Envidia de la “buena”

El Diario, 28 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores En el cúmulo de declaraciones desatadas con motivo de la detención de Elba Esther Gordillo, casi todas ellas dignas de enriquecer la picaresca mexicana –pero, por supuesto que las de la clase política, pero no sólo, los empresarios también tienen lo suyo– destacó la realizada por el secretario de la Función Pública y ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, responsable de conducir la alianza con la maestra Gordillo, y uno de los amigos más cercanos a Felipe Calderón. El angelito dijo: –Es la hora de que el sindicalismo mexicano rinda cuentas y aplaudo la decisión. Me da envidia de la buena. –¿Por qué le da envidia? –Pues, porque es un reclamo que los sindicatos en México deben rendir cuentas, es un reclamo de los ciudadanos. Los sindicatos y los partidos, como todo mundo en México, deben rendir cuentas como rinden cuentas todos los ciudadanos. –¿Y por qué los gobiernos panistas no fueron por ella? –No, no sé. No tendría una respuesta, pero sí me parece que el sindicalismo mexicano debe rendir cuentas y todos, políticamente, deben rendir cuentas; y a ella (a Elba Esther Gordillo) en lo personal espero que se le respeten sus garantías y que todos los sindicatos que deben rendir cuentas pasen por la misma vara del sindicalismo de los maestros. (Nota de Mayolo López, Reforma, 27/II/13). Indudablemente que la decisión de encarcelar a la dirigente sindical más poderosa de América Latina tiene el objetivo de legitimar socialmente al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero va más allá, es el golpe más contundente realizado a los opositores a la reforma educativa. No es una coincidencia que la detención –y vaya que existían innumerables motivos para hacerla en el curso de los últimos 20 o más años– haya ocurrido un día después de la movilización magisterial, efectuada el lunes en contra de la reforma educativa y a un día de la celebración del Consejo Nacional del SNTE, convocado precisamente para discutir la estrategia a seguir en esa oposición, en la que, curiosamente, coincidió Gordillo con sus acérrimos enemigos al interior del sindicato, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). ¿Quién puede negar que es una operación semejante a la lanzada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en contra de Joaquín Hernández Galicia –La Quina– a la sazón dirigente petrolero, y quien encabezara una férrea oposición a su candidatura, en la que jugó un importantísimo papel el pasquín en el que se denunció el homicidio involuntario cometido por los hermanos Salinas en contra de una trabajadora doméstica de la familia? ¿Cómo descartar que, al igual que La Quina, Gordillo traicionó al PRI, aquél en aras de favorecer, en las zonas petroleras, el voto a favor de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988 y la maestra en las presidenciales de 2006? Como a Jesús Robles Martínez, Carlos Jonguitud y a Joaquín Hernández, a la maestra se le olvidó que su ascenso al poder se lo debía al grupo gobernante; y si nos apuran, podríamos decir que al Estado Mexicano. Hoy lo debe tener claro, su oposición al PRI, al grupo Atlacomulco (que eso fue en esencia el enfrentamiento con Roberto Madrazo y luego con Emilio Chuayffet) y a la reforma educativa elaborada por el grupo de Peña Nieto y apoyada entusiastamente por panistas y perredistas la llevó a la gravísima situación que hoy padece. No en pocos lugares del país hay fiesta por tal hecho, el daño causado por la dirigencia magisterial, no sólo a la educación de los niños y jóvenes, sino, fundamentalmente porque ha sido a lo largo de su historia un puntal del control político sobre la sociedad mexicana, es inconmensurable. Disfrutó de un período de gracia en los sexenios panistas, ahí acumuló tal poder que creyó superado el riesgo de la defenestración, esa es la gravísima irresponsabilidad de los panistas vueltos gobernantes, dejaron en manos de la cúpula magisterial la conducción de la educación con tal de mantenerse y/o alcanzar el poder político; al hacerlo, lo perdieron. Y para los optimistas, no hay que ir muy lejos para saber de las motivaciones “democráticas” de quienes dirigen al país ahora, ahí tienen al sindicato petrolero con las mismas prácticas irregulares del SNTE y su cúpula; con un agravante, trabajan en la empresa que representa la tercera parte de los ingresos del gobierno federal. ¿A ellos también los alcanzará la guadaña “democratizadora”?

Las “buenas conciencias”, escandalizadas

Editorial, Aserto #115, Febrero de 2013 Las diversas manifestaciones-caravanas realizadas por El Barzón, que confluyeron en la capital del estado en los primeros días de febrero, además de la multitud de demandas y reclamos realizados por sus integrantes, de distinto tipo, tanto de origen rural como urbano, que revelan, por lo menos, la existencia de problemas, algunos de ellos llegados hasta el nivel del asesinato de uno de los principales dirigentes estatales -Ismael Solorio, y su esposa, Manuelita Solís- develaron el enorme grado de intolerancia de la mayor parte de los medios de comunicación en la ciudad, de tal magnitud que podría considerársele como un verdadero linchamiento mediático. El problema es que se desató no solamente contra la organización que encabezó la lucha de miles de chihuahuenses, en la década de los 90’s, en contra de la cartera vencida, sino también, y fundamentalmente contra el conjunto de la izquierda, y sin que viniera a cuento, en contra de la figura más representativa de esa corriente política nacionalmente, Andrés Manuel López Obrador, solo porque compañeros de éste, de Morena, habían instalado el fin de semana un módulo para impulsar la afiliación al partido en creación. Es sabido en los entretelones políticos que la absoluta mayoría de los dirigentes barzonistas no pertenecen a Morena, y quizá sí al PRD local, aunque distanciados de la actual dirigencia y de las tareas político-electorales de este partido. No importa, para los fines buscados, y también para “desprestigiar” las movilizaciones, de la manera más fácil y ruin se asoció a unos y otros, con el fin, sostuvieron los que se volvieron eco de alguna parte de las instancias gubernamentales, de “preparar” la visita de AMLO, cuando éste vendrá a Chihuahua ¡Hasta principios de abril! Ciertamente, la manera de los barzonistas de atraer la atención de la ciudadanía, en el caso de las manifestaciones en el centro de la ciudad, no es la mejor (y privó la confusión pues, por una parte el gobierno estatal emitió sendos comunicados de prensa en los que se anunciaba la puesta en marcha de mesas de diálogo con los manifestantes, y éstos, por su lado, afirmaron que no existía tal acuerdo) y probablemente dejan de lado un aspecto central de las movilizaciones, consistente en atraer la mayor de las simpatías posibles -objetivo central de las distintas manifestaciones- pero de ahí a desatar tal linchamiento hay una gran distancia. Pero hay un hecho incontrastable: Los problemas planteados por los barzonistas existen y a ellos, poca o nula respuesta se les ha dado, de ahí que, a pesar de que no pudiesen encontrar más simpatías entre la población, entre los integrantes de la organización y de las comunidades de las que provienen muchos de los manifestantes, sí reflejan sus problemas. Uno de ellos, quizá el más doloroso y emblemático -tanto por el peso específico de Solorio en la organización y en la región- es el asesinato del dirigente de Benito Juárez, municipio de Buenaventura y cuya muerte no ha sido esclarecida, a pesar de haberse detenido y asesinado el presunto autor intelectual, según la versión de las autoridades, los vecinos de aquel pueblo, y especialmente la madre de Ismael Solorio, afirman que los asesinos “se pasean por el pueblo” a la vista de las autoridades desplegadas ahí. No se trata solamente de un asesinato más, este obedece a la defensa inexpugnable de la mayoría de un pueblo que se opone al saqueo de sus recursos naturales y a la expoliación del medio ambiente, además de reclamar como propio el acceso al agua. No parecen ser cosas menores, por ello se atrevieron a provocar el “caos vial” en la capital de los chihuahuenses y escandalizar a “las buenas conciencias”.

