De jacobinos

El Diario, 30 de julio de 2017

Luis Javier Valero Flores

¿Qué habrán querido decirle, o achacarle, los abogados del Congreso del Estado, al Consejero del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva, en el documento del Recurso de Queja, presentado para oponerlo a la solicitud de amparo, promovido por Leyva en contra de la designación del sacerdote Javier Avila, como integrante de la     Comisión de Atención a Víctimas, al denominarlo como “el último de los jacobinos”?

¿Habrán querido achacarle el mote más generalizado de este término, el de “comecuras”? ¿O acaso les “brotó” la vena derechista, que les adjudicó a los integrantes del Club de los Jacobinos la autoría de la época del terror en los albores de la Revolución Francesa?

¿O, también, la de oponerse a los idearios de este sector, el más radical de los revolucionarios franceses?

¿Y todo ello sólo por defender la estancia de un sacerdote en la función pública?

¿No estará en el fondo de la discusión, y de la defensa de ese nombramiento, el de la vieja concepción del panismo tradicional -y de la tradicional derecha, no sólo mexicana, sino mundial- de abrir las puertas del gobierno a las jerarquías eclesiásticas?

El “Pato” Avila no pertenece a ellas, su trabajo lo ha defendido de la marginación a la que lo llevarían sus concepciones políticas y sociales pues el reconocimiento es generalizado y la más elevada jerarquía eclesiástica no ve con simpatía el trabajo de clérigos como Avila.

Pero hoy están equivocados, Avila, Corral, el Secretario Jáuregui y la directiva del Congreso del Estado. Deben cambiar a sus asesores jurídicos pues los llevaron a la endeble situación jurídica-política de defender la justeza legal del nombramiento de Avila.

Al mismo sacerdote la presentación del amparo lo ha llevado a defender su postura de la peor manera argumentativa.

Independientemente de si los detractores de hoy -como denomina equivocadamente el sacerdote Avila al consejero Leyva- en el sexenio de Duarte defendieron la Constitución o “denunciaron las corruptelas" de ese sexenio, las omisiones o complicidades del pasado -de algunos de la sociedad, o toda ésta- no son el aval para violar la legalidad en el gobierno de Corral.

Pero al llamar a Rodolfo Leyva el “último de los jacobinos”, el Congreso del Estado incurre en más conductas punibles. 

¿Qué quisieron decirle, que es un “terrorista”, es decir, un violento? ¿Que es un defensor a ultranza de la constitucionalidad de los actos de las autoridades? ¿O que es un “defensor exaltado de ideas revolucionarias y radicales”, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua?

Pues si fue esto último, tremenda equivocación, ahora resulta que etiquetan de ese modo a quienes defienden, así estén equivocados (según las apreciaciones gubernamentales) la vigencia de la norma constitucional.

Desconocen los hechos. Los jacobinos fueron la parte más avanzada de la Revolución Francesa, cuyos errores y excesos -así como las disputas entre ellos, cuando gobernaban- los llevaron a la derrota total.

Si quisieron denostar a Leyva, pueden haberse equivocado pues los jacobinos fueron los herederos del modelo de democracia de Jean Jacques Rousseau, en su aspecto comunitarista, creador del concepto de ciudadano; impulsores de la idea que la soberanía reside en el pueblo y no en un dirigente o un cuerpo gobernante; que confiaban a medias en la viabilidad del sistema representativo en el cual los parlamentarios debían ser constantemente vigilados y coaccionados por el poder popular (organizaciones de corte jacobino como los clubes, las sociedades o las fuerzas armadas populares) para evitar desviaciones en un sentido contrario a la Revolución.

Eran, además, defensores del Estado como el preservador del bien común., de lo que se derivaba, como rasgo fundamental, la obediencia a la Constitución y a las leyes. De ahí nace un alto grado de patriotismo y la exaltación de la nación concebida como una unidad indivisible. 

Trataban de poner en práctica los principios enumerados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por lo que en 1789, proclamaron las libertades civiles, la libertad de prensa y la libertad de conciencia, suprimieron la censura en 1791 y establecieron, por primera vez en la historia de Francia, el sufragio universal -sólo para los hombres- para las elecciones a la Convención Nacional de septiembre de 1792.

Por si fuera poco, fueron defensores a ultranza de la ¡escuela pública republicana!. En 1793 instauraron la obligatoriedad de la enseñanza primaria y en 1794 la abolición de la esclavitud.

Pequeñas cosas ¿A ese jacobinismo apelaron los abogados del Congreso?

¡Válgame!

¿Y la diputada Blanca Gámez no leyó el documento?

No, po’s así ¿Cómo?

De ahí la justeza de las declaraciones del Leyva al cuestionarlos por no responder con “argumentos jurídicos y no con calificativos en mi contra” pues, sostiene, “una autoridad no puede recurrir a los insultos a un ciudadano, menos cuando se le está haciendo un cuestionamiento jurídico que alude a violaciones constitucionales… una autoridad no puede ni debe recurrir a insultos como el que me lanzan, menos en un documento oficial que será revisado por un juez, eso acredita plenamente la comisión de un delito y de conductas irregulares de su parte”.

¿Tiene derecho el consejero Rodolfo Leyva en inconformarse, ante las instancias jurídicas pertinentes y con los recursos legales vigentes, por el nombramiento de Avila, por la inconstitucionalidad de ese nombramiento?

Tajantemente, sí.

¿Era necesario?

Otra vez, tajantemente, sí

¿Se necesitaba tener un pedigrí “opositor” para hacerlo en los tiempos del amanecer?

Obviamente, no.

Lo que ahora objeta Leyva es lo mismo que hicieron en su momento el senador Javier Corral y el activista Jaime García Chávez y algunos, muy pocos, que desde diferentes medios de comunicación, rechazaron; por supuesto, no entre ellos el ahora Comisionado Avila y sí varios destacados panistas, entre ellos el ahora Director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján y el ex regidor capitalino, Rodolfo Rojas.

