bono se le había entregado a 37 funcionarios municipales, en dos partidas, una en diciembre y la otra en abril e incluía tanto a Carlos Borruel como a su suplente, Alvaro Madero, a los directores de la administración municipal, a la síndica Liliana Alvarez y a la totalidad de los regidores.
El monto, de ese primer reporte, ascendía a más de 5 millones de pesos, pero conforme pasaron los días, los montos se incrementaron, fruto de que la lista de beneficiarios aumentó hasta abarcar a funcionarios del segundo nivel y que se habían otorgado durante los dos años anteriores.
De todo hay en esa lista, ex diputados, ex presidentes municipales, candidatos a diputados locales en la última elección, hermanos, hijos y sobrinos de destacados panistas…
La crema y nata del panismo gobernante en la capital que, para servirse con la cuchara grande, les extendieron la manzana de la codicia a los regidores del PRI y Panal para hacer que la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones pareciera algo así como el convento de la Madre Teresa de Calcuta.
PD.- Para nuestros televidentes de la capital, es un placer informar que a partir del martes próximo (17 de agosto), ASERTO Tv se transmitirá de 8 a 9 de la noche, todos los martes en Canal 10 de Cablemás.
jueves, 12 de agosto de 2010
8 a 1, gana su guerra Calderón
El Diario, 12 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
En el colmo de la errática manera de responder a las críticas hacia su “guerra”, Felipe Calderón todos los días ofrece un nuevo episodio de los tumbos que da su gobierno en el combate al narcotráfico.
Presa de los titulares de la prensa, un día propone abrir el debate sobre la legalización del comercio (ojo, es sobre esta materia la discusión, no sobre el consumo) de la mariguana, y al otro dice no oponerse a ese debate pero sí a la legalización de tal aspecto. Luego, sin los dirigentes de los partidos políticos, les reclama haberlo dejado “solo”, se erige en el adalid del combate al crimen, critica la insensibilidad de los partidos para el problema más grave de seguridad pública en la historia nacional y al día siguiente, ya con los dirigentes partidarios presentes, los llama a la creación de un pacto para corregir la estrategia de seguridad pública.
Y casi de inmediato, como si no formara parte del problema, los conmina a “asumir compromisos porque el país no podrá revertir la escalada de violencia si persisten la descoordinación y las acusaciones mutuas por razones electorales”, cuando las campañas electorales recién terminadas fueron un compendio de la abusiva intervención de Calderón en ellos.
¡Cuánto descaro!
Pero no es lo único lamentable de las expresiones de Calderón, emitidas el martes en el curso de los denominados diálogos promovidos por la Presidencia de la República acerca de la inseguridad nacional.
Con la misma frivolidad con la que Vicente Fox deploró la fuga de El Chapo Guzmán y el atentado en contra del gobernador chihuahuense, Patricio Martínez, –nos metieron dos goles, dijo–, Calderón afirmó con la mayor desfachatez del mundo que a pesar de la percepción generalizada la guerra “la vamos ganando” y que en los enfrentamientos el saldo es de “8 a 1”.
Como si alguien le reputara como un error combatir al crimen organizado, llamó a que quien defendiera ese punto de vista lo dijera abiertamente pues él sí la combate. ¡N’ombre si hasta la duda ofende!
Pero lo imperdonable de las expresiones de Calderón son las referidas a las muertes ocurridas en el país y su comparación con un marcador deportivo.
Y el hombre que llama al debate, ante el clamor nacional, adolorido por tanta sangre, nos viene a decir que el aumento de la violencia “no es el indicador más adecuado para valorar si la estrategia avanza o retrocede o de que la guerra o la batalla se gana o se pierde”, pues esto, poca cosa, sólo, es el reflejo del nivel de la disputa de los grupos criminales.
¡Híjole! ¡¿Qué decir?!
A las numerosas expresiones ciudadanas publicadas el miércoles por el Diario, en las que muestran su decepción, ira o asombro, catalogadas por el titular del ejemplar de ese día –Miente Calderón– habría de sumárseles las derivadas de las cifras, tan alegremente expuestas por quien ocupa Los Pinos, acerca de la tasa de homicidios, derivada de las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, y ufanándose de que nos encontramos mejor que Colombia pues allá, dijo, hay 38 homicidios por cada 100 mil habitantes y en “México ese indicador se ubica en 13”.
Pero tal afirmación no tiene sustento alguno. Si se tomaran en cuenta, solamente, las ejecuciones en el año 2009, alrededor de 10 mil en todo el país, querría decir que, tan sólo por este rubro, sin tomar en cuenta el resto de homicidios, la tasa de ejecuciones por cada 100 mil habitantes sería de 9.5.
Pero tales estadísticas no tienen nada que ver con las presentadas el año pasado en Juárez en donde esa tasa se eleva a alrededor de ¡200!
Y si no tienen relación con las cifras de la urbe chihuahuense, menos la tienen con la zozobra, el temor, el terror y el dolor de las decenas de miles de víctimas, directas, indirectas, ajenas o propias que son presas de la enorme incapacidad gubernamental.
¡Ah, es que son “daños colaterales” de la guerra!
Dan ganas de decir lo que dijera Alejandro Martí: ¡Renuncia Calderón!
Quizá fuera lo mejor y dar lugar a un verdadero nuevo pacto nacional.
A lo mejor…
Luis Javier Valero Flores
En el colmo de la errática manera de responder a las críticas hacia su “guerra”, Felipe Calderón todos los días ofrece un nuevo episodio de los tumbos que da su gobierno en el combate al narcotráfico.
Presa de los titulares de la prensa, un día propone abrir el debate sobre la legalización del comercio (ojo, es sobre esta materia la discusión, no sobre el consumo) de la mariguana, y al otro dice no oponerse a ese debate pero sí a la legalización de tal aspecto. Luego, sin los dirigentes de los partidos políticos, les reclama haberlo dejado “solo”, se erige en el adalid del combate al crimen, critica la insensibilidad de los partidos para el problema más grave de seguridad pública en la historia nacional y al día siguiente, ya con los dirigentes partidarios presentes, los llama a la creación de un pacto para corregir la estrategia de seguridad pública.
Y casi de inmediato, como si no formara parte del problema, los conmina a “asumir compromisos porque el país no podrá revertir la escalada de violencia si persisten la descoordinación y las acusaciones mutuas por razones electorales”, cuando las campañas electorales recién terminadas fueron un compendio de la abusiva intervención de Calderón en ellos.
¡Cuánto descaro!
Pero no es lo único lamentable de las expresiones de Calderón, emitidas el martes en el curso de los denominados diálogos promovidos por la Presidencia de la República acerca de la inseguridad nacional.
Con la misma frivolidad con la que Vicente Fox deploró la fuga de El Chapo Guzmán y el atentado en contra del gobernador chihuahuense, Patricio Martínez, –nos metieron dos goles, dijo–, Calderón afirmó con la mayor desfachatez del mundo que a pesar de la percepción generalizada la guerra “la vamos ganando” y que en los enfrentamientos el saldo es de “8 a 1”.
Como si alguien le reputara como un error combatir al crimen organizado, llamó a que quien defendiera ese punto de vista lo dijera abiertamente pues él sí la combate. ¡N’ombre si hasta la duda ofende!
Pero lo imperdonable de las expresiones de Calderón son las referidas a las muertes ocurridas en el país y su comparación con un marcador deportivo.
Y el hombre que llama al debate, ante el clamor nacional, adolorido por tanta sangre, nos viene a decir que el aumento de la violencia “no es el indicador más adecuado para valorar si la estrategia avanza o retrocede o de que la guerra o la batalla se gana o se pierde”, pues esto, poca cosa, sólo, es el reflejo del nivel de la disputa de los grupos criminales.
¡Híjole! ¡¿Qué decir?!
A las numerosas expresiones ciudadanas publicadas el miércoles por el Diario, en las que muestran su decepción, ira o asombro, catalogadas por el titular del ejemplar de ese día –Miente Calderón– habría de sumárseles las derivadas de las cifras, tan alegremente expuestas por quien ocupa Los Pinos, acerca de la tasa de homicidios, derivada de las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, y ufanándose de que nos encontramos mejor que Colombia pues allá, dijo, hay 38 homicidios por cada 100 mil habitantes y en “México ese indicador se ubica en 13”.
Pero tal afirmación no tiene sustento alguno. Si se tomaran en cuenta, solamente, las ejecuciones en el año 2009, alrededor de 10 mil en todo el país, querría decir que, tan sólo por este rubro, sin tomar en cuenta el resto de homicidios, la tasa de ejecuciones por cada 100 mil habitantes sería de 9.5.
Pero tales estadísticas no tienen nada que ver con las presentadas el año pasado en Juárez en donde esa tasa se eleva a alrededor de ¡200!
