El Diario, 27 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Es natural que la crisis de seguridad pública acapare mayormente la atención, no sólo de los medios de comunicación, también de la mayoría de los ciudadanos, pero la gravedad de la crisis económica poco a poco se irá imponiendo, pues sus efectos, al paso de los días se incrementarán.
Pocos son los chihuahuenses que pueden aceptar, de entrada, la existencia de cientos de miles de conciudadanos en verdaderas condiciones de pobreza, pero las manifestaciones de tal fenómeno se pueden apreciar al calor de las campañas electorales, de las promesas de los candidatos y por los espectáculos originados en la entrega de becas, despensas y apoyos económicos por las distintas dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno.
Ejemplo de lo anterior, y es solo un caso de los muchos que suceden cotidianamente en la entidad, fue el triste espectáculo, ocurrido ayer, del abundante número de solicitantes de registro para el programa Oportunidades en Juárez. Según consignan los medios de comunicación la fila rebasó el kilómetro de longitud.
Y si alguien argumentara que ese fenómeno se explica por la magnitud de la migración nacional al antiguo Paso del Norte, les podemos replicar que ese fenómeno se puede ver en prácticamente cualquier ciudad chihuahuense. Así sucede en la capital del estado en la entrega de los distintos apoyos otorgados por las presidencias municipales, o en los programas establecidos por los partidos políticos, como sucede con el PRI camarguense que vende kilos de tortilla por debajo del precio comercial y las filas de compradores suman decenas y decenas de metros.
Otro tanto se puede apreciar en los eventos organizados periódicamente por las presidencias municipales y las dependencias estatales, en los que llevan a las barriadas o las colonias servicios tan elementales como corte de pelo, revisión de dentaduras, medición de peso y tensión arterial, etc. pero que incluyen frecuentemente entrega de alimentos enlatados o granos.
Ahora, con las campañas electorales apreciaremos un fenómeno que considerábamos menor y que hasta se consideraba como motivo de bromas; nunca pensábamos que significara un problema serio, el de las comidas celebradas con motivo de los actos de campaña.
Casi como guasa se expresaba que quien aspirara a alguna candidatura (sobre todo las municipales y las diputaciones) debería presupuestar el número de comidas (generalmente barbacoa de carne de res) que debería patrocinar.
Por desgracia, para muchos chihuahuenses no es motivo de broma, es, apenas, una oportunidad para saciar el hambre que empieza a hacer estragos en muchos de ellos y, evidentemente, no puede ser motivo de broma alguna.
Tales eventos han adquirido carta de naturalización entre nosotros, pero ¿Debiera ser así? Por supuesto, no.
Ahora mismo, como fruto de las reformas electorales, los candidatos, incluidos los aspirantes al gobierno del estado, al estar obligados a efectuar campañas más “al ras de la tierra”, y por tanto de depender menos de los anuncios de radio y Tv, se están encontrando con una terrible realidad: La pobreza que invade a cientos de miles de chihuahuenses.
Ya no es solamente el hecho del enorme desempleo, sino de que, incluso contando con trabajo, los márgenes de pobreza siguen creciendo debido a lo raquítico de los salarios y al crecimiento de los precios, en cifras por puritita casualidad no detectado por las dependencias encargadas de hacerlo.
Ante esta nuevo estrujante realidad, lo lógico es –sería- que una buena parte de los programas propuestos por los candidatos deberán contener ambiciosos programas sociales de combate a la pobreza, con un enfoque distinto al meramente asistencialista, vigente hasta ahora, tanto en las administraciones federales priistas o panistas, y que han mostrado palmariamente su fracaso, mejor.
O se le pone el acento en el desarrollo económico y social de Chihuahua o enfrentaremos tiempos aún más difíciles que los actuales.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
martes, 27 de abril de 2010
domingo, 25 de abril de 2010
Cuernavaca no es Ciudad Juárez
El Diario, 25 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Con un muy fuerte abrazo a Bernardo Ruiz y demás familiares, en el difícil trance de soportar el dolor de perder a su abuela, Doña Angela Loya Javalera.
No se habían dado cuenta los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Hasta que les tendieron la terrible emboscada a sus compañeros, el viernes anterior en Juárez, en la que murieron cinco de ellos, se percataron que, efectivamente, están involucrados en una guerra. ¡Ahora sí nos declararon la guerra!, consignó el Staff de El Diario (24/IV/10)* que comentaban los agentes federales ante la tragedia, en lo que fue el primer episodio de este tipo celebrado en la entidad, en la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico, que en Chihuahua ha significado, más bien, una auténtica carnicería sostenida por los principales cárteles de la droga. Avísenles a los policías que su comandante en jefe desde diciembre del 2006 declaró esta singular guerra, en la que la absoluta mayoría de las bajas son de los de enfrente, causadas por otros de allá mesmo.
¿Por qué será que no tenían la percepción, -los de a pie, los que arriesgan la vida- de estar inmiscuidos en una guerra?
Pero si los criminales han llevado a la ingobernabilidad a ciudades como Juárez (puede ser que no en el 100%, pero sí en márgenes impresionantes, de los cuales los juarenses pueden ofrecer cientos, miles de testimonios dramáticos) y otras zonas del país, los gobernantes federales cometen tontería y media un día sí y el otro también.
Cuesta trabajo desentenderse de las expresiones que cada semana aportan a la picaresca nacional Felipe Calderón y su Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Como cantara Serrat, si no fueran tan temibles, darían risa.
¿A quién se le ocurre, ubicado en el primer nivel de la administración pública en el país, tratar de deslindar responsabilidades y achacarle a los otros todas las fallas, y luego, en el colmo del cinismo, tratar de ocultar realidades, sobre todo una tan estrujante como la que viven los habitantes de Cuernavaca?
Tan dramática realidad viven que hasta el Angeles Times, en su editorial, caricaturizó el mote de esa ciudad, conocida como la de la eterna primavera y que ahora, dice, es del “eterno reposo”, habida cuenta de los numerosos hechos sangrientos ocurridos en la capital morelense.
Pues bien, Gómez Mont declaró el sábado que Cuernavaca no era Ciudad Juárez. Con esa frase culminó la semana, pero la tormenta política causada por sus declaraciones del jueves apenas inicia.
Como el señor encargado de la política interna cree que las facultades legales de su dependencia alcanzan para andar teorizando en los foros académicos se soltó el pelo y afirmó que en Chihuahua fracasó la justicia penal y que el sistema basado en juicios orales es causa del desgobierno en Juárez.
¿De veras? ¿Y en las entidades que tienen el anterior sistema penal? En esas ¿Cuál es la explicación?
Dijo que (en Chihuahua) “no está dando contención a los violentos para que puedan ser asegurados y no se multiplique la violencia… ”.
“No es ajeno a este modelo -y estamos preparando las evidencias antropológicas y sociológicas que así lo justifiquen- que la concepción de la justicia penal en Chihuahua es uno de los factores causales del desgobierno que se vive sobre todo en Ciudad Juárez; es un esquema de justicia que no está dando contención a los violentos (sic) para que puedan ser asegurados y no se multiplique la violencia en la urbe chihuahuense”.
Hombre de contradicciones, dijo estar convencido “que los delitos no violentos, como los de orden patrimonial o los que no implican la opresión de una persona, no deben pasar por los centros penitenciarios, sino merecer alternativas, como la reconciliación para recuperar el orden quebrantado”, o sea, exactamente lo que se está experimentando en Chihuahua y que ha concitado innumerables críticas porque los delincuentes reincidentes de este tipo pueden andar en libertad, o que pueden ejercer presiones y amenazas contra sus víctimas a fin de forzarlas a la conciliación.
Si bien la puesta en marcha del nuevo sistema penal puede incidir en la espiral de violencia y no poner detrás de las rejas a algunos delincuentes menores, la verdad es que la crisis de seguridad pública es nacional y abarca al total de las instituciones de la república (Ay, Peje ¿En dónde estás? Tú que les dijiste –¡Al diablo con sus instituciones!- ¡Cuánta razón tenías!).
Pero las frases de Gómez Mont esconden una terrible realidad: En la mayoría de los casos en los cuales los criminales –o supuestos- relacionados con las ejecuciones del narcotráfico fueron liberados, la responsabilidad recae en autoridades federales (agentes del ministerio público federal o jueces federales) por errores en la aprehensión y reclusión de los acusados.
Contra las frases del segundo de a bordo en el equipo de Calderón se alzan trabajos demoscópicos como el ordenado y publicado por El Diario de Juárez, cuyos resultados muestran palmariamente el fracaso de las acciones federales en Juárez, desde la óptica de los ciudadanos encuestados. Casi la mitad de ellos (47.1%) asegura que la violencia sigue igual a partir de que se puso en marcha la estrategia “Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad” por parte de Felipe Calderón; tres de cada diez (29.2%) opina que es aún más insegura y sólo el 17.3% consideró que sí es una localidad más segura.
Lapidarios, casi el 80% de los juarenses creen que la violencia es la reina de la vida urbana ¡después de las acciones del gobierno federal a raíz de la masacre de Villas de Salvárcar!
Las consecuencias de tal percepción las sufrieron Calderón y el alcalde, Reyes Ferriz, cuyas gestiones no fueron aprobadas por los encuestados, al contrario del gobernante local, Reyes Baeza.
Pero nadie puede cantar victoria, la misma encuesta informó que 4 de cada 10 habitantes (43.5%) ya no sale a la calle por las noches y casi dos de cada diez (16.7%) no envían a sus hijos a la escuela.
Y como no podía faltar este gremio, dirían los de la picaresca, 10 de cada 100 han dejado de ir a trabajar por el temor generado por la violencia en la mayor de las urbes chihuahuenses.
No hay margen para las especulaciones, el problema es extremadamente complejo y no se resuelve por la vía de las acusaciones al bando contrario. Según Armando Patrón Vargas, director técnico del Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, una encuesta arrojó que casi el 20% de los juarenses (18.97) ha consumido drogas ilegales alguna vez en su vida, cifra que coloca a Juárez como la número uno a nivel nacional en ese rubro.
Ante tal realidad, que llevan a pensar en el tufo electorero como su principal animador, pues no traslucen que las innumerables sesiones de trabajo sostenidas con los cientos de representantes de la sociedad juarense en el curso del mencionado programa, hayan incidido en el conocimiento del Secretario de Gobernación de la compleja realidad del antiguo Paso del Norte, y mucho menos lo hayan llevado a asumir las gravísimas ineficiencias, irresponsabilidades y desaciertos de la administración federal en esta ciudad.
Y se pone “de pechito” con discurso tan frívolo. Desató una verdadera andanada de los titulares de los tres poderes del estado. Con justeza Reyes Baeza afirmó que “… en todo México hay desgobierno” pues los hechos violentos se presentan cotidianamente en varias entidades. Más incisivo, el actual presidente del Congreso del Estado, Héctor Arcelus, dijo que las declaraciones del titular de gobernación eran electoreras pues “van sincronizadas con la estrategia diseñada por Acción Nacional en la entidad, que ha empezado a cuestionar el sistema de justicia penal e insiste en achacar al gobierno estatal la responsabilidad única de la situación de violencia que se vive” (La Jornada, 24/IV/10).
A su vez, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rodolfo Acosta Muñoz, le enmendó la plana, desde la óptica de las distintas responsabilidades y funciones de los órganos de El Estado mexicano pues le dijo que frenar la criminalidad es responsabilidad de los cuerpos policiacos, particularmente de los federales, y no del sistema penal. “… el Nuevo Sistema Penal no se creó para abatir la criminalidad, se instauró para hacer la justicia más transparente”. (Nota de Luis Alonso Fierro, El Diario, 24/IV/10).