A Corral le achacaron el mismo epíteto de “jacobino”, aunque no en un documento oficial, porque defendió leal y adecuadamente, casi con los mismos términos usados ahora por Leyva, “la Constitución y del Estado laico” para que se respete la división de la “Religión y Estado”.

La argumentación del Consejero Leyva es prácticamente inobjetable, pues, sostiene, al participar Avila en el ejercicio de un presupuesto se convierte en funcionario público, cosa prohibida por la legislación vigente, establecida en el artículo 130 de la Constitución Federal, que le prohibe a los ministros de culto  el desempeño de cargos públicos.

Y Avila, en lugar de defender con argumentos jurídicos su nombramiento, tanto en declaraciones, como en comunicados oficiales de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), despotrica contra  los “sabios y peritos que en estos días han saltado a la palestra, cuando el prófugo de la justicia César Horacio Duarte Jáquez violentó de manera tan descarada y flagrante el ‘estado laical”.

Vamos, incurre en verdaderos episodios de soberbia pues en un escrito de su autoría, justamente cuando descalificaba a “Quienes aceptaron y callaron este hecho (la consagración de Chihuahua, por Duarte, al Sagrado Corazón de Jesús), quienes con su presencia lo avalaron, quienes bajaron la cabeza y aplaudieron, se convirtieron en cómplices de un delincuente. ¿Por qué razón no se rasgaron las vestiduras entonces? ¿A quién le tuvieron miedo? ¿Por qué callaron? “Veritas liberabit vos” (consulten Google por si no saben la traducción)”.

¡Vóytelas!

Es un exceso detenerse en las frases -y figuras- usadas por Avila para defenderse, llego al extremo de, al pretender ridiculizar el meollo de los argumentos de Leyva, decir que “Si mi sola presencia violentara el ‘estado laico’ no podría entonces entrar a ninguna oficina de gobierno, se me prohibiría hablar con las autoridades gubernamentales, las puertas del palacio de gobierno estarían cerradas para mí, no me podría sentar a la mesa con ningún funcionario público” (Sic).

Y se burla de una argumentación jurídica al escribir, sardónicamente “¡Cuidado con saludar a un cura porque se contamina su ‘pureza laical’!”.

Peor, a lo sostenido por el Congreso del Estado, Avila se pregunta que a quienes impugnaron su nombramiento, sin aludir al hecho de que es UNA SOLA PERSONA la que lo hizo, “¿De dónde les vendrán tantos traumas a estas personas que temen perder su ‘laicidad’? ¿Por qué no descaran más sus fobias?”. ¡Híjole!

Y al hacer un llamado a no crear divisiones, añade más agravios: “¿Cuándo seremos capaces de superar lo que nos separa para preocuparnos más unos por otros? Para esto se necesitan altos niveles de madurez e inteligencia, difíciles de encontrar entre muchos ‘dueños’ de la ley…”.

O sea, a Leyva le falta todo eso.

¿Y la defensa del marco jurídico para sostener su nombramiento?

No basta el enunciado, sino la solidez de los argumentos.

Lo que está a discusión no es poca cosa, es ni más ni menos que la defensa del orden constitucional, es decir, la preservación del marco legal, del Estado de Derecho.

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“Holiday time”

El Diario, 27 de julio de 2017

Luis Javier Valero Flores

Tradicionalmente, los trabajadores del gobierno de Chihuahua se turnan para disfrutar de un período vacacional en el verano. De ese modo no se paralizan las actividades del principal ente administrativo de la entidad.

La regulación de las vacaciones están contenidas en el Código Administrativo (Art. 94). Para gozar de ellas -20 días anuales- el trabajador deberá tener una antigüedad laboral de por lo menos seis meses. Los funcionarios y empleados de confianza del Poder Ejecutivo -desde el Secretario de Gobierno hacia abajo en la estructura jerárquica- también están  contemplados en las regulaciones del Código.

De ahí que tengan razón -jurídica- los funcionarios de primer nivel del gobierno que ahora gozan del presente período vacacional y que hasta hagan extensiva su alegría y bienestar por los agradables momentos que pasan, lejos de Chihuahua.

El problema es ése, que tales funcionarios se van de Chihuahua -e insisto, con todo derecho, si se tratase de un conjunto de trabajadores cuya función no fuese la de las más elevadas responsabilidades en la entidad- y que, al hacerlo, refuerzan dramáticamente la percepción que sobre ellos tiene la absoluta mayoría de la sociedad.

Los rasgos prácticamente son comunes a casi todos los que arriban a esos puestos. En primer lugar la frivolidad; en segundo, la enorme ignorancia respecto de las verdaderas condiciones de pobreza de sus gobernados, así sea de los integrantes de las capas medias-medias, cuyos ingresos son apenas suficientes para sufragar los gastos de la sobrevivencia.

Ya no digamos de las capas más pobres, que ni siquiera alcanzan a figurarse que algún día pudieran irse de vacaciones y que, en cambio, se quedan deslumbrados, boquiabiertos, pasmados, molestos, airados, al saber -y ver- de los verdaderos festines de quienes ahora gobiernan Chihuahua, los que llegaron a la administración pública diciendo que trabajarían por los que “menos tienen, menos saben y menos pueden”.

¿Cómo irse alegremente de vacaciones si la entidad que gobiernan “disfruta” ahora, bajo su administración, de una tasa de homicidios de alrededor de 50 por cada 100 mil habitantes -y en la zona serrana de una cifra increíblemente más alta-, y que enfrenta condiciones adversas, que posibilitan -y potencian- la actividad criminal?

