Encono y homofobia

El Diario, 29 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

Conforme se acerca el inicio de la campaña electoral crece el encono entre las dos principales fuerzas políticas de la entidad, el colmo lo constituyó el aún no resuelto asesinato de Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, el fin de semana anterior en la capital chihuahuense, cuyos cuerpos fueron encontrados cerca del libramiento oriente con tiros de gracia, amordazados y atados.

Martín Colmenero fue  presidente de la Comisión de Doctrina, ex candidato por el distrito 16 en el año 2010, delegado de la Reforma Agraria y elegido consejero Estatal del PAN en las elecciones internas del 2014; también recibió el Premio a la Juventud “Agustín Melgar” en el año 2009, de manos del entonces alcalde, Carlos Borruel. A su vez, Aguilar Siller era militante desde el año 2011.

Cuando aún la autoridad investigadora no presentaba informe alguno sobre las pesquisas, varios de los diputados federales priistas se adelantaron y al tiempo que ofrecían sus condolencias a los panistas y a las familias de las víctimas, advertían que era un tema que podía ser “politizado” y se lamentaban que así pudiera ocurrir.

Por supuesto que sus contrapartes acusaron al clima de inseguridad prevaleciente en la entidad, fruto de la incapacidad del actual gobernante. A su vez, el mandatario estatal y diversos funcionarios públicos y partidistas argumentaron el mejoramiento de la seguridad pública en Chihuahua y expusieron como evidencia extrema el crecimiento de la inversión privada y del empleo en el estado.

Hasta ahí se podría plantear que la controversia estaba dentro de los límites “normales”; pero el fiscal de la zona centro, Sergio Almaraz Ortiz, seguramente queriendo aparecer como muy eficaz, informó públicamente que el doble crimen de los militantes del PAN, tenía un móvil presuntamente pasional, derivado de la relación homosexual y sentimental que mantenían ambos, aderezado porque, además, dijo, Colmenero mantenía, o mantuvo relaciones homosexuales con otros dos hombres.

Y ardió Troya. Con ello la homofobia, de uno y otro lado.

El fiscal cometió una imperdonable falta, está impedido legalmente a informar de un asunto que está bajo investigación; además, cometió diversas infracciones a las leyes, a la de Atención y Protección a Víctimas del Estado, a la de protección de datos, etc.

¿Qué pretendía al otorgar esa información? ¿Que la comunidad le ayudara a localizar a las personas señaladas? ¿Cómo, si ni siquiera dio a conocer los nombres?

O, peor aún ¿Pretendía desactivar las previsibles acusaciones del panismo, de posibles motivaciones políticas en los homicidios?

¿Acaso recurrir a una de las estratagemas, usadas muy frecuentemente en el pasado, cuando, para desacreditar a un político, se le calificaba de homosexual?

¿Qué caso tenía informar de esa línea de investigación, incluso si fuera la cierta, -cosa que todavía a estas horas no se ha demostrado- a sabiendas que podría desatar, como lo hizo, una hiperreacción del panismo, y de algunos otros sectores de la sociedad?

La homofobia en todo lo alto.

De aquellas características fue la reacción del panismo. Pero no sólo, a juicio del escribiente también cayeron en la homofobia, pues deploraron, en voz de la diputada federal, Rocío Reza, en la Cámara de Diputados, que se diera a conocer esa línea de investigación “por demás absurda”, diría en una conferencia de prensa, al tiempo que pidió la destitución del fiscal Almaraz, porque busca “desprestigiar (a) los panistas asesinados, Martín Colmenero y Francisco Javier Aguilar, con argumentos de que fue un crimen pasional”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 27/III/15).

Fue explícita, dijo que “No vamos a permitir que traten de empañar la imagen de jóvenes inocentes a quienes les arrebataron la vida. El Gobierno por tratar de seguir simulando sus logros, en un área por demás irreal, ha sido capaz de dar una versión con elementos sin fundamento, atentando contra los derechos humanos y sin tener mayor recato al dolor de sus familias”. (Ibídem).

Es decir, dar a conocer, en su versión, que las víctimas eran homosexuales es un intento por “empañar la imagen” de los jóvenes.

Más. Dijo que “En Chihuahua el mensaje es: después de muerto viene el desprestigio, se pierde la dignidad y el buen nombre”.

Todo porque la autoridad presume la homosexualidad de los caídos.

No cayó en tales señalamientos el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, César Jáuregui Moreno, quien afirmó que la Fiscalía perdió credibilidad “con los comentarios torpes y homofóbicos del funcionario. Ahora a los familiares de los finados debe preocuparles lo que la autoridad vaya a decir”.

Y con tal de defender a la causa partidaria, sin importar cuántas fallas cometan los funcionarios públicos emanados de su partido, la también diputada federal, pero del PRI, Minerva Castillo Rodríguez, pidió que la sociedad se solidarizara “en este asunto y dejar que las investigaciones se den de manera conveniente, como está ocurriendo”. No pasa nada, todo está bien.

Todo ello a pesar de que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, también presumió una probable violación a la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado.

Interrogado acerca de la petición de la diputada Reza, el fiscal Almaraz insistió en que la única línea de investigación que se sigue es la del crimen pasional y prometió resultados muy prontamente.

Sin embargo, la falta cometida por el fiscal no motivó la menor autocrítica en la administración estatal. El Secretario de Gobierno, Mario Trevizo, afirmó que la continuidad del funcionario no dependía de presiones. Mas aún, aseveró que la “instancia estatal no sucumbirá ante presiones de grupos”, como si quienes pidieron la renuncia del funcionario fueran un grupo cualquiera de la sociedad y no la segunda fuerza política de la entidad.

No pareciera que la contienda electoral se vaya a desarrollar en los marcos de la civilidad democrática; las descalificaciones serán el eje central de las campañas y echarán mano de todos los recursos a su alcance.

En esa orientación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio una invaluable ayuda al PAN estatal; la Sala Especializada del Tribunal “levantó la suspensión que el Instituto Nacional Electoral (INE) había decretado contra los spots del PAN donde critica al Gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte”. (Nota de José David Estrada, Reforma, 27/III/15).

La resolución fue sobre los spots del PAN transmitidos en el ámbito nacional, por decisión de la directiva encabezada por Gustavo Madero, quien decidió que no se difundieran, en Chihuahua, los spots “nacionales”, sino los que, basándose en la denuncia presentada por Jaime García Chávez, acusan al gobernador César Duarte de enriquecimiento ilícito y con los recursos habidos por esta vía convertirse en accionista de Unión Progreso.

Inicialmente, la Comisión de Quejas del INE había ordenado “bajar” los spots. Los magistrados del TEPJF consideraron que están “apegados a la libertad de expresión y que no tienen como fin principal promover la plataforma electoral del partido”. (Ibídem).

Pero este caso puede dar un vuelco. Un día antes del inicio de la asamblea nacional bancaria el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, aseguró que la CNBV no encontró problema en la autorización para la creación del banco Unión Progreso.

Textualmente, en lo que pareciera ser el predictamen sobre la denuncia, González Aguadé afirmó que “… En lo que a nosotros nos corresponde por ley y norma revisar, no encontramos ningún problema en esa autorización; no porque sea o deje de ser gobernador está imposibilitado para ser socio, además, como se sabe, ese dinero estaba dentro de un fideicomiso constituido con su dinero.

Lo revisamos y así estaba aprobado por las diferentes autoridades: Secretaría de Hacienda y Banco de México y, al final, la junta de gobierno que le dio la autorización. Por nuestro lado y hasta donde podemos llegar dentro de nuestra esfera de competencia, no había ningún problema”.

La declaración del funcionario bancario tiene un inmenso valor. Esa institución debe investigar la licitud de los recursos económicos aportados por los integrantes de los nuevos bancos a integrar y, además de realizar sus propias investigaciones, la unidad financiera de la PGR (dependencia que se supone está realizando la investigación sobre la denuncia presentada) debe basar una buena parte de sus investigaciones en los dictámenes de la CNBV.

Pero a final de cuentas, y no obstante que se trataba, así lo decían todos sus fundadores y principales impulsores, de un esfuerzo ciudadano, la fundación de la Unión Ciudadana, nacida, decían, para combatir la corrupción de la presente administración, se convirtió en la principal bandera electoral del PAN en Chihuahua.

Y seguramente lo será en el curso de las próximas semanas, que se constituirá en una candente preparación de la campaña electoral del próximo año, la elección que más les importa a los principales actores políticos locales y a la que los priistas locales entran con algunas desventajas, una de ellas la escasa importancia que la dirigencia nacional les asignó en la contienda de este año, reflejada en que por la vía plurinominal Christopher James Barousse fue ubicado en el lugar 11 de la lista de la circunscripción en que se encuentra Chihuahua.