La deuda de Chihuahua

Aserto #115, Febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores El monto de la deuda chihuahuense ha sido uno de los temas que más polémica han causado en el ámbito local debido a dos factores: Tanto su cuantía, de manera específica, y la opacidad con la que se manejado. Cada que se aborda el tema, desde la oposición, se les responde que sus motivaciones son exclusivamente electorales, y desde los partidos políticos contrarios al PRI, se acusa que el incremento obedece a que la actual administración incurre en gastos excesivos e inútiles pues el monto de las obras terminadas no parece acreditar tal endeudamiento, y que, por tanto, sólo tiene tintes político-electorales. Pero el análisis de la deuda de Chihuahua no puede desligado del problema nacional que constituye el elevado y creciente endeudamiento de entidades y municipios, amén del gobierno federal -que llega, casi, a los 4 billones de pesos-, cosa que ilustra un análisis efectuado por la Auditoría Superior de la Federación, entregado a mediados de enero a los diputados federales en el que se señala que la deuda ascendió en 2011 a 390 mil 777.5 millones de pesos, con un crecimiento nominal de 92.4% respecto a los 203 mil 70.2 millones de pesos al cierre de 2008, y que en términos reales es de 67.9%. En diciembre de 2001 las obligaciones financieras de estados y municipios se ubicaban en 99 mil millones de pesos. Para el tercer trimestre del 2012, según el secretario de Hacienda Luis Videgaray, el monto ascendía a casi 407 mil millones de pesos. A su vez, en la tercera semana de enero, el nuevo Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, decidió ofrecer la versión oficial de la actual administración estatal a través de una conferencia impartida en la Facultad de Contaduría de la Uach. Aquí sus principales rasgos. En un sorpresivo cambio de actitud, para bien, el gobierno de Chihuahua decidió poner al alcance de los chihuahuenses la información acerca del monto y composición de la deuda del estado. Tal postura, probablemente, tuvo como origen, por un lado la ofensiva política lanzada por el PAN local -que quería colocar en la agenda pública el excesivo endeudamiento de la actual administración estatal- y por otro lado el incremento del monto de la deuda de estados y municipios, la mayoría de ellos con gobiernos emergidos del PRI y que motivó un deslinde La conferencia de Jaime Herrera puso en la mesa de la discusión la visión del grupo gobernante acerca de los fines del endeudamiento en general y las características de la deuda de Chihuahua en particular. Además, como ya es característica del priismo local en la que, al más puro estilo foxista, las alusiones al todopoderoso forman parte del ritual gubernamental, Herrera nos juró -por Dios, en unos momentos, y en otros por sus hijos y esposa- que decía la verdad acerca de los montos de la deuda. Por si fuera poco, como si, a su vez, los medios de comunicación fueran los responsables de la desinformación acerca del tema y, por consiguiente, de las especulaciones, de manera irónica, hasta con un ligero tono burlón, pidió en varias ocasiones que los reporteros anotaran bien. Al final, ninguno de ellos le preguntó cosa alguna. Más aún, en ningún momento fue capaz de nombrar al PAN, partido que en los días previos había insistido en el ocultamiento de las verdaderas cifras de la deuda. El gobierno de Chihuahua admitió la existencia un monto de 19 mil 992 millones de pesos (mmdp), aunque, informó, la Secretaría de Hacienda federal suma la deuda de los municipios y otros, lo que la lleva a 22 mil 552 mdp. La composición de esa deuda, quitando la de los municipios, sería la siguiente: Directa 6 mil 323 mdp, que representa el 32%, cuyo aval son las participaciones federales; la Contingente, 844 mdp, igual al 4%, conformada, básicamente, por el adeudo del fondo de la vivienda; y las Emisiones (de bonos carreteros), 12 mil 742 mdp, equivalentes al 64% del total de la deuda. Dicho así, sería la primera vez que públicamente el gobierno de Chihuahua reconoce la venta de bonos carreteros como endeudamiento, aunque, insisten, no debe preocupar porque están garantizados por los peajes carreteros, por lo que no afecta la calificación crediticia del gobierno, ya que no están avalados por las participaciones federales, cosa que sí ocurre con la deuda directa, pero que sí representan una sensible baja en los ingresos estatales debido a que, calcula Herrera, los ingresos son de alrededor de los 2 mil millones de pesos anuales. Aquí deberá aceptarse que el esquema hasta ahora aplicado le ha significado al estado la posibilidad de acceder a montos superiores que, al paso de pocos años, se pagan con ese ingreso derivado del uso de las carreteras estatales. Se han llegado a calificar tan bien, en opinión del secretario, que en la primera semana de febrero se corrió el rumor que la capacidad de los ingresos generados por el peaje de las carreteras chihuahuenses era tan alta que se podrían vender bonos por un monto de más de 10 mil millones de pesos, en lugar de los 6 mil aprobados en los últimos días de diciembre, con lo que de darse esta eventualidad, las cifras se correrían a una deuda de 23 mil millones de pesos, en lugar de la aceptada por Herrera, de un poco más de 19 mmdp, y que llevaría la deuda de las emisiones a poco más de 17 mmdp. Luego, como si no fuera problema, en el curso de la conferencia, o uno menor, el secretario de Hacienda informó que en el curso del 2012 el gobierno de Chihuahua, ante la falta de liquidez, recurrió el endeudamiento de corto plazo (la que conlleva una tasa más alta de intereses que, sin embargo, no tomó como preocupante) por un total de 10 mil 261 mdp, de los cuales se pagaron 9 mil 012 mdp , con lo que quedó un remanente de 1 mil 249 mdp que, dijo, genera un problema de liquidez. No lo informó, pero en la laminilla correspondiente estaba anotado que se contrató al 12% anual, cantidad a la que deberán sumarse, así lo dijo, entre 3 y 4 mil millones de pesos de deuda a proveedores. Y entonces, sí es para poner las luces en ámbar pues si solamente se toma en cuenta el pago de intereses y capital de la deuda de corto plazo no pagada el año anterior, nos encontraremos que deberán pagarse mensualmente algo así como 157 mdp, si no se renegocia, algo difícil de aceptar pues, por ley, no se puede contratar créditos para pagar otros anteriores. Si estas consideraciones son ciertas, entonces nos encontraremos con que la deuda “directa” de Chihuahua podría estar ubicada entre los 11 mil 500 mdp y 12 mil 500, si le seguimos la pista a lo dicho por Don Jaime, que la deuda a proveedores era “entre 3 y 4 mil millones de pesos”. Aunque no es lo mismo decir “entre 3 mil y 4 mil pesos”, a las cantidades expresadas por el Secretario de Hacienda. A contrapelo de las declaraciones del Secretario de Hacienda, el diputado panista Jaime Beltrán del Río afirmó que el déficit del Estado rebasa los 13 mmdp, ya “que cerraron el 2011 con un déficit de 6 mil millones de pesos. En el 2012 la diferencia negativa entre lo que se ingresó y lo que se gastó fue superior a 7 mil millones de pesos”. Tal información se sustenta, dijo, con los estados financieros publicados por el Gobierno del Estado ”donde se detalla el comportamiento del ingreso y el egreso de los recursos públicos”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 8/II/13). Vistas así las cosas, sí tenemos problemas, los mismos que, afirmó, se resolverían “a ver cómo”, pero el salario de los maestros no va a faltar, dijo, para congraciarse con el auditorio, -que le mereció un aplauso- sabedor que las deudas no pueden contratarse para gasto corriente. Y es que el presupuesto para 2013 sólo le deja un margen de maniobra al Poder Ejecutivo de 5 mil 29 mdp, de un presupuesto superior a los 53 mmdp, del cual 34.4 ya están etiquetados y del cual habría de destacarse que a educación básica se irán más de 8 mmdp, a Salud 3.9 mmdp; 4.2 a Seguridad Pública y a inversión en obras 8.58 mmdp. En seguridad se invertirá el triple de lo gastado en 2007, pues se pasó de 1.3 mmdp en ese año, a 2.6 en 2012 y a más de 4 mmdp en 2013. Igual ocurre en salud, en donde se pasa de 1.47 en 2007, a 2.84 en 2012 y a 3.9 en 2013. Decidido a debatir (incluso, se llegó a decir que podría aceptar un debate con el coordinador parlamentario del PAN, Héctor Ortiz), Herrera defendió la necesidad del endeudamiento, el que, dijo, no es de por sí negativo y adujo que el nivel de vida de los países desarrollados se debía a que ¡se habían endeudado! Criticó que nadie señalara acremente al gobierno de Felipe Calderón por el enorme endeudamiento de su gobierno, que lo incrementó de 1 billón 98 mil millones de pesos, a 4 billones 162 mil millones de pesos. No hay de que preocuparnos, afirmó reiteradamente, la deuda directa de Chihuahua representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto y el 5 por ciento con el monto total que asciende a los casi 20 mil millones de pesos y la comparó con la del país -poco más del 30% del PIB- o con la de EU y los países europeos que superan el 100%. “La deuda no es para rasgarnos las vestiduras”, adujo, aunque la falta de liquidez sí debe de quitar el sueño a cientos de proveedores del gobierno estatal, lo que, por otro lado, sí repercute en la economía estatal pues no ha ingresado. Pero no se pueden comparar las finanzas de un estado con las de una nación. El gobierno estatal recauda solamente 8 mmdp, que significa el 16% de los ingresos, ¡y estamos en los primeros lugares nacionales! Lo que quiere decir que recibimos 35 mil mdp de fondos federales, luego entonces, no tenemos las posibilidades que tiene una nación. De ahí que sea pertinente ubicar el monto de la deuda total, su composición y puntos centrales, saber el finiquito y el uso otorgado a los montos de los empréstitos. Si se toma en cuenta solamente la deuda directa, estamos en el lugar 21, pero si es sobre el total de la deuda, estamos en el 5o. A su vez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la deuda de Chihuahua se incrementó 139.9 por ciento en el período que comprende del año 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, lo que la convertía (hasta esa fecha, LJVF) en la entidad número 10. (Nota de El Universal, 16/I/13). La deuda representa el 37% de las participaciones federales, contra el 375% de Coahuila; per cápita es del orden de los 5 mil 845 pesos, muy abajo de los 13 mil 262 de Coahuila, pero por encima de la media nacional -3 mil 620-, lo que la mantiene -aún- con calificaciones positivas, “el único con triple A”, dijo el secretario de Hacienda. Chihuahua mantiene las calificaciones más altas de A1.mx en Moodys, A (mex) Fitch Ratings y A1.mx para Moodys, para el Estado y AAA para los certificados bursátiles, lo que la colocan por encima de la media nacional, sostuvo el secretario. Frases tan optimistas podrían no tener continuidad si las señales de advertencia no se acatan, varios gobiernos de los países hoy en graves problemas económicos iniciaron, así, con una falta de liquidez; no atender esas señales forma parte de la génesis de la catástrofe financiera de Europa… ¡Ah, y cosa no menor, la voracidad de los banqueros de uno y otro lado del Atlántico, que son, por puritita casualidad, dueños de los bancos de allá y de acá! asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Asoma el ‘nuevo’ PRI