Y si no tienen relación con las cifras de la urbe chihuahuense, menos la tienen con la zozobra, el temor, el terror y el dolor de las decenas de miles de víctimas, directas, indirectas, ajenas o propias que son presas de la enorme incapacidad gubernamental.
¡Ah, es que son “daños colaterales” de la guerra!
Dan ganas de decir lo que dijera Alejandro Martí: ¡Renuncia Calderón!
Quizá fuera lo mejor y dar lugar a un verdadero nuevo pacto nacional.
A lo mejor…
martes, 10 de agosto de 2010
Desechos
El Diario, 10 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
El amotinamiento de alrededor de 400 integrantes de la Policía Federal (PF), y los sucesos posteriores, es altamente ilustrativo de la situación que prevalece al interior de todos los agrupamientos policiales. La crisis de seguridad pública, que creímos había llegado al fondo, ha mostrado severos indicios de profundizarse y cuando esperábamos que la situación mejorase, ahora estamos seguros que seguramente empeorará.
Nada tan representativo como la frase de uno de los comandantes detenidos por los federales sublevados. Echa por tierra toda la palabrería acerca de la escrupulosa preparación y de la selección del personal que tiene sobre sus espaldas la “guerra” de Calderón en Juárez. El comandante Ricardo Duque Chávez dijo de quienes lo señalaron de una altísima corrupción: “Son gente que no vale la pena tener en las filas, no saben de lealtad, de disciplina, son rebeldes”.
Pero resulta que los agentes amotinados lo acusaron de ser el autor de gravísimos delitos, además de “sembrarle” droga a uno de los elementos y de enriquecerse ilegalmente. Como prueba señalaron que tiene en propiedad un lujosísimo vehículo.
Y la PF, en lugar de explicarle al país la situación, tan solo se limitó a dar a conocer que habían sido relevados los comandantes señalados por los agentes y que iniciarían las investigaciones correspondientes.
Las afirmaciones de Duque Chávez son escalofriantes. Dio a conocer que, por la premura, la PF reclutó a elementos que habían sido despedidos en otros agrupamientos, incluida “la Procuraduría General de la República”. (Nota de Luz Sosa, El Diario, 8/8/10).
No menos impresionantes son las acusaciones de los agentes federales, quienes exigieron la destitución y consignación de los jefes Salomón Alarcón Olvera, Joel Ortega y Ricardo Duque a los cuales, dicen, les encontraron cocaína, mariguana y armas “que utilizan para cargar a víctimas inocentes”, además de símbolos de vudú, magia negra y brujería (Nota de La Jornada, 9/8/10).
Tales hechos se desarrollaban en tanto grupos criminales asesinaban a un elemento de la PF y sus restos los desperdigaban en Juárez. También, casi simultáneamente, por lo menos se daba cuenta de tres ataques a elementos de ese agrupamiento y el lunes otros agentes eran victimados en esa ciudad.
Después de todo esto ¿Qué sigue?
¿Tendrán razón quienes afirman que en nuestro país se está siguiendo una ruta semejante a la seguida por Colombia, cuando logró desmantelar a los muy poderosos cárteles existentes hasta hace unos años allá?
¿Acaso no estamos asistiendo a un escalamiento brutal, no sólo de la violencia, sino de la infiltración en múltiples esferas del poder público? Tanta, que en la práctica no queda agrupamiento policial alguno digno de la confianza ciudadana.
Y si tal desconfianza existe, y empieza a extenderse a otras esferas de la administración pública, llegaremos, un día, y no muy lejano, en el que la percepción ciudadana aseverará que todas las estructuras gubernamentales –en mayor o menor medida– forman parte de los grupos criminales.
Hoy mismo, ante las informaciones vertidas por quienes protagonizaron el zafarrancho de la PF, nos queda la certidumbre que en ese agrupamiento policial la corrupción hace rato asentó sus reales y que, por tanto, no es ya útil para el desempeño de la tarea encomendada. Vamos, es de tal magnitud el descrédito que abarca hasta a su jefe principal, Genaro García Luna, a quien se le acusa de no pocos incidentes, por decir lo menos, sospechosos, en relación a supuestos encuentros con algunos de los jefes de los cárteles.
Si lo sucedido el fin de semana en Juárez y las acusaciones, tanto de los agentes amotinados, como las declaraciones del comandante Duque, son ciertas, pocas esperanzas debemos abrigar que la situación mejorará.
Y eso que vamos ganando la guerra.
Luis Javier Valero Flores
El amotinamiento de alrededor de 400 integrantes de la Policía Federal (PF), y los sucesos posteriores, es altamente ilustrativo de la situación que prevalece al interior de todos los agrupamientos policiales. La crisis de seguridad pública, que creímos había llegado al fondo, ha mostrado severos indicios de profundizarse y cuando esperábamos que la situación mejorase, ahora estamos seguros que seguramente empeorará.
Nada tan representativo como la frase de uno de los comandantes detenidos por los federales sublevados. Echa por tierra toda la palabrería acerca de la escrupulosa preparación y de la selección del personal que tiene sobre sus espaldas la “guerra” de Calderón en Juárez. El comandante Ricardo Duque Chávez dijo de quienes lo señalaron de una altísima corrupción: “Son gente que no vale la pena tener en las filas, no saben de lealtad, de disciplina, son rebeldes”.
Pero resulta que los agentes amotinados lo acusaron de ser el autor de gravísimos delitos, además de “sembrarle” droga a uno de los elementos y de enriquecerse ilegalmente. Como prueba señalaron que tiene en propiedad un lujosísimo vehículo.
Y la PF, en lugar de explicarle al país la situación, tan solo se limitó a dar a conocer que habían sido relevados los comandantes señalados por los agentes y que iniciarían las investigaciones correspondientes.
Las afirmaciones de Duque Chávez son escalofriantes. Dio a conocer que, por la premura, la PF reclutó a elementos que habían sido despedidos en otros agrupamientos, incluida “la Procuraduría General de la República”. (Nota de Luz Sosa, El Diario, 8/8/10).
No menos impresionantes son las acusaciones de los agentes federales, quienes exigieron la destitución y consignación de los jefes Salomón Alarcón Olvera, Joel Ortega y Ricardo Duque a los cuales, dicen, les encontraron cocaína, mariguana y armas “que utilizan para cargar a víctimas inocentes”, además de símbolos de vudú, magia negra y brujería (Nota de La Jornada, 9/8/10).
Tales hechos se desarrollaban en tanto grupos criminales asesinaban a un elemento de la PF y sus restos los desperdigaban en Juárez. También, casi simultáneamente, por lo menos se daba cuenta de tres ataques a elementos de ese agrupamiento y el lunes otros agentes eran victimados en esa ciudad.
Después de todo esto ¿Qué sigue?
¿Tendrán razón quienes afirman que en nuestro país se está siguiendo una ruta semejante a la seguida por Colombia, cuando logró desmantelar a los muy poderosos cárteles existentes hasta hace unos años allá?
¿Acaso no estamos asistiendo a un escalamiento brutal, no sólo de la violencia, sino de la infiltración en múltiples esferas del poder público? Tanta, que en la práctica no queda agrupamiento policial alguno digno de la confianza ciudadana.
Y si tal desconfianza existe, y empieza a extenderse a otras esferas de la administración pública, llegaremos, un día, y no muy lejano, en el que la percepción ciudadana aseverará que todas las estructuras gubernamentales –en mayor o menor medida– forman parte de los grupos criminales.
Hoy mismo, ante las informaciones vertidas por quienes protagonizaron el zafarrancho de la PF, nos queda la certidumbre que en ese agrupamiento policial la corrupción hace rato asentó sus reales y que, por tanto, no es ya útil para el desempeño de la tarea encomendada. Vamos, es de tal magnitud el descrédito que abarca hasta a su jefe principal, Genaro García Luna, a quien se le acusa de no pocos incidentes, por decir lo menos, sospechosos, en relación a supuestos encuentros con algunos de los jefes de los cárteles.
Si lo sucedido el fin de semana en Juárez y las acusaciones, tanto de los agentes amotinados, como las declaraciones del comandante Duque, son ciertas, pocas esperanzas debemos abrigar que la situación mejorará.
Y eso que vamos ganando la guerra.
domingo, 8 de agosto de 2010
Visceralidad política
El Diario, 8 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
Ni por dónde empezar. Por un lado, Felipe Calderón empeñado en poner los burros atrás de la carreta. Casi cuatro años después de la absurda “guerra” contra el narcotráfico, lanzada en pro de su legitimación, ahora nos sale que él no está de acuerdo en la medida, pero sí en la de abrir el debate sobre la legalización de la mariguana.
Veintiocho mil mexicanos muertos después, y apenas se atreve a proponer medidas que podrían detener la ola de violencia. Ahora, más de medio país se debate en la vorágine de ejecuciones sin freno y sin fin; la ola delincuencial, como nunca, abatida sobre nosotros y ha puesto en una crisis tal a la procuración de justicia que empiezan a asomarse por doquier los casos de justicia por propia mano.