¿Cómo irse de vacaciones -y presumir su estancia en los más bellos lugares playeros del país- en momentos en que los productores del campo enfrentan graves problemas, o que necesitan del apoyo especial de gobierno para aprovechar las actuales condiciones climáticas, o cuando los gobiernos municipales,  particularmente los de las áreas rurales, requieren el apoyo, ya sea para  el desarrollo agropecuario o el del impulso a las actividades económicas?

Podrán haber mil respuestas y más justificaciones; una cosa es cierta, deberán actuar de una muy distinta manera, que no refleje frivolidad, ni burocratismo. 

Ya lo sabían, lo dijeron en todos los tonos en la campaña electoral: El estado de Chihuahua está devastado por la corrupción y el mal gobierno.

Y eso encontraron. No hay una área del gobierno sana, en todas existen incomprensibles e injustificados rezagos, olvidos, fallas, actos de mala fé y la secuela del mal gobierno, fruto no solamente del enorme endeudamiento, sino de las malas prácticas de gobierno, la mayor parte de ellas generadas por la corrupción y el compadrazgo.

Entonces, no pueden comportarse como los gobernantes de un país desarrollado, democrático, en el cual sus funcionarios pueden vacacionar -por supuesto sin la pompa de los nuestros- sin que ese hecho le choque a la mayoría de los ciudadanos.

No, llegaron a gobernar la entidad que durante varios años fue la más violenta del mundo y que aún ahora se conserva en el “top ten” de las más violentas en el país, característica generada no solamente por su localización geográfica, sino por el escaso desarrollo económico (y eso que somos de los líderes en el país) y por el conjunto de factores predisponentes locales a la creación de conflictos sociales.

Quizá el error sea de quienes pensamos que al verlos llegar, combatiendo verbalmente, sin denuedo, a la corrupción duartista, no se comportarían como el resto de los integrantes de la clase política mexicana.

Y que pondrían distancia de los privilegios de la clase política, incluidos sus viajes con costo al erario, o los derivados de las abultadas percepciones que ellos mismos se fijan. 

O que, de no ser así, al llegar al gobierno, sólo atinan a justificarse: -No, po’s los salarios así estaban cuando llegamos!

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Tierra sin ley

Aserto 166, julio de 2017

Luis Javier Valero Flores

La oleada criminal era, ya, una certidumbre para la absoluta mayoría de la población; realidad que el nuevo gobierno se negaba férreamente a aceptar y que provocó dos apreciaciones distintas en el grupo dirigente de Chihuahua, la del gobernador Javier Corral y el fiscal César Peniche, distinta a la del Secretario General, César Jáuregui. 

En tanto que los dos primeros establecieron que no había una alerta en la entidad a partir del asesinato en Zapopan de Jesús Weckman Luján, Jáuregui planteó lo contrario. No, Peniche aprecia todo lo contrario: “No vemos una situación de riesgo en el estado, no vemos una condición de que pudiera crecer la violencia como tal, nosotros vemos que el tema de la violencia en el estado sí obedece al narcotráfico, en donde el 80 por ciento de las ejecuciones están ligados al tema del narcotráfico”. (Nota de La Opción, 12/VII/17).

Todo eso cambió, y aparentemente le concedieron la razón al segundo de a bordo en Palacio pues a partir de la batalla de Las Varas del 5 de julio, el gobernador Corral decidió llevar a la cabecera municipal de Madera el Plan “Desarrollo, Paz y Reencuentro”, una especie de réplica del programa federal, instalado en Juárez a partir de la masacre de Villas de Salvárcar, luego de varios meses en los que la policía municipal de ese municipio fue intervenida por la autoridad estatal y ésta asumiera la dirección de seguridad pública municipal.

Hoy, la seguridad pública se ha convertido -lo admitan o no- en la principal preocupación del gobierno del amanecer y en la de la población de algunas regiones de la entidad y de varias zonas en las principales ciudades.

La percepción del incremento de la violencia no es subjetiva, son numerosos los hechos que van más allá de lo que muchos ciudadanos y no pocos gobernantes argumentaban, a propósito de los enfrentamientos delincuenciales -“Déjenlos que se maten entre ellos”- y de los llamados “daños colaterales”, la frase de Felipe Calderón…

El peliculesco rescate, en el municipio de General Terán, N.L., de la regidora priista de Bocoyna, María Ofelia Samaniego, secuestrada el domingo 2 de julio en San Juanito, por personal de la Unidad Antisecuestros de Nuevo León y la detención de dos de los presuntos secuestradores, fugados en marzo de un penal de Cd. Victoria, Tams., marca un antes y un después en la historia reciente de los hechos delictivos y los enfrentamientos de distintas bandas criminales en territorio chihuahuense.

En “La Batalla de Rubio”, celebrada el 19 de marzo anterior, por lo menos dos de los vehículos abandonados tras la refriega tenían reporte de robo en el estado de Tamaulipas, luego, más de la mitad de los cadáveres identificados, después de los enfrentamientos en Las Varas, son originarios de estados del sur.

Pero ese enfrentamiento era tan solo secuela de los sostenidos, quizá con menor intensidad, en Rubio y en Cuauhtémoc días atrás y de la masacre ocurrida en esta última ciudad.

A partir del asesinato de Jesús Weckman Luján en Jalisco varias informaciones lo daban como el principal dirigente del Cártel de Juárez, lo que, de comprobarse, ubicaría la ola homicida presente en la entidad, más allá de la simple disputa entre los introductores de cristal y sus rivales, los suministradores de cocaína y otras drogas, versión que hasta hace poco sostenía el fiscal Peniche.

Dos meses antes, en Juárez se desataba una violentísima saga de asesinatos colectivos en centros nocturnos, que luego se replicarían en la capital del estado, además de los comunes, cada vez más frecuentes, homicidios de una y dos personas, con una sostenida curva a la alza de asaltos a bancos, negocios y casas habitación en Juárez y Chihuahua.