Pero de los primeros 12 lugares (los que pueden acceder por el PRI a la Cámara de Diputados, a menos que este partido perdiera una gran cantidad de distritos, como en el año 2000 cuando César Duarte llegó por primera vez a la diputación federal a pesar de ser el número 16 de la lista), 3 son de Sinaloa (lugares 1, 3 y 12); 3 son de Jalisco (4, 5 y 9); dos de Baja California (7 y 10), y uno por cada entidad: Baja California Sur (2), Durango (6), Sonora (8) y Chihuahua en el número 11, en auténtica zona de riesgo de no entrar, si el PRI obtuviera los triunfos que sus dirigentes y Peña Nieto avizoran, pero que las encuestas, todas, desmienten.

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Paradoja fronteriza

El Diario, 26 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

A primera vista no importaría tanto la categoría social o económica (aunque, obviamente, los jóvenes pobres están en franca desventaja y, por tanto, más vulnerables a las tentaciones del crimen organizado) de los jóvenes que se involucran en las actividades del crimen organizado, específicamente en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

Integrantes de las más diversas capas sociales se incorporan diariamente a la industria de la muerte, en cualquiera de sus fases, en las que participan tanto en la conducción, distribución y venta de las drogas, como en las actividades conexas, entre ellas la del sicariato y los otros 23 delitos que afirma Edgardo Buscaglia (el perito de la ONU en crimen organizado) van aparejados al tráfico de drogas.

El caso del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UACH, Carlos Omar Palacios Muruato, reportado por sus familiares como desaparecido, quien fuera detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos al intentar cruzar un cargamento de 26 kilos de mariguana es altamente ilustrativo de lo anterior. La ganancia de dinero fácil y, para algunos jóvenes, relativamente sin riesgos, es la principal tentación en la que caen, por supuesto, no solamente los jóvenes de las capas pobres de la sociedad, sino también, como lo ahora relatado, jóvenes de capas medias de la población, en un caso con innumerables similitudes al del ex jefe de la policía municipal juarense, Saulo Reyes.

Carlos Omar Palacios fue detenido en el puente internacional Paso de Norte de Ciudad Juárez, según la versión de Eduardo Esparza, vocero de la FGE.

En tanto a Palacios Muruato lo detuvieron con casi 27 kilogramos de mariguana, a Reyes le encontraron casi media tonelada de la misma yerba en 2008. Cumplida su condena en EU está en espera de que termine el proceso de deportación. Acá lo espera la PGR, la que anunció que entablaría un proceso penal en su contra por distintos delitos.

A su vez, la Fiscalía General de Chihuahua (FGE) ha emitido su postura oficial: No hay delitos que perseguir en el fuero común, por lo menos en la entidad.

Casos como los anteriores ilustran nítidamente la increíble paradoja del tratamiento al tráfico de drogas que le aplican México y Estados Unidos. En tanto en el país vecino gana a pasos acelerados la postura de los gobiernos y de cada vez más ciudadanos por legalizar el tráfico de las drogas, especialmente al de la mariguana, en México seguimos empeñados en acabar con él mediante la violencia extrema del Estado mexicano a pesar del estruendoso y doloroso fracaso.

En el sexenio anterior se gastaron cerca de 750 mil millones de pesos en el sostenimiento del ejército, la marina, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, amén de otros recursos a distintos programas de seguridad pública.

La inmensa mayoría de tan ingentes cantidades se destinaron al combate al tráfico de drogas. Al cabo de seis años el saldo es pavoroso: Más de 100 mil muertos, incontables zonas del país en manos de los delincuentes, la absoluta mayoría de los agrupamientos policíacos infiltrados por los delincuentes; un ligero incremento en el número de consumidores, elevación de la oferta de cocaína en las calles de las ciudades norteamericanas, disminución de su precio al menudeo y una acelerada degradación del entramado social.

Bueno, pues todo sigue igual en el actual sexenio, con el agravante de que la mayoría de los señalados por las autoridades como los más grandes jefes del narcotráfico están detenidos o abatidos.

Pero nadie cuenta las empresas que soportaran las operaciones financieras del imperio de Joaquín (El Chapo) Guzmán ni, tampoco, las del Cártel de Juárez, luego de la detención del que dijeron era el jefe, Vicente Carrillo. Por ninguna parte aparecen las instituciones financieras que permitían lavar las inmensas utilidades recibidas por estos y otros grupos criminales.

Nada. Pero el negocio sigue viento en popa, con el agravante, en las últimas semanas en Chihuahua, que parecieran crecer las rivalidades de los grupos criminales. De ahí el número de ejecuciones que a las autoridades no les preocupan y que racionalmente llevaría a las dependencias encargadas de la inteligencia en la seguridad pública a prender los focos de alerta.

Peor aún, en los próximos meses deberá discutirse en Texas (nuestro otro gran vecino) la propuesta de aprobar el uso medicinal de la mariguana, de manera semejante a lo que se está aprobando en un creciente número de estados y condados de los EU.

En pocos meses viviremos la enorme contradicción. En tanto del otro lado se podrá comprar libremente la mariguana (una vez aprobado el uso medicinal lo previsible es que aprueben el uso recreativo) en el nuestro las bandas seguirán matándose entre sí por conservar y aumentar el número de rutas para el trasiego de la droga, y las autoridades continuarán simulando el “ataque frontal de las instituciones al flagelo de nuestros jóvenes”, como pomposamente pontifican frecuentemente los gobernantes.

Llegó el momento de discutir la política del combate a las drogas, o lo hacemos, o destruirá la poca civilidad democrática que hemos construido hasta ahora.

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Fracaso “increíble”

Editorial

Aserto 140, marzo de 2015

A veces pausadamente, otras de manera continua, ininterrumpida, pero la ola homicida en la entidad sigue presentándose en las últimas semanas, especialmente en el Valle de Juárez y, sobre todo, en la sierra Tarahumara, -aunque su número empieza a ser significativo en la capital del estado y en la zona centro sur- sin que el número de homicidios -con el signo del crimen organizado- vaya a la baja.

De igual modo, en todo el mes de febrero se desató una atípica racha de asaltos a negocios en la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, el hecho que volvió a traer a la memoria el sangriento período del 2008-2011, fue el atentado cometido en contra del cantante de narcocorridos, Alfredo Olivas (Alfredito) en la ciudad de Parral.

En ese ataque cayó una persona y al cierre de edición otra se encontraba en zona de riesgo para la vida pues recibió un balazo en el cráneo sin salida.

La Fiscalía General, Zona Sur, se apresuró en presentar a tres acusados y señalar que tenían todas las evidencias en su contra, obtenidas “científicamente”. Tres días después de los hechos, el defensor de uno de los acusados dio a conocer los peritajes realizados al detenido y a las armas que la FG señaló como las usadas en el atentado. El peritaje demostró que no habían disparado arma de fuego y éstas no tenían huellas digitales ¡Estaban limpias!

Tales hechos llevaron a la especulación acerca de las razones de la Fiscalía en apresurarse a presentar a unos supuestos responsables. Una de las que un buen número de usuarios de las redes sociales apoyó como la más acertada, es la de que se trató de una ejecución en contra del cantante porque éste vino a hacer una apología a uno de los grupos criminales existentes en Chihuahua y el otro reaccionó.

Si esto es cierto -junto con los otros homicidios presentados en la entidad- querrá decir que estamos, nuevamente, frente a la posibilidad de una nueva etapa de la guerra de los cárteles que hicieron de Chihuahua el más violento de los escenarios.

Aún si no fuera cierta la especulación anterior, la violencia en la sierra Tarahumara llevó a que cientos de participantes del Ultra maratón “Caballo blanco” decidieran abandonar la competencia, luego de las intensas balaceras desatadas en el día y la noche anterior a la celebración de la competencia, balaceras de cuya celebración el gobierno desechó, para, a los días, terminar aceptando que se realizaron, luego del hallazgo de los cadáveres de tres policías municipales de Urique (municipio donde se realizó la competencia), encontrados en el interior de un vehículo, como ellos, calcinado.

Nadie desconoce, o rechaza la afirmación gubernamental acerca de la disminución de la tasa de homicidios y la de otros delitos, pero de ahí a lanzar las campanas al vuelo para afirmar que ya se superaron los aciagos días del pasado reciente, hay una enorme distancia.

La guerra de los cárteles, por desgracia, no está bajo el control del gobierno, ni del estatal, ni del federal, vamos, ni del total de la comunidad internacional, dependen de la disputa por los mercados, zonas de influencia y las rutas de trasiego de las drogas.

Enfrentada por la vía de la violencia, como le espetara el vice primer ministro,  Nick Clegg, al presidente Peña Nieto en Inglaterra, es un “fracaso miserable”, en un artículo publicado en conjunto con el magnate Richard Branson en The Guardian, en el que condenaron la estrategia de choque frontal y pusieron como ejemplo la situación que ha creado en México.

“Justo cuando el presidente Nieto visita el Reino Unido, tendríamos que recordar a las 100 mil personas muertas sólo en México desde 2006, cuando su antecesor, Felipe Calderón, lanzó su ofensiva implicando al Ejército.

Desde que el presidente estadunidense Richard Nixon declaró esta 'guerra' en 1971, hemos gastado 1 billón de dólares tratando de erradicar las drogas de nuestras sociedades, y sin embargo, el mercado criminal sigue creciendo”.