Pero si ese es un tema de la mayor importancia, otro de los que no podemos soslayar es la intensa reyerta sostenida al interior del PAN.
Destacan, por el peso de quienes las expresaron, las de Cruz Pérez Cuéllar, cuando dijo que ya dejarían de preocuparse del tema del relleno sanitario cuando Juan Blanco se tomó la foto con el candidato priista, César Duarte. Luego, las de quienes fueron a exigirle la renuncia a Pérez Cuéllar y la respuesta de la dirigencia estatal expulsando a Blanco y a César Reyes Roel.
Y si el diputado Javier Corral pidió la renuncia no solamente de Pérez Cuéllar sino de toda la dirigencia estatal, las declaraciones del ex candidato Carlos Borruel parecen como sacada de los anales de la Santa Inquisición, cuando propone “analizarse la responsabilidad de los candidatos, del Comité Directivo Estatal, de los comités directivos municipales, de los militantes mismos; quienes fueron a votar y quienes no; de los que fueron a votar, se tiene que ver quienes no votaron por el PAN”.
Es decir, indagar, así se entiende, ¡¡¡¡Quienes sí votaron, quienes no votaron, y esos que votaron a ver por quien lo hicieron”!!!!
Y eso que dice no tener responsabilidad alguna en la expulsión iniciada a Juan Blanco y César Reyes Roel. Puede no tenerla, pero la concepción es la misma. Ahora bien, importa detenerse en este asunto. El ex diputado federal, Reyes Roel, sí expuso públicamente su postura a favor de la candidatura de César Duarte. No es el caso de Juan Blanco, sí lo fue implícitamente pues nadie se traga el cuento de que su encuentro con César Duarte fue casual. Y que por casualidad los reporteros, sobre todo los fotógrafos, fueran avisados que habría un encuentro, alrededor de un café en céntrico restaurant de la capital chihuahuense, entre estos dos personajes de la vida política local, a unas cuantas horas de los comicios.
Otra sería la situación del ex candidato a la gubernatura, Pablo Cuarón, quien se apersonó en un evento de empresarios al cual acudió el candidato priista.
Lo cierto es que, efectivamente, Cuarón y Blanco, por las razones que fueren, decidieron aparecer públicamente al lado de Duarte y con ello, implícitamente, darle su apoyo, o enviar el mensaje a los electores de no tener reparos en tal candidatura pues no hicieron lo mismo con el candidato de su partido. Solo hasta que el escándalo adquirió una connotación mayor, Cuarón expresó su apoyo a Borruel.
Pero uno de los objetivos planteados por el ex candidato Borruel –el de ver quienes votaron, y por quién- sí que va a estar en chino. Además de las implicaciones legales –la secrecía del voto- les va brotar en la cara el número de personas que cayeron en tal situación pues Duarte obtuvo en Chihuahua 49,272 más votos que Borruel -164 mil 752 por 115,480-, pero Borruel sacó más votos que Antonio López, el candidato a la alcaldía (López alcanzó 106 mil 894)
¿Dónde están los votos perdidos por Antonio López? Increíblemente, y será un buen dato para los investigadores panistas, la candidata del PT, América Aguilar, obtuvo 5,265 votos. Así que muchos de los que votaron por Borruel no lo hicieron por López y decidieron hacerlo por la petista. Como sea, el PAN, como partido, ganó la alcaldía con una diferencia de 380 votos tres años atrás y ahora la pierde por más de ¡¡57 mil votos!! pues Marco Adán Quezada obtuvo 164 mil 341.
Dura faena tienen los inquisidores del PAN, deberán buscar a más de medio centenar de miles de ciudadanos e interrogarlos a ver si votaron por los candidatos del PRI. De ese tamaño es lo absurdo de tal planteamiento en lugar de voltear críticamente hacia atrás y ubicar, además de los defectos generales de la clase política, los defectos propios, como organización política en lo general, y como gobernantes en lo particular.
Porque, además, los hallazgos de la elección en la capital del estado se repiten en la de Juárez, si bien la diferencia es menor entre las votaciones obtenidas por los candidatos del PRI y los del PAN.
En ambas ciudades obtiene Duarte votaciones semejantes (164,752 en Chihuahua, por 166,530 en Juárez) y los candidatos a las alcaldías también (164,341 de Quezada, por 162,146 de Héctor Murguía); pero los candidatos del PAN padecen el mismo fenómeno, Borruel obtiene votaciones más altas que los candidatos a las alcaldías (115,480 en Chihuahua y 127,809 en Juárez) en tanto que sus compañeros obtienen menos votos (López 106,894 en Chihuahua y César Jáuregui 118,287 en Juárez).
Por otra parte, contra la extendida noción que Juárez se había convertido en el granero de votos para el PRI, ahora resulta que es la capital del estado la que empieza a gozar de tal categoría pues con una población menor en un 50% a la de Juárez, en la práctica, obtiene la misma cantidad de votos, igual había sucedido en las pasadas elecciones federales.
Pero si las frases son desafortunadas, las acciones emprendidas por la dirigencia blanquiazul lo son más, probablemente tenga razón en aplicarle las sanciones estatutarias a Blanco y a Reyes Roel, pero en lugar de dar pie a una reflexión, seria, profunda sobre las verdaderas razones de la derrota dejan salir los razonamientos que la visceralidad política les permite.
No bien terminaban los cómputos y ya un grupo de panistas se aprontaron a las oficinas partidarias a exigir la destitución de Pérez Cuéllar. Si así fuera, tendrían que pedir la renuncia de Calderón para abajo, incluida Margarita Zavala, pues ambos personajes son los principales responsables de la dirigencia nacional de su partido, que sufrió una severa derrota nacional en las elecciones del “súper domingo” del 4 de julio pues perdieron casi todo, incluidos sus bastiones de Baja California, Aguascalientes, Chihuahua (municipio), y esa derrota ni siquiera la palian los triunfos de las coaliciones que originaron en Sinaloa, Puebla y Oaxaca pues en esas entidades no va a gobernar el panismo.
Y si la derrota es en todo el territorio nacional, y no lo captan, algo les falla en el análisis pues apenas en mayo habían perdido otra de las joyas de la corona blanquiazul –Mérida-, lo que les debería confirmar que las razones de los resultados electorales tienen un origen más general, por encima, incluso, de los liderazgos regionales o estatales, sus yerros y aciertos los cuales, por supuesto, también cuentan pero que probablemente sean conducta generalizada en su partido pues, como lo dice Borruel, “Antes entrábamos al PAN a ver qué dábamos y ahora, de repente, lo que nos motiva es a ver qué nos toca”. (Nota de Silvia Macías, El Diario, 5/VIII/10).
Esa misma forma de analizar las cosas, y por ahí deberían empezar a hacerlo, es como lo hacen con el tema de seguridad pública. Todos estos años se la pasaron despotricando contra el gobierno estatal, debido a la inefectividad, a la “complicidad por acción o por omisión”, como llegó a plantear en el extremo la senadora Teresa Ortuño, de Reyes Baeza y la procuradora Patricia González, sin parar mientes en que la ola de violencia abarca a todo el país y que los señalamientos a Calderón a la errática forma de encarar el problema procedían de todos los ámbitos del México de nuestros días y conforme pasaban los días y la espiral de violencia abarcaba a más sectores de la población crecía la percepción de que el principal responsable de la misma ocupaba la silla principal el Palacio nacional.
Pero su dinámica propia, enfrentados a la inmediatez de la siguiente disputa por las distintas posiciones, los lleva a plantearse sólo los aspectos más superficiales de su crisis, que es la del sistema político, al que juraron renovar, cambiar.
Hoy son parte estructural de él.
El país entero lo sufre. Esa es la discusión que deberían estar escenificando.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Ni por dónde empezar. Por un lado, Felipe Calderón empeñado en poner los burros atrás de la carreta. Casi cuatro años después de la absurda “guerra” contra el narcotráfico, lanzada en pro de su legitimación, ahora nos sale que él no está de acuerdo en la medida, pero sí en la de abrir el debate sobre la legalización de la mariguana.
Veintiocho mil mexicanos muertos después, y apenas se atreve a proponer medidas que podrían detener la ola de violencia. Ahora, más de medio país se debate en la vorágine de ejecuciones sin freno y sin fin; la ola delincuencial, como nunca, abatida sobre nosotros y ha puesto en una crisis tal a la procuración de justicia que empiezan a asomarse por doquier los casos de justicia por propia mano.
Pero si ese es un tema de la mayor importancia, otro de los que no podemos soslayar es la intensa reyerta sostenida al interior del PAN.
Destacan, por el peso de quienes las expresaron, las de Cruz Pérez Cuéllar, cuando dijo que ya dejarían de preocuparse del tema del relleno sanitario cuando Juan Blanco se tomó la foto con el candidato priista, César Duarte. Luego, las de quienes fueron a exigirle la renuncia a Pérez Cuéllar y la respuesta de la dirigencia estatal expulsando a Blanco y a César Reyes Roel.