Todo ello a cinco meses de que el gobierno de Chihuahua asumiera el control de las policías de varios municipios, entre ellos Madera y Cuauhtémoc, sin que los índices de violencia y homicidios disminuyeran, al contrario.

Tal medida fue tomada incluso sin el conocimiento de los alcaldes -ya no digamos de los cabildos-, hecho que luego de los más recientes enfrentamientos en Las Varas, Madera, el gobernador Corral reconociera y pidiera una disculpa al alcalde de Madera, Jaime Torres, quien le reclamó el incremento de la violencia en el acto al que convocara el gobernante, luego de la matazón.

La escalada de violencia tuvo un nuevo ingrediente, de espanto, en un solo día -y si nos apuran, en unas cuantas horas- robaron 7 carros en la vía corta a Parral. Los conductores fueron despojados de los vehículos -todos de modelo reciente y lujosos- y abandonados maniatados en un cerro.

Ante todo eso, los nuevos gobernantes -¡Ya llevan 9 meses en el gobierno!- ubicaron el origen del problema en la administración anterior, la de César Duarte pues ahora que, dicen, ponen mano dura “empiezan a salir todas ratas y cucarachas, e inician a emigrar a otros estados”, porque por muchos años “las componendas con otras administraciones permitieron que la entidad se convirtiera en un estado cómodo para los delincuentes”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Comisionado Estatal de Seguridad, (Nota de la redacción, Proceso, 6/VII/17).

Lo dicen en serio, pero no explican lo que es una realidad, la ola homicida -y delictiva en general- tuvo una drástica disminución a partir del 2012, luego de alcanzar los picos más agudos en 2010 y 2011, años en los que las dos principales urbes chihuahuenses ocuparon los dos principales lugares de más violentos en el mundo.

De mantenerse la actual tendencia, el año 2017 puede convertirse en el más violento del 2013 a la fecha, a muy pocos homicidios de superar las cifras totales de ese año.

¿Cómo lo logró el gobierno de Duarte? 

Públicamente, tanto éste, como su Secretario de Hacienda, sostuvieron que aplicando crecientes recursos económicos a la seguridad pública, aunque Corral y su equipo los acusan de ocultar y manipular las cifras y en la entrevista que el actual mandatario le otorgó a El Heraldo de Chihuahua informó que “no ha faltado quién ha mandado propuestas para negociar la paz, a cambio de dejarlos (A los “narcos”) trabajar, o respetar sus zonas delimitadas”.

Para sustentar su negativa, adujo que “nadie sale ileso de esos acuerdos”. (Nota de David Varela, El Heraldo de Chihuahua, 14/07/2017).

Pero el gobernador chihuahuense, al igual que el resto de sus compañeros en el país, argumentó que “Enfrentamos un problema cuya competencia esencial y principal es de la federación, todos sabemos que del número de homicidios que se producen en Chihuahua, más del 80 por ciento tiene que ver con el trasiego de drogas, con las armas, con delincuencia organizada y sin embargo nunca hemos rehuido a nuestra responsabilidad, hemos afrontado el reto de cooperar y colaborar nosotros con las autoridades federales”, en lo que es una nueva versión, consistente en que del total de los crímenes cometidos, 8 de cada 10 están vinculados al tráfico de drogas.

Sin embargo, en la peor racha violenta, la Fiscalía informó que sólo habían encontrado vínculo con esa actividad en el 45% del total de los homicidios.

Y, como en el pasado, ha recurrido a la ayuda federal. Una parte de la policía militar que estuvo adscrita a Guachochi regresará, después de su solicitud.

Todo lo anterior ocurre, y ya no es una percepción, -ni tampoco merced a la ocultación en el sexenio anterior de cadáveres, cifras y evidencias, como lo aseguran los nuevos gobernantes- en el salvaje incremento de los homicidios dolosos del 50%.

“En los primeros cinco meses de 2017 se cometieron 624 homicidios dolosos en el estado de Chihuahua, 208 más que en el mismo periodo del año anterior, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La cifra representa un incremento de 50 por ciento respecto a 2016, cuando hubo 416 asesinatos, según los datos oficiales. Del total, 380 fueron cometidos con arma de fuego, es decir, 60.89 por ciento”. (Nota de José Pérez-Espino, El Diario/Juárez, 23/VI/17).

A pesar de ese incremento, es una cifra 55% menor a los presentados en 2011, “cuando mil 407 personas fueron privadas de la vida”. (Ibídem).

En cambio, en Juárez esas cifran son superiores pues los homicidios aumentaron casi al doble en el primer semestre del año. “De enero a junio se registraron 365 asesinatos contra los 192 del mismo lapso del año pasado, documentó El Diario con base en cifras de la Unidad de Información de la Fiscalía General del Estado (FGE)”. (Nota de Staff, El Diario/Juárez, 2/VII/17).

En medio de tal batahola, a más de un chihuahuense pasmó el saber que luego de una violentísima jornada de dos días, en los que asesinaron a 31 personas en Juárez, no se estableciera comunicación, por lo menos telefónica, entre el gobernador Corral y el alcalde Cabada e intercambiar información que, obviamente, no puede ser del dominio público, y que el mandatario estatal ofreciera los auxilios necesarios y/o ponerse de acuerdo en los operativos y medidas de inteligencia conjunta que pudieran emprender para enfrentar la emergencia.

Igual ocurre en el caso de los feminicidios. En el presente año se han triplicado los asesinatos de mujeres ocurridos en Juárez en el presente año, se triplicaron: “De enero a mayo de este año se triplicaron los homicidios de mujeres (en Juárez) respecto al mismo período de 2016, y prácticamente 7 de cada 10 están sin resolver”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario/Juárez, 2/VI/17).

En todo el estado, en el mismo período, han ocurrido 69 asesinatos de mujeres. Los 35 de la frontera representan “un aumento del 437 por ciento comparado con los primeros cinco meses del 2016, en que ocurrieron ocho crímenes contra mujeres”. (Ibídem).