“Si fuera una inversión, la guerra contra las drogas no habría arrojado ningún beneficio. Si fuera una empresa, hubiera quebrado hace tiempo. El éxito no se parece a esto”.

Si a lo anterior le agregamos que el gobierno federal gastó, en el sexenio anterior, la friolera de 760 mil millones de pesos en los órganos de seguridad, podríamos llegar más fácilmente a la conclusión del vicepremier británico, y agregar que Chihuahua es el ejemplo de lo que no debe hacerse.

Es el momento de repensar la estrategia en contra de la violencia del crimen organizado.

Tortura, regresa por sus fueros

El Diario, 22 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

La información es contundente: “En el 2014 y lo que va del 2015, han llegado 136 quejas de tortura a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 116 el año pasado y 20 en lo que va del presente, informó el titular de la dependencia, José Luis Armendáriz. Los acusados son principalmente policías de investigación que pretenden conseguir pruebas de hechos aplicando la tortura que está prohibida en México”. (Nota de Lourdes Díaz López, El Diario de Chihuahua, 14/III/15).

Del total de las denuncias presentadas en ese lapso se han comprobado cuatro casos, razón por la ya se emitieron las recomendaciones a los titulares de las dependencias.

Esto ocurre a pesar de que, según Armendáriz, “Chihuahua tiene una de las mejores leyes en contra de la tortura”. Pero lo que está plasmado en los textos se aleja de la salvaje realidad pues, como lo argumentan miles, también lo expresa el titular derechohumanista “sólo falta que ésta sea efectiva en la práctica”.

Es problema nacional. Juan Méndez, relator de la ONU, señaló que golpes, toques eléctricos, asfixia, violaciones tumultuarias, presión psicológica son “instrumentos cotidianos de las autoridades para obtener confesiones o, peor aún, para intimidar a periodistas o activistas sociales. Y el Protocolo de Estambul sigue sin aplicarse en el país”. (Nota de Marco Appel, Proceso, 8/III/15).

Más aún, aseveró que “La tortura y los malos tratos son generalizados en México”, en el informe que presentó el lunes anterior, en el vigesimoctavo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que documenta que la “mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada…”. (Ibídem).

El cuestionamiento al Estado mexicano es por su “ineficiencia en la prevención, investigación y sanción de la tortura, la cual es utilizada para castigar a los detenidos y extraer confesiones o información incriminatoria”.

Tales afirmaciones fueron desmentidas por las autoridades mexicanas. Sin embargo, una encuesta efectuada en 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, arrojó que 57.2% de los detenidos en centros federales afirmó haber sido golpeado durante la detención, mientras 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

La dinámica es la misma: Una vez detenidos, hay golpes, insultos y amenazas, y las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas: puñetazos, patadas y golpes con palos; toques eléctricos, generalmente en los genitales; asfixia con bolsas de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca; desnudez forzada; suspensión corporal, etc. 

Pasan los días sin que se informe del paradero de las personas y repetidamente “son presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria”.

Tales aseveraciones fueron extraídas del informe del Relator Méndez ¿En qué se diferencian de las denunciadas en nuestra entidad?

El documento incluye un salvaje apartado, el de la tortura sexual, “principalmente contra las mujeres, que incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en las partes íntimas y violación sexual reiterada y cometida por varios sujetos”. 

Y estos casos, por desgracia, “no han sido investigados ni sancionados o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad”.

No es novedad, la abrumadora mayoría de las víctimas de la tortura y malos tratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.

Pero también remarca que hay numerosos casos donde personas sin aparente vinculación con la investigación de delitos son detenidas, forzadas a firmar declaraciones bajo tortura y, algunas veces, sentenciadas con base en esas declaraciones.­

A pesar de todo lo anterior, la aplicación del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul, es escasamente aplicado debido a que las procuradurías estatales, así como las comisiones de derechos humanos de muchos estados, no cuentan con personal médico capacitado, como sucedió recientemente en un caso en Juárez, en el que la CEDH informó no tener “peritos a fin de llevar a cabo los exámenes y valoración psicológica bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul, debido a que no tienen nombramiento oficial de peritos, ni están especializados en dicha temática”, al responder a un Tribunal de Garantía que había ordenado se practicase dicho protocolo a los acusados del multihomicidio ocurrido en la colonia Felipe Ángeles, quienes denunciaron haber sido víctimas de tortura para que se declararan culpables. (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 6/III/15).

Es de tal magnitud el problema que el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, advirtió que “no hay una democracia que pueda sobrevivir con 23 mil personas desaparecidas, un aumento en la tortura en 600 por ciento en los últimos 10 años, en un país donde ocho de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia o donde la “cifra negra” del delito alcanza 93.8 por ciento”. (Nota de Martha Figueroa, El Diario de Juárez, 6/III/15).

Nada de lo anterior nos es ajeno. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) informó que documentó “127 casos de tortura policiaca de noviembre de 2011 a diciembre de 2014, entre ellos el de una joven que fue torturada sexualmente frente a su esposo, y el de tres personas a quienes policías atormentaron hasta que dijeron que eran extorsionadores”. Y como lo relatado, la mayoría eran jóvenes pobres, de 18 a 30 años de edad. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 18/III/15).

Y aparecen los casos emblemáticos. Como el de Cristel Fabiola Piña, detenida con su esposo, Leobardo Gilberto de la O, el 12 de agosto de 2013 en su casa de la colonia Bosques de Warefill, adonde agentes encapuchados de la Policía Ministerial del Estado derribaron la puerta y preguntaron por armas y drogas. Fueron llevados a una bodega y ahí varios agentes abusaron sexualmente de ella ante su esposo, a quien golpearon y torturaron asfixiándolo. 

La tortura terminó hasta que se autoinculparon. Se dijeron extorsionadores y “están a la espera del juicio oral sin que lo hayan programado por falta de pruebas, ya que la autoinculpación ya no es prueba válida en el estado”. (Ibídem).

Cristel se sumó a la campaña nacional “Rompiendo el silencio contra la tortura sexual”.

Otro caso. Los hermanos Juan, Jesús y Luis Figueroa, fueron detenidos en su casa el 18 de enero de 2012 por la policía ministerial, cuyos efectivos allanaron el domicilio y se los llevaron sin orden de cateo, ni de aprehensión a sus instalaciones, "donde fueron torturados física y sicológicamente hasta que se declararon responsables de extorsión a comerciantes… Como los agentes solamente contaban con la confesión, los jóvenes salieron libres y actualmente reclaman reparación del daño por la tortura y por las lesiones que padecieron. (Ibídem).

Bueno, pues el colmo. El juez de Garantía, Aurelio Guerra Salazar, le ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) abriera una carpeta de investigación por el posible delito de tortura contra “contra el personal que participó en la captura e interrogatorios de seis de las siete personas que presuntamente integran una célula del cártel de Sinaloa en el Valle y (que) fueron arrestadas el martes 17 de febrero”. (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 22/II/15).

La descripción de la tortura inflingida es la misma. “… les pusieron bolsas de plástico en la cabeza o les echaron agua en la cabeza para luego darles toques con la chicharra, además de patearlos en la espalda, la cabeza y en diversas partes del cuerpo. Incluso Karina Griego Carrillo le dijo al juez que la golpearon en los senos, las piernas y la espalda, mientras que Juan Cuéllar Cereceres mostró la fractura de costillas que presenta, hechos que el juez ordenó sean investigados”. (Ibídem).

Más grave aún es el hecho de que el operativo fue encabezado por el propio director de la Policía Estatal Única (PEU), Pablo Ernesto Rocha.

Por desgracia, el número de casos crece con los días y con ello la impunidad, porque si los detenidos son obligados a declararse culpables -confesos, dirían las voces linchadoras-, en el supuesto que no lo sean, nadie perseguirá a los verdaderos responsables de los ilícitos.

Algo de eso ocurrió en la oleada homicida 2008-2011 y fue factor decisivo para que la matazón creciera, pues en tanto los grupos criminales se mataban entre ellos -con la consabida cuota de “daños colaterales” y como era un “asunto de ellos” pues eran, como lo decía el General Juárez Loera, “un sicario menos”- y la declaración autoinculpatoria, arrancada mediante tortura, se convirtió en la principal prueba que obtenían los agentes policíacos, sin importar la culpabilidad o no de los detenidos, al paso de los meses muchos fueron liberados. La impunidad se convirtió en el principal fenómeno de esos años.

Infortunadamente continúa.

Cuando el nuevo sistema de justicia penal en Chihuahua estableció que ninguna declaración autoinculpatoria, obtenida fuera de las audiencias frente a los jueces, tenía valor probatorio, los chihuahuenses dimos un gigantesco paso en favor del exterminio de la tortura.

En adelante ya no bastaba con que los detenidos fueran “confesos”, como desafortunadamente la actriz Ofelia Medina dramatizó en la obra de teatro, en la que se recrea el caso de Marisela Escobedo y Ruby Frayre, cuando simula el supuesto momento en el que el acusado de asesinar a Ruby, Sergio Barraza, fue declarado “asesino confeso”.