Y si el diputado Javier Corral pidió la renuncia no solamente de Pérez Cuéllar sino de toda la dirigencia estatal, las declaraciones del ex candidato Carlos Borruel parecen como sacada de los anales de la Santa Inquisición, cuando propone “analizarse la responsabilidad de los candidatos, del Comité Directivo Estatal, de los comités directivos municipales, de los militantes mismos; quienes fueron a votar y quienes no; de los que fueron a votar, se tiene que ver quienes no votaron por el PAN”.
Es decir, indagar, así se entiende, ¡¡¡¡Quienes sí votaron, quienes no votaron, y esos que votaron a ver por quien lo hicieron”!!!!
Y eso que dice no tener responsabilidad alguna en la expulsión iniciada a Juan Blanco y César Reyes Roel. Puede no tenerla, pero la concepción es la misma. Ahora bien, importa detenerse en este asunto. El ex diputado federal, Reyes Roel, sí expuso públicamente su postura a favor de la candidatura de César Duarte. No es el caso de Juan Blanco, sí lo fue implícitamente pues nadie se traga el cuento de que su encuentro con César Duarte fue casual. Y que por casualidad los reporteros, sobre todo los fotógrafos, fueran avisados que habría un encuentro, alrededor de un café en céntrico restaurant de la capital chihuahuense, entre estos dos personajes de la vida política local, a unas cuantas horas de los comicios.
Otra sería la situación del ex candidato a la gubernatura, Pablo Cuarón, quien se apersonó en un evento de empresarios al cual acudió el candidato priista.
Lo cierto es que, efectivamente, Cuarón y Blanco, por las razones que fueren, decidieron aparecer públicamente al lado de Duarte y con ello, implícitamente, darle su apoyo, o enviar el mensaje a los electores de no tener reparos en tal candidatura pues no hicieron lo mismo con el candidato de su partido. Solo hasta que el escándalo adquirió una connotación mayor, Cuarón expresó su apoyo a Borruel.
Pero uno de los objetivos planteados por el ex candidato Borruel –el de ver quienes votaron, y por quién- sí que va a estar en chino. Además de las implicaciones legales –la secrecía del voto- les va brotar en la cara el número de personas que cayeron en tal situación pues Duarte obtuvo en Chihuahua 49,272 más votos que Borruel -164 mil 752 por 115,480-, pero Borruel sacó más votos que Antonio López, el candidato a la alcaldía (López alcanzó 106 mil 894)
¿Dónde están los votos perdidos por Antonio López? Increíblemente, y será un buen dato para los investigadores panistas, la candidata del PT, América Aguilar, obtuvo 5,265 votos. Así que muchos de los que votaron por Borruel no lo hicieron por López y decidieron hacerlo por la petista. Como sea, el PAN, como partido, ganó la alcaldía con una diferencia de 380 votos tres años atrás y ahora la pierde por más de ¡¡57 mil votos!! pues Marco Adán Quezada obtuvo 164 mil 341.
Dura faena tienen los inquisidores del PAN, deberán buscar a más de medio centenar de miles de ciudadanos e interrogarlos a ver si votaron por los candidatos del PRI. De ese tamaño es lo absurdo de tal planteamiento en lugar de voltear críticamente hacia atrás y ubicar, además de los defectos generales de la clase política, los defectos propios, como organización política en lo general, y como gobernantes en lo particular.
Porque, además, los hallazgos de la elección en la capital del estado se repiten en la de Juárez, si bien la diferencia es menor entre las votaciones obtenidas por los candidatos del PRI y los del PAN.
En ambas ciudades obtiene Duarte votaciones semejantes (164,752 en Chihuahua, por 166,530 en Juárez) y los candidatos a las alcaldías también (164,341 de Quezada, por 162,146 de Héctor Murguía); pero los candidatos del PAN padecen el mismo fenómeno, Borruel obtiene votaciones más altas que los candidatos a las alcaldías (115,480 en Chihuahua y 127,809 en Juárez) en tanto que sus compañeros obtienen menos votos (López 106,894 en Chihuahua y César Jáuregui 118,287 en Juárez).
Por otra parte, contra la extendida noción que Juárez se había convertido en el granero de votos para el PRI, ahora resulta que es la capital del estado la que empieza a gozar de tal categoría pues con una población menor en un 50% a la de Juárez, en la práctica, obtiene la misma cantidad de votos, igual había sucedido en las pasadas elecciones federales.
Pero si las frases son desafortunadas, las acciones emprendidas por la dirigencia blanquiazul lo son más, probablemente tenga razón en aplicarle las sanciones estatutarias a Blanco y a Reyes Roel, pero en lugar de dar pie a una reflexión, seria, profunda sobre las verdaderas razones de la derrota dejan salir los razonamientos que la visceralidad política les permite.
No bien terminaban los cómputos y ya un grupo de panistas se aprontaron a las oficinas partidarias a exigir la destitución de Pérez Cuéllar. Si así fuera, tendrían que pedir la renuncia de Calderón para abajo, incluida Margarita Zavala, pues ambos personajes son los principales responsables de la dirigencia nacional de su partido, que sufrió una severa derrota nacional en las elecciones del “súper domingo” del 4 de julio pues perdieron casi todo, incluidos sus bastiones de Baja California, Aguascalientes, Chihuahua (municipio), y esa derrota ni siquiera la palian los triunfos de las coaliciones que originaron en Sinaloa, Puebla y Oaxaca pues en esas entidades no va a gobernar el panismo.
Y si la derrota es en todo el territorio nacional, y no lo captan, algo les falla en el análisis pues apenas en mayo habían perdido otra de las joyas de la corona blanquiazul –Mérida-, lo que les debería confirmar que las razones de los resultados electorales tienen un origen más general, por encima, incluso, de los liderazgos regionales o estatales, sus yerros y aciertos los cuales, por supuesto, también cuentan pero que probablemente sean conducta generalizada en su partido pues, como lo dice Borruel, “Antes entrábamos al PAN a ver qué dábamos y ahora, de repente, lo que nos motiva es a ver qué nos toca”. (Nota de Silvia Macías, El Diario, 5/VIII/10).
Esa misma forma de analizar las cosas, y por ahí deberían empezar a hacerlo, es como lo hacen con el tema de seguridad pública. Todos estos años se la pasaron despotricando contra el gobierno estatal, debido a la inefectividad, a la “complicidad por acción o por omisión”, como llegó a plantear en el extremo la senadora Teresa Ortuño, de Reyes Baeza y la procuradora Patricia González, sin parar mientes en que la ola de violencia abarca a todo el país y que los señalamientos a Calderón a la errática forma de encarar el problema procedían de todos los ámbitos del México de nuestros días y conforme pasaban los días y la espiral de violencia abarcaba a más sectores de la población crecía la percepción de que el principal responsable de la misma ocupaba la silla principal el Palacio nacional.
Pero su dinámica propia, enfrentados a la inmediatez de la siguiente disputa por las distintas posiciones, los lleva a plantearse sólo los aspectos más superficiales de su crisis, que es la del sistema político, al que juraron renovar, cambiar.
Hoy son parte estructural de él.
El país entero lo sufre. Esa es la discusión que deberían estar escenificando.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
viernes, 6 de agosto de 2010
Cacería de brujas blanquiazules
El Diario, 5 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
Pues sí que la crisis al interior del PAN chihuahuense es grave; lo que se han dicho en los últimos días los ha puesto, nuevamente, en el ojo del huracán. Si viviéramos los días tranquilos de cuando no teníamos el liderazgo nacional en crímenes relacionados con el narcotráfico, todo mundo estaría comentando lo sucedido en el principal partido de oposición en la entidad, y gobernante en el país.
Una vez derrotado como no lo había sufrido en los últimos veinte años (dice Javier Corral), el enfrentamiento entre dos de los principales agrupamientos internos, encabezados por Javier Corral, presidente de la muy importante Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y Cruz Pérez Cuéllar, líder estatal y quien ha hecho equipo, entre otros, con el ex candidato a la gubernatura, Carlos Borruel, los puede llevar a un agravamiento de la crisis, de repercusiones catastróficas frente a las ya inminentes elecciones presidenciales del 2012.
Es de tal magnitud que hasta un continuo aliado del dirigente estatal, el vice coordinador de los diputados locales, el ex alcalde parralense Miguel Jurado ha lamentado, también, que las medidas tomadas por la dirigencia estatal que sólo tenían el “interés de ser acciones disciplinarias, se estén convirtiendo en verdadera ‘cacería de brujas”.
Y como el grupo de Corral, acusó a los integrantes del grupo de Borruel de actuar con fines revanchistas. Y coincide en el señalamiento hacia el ex precandidato a la alcaldía capitalina, Carlos Reyes, como el autor de la propuesta de expulsar, al igual que como lo habían hecho con el ex alcalde Juan Blanco y el ex diputado federal, César Reyes Roel, al ex precandidato a la gubernatura, Pablo Cuarón.