Si el gobierno de Corral no incide en combatir tal aspecto, el de la disminución de la violencia doméstica, de las agresiones a las mujeres, mediante  la instrumentación de campañas y programas permanentes que incidan en el total de la población, podremos afirmar, al término de su gestión, que habrá sido un fracaso pues ningún otro actor político, ascendido al poder, se había comprometido tanto, declarativamente, con la tragedia del Chihuahua de nuestros días.

Son muchos los lastres de la clase política, quienes ahora gobiernan Chihuahua no son excepción, uno de ellos es el de no saber escuchar, lo hacen en las campañas electorales y ya. 

Lo ocurrido en Madera es emblemático de ello. Luego de la Batalla de Las Varas -la más sangrienta- el gobernador Corral decidió efectuar un acto en la cabecera municipal, no en el lugar de los hechos, al que acudieron prácticamente todos los integrantes del gabinete estatal y varios delegados federales, todos acompañados de sus equipos -lo que llevó a pensar que el número de habitantes de Madera presentes en el acto era muy disminuido.

Las quejas fueron varias, una de ellas es la más destacable: No hay en esa población un hospital con capacidad para atender partos; sólo existe un centro de salud, con un muy deficiente equipamiento.

Pero lo criticable es que un grupo de ciudadanos organizados no fueron aceptados a participar en el acto, sólo hasta que su dirigente le reclamara, a viva voz, al gobernador Corral que no los habían escuchado, éste lo recibió prácticamente en privado.

En el aire de esa reunión estaba presente el recuerdo de las memorables sesiones posteriores a la masacre de Villas de Salvárcar, en las que la participación de los ciudadanos fue, casi, sin limitante alguna y en las que los deudos tuvieron plena libertad, hasta para decirle al entonces presidente Calderón que no era bienvenido a Juárez.

Eso deberá tener presente, también, el hoy gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien debiera rememorar su pasado -no tan lejano- de intransigente opositor. 

Sin esa característica no podrá ser el gobernante que se imaginó pudiera ser. 

Su principal reto se encuentra ahí, en no solamente decir que está del lado de los chihuahuenses, éstos necesitan hechos concretos, reales, que les permitan apreciar que, efectivamente, sí está.

¿La hora del perdón?

¿La hora del perdón?

Editorial, Aserto 166-julio 2017

La aparición de Lino Korrodi en la firma de acuerdo promovido por López Obrador, que es, en la práctica el apoyo velado, anticipado, a su campaña electoral pondrá -ha puesto- en vigor uno de los temas centrales del México de hoy: La corrupción y sus operadores.

En la campaña electoral presidencial del año 2000 los dos principales partidos del momento, que se habían disputado el poder público a lo largo de más de medio siglo, fueron acusados, y se les demostró, de haber incurrido en prácticas ilegales para financiar las actividades político-electorales de sus candidatos presidenciales.

Por una parte, el PRI recurrió al uso de recursos públicos para hacerlo, le transfirieron recursos de Pemex a través de entregarle al sindicato de la empresa más de mil millones de pesos, en lo que fue conocida como el Pemexgate.

El PRI fue sancionado y saldó la pena mediante el pago de abonos parciales, descontados de sus prerrogativas federales.

Nadie fue castigado individualmente.

No pasa nada.

A su vez, el PAN hizo lo mismo, pero en lugar de recursos públicos acudió a las arcas privadas ¿A cuáles? Imposible saber el total, sólo parcialmente se supo de los apoyadores privados del panista Vicente Fox, cuyos montos rebasaron los topes fijados por la ley. No era difícil deducir quienes financiaron esa campaña, son los que López Obrador ha definido como “la mafia del poder”. 

El responsable de buscar los financiamientos fue Lino Korrodi.

El PAN fue castigado con una sanción menor.

Nadie fue responsabilizado individualmente.

No pasó nada.

¿Qué va a hacer con el cúmulo de ex gobernantes acusados de corrupción,  el político que ocupe la presidencia de la república a partir del próximo año?

¿Los van a perdonar?

Los escándalos de las corruptelas efectuadas por una buena cantidad de los gobernadores, casi todos emanados del PRI, son incontables y fueron la principal razón de las numerosas derrotas electorales de este partido en las elecciones del 2016 y 2017, años en los que les hizo crisis tal situación a los priistas y cuya persecución penal ocupó los primeros meses de los nuevos gobernantes y que sólo se hizo de manera coherente y persistente en los casos que el grupo gobernante en el país tenía interés, lo que tiene lógica (sí, pero la del poder, para no perderlo el próximo año) pues el grupo gobernante no desea  entrar a la campaña electoral con la desventaja de tener en la cárcel a varios de sus ex gobernadores.

¿Y los nuevos gobernantes -en caso de que la oposición gane la presidencia- qué van a hacer con los operadores de las corruptelas, que lo son tanto quienes sustraen recursos públicos, como quienes hicieron gala de mil triquiñuelas para acceder o mantenerse en el poder?

¿También los vamos a perdonar, bajo la premisa que todo se vale con tal de alcanzar el poder?

No pareciera ser esa la ruta que la izquierda, de cualquier lugar del mundo, debiera hacer, pues acumular en sus alforjas la participación de varios operadores del viejo régimen político no parece ser la mejor manera de acceder a la principal responsabilidad pública en México, más, si como lo pregonan sus simpatizantes, se trata de imponer una nueva mentalidad, la de la honradez en el ejercicio de la administración pública.

Someter a juicio a todos los que hicieron mal uso de los recursos públicos, poner en el centro de la discusión la posibilidad del reintegro de los recursos sustraídos y demostrarle a la sociedad que sí existe la intención de imponer una nueva moral en el ejercicio de la administración pública es impostergable.