Luego, ante la ineptitud de los fiscales, el grupo gobernante daría marcha atrás y le impuso distintas modalidades para que las declaraciones autoinculpatorias tuvieran un cierto peso probatorio. 

Le abrió, nuevamente, la puerta a la tortura y… a una mayor impunidad.

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Los nuevos “amigos”

El Diario, 19 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

El domingo anterior preguntaba el escribiente si el priismo local estaría a tiempo de restañar las profundas heridas inflingidas entre los grupos del ex gobernador Reyes Baeza y el actual mandatario, Cesar Duarte. 

Luego de años, no de meses de confrontación, el gobernador Duarte desayunó en la casa del ex gobernador Reyes Baeza, en el que estuvieron presentes la mayor parte de los colaboradores del deliciense en el gobierno de Chihuahua, entre los que fueron incluidos, sorprendentemente,  -no porque no fueran parte del grupo, sino por los papeles jugados, en los que se suponía debían ser ajenos a los grupos, bueno, hipotéticamente- el ex rector de la Uach, Raúl Chávez y el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rodolfo Acosta.

Por supuesto estuvo el ex alcalde capitalino Marco Adán Quezada, a quien se supone es la carta fuerte del baecismo para la candidatura al gobierno en 2016.

A su vez, Duarte fue acompañado por sus principales operadores del momento, el Secretario de Gobierno, Mario Trevizo, y el de Educación, Marcelo González Tachiquín; el alcalde capitalino, Javier Garfio y los candidatos de los distritos de Chihuahua, Liz Aguilera (6) y Alejandro Salmón (8).

¿Ausencias notables? Por supuesto la del alcalde juarense, Enrique Serrano, a quien muchos observamos como el de las mayores simpatías del gobernador para la sucesión y la de la presidenta del PRI estatal, Karina Velázquez.

No se podría afirmar que faltaron Graciela Ortiz, Lilia Merodio y Héctor Murguía, los otros señalados como aspirantes a la gubernatura, porque no se trató de una reunión de la unidad de todos los grupos o equipos de los precandidatos, sino de la reunión del grupo de los Baeza con Duarte, sin duda los grupos priistas más confrontados (algunos dirán que los únicos confrontados en Chihuahua) y cuyos diferendos podrían, por lo menos, acentuar los resultados presumiblemente negativos, para ellos, en la próxima contienda electoral.

De eso se trataba, el Gobernador Duarte afirmó que la reunión “tuvo como propósito principal sacar el proyecto de unidad para que el PRI obtenga el mayor número de diputados federales en la entidad”. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario de Chihuahua, 14/III/15).

Además señaló que los conflictos entre los políticos “deben quedar allí, y no en la casa de la gente”, como si las diferencias entre ellos fueran de generación espontánea. El discurso de la toma de posesión de Duarte marcó la tónica del sexenio. Fue una durísima descalificación a quien momentos antes le había entregado la batuta en Chihuahua.

¿Por qué se reunieron? Probablemente la respuesta se encuentre implícita en la explicación ofrecida por el mandatario: “… el acercamiento con Reyes Baeza y otros políticos, significa una ‘enorme’ responsabilidad de aprovechar los tiempos de oportunidad que ha generado el presidente Enrique Peña, para que no se desperdicien en Chihuahua”. (Ibídem).

Es decir, una indicación de la dirigencia nacional ante un panorama electoral ciertamente difícil para el priismo, y no solo en Chihuahua.

No es noticia asentar que en el distrito 6 de la capital el candidato panista, el ex alcalde Juan Blanco, lleva una aparente ventaja. La sorpresa es que cada vez se escuchan voces de preocupación en el PRI sobre los resultados en el otro distrito capitalino, el 8. Además de que se le dan muy pocas esperanzas al candidato priista del distrito 5 de Delicias, Tony Meléndez, el vocalista del grupo “Primavera”. 

Una situación semejante a la del distrito 8 ocurre en Juárez con el distrito 4, a cuya candidata, Patricia Terrazas, se le advierten serias dificultades para que se alce con el triunfo; y si se confirma la percepción generalizada acerca del distrito 3 juarense de un inminente triunfo del PAN, a pesar de la confianza en ciertos círculos del PRI, de que la candidata del Verde, María Avila salga triunfante, el panorama se les ensombrece.

Sin más elementos que los del análisis, fruto de conversaciones con distintos protagonistas y de la observación directa, pareciera que los resultados electorales serían pésimos para el PRI, por lo menos en estos momentos, pues perdería la mayoría de los distritos electorales de la entidad. Sólo ganaría en 4 distritos: el 1 y el 2 de Juárez; el 7 de Cuauhtémoc y el 9 de Parral.

Si estas mismas conclusiones las han efectuado los responsables priistas de medir las preferencias electorales, entonces la explicación del muy “ponderado” desayuno, la de que se trató de “una reunión de viejos amigos con nuevos amigos”, como asentó el ex gobernador Reyes Baeza, cae por tierra. No son amigos, son políticos que pretenden no perder las siguientes elecciones y que en aras de tal objetivo son capaces de aparentar tal cercanía.

Nadie les cree, ni sus seguidores, ni sus contrarios, ni, mucho menos, la mayor parte de la sociedad que percibe en tales manifestaciones sólo los rasgos que han colocado a la clase política en los últimos lugares de la confianza ciudadana.

Es decir, que con tal de no perder el poder son capaces de mentir y aparentar “amistad”. 

Mas les valía simplemente decir que son militantes de un partido y que, como tales, pretenden trabajar unidos en los próximos procesos electorales.

Sí, porque nadie les cree en ese, de repente, amistosísimo choque de manos entre el ex y el actual.

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¿Inversiones sustentables?

El Diario, 15 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

El nuevo anuncio de que se instalará la séptima planta cervecera de la multinacional de ese ramo -Heineken- en el municipio de Meoqui ha desatado, no sin razón, una muy justificada alegría a los habitantes de la región y una aún mayor en los miembros del grupo y partido gobernante.

No es para menos, se habla de una inversión de 7 mil 350 millones de dólares y la puesta en marcha de una planta que habrá de producir 5 millones de hectolitros (cada uno de ellos equivale a 100 litros), que habrán de significar entre el 10 y el 15% del consumo total de este líquido en EU, razón por la que habrá de requerir de la siembra de 5 mil hectáreas de cebada, cuya producción, probablemente, se haga por medio de contratos con los productores agropecuarios de la región, aunque inicialmente se compre cebada de otras regiones del país.

Se espera que la fábrica inicie operaciones en el último trimestre de 2017 y que dé empleo temporal a 2 mil personas durante su construcción y 500 permanentes los primeros dos años, que pueden llegar hasta 5 mil.

El CEO de Heineken, Marc Busain, dijo que “pocos pueden ofrecer lo mucho que ofrece México. Es para Heineken un honor poder compartir con el mundo la historia de éxito que ha sido invertir en este país. Hoy más que nunca Heineken se suma a México”. La cervecera holandesa adquirió a la mexicana Cuauhtémoc Moctezuma en 2010.

César Duarte aseguró que para traer la construcción de la nueva planta jugó un papel importante la aprobación de las reformas estructurales (sic), que “no son otra cosa más que haber logrado concretar el marco jurídico para hacer competitivo al país y mejorar sin duda la estrategia de México, para que en una cultura de la legalidad tengamos éxito y mejor desarrollo”. (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario de Juárez, 10/III/15).

Todo lo anterior, ratificado por el Presidente Peña, no obstante que el proyecto de esta planta tiene más de 25 años de planeación pues en la parte final del gobierno de Fernando Baeza (1992) se anunció la creación de esta misma. Entonces era la empresa Cuauhtémoc-Moctezuma FAMSA.

A finales del año 2007, la compañía Cuauhtémoc Moctezuma anunció que invertiría 392 millones de dólares en Meoqui, 275 millones en la cervecería y 117 millones en una fábrica de botellas de vidrio. La construcción, se dijo entonces, iniciaría en 2008 y la operación en 2010. Pero en abril de 2009, se difirió el proyecto para el 2012. Un año después, en enero de 2010, Heineken adquirió la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, mediante una transacción por acciones, estimada en 7 mil 347 millones de dólares, lo que le permitió, a su vez, a los ex dueños de la cervecería, adquirir alrededor del 20% del resto de las acciones de la empresa.

El 4 de noviembre de 2013, Heineken anunció la instalación de una planta en Meoqui, información ratificada por el Gobernador Duarte en mayo de 2014.

Las ventajas, según Busain, fueron las facilidades otorgadas por el Gobierno estatal, la mano de obra calificada, la estabilidad laboral, la calidad del agua, los avances en la seguridad y autoridades respetuosas de la ley.

En el proyecto, probablemente, se incluye, también, las fábricas de envases de vidrio y aluminio, así como la productora de cartón para el envase, aunque aún no se saben los detalles. Se espera que diariamente salga un promedio de cien tráileres de cerveza.

Tema central lo será el abasto de agua. El grupo cervecero competidor de Heineken, Modelo, afirma que gasta 3 litros por litro de cerveza producida, cantidad que se refiere sólo a la producción de la cerveza y no incluye al resto de los insumos. Esta empresa produce anualmente 51.3 millones de hectolitros.