El Diario, 26 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores No podía ser más ilustrativa la figura empleada por el dirigente nacional del PRI, César Camacho, para retratar el modo en que la nueva dirigencia partidista –y, a su vez, nuevo bloque gobernante, sin fisuras, casi todos mexiquenses– cuando aseveró que las reformas aprobadas en las mesas de trabajo del pasado fin de semana, rumbo a la Asamblea Nacional, “eliminaban la camisa de fuerza” sostenida por su partido para dar cauce a las reformas “reformas fiscal, energética y de telecomunicaciones”. “La reforma hacendaria integral y la energética están prácticamente aprobadas”, indicó en rueda de prensa en la que informó sobre los resultados de las mesas de predictamen. “(Con las modificaciones) se abre la posibilidad de dejar a las fracciones priistas del Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo con márgenes de maniobra más amplios, para que no se conviertan los documentos básicos en camisa de fuerza, sino que sean instrumentos que den paso a políticas públicas que den buenos resultados”. (Nota de Mariel Ibarra, Reforma, 24/II/13). El párrafo eliminado de los estatutos del PRI decía que “el PRI defenderá la economía popular y no aceptará el IVA en alimentos y medicinas”. Ahora dicen los priistas que tal modificación ¡de ninguna manera! ¡¿cómo creen?! abre la posibilidad de que tal reforma se apruebe en el Congreso de la Unión. Y como todas las controversias parlamentarias los priistas se las toman muy a pecho, prepárense los opositores a recibir, otra vez, la ya histórica “roqueseñal”, consistente, para todos aquellos que no se enteraron de ella, en la típica señal (semejante en todos los idiomas y culturas, por lo menos del mundo occidental) copular del macho y que tan efusivamente realizara el priista Humberto Roque, a la sazón líder de la mayoría priista en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó elevar el IVA de 10 a 15 por ciento generalizado, con la excepción –¡pero por supuesto! – de las medicinas y alimentos. Ya encarrerados, decidieron aprobar la propuesta de apoyar la apertura a la inversión privada de algunas ramas del sector energético, incluyendo refinación y petroquímica, “sin perder la rectoría del Estado”. (Ibídem). ¡N’ombre, traían vuelo! No solamente aprobaron lo anterior, en las mesas de predictamen de la Asamblea Nacional también quitaron el requisito de haber ocupado un cargo de elección popular para los aspirantes a la Presidencia y gubernaturas, instalado en los tiempos que se quería impedir el arribo de los “tecnócratas” a los principales puestos del gobierno, sin que hubiesen transitado por lo menos en un proceso de elección popular o haber desempeñado un cargo de dirigencia partidaria. Hoy todo eso es historia; acudimos, casi sin darnos cuenta, al nacimiento de un nuevo partido, no necesariamente heredero de los viejos Partido Nacional Revolucionario, el partido de los caciques de la Revolución Mexicana que decidieron otorgarse una estructura política que dirimiera los diferendos políticos; y mucho menos del Partido de la Revolución Mexicana, el partido de Lázaro Cárdenas, es decir, el partido de la reforma agraria, de las huelgas victoriosas y de la expropiación petrolera. Esos partidos serán sustituidos por exactamente su contrario; en este camino, paradójicamente, se asemeja cada día, y cada vez más a su opositor, el que naciera para oponerse a la ruta y logros del gobierno y partido del general Cárdenas, el PAN. Opuestos a la desaparición de los privilegios fiscales de las empresas y hombres más poderosos presentes en México, lo que significaría la desaparición del régimen de consolidación fiscal –que le podría generar a las arcas federales más de 300 mil millones de pesos al año, por lo menos– optaron por aumentar los gravámenes de los integrantes de las capas sociales inferiores en el orden económico, en un inaudito e injustificable acto de desmesura e irresponsabilidad social. Ya los oímos en las primeras horas –a los priistas– desechar con estudiadas poses de padres de la patria que lo aprobado en sus actos partidarios de fin de semana, ¡De ninguna manera! significa aprobar la elevación del IVA. No, todo lo contrario ¿cómo creen ustedes? Tenía razón el poeta, cuando despertamos, el dinosaurio aún seguía ahí.

Proyectos "especiales" en las escuelas

El Diario, 24 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores El anuncio se hizo bajo un tamiz atractivo. Los padres de familia sólo estarán obligados a aportar recursos económicos a las escuelas de sus hijos, si éstas desarrollan “proyectos especiales”, para lo cual la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte presentará en los próximos días el esquema para erradicar el cobro de cuotas en las escuelas, consistente en que “cada escuela recibirá una cantidad específica por cada alumno para cubrir sus requerimientos, mientras que en caso de que haya proyectos especiales, la dirección del plantel y la sociedad de padres desarrollarán un programa de actividades para juntar recursos”. “Según información extraoficial, el esquema contempla la creación de un fondo especial estatal del cual serán asignados presupuestos a las escuelas para sus gastos cotidianos. También se obtendrán recursos de un Fondo Nacional Escuela Digna, destinado a respaldar a cada uno de los planteles educativos”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario de Chihuahua, 22/II/13). El esquema planteado, tal y como fue presentado –insistimos, “extraoficialmente” – en la práctica le dará permiso a las autoridades escolares para concesionar las “tienditas escolares”, en la búsqueda, dicen, de acabar “con las diferencias entre los planteles considerados ‘ricos’ y los ‘pobres”. (Ibídem). ¡Ah, pero los padres de familia, si lo desean, podrán ponerse de acuerdo con las direcciones de las escuelas para “proyectos únicos de mejora, como la instalación de un nuevo equipo o la construcción de un nuevo edificio de servicio”, que de aprobarse por la Secretaría de Educación, les permitirá obtener recursos “adicionales” para que los proyectos sean financiados de manera bipartita entre padres de familia y autoridades, en un esquema parecido –dice el escribiente– al existente para la construcción de obra pública entre los gobiernos de los tres niveles. Con un esquema como ese se antoja francamente imposible que desaparezcan las diferencias entre escuelas de ricos y pobres, pues indudablemente que las escuelas ubicadas en las zonas con mejores niveles de ingresos podrán desarrollar más actividades financieras y/o cobrar aportaciones más altas a los padres de familia y se puede llegar al extremo –nada raro, por cierto, en este momento– de que aquellos padres de familia que no aporten las cuotas para los “proyectos especiales” deberán sufrir la exclusión de sus hijos de éstos, por una sola y sencilla razón: las diferencias entre los ingresos económicos de los padres. Peor aún, tal propuesta acaba con la gratuidad de la educación impartida por el Estado, plasmada como una de sus obligaciones principales en el texto constitucional. De aprobarse, el Gobierno Estatal asumirá el papel de regulador de las mejoras efectuadas en las escuelas, como por ejemplo, el de mejorar la currícula de los alumnos, mediante la impartición de otras materias especializadas y ya no tendrá la obligación de aportar el total de los recursos, como hasta ahora se hace, o se debe hacer. Tal información tiene como antecedentes, que nos llevan a la conclusión que tal pretensión camina en la administración estatal, luego que el subsecretario de Educación, Cultura y Deporte de la Zona Norte, Javier González Mocken, declarara que “los padres podrán hacer aportaciones para necesidades escolares”, para de esa manera compensar la eliminación de cuotas de inscripción para el próximo ciclo 2013-2014, que sigue en pie”. (Nota de Karen Cano, El Diario, 8/II/13). Tal declaración vino a darle un giro a las vertidas un día antes por el juarense, Jorge Quintana, titular de Educación, quien afirmara que sí habría aportaciones de los padres de familia. En ese lenguaje críptico tan característico de la clase política, González Mocken, afirmó que “Se mantiene la prohibición al respecto, lo que el señor secretario señaló es que básicamente se deja a salvo la participación de las sociedades de padres para que contribuyan al mejoramiento de las escuelas”, a quienes, dijo el funcionario, “no se les podrá negar a los padres que voluntariamente se pongan de acuerdo y recauden fondos para necesidades extraordinarias de la escuela durante el año”. ¡Tanta tolerancia sorprende! ¡Ahora resulta que para “acabar” con las cuotas escolares, que se pensaba eran ilegales, ahora estamos construyendo todo un entramado para que no se cobren, a fin de hacerles llegar recursos a las escuelas que es una obligación constitucional de los gobiernos! Y es que a pesar del anuncio realizado por el gobernador del estado, en la audiencia pública realizada el 24 de enero, ahora resulta que sí se les pedirán aportaciones a los padres de familia: “Las cuotas que se cobran en los planteles educativos continuarán, pero serán utilizadas para gastos extraordinarios”, dijo el titular de la dependencia, Jorge Quintana. “El objetivo es que el Gobierno del Estado absorba los gastos ordinarios, como papelería y mantenimiento”, agregó. “El principal reto de este año, es que no se aceptará que se cobren cuotas a los padres de familia, pero esto no libera a la sociedad de padres de la responsabilidad que tienen con la escuela”, dijo Quintana. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario, 6/II/13). Pues tales agrupaciones pueden tener muchas responsabilidades, y eso está bien, pero de ahí a que tengan como eje central de su existencia la obtención de recursos económicos para mantener las instalaciones escolares, hay mucha distancia, y menos como se plantea ¡En igualdad de circunstancias con el Gobierno del Estado, por aquello de las “aportaciones bipartitas”! Tales desfiguros se derivan de las recientes reformas al marco legal de la educación impartida por el Estado, una de las cuales –avalada por los partidos firmantes del Pacto por México, PRI, PAN y PRD– establece la mentada “autonomía de gestión de los padres de familia”, lo cual es, como lo dice el periodista Luis Hernández Navarro, una “Mentira (pues) la legislación abre la puerta para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización”. (La Jornada, 15 de enero de 2013). Y a propósito de la evaluación a los maestros, elevada a nivel constitucional por la reforma, circula por la internet una propuesta muy interesante, seguramente elaborada por algún maestro: “¿Es o no justo que nivelen salarios de acuerdo al desempeño? Propuesta: ¿Por qué no los ponen (a los diputados) a hacer un examen de conocimientos legislativos de tres horas, sentados, sin hablar, ni moverse y por supuesto sin celular, como nos hacen a nosotros cada año en carrera magisterial? ¿Cuánto sabrán estos tipos, por lo menos sobre la Constitución? Y si se les exige un examen de conocimientos generales a toda esa bola de ... ¿Cuántos lo pasarían? Por lo menos que se les pida un perfil escolar, mínimo de maestría, como esperan de nosotros los maestros, no que hay cada político… cacique... Y si no lo creen, investiguen sus perfiles y vaya sorpresa que se encontrarán…”.