Es de no entenderse el señor. Una semana atrás aseguró que el problema de ¡¡¡”la inseguridad no es un problema de drogas, sino de secuestros, extorsiones y asesinatos”!!!. Y no sólo, también dijo que ¡¡¡”El narcotráfico sólo es un componente menor”!!!
¿Po’s no que estaban en guerra en contra del narcotráfico?
*Todas las citas son de las ediciones del 23 y 24 de abril de El Diario-Juárez, con la excepción de las referentes a la encuesta publicada por el Diario el 21 de abril.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Con un muy fuerte abrazo a Bernardo Ruiz y demás familiares, en el difícil trance de soportar el dolor de perder a su abuela, Doña Angela Loya Javalera.
No se habían dado cuenta los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Hasta que les tendieron la terrible emboscada a sus compañeros, el viernes anterior en Juárez, en la que murieron cinco de ellos, se percataron que, efectivamente, están involucrados en una guerra. ¡Ahora sí nos declararon la guerra!, consignó el Staff de El Diario (24/IV/10)* que comentaban los agentes federales ante la tragedia, en lo que fue el primer episodio de este tipo celebrado en la entidad, en la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico, que en Chihuahua ha significado, más bien, una auténtica carnicería sostenida por los principales cárteles de la droga. Avísenles a los policías que su comandante en jefe desde diciembre del 2006 declaró esta singular guerra, en la que la absoluta mayoría de las bajas son de los de enfrente, causadas por otros de allá mesmo.
¿Por qué será que no tenían la percepción, -los de a pie, los que arriesgan la vida- de estar inmiscuidos en una guerra?
Pero si los criminales han llevado a la ingobernabilidad a ciudades como Juárez (puede ser que no en el 100%, pero sí en márgenes impresionantes, de los cuales los juarenses pueden ofrecer cientos, miles de testimonios dramáticos) y otras zonas del país, los gobernantes federales cometen tontería y media un día sí y el otro también.
Cuesta trabajo desentenderse de las expresiones que cada semana aportan a la picaresca nacional Felipe Calderón y su Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Como cantara Serrat, si no fueran tan temibles, darían risa.
¿A quién se le ocurre, ubicado en el primer nivel de la administración pública en el país, tratar de deslindar responsabilidades y achacarle a los otros todas las fallas, y luego, en el colmo del cinismo, tratar de ocultar realidades, sobre todo una tan estrujante como la que viven los habitantes de Cuernavaca?
Tan dramática realidad viven que hasta el Angeles Times, en su editorial, caricaturizó el mote de esa ciudad, conocida como la de la eterna primavera y que ahora, dice, es del “eterno reposo”, habida cuenta de los numerosos hechos sangrientos ocurridos en la capital morelense.
Pues bien, Gómez Mont declaró el sábado que Cuernavaca no era Ciudad Juárez. Con esa frase culminó la semana, pero la tormenta política causada por sus declaraciones del jueves apenas inicia.
Como el señor encargado de la política interna cree que las facultades legales de su dependencia alcanzan para andar teorizando en los foros académicos se soltó el pelo y afirmó que en Chihuahua fracasó la justicia penal y que el sistema basado en juicios orales es causa del desgobierno en Juárez.
¿De veras? ¿Y en las entidades que tienen el anterior sistema penal? En esas ¿Cuál es la explicación?
Dijo que (en Chihuahua) “no está dando contención a los violentos para que puedan ser asegurados y no se multiplique la violencia… ”.
“No es ajeno a este modelo -y estamos preparando las evidencias antropológicas y sociológicas que así lo justifiquen- que la concepción de la justicia penal en Chihuahua es uno de los factores causales del desgobierno que se vive sobre todo en Ciudad Juárez; es un esquema de justicia que no está dando contención a los violentos (sic) para que puedan ser asegurados y no se multiplique la violencia en la urbe chihuahuense”.
Hombre de contradicciones, dijo estar convencido “que los delitos no violentos, como los de orden patrimonial o los que no implican la opresión de una persona, no deben pasar por los centros penitenciarios, sino merecer alternativas, como la reconciliación para recuperar el orden quebrantado”, o sea, exactamente lo que se está experimentando en Chihuahua y que ha concitado innumerables críticas porque los delincuentes reincidentes de este tipo pueden andar en libertad, o que pueden ejercer presiones y amenazas contra sus víctimas a fin de forzarlas a la conciliación.
Si bien la puesta en marcha del nuevo sistema penal puede incidir en la espiral de violencia y no poner detrás de las rejas a algunos delincuentes menores, la verdad es que la crisis de seguridad pública es nacional y abarca al total de las instituciones de la república (Ay, Peje ¿En dónde estás? Tú que les dijiste –¡Al diablo con sus instituciones!- ¡Cuánta razón tenías!).
Pero las frases de Gómez Mont esconden una terrible realidad: En la mayoría de los casos en los cuales los criminales –o supuestos- relacionados con las ejecuciones del narcotráfico fueron liberados, la responsabilidad recae en autoridades federales (agentes del ministerio público federal o jueces federales) por errores en la aprehensión y reclusión de los acusados.
Contra las frases del segundo de a bordo en el equipo de Calderón se alzan trabajos demoscópicos como el ordenado y publicado por El Diario de Juárez, cuyos resultados muestran palmariamente el fracaso de las acciones federales en Juárez, desde la óptica de los ciudadanos encuestados. Casi la mitad de ellos (47.1%) asegura que la violencia sigue igual a partir de que se puso en marcha la estrategia “Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad” por parte de Felipe Calderón; tres de cada diez (29.2%) opina que es aún más insegura y sólo el 17.3% consideró que sí es una localidad más segura.
Lapidarios, casi el 80% de los juarenses creen que la violencia es la reina de la vida urbana ¡después de las acciones del gobierno federal a raíz de la masacre de Villas de Salvárcar!
Las consecuencias de tal percepción las sufrieron Calderón y el alcalde, Reyes Ferriz, cuyas gestiones no fueron aprobadas por los encuestados, al contrario del gobernante local, Reyes Baeza.
Pero nadie puede cantar victoria, la misma encuesta informó que 4 de cada 10 habitantes (43.5%) ya no sale a la calle por las noches y casi dos de cada diez (16.7%) no envían a sus hijos a la escuela.
Y como no podía faltar este gremio, dirían los de la picaresca, 10 de cada 100 han dejado de ir a trabajar por el temor generado por la violencia en la mayor de las urbes chihuahuenses.
No hay margen para las especulaciones, el problema es extremadamente complejo y no se resuelve por la vía de las acusaciones al bando contrario. Según Armando Patrón Vargas, director técnico del Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, una encuesta arrojó que casi el 20% de los juarenses (18.97) ha consumido drogas ilegales alguna vez en su vida, cifra que coloca a Juárez como la número uno a nivel nacional en ese rubro.
Ante tal realidad, que llevan a pensar en el tufo electorero como su principal animador, pues no traslucen que las innumerables sesiones de trabajo sostenidas con los cientos de representantes de la sociedad juarense en el curso del mencionado programa, hayan incidido en el conocimiento del Secretario de Gobernación de la compleja realidad del antiguo Paso del Norte, y mucho menos lo hayan llevado a asumir las gravísimas ineficiencias, irresponsabilidades y desaciertos de la administración federal en esta ciudad.
Y se pone “de pechito” con discurso tan frívolo. Desató una verdadera andanada de los titulares de los tres poderes del estado. Con justeza Reyes Baeza afirmó que “… en todo México hay desgobierno” pues los hechos violentos se presentan cotidianamente en varias entidades. Más incisivo, el actual presidente del Congreso del Estado, Héctor Arcelus, dijo que las declaraciones del titular de gobernación eran electoreras pues “van sincronizadas con la estrategia diseñada por Acción Nacional en la entidad, que ha empezado a cuestionar el sistema de justicia penal e insiste en achacar al gobierno estatal la responsabilidad única de la situación de violencia que se vive” (La Jornada, 24/IV/10).
A su vez, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rodolfo Acosta Muñoz, le enmendó la plana, desde la óptica de las distintas responsabilidades y funciones de los órganos de El Estado mexicano pues le dijo que frenar la criminalidad es responsabilidad de los cuerpos policiacos, particularmente de los federales, y no del sistema penal. “… el Nuevo Sistema Penal no se creó para abatir la criminalidad, se instauró para hacer la justicia más transparente”. (Nota de Luis Alonso Fierro, El Diario, 24/IV/10).
Es de no entenderse el señor. Una semana atrás aseguró que el problema de ¡¡¡”la inseguridad no es un problema de drogas, sino de secuestros, extorsiones y asesinatos”!!!. Y no sólo, también dijo que ¡¡¡”El narcotráfico sólo es un componente menor”!!!
¿Po’s no que estaban en guerra en contra del narcotráfico?
*Todas las citas son de las ediciones del 23 y 24 de abril de El Diario-Juárez, con la excepción de las referentes a la encuesta publicada por el Diario el 21 de abril.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
jueves, 22 de abril de 2010
Pa’ que se nos quite
El Diario, 22 de Abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Frase semejante fue la usada en la “precampaña” por el sempiterno dirigente del Partido del Trabajo en la entidad, Rubén Aguilar. “Pa’ que se les quite”, decían los pendones colocados en algunos lugares antes del cierre del plazo legal de las precampañas.
Sin destinatario conocido, la frase de Aguilar sirvió más para el chacoteo y la crítica superficial, o lapidaria, dependiendo de quien la emitiera, acerca del comportamiento del dirigente petista y su reconocida afición a ungir como candidatos plurinominales, funcionarios y dirigentes partidistas sólo a sus familiares más cercanos. En el momento actual, una de sus hijas es diputada local y la suplente es otra de ellas. En el pasado proceso electoral, otra de sus hijas ocupó uno de los lugares preferentes de la lista plurinominal a diputados y la suplente era… por supuesto una de sus descendientes ¿O el hijo, del mismo nombre?
Diputado por enésima ocasión en la legislatura 2006-2009, su suplente era su propia esposa. Cuestionados al respecto, padre e hijos no reconocen tal preeminencia y hablan de que han llegado por méritos propios cuya cuantía es superior a la del resto de los integrantes de este partido.
Sumados al PRD en las elecciones presidenciales del 2000 y 2006, los petistas lograron valiosísimas posiciones, de todo tipo. Pero eso es en el ámbito nacional, en el local no se equivocan, se han sumado al PRI, y no sólo en los períodos electorales, sus diputados, puros Aguilar en las últimas dos legislaturas, invariablemente, en los asuntos que importan, votan al lado de sus compañeros priístas. Tal conducta ha servido para que innumerables chihuahuenses los expongan como ejemplo para rechazar las candidaturas plurinominales.
Ahora protagonizan un lamentable espectáculo digno de la mejor picaresca nacional. Su dirigencia nacional resolvió actuar bajo la sombra del ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Este les devolvió el favor y en las pasadas elecciones federales, ante el enfrentamiento sostenido con la dirigencia nacional perredista, apoyó al PT y, en reciprocidad este partido postuló en lugares preferentes a varios de los más cercanos a López Obrador. Así llegaron a la Cámara de Diputados, entre otros, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho, Gerardo Fernández Noroña y Mario Di Costanzo.
Sin embargo, la cabra tiende al monte, en las elecciones locales de Nuevo León, el dirigente nacional, Alberto Anaya, fundador de su partido en esa entidad, impulsó la alianza a fin de apoyar al entonces candidato priísta. Tal alianza fue desbaratada a insistencia de López Obrador.
Ahora sucede lo mismo en Chihuahua –aunque justo es reconocer que ignoramos si existe una posición similar del ex candidato presidencial– en la que, por su cuenta, la dirigencia estatal decidió considerar al candidato priista César Duarte como el suyo, bajo la figura de “candidatura común”.