A su vez Moctezuma-Heineken gasta 3.63 litros de agua para generar un litro de cerveza, pero se requieren alrededor de 160 litros de agua por cada litro de cerveza, el 90% de los cuales los requiere la parte agrícola.

Pero no hay problema, el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Meoqui, Javier López Arzate, aseguró que la planta tendrá su propio pozo para uso y que dará saneamiento a sus aguas pues cuenta con una concesión autorizada por la Comisión Nacional del Agua, “lo que hace que ellos tengan su propia fuente y para nada se van a mezclar esos suministros de agua con la de uso doméstico”. (Nota de Martha Adame, El Heraldo de Delicias, 13/III/15).

Y calculó el gasto de agua de la empresa en alrededor de 16 litros por segundo, que podrían ser suministrados por la misma JMAS. “si la planta demandara suministro del organismo operador que represento”.

Como si fuera el vocero de la empresa, aseguró que “una empresa de esa envergadura tiene un proceso completo, es decir la fuente, el proceso y la recuperación del agua y ellos mismos van a desechar”.

A su vez, el alcalde de Delicias, Jaime Beltrán del Río (PAN), ya puso a disposición de la empresa las instalaciones de la presidencia, las oficinas de Desarrollo Económico, para que acudan a inscribirse en la bolsa de trabajo los interesados en la edificación de la empresa. (Misma fuente, 12/III/15).

¿Qué ofrece México que “muy pocos países ofrecen”? ¿Privilegios fiscales, mano de obra barata, permiso para alterar el medio ambiente según convenga a los intereses de los inversionistas, agilidad y facilidades en trámites diversos, entre otras cosas? ¡Ah, y agua, mano de obra barata, exenciones fiscales, estímulos de toda clase, cercanía con la frontera de EU, vías férreas y carreteras y gobernantes dispuestos a prestar todas las facilidades requeridas -y hasta no solicitadas- por los inversionistas.

Hasta ahí todo bien ¿Cuál es el problema?

Pues que la instalación de esta empresa es prototípica de la política económica aplicada en México a lo largo, ya, de tres décadas y media. 

Algunos dirán que desde siempre: Vengan los inversionistas extranjeros, aprovechen nuestras riquezas, nuestra mano de obra, la cercanía con EU, la salvaje política fiscal (por aquello de que encontrarán todos los recovecos necesarios para eludir fantásticas cifras millonarias de impuestos), la subordinación de cuanto funcionario gubernamental se topen y las que le agregue cada lector informado.

¿Es malo, entonces, la apertura de la cervecera en nuestro territorio?

De ninguna manera, puede traer innumerables ventajas, todas las que han descrito hasta la saciedad los gobernantes, y seguramente no en la proporción que nos describen, pero quizá sea el momento (siempre lo ha sido) de empezar a vislumbrar la puesta en vigor de algunas medidas que nos permitan a los chihuahuenses aprovechar -para el desarrollo económico y no solo el crecimiento- las ventajas que nos otorga ser vecinos de los EU.

Algunas de las medidas pueden no estar incluidas en las regulaciones vigentes, pero si tanto se habla de la capacidad de gestión del Gobernador Duarte, bien se podría haber negociado -ojalá estuviéramos a tiempo- el compromiso de la empresa en el establecimiento de un mínimo de los salarios, respecto de los que esta misma empresa otorga a sus trabajadores en otras latitudes; los compromisos, mensurables, transparentes y los mecanismos para acceder a ellos, de todos los programas para la recuperación de los inmensos volúmenes de agua que requerirá la empresa, en todos sus procesos.

Además, las aportaciones que hará, por fuera del pago de impuestos, para el mantenimiento de la red carretera; para disminuir los niveles de contaminación del Rio Conchos, fenómeno al que contribuirá por la elevada producción que generará, y además, en una zona con una elevadísima incidencia de cáncer, derivada de la muy alta concentración de químicos usados en la producción agropecuaria.

Es el momento de iniciar el camino de exigirles a las empresas que se instalen en nuestro territorio la puesta en vigor de una serie de medidas que traigan aparejado el desarrollo económico, medido este no sólo como el de más inversiones y más salarios (bajos), sin que tal inserción empresarial acarree a la región más riqueza.

Hemos recuperado los niveles de empleo -incluso ligeramente por arriba- prevalecientes a principios de la década anterior, en un brevísimo lapso (que los gobernantes se arrogan, y que mal haríamos en desestimar su participación, sin que ésta haya sido tan determinante como lo aseguran) que obedece, entre otros factores, a que la economía norteamericana está creciendo -y se espera que lo haga a ritmos cercanos al 3%- lo que lleva a la chihuahuense a crecer, casi del mismo modo.

Pero no olvidemos que estamos recuperando, no sólo el número de empleos, sino también la calidad de ellos, así como sus niveles salariales; prácticamente los mismos del pasado reciente, es decir, los de menor nivel salarial sin la menor aportación al desarrollo económico de la entidad y sin que eso nos lleve a elevar el porcentaje de insumos locales a la industria maquiladora de exportación asentada en Chihuahua.

Aprovechar la instalación de empresas, como la cervecera, debiera servirnos para efectuar el viraje en política económica que requiere la sociedad chihuahuense.

DESAYUNO EN UNIDAD.-  ¿Estarán a tiempo? Ayer, luego de meses de confrontación, no sólo en los medios de comunicación, el gobernador Duarte fue recibido con un desayuno en la casa del ex gobernador Reyes Baeza, a quien acompañaron una buena parte de sus colaboradores a su paso en el gobierno de Chihuahua, incluido el ex alcalde capitalino Marco Adán Quezada, uno de los receptores más frecuentes de las críticas, veladas y abiertas, de funcionarios de la actual administración. El pretexto, por supuesto, fue el de la construcción de la unidad que requieren para enfrentar el presente proceso electoral, en el que conforme pasan los días más negros les pintan los pronósticos.

El problema es que el grupo de Delicias fue desechado de las candidaturas federales. 

La prueba verdadera de la unidad priista serán los comicios del año entrante, eso es lo que está en juego y, al parecer, ya sopesaron que si les va mal en ésta, en la otra será infinitamente peor.

“Ahora ¿También les disparan?”

El Diario, 12 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

Inmersos en las consecuencias de la oleada homicida, -la que, por desgracia, no se retirará completamente; está presente, otra vez con los niveles del 2007 en Juárez, y lejos de ellos en el resto de la entidad, pues aún estamos en los dos o cuatro peldaños más altos en el ámbito nacional- hasta parece natural que la mayoría de los ciudadanos (olvidando cualquier enseñanza cristiana, siendo, como lo es la población en Chihuahua, mayoritariamente seguidora [82%] de alguna de las religiones de ese signo) enjuicie muy severamente a los delincuentes, llegando en ocasiones hasta el cuasi linchamiento.

Días atrás, el policía municipal Irving Omar Morquecho Robles dio muerte al joven de 16 años, Iván Maldonado Villegas, luego de ser detenido a causa de cometer, por segunda ocasión, un robo a un pequeño comercio de Juárez.

Iván fue esposado a la camioneta pick up en la que trasladan, ahora, a los detenidos. Luego de poco más de una hora de estar a bordo de la patrulla logró huir; al llegar a su casa lo esperaban los policías, huyó y no atendió la orden del policía Morquecho. Este disparó a quien, por la herida infligida, se presume, corría. Le disparó por la espalda. Prácticamente ahí murió.

El agente tenía un historial de más de 10 años de servicio en Rescate Municipal, luego de haberse desempeñado en la Cruz Roja. Sus compañeros de ambas instituciones lo describen como un hombre “comprometido y de respeto a la vida”. Era, además, chofer y escolta del supervisor Jorge Gallo Carbajal.

Iván había asaltado una tienda de barrio, armado de un cuchillo.

La descripción de los hechos fue confirmada por el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales: “Con poco más de un año de carrera policial, el ex paramédico rompió el protocolo para realizar un arresto seguro y disparó contra el menor por la espalda, explicó ayer”. (Nota de Blanca Carmona, El Diario (de Juárez), 3/III/15).

Pero ya tenía a la mano la justificación. Dijo que “la intención del elemento no era herirlo y mucho menos matarlo, fue como advertencia, pues había corrido, pero yo creo que la advertencia que hizo el elemento debió hacerla de otra manera”. (Ibídem).

La causa de muerte de Iván fue “asfixia por laceración de tráquea ocasionada por una herida producida por arma de fuego disparada en la espalda”.

Morquecho arguyó haber disparado “en defensa propia”, pues tuvo “mucho miedo” ya que el joven lo amenazó de muerte al momento en que, dice, “tomó una piedra, me la arrojó. Fue cuando desenfundé el arma y le grité ‘tírate al suelo’, disparé al aire y grité tírate…”. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario (de Juárez), 6/III/15).

Según diversos testimonios, el agente tuvo muy pocas oportunidades para practicar el tiro con pistola. Tenemos pocas balas, adujo el jefe policiaco.