Tal objetivo no se podrá alcanzar trayendo en la cauda a un muy selecto grupo de los operadores del viejo régimen los llevará -nos llevará, si ganan los candidatos de la izquierda- a repetir una y otra vez los mismos vicios y defectos de un régimen que se niega a morir y que sus principales impugnadores tanto se afanan en mantener.

Desgraciadamente.

Cuatro meses… ¡Y nada!

Mega Radio 860, Juárez

Luis Javier Valero Flores

Ayer se cumplieron 4 meses de la ejecución de la periodista Miroslava Breach  Velducea, asesinada al momento de salir de su casa. En una sugerente coincidencia con el aniversario del homicidio del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el de la corresponsal de La Jornada ha encontrado, como aquel, un cúmulo de declaraciones oficiales que hacen inminente -desde el mismo día de los hechos- su esclarecimiento.

A ello se comprometió el Gobernador Javier Corral; quien llegó, incluso, a afirmar que ya se tenían “avances esclarecedores” y que la investigación la había hecho llegar a la Presidencia de la República; que ya tenían los nombres de los presuntos responsables, tanto materiales, como intelectuales; que a pesar de haberse entorpecido las investigaciones debido a “la filtración” a la prensa de unos videos que eran fundamentales en las indagatorias, ya se tenían resultados, sólidos.

Y nada.

Como el asesinato de Colosio, se cometió por un equipo que estudió durante varios días ¿Semanas? los movimientos de la reportera para asegurarse de la certeza de su aniquilamiento, incluidas grabaciones de sus conversaciones telefónicas, según la información oficial ofrecida por la Fiscalía General, sin saberse si la vigilancia incluyó sus comunicaciones escritas.

Luego, la nada, hasta el día de hoy, en el que seguramente, en el curso de la jornada habrá nuevas declaraciones, pero lo más probable es que ese asesinato, como muchos otros a lo largo del presente sexenio -igual que en los dos anteriores- quedará impune por una larga temporada, si es que se logra, algún día, su esclarecimiento.

Igualmente, el asesinato del también reportero, Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, del grupo GRD Multimedia de la capital, cometido el 10 de diciembre -ochos meses atrás- discurre en la misma condición, sin avances conocidos de las investigaciones, sin resultados, impune.

Quizá por el tipo de trabajos periodísticos realizados por ambos, en el asesinato de Adrián no haya motivos profesionales -aunque nunca deberán descartarse, él había cubierto, varios años atrás, la fuente policiaca de un matutino capitalino-, pero en el caso de Miroslava existe la casi certeza de que obedeció a alguna información, manejada por ella, de carácter elevadamente riesgosa, lo que ocurre en la mayor parte de los casos semejantes, por desentrañar los vínculos entre el crimen organizado y la esfera gubernamental, desde los altos jefes políticos, hasta los jefes policiacos y/o militares.

Además, ocurrió en un momento en que arreciaba la confrontación entre las bandas criminales asentadas en territorio chihuahuense que han escenificado -luego de su cruento asesinato- peores enfrentamientos en municipios serranos, incluida la urbe de La Tarahumara, ciudad Cuauhtémoc.

La espiral homicida ha llevado a que, nuevamente, las cifras se hayan duplicado en la primera mitad del año, frente a las del año anterior que, de mantener el ritmo -y no hay nada que nos lleve a pensar lo contrario- el presente año será el más violento en la entidad, incluidas Juárez  y Chihuahua, luego del 2013, y muy cercano a éste, luego de la ola homicida del 2008-2012.

Como entonces, bajo los gobiernos de Reyes Baeza y César Duarte, la impunidad es la única certeza que campea en territorio chihuahuense.

¿Hasta cuándo?