Pero ahora resulta que la dirigencia nacional no está de acuerdo y han iniciado un complicado proceso para anular tal candidatura.
Dadas a conocer las cifras de las más recientes encuestas, la de Milenio que le da una cómoda ventaja a César Duarte, y la de El Diario, con cifras menores (7 por ciento) pero que puede elevarse a diez o más puntos si se considera que será candidato de cinco partidos, podría considerarse que no necesitaba de tales enredos, a menos que hubieran optado los priístas por hacerlo aparecer como un candidato apabullante.
Y como este el juego de Juan Pirulero, cada quien obtiene sus propios beneficios, el candidato los ya enunciados y los partidos menores las prerrogativas y ventajas de acompañar a quien puede –en su visión– alzarse con el triunfo, no de otra manera podría explicarse la decisión del Verde Ecologista y del Panal, partidos que en otras entidades, en este mismo año van aliados al PAN, cuyo candidato en Chihuahua lanza denuestos contra estos dos partidos ¿Y si estuvieran de su lado?
Otras podrían ser las motivaciones del Partido Convergencia, hegemonizada su dirigencia por el ex panista Fernando Reyes su principal móvil podría ser la de combatir, en todo momento, a quienes fueron sus compañeros, además de sumarse a los ganadores.
¡Vaya cuadro de la política chihuahuense!
Luis Javier Valero Flores
Frase semejante fue la usada en la “precampaña” por el sempiterno dirigente del Partido del Trabajo en la entidad, Rubén Aguilar. “Pa’ que se les quite”, decían los pendones colocados en algunos lugares antes del cierre del plazo legal de las precampañas.
Sin destinatario conocido, la frase de Aguilar sirvió más para el chacoteo y la crítica superficial, o lapidaria, dependiendo de quien la emitiera, acerca del comportamiento del dirigente petista y su reconocida afición a ungir como candidatos plurinominales, funcionarios y dirigentes partidistas sólo a sus familiares más cercanos. En el momento actual, una de sus hijas es diputada local y la suplente es otra de ellas. En el pasado proceso electoral, otra de sus hijas ocupó uno de los lugares preferentes de la lista plurinominal a diputados y la suplente era… por supuesto una de sus descendientes ¿O el hijo, del mismo nombre?
Diputado por enésima ocasión en la legislatura 2006-2009, su suplente era su propia esposa. Cuestionados al respecto, padre e hijos no reconocen tal preeminencia y hablan de que han llegado por méritos propios cuya cuantía es superior a la del resto de los integrantes de este partido.
Sumados al PRD en las elecciones presidenciales del 2000 y 2006, los petistas lograron valiosísimas posiciones, de todo tipo. Pero eso es en el ámbito nacional, en el local no se equivocan, se han sumado al PRI, y no sólo en los períodos electorales, sus diputados, puros Aguilar en las últimas dos legislaturas, invariablemente, en los asuntos que importan, votan al lado de sus compañeros priístas. Tal conducta ha servido para que innumerables chihuahuenses los expongan como ejemplo para rechazar las candidaturas plurinominales.
Ahora protagonizan un lamentable espectáculo digno de la mejor picaresca nacional. Su dirigencia nacional resolvió actuar bajo la sombra del ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Este les devolvió el favor y en las pasadas elecciones federales, ante el enfrentamiento sostenido con la dirigencia nacional perredista, apoyó al PT y, en reciprocidad este partido postuló en lugares preferentes a varios de los más cercanos a López Obrador. Así llegaron a la Cámara de Diputados, entre otros, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho, Gerardo Fernández Noroña y Mario Di Costanzo.
Sin embargo, la cabra tiende al monte, en las elecciones locales de Nuevo León, el dirigente nacional, Alberto Anaya, fundador de su partido en esa entidad, impulsó la alianza a fin de apoyar al entonces candidato priísta. Tal alianza fue desbaratada a insistencia de López Obrador.
Ahora sucede lo mismo en Chihuahua –aunque justo es reconocer que ignoramos si existe una posición similar del ex candidato presidencial– en la que, por su cuenta, la dirigencia estatal decidió considerar al candidato priista César Duarte como el suyo, bajo la figura de “candidatura común”.
Pero ahora resulta que la dirigencia nacional no está de acuerdo y han iniciado un complicado proceso para anular tal candidatura.
Dadas a conocer las cifras de las más recientes encuestas, la de Milenio que le da una cómoda ventaja a César Duarte, y la de El Diario, con cifras menores (7 por ciento) pero que puede elevarse a diez o más puntos si se considera que será candidato de cinco partidos, podría considerarse que no necesitaba de tales enredos, a menos que hubieran optado los priístas por hacerlo aparecer como un candidato apabullante.
Y como este el juego de Juan Pirulero, cada quien obtiene sus propios beneficios, el candidato los ya enunciados y los partidos menores las prerrogativas y ventajas de acompañar a quien puede –en su visión– alzarse con el triunfo, no de otra manera podría explicarse la decisión del Verde Ecologista y del Panal, partidos que en otras entidades, en este mismo año van aliados al PAN, cuyo candidato en Chihuahua lanza denuestos contra estos dos partidos ¿Y si estuvieran de su lado?
Otras podrían ser las motivaciones del Partido Convergencia, hegemonizada su dirigencia por el ex panista Fernando Reyes su principal móvil podría ser la de combatir, en todo momento, a quienes fueron sus compañeros, además de sumarse a los ganadores.
¡Vaya cuadro de la política chihuahuense!
martes, 20 de abril de 2010
Campañas en la guerra
Editorial de Aserto No. 81, Abril de 2010
El 17 de abril inician formal, legalmente, las campañas de los candidatos al Gobierno del Estado. Formalmente serán cinco los candidatos (hasta el cierre de Aserto se daba por hecho en el PRD que no habría alianza con el PT y Convergencia), por lo que Rubén Aguilar, por el primero, y Fernando Reyes por el PC serían candidatos, al igual que Luis Adolfo Orozco por el PRD; pero la disputa se centrará en los postulados por el PAN y el PRI, Carlos Borruel y César Duarte, respectivamente, partidos que han polarizado las preferencias electorales de los chihuahuenses a lo largo de ya casi tres décadas.
Se disputan la hegemonía político-electoral en un ambiente de absoluta rispidez criminal, en medio de una severa crisis económica y afrontando una muy importante baja estima ciudadana, en una tendencia abstencionista creciente –en los últimos diez años ha crecido el abstencionismo 18%, según información proporcionada por el presidente del IEE, Fernando Herrera- lo que, dados los índices homicidas, sobre todo en Juárez, hacen temer otra drástica disminución del nivel de participación ciudadana en los comicios del primer domingo de julio próximo.
En dos temas se centrará la atención de candidatos y ciudadanos: La crisis económica y la inseguridad pública.
De la actitud, propuestas y credibilidad alcanzada por los candidatos dependerá en grado sumo sus posibilidades de éxito. No solo, pero contarán determinantemente pues los gobernantes emanados de ambos partidos, uno en el nivel federal y el otro en el estatal y municipal, han sido cuestionados duramente por los magros resultados (o la percepción ciudadana hacia estos dos fenómenos) en estos que son los principales problemas sufridos por los chihuahuenses.
Independientemente de quien emerja ganador de la contienda, sus partidos tendrán –tienen- responsabilidades más allá del resultado y del 4 de julio, pues formarán parte, algunos de sus miembros, de la próxima legislatura y Acción Nacional continuará con el mando presidencial, por lo que sus propuestas en la campaña no tendrán un destino final con la emisión del voto, sino que continuarán sus posturas acerca de estos temas.
Por tales razones están obligados a presentar propuestas, particularmente en lo referente a la seguridad pública, más allá de los enfoques generales hasta ahora presentados, pues los mismos son los hasta ahora expuestos –y llevados a la práctica por los actuales gobernantes-. El fracaso es estrepitoso.
Y tal conclusión los abarca por igual. Chihuahua es hoy el ejemplo del fracaso de la actual clase política, de su régimen de partidos, de su forma de gobernar, de su falta de proyecto nacional para iniciar sólidamente el desarrollo necesitado por los mexicanos –no para competir con el extranjero, como insisten en razonar los gobernantes panistas y muchos del PRI- sino para hacer que la mayoría de la población posea estándares de vida compatibles con los alcances tecnológicos por la humanidad.
En plena era de la cibernética no puede ser posible que existan chihuahuenses sin los más elementales servicios, los públicos, ni con los ingresos económicos, suficientes para adquirir todos los insumos necesarios para el desarrollo de sus potencialidades, y para vivir dignamente.
Lo hemos sostenido reiteradamente, Chihuahua necesita un drástico viraje en la política económica, en la agropecuaria, en lo social y en materia de seguridad pública, ese cambio, más allá del cosmético anunciado por Vicente Fox en el año 2000, es el necesario, independientemente de quien llegue al gobierno.
No hacerlo significará, a no dudarlo, la profundización de la crisis global que nos ahoga, de ahí la responsabilidad de Borruel, de Duarte, de sus partidos y del resto de las agrupaciones políticas existentes en Chihuahua.
El 17 de abril inician formal, legalmente, las campañas de los candidatos al Gobierno del Estado. Formalmente serán cinco los candidatos (hasta el cierre de Aserto se daba por hecho en el PRD que no habría alianza con el PT y Convergencia), por lo que Rubén Aguilar, por el primero, y Fernando Reyes por el PC serían candidatos, al igual que Luis Adolfo Orozco por el PRD; pero la disputa se centrará en los postulados por el PAN y el PRI, Carlos Borruel y César Duarte, respectivamente, partidos que han polarizado las preferencias electorales de los chihuahuenses a lo largo de ya casi tres décadas.
Se disputan la hegemonía político-electoral en un ambiente de absoluta rispidez criminal, en medio de una severa crisis económica y afrontando una muy importante baja estima ciudadana, en una tendencia abstencionista creciente –en los últimos diez años ha crecido el abstencionismo 18%, según información proporcionada por el presidente del IEE, Fernando Herrera- lo que, dados los índices homicidas, sobre todo en Juárez, hacen temer otra drástica disminución del nivel de participación ciudadana en los comicios del primer domingo de julio próximo.
En dos temas se centrará la atención de candidatos y ciudadanos: La crisis económica y la inseguridad pública.
De la actitud, propuestas y credibilidad alcanzada por los candidatos dependerá en grado sumo sus posibilidades de éxito. No solo, pero contarán determinantemente pues los gobernantes emanados de ambos partidos, uno en el nivel federal y el otro en el estatal y municipal, han sido cuestionados duramente por los magros resultados (o la percepción ciudadana hacia estos dos fenómenos) en estos que son los principales problemas sufridos por los chihuahuenses.
Independientemente de quien emerja ganador de la contienda, sus partidos tendrán –tienen- responsabilidades más allá del resultado y del 4 de julio, pues formarán parte, algunos de sus miembros, de la próxima legislatura y Acción Nacional continuará con el mando presidencial, por lo que sus propuestas en la campaña no tendrán un destino final con la emisión del voto, sino que continuarán sus posturas acerca de estos temas.
Por tales razones están obligados a presentar propuestas, particularmente en lo referente a la seguridad pública, más allá de los enfoques generales hasta ahora presentados, pues los mismos son los hasta ahora expuestos –y llevados a la práctica por los actuales gobernantes-. El fracaso es estrepitoso.
Y tal conclusión los abarca por igual. Chihuahua es hoy el ejemplo del fracaso de la actual clase política, de su régimen de partidos, de su forma de gobernar, de su falta de proyecto nacional para iniciar sólidamente el desarrollo necesitado por los mexicanos –no para competir con el extranjero, como insisten en razonar los gobernantes panistas y muchos del PRI- sino para hacer que la mayoría de la población posea estándares de vida compatibles con los alcances tecnológicos por la humanidad.