Otro agente, en el juicio, dijo haber “percibido” que Iván “estaba drogado con agua celeste, pues olía mucho a solvente”. (Ibídem).

Y aparecieron las contradicciones. Que si fueron dos disparos (uno al aire), que si el cuerpo estaba boca arriba o boca abajo.

El padre de Iván, Edmundo Javier Maldonado González, clamó que su hijo tenía derecho a vivir, independientemente de los asaltos, o si estaba drogado y que el joven no estudiaba por falta de recursos.

El peritaje demostró que el disparó fue de atrás hacia adelante, ligeramente de abajo hacia arriba. La ausencia de pólvora en la ropa de la víctima permite concluir que le dispararon de larga distancia.

¡Ah, pero la defensa alegó legítima defensa!

No hay problema, el juez de garantía, Apolinar Juárez Castro, hizo una reclasificación del delito: “Determinó que se trata de un homicidio imprudencial y no doloso, que Morquecho no tenía la intención de asesinar a Iván Maldonado Villegas, pero violó un deber de cuidado al detonar contra el menor el arma de fuego calibre 9 milímetros que portaba”. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario, 7/III/15)

Así, el agente policíaco enfrentará el juicio en libertad.

¿Cuál sería la reacción de la sociedad y de las autoridades si las cosas hubiesen ocurrido al revés? ¿Que el muerto fuera el policía y que el joven, después de dispararle, alegara que había sido “una advertencia”?

Una de las respuestas nos la ofreció el alcalde Enrique Serrano. “Los jóvenes se han visto involucrados en la delincuencia; los padres han perdido la autoridad sobre ellos, los dejan solos, consumen drogas, se dedican a delinquir y los padres no hacen nada, y la Policía los tiene que combatir”. (Nota de Araly Castañón, El Diario, 1/III/15).

De ahí la pertinente pregunta de la socióloga Catalina Castillo, de la Red por los Derechos de la Infancia: “Antes sólo los detenían, ¿ahora también les van a disparar?”. (Ibídem).

No hay vuelta de hoja, a pesar del costo; si se desea construir la confianza de la ciudadanía en las instituciones, empeño en el que, dicen estar los gobernantes, deberán ser los primeros en dar evidencias claras, nítidas de que así es ¿Cómo creer en la certeza de la decisión del juez Juárez Castro? ¿Cómo compaginarla con la herida de bala recibida por Iván, en la espalda?

Y la tragedia social, vívida, sin retoques: Dos jóvenes inmersos en la ola de violencia y de degradación social existente, fruto de una política económica y una forma de gobernar en la que problemas como la rehabilitación en el consumo de drogas no forma parte de las prioridades gubernamentales, no hay dinero para eso y el problema es que las víctimas son, en una inmensa mayoría, los pobres.

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Fracaso “miserable”

El Diario, 8 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

Al igual que lo hiciera meses atrás el periódico The New York Times, y en el curso de los últimos cinco años diversos exmandatarios, incluido el mexicano Vicente Fox; ahora fueron el Vice primer ministro británico, el liberal Nick Clegg, y el magnate Richard Branson (Dueño de una empresa discográfica y otras empresas y catalogado como la cuarta persona más rica del Reino Unido) quienes criticaron acremente la “guerra contra las drogas” y la calificaron como un “fracaso miserable”, en un artículo publicado en el periódico inglés, The Guardian, -conocido como uno de los más críticos en el continente europeo- justamente al inicio de la visita a Londres del presidente Enrique Peña Nieto.

Cuestionaron la “estrategia de choque frontal” en la lucha contra el tráfico de drogas y sostuvieron que “… bajo cualquier punto de vista, la guerra mundial contra las drogas ha sido un fracaso miserable”, ejemplo de lo cual ubicaron a México, país en el que “tendríamos que recordar a las 100 mil personas muertas sólo en México desde 2006, cuando su antecesor, Felipe Calderón, lanzó su ofensiva implicando al Ejército”.

Tajantes, sostienen que desde “que el presidente estadunidense Richard Nixon declaró esta 'guerra' en 1971, hemos gastado un 1 billón de dólares tratando de erradicar las drogas de nuestras sociedades”, y “sin embargo, el mercado criminal sigue creciendo”.

“Si fuera una inversión, la guerra contra las drogas no habría arrojado ningún beneficio. Si fuera una empresa, hubiera quebrado hace tiempo”. (Nota de Afp, 4/III/15).

Y concluyen “pidiendo cambios y exigiendo valentía política para emprenderlos”, además de elogiar a países como España o Portugal, que han despenalizado el consumo.

Es decir, como el periódico The Economist, también londinense, que lo hiciera hace más de una década, están urgiendo a poner en el tapete de las discusiones la despenalización del tráfico de drogas, como resultado, no de inmediato y solo después de una profunda discusión acerca de todos los cambios que implicaría hacerlo, de manera gradual y cumpliendo cada una de las metas planteadas en el ámbito internacional y nacional.

De ninguna manera la despenalización abrupta y del total de las drogas, y solo después de la reestructuración de los presupuestos, programas, dependencias y planes gubernamentales.

Por supuesto que plantear la despenalización del tráfico de las drogas (en nuestro país no es delito el consumo) desata la preocupación de amplios sectores de la sociedad pues creen que tal medida detonaría aún más el consumo, ya que, dicen, si así, clandestina e ilegal los niveles de consumo están muy altos y prácticamente cualquier persona accede a ellas ¿Qué será legalizándola?

La verdad es que después de casi medio siglo combatiéndola con la fuerza de las armas el balance es, como lo sostienen los dos ingleses, un increíble fracaso. 

En el país aumentaron el consumo, el número de consumidores, también las personas que se dedican a esa actividad; creció el volumen de droga trasladado por el territorio nacional; se elevaron exponencialmente las cifras delictivas de todo tipo, especialmente las relacionadas con el tráfico de drogas, sobre todo las de los homicidios en los que se presume vinculación con el crimen organizado, y el deterioro social generado es inconmensurable.

Parámetro de tal realidad lo es el hecho de que en la reunión de los alcaldes priistas, el de la capital de Chihuahua, Javier Garfio, propusiera en el ámbito nacional la prohibición a la interpretación de “narcocorridos” en los eventos públicos, como una medida para combatir la infiltración de tales patrones culturales, derivados de la muy elevada influencia de la cultura del narcotráfico en la sociedad mexicana moderna, sobre todo en el norte del país.

El precio pagado es elevadísimo. En el sexenio de Felipe Calderón se destinaron poco más de 760 mil millones de pesos al sostenimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública, sólo en el ámbito federal (PGR, Secretaría de Seguridad Pública, Sedena, Marina y las dependencias derivadas de cada una de ellas) lanzadas a hacerle la guerra al narcotráfico.

Los resultados son desastrosos. Ahora podemos contabilizar, no sólo los más de 130 mil muertos y las decenas de miles de desaparecidos, sino también el derrumbe de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de justicia, amén de extensas zonas del país sometidas al arbitrio de los grupos criminales.

El daño abarca a todas las áreas de la actividad social. La corrupción es un inmenso cáncer, enseñoreado en todos los estratos de la sociedad, y no sólo en la esfera gubernamental, aunque en ésta adquirió de verdadera endemia, que llegó  (abiertamente) hasta la silla presidencial ¡Y no pasa nada!

Es de tales dimensiones que en asuntos como el de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa difícilmente se puede descartar la participación del crimen organizado, empeñado también, como muchas esferas del gobierno, de todos los niveles, en combatir y hasta desaparecer a la dirigencia estudiantil de dicha escuela normal y que haya llevado a que en prácticamente todos los foros internacionales el gobierno mexicano deba estar a la defensiva en los asuntos relacionados con la vigencia y respeto a los derechos humanos, como lo hiciera recientemente el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que al presentar su informe sobre México le dio el plazo de un año al Gobierno de Enrique Peña Nieto para que atendiera las recomendaciones de ese organismo referentes al problema de los desaparecidos.

Y son cosas terribles las que no ha realizado el gobierno mexicano. Le conminan a crear “un registro único de personas desaparecidas con estadísticas confiables que permitan prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”; a “prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los denunciantes” y a informarle acerca de “la búsqueda de las personas desaparecidas y en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos”.

Al arribo de tales conclusiones contribuyeron grandemente los familiares de cientos de personas desaparecidas en el área de Cuauhtémoc y la Tarahumara en los años recientes, cifra a la que se suma la aportada, apenas el viernes, por José Luis Castillo, padre de una adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue localizado en el arroyo del Navajo, quien dijo que "en lo que va de este año, tenemos 80 desaparecidas en la ciudad (Juárez)”, la mayor parte desaparecidas en el centro de la ciudad. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 7/III/15).

Y es este rubro, el de las mujeres desaparecidas, el punto más alto de un fenómeno que creció con la agudización de la guerra de los cárteles, la agresión a las mujeres.

De acuerdo con Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres (de Juárez), “en los últimos 5 años hemos visto que el ejercicio de la violencia es más brutal”. (Ibídem).