Las mentadas de Leyzaola

El Diario, 21 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores Las claridosas declaraciones del director de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Julián Leyzaola, acerca de una llamada telefónica que le hiciera a 15 días de tomar posesión de su cargo, “el entonces líder de ‘La Línea’, Jesús Antonio Hernández Acosta, alias ‘El Diego’, para ponerse de acuerdo en la forma en la que iban a trabajar juntos”, son de las que levantan polvareda de la buena. Esto dijo el jefe policiaco del antiguo Paso del Norte: “Me dijo que él era el jefe de ‘La Línea’ en Ciudad Juárez y me habló para ponerse a mis órdenes y preguntarme cómo vamos a trabajar”, refirió. Leyzaola dijo que en respuesta le hizo saber que no iba a existir ningún arreglo con él y que había llegado a Ciudad Juárez a detenerlo. “Vas y chingas a tu madre, vine a partirte tu madre, a eso vengo –le dije–, y me colgó”, explicó el jefe policiaco. (Nota de Ramón Chaparro, El Diario, 19/II/13). Dos meses después de esa llamada, Hernández Acosta fue detenido, supuestamente en la ciudad de Chihuahua. –Si le contesté a “El Diego”, ¿por qué no a la gente de bien? –terminó diciendo el jefe policiaco, en alusión a la campaña de distribución de volantes que realizan agentes de la corporación en toda la ciudad y en la que se asienta el número telefónico del jefe. Pero estas declaraciones y los sucesos de los últimos días en el estado de Morelos –además de la salvaje cacería desatada en distintos momentos en contra de los policías municipales juarenses– en los que la nueva administración estatal, encabezada por el perredista Graco Ramírez (que se significó, desde muchos años atrás, por encabezar y/o participar en diversas protestas sociales en contra de la inseguridad en aquella entidad) ha estado sometida a una cruenta, muy cruenta, ofensiva, de la que se salvó milagrosamente el procurador de Justicia, Rodrigo Dorantes, y en la cual, no se sabe si guarda relación, el martes se informó del secuestro del ex secretario de finanzas del anterior gobierno estatal, de corte panista, pueden llevarnos a la conclusión de que la llamada de “El Diego” a Leyzaola no era lo extraño, al contrario. Para decirlo en otras palabras, ¿sólo a Leyzaola le llamaron los jefes de las bandas criminales en Juárez? ¿No será que a todos los jefes y mandatarios, por distintas vías, les llegan las “llamadas” de los criminales, cuyas respuestas, obviamente, no conocemos, pero que nos llevan a pensar malévolamente? Es moneda corriente –y por lo menos un ex gobernador, el de Nuevo León, Sócrates Rizzo García, lo aceptó– que la gente afirme que los distintos grupos criminales llegan a acuerdos con las autoridades. Tal especie siempre ha sido negada –o por lo menos la inmensa mayoría de los consultados por los medios lo hace– por las autoridades, algo que luego, justamente en medio de situaciones de gravísima confrontación, se da a conocer por distintos protagonistas, como fue el caso del primer secretario de Seguridad Pública del gobierno de Reyes Baeza, Raúl Grajeda, quien años después de haber desempeñado dicho cargo, en su libro –“Seguridad Pública, callejón sin salida”– afirmó que el gobernante habría buscado llegar a un acuerdo con el Cártel de Juárez para mantener la “tranquilidad” en la entidad, algo que hasta la fecha ha sido negado por el ex gobernador, hoy convertido en pieza fundamental en el “desarmado” de las fuentes de poder de la maestra Elba Esther Gordillo, en la dirección del Fovissste. Del mismo modo, ¿a poco no se antoja pensar que a falta de un acuerdo con Graco Ramírez los grupos criminales han desatado una salvaje cacería? ¿O que, por el contrario, el intento de ejecución en contra del procurador morelense, Rodrigo Dorantes, lleva dedicatoria de su controvertido paso como agente del ministerio público federal y luego como subdelegado de la PGR en Juárez? ¿A él también le llamarían, en su momento? ¿Cómo saberlo? Esos son los cuestionamientos que levanta una declaración como la efectuada por el jefe Leyzaola, realizada al desgaire, como si fuera cualquier cosa, cuando en realidad nos lleva a especular al muy profundo origen de la situación por la que atravesamos en materia de seguridad pública. ¿Cómo creerles?

Mando único

El Diario, 19 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores Es probable que más de uno se haya percatado de la ironía de la resolución tomada ayer por los gobernadores en la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presidida por el mandatario chihuahuense, César Duarte. Aprobaron una propuesta de Felipe Calderón, elaborada por su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, consistente en la creación de un mando único de las policías municipales y estatales, con la diferencia que los panistas la querían de todo el país, de todas las policías, y ahora se pretende, solamente, las existentes en cada entidad federativa, para lo cual deberán presentar una reforma constitucional a fin de que las autoridades municipales puedan “solicitarle” al gobierno estatal asuma la conducción de las policías municipales y así crear un solo “cuerpo policiaco que aglutine a los cuerpos estatales y municipales, como medida para hacer más eficiente la lucha contra la delincuencia”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 18/II/13). El planteamiento lo formuló el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, -quien, por puritita casualidad, viajó en la noche del domingo con el Presidente Enrique Peña Nieto a la capital de Chihuahua-. Y es que en el marco de la reunión presidida por el otro Duarte, el de Chihuahua, bajo insistentes opiniones que los días de tal organismo -como agrupación alterna ante la presidencia de la república- están contados, los mandatarios estatales hicieron esa propuesta que muy bien pudiera encuadrarle a la Conago. Para que no quedara duda de la vigencia de los nuevos tiempos, Peña Nieto anunció la creación de 12 zonas, con un responsable, integrante del gabinete presidencial, para atender “directamente” a cada uno de los gobernadores. En castellano quiere decir que para tratar algún asunto al presidente, en adelante los gobernadores deberán tratarlo, antes, con el Secretario designado a la zona que pertenezca la entidad. Así, a las múltiples ocupaciones derivadas de su cargo -nomás la Secretaría de Energía- Pedro Joaquín Coldwell deberá sumar las planteadas por César Duarte y Guillermo Padrés, gobernador de Sonora. Pero tales asuntos son los menores, -si se les puede catalogar de tal manera- lo sustancial de la reunión celebrada ayer en la capital consiste en que los mandatarios estatales y el federal asumieron como el asunto más importante en el momento el de la inseguridad. Así lo denotan sus resolutivos, aunque Peña Nieto haya intentado matizarlo y mencionar lo inaceptable de la existencia de 7 millones y medio de mexicanos en extrema pobreza y que la estrategia en contra de la delincuencia no está basada en el uso exclusivo de la fuerza, sino en la consolidación de “un modelo policial que ponga el acento en la capacitación, equipamiento e investigación que brinde seguridad a las comunidades” y también en el “fortalecimiento del tejido social”. Ni el gobernador veracruzano, ni Peña Nieto nos dieron más elementos para concluir en que la creación de los mandos únicos podrían establecer “una mejor coordinación que ponga el acento en la capacitación, el equipamiento y las tareas de investigación, análisis e inteligencia”, o que tal modificación nos lleve a tal conclusión, después de años de pruebas de “confianza” y de cientos, miles, de discursos de lo bien que han estado “coordinados” los tres niveles de gobierno en esta materia. O que la seguridad pública mejore a partir de la pronta puesta en vigor del nuevo sistema de justicia penal. La experiencia chihuahuense alumbra más en el sentido contrario, es decir, que en momentos de una aguda crisis de seguridad pública, la transición de un sistema de justicia penal a otro no necesariamente lleva al mejoramiento de aquella, lo cual no quiere decir que apoyemos la prevalencia del viejo sistema de justicia penal; son evidentes las ventajas del nuevo, el acusatorio. En cambio, hasta ahora nadie ha mencionado las ventajas y desventajas del esquema norteamericano, que creó una dependencia especial para atender el problema del tráfico de drogas. ¿Si el principal mercado de estupefacientes en el mundo llegó a esa conclusión, porqué nosotros no? ¿Será porque allá decidieron ver el problema como uno de salud pública y no como nosotros, exclusivamente de policías, patrullas y pistolas, sin inteligencia aplicada? asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Cruzados