En plena era de la cibernética no puede ser posible que existan chihuahuenses sin los más elementales servicios, los públicos, ni con los ingresos económicos, suficientes para adquirir todos los insumos necesarios para el desarrollo de sus potencialidades, y para vivir dignamente.
Lo hemos sostenido reiteradamente, Chihuahua necesita un drástico viraje en la política económica, en la agropecuaria, en lo social y en materia de seguridad pública, ese cambio, más allá del cosmético anunciado por Vicente Fox en el año 2000, es el necesario, independientemente de quien llegue al gobierno.
No hacerlo significará, a no dudarlo, la profundización de la crisis global que nos ahoga, de ahí la responsabilidad de Borruel, de Duarte, de sus partidos y del resto de las agrupaciones políticas existentes en Chihuahua.
“El gobierno no debe servir para conseguir el gobierno”: Fernando Herrera
Aserto no. 81, Abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Recién iniciaban las precampañas de los aspirantes a las candidaturas a las alcaldías, en tanto los candidatos a gobernador se encontraban en la “veda” electoral, ASERTO entrevistó al Consejero Presidente del Consejo General del IEE, Fernando Herrera Martínez, tanto por el interés general que debiera concitar la actividad del organismo regulador de los procesos electorales, como por las novedosas regulaciones en esa materia que se ponen en vigor por primera ocasión en las elecciones locales.
Elegidos por un nuevo período, los consejeros electorales, encabezados por Herrera Martínez, arrostrarán nuevos desafíos y responsabilidades, serán quienes (y ya lo hicieron en las primeras semanas de la actual campaña electoral) ahora sí podrán sancionar a los protagonistas electorales, pero también a los particulares que incurrieran en alguna violación a esas normas, además de que el consejero presidente podrá aplicar, por primera ocasión en Chihuahua, una nueva sanción en materia de anuncios, las medidas cautelares.
El proceso electoral se desarrolla en, quizá, las peores condiciones sociales de las últimas décadas, inmersos en una agudísima crisis económica y atravesando la imparable oleada criminal que ha concitado el interés nacional e internacional sobre la entidad, y especialmente sobre la principal de sus ciudades, Juárez, que concentra el 42% del electorado y, por si fuera poco, con una marcada tendencia al crecimiento del abstencionismo, que ha crecido 18% en la última década. A tales eventualidades no es ajeno el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Fernando Herrera. Deliciense, catedrático de la Uach, conductor de radio y ex presidente de la Asamblea Municipal Electoral de Delicias, llegó a la presidencia del IEE con el beneplácito de todos los partidos, para un primer período, en 2007. Reformada la ley electoral, repitió en el cargo, ahora por seis años a partir del 2009 y con la ventaja de no haber recibido ninguna impugnación partidaria.
-¿Cuáles son los retos del IEE en esta elección?
“Son algunos muy importantes. De lo general a lo particular, hoy los factores exógenos son de extrema preocupación. La prioridad y la preocupación de todos los chihuahuenses son el problema económico y la seguridad, buscando el sustento y tratando de preservar el patrimonio y la vida misma al tiempo que continúan con sus vidas y el desarrollo de la célula básica que es la familia.
Frente a eso, por tanto, lo principal es motivar la participación electoral; nadie tiene la varita mágica para resolver este problema, por el contrario es un problema que se socializó y que deberemos abordar en su conjunto, en donde tendremos que participar los distintos niveles de gobierno, los partidos políticos, los organismos electorales, las organizaciones intermedias, los medios de comunicación y todos, máxime que con las investigaciones tan serias que ordenamos las conclusiones son de que es un problema (el del abstencionismo) de índole social.
No desconozco que hay sectores o grupos marginales, que hay hartazgo o enojo en partes importantes de la sociedad pero me parece que el tema fundamental del abstencionismo es de índole social…”.
-En la participación electoral la gente ya no encuentra solución a sus problemas…
“Por el contrario, porque soy un convencido de que a partir de la participación y el involucramiento en las decisiones comunes es como la sociedad puede resolver sus problemas, nosotros hemos evolucionado en el universo a través de los acuerdos sociales, todo es producto de acuerdos sociales, de convivencia, de interacción, de cómo competir, incluso entre nosotros mismos, entonces me parece que debemos aprovechar el poner sobre la mesa estos temas con lo delicado que son.
Creemos que involucrarse en las decisiones comunes efectivamente se puede convertir en la parte neurálgica de la solución de lo que hoy nos preocupa y nos tiene priorizando nuestras acciones. Votar puede al fin darnos con qué resolver los problemas que tenemos”.
-¿Cómo afrontar el problema del abstencionismo, desde las facultades y atribuciones del IEE, dadas estas condiciones a que refieres?
“Es que sabiendo que se trata de un problema de índole social, tenemos que trabajar, por un lado, construyendo ciudadanía con los niños, tenemos que hacer el trabajo con una inversión segura, con una inversión certera, y cuando invertimos en nuestros niños no nos equivocamos; y en paralelo tenemos que trabajar reforzando la cultura electoral de la prepa para arriba en todos los planteles educativos y en las empresas con los hombres y mujeres trabajadores de Chihuahua; lo estamos haciendo, llevamos dos años y medio haciéndolo, es poco tiempo porque 10, 15 años de trabajo de este tipo es corto plazo, respecto de la vida de un estado, de un país, veremos resultados en más tiempo y no nos van a tocar en nuestra administración.
Lo otro, lo de la información y cultura electoral pudiera darnos algo, no puedo dimensionar qué tanto porque se mezcla con esto que un sector de la sociedad, en el más humilde, en el de menos escolaridad, la prioridad puede ser la búsqueda del sustento y en el nivel medio y medio superior la prioridad puede ser la seguridad misma, del patrimonio y la vida, con la responsabilidad social que entendemos existe en el empresario cualquiera que sea su nivel, entonces hacemos el llamado a que las decisiones comunes nos llamen a todos en medio de todos estos factores exógenos que nos lastiman fuerte para que, ya involucrados en ello, adquiramos conciencia de reunirnos todos como sociedad y lo primero que tenemos que hacer es elegir gobiernos y la oportunidad de elegir gobierno general es en julio 4”.
-Esto que dices tiene un ingrediente, los estudios sobre abstencionismo mostraron una menor participación en los estratos más humildes…
“El sector de mayor preocupación es el de los jóvenes, luego sigue el de los menos educados, el de los marginados económicos, y el más grande de todos es el del hartazgo social, esto te lleva a la conclusión de que es un problema social; por tanto necesitamos los acuerdos sociales. Y para esto necesitamos llevar la información y la cultura electoral a todos lados; afortunadamente en Chihuahua hay una gran cultura política en materia electoral, el instituto se ha convertido en un facilitador de las cosas, me queda claro que en Chihuahua ya podemos elegir gobierno y al día siguiente regresamos a la chamba, se dice fácil, pero nos costó mucho, crisis, enfrenamientos, vidas, ya lo logramos pero no lo podemos perder por los problemas que hoy tenemos, sin quitarles la gravedad o preocupación que conllevan, tanto la seguridad como la economía, entonces es importantísimo que no permitamos que se nos pierda esa gran cultura que hemos adquirido en materia político electoral…”.
-¿Entonces tú percibes que en los chihuahuenses ya no existe la preocupación sobre la violación de los resultados, el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades…?
En este momento de la entrevista, el tono del consejero electoral adquiere mayor énfasis: “Yo creo que eso ya es discurso y retórica, creo que la sociedad chihuahuense ya no le cree al que diga que hay fraude, que la sociedad chihuahuense ya no le cree que las cosas se hacen chuecas, al que diga que estos organismos electorales se ‘cargan’, esto ya lo asumió la sociedad chihuahuense, creo que el IEE es un facilitador…”.
-¿Hay la confianza en la sociedad chihuahuense en un resultado electoral de una contienda…?
“Yo creo que este instituto logró trascender a las personas porque es un acuerdo social sólido, me parece que la temporalidad de quienes estamos aquí es menor que la fuerza que ya tiene este instituto por sí mismo, por el grupo humano que lo conforma y la confianza alcanzada en la sociedad”.
-¿Si esos son los retos del IEE, cuáles serían los retos para ti en lo personal?
“Creo que debemos estar a la altura de las circunstancias, ser los facilitadores que la sociedad ya percibe y está esperando, hablo del grupo humano que conforma el instituto de manera permanente y al que se incorpora en cada elección que hay que decirlo con claridad, en su mayor parte es un grupo experto que cada vez que se requiere se incorpora, prácticamente en cada municipio estamos repitiendo a alguno de los funcionarios electorales, casi la mitad de los funcionarios electorales en cada municipio están repitiendo…”.
-Eso le da mucha confianza a la sociedad…
“Si revisas no tenemos impugnaciones de los partidos hacia los nombramientos, salvo la que se conoce de una sola persona, de aquí de la capital, de 785 nombramientos que extendimos, y no era más que un señalamiento mediático, con algunos argumentos que en materia de ley no tenían peso…”.
-Te refieres al caso del presidente de la asamblea municipal…
“Que mediáticamente fue impugnado…”.
-Por el PAN…
“E impugnado a nivel de propuesta, nunca en tiempo y forma para ir a tribunales y que además no había argumentos que le impedían, de ninguna manera, ejercer el puesto.
Hay de parte de la sociedad otra participación, se trata de los ciudadanos que insacularemos para que formen parte de las directivas de las casillas, serán los nacidos el 25 y 26 de octubre, entonces, se va a incorporar un ejército que al final estará conformado por 35 mil chihuahuenses, 20 mil titulares y 15 suplentes que nos ayudarán a cuidar las 5 mil casillas que se instalarán el día de las elecciones.
El sistema de desconfianzas nos llevó a la creación de este instituto, con estas características, hoy confiable de manera absoluta”.
Al responder acerca de los retos personales en este segundo período al frente del IEE, Herrera Martínez hace hincapié en su edad, en la formación familiar, la estabilidad personal, la capacidad profesional alcanzada a través de sus experiencias y finalmente insiste que todo eso no es más allá de lo que, en lo general, cualquier ciudadano de mediana edad tiene, sentido común, dice.
El mismo es ejemplo de este proceso de semi-profesionalización del IEE pues pasó de la presidencia de la Asamblea Municipal de Delicias –sin recibir impugnación su desempeño, razón fundamental para ser elegido a la Asamblea General del IEE en 2007- a la repetición como consejero presidente del Consejo General del IEE, en un segundo período consecutivo.
Enseguida aborda con amplitud su preocupación acerca de la necesidad de otorgarle seguridad a la sociedad chihuahuense de que se podrá celebrar con normalidad el proceso electoral. Para ello, dice, invitaron a incorporarse a tales preocupaciones al Consejo de Seguridad Pública, “nos vamos a dejar ayudar”, asevera, “pues nosotros le entendemos a lo electoral pero no le sabemos a ese tema, y lo llamamos a ponernos de acuerdo para garantizarle a los ciudadanos la seguridad de su voto”.
-Pasando a otro aspecto, hay una nueva normatividad, en algunos aspectos ya la teníamos, pero con ella se puede percibir que se judicializa el proceso electoral, con una connotación peyorativa pudiera llevar a algunos chihuahuenses a que efectivamente se está exagerando… ¿Qué cambió respecto del pasado y cómo se están ejerciendo esas nuevas facultades del IEE?