A su vez, Irma Casas, directora de Casa Amiga, informó que “El 90 por ciento de las mujeres que atendemos por primera vez, llegan a causa de la violencia sexual” y que en 2009 se registró un incremento también en la violencia estructural y en los delitos de alto impacto contra las mujeres de Ciudad Juárez.

Así, no sólo se elevaron los indices delictivos, sino que en el total de ellos, los cometidos en contra de las mujeres se han incrementado, como resultado de la aguda degradación social derivada de la ola de violencia, generada por la disputa por el tráfico de drogas y el resto de las actividades del crimen organizado.

Algo de eso reflejan la mayor parte de los narcocorridos, en los que el tratamiento dispensado a las mujeres es punto menos que salvaje, catalogadas, o mencionadas casi exclusivamente como objetos sexuales y con un profundo desprecio, en una más que preocupante profundización de la misoginia.

¡Y los cantantes de este género son, increíblemente, ídolos de cientos de miles de jóvenes!

Bueno, ese es el resultado de la política aplicada para combatir al narcotráfico, en la que no existe, pero ni por asomo, una mínima preocupación por el tratamiento y rehabilitación de los adictos, ni, mucho menos, las políticas preventivas del consumo de drogas.

Entonces ¿Si empleamos miles de millones de pesos y cientos de miles de jóvenes (algunos no tanto) en combatir a los narcos y los resultados son, no solamente adversos, sino catastróficos, pues a todo lo anterior deberíamos sumar la profunda degradación sufrida por absolutamente todos los cuerpos policíacos y de seguridad y de todos modos el número de consumidores, no sólo no disminuye, sino aumenta, porqué no analizar y experimentar una nueva forma de afrontar tan terrible problema?

Además, en los próximos años nos enfrentaremos a una terrible paradoja, la que ya existe -por la vía de los hechos- consistente en que en tanto las fuerzas de seguridad mexicanas estarán empeñadas en combatir violentamente al tráfico de drogas -en especial el de mariguana- y allende la frontera en extensas zonas de EU su consumo y tráfico serán absolutamente legales ¿Cómo compaginar tales realidades?

Pues por la misma vía que nuestros vecinos, por la de los hechos iniciar el camino -no exento de problemas e incertidumbres- del tratamiento del consumo de drogas como un problema de salud pública y no de seguridad pública, como hasta ahora, torpemente, lo hemos hecho.

Por la vía de la compra, por el Estado mexicano, de las drogas; de su despenalización (quizá en primer término, de la mariguana), de la elaboración de un padrón de consumidores y la puesta en marcha de un vigoroso plan de rehabilitación de los consumidores, así como de una novedosa y atractiva forma de prevenir el consumo de drogas.

Y si el resultado de todo ello es que se mantengan los niveles de consumo y porcentajes de consumidores, por lo menos habremos abatido al mínimo los problemas derivados de la violencia ejercida por los traficantes y las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. 

Nos ahorraremos miles de muertos y un enorme sufrimiento.

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Mesura

El Diario, 5 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

Negros nubarrones se ciernen sobre Chihuahua. Los conflictos sociales y políticos, y el entorno criminal existente, agudizados en los últimos días, básicamente a partir de la hiperreactividad gubernamental (los primeros) hacen necesario que en las más altas esferas del poder político aparezca un elemento que pareciera escapar a pasos acelerados: La mesura.

Tal cualidad es fundamental para afrontar la conducción de un gobierno en el México actual; en nada se parece al de hace dos o tres décadas, la sociedad mexicana en general, y la chihuahuense en particular se han transformado profundamente y se han trocado en sociedades extremadamente diversas y  plurales, amén de que la internet y las redes sociales han sustituido en gran medida a los medios de comunicación tradicionales, o, más bien, ante las carencias de estos, la gente los ha sustituido.

Así, el ocultamiento o el enmascaramiento de los hechos, incómodos para el poder político, poco le abona a la credibilidad ante la sociedad y echa por tierra las más exitosas campañas publicitarias gubernamentales.

Si hubiera un ejemplo que demostrara palmariamente tales asertos, sirva el del terrible atentado en contra del cantante Alfredo Olivas (“Alfredito”) y otras 3 personas en la noche del sábado en Parral.

Al día siguiente, con profusión, la Fiscalía General (FG) informó de la detención de tres jóvenes a los que responsabilizó de los hechos y envió a los medios de comunicación imágenes que, según esta versión, confirmaban la participación de los detenidos. El móvil, dijo la FG, fueron los celos de los victimarios a causa de un coqueteo del cantante a una joven.

Sin embargo, el lunes, el padre de dos de los detenidos y un sinfín de jóvenes y maestros del colegio en el que estudian los dos hermanos detenidos, exigieron la liberación pues, sostuvieron, no fueron los autores.

La denuncia del padre aportaba datos estremecedores. Dijo que fueron detenidos alrededor de las 3 de la madrugada y que sólo pudieron acceder a ellos hasta después de las 3 de la tarde.

Como los maestros, argumentó la buena conducta de los jóvenes. El lunes los vincularon a proceso.

La duda estaba sembrada.

Ayer, el abogado defensor del tercer acusado difundió los resultados de las pruebas periciales practicadas al joven. Negativas al disparo de armas de fuego y las pistolas mostradas a los medios de comunicación como las autoras de los disparos resultaron, también, negativas a las huellas digitales, de cualquiera ¡No tenían! Y se sabe que igual ocurrió con las pruebas de los otros dos detenidos.

Es en donde surgen las preguntas acerca de la adecuada operación gubernamental. Seguramente en horas de la madrugada, el Secretario de Gobierno Mario Trevizo, o el Gobernador Duarte, fueron informados de los hechos por el Fiscal General Jorge Nicolás.

Se trataba de un hecho de sangre que les acarrearía innumerables críticas. A esas horas alguno de ellos ya estaba informado de las balaceras en Urique que llevaron a desistir de su participación a por lo menos dos centenas de corredores.

¿Porqué no dieron la indicación de que se les notificara a los padres de los jóvenes para que nombraran un abogado defensor, a la brevedad, para que estuviera presente en los interrogatorios y diligencias practicadas a los acusados?

¿Porque no se le notificó a la Comisión de Derechos Humanos para que un funcionario atestiguara las diligencias? Para que hubiera transparencia, para que las pruebas periciales se practicaran correctamente y que, por tanto, la acusación estuviera sustentada.

Nada de eso. Se hizo exactamente al contrario, como si en plena era de las redes sociales se pudieran esconder hechos tan dramáticos.

La Fiscalía General Zona Sur exhibió sacos y chamarras de los jóvenes acusados para acreditar que habían disparado armas de fuego, pero nunca mostraron los documentos periciales que lo confirmaran. Ahora están sentados en un nuevo escándalo, de alcances nacionales.

Lo es más porque la actual administración estatal se ha arrogado la autoría de la disminución de los índices delictivos, en especial el de homicidios, a pesar de las voces críticas que han señalado como un error el lanzar al vuelo las campanas, como si tal situación no pudiera revertirse. Por una razón, la dinámica de los cárteles de la droga es ajena a los vaivenes gubernamentales, más en una zona que es, casi, paso obligado de la droga y otras mercancías y bienes entre nuestro país y los Estados Unidos.

Lo mismo ocurrió en el caso de la carrera ¿Para qué negar los hechos? Al día siguiente nos topamos con vehículos y personas en su interior calcinados.

¡No pasa nada!

Aún más, crece la percepción que este atentado y la mayoría de las ejecuciones de las últimas semanas obedecen al recrudecimiento de la guerra de los cárteles en Chihuahua.

Bueno, pues el ocultamiento de esas informaciones y hechos genera desconfianza hacia el gobierno, porque miente y, además, pone en riesgo la credibilidad de las instituciones encargadas de la aplicación de justicia.

La otra vertiente, ya abordada en este espacio, es el del modo en que la administración estatal afrontará a la oposición, si lo va a hacer del modo con el que enfrentó a los integrantes de Unión Ciudadana, luego de boicotear el acto, mal nos irá, a todos, especialmente al gobierno porque sus márgenes de credibilidad disminuyen agigantadamente.

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Extorsión y enojo institucional

El Diario, 1 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

Justamente al inicio de la larguísima jornada electoral que abarca al proceso federal y al local, pareciera que en la cúpula gubernamental apostarán por el endurecimiento político ante las críticas y sus opositores.

Pueden llevarnos al despeñadero; a nadie le conviene, menos en un entorno en el que, aparentemente, la guerra de los cárteles asoma sus indicios por todos lados. La apuesta es demasiado riesgosa y pudiera, para el partido gobernante, presentarse una situación muy parecida a la de los años ’84 al ’86 del siglo anterior.

La conjunción de la molestia ciudadana y los resultados electorales adversos al PRI no es la mejor combinación para el grupo gobernante. La mesura ante los indudables escenarios adversos, difíciles, debiera ser la divisa principal. No parece ser el signo político de los días inmediatos anteriores.