Ante estos hechos, el grupo de Javier Corral, y él mismo, han hecho un deslinde, al tiempo que, dicen, no comparten “la idea de que sea compatible ostentarse como leal militante cando se apoya, abierta o simuladamente, al candidato de otro instituto político (para referirse a los casos de Juan Blanco y César Reyes, acusados de apoyar abiertamente al priista César Duarte). En todo caso, deberá ser la Comisión de Orden el órgano que se ocupe de escuchar su defensa e imponer, en su caso, las sanciones que estime convenientes”, expresan su solidaridad con Luis Villegas y Pablo Cuarón.
Corral es tajante, afirmó que “(Borruel) está viviendo la frustración que implica no lograr una meta, como el ser gobernador del estado… ante una diferencia tan clara, tan amplia, como la que yo mismo enfrenté en el 2004, lo único que uno tiene que hacer, por respeto a su propia dignidad, y a los demás, primero, aceptar la derrota; y luego, aceptar sus propios hierros, así como disponernos a corregir a enmendar, a sumar”.
Acusó a Borruel y su equipo de no ser los “campeones de la inclusión partidista... les faltó mucha vertebración social y desvincularse de hechos que fueron muy cuestionados, en términos de la opinión pública” y le exigió que no actúe con el estómago, “por más que le duela, porque la derrota duele... Sin embargo, está mal que dentro de su propia estrategia, dentro del propio partido, se busquen las causas de la derrota en sus contrincantes”.
Y llamó a la renovación, no solamente del dirigente estatal, Cruz Pérez Cuéllar, sino del Consejo Estatal y el Comité Directivo Estatal, a consulta directa con la militancia del partido. (Nota de Silvia Macías Medina, El Diario, 3/VIII/10).
El grupo de Corral afirma que esos intentos de expulsión tratan de esconder la responsabilidad de quienes la tuvieron en el pasado proceso electoral y deplora que tales afanes no se apliquen en la misma medida a quienes perpetraron, dicen, “señalados actos de corrupción, así como del fraude electoral cometido en el proceso interno del 2009 para la elección de candidatos a diputados federales y del que hasta ahora no hay un solo responsable o expulsado”.
Además, nuevamente acusa de complacencia a la dirigencia estatal con el Gobierno de José Reyes Baeza, “incluso el extremo al que se llegó de amenazar con sancionar a diputados locales que cuestionaron su V Informe de Gobierno”.
La rispidez y altura del debate lo ofrece la frase final de un comunicado de Luis Villegas: “… los consejeros adictos a Cruz, su mayoría en el Comité, Cruz mismo, solos, en bola, por separado, con Cruz o sin Cruz, por la vía civil, penal, administrativa o estatutaria, me hacen los mandados”.
Se preparan, con denuedo, para la elección presidencial. Ni duda cabe…
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Pues sí que la crisis al interior del PAN chihuahuense es grave; lo que se han dicho en los últimos días los ha puesto, nuevamente, en el ojo del huracán. Si viviéramos los días tranquilos de cuando no teníamos el liderazgo nacional en crímenes relacionados con el narcotráfico, todo mundo estaría comentando lo sucedido en el principal partido de oposición en la entidad, y gobernante en el país.
Una vez derrotado como no lo había sufrido en los últimos veinte años (dice Javier Corral), el enfrentamiento entre dos de los principales agrupamientos internos, encabezados por Javier Corral, presidente de la muy importante Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y Cruz Pérez Cuéllar, líder estatal y quien ha hecho equipo, entre otros, con el ex candidato a la gubernatura, Carlos Borruel, los puede llevar a un agravamiento de la crisis, de repercusiones catastróficas frente a las ya inminentes elecciones presidenciales del 2012.
Es de tal magnitud que hasta un continuo aliado del dirigente estatal, el vice coordinador de los diputados locales, el ex alcalde parralense Miguel Jurado ha lamentado, también, que las medidas tomadas por la dirigencia estatal que sólo tenían el “interés de ser acciones disciplinarias, se estén convirtiendo en verdadera ‘cacería de brujas”.
Y como el grupo de Corral, acusó a los integrantes del grupo de Borruel de actuar con fines revanchistas. Y coincide en el señalamiento hacia el ex precandidato a la alcaldía capitalina, Carlos Reyes, como el autor de la propuesta de expulsar, al igual que como lo habían hecho con el ex alcalde Juan Blanco y el ex diputado federal, César Reyes Roel, al ex precandidato a la gubernatura, Pablo Cuarón.
Ante estos hechos, el grupo de Javier Corral, y él mismo, han hecho un deslinde, al tiempo que, dicen, no comparten “la idea de que sea compatible ostentarse como leal militante cando se apoya, abierta o simuladamente, al candidato de otro instituto político (para referirse a los casos de Juan Blanco y César Reyes, acusados de apoyar abiertamente al priista César Duarte). En todo caso, deberá ser la Comisión de Orden el órgano que se ocupe de escuchar su defensa e imponer, en su caso, las sanciones que estime convenientes”, expresan su solidaridad con Luis Villegas y Pablo Cuarón.
Corral es tajante, afirmó que “(Borruel) está viviendo la frustración que implica no lograr una meta, como el ser gobernador del estado… ante una diferencia tan clara, tan amplia, como la que yo mismo enfrenté en el 2004, lo único que uno tiene que hacer, por respeto a su propia dignidad, y a los demás, primero, aceptar la derrota; y luego, aceptar sus propios hierros, así como disponernos a corregir a enmendar, a sumar”.
Acusó a Borruel y su equipo de no ser los “campeones de la inclusión partidista... les faltó mucha vertebración social y desvincularse de hechos que fueron muy cuestionados, en términos de la opinión pública” y le exigió que no actúe con el estómago, “por más que le duela, porque la derrota duele... Sin embargo, está mal que dentro de su propia estrategia, dentro del propio partido, se busquen las causas de la derrota en sus contrincantes”.
Y llamó a la renovación, no solamente del dirigente estatal, Cruz Pérez Cuéllar, sino del Consejo Estatal y el Comité Directivo Estatal, a consulta directa con la militancia del partido. (Nota de Silvia Macías Medina, El Diario, 3/VIII/10).
El grupo de Corral afirma que esos intentos de expulsión tratan de esconder la responsabilidad de quienes la tuvieron en el pasado proceso electoral y deplora que tales afanes no se apliquen en la misma medida a quienes perpetraron, dicen, “señalados actos de corrupción, así como del fraude electoral cometido en el proceso interno del 2009 para la elección de candidatos a diputados federales y del que hasta ahora no hay un solo responsable o expulsado”.
Además, nuevamente acusa de complacencia a la dirigencia estatal con el Gobierno de José Reyes Baeza, “incluso el extremo al que se llegó de amenazar con sancionar a diputados locales que cuestionaron su V Informe de Gobierno”.
La rispidez y altura del debate lo ofrece la frase final de un comunicado de Luis Villegas: “… los consejeros adictos a Cruz, su mayoría en el Comité, Cruz mismo, solos, en bola, por separado, con Cruz o sin Cruz, por la vía civil, penal, administrativa o estatutaria, me hacen los mandados”.
Se preparan, con denuedo, para la elección presidencial. Ni duda cabe…
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
martes, 3 de agosto de 2010
Pendiente sin fin
El Diario, 3 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
La violentísima disputa por el control de las zonas de las rutas de mayor trasiego de droga ha llegado a niveles indescriptibles. En ese crescendo una de las bajas más sensibles es el ataque indiscriminado a la libertad de expresión y a la vida democrática en general del país.
Los ataques a los policías federales del domingo en Juárez en uno de los cuales las víctimas fueron también reporteros de distintos medios, en especial fotógrafos de nuestro periódico, y la serie de acontecimientos deplorables en la región lagunera, parecieran ser parte de la misma película, es decir, la disputa por controlar esa región, la frontera juarense y la aledaña.
Y en ella ya nada importa.
El secuestro de cuatro reporteros, para impedir la difusión de las protestas de quienes impugnaron –familiares de custodios y reos– la versión de que había sido la directora del penal 2 de Gómez Palacio quien permitió la salida de los sicarios de la última masacre de Torreón, y la exigencia de los secuestradores de la transmisión de videos en donde se incriminan uno y otro grupo delictivo, puso al descubierto el grado enorme de indefensión de la sociedad mexicana y la terrible inoperancia de los agrupamientos gubernamentales encargados de la seguridad pública, y del gobierno en su conjunto.