“Reglas y tiempos, reglas y tiempos. Hoy las reglas son más claras, la ley es dura, pero es la ley y por otro lado estas reglas definen tiempos y te dan orden. El proceso electoral se inició en diciembre para darle a los partidos la oportunidad, para que por primera vez en su historia realizaran precampañas de manera simultánea, para evitar albazos y que le dan certeza a la gente de cuándo se juega y qué se juega y además hasta cómo, porque está bien claro lo que deben y no deben hacer. Las nuevas facultades nos permiten apoyarles para que, dentro de los propios partidos, hagan con mayor claridad esas competencias y que efectivamente la sociedad perciba que hay esa competencia para elegir a los mejores.
Y estas nuevas facultades nos permiten bajar aquello, o quitar aquello que lastime el proceso, con una rapidez increíble a través de las medidas cautelares y luego con serenidad discutir el fondo del problema…”.
-Es decir, ordenar provisionalmente el retiro de propaganda, ya sea impresa o en radio y/o televisión…
“Quitar aquello que lastime el proceso… lo quitas de inmediato, si está mal puesto o contiene alguna irregularidad y luego, ya con serenidad, con la ley en la mano le entramos a la investigación y a la sanción, si es que es el caso, de una falta y que el partido señalado pueda defenderse.
Pero aquello que a juicio del presidente del Consejo esté lastimando un proceso interno, ó electoral, se quita de inmediato…”.
-Esa es una atribución que te hacen aparecer a ti como un…
“…árbitro…”.
-… con excesivos poderes, a los ojos de alguna gente no bien informada…
“Alguien tiene que tomar las decisiones en los momentos álgidos. El Congreso (del Estado) resolvió que fuera el presidente del instituto el que aplicara las medidas cautelares, que además son inimpugnables, no se pueden ir a quejar al tribunal, yo las tengo que asumir y responderé de algún exceso cometido. Mi edad, mi experiencia, la edad de mis hijos, de mis nietos, la trayectoria de mi vida me ha llevado a encontrar lo que la mayoría de los chihuahuenses tenemos, el sentido común, nada excelso, sino por el contrario la mesura natural de todo padre de familia maduro.”
-¿Sentaron precedente las medidas cautelares aplicadas en la precampaña?
“A todos les ha quedado claro que el instituto va a tomar las decisiones en el momento que deba tomarlas y que nosotros les estamos respondiendo a la sociedad propiciando una competencia que debe tener los ingredientes como tal y que no debe asustar a nadie. Las decisiones que tomamos, los siete consejeros, lo hacemos apegados a estricto derecho sabiendo que detrás de nosotros están los tribunales, lo hacemos a plena conciencia, sabiendo que nuestras decisiones pueden ser revisadas hasta por dos tribunales”.
-En este mismo sentido, una nueva reforma, de las trascendentales, es la de la prohibición de contratación de propaganda en radio y televisión y aquí hubo ya una controversia acerca de las facultades del órgano electoral estatal y las del federal…
“Nosotros motivamos la resolución de la Sala Regional (Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –TEPJF-) y ya les quedó con claridad, al IFE, como hay que ayudar a las entidades federativas, la Sala Superior (del TEPJF) señaló que cuando se trate de violaciones a la ley electoral de una entidad federativa, en proceso electoral de esa entidad, el IFE debe abrir un ‘cuadernillo auxiliar’ y atender lo necesario en cuanto al dictado de medidas cautelares y las sanciones que correspondan en materia de radio y televisión y una vez culminado el cuadernillo auxiliar, se lo devuelven a la entidad federativa que será la única capacitada para revisar el fondo de aquella denuncia, y resolver.
El procedimiento es el siguiente: Se presenta una denuncia, el IEE considera que esa denuncia conlleva una violación y la asunción de medidas cautelares, se lo hace del conocimiento del IFE esa denuncia, ellos, en el seno de la Comisión de Radio y Televisión deciden o no la aplicación de la medida cautelar, (para lo cual tienen 24 horas) si es sí, la ejecutan, si alguien la desacata, sancionan, si la ejecutan y se cumple, cierran el cuadernillo auxiliar que abrieron, me lo devuelven, y corro la denuncia al Consejo General para la resolución de fondo.
En términos de la ley, tenemos que desde la ratificación de la denuncia, se tienen 48 horas para aplicar las medidas cautelares que se pudiera prolongar a 72 horas. Este procedimiento no existía, lo tuvo que decidir la Sala Superior del TEPJF, motivados por el anuncio de radio que nosotros le dictamos aquí medida cautelar y que subió hasta esa instancia, en una impugnación que hizo el PAN en la ciudad de México y ya le dio el camino al IFE para el tratamiento de asuntos como este en el resto de las entidades”.
Luego, al preguntarle acerca de los comentarios vertidos por distintos actores políticos, en el sentido de que la aplicación de sanciones a quienes han violado diversas disposiciones electorales, en particular las aplicadas al candidato del PAN, Carlos Borruel, Fernando Herrera defiende su punto de vista:
“Aquí se está aplicando la ley, no se trata de lo que crea o yo piense y si me parece poquito o mucho, se trata de los precedentes que vas sentando y tomando decisiones en estricto sentido común. Debo decir que si se hubiese tomado esa decisión con mi criterio, la sanción habría sido más cuantiosa, pero debimos hacer una serie de reflexiones y tuvimos que ponderar la recomendación jurídica-técnica, con los criterios de los consejeros y encontrar un justo punto de decisión”.
El Presidente del IEE arguye que aplicaron la ley, tomando en cuenta una serie de factores, entre ellos el de que eran las primeras faltas, de envergadura menor, con poca incidencia electoral y que, además, existían una serie de recomendaciones técnico-jurídicas con relación al tema que orientaron el criterio de los consejeros.
-Por otra parte, las reformas electorales buscaban disminuir el financiamiento privado a las campañas…
“Tenemos en Chihuahua un financiamiento privado verdaderamente limitado, creo que tenemos una de las mejores leyes, pero en esa materia creo que debemos buscar que lo revisen los legisladores, a quienes tendremos que solicitarles que revisen esto porque lo máximo que podrán los partidos políticos ingresar por esa vía no llega a 5 millones de pesos, que es una cantidad menor”.
-El otro objetivo era el de darle equidad y evitar la participación de los gobernantes en los procesos electorales…
“El gobierno no debe servir para conseguir el gobierno y yo creo que eso queda muy claro con el papel que juega el instituto y con la autonomía, la personalidad jurídica y el patrimonio, propios, que tiene. En las reformas de 2007 le dejaron bien claro a los gobernantes que no pueden usar el presupuesto público para promocionar su imagen, su voz manejando su obra social, no se pueden inmiscuir en las campañas, la reforma de ese año le dio claridad a los procesos electorales.
Sus asistencias como militantes de un partido están perfectamente definidas. Vamos caminando en el sentido correcto”, señala convencido, enfático, al término de la entrevista.
Y justamente en este momento, al pedirle que abordara algún asunto pendiente de comentar, sólo dijo esperar que “el 5 de julio en la mañana todos estemos en nuestros trabajos y en nuestras actividades normales”.
Luis Javier Valero Flores
Recién iniciaban las precampañas de los aspirantes a las candidaturas a las alcaldías, en tanto los candidatos a gobernador se encontraban en la “veda” electoral, ASERTO entrevistó al Consejero Presidente del Consejo General del IEE, Fernando Herrera Martínez, tanto por el interés general que debiera concitar la actividad del organismo regulador de los procesos electorales, como por las novedosas regulaciones en esa materia que se ponen en vigor por primera ocasión en las elecciones locales.
Elegidos por un nuevo período, los consejeros electorales, encabezados por Herrera Martínez, arrostrarán nuevos desafíos y responsabilidades, serán quienes (y ya lo hicieron en las primeras semanas de la actual campaña electoral) ahora sí podrán sancionar a los protagonistas electorales, pero también a los particulares que incurrieran en alguna violación a esas normas, además de que el consejero presidente podrá aplicar, por primera ocasión en Chihuahua, una nueva sanción en materia de anuncios, las medidas cautelares.
El proceso electoral se desarrolla en, quizá, las peores condiciones sociales de las últimas décadas, inmersos en una agudísima crisis económica y atravesando la imparable oleada criminal que ha concitado el interés nacional e internacional sobre la entidad, y especialmente sobre la principal de sus ciudades, Juárez, que concentra el 42% del electorado y, por si fuera poco, con una marcada tendencia al crecimiento del abstencionismo, que ha crecido 18% en la última década. A tales eventualidades no es ajeno el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Fernando Herrera. Deliciense, catedrático de la Uach, conductor de radio y ex presidente de la Asamblea Municipal Electoral de Delicias, llegó a la presidencia del IEE con el beneplácito de todos los partidos, para un primer período, en 2007. Reformada la ley electoral, repitió en el cargo, ahora por seis años a partir del 2009 y con la ventaja de no haber recibido ninguna impugnación partidaria.
-¿Cuáles son los retos del IEE en esta elección?
“Son algunos muy importantes. De lo general a lo particular, hoy los factores exógenos son de extrema preocupación. La prioridad y la preocupación de todos los chihuahuenses son el problema económico y la seguridad, buscando el sustento y tratando de preservar el patrimonio y la vida misma al tiempo que continúan con sus vidas y el desarrollo de la célula básica que es la familia.
Frente a eso, por tanto, lo principal es motivar la participación electoral; nadie tiene la varita mágica para resolver este problema, por el contrario es un problema que se socializó y que deberemos abordar en su conjunto, en donde tendremos que participar los distintos niveles de gobierno, los partidos políticos, los organismos electorales, las organizaciones intermedias, los medios de comunicación y todos, máxime que con las investigaciones tan serias que ordenamos las conclusiones son de que es un problema (el del abstencionismo) de índole social.
No desconozco que hay sectores o grupos marginales, que hay hartazgo o enojo en partes importantes de la sociedad pero me parece que el tema fundamental del abstencionismo es de índole social…”.
-En la participación electoral la gente ya no encuentra solución a sus problemas…
“Por el contrario, porque soy un convencido de que a partir de la participación y el involucramiento en las decisiones comunes es como la sociedad puede resolver sus problemas, nosotros hemos evolucionado en el universo a través de los acuerdos sociales, todo es producto de acuerdos sociales, de convivencia, de interacción, de cómo competir, incluso entre nosotros mismos, entonces me parece que debemos aprovechar el poner sobre la mesa estos temas con lo delicado que son.
Creemos que involucrarse en las decisiones comunes efectivamente se puede convertir en la parte neurálgica de la solución de lo que hoy nos preocupa y nos tiene priorizando nuestras acciones. Votar puede al fin darnos con qué resolver los problemas que tenemos”.
-¿Cómo afrontar el problema del abstencionismo, desde las facultades y atribuciones del IEE, dadas estas condiciones a que refieres?
“Es que sabiendo que se trata de un problema de índole social, tenemos que trabajar, por un lado, construyendo ciudadanía con los niños, tenemos que hacer el trabajo con una inversión segura, con una inversión certera, y cuando invertimos en nuestros niños no nos equivocamos; y en paralelo tenemos que trabajar reforzando la cultura electoral de la prepa para arriba en todos los planteles educativos y en las empresas con los hombres y mujeres trabajadores de Chihuahua; lo estamos haciendo, llevamos dos años y medio haciéndolo, es poco tiempo porque 10, 15 años de trabajo de este tipo es corto plazo, respecto de la vida de un estado, de un país, veremos resultados en más tiempo y no nos van a tocar en nuestra administración.
Lo otro, lo de la información y cultura electoral pudiera darnos algo, no puedo dimensionar qué tanto porque se mezcla con esto que un sector de la sociedad, en el más humilde, en el de menos escolaridad, la prioridad puede ser la búsqueda del sustento y en el nivel medio y medio superior la prioridad puede ser la seguridad misma, del patrimonio y la vida, con la responsabilidad social que entendemos existe en el empresario cualquiera que sea su nivel, entonces hacemos el llamado a que las decisiones comunes nos llamen a todos en medio de todos estos factores exógenos que nos lastiman fuerte para que, ya involucrados en ello, adquiramos conciencia de reunirnos todos como sociedad y lo primero que tenemos que hacer es elegir gobiernos y la oportunidad de elegir gobierno general es en julio 4”.