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PRI, como siempre

Luis Javier Valero Flores
El Pato Avila, bajo las lupas del constitucionalismo
La designación -que eso representa el registro único de Omar Bazán como candidato a la presidencia estatal- del nuevo dirigente del PRI, ha develado varios de los aspectos, cualidades y defectos de este partido que lo han llevado a la actual condición, preocupante para la mayoría de sus integrantes, cuyos liderazgos y nuevos dirigentes no han alcanzado a comprender a cabalidad lo ocurrido en la sociedad chihuahuense, en el último trienio del gobierno de César Duarte y en el proceso electoral del 2016.
Es de una profundidad no comprendida suficientemente por quienes condujeron el relevo de su dirigencia.
Vamos, no lo comprendieron luego de la elección. Era entendible y desde luego injustificable, cuando decidieron impugnar el triunfo de Javier Corral, llegando a extremos hilarantes, como cuando dijeron que en un helicóptero habían traído decenas de paquetes de boletas electorales con las cuales habrían  cambiado el sentido de la elección, o que se habían cometido miles de errores en el cómputo de la elección, llegando al extremo de solicitar la anulación de la misma.
Hoy está más que clara aquella pretensión, lo realizado a lo largo del sexenio anterior les exigía impedir, a como diera lugar, la llegada de Corral y sus compañeros al gobierno de Chihuahua.
En esas condiciones, y dadas las dimensiones del desastre político-electoral del PRI, lo lógico era esperar la renuncia de sus dirigentes y el retiro estratégico de quienes habían conformado el grupo gobernante de Chihuahua.
Nada de ello ocurrió, al contrario, con el registro de Omar Bazán como candidato único a la presidencia, acompañado de Georgina Zapata (la hija del sempiterno dirigente de la CTM, apoyo fidelísimo de todos los gobernadores priistas chihuahuenses, con un papel más que protagónico en el desastre del Vive Bus), el PRI ofreció a la sociedad chihuahuense todo un compendio de lo que han sido siempre, sus modos, prácticas y militantes.
Cuando parecía que, por un momento, cambiarían sus métodos de elección -exigido en todos los medios y tonos por diferentes liderazgos- en el intento de desterrar el clásico dedazo, con sus consecuentes “cargadas”, los sectores “oficialistas” al interior fueron construyendo la candidatura de Bazán y reprodujeron todos los esquemas del pasado.
Al citar esos esquemas, es que así fue. Poco a poco los “insurrectos” (con varios destacados priistas, entre ellos, Marco Adán Quezada, Alejandro Domínguez, Heliodoro Araiza, Eloy García Tarín, Miguel Angel González, y otros) fueron dejando de lado sus exigencias democratizadoras, que incluyeron hasta la pretensión de registrar una segunda planilla para la integración del Consejo Estatal, por fuera de la “oficialista”, ésta última presentada, entre otros, por Leonel de la Rosa, uno de los hombres más ligados a Duarte.
Duró poco la efervescencia democratizadora, al grado de allanarse finalmente a la planilla única y justificarse con el hecho, dijeron, que se había obtenido un triunfo a medias pues en el seno de ese órgano dirigente se había aprobado que fueran los consejeros municipales, estatales y nacionales quienes eligieran al nuevo dirigente.
Y, luego, la aparición de Bazán y la “Bufalada”, término puesto de moda entre los priistas en las décadas de los 70’s y 80’s, para referirse a la “cargada”, esto es, el apoyo incondicional, casi unánime, de los priistas al candidato único que el PRI presentaba en cada proceso comicial, constitucional o interno; ése era el bueno, y lo era porque lo había designado el “primer priista”, en el estado o en el país.
La convocatoria a la elección de presidente y los estatutos del PRI dicen que los dirigentes de los sectores y organizaciones de ese partido deberán ser imparciales en los procesos internos, que no deberán apoyar a candidato alguno, pero en el curso de los últimos días lo menos existente en el PRI fue eso, prácticamente todos los dirigentes de esas estructuras le expresaron su apoyo a Omar Bazán, con la correspondiente crítica de quienes habían expresado su intención de participar.
Más aún, las regulaciones priistas existentes están hechas para las candidaturas únicas, no hay margen para la competencia interna, por ello las elevadas cuotas de apoyos de la estructura del partido, o de militantes para quienes aspiren a competir. Prácticamente solo quienes tengan el control de ellas pueden colmar los requisitos de la convocatoria pues los sectores y militantes sólo le pueden otorgar el apoyo, para que se registren los aspirantes, a una sola fórmula.
Y eso, sin contar con las numerosas presiones a los aspirantes y militantes para que, aquellos, desistan de sus propósitos, y éstos, no apoyen a los “insurrectos”.
Lo sucedido entre el miércoles y el viernes anterior es una verdadera tragicomedia.
Miguel González anunció escuetamente que se retiraba. Pablo Espinoza anunció la impugnación de los términos de la convocatoria y Lilia Merodio -en fórmula con Fermín Ordóñez- anunciaba que presentaría su solicitud de licencia el martes.
Ese día, luego de innumerables confusas informaciones, entre las que incluyeron que el Senado le había negado la licencia, Merodio retiró la solicitud, “acompañada” del líder de los senadores -Emilio Gamboa Patrón-, en virtud de la falta de “condiciones democráticas para competir”.
¿Es decir, la convenció Gamboa Patrón de desistirse, porque “la necesitan” en el Senado?
Nuevamente, el ex secretario particular de Miguel de la Madrid, hombre cercano a Salinas de Gortari, influyendo decisivamente en el PRI chihuahuense.
El colmo, en la mañana del viernes anterior, a minutos del plazo de registro (por cierto, que contemplaba sólo dos horas para hacerlo) tanto Ordóñez, como Espinoza, anunciaron su retiro de la contienda y el primero expresó su apoyo a Bazán.
Si tal desarrollo del relevo de la dirigencia se celebrara en el pasado, no sorprendería. El problema para el PRI, ni siquiera es la falta de unidad. A contrapelo de lo expresado, en distintos momentos, por Omar Bazán, Lilia Merodio, Pablo Espinoza o Fermín Ordóñez; no, su problema es la relación con la sociedad chihuahuense, cuya mayoría identifica a este partido con la corrupción generada por la anterior administración, ante la cual el tricolor y su nuevo dirigente (por lo menos hasta ahora) no han señalado como el factor principal de su histórica derrota.
Y al no hacerlo, en medio del agudo desprestigio del gobierno de Peña Nieto, sumido, a su vez, en una oleada de corruptelas, agrandan la distancia entre el PRI y la sociedad.
De ahí la importancia de los acuerdos que generaron el “consenso” a favor de Bazán. Dejaron intactos a quienes ocuparon cargos destacadísimos en el equipo de Duarte y que se pavonearon, orgullosos de firmar el apoyo para el registro del cuasi dirigente y éste, además, los presume en las redes sociales.
Temerosos de abrir un proceso electoral a la militancia, que le hubiese permitido al PRI y a sus liderazgos acercarse nuevamente a las bases, a la sociedad, debatir de frente a ésta y con ello ajustar cuentas con su pasado reciente, al tiempo de alzarse como el partido más importante de la oposición, dejaron que fueran los liderazgos de ese pasado los que aparecieran como los más representativos del priismo chihuahuense, cosa que encuentra en el Congreso del Estado el caso más representativo, pues quien ocupara importantísimos puestos al lado de Duarte, incluida la dirigencia partidista, es hoy la lideresa de la bancada y deberá enfrentar, a partir de octubre del 2018, el mismo proceso que enfrenta Duarte en el ámbito federal.
¿Y si el PRI pierde la elección presidencial? ¿Se imaginaron ese escenario, quienes construyeron, a rajatabla, el consenso de hoy, sin hacer la más adecuada de las lecturas de lo que les ocurrió el 5 de junio del 2016?
No podremos saber que hubiese ocurrido de haber actuado de manera distinta, pero lo cierto es que estarían en mejor disposición para afrontar -y obtener ventajas políticas- de los indudables yerros del gobierno del amanecer, que los comete casi sin interrupción y hace que sus logros palidezcan.
Nadie puede discutir los indudables méritos y las invaluables aportaciones del presbítero Javier (El Pato) Avila a la sociedad chihuahuense, en particular, citando a Corral, a los que menos tienen, menos saben y menos pueden.
El Pato Avila es un referente nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos, particularmente de los rarámuris y de las etnias de Chihuahua; por ello, siendo un capital social tan valioso, debió cuidársele. Los gobernantes también están obligados a ello, los liderazgos sociales son de los más importantes capitales de la sociedad y son muy difíciles de construir.
No hay duda que está impedido para actuar como funcionario público, el cargo de integrante de la Comisión de Atención a Víctimas, así sea sin paga (que, por otra parte, es una ilegalidad pues si desempeña una función pública deberá recibir una retribución), le otorga tal carácter y eso dicen los ordenamientos jurídicos que juró preservar en sesión del Congreso del Estado, cuando aceptó el nombramiento.
¿Que en el pasado desempeñó cargos en la Comisión de Derechos Humanos y nadie lo impugnó? Sí, pero igualmente estaba mal.
La mayoría de los votantes lo hizo por Javier Corral para que no se violaran las leyes, entre otras cosas, como en el pasado.
Nada más, pero nada menos.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