El Diario, 17 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores Probablemente no fingían. En el arranque de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, uno de los programas señeros de la nueva administración federal, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles –a juzgar por las imágenes profusamente difundidas– tuvieron bastantes motivos para pasar muchos momentos felices. Ese programa tiene como objetivo atender en el país a 400 municipios “prioritarios” por medio de estrategias “integrales que permitirán abatir al máximo las carencias de la población”. Contra todos los pronósticos –y todos los estudios sobre la pobreza– de los municipios chihuahuenses que todos aceptan son de la mayor pobreza, sólo se incluyeron a los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi y Morelos. La sorpresa fue que se incluyó a los dos municipios mayores de la entidad, Juárez y Chihuahua, así como a Janos, pero no a Batopilas, ni a ninguno de los otros considerados como de muy alta marginación. En el acto, el gobernador Duarte informó que se buscaría la integración de Batopilas. No debió esperar mucho, de inmediato, el delegado en Chihuahua, José Luis de la Madrid (encargado de relaciones públicas en la campaña del parralense) informó que se incluirá a Batopilas, Uruachi y Urique en el programa. La Cruzada, afirmó Robles en el acto, “… es una estrategia integral que involucra también una política económica que garantice crecimiento, empleo, una mejor distribución del ingreso y la democratización de la productividad... … Hasta el momento se cuenta con los 7.4 millones de habitantes objetivo de la Cruzada, 3 millones tienen tres carencias, por lo que se daría un salto cualitativo. Según los estudios realizados por la Sedesol, se ha determinado que hay 2.5 millones de personas con cuatro carencias; casi 1.5 millones con cinco y 430 mil con seis carencias, incluido el acceso a la alimentación”. (Nota de Elena Trejo, El Diario, 16/II/13). Todo está muy bien, los discursos, los objetivos y todo lo demás, pero las explicaciones acerca del porqué se incluyeron ciudades que en nada cumplían con los perfiles señalados escaseaban. En esa lista aparecieron los municipios de Monterrey, Juárez, Chihuahua, Guadalajara, Torreón, Saltillo, Querétaro, Aguascalientes, Cancún, Tijuana y Puebla; pero no Batopilas, Urique, y Balleza de los municipios chihuahuenses con un alto porcentaje de habitantes en pobreza extrema y una elevada carencia alimentaria. (Nota de Itxaro Arteta y Érika Hernandez, Reforma, 10/II/13). ¿Cómo explicar que aparezca la capital chihuahuense que “tiene sólo dos por ciento de su población en pobreza extrema (16 mil 560) y 12.2 con carencia alimentaria (99 mil 891)” y no “Batopilas con 7 mil 844 personas en pobreza extrema y 4 mil 150 con carencia alimentaria, que representan 55.4 y 29.3 por ciento de su población total, respectivamente (Ibídem)”? A su vez, y sólo como ejemplos, no entraron al programa municipios como Zirándaro y Zitlala (Guerrero.), Tepehuacán (Hidalgo), Chichiquila y Quimixtlán (Puebla), Santa María Peñoles y San Juan Mazatlán (Oaxaca), Tequila (Veracruz) y Amatán de Chiapas, todos con porcentajes de población en pobreza extrema por encima del 50 por ciento. (Ibídem). Así ocurrió con infinidad de municipios de Querétaro, Yucatán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. La argumentación oficial es que existen más pobres en esas grandes urbes que en las pequeñas poblaciones ¿Será? ¿Más explicaciones? La semana pasada, las bancadas del PVEM y el PRI se opusieron a la propuesta del PAN y PRD a la aprobación de un punto de acuerdo para que se presentara la secretaria Rosario Robles a explicar porqué 1 mil 88 municipios, catalogados de alta o muy alta marginación, no habían sido incluidos en el programa y sí otros en los que los porcentajes de su población en esas condiciones son muy bajos. (Nota de Reforma, 12/II/13). ¿Qué comparten la mayoría de las grandes urbes –algunas de ellas consideradas como de las líderes en indicadores de buenos niveles de vida– incluidas en la cruzada? Pocas cosas, una de ellas, que ahí se escenificarán duras, muy reñidas elecciones en 2013. Cuesta trabajo aceptar que en la política se presenten las coincidencias, mucho menos en esta secretaría con tan elevado presupuesto, de cuyo ejercicio se desprenden hartos beneficios político-electorales, que podrían explicar, por ejemplo, que el PAN alcanzara muy elevadas votaciones en los municipios de más alta marginación en Chihuahua en el pasado proceso electoral, por puritita coincidencia en aquellos en los que los programas de Sedeso campearon alegremente. ¿Y entonces? A contrapelo de todos los que descartan los “complo’s”, hay más “coincidencias”. Y esas se encuentran en el equipo que acompaña a la ex perredista en la dependencia a su cargo. Según información publicada por Proceso (No. 1880, 6/I/13) antes de la toma de posesión, el secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Rojas, elaboró, para Robles, un diagnóstico del país y los programas sociales que desarrollarían en el nuevo gobierno. Se reunieron, así, dos personajes muy ligados, uno desde el pasado remoto, y otra en el más reciente, al ex presidente. Rosario Robles fue, junto a Carlos Ahumada, protagonista central en el escándalo de las “ligas” de René Bejarano y otros dirigentes del PRD que recibieron financiamiento del que era en ese momento pareja sentimental de la entonces presidenta nacional de ese partido y que en un libro (“Con todo el corazón”, 2005) desveló parte del entramado del intento por sacar a López Obrador de la contienda presidencial de 2006. Rojas fue nombrado por Enrique Peña Nieto director de Fonaes, la dependencia que luego se transformará en el Instituto de Economía Social y Solidaria que agrupará los programas del Fonaes, Opciones Productivas de la Sedesol, el PESA de la Secretaría de Agricultura y Empleo Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria y que empatará con los programas de Sedesol “vinculados a Desarrollo Urbano. (Proceso No. 1880, 6/I/13). Pero no sólo Carlos Rojas “acompaña” a Robles en la Sedeso, la ex secretaria del mexiquense, Adriana González Maíz, se convirtió en el periodo de transición en la secretaria particular de la ex perredista; Omar Garifas y Javier Guerrero García (ex funcionario, también, de Rubén Moreira en el gobierno de Coahuila), colaboradores muy cercanos de Rojas, fueron nombrados secretario técnico y subsecretario de Desarrollo Social, respectivamente. Como si hubiera dudas acerca del trabajo de la ex perredista, ésta fue rodeada de la gente cercana a Peña Nieto y a Miguel Osorio Chong: Así, en la Subsecretaría de Desarrollo Social al encargado de esta área en el Estado de México, Ernesto Némer; a la salinista, ex directora de Obras Públicas del gobierno de Hidalgo con Miguel Osorio Chong, Angélica Hernández, como directora de Oportunidades; el ex secretario de Desarrollo Social de Puebla, Juan Carlos Lastiri Quiroz, como Subsecretario de Prospectiva; el ex secretario particular de Peña Nieto, el atlamulquense Héctor Eduardo Velasco, fue nombrado director de Diconsa; la mexiquense Liliana Romero Medina en Fonart; la también ex colaboradora de Peña Nieto en el Estado de México, María Angélica Luna, en el Instituto Nacional de Desarrollo Social y en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Araceli Escalante, también del grupo político del presidente. Esos son los “cruzados” de hoy.

Misericordia

El Diario, 14 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores En la muy fría tarde del 16 de enero pasado, una joven mujer dejó un recién nacido en el estacionamiento de la iglesia de San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Panamericana de la capital chihuahuense. El bebé fue de inmediato asistido por los testigos, llevado al Hospital General y entregado después a los funcionarios y cuidados del DIF. De inmediato, las autoridades prejudiciales se abocaron a buscar a la madre que había abandonado a su hijo, quien aún tenía las evidencias de haber nacido apenas unos instantes atrás y que, además, mostraba la impericia de quien asistió el parto. Días después la Fiscalía General del Estado ubicó a la mamá; el abuelo (que recién se enteraba de tal calidad) acudía a informarse del estado que guardaba el bebé y la autoridad anunció que levantaría los cargos de omisión de cuidados, violencia extrema y hasta el de homicidio en grado de tentativa contra Clara Armendáriz que, ahora ya sabemos, así se llama la joven de 18 años señalada, casi linchada por la opinión pública de la ciudad de Chihuahua, integrada por una abrumadora mayoría de creyentes católicos y quienes se han hecho eco de una increíble postura de la casi totalidad de los medios de comunicación. Sin el menor respeto a la integridad física y sicológica de la joven, olvidando las más elementales normas periodísticas, se publicaron en estos días las imágenes de la joven, a quien por esta vía ya se le endilgan los peores epítetos, sin misericordia alguna y haciéndose ejemplo viviente de lo que Benedicto XVI ha criticado en la ceremonia del miércoles de ceniza, en lo que fue una severa crítica a la Iglesia que dirige: “La Iglesia está en ocasiones desfigurada por las divisiones dentro del cuerpo eclesiástico…”, lamentó la “hipocresía religiosa”, así como “el comportamiento de los que aparentan” y las actitudes que buscan ante todo “los aplausos y la aprobación”, y en la cual llamó a superar “el individualismo y las rivalidades”. Y es que la historia de Clara, buena estudiante de Bachilleres, no es tan simple. Casi al mismo tiempo que moría su madre, se embarazaba. Cosas de lo más corriente, el padre, un joven igual que ella, se hizo a un lado de la responsabilidad paterna; la joven, desesperada, decidió ocultar, por vergüenza y desesperación, el embarazo a sus familiares. Así lo hizo hasta las últimas consecuencias. En lugar de abandonar a su hijo en cualquier lote baldío, optó por dejarlo a las puertas de la iglesia más cercana. Casi muere desangrada pues nadie la asistió en el parto, alguien le auxilió a evitar la segura muerte pues no efectuó (así se deduce por las evidencias periodísticas) las maniobras necesarias para el alumbramiento. Luego, el mundo se le vino encima. Las duras frases del fiscal general, Carlos Manuel Salas, reflejan, emblemáticamente, lo que han expresado diversas voces, sin misericordia alguna, al sostener que “la Fiscalía ejercerá acción penal, y sin duda vendrá la vinculación a proceso”, para, a continuación, amenazar a que “cualquier persona que deje a bebé a su suerte tendrá sanción”, sin pararse a, siquiera, enunciar que deberá analizarse con cuidado las condiciones en las que Clara Armendáriz debió tomar determinaciones que le han marcado, ya, indeleblemente, la vida. Está fuera de discusión que cometió errores; ahora importa saber si por ello debe pagar toda la vida; si su hijo deberá, desde ahora, arrostrar en condiciones de desventaja –por lo menos afectivamente– su existencia; como sociedad deberemos reflexionar seriamente acerca de la emisión de juicios lapidarios, del cómo enjuiciamos severamente a los demás, y benévolamente nuestras propias conductas. Este es el caso. ¿Nos podemos imaginar, siquiera, el infierno de quien era, hasta antes de su embarazo, una joven ejemplar y cuya existencia cambió dramáticamente con la muerte de su madre y un embarazo a todas luces no deseado? ¿Qué tanto habrían cambiado las cosas si los jóvenes hubiesen tenido la información –y la mentalidad necesaria– para, por ejemplo, acceder y usar la “píldora del día siguiente” y que por atavismos, de cualquier tipo, no usaron? ¿No será suficiente castigo el que ha sufrido, ya, para, encima, agregarle la cárcel y hasta la separación definitiva de su hijo? ¿Cuántas, de esas “buenas conciencias” están dispuestas a perdonar a Clara y proponerse en su auxilio? ¡Ah, cuánta deshumanización! ¡Cuánta hipocresía!