Apenas empezaba la circulación del semanario Proceso –en la zona metropolitana de la ciudad de México– cuando ya los elementos de la Policía Federal eran fuertemente atacados en Juárez, con el saldo –oficial– de un agente muerto y varios heridos, en una nueva escalada de lo que ya es una certeza, (y no solamente para amplias capas de la población juarense, sino para distintos integrantes de los grupos policiacos y de inteligencia norteamericanos entrevistados por reporteros del semanario fundado por Julio Sherer), acerca de que los integrantes del Cártel de Juárez perciben como favorecedores del Cártel de Sinaloa.
Sus informaciones y opiniones echan por tierra el argumento, enarbolado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, acerca de que el bombazo del 15 de julio había sido en represalia por la detención de El 35, Jesús Armando Acosta Guerrero, señalado de ser uno de los principales operadores de La Línea.
Los agentes norteamericanos desechan tal versión.
Y si tienen razón, entonces el futuro inmediato será fúnebre pues mientras ese grupo no cambie su percepción, que muy probablemente no esté basada solamente en percepciones, sino sólidas informaciones, entonces nos enfrentaremos a una creciente ola violenta, aún peor a la sufrida en los meses previos.
Será de tal magnitud que ya las estadísticas homicidas superan –como va siendo la regla– las de los períodos semejantes anteriores. Y no solamente en Juárez, por desgracia tales incrementos los están sufriendo también la capital del estado y la entidad duranguense.
El antiguo San Felipe el Real padece ahora la peor racha homicida de su historia.
No tenemos a la mano cifras oficiales, pero las últimas semanas suman decenas las víctimas, entre ellas varias personas ajenas a los hechos de sangre, los “daños colaterales”, descritos tan frívolamente por Felipe Calderón, pero que mantiene un espeluznante promedio de cuatro o cinco ejecutados diariamente en promedio, lo que llevará a la capital chihuahuense a ubicarse, en el primer semestre del año, en una de las ciudades líderes en tan siniestra estadística.
Coincidentemente, el estado de Durango atraviesa por una racha semejante.
Según cifras citadas por el periodista Raymundo Riva Palacio (El Diario, 1/VIII/10), el número de ejecutados en todo el 2006 fue de 64 asesinatos.
Un año después, fueron 130 y en el período de enero a junio de 2008, la cifra se ubicó en 109, subió a 343 en el mismo lapso del 2009, para llegar a 471 en ese período de este año, “aunque 204 de ellos perdieron la vida en el bimestre abril y mayo”.
Ante situación tan riesgosa, y no es coincidencia, el gobierno norteamericano ha resuelto enviar a poco más de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Texas y Nuevo México, con especial atención a la de Juárez y el Valle del mismo nombre.
¿Qué más sigue?
Luis Javier Valero Flores
La violentísima disputa por el control de las zonas de las rutas de mayor trasiego de droga ha llegado a niveles indescriptibles. En ese crescendo una de las bajas más sensibles es el ataque indiscriminado a la libertad de expresión y a la vida democrática en general del país.
Los ataques a los policías federales del domingo en Juárez en uno de los cuales las víctimas fueron también reporteros de distintos medios, en especial fotógrafos de nuestro periódico, y la serie de acontecimientos deplorables en la región lagunera, parecieran ser parte de la misma película, es decir, la disputa por controlar esa región, la frontera juarense y la aledaña.
Y en ella ya nada importa.
El secuestro de cuatro reporteros, para impedir la difusión de las protestas de quienes impugnaron –familiares de custodios y reos– la versión de que había sido la directora del penal 2 de Gómez Palacio quien permitió la salida de los sicarios de la última masacre de Torreón, y la exigencia de los secuestradores de la transmisión de videos en donde se incriminan uno y otro grupo delictivo, puso al descubierto el grado enorme de indefensión de la sociedad mexicana y la terrible inoperancia de los agrupamientos gubernamentales encargados de la seguridad pública, y del gobierno en su conjunto.
Apenas empezaba la circulación del semanario Proceso –en la zona metropolitana de la ciudad de México– cuando ya los elementos de la Policía Federal eran fuertemente atacados en Juárez, con el saldo –oficial– de un agente muerto y varios heridos, en una nueva escalada de lo que ya es una certeza, (y no solamente para amplias capas de la población juarense, sino para distintos integrantes de los grupos policiacos y de inteligencia norteamericanos entrevistados por reporteros del semanario fundado por Julio Sherer), acerca de que los integrantes del Cártel de Juárez perciben como favorecedores del Cártel de Sinaloa.
Sus informaciones y opiniones echan por tierra el argumento, enarbolado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, acerca de que el bombazo del 15 de julio había sido en represalia por la detención de El 35, Jesús Armando Acosta Guerrero, señalado de ser uno de los principales operadores de La Línea.
Los agentes norteamericanos desechan tal versión.
Y si tienen razón, entonces el futuro inmediato será fúnebre pues mientras ese grupo no cambie su percepción, que muy probablemente no esté basada solamente en percepciones, sino sólidas informaciones, entonces nos enfrentaremos a una creciente ola violenta, aún peor a la sufrida en los meses previos.
Será de tal magnitud que ya las estadísticas homicidas superan –como va siendo la regla– las de los períodos semejantes anteriores. Y no solamente en Juárez, por desgracia tales incrementos los están sufriendo también la capital del estado y la entidad duranguense.
El antiguo San Felipe el Real padece ahora la peor racha homicida de su historia.
No tenemos a la mano cifras oficiales, pero las últimas semanas suman decenas las víctimas, entre ellas varias personas ajenas a los hechos de sangre, los “daños colaterales”, descritos tan frívolamente por Felipe Calderón, pero que mantiene un espeluznante promedio de cuatro o cinco ejecutados diariamente en promedio, lo que llevará a la capital chihuahuense a ubicarse, en el primer semestre del año, en una de las ciudades líderes en tan siniestra estadística.
Coincidentemente, el estado de Durango atraviesa por una racha semejante.
Según cifras citadas por el periodista Raymundo Riva Palacio (El Diario, 1/VIII/10), el número de ejecutados en todo el 2006 fue de 64 asesinatos.
Un año después, fueron 130 y en el período de enero a junio de 2008, la cifra se ubicó en 109, subió a 343 en el mismo lapso del 2009, para llegar a 471 en ese período de este año, “aunque 204 de ellos perdieron la vida en el bimestre abril y mayo”.
Ante situación tan riesgosa, y no es coincidencia, el gobierno norteamericano ha resuelto enviar a poco más de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Texas y Nuevo México, con especial atención a la de Juárez y el Valle del mismo nombre.
¿Qué más sigue?
domingo, 1 de agosto de 2010
Alerta roja
El Diario, 1 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
Qué saben las autoridades, acerca de la gravedad de la situación por la que atravesamos, y no sabemos los ciudadanos?
¿Cuáles son las amenazas recibidas que llevaron a las autoridades norteamericanas a cerrar temporalmente el Consulado juarense, y a llevarlos a decir no saber la fecha de reapertura?
¿Era lógico que ante la amenaza de una bomba, las autoridades norteamericanas resolvieran hacer una revisión de su sistema de seguridad en esa instalación a la cual acuden, aproximadamente, cuatro mil personas por semana, y la cerraran indefinidamente?
¿Más aún, que en la versión en inglés del comunicado se alerte a los norteamericanos para que ni siquiera acudan a las instalaciones aledañas al consulado?
¿Qué saben las autoridades municipales juarenses acerca de las amenazas emitidas por los grupos delictivos, que los llevaron a adoptar estrictas medidas de seguridad en el palacio municipal?
¿Es más grave la situación de lo que ya la percibimos y que ha llevado a la conformación de un verdadero éxodo de la mayor de las urbes chihuahuenses, de tal magnitud que el IEE calcula en 110 mil las casas abandonadas por los juarenses?
¿Tienen razón los especialistas en alertarnos acerca de la posibilidad del estallamiento de artefactos explosivos y en difundir –a través de los magníficos trabajos de los reporteros de El Diario-Juárez, publicados en la edición de ayer– las medidas a tomar en caso de un accidente de esa naturaleza?
Es de tal magnitud la crisis que ahora empiezan a difundirse instrucciones para defenderse de una explosión. La mencionada edición fue pródiga en estas informaciones y reveló la elevada preocupación existente en distintos actores de la vida social y empresarial del antiguo Paso del Norte.
Así, las prevenciones emitidas por el criminólogo Oscar Máynez no deben echarse en saco roto, “… Tenemos que aceptar que vivimos esa realidad, que estamos en riesgo porque los explosivos ya forman parte del panorama de inseguridad en México, por eso es necesario tomar medidas de precaución básicas”, aseguró. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 31/VII/10).
Más. Si evaluamos adecuadamente las frases del alcalde juarense, Reyes Ferriz, quien cayó en una desconcertante incongruencia, pues al tiempo que intentó enviar un mensaje tranquilizador a la población, ordenó un severo “blindaje” a la Presidencia Municipal, intensificando extraordinariamente las medidas de seguridad y, además, anunciando que ya busca extender tales procedimientos a la iniciativa privada “incluyendo centros comerciales donde hay grandes concentraciones de personas, aunque descartó que los ataques sean dirigidos a la sociedad civil”. (Nota de Rocío Gallegos, Juan de Dios Olivas (31/VII/10).