-Esto que dices tiene un ingrediente, los estudios sobre abstencionismo mostraron una menor participación en los estratos más humildes…
“El sector de mayor preocupación es el de los jóvenes, luego sigue el de los menos educados, el de los marginados económicos, y el más grande de todos es el del hartazgo social, esto te lleva a la conclusión de que es un problema social; por tanto necesitamos los acuerdos sociales. Y para esto necesitamos llevar la información y la cultura electoral a todos lados; afortunadamente en Chihuahua hay una gran cultura política en materia electoral, el instituto se ha convertido en un facilitador de las cosas, me queda claro que en Chihuahua ya podemos elegir gobierno y al día siguiente regresamos a la chamba, se dice fácil, pero nos costó mucho, crisis, enfrenamientos, vidas, ya lo logramos pero no lo podemos perder por los problemas que hoy tenemos, sin quitarles la gravedad o preocupación que conllevan, tanto la seguridad como la economía, entonces es importantísimo que no permitamos que se nos pierda esa gran cultura que hemos adquirido en materia político electoral…”.
-¿Entonces tú percibes que en los chihuahuenses ya no existe la preocupación sobre la violación de los resultados, el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades…?
En este momento de la entrevista, el tono del consejero electoral adquiere mayor énfasis: “Yo creo que eso ya es discurso y retórica, creo que la sociedad chihuahuense ya no le cree al que diga que hay fraude, que la sociedad chihuahuense ya no le cree que las cosas se hacen chuecas, al que diga que estos organismos electorales se ‘cargan’, esto ya lo asumió la sociedad chihuahuense, creo que el IEE es un facilitador…”.
-¿Hay la confianza en la sociedad chihuahuense en un resultado electoral de una contienda…?
“Yo creo que este instituto logró trascender a las personas porque es un acuerdo social sólido, me parece que la temporalidad de quienes estamos aquí es menor que la fuerza que ya tiene este instituto por sí mismo, por el grupo humano que lo conforma y la confianza alcanzada en la sociedad”.
-¿Si esos son los retos del IEE, cuáles serían los retos para ti en lo personal?
“Creo que debemos estar a la altura de las circunstancias, ser los facilitadores que la sociedad ya percibe y está esperando, hablo del grupo humano que conforma el instituto de manera permanente y al que se incorpora en cada elección que hay que decirlo con claridad, en su mayor parte es un grupo experto que cada vez que se requiere se incorpora, prácticamente en cada municipio estamos repitiendo a alguno de los funcionarios electorales, casi la mitad de los funcionarios electorales en cada municipio están repitiendo…”.
-Eso le da mucha confianza a la sociedad…
“Si revisas no tenemos impugnaciones de los partidos hacia los nombramientos, salvo la que se conoce de una sola persona, de aquí de la capital, de 785 nombramientos que extendimos, y no era más que un señalamiento mediático, con algunos argumentos que en materia de ley no tenían peso…”.
-Te refieres al caso del presidente de la asamblea municipal…
“Que mediáticamente fue impugnado…”.
-Por el PAN…
“E impugnado a nivel de propuesta, nunca en tiempo y forma para ir a tribunales y que además no había argumentos que le impedían, de ninguna manera, ejercer el puesto.
Hay de parte de la sociedad otra participación, se trata de los ciudadanos que insacularemos para que formen parte de las directivas de las casillas, serán los nacidos el 25 y 26 de octubre, entonces, se va a incorporar un ejército que al final estará conformado por 35 mil chihuahuenses, 20 mil titulares y 15 suplentes que nos ayudarán a cuidar las 5 mil casillas que se instalarán el día de las elecciones.
El sistema de desconfianzas nos llevó a la creación de este instituto, con estas características, hoy confiable de manera absoluta”.
Al responder acerca de los retos personales en este segundo período al frente del IEE, Herrera Martínez hace hincapié en su edad, en la formación familiar, la estabilidad personal, la capacidad profesional alcanzada a través de sus experiencias y finalmente insiste que todo eso no es más allá de lo que, en lo general, cualquier ciudadano de mediana edad tiene, sentido común, dice.
El mismo es ejemplo de este proceso de semi-profesionalización del IEE pues pasó de la presidencia de la Asamblea Municipal de Delicias –sin recibir impugnación su desempeño, razón fundamental para ser elegido a la Asamblea General del IEE en 2007- a la repetición como consejero presidente del Consejo General del IEE, en un segundo período consecutivo.
Enseguida aborda con amplitud su preocupación acerca de la necesidad de otorgarle seguridad a la sociedad chihuahuense de que se podrá celebrar con normalidad el proceso electoral. Para ello, dice, invitaron a incorporarse a tales preocupaciones al Consejo de Seguridad Pública, “nos vamos a dejar ayudar”, asevera, “pues nosotros le entendemos a lo electoral pero no le sabemos a ese tema, y lo llamamos a ponernos de acuerdo para garantizarle a los ciudadanos la seguridad de su voto”.
-Pasando a otro aspecto, hay una nueva normatividad, en algunos aspectos ya la teníamos, pero con ella se puede percibir que se judicializa el proceso electoral, con una connotación peyorativa pudiera llevar a algunos chihuahuenses a que efectivamente se está exagerando… ¿Qué cambió respecto del pasado y cómo se están ejerciendo esas nuevas facultades del IEE?
“Reglas y tiempos, reglas y tiempos. Hoy las reglas son más claras, la ley es dura, pero es la ley y por otro lado estas reglas definen tiempos y te dan orden. El proceso electoral se inició en diciembre para darle a los partidos la oportunidad, para que por primera vez en su historia realizaran precampañas de manera simultánea, para evitar albazos y que le dan certeza a la gente de cuándo se juega y qué se juega y además hasta cómo, porque está bien claro lo que deben y no deben hacer. Las nuevas facultades nos permiten apoyarles para que, dentro de los propios partidos, hagan con mayor claridad esas competencias y que efectivamente la sociedad perciba que hay esa competencia para elegir a los mejores.
Y estas nuevas facultades nos permiten bajar aquello, o quitar aquello que lastime el proceso, con una rapidez increíble a través de las medidas cautelares y luego con serenidad discutir el fondo del problema…”.
-Es decir, ordenar provisionalmente el retiro de propaganda, ya sea impresa o en radio y/o televisión…
“Quitar aquello que lastime el proceso… lo quitas de inmediato, si está mal puesto o contiene alguna irregularidad y luego, ya con serenidad, con la ley en la mano le entramos a la investigación y a la sanción, si es que es el caso, de una falta y que el partido señalado pueda defenderse.
Pero aquello que a juicio del presidente del Consejo esté lastimando un proceso interno, ó electoral, se quita de inmediato…”.
-Esa es una atribución que te hacen aparecer a ti como un…
“…árbitro…”.
-… con excesivos poderes, a los ojos de alguna gente no bien informada…
“Alguien tiene que tomar las decisiones en los momentos álgidos. El Congreso (del Estado) resolvió que fuera el presidente del instituto el que aplicara las medidas cautelares, que además son inimpugnables, no se pueden ir a quejar al tribunal, yo las tengo que asumir y responderé de algún exceso cometido. Mi edad, mi experiencia, la edad de mis hijos, de mis nietos, la trayectoria de mi vida me ha llevado a encontrar lo que la mayoría de los chihuahuenses tenemos, el sentido común, nada excelso, sino por el contrario la mesura natural de todo padre de familia maduro.”
-¿Sentaron precedente las medidas cautelares aplicadas en la precampaña?
“A todos les ha quedado claro que el instituto va a tomar las decisiones en el momento que deba tomarlas y que nosotros les estamos respondiendo a la sociedad propiciando una competencia que debe tener los ingredientes como tal y que no debe asustar a nadie. Las decisiones que tomamos, los siete consejeros, lo hacemos apegados a estricto derecho sabiendo que detrás de nosotros están los tribunales, lo hacemos a plena conciencia, sabiendo que nuestras decisiones pueden ser revisadas hasta por dos tribunales”.
-En este mismo sentido, una nueva reforma, de las trascendentales, es la de la prohibición de contratación de propaganda en radio y televisión y aquí hubo ya una controversia acerca de las facultades del órgano electoral estatal y las del federal…
“Nosotros motivamos la resolución de la Sala Regional (Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –TEPJF-) y ya les quedó con claridad, al IFE, como hay que ayudar a las entidades federativas, la Sala Superior (del TEPJF) señaló que cuando se trate de violaciones a la ley electoral de una entidad federativa, en proceso electoral de esa entidad, el IFE debe abrir un ‘cuadernillo auxiliar’ y atender lo necesario en cuanto al dictado de medidas cautelares y las sanciones que correspondan en materia de radio y televisión y una vez culminado el cuadernillo auxiliar, se lo devuelven a la entidad federativa que será la única capacitada para revisar el fondo de aquella denuncia, y resolver.
El procedimiento es el siguiente: Se presenta una denuncia, el IEE considera que esa denuncia conlleva una violación y la asunción de medidas cautelares, se lo hace del conocimiento del IFE esa denuncia, ellos, en el seno de la Comisión de Radio y Televisión deciden o no la aplicación de la medida cautelar, (para lo cual tienen 24 horas) si es sí, la ejecutan, si alguien la desacata, sancionan, si la ejecutan y se cumple, cierran el cuadernillo auxiliar que abrieron, me lo devuelven, y corro la denuncia al Consejo General para la resolución de fondo.
En términos de la ley, tenemos que desde la ratificación de la denuncia, se tienen 48 horas para aplicar las medidas cautelares que se pudiera prolongar a 72 horas. Este procedimiento no existía, lo tuvo que decidir la Sala Superior del TEPJF, motivados por el anuncio de radio que nosotros le dictamos aquí medida cautelar y que subió hasta esa instancia, en una impugnación que hizo el PAN en la ciudad de México y ya le dio el camino al IFE para el tratamiento de asuntos como este en el resto de las entidades”.
Luego, al preguntarle acerca de los comentarios vertidos por distintos actores políticos, en el sentido de que la aplicación de sanciones a quienes han violado diversas disposiciones electorales, en particular las aplicadas al candidato del PAN, Carlos Borruel, Fernando Herrera defiende su punto de vista:
“Aquí se está aplicando la ley, no se trata de lo que crea o yo piense y si me parece poquito o mucho, se trata de los precedentes que vas sentando y tomando decisiones en estricto sentido común. Debo decir que si se hubiese tomado esa decisión con mi criterio, la sanción habría sido más cuantiosa, pero debimos hacer una serie de reflexiones y tuvimos que ponderar la recomendación jurídica-técnica, con los criterios de los consejeros y encontrar un justo punto de decisión”.
El Presidente del IEE arguye que aplicaron la ley, tomando en cuenta una serie de factores, entre ellos el de que eran las primeras faltas, de envergadura menor, con poca incidencia electoral y que, además, existían una serie de recomendaciones técnico-jurídicas con relación al tema que orientaron el criterio de los consejeros.
-Por otra parte, las reformas electorales buscaban disminuir el financiamiento privado a las campañas…
“Tenemos en Chihuahua un financiamiento privado verdaderamente limitado, creo que tenemos una de las mejores leyes, pero en esa materia creo que debemos buscar que lo revisen los legisladores, a quienes tendremos que solicitarles que revisen esto porque lo máximo que podrán los partidos políticos ingresar por esa vía no llega a 5 millones de pesos, que es una cantidad menor”.