No había orden de detención

El Diario, 20 de julio de 2017

Luis Javier Valero Flores

Fueron refutados acremente todos los jefes policiacos de El Paso, consultados por el reportero de Proceso, a raíz de que declararan que no tenían una orden de detención en contra del ex mandatario chihuahuense, luego de que César Duarte recibiera la alerta roja por parte de la Interpol, a petición del gobierno de Chihuahua.

Emitida el 31 de marzo anterior, a causa de que el gobierno chihuahuense emitió una orden de aprehensión por el delito de peculado, la Interpol ingresó a César Duarte a su lista de prófugos, “las autoridades de Estados Unidos no mantienen una búsqueda activa del exgobernador priista... El sargento Enrique Carrillo, portavoz del Departamento de Policía de El Paso, dice que esa corporación no busca al mexicano: “No estamos buscando a Duarte activamente. Si de casualidad llegamos a toparnos con él, tendríamos que ponerlo bajo custodia, pero no tenemos órdenes de estar buscando al exgobernador de Chihuahua en El Paso”. (Nota de Luis Chaparro, Proceso, No. 2110, 9/IV/17).

Lo mismo confirmó la oficina del FBI en El Paso: “No tenemos una orden para perseguirlo”, le aseguró al reportero el oficial que se negó a ser identificado por no tener autorización para hablar con los medios. (Ibídem).

Lo mismo ocurrió con la Oficina del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, la que informó “no contar con una orden ni con un expediente para la captura del exmandatario estatal” de Chihuahua. (Ibídem).

“A su vez Roger Maier, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, descartó que se esté buscando a César Duarte, pero aseguró que ‘si durante un ingreso al país los oficiales saben que un individuo está siendo buscado por alguna agencia, lo pondrán bajo custodia”. (Ibídem).

  Bueno, hasta la misma Interpol, “mediante un portavoz que igualmente pidió el anonimato” explicó que “la ficha roja no equivale a una orden de arresto internacional. La persona debe ser considerada inocente hasta probar lo contrario”. (Nota de Luis Chaparro, Proceso, No. 2110, 9/IV/17).

¿Porqué tan largas citas?

Porque el martes, luego de largos meses que el gobernador Corral insistiera recurrentemente en que pronto, muy pronto “caería el vulgar ladrón” y de tener el conocimiento en donde se encontraba, informó que había resuelto desistirse de la solicitud de deportación, interpuesta ante el gobierno de Estados Unidos en contra de Duarte -porque, así lo dijo, ese es un trámite “muy largo”- y pedir la expedición de una orden de detención, con fines de extradición en contra del ex gobernador.

Así lo dijo el gobernador Corral: “Hemos tomado la decisión de ir por el proceso de extradición, hemos abandonado de alguna manera (sic) la estrategia de la deportación, porque estamos viendo signos muy contradictorios en las autoridades norteamericanas, con relación al tema de César Duarte”. (Comunicado de prensa, Coordinación de Comunicación Social, 18/VII/17).

Sabedores, los integrantes del grupo gobernante, que la acusación de peculado no tiene mayor peso -se le considera delito no grave!- dejaron pasar el tiempo para acumular más cargos y fortalecer los existentes, -eso presumimos- pues no se le podrían fincar más cargos extras al ex gobernador, sólo los de la extradición.

Ahora tienen otro acicate, el de que la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), obtenga la orden de extradición y entonces los cargos que formulara la Fiscalía de Chihuahua, por corrupción, ya no se le podrían sumar a Duarte, sólo sería juzgado por los delitos imputados -paradójicamente- por la propia Fiscalía.

¿Entonces, porqué no presentaron desde antes la petición de extradición? A ciencia cierta no lo sabemos, pero sí existen los indicios necesarios como para llevarnos a la conclusión que no tenían -¿Ya las tendrán?- las pruebas sólidas, necesarias, como para lograr que las autoridades norteamericanas aceptaran extraditarlo pues tendrían que demostrarles que existen con la suficiente solidez como para presumir la comisión de los delitos achacados.

Pero en el ínterin le hicieron creer a los chihuahuenses que ya, ahora sí, ya pronto, tendremos a Duarte en la cárcel.

Visto el ejemplo de lo que sucede con el Duarte veracruzano, deberán poner las barbas a remojar, o tienen las pruebas suficientes, en cantidad y calidad como para demostrar la culpabilidad del ex gobernador chihuahuense, o recibirán el rechazo y desprecio de la sociedad chihuahuense que sufrirá un agravio más, ahora de parte de quienes prometieron hasta la saciedad que llevarían “al vulgar ladrón” a la cárcel.

No se lo perdonarían.

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