O sea, se instalarán tales procedimientos en lugares de concentración de la sociedad civil, a pesar de que, dice, ésta no es el objetivo de los grupos criminales, porque, asevera, éstos “están conscientes que si bien están atacando a autoridades policiacas, no pueden hacerlo con la sociedad” ¿Y quién afirma eso? ¿Acaso no tenemos la información, exactamente la contraria, escrita en una pinta, de serias amenazas de atentar contra “inocentes” si no se acatan las demandas de los grupos criminales?
A partir del estallido del carro bomba, la crisis de seguridad pública adquirió un nivel de extrema gravedad y que, sin exageración, puede catalogarse, la actual situación, como muy semejante a la sufrida por el pueblo norteamericano en los días posteriores al ataque a las Torres Gemelas, con la consiguiente sicosis generalizada, agravada, en nuestro caso, por la profunda sensación de encontrarnos en la más completa indefensión, además de la impotencia generada por la increíble incapacidad de quienes debieran garantizarnos la seguridad pública.
En tal sentido debiéramos, entonces, considerar las dos amenazas de bomba acaecidas el viernes, una de ellas en el periódico Norte de Ciudad Juárez, y la narcopinta en una barda del poniente de Juárez en la que vuelven a advertir del plazo impuesto a las autoridades a fin de que detengan a los agentes “federales corruptos”.
Nada de lo sucedido en los últimos días nos lleva a abrigar esperanzas en el mejoramiento de la situación, al contrario, cada hecho nos confirma en tal desesperanza. Luego del bombazo, las “pintas” de las bandas delictivas, amenazando con nuevos artefactos explosivos si no se ponía término a la protección, dicen, al Cártel del “Chapo” Guzmán, o exigiendo el cese de Fernando Ornelas, el jefe operativo del Centro de Inteligencia Policial (Cipol), o el secuestro de cuatro reporteros en la región lagunera, con la exigencia de los secuestradores, cumplida en esa zona, de la transmisión en la televisión local de videos de los grupos criminales, todos ellos son hechos constitutivos de la salvaje escalada del poder de las bandas criminales y la inoperancia de las autoridades, sobre todo de las de la mayor responsabilidad en la preservación de la seguridad pública, las federales, que nos llevan a pensar que en amplias zonas del país –y de la entidad– ya están presentes los elementos para declarar la existencia de un Estado fallido.
Y si nos guiáramos por las respuestas de los funcionarios, o sus posturas, peor. La deplorable imagen del recién estrenado Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, al “exigirles” a los secuestradores de los reporteros, la inmediata liberación, nos mostró, de la manera más terrible, su escasa aptitud para el puesto de principal responsable de la seguridad pública en el país.
Que las organizaciones de periodistas, nacionales y extranjeras, exigieran lo mismo es lo adecuado, que lo haga quien tiene, hipotéticamente, el mando de la Operación México (¿Existirá todavía, se acuerdan de la casaca militar de Felipe Calderón al ponerlo en marcha?) es patético.
Es de tal magnitud la crisis, que orilló a la principal empresa televisiva del país, Televisa, a no transmitir el que es, sin duda, su principal programa de reportajes de investigación, “Punto de partida”, conducido por la periodista Denise Maerker, en protesta por el secuestro de los reporteros Jaime Canales, camarógrafo de la estación local de Multimedios; Oscar Solís, reportero del diario El Vespertino; Alejandro Hernández, de Televisa Torreón, y Héctor Gordoa, enviado del programa de Maerker, y a llevar a ésta a expresar una severísima crítica al lamentable estado en que se encuentra la seguridad pública: “El secuestro de nuestros compañeros y colegas representa de manera más amplia el secuestro de todo el periodismo”.
Tal situación ni siquiera la palia el rescate de dos de ellos antecedida por la liberación de Gordoa y otro de los secuestrados, porque ese incidente, y lo que sufren un sinnúmero de medios de comunicación, sobre todo del norte del país, ha llevado a poner en grave riesgo la libertad de expresión “produciendo un vacío informativo en muchas zonas de México y que no sólo afecta el derecho de los mexicanos a estar informados y a la libertad de expresión, sino que afecta directamente la estabilidad de la democracia mexicana”, como le declaró a la reportera Sandra Rodríguez, Carlos Lauría, coordinador del programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, “la organización norteamericana más prestigiosa en su tipo”. (El Diario, 30/VII/10).
En ese contexto podemos ubicar las amenazas en contra del reportero del canal 44, Martín López, que lo llevó a refugiarse en Estados Unidos.
Pero si la desesperanza cunde entre los juarenses, las cartas dirigidas a los diputados locales por habitantes del noroeste del estado, son harto representativas de una situación semejante a la vivida por los fronterizos.
Si no fuera porque es la realidad, la estrujante realidad, movería a risa escuchar los planteamientos de esos chihuahuenses, que le piden al gobierno que un presunto narcotraficante, detenido días atrás, les revele el paradero de decenas de “levantados”.
En dramáticas misivas describen lo que era un conocimiento popular, de varios años atrás, acerca de la existencia de gravísimas condiciones de inseguridad en esa región, controlada por las bandas criminales que llegaron al extremo de establecer, casi de manera permanente, retenes en infinidad de carreteras de esa zona, no de las autoridades, sino de los integrantes de los cárteles, que de esa manera controlaban hasta el acceso a esas regiones.
Y dan cuenta del mismo fenómeno existente en Juárez, el éxodo “de cientos de familias las cuales hemos perdido los patrimonios alcanzados en toda una vida… más esto queda pequeño ante los hechos de faltantes de miembros de nuestros familiares, los cuales nos han arrebatado la bola de criminales que azota nuestra región… Señores diputados, no dejen en olvido este grito de auxilio que estamos pidiendo ante ustedes. Por el bien de nuestras familias de la zona del noroeste, por el bien de Chihuahua y por el bien de nuestro México”. (Nota de Silvia Macías Medina, El Diario, 30/VII/10).
Por si la situación no fuera de por sí grave, la ejecución de Ignacio Coronel (y planteamos que fue una ejecución, igual que la de Arturo Beltrán Leyva, porque no se ha otorgado un solo elemento que nos lleve a concluir de manera distinta) llevará la violencia a un estadio superior, y no solamente en Jalisco, o las entidades del Pacífico en donde, aseguran los organismos policiacos, este personaje era el mandamás.
La lucha será de carácter nacional, no solamente por su lugar en los mandos del Cártel de Sinaloa, sino por los espacios disputados por los otros cárteles que nos llevarán a presenciar –probablemente– otro escalamiento de la ola homicida en el país.
Pero como lo asevera José Reveles, uno de los periodistas mexicanos con mayor conocimiento del problema, la muerte de Coronel, o el descabezamiento de los cárteles, “no detendrá al narco”.
Y ahí tenemos otro de los graves problemas a los que nos enfrentamos, la estrategia aplicada por Felipe Calderón (si es que hay), al igual que la aplicada por Vicente Fox, está planteada más en términos de los éxitos mediáticos alcanzados, que en la efectividad de la misma.
Es tan errónea que ha sumido al país en una verdadera carnicería a la que no se le ve fin y ha llevado a los mexicanos a la pérdida de numerosos activos, entre ellos, los incipientes niveles de libertad de expresión y ha llevado a la nación al encendido de la alerta roja. Pareciera querer llevarnos a la conclusión que sólo la salida autoritaria es la solución a tan grave crisis.
De ninguna manera…
Luis Javier Valero Flores
Qué saben las autoridades, acerca de la gravedad de la situación por la que atravesamos, y no sabemos los ciudadanos?
¿Cuáles son las amenazas recibidas que llevaron a las autoridades norteamericanas a cerrar temporalmente el Consulado juarense, y a llevarlos a decir no saber la fecha de reapertura?
¿Era lógico que ante la amenaza de una bomba, las autoridades norteamericanas resolvieran hacer una revisión de su sistema de seguridad en esa instalación a la cual acuden, aproximadamente, cuatro mil personas por semana, y la cerraran indefinidamente?
¿Más aún, que en la versión en inglés del comunicado se alerte a los norteamericanos para que ni siquiera acudan a las instalaciones aledañas al consulado?
¿Qué saben las autoridades municipales juarenses acerca de las amenazas emitidas por los grupos delictivos, que los llevaron a adoptar estrictas medidas de seguridad en el palacio municipal?
¿Es más grave la situación de lo que ya la percibimos y que ha llevado a la conformación de un verdadero éxodo de la mayor de las urbes chihuahuenses, de tal magnitud que el IEE calcula en 110 mil las casas abandonadas por los juarenses?