Corría insistentemente como un rumor muy creíble; el raciocinio llevaba a descartarlo, no podía ser que desde el Gobierno del Estado se instrumentara tan deplorable maniobra en tanto las quejas ciudadanas, en la capital del estado, se multiplicaban geométricamente hacia los agentes de tránsito, de manera semejante a lo ocurrido apenas unos cuantos meses atrás con sus colegas del antiguo Paso del Norte.

Todo se precipitó con el arribo de nuevos mandos a la Dirección de Vialidad de la ciudad de Chihuahua (llegados de Juárez y, se dice, cercanos al Fiscal Jorge Enrique González Nicolás), dependencia aún en manos del gobierno estatal, a través de la Fiscalía General del Estado, en contra de todo lo señalado por la norma constitucional.

Algo cambió al interior, las voces de la calle reseñaban la existencia de un “cártel” de comandantes inconformes con sus nuevos jefes. No terminaba de ubicarse en su despacho cuando al nuevo Director de Vialidad, Jaime Enríquez (Ex Director del Departamento de Transporte de la misma dependencia y quien saliera en medio del escándalo causado por el fracaso de la puesta en marcha del sistema de transporte urbano Vive Bus) le estallaba una muy vigorosa protesta de la mayoría de los agentes que, durante más de 24 horas, dejaron a la ciudad con un muy escaso número de ellos atendiendo la vialidad.

Ante las protestas, los funcionarios respondieron sacando a la luz pública el cúmulo de quejas en contra de algunos agentes; la espada de Damocles a todo lo alto. Si no protestan, seguiría la impunidad. ¿Qué no se dan cuenta que ese es el mensaje enviado a la sociedad?

Pero la difusión de un video, de una de las tantas reuniones sostenidas entre los líderes de los agentes y varios funcionarios de la Fiscalía y Vialidad, ha destapado, entre otras execrables anomalías, una más grave aún a los ojos del escribiente, la de que en esa reunión los funcionarios no negaron las afirmaciones de los agentes en el sentido de que se les obliga a levantar 20 infracciones por día, “mínimo”, asentaría el Director de Vialidad, Jaime Enríquez.

Levantada de manera natural, como es lógico, la indignación ciudadana, Enríquez debió aclarar que no era cierta esa denuncia.

Sin embargo, las múltiples quejas ponen en entredicho la aseveración del funcionario. Es gravísimo. En la grabación uno de los agentes denuncia que los obligan a infraccionar a quienes se estacionan en las afueras del Hospital Morelos del IMSS y en la clínica de Ginecoobstetricia; otro señaló que ya había levantado tres infracciones de conductores ebrios y a pesar de eso lo reconvinieron al día siguiente por no haber levantado las “20”. -Ya le traje 20 mil pesos al gobierno, clamaba el agente.

No es cualquier cosa. Si se toma como base un número de 300 agentes, y 20 infracciones diarias, con una recaudación promedio de 300 pesos, significa que llega al millón 800 pesos diarios, ¡poco más de 560 millones de pesos al año!

Es decir, que el gobierno recuperó lo perdido a causa de no cobrar la tenencia vehicular, con creces, pero a un precio infinitamente mayor.

El acoso de los agentes en los meses previos nos lleva a pensar en la existencia de esa cuota de infracciones, la continua colocación de agentes, escondidos, en distintas vialidades, a pesar de las reiteradas quejas de ciudadanos y medios de comunicación se mantiene ¿Con qué objeto? Con el de sorprender a los conductores en exceso de velocidad, en lugar de colocarse en lugares visibles, en las zonas propicias para ello y prevenir el exceso de velocidad.

Todo lo anterior pasa a segundo término, lo importante es recaudar, no importa que en el camino, a la larga, se propicien las corruptelas de los agentes, en lo individual, o en lo colectivo a través del establecimiento de cuotas “para los jefes”.

Total, si no existen las cuotas ¿Por qué no le permiten a los ciudadanos, o a los integrantes del Consejo Ciudadano -los que no son funcionarios de gobierno- el acceso a bases de datos de las infracciones levantadas por cada agente y así constatar que no existe un mínimo para cada uno?

Pero la reacción gubernamental sorprende y preocupa.

Ante el anuncio de que legisladores y dirigentes del PAN montarían una conferencia de prensa enfrente de la Dirección de Vialidad, la respuesta fue enviarles a una muy conocida, por camorrista, dirigente popular priista y Jaime Enríquez sacó de la chistera que la Diputada María Eugenia Campos debía el pago de infracciones por un poco más de 2 mil pesos y que por eso protestaba ¡Para que no se las cobraran!

¡Ah, y además amenazó con sacar más trapitos de esos a quienes protestaran!

La camorra en todo su esplendor, desde los más altos niveles de las autoridades encargadas de la seguridad pública, ni más ni menos.

No es todo, y preocupa más.

Desde muchas semanas atrás, los dirigentes de Unión Ciudadana anunciaron por todos los medios que ayer realizarían una concentración frente a Palacio de Gobierno, en la exigencia de que el Gobernador Duarte renuncie.

Ni tardos ni perezosos, funcionarios y empleados de la Dirección de Atención Ciudadana del municipio de la capital montaron en la noche previa un majestuoso templete frente a la puerta principal de Palacio. Era tan grande que prácticamente no dejaba espacio para que los hipotéticos asistentes se apostaran frente a él. Todo con el ánimo de boicotear la celebración de la reunión convocada, entre otros, por Jaime García Chávez, Javier Corral y Víctor Quintana.

Y cuando éstos y sus seguidores se apoderaron (hasta el momento de escribir estas notas) del templete, el funcionario municipal, Fernando Villarreal, se quejó de que se habían apoderado del templete, luego de un mas preocupante zipi zape.

¿Todo lo anterior es el reflejo de los dichos y actitud del Gobernador Duarte, cuando dijo que al término de su gobierno, respondería “donde fuera y como fuera” a las acusaciones?

¿Es la continuación, en el tono, de la acusación de Cruz Pérez Cuéllar en contra de Javier Corral? ¿Así será el tono político que le imprimirá el grupo gobernante a las acusaciones y a los reclamos de la ciudadanía? ¿Señalar a los integrantes de los partidos opositores como ciudadanos irresponsables, como lo hizo Enríquez con la diputada Campos?

¿Esa será la forma en que el grupo gobernante -ya no estoy seguro que el partido en su conjunto lo haga al mismo nivel- afrontará la contienda electoral, sólo porque no parece serle favorable la correlación de fuerzas?

Grave, muy grave.

No resultará ocioso reseñar el viejo cuento aquel, el del africano enterrado hasta el cuello en la arena del Coliseo romano en el que soltaron un león hambriento. Ante la primer tarascada que le lanza al hombre, la fiera recibe una tremenda mordida en los testículos, esa acción desató la indignación de la muchedumbre, la que, afiebrada, gritó a todo pulmón -¡¡¡Pelea limpio, negro cochino!!!

Así, no tarda en aparecer el primer hecho que todos lamentaremos y el oficialismo gritará que fueron otros los violentos.

La llegada de Mario Trevizo a la Secretaría General de Gobierno, conocido su perfil conciliador, debiera servir para que la parte gubernamental asumiera la mesura a la que está obligada, no debieran olvidar que son los, pareciera redundante, gobernantes, y no la otra parte de una querella; que no forman parte de las camorras del callejón, o de los pleitos al “salir de la escuela”.

Porque si en la capital preocupan tales acciones y actitudes, trasladados tales escenarios al mundo rural se convierten en verdaderas pesadillas y tragedias, como lo ahora denunciado por las autoridades indígenas de Repechique, a través del segundo gobernador, Luis Pérez Enríquez, quien aseguró que han estado recibiendo amenazas, debido a su negativa a aceptar el paso del gasoducto por el territorio de la comunidad. (Nota de El Diario de Chihuahua, 27/II/15).

No se cierran al diálogo, solo piden que “se cambie la ruta del gasoducto, además de que se respeten los bosques, aguajes y pastizales, ante lo cual señalaron que están a tiempo de modificar el proyecto, ya que aún no se construye en esta comunidad, por lo que están a la espera de una respuesta de las autoridades”. (Ibídem).

Paciencia, mesura, talante democrático para asumir que son gobernantes y, como tales, a expensas de las críticas de la sociedad y de la oposición, cosas naturales en una sociedad democrática, moderna.

No se espera menos de los gobernantes.

PARAMETROS.- A raíz de la publicación, el domingo anterior, de las reflexiones provocadas por la aparición del ex alcalde Marco Adán Quezada en tres actos públicos, con concurrencias muy diversas, amigos del ex alcalde juarense, Héctor “Teto” Murguía, nos hicieron llegar diversas informaciones en las que se asienta que igual, o aún mejor recepción le dieron los militantes priistas asistentes a la asamblea del 2o. distrito en Juárez.

Y si acá las porras eran “Marco, Marco”, allá eran “Teto, Teto”.

Bueno, pues les va crecer la dimensión del dilema a los jerarcas priistas.

El escribiente les agrega otro elemento. El número de visitantes a mi blog  (espacio en el que sólo se publican los artículos escritos en El Diario y Aserto) son un promedio de 20. Bueno, para el artículo del domingo anterior van, hasta este momento, 497.

Para la reflexión.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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