-El otro objetivo era el de darle equidad y evitar la participación de los gobernantes en los procesos electorales…
“El gobierno no debe servir para conseguir el gobierno y yo creo que eso queda muy claro con el papel que juega el instituto y con la autonomía, la personalidad jurídica y el patrimonio, propios, que tiene. En las reformas de 2007 le dejaron bien claro a los gobernantes que no pueden usar el presupuesto público para promocionar su imagen, su voz manejando su obra social, no se pueden inmiscuir en las campañas, la reforma de ese año le dio claridad a los procesos electorales.
Sus asistencias como militantes de un partido están perfectamente definidas. Vamos caminando en el sentido correcto”, señala convencido, enfático, al término de la entrevista.
Y justamente en este momento, al pedirle que abordara algún asunto pendiente de comentar, sólo dijo esperar que “el 5 de julio en la mañana todos estemos en nuestros trabajos y en nuestras actividades normales”.
Bájenle
El Diario, 20 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Va dirigido a todos los actores políticos, porque todos, absolutamente están incurriendo en verdaderos excesos. Pero hay de grados a grados, y en ese sentido, el dirigente municipal panista de la capital, Manuel Payán, obtuvo la más alta calificación
Para todos está claro que el principal tema a abordar por los candidatos será el de la crisis de la seguridad pública, y que, por lo dañino de las consecuencias de la guerra de los cárteles, superará ampliamente el tema de la economía de los chihuahuenses.
Apenas iniciada la campaña electoral y ya los protagonistas políticos muestran que no cambiarán en sus propuestas y señalamientos acerca de la seguridad pública. Los candidatos y dirigentes del PAN insistirán en criticar la “inacción” y pasividad –en momentos, hasta la colusión- de la actual administración estatal; a su vez, los similares del PRI seguirán señalando a la administración federal del grave deterioro de la tranquilidad pública.
Así, en el discurso de sus actores políticos, ambos agrupamientos perpetúan lo que es ya casi insostenible, la incoordinación y hasta el enfrentamiento –en distintos momentos, grados y modos- entre los responsables estatales y federales de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), con letales consecuencias para los chihuahuenses.
En ese contexto, el dirigente panista capitalino, Manuel Payán, mediante un boletín de prensa cuestionó al candidato priista, César Duarte, por proponer “la desaparición de la Procuraduría y de la CIPOL y la respectiva creación de una Fiscalía General por parte del candidato del PRI a la gubernatura” y que tal propuesta se “maneje hasta ahora dicha propuesta como solución de la inseguridad a las familias chihuahuenses”, a tal propuesta la calificó de irresponsable y en el colmo de lo ininteligible, dijo que (Duarte) “sólo busca llamar la atención con propuestas con un fondo meramente partidista”.
Más. Dijo que propuestas de este asunto no deben efectuarse “en el marco de una efervescencia electoral como ahora”.
¿Qué? O sea que las propuestas de este tipo, y las de cualquier otro tema, no deben realizarse por el candidato del partido gobernante en la entidad, ni durante ¡Las campañas electorales ni que sean partidistas!
Entonces ¿Cuándo?
Y ya puestos en la confrontación, el mismísimo candidato priista lanzó otra frase de auténtica confrontación, en el arranque de la campaña en Parral, dijo que le sobraban “pantalones para poner orden en Chihuahua” y como Borruel en Juárez, afirmó tener la preparación para “combatir la inseguridad y regresar la seguridad que tenía años atrás”.
En ese mismo tono, al lamentarse del ambiente de inseguridad prevaleciente y de las calles teñidas de rojo, el candidato panista, Carlos Borruel, afirmó que todo “lo que sea rojo vamos a desterrarlo de Chihuahua, el rojo es peligro, dolor y muerte”, en lo que parece un episodio más de los mensajes no tan subliminales que se envían los dos candidatos más fuertes de la actual contienda.
Pero si alguna cordura existiese en los equipos de campaña de ambos candidatos, debiesen llegar a un acuerdo, el ánimo prevaleciente en la entidad no es precisamente el mejor para presenciar, además de las continuas bajas de la guerra de los cárteles, la ríspida mutua denostación efectuada por priistas y panistas.
Porque la crisis de seguridad pública es profundísima, por encima de las aspiraciones personales y de que sus deseos por devolver la tranquilidad a los chihuahuenses sean verdaderos, va más allá, abarca al total de las instituciones encargadas del combate al crimen y de la prevención delictiva.
Si quieren un ejemplo de ello, baste echarle una hojeada a la información proporcionada por El Diario (Edición Juárez, 18/IV/10), acerca del supuesto jefe del comando armado que incursionó en Creel el 15 de marzo.
Fue detenido y liberado en varias ocasiones por agrupaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, amén de que, dicen las autoridades estatales, fue detenido en los Estados Unidos por delitos conectados al tráfico de drogas.
Si todo lo anterior es cierto ¿En dónde está la labor de inteligencia, en dónde la limpieza de los agrupamientos policiacos, de las autoridades prejudiciales estatales y federales?
Como ven, no se trata de otra competencia electoral como las del pasado. Ojalá lo entendieran quienes hoy aspiran al máximo cargo público otorgado por los chihuahuenses.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Va dirigido a todos los actores políticos, porque todos, absolutamente están incurriendo en verdaderos excesos. Pero hay de grados a grados, y en ese sentido, el dirigente municipal panista de la capital, Manuel Payán, obtuvo la más alta calificación
Para todos está claro que el principal tema a abordar por los candidatos será el de la crisis de la seguridad pública, y que, por lo dañino de las consecuencias de la guerra de los cárteles, superará ampliamente el tema de la economía de los chihuahuenses.
Apenas iniciada la campaña electoral y ya los protagonistas políticos muestran que no cambiarán en sus propuestas y señalamientos acerca de la seguridad pública. Los candidatos y dirigentes del PAN insistirán en criticar la “inacción” y pasividad –en momentos, hasta la colusión- de la actual administración estatal; a su vez, los similares del PRI seguirán señalando a la administración federal del grave deterioro de la tranquilidad pública.
Así, en el discurso de sus actores políticos, ambos agrupamientos perpetúan lo que es ya casi insostenible, la incoordinación y hasta el enfrentamiento –en distintos momentos, grados y modos- entre los responsables estatales y federales de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), con letales consecuencias para los chihuahuenses.
En ese contexto, el dirigente panista capitalino, Manuel Payán, mediante un boletín de prensa cuestionó al candidato priista, César Duarte, por proponer “la desaparición de la Procuraduría y de la CIPOL y la respectiva creación de una Fiscalía General por parte del candidato del PRI a la gubernatura” y que tal propuesta se “maneje hasta ahora dicha propuesta como solución de la inseguridad a las familias chihuahuenses”, a tal propuesta la calificó de irresponsable y en el colmo de lo ininteligible, dijo que (Duarte) “sólo busca llamar la atención con propuestas con un fondo meramente partidista”.
Más. Dijo que propuestas de este asunto no deben efectuarse “en el marco de una efervescencia electoral como ahora”.
¿Qué? O sea que las propuestas de este tipo, y las de cualquier otro tema, no deben realizarse por el candidato del partido gobernante en la entidad, ni durante ¡Las campañas electorales ni que sean partidistas!
Entonces ¿Cuándo?
Y ya puestos en la confrontación, el mismísimo candidato priista lanzó otra frase de auténtica confrontación, en el arranque de la campaña en Parral, dijo que le sobraban “pantalones para poner orden en Chihuahua” y como Borruel en Juárez, afirmó tener la preparación para “combatir la inseguridad y regresar la seguridad que tenía años atrás”.
En ese mismo tono, al lamentarse del ambiente de inseguridad prevaleciente y de las calles teñidas de rojo, el candidato panista, Carlos Borruel, afirmó que todo “lo que sea rojo vamos a desterrarlo de Chihuahua, el rojo es peligro, dolor y muerte”, en lo que parece un episodio más de los mensajes no tan subliminales que se envían los dos candidatos más fuertes de la actual contienda.
Pero si alguna cordura existiese en los equipos de campaña de ambos candidatos, debiesen llegar a un acuerdo, el ánimo prevaleciente en la entidad no es precisamente el mejor para presenciar, además de las continuas bajas de la guerra de los cárteles, la ríspida mutua denostación efectuada por priistas y panistas.
Porque la crisis de seguridad pública es profundísima, por encima de las aspiraciones personales y de que sus deseos por devolver la tranquilidad a los chihuahuenses sean verdaderos, va más allá, abarca al total de las instituciones encargadas del combate al crimen y de la prevención delictiva.
Si quieren un ejemplo de ello, baste echarle una hojeada a la información proporcionada por El Diario (Edición Juárez, 18/IV/10), acerca del supuesto jefe del comando armado que incursionó en Creel el 15 de marzo.
Fue detenido y liberado en varias ocasiones por agrupaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, amén de que, dicen las autoridades estatales, fue detenido en los Estados Unidos por delitos conectados al tráfico de drogas.
Si todo lo anterior es cierto ¿En dónde está la labor de inteligencia, en dónde la limpieza de los agrupamientos policiacos, de las autoridades prejudiciales estatales y federales?
Como ven, no se trata de otra competencia electoral como las del pasado. Ojalá lo entendieran quienes hoy aspiran al máximo cargo público otorgado por los chihuahuenses.
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domingo, 18 de abril de 2010
Arranques
El Diario, 18 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Iniciadas las campañas ayer, es inevitable acudir a las primeras encuestas efectuadas acerca de las preferencias electorales por los candidatos al Gobierno del Estado, y compararlas con las inmediatas anteriores, así como los resultados electorales.
No es ocioso reiterar que las actuales se efectuarán en un entorno radicalmente distinto a las elecciones realizadas hace doce y seis años. El abstencionismo presente ya en las del ’98 y creciente en las de 2004, se agravó en las intermedias del 2007, amén de que la curva creciente de las cifras abstencionistas se ha mantenido inalterable, también, en las elecciones federales.
No vaya a haber confusiones, en los comicios federales sube la participación electoral, y en los locales es menor, pero en ambos la curva es hacia la baja. La crisis, en su doble vertiente, la de la seguridad pública y la económica, con toda seguridad influirá decisivamente en los del próximo julio, y seguramente la inseguridad será el principal factor en contra de la participación de la ciudadanía en la jornada electoral, que se aunará a los factores causantes del alejamiento de los electores de las urnas, en el que el más descollante, sin ninguna duda, es la actuación de la clase política.
Por supuesto que hay otras diferencias respecto a elecciones anteriores, lógico que así sea, la sociedad es un cuerpo extremadamente cambiante, así no nos percatemos de ello, y las actuales, a diferencia de las anteriores muestran un hecho, ilustrativo de lo cambiante de las circunstancias políticas. Ahora el candidato priista lo es de cinco partidos y los del PAN y PRD son postulados sólo por sus respectivos partidos, a diferencia del proceso electoral precedente en el que Javier Corral fue postulado por el PAN, el PRD y Convergencia, en tanto que Reyes Baeza fue candidato del PRI, PT y PVEM.
Con lo que, de pasada, como ha sucedido en prácticamente todos los procesos electorales de la última década el PT y el Verde se asumen como verdaderos apéndices del priismo.
En estas condiciones, la difundida percepción de que el candidato del PRI, César Duarte, arrancaba con ventaja, así como la idea de que era quien tenía mayores probabilidades de emerger triunfador en las elecciones, se vino a confirmar con la publicación de los resultados de una encuesta efectuada por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, y publicados por el grupo Milenio (propiedad, ahora venimos a saber, en un 50%, de Televisa, desde el año 2006), tanto en sus versiones impresas, como en el canal de televisión.
Según tal estudio, el priista César Duarte tiene un 46.5% de las preferencias electorales, contra un 26.2% del panista Carlos Borruel y un 2% del perredista Luis Adolfo Orozco.