Renuncia

El Diario, 12 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores Por lo menos la mitad del mundo se estremeció con la impactante noticia de la renuncia de Joseph Ratzinger al papado, en el cual se desempeñó con el nombre de Benedicto XIV, acto que pondrá en la máxima tensión el gobierno de la más importante de las iglesias del mundo occidental. Lo que ahí ocurre en nada parece diferenciarse de lo presentado en casi cualquier gobierno en el mundo, cosas que ahora empezamos a conocer con precisión gracias a las múltiples “filtraciones” ocurridas en los últimos años, y no solamente por las aportadas por el mayordomo del Papa, quien tuvo –por algunos meses– el extraño privilegio de ser el único prisionero en la cárcel del Vaticano en los últimos, por lo menos, 150 años. Más allá de las implicaciones que sufrirán los creyentes católicos, la importancia del hecho, y de la sucesión de Benedicto XVI, es muy grande, pues la opinión del Vaticano ha contado extraordinariamente en la elaboración de políticas públicas en muchos países. Las posturas de la iglesia católica en lo referente al uso de condones -por extensión en la prevención del Sida-, frente a los homosexuales, y por tanto en los matrimonios de éstos, así como la asumida en la interrupción del embarazo han influido decisivamente –para mal– en incontables gobernantes del mundo entero. De ahí que, más allá de la penetración e influencia espiritual de la iglesia católica, lo que hacen los más altos dignatarios de ella adquiere importancia mundial. Levantan marejadas de señales de alarma. El brevísimo discurso mediante el cual da a conocer su renuncia contiene inequívocas señales de que algo muy grave, incluso más allá de los argumentos señalados por Benedicto XVI, sucede al interior del Vaticano, algo que muchas publicaciones han dado a conocer en los años recientes y que pudiera desembocar en una brutal lucha por el poder, algo que ya ocurría a diario en todos los años del papado del alemán. Más aún, por las informaciones dadas a conocer recientemente, ahora podemos afirmar que todos y cada uno de los pasos que dan los más importantes de la jerarquía católica son previamente pensados con profundidad y analizadas fríamente las repercusiones que tendrán al paso del tiempo. Si hacemos caso a la abundante información otorgada por el periodista italiano Gianluigi Guzzi (“Las cartas secretas de Benedicto XVI, el libro que destapó el escándalo del Vaticano”, [mr] editorial Planeta 2012) solo podríamos llegar a la conclusión que lo anunciado ayer era del conocimiento de algunos de los más importantes y cercanos colaboradores de quien fuera durante largos 20 años el guardián de la fe católica, al frente de la Prefectura de la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde la cual se armaron todas las argumentaciones de la Iglesia Católica alrededor de los problemas en que mayor interés tenía Juan Pablo II, de quien fue su mano derecha, particularmente en las posturas más conservadoras de su iglesia. Fue, por tanto, el documento de su renuncia, uno muy cuidado, pues sabían de las importantísimas repercusiones que tendría esa renuncia. Precisamente por los numerosos escándalos suscitados por integrantes del gobierno del Vaticano (conocidos fundamentalmente en Italia) una frase de la renuncia (… con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma) despierta -y despertará innumerables comentarios, no siempre agraciados para la élite católica- pues por todas partes asoman los conflictos desatados al interior, en los que invariablemente aparece el Secretario de Estado, Tarcisio Bertone, a quien no pocas versiones ubican al lado de quienes hacen extraordinarios negocios no necesariamente lícitos, los mismos que han originado hasta resoluciones judiciales del más alto nivel en el que señalan que algunas operaciones bancarias violan las reglamentaciones e incurren en la figura del lavado de dinero. Bertone será una de las figuras en el cónclave que deberá reunirse para elegir al sucesor de Ratzinger, quien, según Guzzi, ha “conseguido construir una telaraña de poder, nombrando a cardenales y monseñores de su confianza en la dirección de numerosos organismos claves en el Vaticano”. (Obra citada, pp. 68). ¿Será el factor que incida en la sucesión? Dado su poder ¿Ignoraría la decisión de renunciar? Si la sabía, seguramente, como en todos los lugares del poder, tomó las previsiones necesarias Lo sabremos en un mes… aproximadamente.

Chihuahua mejora; el país, peor

El Diario, 10 de febrero de 2013. Luis Javier Valero Flores No podrían ser mejores las noticias y evaluaciones. Después de años de sufrir la peor oleada homicida de su historia, Juárez dejó de ser la ciudad más violenta del mundo. No solamente, de acuerdo al “ranking” elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, pasó del primer lugar al 19, luego de mantenerse en aquel doloroso lugar. A su vez, la capital del estado pasó a ocupar el lugar 32 de las ciudades más violentas del mundo. Así, ambas ciudades dejaron de formar parte de las primeras diez, con una caída en las tasas de homicidio que desde días atrás ya se informaba de ella, al pasar de una tasa de 229 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2010, a 56 en 2012, según informó el dirigente de esta organización, José Antonio Sánchez Ortega. (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario, 7/II/13). Juárez ocupó el primer lugar en 2008, 2009 y 2010. Hoy es San Pedro Sula, Honduras, quien lo ocupa, con 169.3 asesinatos por cada cien mil habitantes, seguido de Acapulco con 142.8. En tanto, la ciudad de Chihuahua presentó una tasa de 43.49 homicidios por cada cien mil habitantes, al ocurrir 367 homicidios durante el año pasado. (Ibídem). Si bien esas son las cifras del Consejo Ciudadano, la organización local, Observatorio Ciudadano ubicó la disminución homicida en 50.4 por ciento en 2012 respecto del año anterior en todo el estado al “pasar de 4 mil 65 muertes a 2 mil 16 al cierre del año pasado, mientras que otros delitos como el robo a casa habitación, comercio y de vehículos se mantiene en altas y bajas. Significa, de acuerdo con estas cifras, que la tasa de homicidios pasó de 123 por cada 100 mil habitantes, en 2011, a 61 en 2012. Sin embargo, a pesar de estas notorias disminuciones, Juárez y Chihuahua siguen consideradas como parte de las 8 ciudades más violentas del país, acompañadas de Acapulco, el Distrito Federal, Culiacán, Monterrey, Torreón y Tijuana, al concentrar el mayor número de muertos entre 2011 y 2012, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). (Nota de Reforma, 28/01/2013). “Durante ese periodo, esos lugares concentraron más de la cuarta parte de los homicidios dolosos cometidos en el país. Otras ciudades o zonas urbanas con altos índices de homicidios dolosos son Culiacán, Mazatlán, Ecatepec y Cuernavaca”. En 2011, el SNSP reportó 16 mil 269 homicidios dolosos, de los cuales 5 mil 575 ocurrieron en esas ocho ciudades, es decir, el 27 por ciento. Mientras que en 2012, las 32 Procuradurías del País reportaron 20 mil 522 homicidios dolosos. Así, mientras que en el estado de Chihuahua disminuía la ola homicida, en el país se incrementaba ligeramente y en los dos primeros meses del nuevo gobierno federal se presentaron más de dos mil asesinatos, lo que podría arrojar al final del primer año cifras por encima de las alcanzadas en el último año del gobierno de Felipe Calderón, con lo que se fortalece la percepción de que las medidas en el combate a la ola homicida no son diferentes a las de aquella administración. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, “una de las estrategias para reducir la violencia depende de la prevención del delito, el fomento de la confianza y la participación ciudadana”, además de la creación de centros regionales de combate al crimen organizado, la creación de una Gendarmería Nacional y la instrumentación de un esquema de Policías Estatales Coordinadas”. Bueno, pero en tanto se instrumenta la nueva estrategia, los dos primeros meses del gobierno de Peña Nieto son para olvidarse pues se presentaron 2 mil 243 homicidios –mil 104 en enero y mil 139 en diciembre– en los que los estados con mayor número son Sinaloa con 245, Chihuahua con 180, Nuevo León con 176, Jalisco con 163 y Coahuila con 148. (Nota de Staff, Reforma, 9/II/13). Tales cifras motivaron, ante los cuestionamientos de la prensa, una peculiar respuesta del nuevo gobierno: “No se mira al pasado en busca de culpables; la nueva estrategia dará resultados”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien aseveró que están “trabajando de manera muy cercana con los gobernadores, y creemos y estamos convencidos que las acciones que estamos tomando en la materia van a dar resultados… Miren, yo creo que nos encontramos –el presidente y todo el gabinete– con una situación en este país, y hay que enfrentarla y hay que resolverla, creo que ni debemos estar mirando al pasado ni echando culpas. Este gobierno no está buscando culpables, ahora es nuestra responsabilidad y tenemos que resolverla…”. (Nota de Roberto Garduño, La Jornada, 9/II/13). Todo ello en medio de la crisis de credibilidad alrededor de la explosión del edificio B2 del complejo de Pemex en la capital del país y del crecimiento de las brigadas ciudadanas de autodefensa en el estado de Guerrero que, como vimos arriba, se ha destacado en los últimos dos años (especialmente Acapulco, pero no solamente) como la entidad con el mayor incremento de los homicidios, a pesar de que, llamémosle normalidad, mantenga cifras por encima de la media nacional pues antes de estas oleadas criminales el estado de Guerrero presentaba tasas de homicidios cercanas a las 40 por cada 100 mil habitantes. Mientras eso ocurre, en Chihuahua el grupo gobernante presumió el mejoramiento de todos los índices delictivos en la reunión de seguridad celebrada en la capital del estado el jueves anterior, convocada apresuradamente –pensamos algunos– por el incremento de los hechos delictivos, especialmente los ocurridos en el antiguo San Felipe el Real con el homicidio de dos propietarios de bares y el ataque con bombas molotov a otro, además del homicidio previo de otra persona en otro establecimiento de este tipo. En dicha reunión, el gobernador César Duarte informó que en enero sólo se presentaron 26 homicidios en Juárez, en contraste de los 269 ocurridos en el mes de enero de 2011. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 8/II/13). Además, afirmó que solo se habían presentado 78 robos de autos con violencia, “con relación al mes más alto, 540 en enero de 2011. (Ibídem). La misma tendencia se presenta en el robo de vehículos, sin violencia, que, dijo, disminuyó 73 por ciento respecto al “mes más alto, enero de 2010, con mil 231 vehículos”. Hasta aquí todo apunta al fortalecimiento de la tendencia que se empezó a apreciar hacia la mitad del año anterior, en lo que todo hace suponer que el nivel del enfrentamiento entre las bandas criminales ha disminuido, de ninguna manera a los niveles previos al 2008,. Ahora tenemos la criminalidad que obedece a otras dinámicas, algunas de ellas derivadas del enfrentamiento de las bandas, del encarcelamiento de algunos de los mandos (o su ejecución), pero otras con orígenes socioeconómicos, derivados de la disminución de las actividades económicas, tanto las derivadas de los negocios lícitos (afectada, tanto por la ola de inseguridad, como del pasmo económico de Estados Unidos, lo que nos ha llevado a perder más de 100 mil empleos, de los cuales apenas se habrán recuperado 50 mil), pero también de la derrama económica que dejaba en la entidad el tráfico de drogas, que le suministraba a la economía chihuahuense, en versión de algunos, hasta el 15 por ciento del total. Recuperar los índices de hace 5 años será de manera lenta, muy lenta, más si la recuperación económica tarda. No son muy buenos los pronósticos a pesar de todo.