¿Tienen razón los especialistas en alertarnos acerca de la posibilidad del estallamiento de artefactos explosivos y en difundir –a través de los magníficos trabajos de los reporteros de El Diario-Juárez, publicados en la edición de ayer– las medidas a tomar en caso de un accidente de esa naturaleza?
Es de tal magnitud la crisis que ahora empiezan a difundirse instrucciones para defenderse de una explosión. La mencionada edición fue pródiga en estas informaciones y reveló la elevada preocupación existente en distintos actores de la vida social y empresarial del antiguo Paso del Norte.
Así, las prevenciones emitidas por el criminólogo Oscar Máynez no deben echarse en saco roto, “… Tenemos que aceptar que vivimos esa realidad, que estamos en riesgo porque los explosivos ya forman parte del panorama de inseguridad en México, por eso es necesario tomar medidas de precaución básicas”, aseguró. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 31/VII/10).
Más. Si evaluamos adecuadamente las frases del alcalde juarense, Reyes Ferriz, quien cayó en una desconcertante incongruencia, pues al tiempo que intentó enviar un mensaje tranquilizador a la población, ordenó un severo “blindaje” a la Presidencia Municipal, intensificando extraordinariamente las medidas de seguridad y, además, anunciando que ya busca extender tales procedimientos a la iniciativa privada “incluyendo centros comerciales donde hay grandes concentraciones de personas, aunque descartó que los ataques sean dirigidos a la sociedad civil”. (Nota de Rocío Gallegos, Juan de Dios Olivas (31/VII/10).
O sea, se instalarán tales procedimientos en lugares de concentración de la sociedad civil, a pesar de que, dice, ésta no es el objetivo de los grupos criminales, porque, asevera, éstos “están conscientes que si bien están atacando a autoridades policiacas, no pueden hacerlo con la sociedad” ¿Y quién afirma eso? ¿Acaso no tenemos la información, exactamente la contraria, escrita en una pinta, de serias amenazas de atentar contra “inocentes” si no se acatan las demandas de los grupos criminales?
A partir del estallido del carro bomba, la crisis de seguridad pública adquirió un nivel de extrema gravedad y que, sin exageración, puede catalogarse, la actual situación, como muy semejante a la sufrida por el pueblo norteamericano en los días posteriores al ataque a las Torres Gemelas, con la consiguiente sicosis generalizada, agravada, en nuestro caso, por la profunda sensación de encontrarnos en la más completa indefensión, además de la impotencia generada por la increíble incapacidad de quienes debieran garantizarnos la seguridad pública.
En tal sentido debiéramos, entonces, considerar las dos amenazas de bomba acaecidas el viernes, una de ellas en el periódico Norte de Ciudad Juárez, y la narcopinta en una barda del poniente de Juárez en la que vuelven a advertir del plazo impuesto a las autoridades a fin de que detengan a los agentes “federales corruptos”.
Nada de lo sucedido en los últimos días nos lleva a abrigar esperanzas en el mejoramiento de la situación, al contrario, cada hecho nos confirma en tal desesperanza. Luego del bombazo, las “pintas” de las bandas delictivas, amenazando con nuevos artefactos explosivos si no se ponía término a la protección, dicen, al Cártel del “Chapo” Guzmán, o exigiendo el cese de Fernando Ornelas, el jefe operativo del Centro de Inteligencia Policial (Cipol), o el secuestro de cuatro reporteros en la región lagunera, con la exigencia de los secuestradores, cumplida en esa zona, de la transmisión en la televisión local de videos de los grupos criminales, todos ellos son hechos constitutivos de la salvaje escalada del poder de las bandas criminales y la inoperancia de las autoridades, sobre todo de las de la mayor responsabilidad en la preservación de la seguridad pública, las federales, que nos llevan a pensar que en amplias zonas del país –y de la entidad– ya están presentes los elementos para declarar la existencia de un Estado fallido.
Y si nos guiáramos por las respuestas de los funcionarios, o sus posturas, peor. La deplorable imagen del recién estrenado Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, al “exigirles” a los secuestradores de los reporteros, la inmediata liberación, nos mostró, de la manera más terrible, su escasa aptitud para el puesto de principal responsable de la seguridad pública en el país.
Que las organizaciones de periodistas, nacionales y extranjeras, exigieran lo mismo es lo adecuado, que lo haga quien tiene, hipotéticamente, el mando de la Operación México (¿Existirá todavía, se acuerdan de la casaca militar de Felipe Calderón al ponerlo en marcha?) es patético.
Es de tal magnitud la crisis, que orilló a la principal empresa televisiva del país, Televisa, a no transmitir el que es, sin duda, su principal programa de reportajes de investigación, “Punto de partida”, conducido por la periodista Denise Maerker, en protesta por el secuestro de los reporteros Jaime Canales, camarógrafo de la estación local de Multimedios; Oscar Solís, reportero del diario El Vespertino; Alejandro Hernández, de Televisa Torreón, y Héctor Gordoa, enviado del programa de Maerker, y a llevar a ésta a expresar una severísima crítica al lamentable estado en que se encuentra la seguridad pública: “El secuestro de nuestros compañeros y colegas representa de manera más amplia el secuestro de todo el periodismo”.
Tal situación ni siquiera la palia el rescate de dos de ellos antecedida por la liberación de Gordoa y otro de los secuestrados, porque ese incidente, y lo que sufren un sinnúmero de medios de comunicación, sobre todo del norte del país, ha llevado a poner en grave riesgo la libertad de expresión “produciendo un vacío informativo en muchas zonas de México y que no sólo afecta el derecho de los mexicanos a estar informados y a la libertad de expresión, sino que afecta directamente la estabilidad de la democracia mexicana”, como le declaró a la reportera Sandra Rodríguez, Carlos Lauría, coordinador del programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, “la organización norteamericana más prestigiosa en su tipo”. (El Diario, 30/VII/10).
En ese contexto podemos ubicar las amenazas en contra del reportero del canal 44, Martín López, que lo llevó a refugiarse en Estados Unidos.
Pero si la desesperanza cunde entre los juarenses, las cartas dirigidas a los diputados locales por habitantes del noroeste del estado, son harto representativas de una situación semejante a la vivida por los fronterizos.
Si no fuera porque es la realidad, la estrujante realidad, movería a risa escuchar los planteamientos de esos chihuahuenses, que le piden al gobierno que un presunto narcotraficante, detenido días atrás, les revele el paradero de decenas de “levantados”.
En dramáticas misivas describen lo que era un conocimiento popular, de varios años atrás, acerca de la existencia de gravísimas condiciones de inseguridad en esa región, controlada por las bandas criminales que llegaron al extremo de establecer, casi de manera permanente, retenes en infinidad de carreteras de esa zona, no de las autoridades, sino de los integrantes de los cárteles, que de esa manera controlaban hasta el acceso a esas regiones.
Y dan cuenta del mismo fenómeno existente en Juárez, el éxodo “de cientos de familias las cuales hemos perdido los patrimonios alcanzados en toda una vida… más esto queda pequeño ante los hechos de faltantes de miembros de nuestros familiares, los cuales nos han arrebatado la bola de criminales que azota nuestra región… Señores diputados, no dejen en olvido este grito de auxilio que estamos pidiendo ante ustedes. Por el bien de nuestras familias de la zona del noroeste, por el bien de Chihuahua y por el bien de nuestro México”. (Nota de Silvia Macías Medina, El Diario, 30/VII/10).
Por si la situación no fuera de por sí grave, la ejecución de Ignacio Coronel (y planteamos que fue una ejecución, igual que la de Arturo Beltrán Leyva, porque no se ha otorgado un solo elemento que nos lleve a concluir de manera distinta) llevará la violencia a un estadio superior, y no solamente en Jalisco, o las entidades del Pacífico en donde, aseguran los organismos policiacos, este personaje era el mandamás.
La lucha será de carácter nacional, no solamente por su lugar en los mandos del Cártel de Sinaloa, sino por los espacios disputados por los otros cárteles que nos llevarán a presenciar –probablemente– otro escalamiento de la ola homicida en el país.
Pero como lo asevera José Reveles, uno de los periodistas mexicanos con mayor conocimiento del problema, la muerte de Coronel, o el descabezamiento de los cárteles, “no detendrá al narco”.
Y ahí tenemos otro de los graves problemas a los que nos enfrentamos, la estrategia aplicada por Felipe Calderón (si es que hay), al igual que la aplicada por Vicente Fox, está planteada más en términos de los éxitos mediáticos alcanzados, que en la efectividad de la misma.
Es tan errónea que ha sumido al país en una verdadera carnicería a la que no se le ve fin y ha llevado a los mexicanos a la pérdida de numerosos activos, entre ellos, los incipientes niveles de libertad de expresión y ha llevado a la nación al encendido de la alerta roja. Pareciera querer llevarnos a la conclusión que sólo la salida autoritaria es la solución a tan grave crisis.
De ninguna manera…
Suscribirse a:
Entradas (Atom)