Manifestantes

El Diario, 7 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores De un de repente, diría más de una anciana, se vinieron sobre la sociedad de la capital del estado y gobierno diversas manifestaciones, con un factor común: el del reclamo a la autoridad estatal, además de las federales y municipales. El análisis superficial –y el interesado– encontrará en todas ellas la motivación electoral. No hay elementos para llegar a tal conclusión, salvo el que se quisiera atenuar la opinión crítica sobre la administración estatal. Vano intento. No porque no incida sobre el conjunto total de la opinión pública, sino porque lo sucedido en días recientes, a raíz de la marcha de las madres de víctimas –desaparecidas y/o asesinadas– y de las movilizaciones de El Barzón (en sus dos vertientes, el dirigido por Martín Solís, Gabino Gómez y Lucha Castro, y el dirigido por Roberto Cázares, que no son la misma organización), así como de Agrodinámica Nacional (que no llegaron a Chihuahua, ni ésta, ni Cázares), es un reflejo de lo vivido y sufrido por una parte de la sociedad. No es el resultado de la “maquinación” de un grupo para “desestabilizar” al gobierno estatal. Sorprende el cambio de postura del gobernador César Duarte en el tratamiento a las organizaciones promotoras de las movilizaciones, de sus posturas y del modo en que recibió las críticas, algunas de ellas no tan de buenas maneras. Por supuesto que las posturas de quienes exigen justicia, en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo a los problemas planteados, dependen en grado sumo del nivel organizativo de sus agrupaciones. La marcha de las “mamás” obedeció a su intensa indignación, dolor e impotencia, y a la tremenda insensibilidad de quienes están obligados a otorgar una pronta, sensible y oportuna atención a tales personas, especialmente en los casos ocurridos en el antiguo Paso del Norte. Debido, tanto a los pavorosos antecedentes de esta frontera, como a la enorme desarticulación social y familiar de quienes habitan en Juárez, muchos de ellos procedentes de otras latitudes o que constituyen la primera generación después de aquellos y que sufren, por tanto, la desarticulación de sus familias paternas y maternas, que les podrían proporcionar de mejor manera la especie de “colchón” social que poseen quienes no son migrantes. Después de varios desencuentros en fechas, lugares y horas de la entrevista entre el gobernador y las manifestantes, esta se celebró, no en las mejores condiciones que permitieran el intercambio entre los padres y el mandatario. No iba a ser un encuentro cómodo para la autoridad. La postura de Duarte así lo reflejó, no así la del alcalde Héctor Murguía. Deberá acostumbrarse a recibir a ciudadanos sin el “perfil” cómodo de las muy cuidadas “audiencias públicas”. También para ese tipo de encuentros se necesita preparación de los gobernantes. La sociedad chihuahuense atravesó –y en muchos aspectos aún se encuentra sometida– a momentos verdaderamente difíciles, los mismos que requieren de los gobernantes mucha paciencia para escuchar, incluso, los reclamos fuera de tono (aunque no a todos nos guste) de los chihuahuenses víctimas de alguna circunstancia lacerante. Quizá por eso, y seguramente porque El Barzón celebró una buena movilización con la presencia de su dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, y del obispo de Saltillo, Raúl Vera, entre otros dirigentes, motivados principalmente por el poco –para ellos– avance de las investigaciones del asesinato de Ismael Solorio, la respuesta del gobernador fue inmediata. Ojalá que también las soluciones, tanto para los que “desquiciaron” el centro de la ciudad de Chihuahua, como las familiares de las víctimas en Juárez, se presenten, además de las entrevistas sostenidas con los gobernantes. Los problemas planteados por las organizaciones son realmente existentes y reclaman el concurso, no sólo de la máxima autoridad sino, fundamentalmente, de los mandos inferiores, pues debido a eso decidieron recurrir a la atención personalizada del gobernante. No obstante la reunión sostenida el martes, de la que se desprendía, según la última información oficial, la instalación de mesas de diálogo, la movilización continuaba hasta ayer. Finalmente, a pesar de las críticas interesadas, la filiación política-electoral de las diligencias, es muy diversa y cuesta mucho trabajo aceptar que las manifestaciones de los últimos días tengan ese interés. Ni las “mamás” andan en busca de votos, ni los barzonistas se alinean con López Obrador y su Morena –la que resolvió no participar en el próximo proceso electoral– ni tampoco con el PRD del cual se alejan cada vez más... Tanto, que el extinto dirigente Solorio apoyó la candidatura de César Duarte a la gubernatura de Chihuahua.

5 de febrero: ¿modernidad y privatización?

El Diario, 5 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores Cuesta trabajo aceptarlo. Conforme pasan los días de la nueva administración federal, de algún extraño modo pareciera que regresáramos en el tiempo. Todo se asemeja, vamos, hasta las tragedias, como la acaecida en el complejo de edificios de Pemex en la Ciudad de México, la respuesta y conducta del gobernante, la de la ciudadanía se parecen a las del pasado. Ahora, con el discurso de la ingente necesidad de modernizarse, se habla de la modernización de la principal empresa mexicana, eufemismo usado para encubrir las verdaderas intenciones del grupo gobernante: la privatización del más importante negocio hoy existente en México, la explotación y venta del petróleo crudo. A casi un siglo de la puesta en vigor de la Constitución, sus principales ejes son hoy lanzados por la borda; casi nada queda de los reclamos, exigencias, puntos programáticos de las fuerzas que enviaron a sus representantes al cónclave constituyente celebrado en Querétaro. Poco falta para que intenten destruir el principal postulado de esa, la constitución más avanzada del mundo hasta ese momento, que fue la de acabar con el mito de que la propiedad privada era don divino. A partir de la Constitución del 5 de febrero de 1917, la nación mexicana era la propietaria de todo cuanto pueden ver nuestros ojos –y también lo que no– y se imponía como facultad darle a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público, poniendo, así, por encima de los intereses individuales, los de la nación toda. Nadie se había atrevido hasta entonces ponerle un freno a la apropiación individual, se pensaba que heredar las propiedades –de todo tipo– era por decisión divina, incluso las coronas de los países. La reforma al artículo 27 constitucional, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari –mediante la cual la propiedad ejidal y comunal se pueden vender– significó, en los hechos, la contrarreforma agraria; del mismo modo, aunque en un nivel menor, las modificaciones a las leyes del IMSS e ISSSTE se convirtieron en los instrumentos para echar abajo varias de las mejores prestaciones sociales del movimiento revolucionario de principios del siglo anterior. Más aún, las recientes reformas en materia laboral son la versión de la contrarreforma que al grito de la modernización echan abajo todas las conquistas, no solamente de la Revolución Mexicana, sino de todos los movimientos sociales progresistas del siglo XIX. Hoy las baterías están dispuestas en contra de la empresa que modificó hasta sus raíces al país, la que hizo posible la modernización, real, de la sociedad mexicana, la que le aporta poco más del 30 por cierto al erario federal, Pemex, que hoy vive una de las peores tragedias y a la que al grito de la modernización se pretende privatizar en mayor grado. Nadie en sus cinco sentidos vendería una empresa en la que la obtención del producto le cuesta 8 dólares y lo vende a más de 100 en el mercado internacional. Tal margen de ganancia le permitiría, a cualquier propietario interesado en mejorar sus utilidades, invertir lo necesario en la modernización, rehabilitación y mantenimiento, sin necesidad de venderla. El caso de Florence Cassez nos ha permitido asomarnos al elevado grado de manipulación ejercido por la televisión privada en la sociedad mexicana. ¿Cuántos mexicanos creen en la culpabilidad de la francesa teniendo como única información la recibida en los noticieros y programas “de opinión” de Televisa y Tv Azteca? Más del 80 por ciento. Bueno, pues ese mismo aparato de manipulación le hace creer a la mayoría de los mexicanos que las privatizaciones son la fórmula para combatir la ineficiencia y la obsolescencia. Miremos a nuestro alrededor, los ejemplos sobran: los bancos son, casi todos, extranjeros ¿Cuánto cobran por sus servicios?; la principal empresa telefónica (que gozó durante muchos años del monopolio garantizado por el gobierno) es la fuente de la mayor riqueza del planeta, y no precisamente por su eficiencia y sus bajas tarifas; las minas de oro están en manos de las empresas extranjeras y no nos dejan, ni siquiera el pago a transportistas locales, y mucho menos parte de sus ganancias, ni en el reparto de utilidades a los dueños de las tierras, ni en el pago de impuestos por la explotación áurea. Esa es la modernidad del mundo de hoy, el de la globalidad, que en nada se distingue de la del pasado, de cualquier pasado…

CNC y UCD, ¿paraestatales recaudadoras?

El Diario, 3 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores La información fue desmentida por el mismísimo director de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, César Toledo Franco, quien dijo que la denominada “Aportación para mitigar los efectos de la sequía”, –aprobada, según información de las organizaciones, en asamblea de los integrantes de la CNC y la UCD, cuando elaboraban un censo de los vehículos internados ilegalmente al país, los ‘chuecos’, pues– no era obligatoria. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 30/I/13). Luego, “decenas de contribuyentes expresaron su malestar por la forma en que el personal de Recaudación de Rentas los obliga a pagar la Aportación para mitigar los efectos de la sequía al momento de empezar el trámite para regularizar un vehículo ‘chueco’, que está planteada como una aportación voluntaria”, (Jaime Armendáriz, El Diario, 2/II/13). Toledo había informado que, incluso, alrededor de dos mil personas se habían negado a realizar la aportación (consistente en 300 pesos), pero que en el monto final, después de que más de 46 mil personas han iniciado los trámites para regularizar sus vehículos, es una considerable cantidad, más de 21 millones de pesos. Hasta ahí todo apuntaba a una “recomendación” tras bambalinas, que podía, o no, hacerse pública, pero hete que en contra de la información del funcionario, trabajadores de los módulos y contribuyentes le informaron al reportero que tal pago es obligatorio. Todo podría ser una confusión. Sin embargo, ayer, en los matutinos de la capital, aparecieron sendos desplegados pagados por el Gobierno del Estado en el que se señala textualmente: “Los propietarios de vehículos de procedencia extranjera interesados en la regularización de su automotor, deberán cubrir los siguientes requisitos: 1. Acudir por la ficha de aportación para mitigar la sequía a la Av. Tecnológico No. 4909 (sic, en realidad es 4904) {esq. con calle Pino}, donde se ubica el Punto de Inicio del Proceso de verificación Ecológica….”. (El Diario, 2/II/13, 7A). Con esta información ya nada queda, ni a la imaginación, ni a la especulación; ahora resulta que las oficinas de estas dos organizaciones ya forman parte del entramado oficial, de tal manera que son las encargadas de validar –y, por extensión, fiscalizar– que los propietarios de chuecos entreguen una aportación al Gobierno del Estado que, por otro lado, el coordinador de los diputados del PAN, Héctor Ortiz, exigió se informara a cual partida se asignarán los recursos obtenidos con esta muy novedosa forma de recaudación. Y es que en el año 2011, cuando la CNC y la UCD realizaron un censo de los ‘chuecos’, denominado por ellos como ‘precenso’, en el cual cobraron 150 pesos “que luego se entregaron al Gobierno del Estado, en apoyo a la sequía”, según fue acordado en asamblea de los propietarios de los vehículos, de acuerdo con la información proporcionada por el dirigente de la UCD, Pavel Aguilar. Este dirigente informó, además, que ahora “que quien hizo el precenso en el 2011 tendrá que pagar en Recaudación de Rentas 200 pesos si se trata de un vehículos a gasolina y 300 pesos los de diesel, para poder verificar el auto y conseguir el engomado ecológico, como paso previo a la regularización. Además deberá entregar 300 pesos de aportación voluntaria para la sequía. No obstante, aquéllos que no hayan precensado su vehículo deberán pagar el engomado de 200 ó 300 pesos según sea el caso, más 550 pesos de la aportación para la sequía”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 16/XI/12). No es cualquier cosa lo que está en el aire, según la información de la Secretaría de Hacienda, se habían recibido 46 mil 471 solicitudes de verificación ecológica, desde el 30 de agosto del año pasado, que habían dejado en las arcas del gobierno estatal un monto de 9 millones 821 mil pesos; “mientras que por concepto de aportación para mitigar los efectos de la sequía han ingresado 21 millones 260 mil 700 pesos a las arcas estatales con 44 mil 333 trámites”. (Ibídem del 2/II/13). Bueno, a pesar de esas cifras, solamente se han expedido 47 juegos de placas metálicas y sólo cerca de 2 mil personas iniciaron el trámite ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para obtener el pedimento de importación del automóvil. La opacidad cubre todos los pasos de la regularización, por lo menos los anteriores a los registros realizados ante el Gobierno del Estado. Toledo Franco informó que aproximadamente dos mil usuarios “optaron” por no pagar la aportación contra la sequía ¿Y por qué no pensar, más bien, que son ciudadanos que realizaron dicha aportación en las oficinas de las organizaciones? Porque las declaraciones del funcionario no tienen sustento. El dijo que “Es una aportación voluntaria y como tal el usuario puede llegar a ventanilla y decir que no quiere pagarla”. Pues no. El gobierno al que pertenece publicó los requisitos para lograr la regularización de los vehículos y entre ellos destaca el de pagar la susodicha aportación. Ahora resulta que un gobierno estatal, por lo menos para el escribiente, es la primera vez que se subordina a una resolución de una organización, como si estas formaran parte de la esfera estatal y, por tanto, sus determinaciones tuviesen el carácter de obligatorias. Peor aún, que deban someterse a la fiscalización de las organizaciones que seguramente lucraron –y si se argumenta que no hubo lucro, puede aceptarse, con dificultades, que no lo hubo económicamente, pero políticamente, claro que sí– y ahí está el señor Abraham Montes ubicado en una curul en la Cámara de Diputados, además de ser, con seguridad, uno de los candidatos que mayor preocupación le despertó al mandatario estatal en el pasado proceso electoral. De tal grado fue la preocupación que motivó un sorpresivo acercamiento con el ex gobernador Reyes Baeza a fin de que éste –y su grupo– fortaleciera la campaña de Montes en el distrito de Delicias. Ahora, no solamente se alzan como las agrupaciones sui géneris de la administración estatal, con todas sus implicaciones porque deberán informar del monto entregado a las finanzas del Gobierno del Estado, y éste deberá demostrar la documentación respectiva, que compruebe fehacientemente tal entrega. Además, el precedente es de muy mal pronóstico porque ahora cualquier organización (perdón, no cualquiera, sino una que goce de las simpatías en Palacio) podrá salir a la sociedad y realizar cualquier otra acción semejante, luego, simular un ánimo benefactor y solidario para con cualquier causa –legítima, real, ilegítima o falsa– buscar la protección oficial –luego, por supuesto, de haber ingresado cualquier cantidad de dinero a las arcas de la organización, o a los bolsillos de los dirigentes– y legitimarla con la bendición oficial. Pareciera ser la versión “chihuahuense” de un nuevo corporativismo que, al igual al existente antes del 2000 en el país –y con toda seguridad, existente todavía– le prestaba ingentes servicios al sistema, al tiempo que le ocasiona grandes, o menores, perjuicios a la población. De este episodio se generan –pero ¡¿cómo no!? – infinidad de preguntas y cuestionamientos, muchas de ellas relacionadas con el manejo del erario estatal, pero también con el lucro alcanzado por los dirigentes de estas organizaciones, dedicadas, con otro cariz, a prometer “protección”… y resulta que se las garantiza el gobierno estatal… la protección y las ganancias.