Esa ventaja también la tiene el PRI en las preferencias electorales al momento de elegir diputados y presidentes municipales pues cuenta con el 43.8% de ellas, en tanto el PAN alcanza el 22.7 y el PRD 2.3%.
Más de seis años atrás, en septiembre de 2003, en la última encuesta efectuada por Mitofsky sin candidatos designados, el PRI aventajaba pues tenía el 44 por ciento y el PAN 27 por ciento, mientras que el gobierno del priista Patricio Martínez contaba con 77 por ciento de aprobación. (Milenio, 1/II/04). Luego, en febrero, esa misma empresa ubicó a Reyes Baeza muy adelante con un 54.7%, contra el 35.8% del candidato panista Javier Corral. A su vez, una encuesta ordenada por El Diario a la empresa Berumen y Asociados, arrojó resultados similares: 51.6% de los electores daría su voto a la Alianza con la Gente que postula a José Reyes Baeza, y el 26.9% por la Alianza Todos Somos Chihuahua con Javier Corral Jurado como candidato.
Al final, el triunfo fue para Reyes Baeza con el 47% de los votos, por el 34% de Javier Corral, luego de haber arrancado en condiciones semejantes a las de ahora, por lo menos en la diferencia, que en el caso de las elecciones de seis años atrás fue de casi 19 puntos (18.9) y ahora es del 20.3%, ambas, obtenidas por la misma empresa.
Doce años atrás, la primera encuesta confiable, la efectuada por Reforma y Norte, a fines de marzo de 1998, arrojó que el priista Patricio Martínez García ocupaba el primer lugar de las tendencias electorales con un 49% de las preferencias ciudadanas, frente a un 36% del panista Ramón Galindo Noriega, una diferencia de 13 puntos.
A su vez, la primera de las ordenadas por El Diario, realizada por la agencia independiente de sondeos de opinión, MORI de México, y diseñada con la asesoría del periódico The Dallas Morning News, publicada el 26 de abril de 1998, mostró que el candidato priista al gobierno del estado, Patricio Martínez García, encabezaba las preferencias, con un 44 por ciento, contra 35 por ciento del candidato del PAN, Ramón Galindo Noriega, es decir, nueve puntos de ventaja. A su vez, la candidata del PRD, Esther Orozco, obtuvo el 6 por ciento de las preferencias.
Al final, Patricio Martínez obtuvo el 50.3% de los votos, Galindo el 41 y Esther Orozco el 5%. Nueve puntos de diferencia.
Si bien se ha repetido hasta el cansancio que las encuestas solo son herramientas de trabajo para los equipos electorales, y que solamente son una especie de fotografía de un momento determinado en las preferencias electorales, por los resultados arriba mostrados podríamos llegar a la conclusión que tienen, las serias, las más profesionales de ellas, una buena dosis de credibilidad.
Pero hay un aspecto a tomar en cuenta. Si alguno de los candidatos en desventaja logra, no solamente proyectar adecuadamente las cualidades, o el mensaje, o logra imbuir en el electorado, así sea una sola frase, o el adversario comete alguno o varios errores y son bien aprovechados, las encuestas habrán demostrado su utilidad como herramienta de trabajo al mostrar los puntos débiles de sus adversarios y permitir su explotación.
De ahí que no se descubra el agua tibia si aseveramos que la ventaja del candidato priista puede desaparecer si comete errores. Más aún, deberá anotarse que la encuesta de marras aún no podía tomar en cuenta un factor: Aún no iniciaban las campañas y en Chihuahua existe un electorado afín al PAN que sólo se muestra a partir del inicio de las actividades electorales y que puede llevar a disminuir las diferencias ahora mostradas.
Por otro lado hay un aspecto que seguramente ya tomaron en cuenta los estrategas de los candidatos. El del abstencionismo, por lo que el número de indecisos disminuirá y, por tanto, crecerá la importancia del denominado voto “duro”, esto es, aquellos ciudadanos que en las últimas elecciones han votado por el mismo partido y que se encuentra más ligado a esa estructura partidaria.
Si así fuera, entonces la importancia de los equipos gobernantes adquiere una mayor importancia pues en la medida que logren transmitir, (por medios lícitos e ilícitos, éticos o no) que uno de los candidatos es el que mejor le daría continuidad al aspecto positivo (individual o social mejor evaluado por el votante), entonces contarán con un mayor número de votos seguros.
Dicho en términos de los activistas de los partidos, sabedores que no habrá poder humano que logre abatir de manera importante el índice abstencionista: -Vamos por el voto duro, dicen, conscientes que el clima de inseguridad influirá determinantemente en la campaña.
Y lo saben los candidatos. Apenas iniciada la campaña, Duarte y Borruel le dieron la prioridad al tema de seguridad pública. En tanto el priista anunciaba la creación de la Fiscalía General, con la consiguiente fusión de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, el panista lanzaba una desmesurada promesa, acabar con los secuestros y extorsiones, al tiempo que calificó de perversas y (de) oscuros intereses a las alianzas de su principal adversario, en el mismo tono que los priistas descalificaron a la alianza de panistas y perredistas en Oaxaca e Hidalgo.
Y Duarte no se quedó callado, ni disminuido en el tono al asegurar que quienes no tienen la visión para gobernar, “utilizan la descalificación barata”.
Así será la campaña. Así arrancan.
En tanto, para lograr que los chihuahuenses acudan a sus actos, anuncian que los arranques de sus respectivas campañas estarán engalanados con artistas. En ese sentido es descollante la invitación del panista Carlos Borruel. A plana entera, en los matutinos capitalinos, anunció la presentación de destacados grupos musicales, como si eso fuera lo importante y no el mensaje político y las propuestas de gobierno.
¡N’ombre, vámonos a escuchar a Los Cadetes de Linares y demás artistas, lo demás es puro rollo!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Iniciadas las campañas ayer, es inevitable acudir a las primeras encuestas efectuadas acerca de las preferencias electorales por los candidatos al Gobierno del Estado, y compararlas con las inmediatas anteriores, así como los resultados electorales.
No es ocioso reiterar que las actuales se efectuarán en un entorno radicalmente distinto a las elecciones realizadas hace doce y seis años. El abstencionismo presente ya en las del ’98 y creciente en las de 2004, se agravó en las intermedias del 2007, amén de que la curva creciente de las cifras abstencionistas se ha mantenido inalterable, también, en las elecciones federales.
No vaya a haber confusiones, en los comicios federales sube la participación electoral, y en los locales es menor, pero en ambos la curva es hacia la baja. La crisis, en su doble vertiente, la de la seguridad pública y la económica, con toda seguridad influirá decisivamente en los del próximo julio, y seguramente la inseguridad será el principal factor en contra de la participación de la ciudadanía en la jornada electoral, que se aunará a los factores causantes del alejamiento de los electores de las urnas, en el que el más descollante, sin ninguna duda, es la actuación de la clase política.
Por supuesto que hay otras diferencias respecto a elecciones anteriores, lógico que así sea, la sociedad es un cuerpo extremadamente cambiante, así no nos percatemos de ello, y las actuales, a diferencia de las anteriores muestran un hecho, ilustrativo de lo cambiante de las circunstancias políticas. Ahora el candidato priista lo es de cinco partidos y los del PAN y PRD son postulados sólo por sus respectivos partidos, a diferencia del proceso electoral precedente en el que Javier Corral fue postulado por el PAN, el PRD y Convergencia, en tanto que Reyes Baeza fue candidato del PRI, PT y PVEM.
Con lo que, de pasada, como ha sucedido en prácticamente todos los procesos electorales de la última década el PT y el Verde se asumen como verdaderos apéndices del priismo.
En estas condiciones, la difundida percepción de que el candidato del PRI, César Duarte, arrancaba con ventaja, así como la idea de que era quien tenía mayores probabilidades de emerger triunfador en las elecciones, se vino a confirmar con la publicación de los resultados de una encuesta efectuada por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, y publicados por el grupo Milenio (propiedad, ahora venimos a saber, en un 50%, de Televisa, desde el año 2006), tanto en sus versiones impresas, como en el canal de televisión.
Según tal estudio, el priista César Duarte tiene un 46.5% de las preferencias electorales, contra un 26.2% del panista Carlos Borruel y un 2% del perredista Luis Adolfo Orozco.
Esa ventaja también la tiene el PRI en las preferencias electorales al momento de elegir diputados y presidentes municipales pues cuenta con el 43.8% de ellas, en tanto el PAN alcanza el 22.7 y el PRD 2.3%.
Más de seis años atrás, en septiembre de 2003, en la última encuesta efectuada por Mitofsky sin candidatos designados, el PRI aventajaba pues tenía el 44 por ciento y el PAN 27 por ciento, mientras que el gobierno del priista Patricio Martínez contaba con 77 por ciento de aprobación. (Milenio, 1/II/04). Luego, en febrero, esa misma empresa ubicó a Reyes Baeza muy adelante con un 54.7%, contra el 35.8% del candidato panista Javier Corral. A su vez, una encuesta ordenada por El Diario a la empresa Berumen y Asociados, arrojó resultados similares: 51.6% de los electores daría su voto a la Alianza con la Gente que postula a José Reyes Baeza, y el 26.9% por la Alianza Todos Somos Chihuahua con Javier Corral Jurado como candidato.
Al final, el triunfo fue para Reyes Baeza con el 47% de los votos, por el 34% de Javier Corral, luego de haber arrancado en condiciones semejantes a las de ahora, por lo menos en la diferencia, que en el caso de las elecciones de seis años atrás fue de casi 19 puntos (18.9) y ahora es del 20.3%, ambas, obtenidas por la misma empresa.
Doce años atrás, la primera encuesta confiable, la efectuada por Reforma y Norte, a fines de marzo de 1998, arrojó que el priista Patricio Martínez García ocupaba el primer lugar de las tendencias electorales con un 49% de las preferencias ciudadanas, frente a un 36% del panista Ramón Galindo Noriega, una diferencia de 13 puntos.
A su vez, la primera de las ordenadas por El Diario, realizada por la agencia independiente de sondeos de opinión, MORI de México, y diseñada con la asesoría del periódico The Dallas Morning News, publicada el 26 de abril de 1998, mostró que el candidato priista al gobierno del estado, Patricio Martínez García, encabezaba las preferencias, con un 44 por ciento, contra 35 por ciento del candidato del PAN, Ramón Galindo Noriega, es decir, nueve puntos de ventaja. A su vez, la candidata del PRD, Esther Orozco, obtuvo el 6 por ciento de las preferencias.
Al final, Patricio Martínez obtuvo el 50.3% de los votos, Galindo el 41 y Esther Orozco el 5%. Nueve puntos de diferencia.
Si bien se ha repetido hasta el cansancio que las encuestas solo son herramientas de trabajo para los equipos electorales, y que solamente son una especie de fotografía de un momento determinado en las preferencias electorales, por los resultados arriba mostrados podríamos llegar a la conclusión que tienen, las serias, las más profesionales de ellas, una buena dosis de credibilidad.
Pero hay un aspecto a tomar en cuenta. Si alguno de los candidatos en desventaja logra, no solamente proyectar adecuadamente las cualidades, o el mensaje, o logra imbuir en el electorado, así sea una sola frase, o el adversario comete alguno o varios errores y son bien aprovechados, las encuestas habrán demostrado su utilidad como herramienta de trabajo al mostrar los puntos débiles de sus adversarios y permitir su explotación.
De ahí que no se descubra el agua tibia si aseveramos que la ventaja del candidato priista puede desaparecer si comete errores. Más aún, deberá anotarse que la encuesta de marras aún no podía tomar en cuenta un factor: Aún no iniciaban las campañas y en Chihuahua existe un electorado afín al PAN que sólo se muestra a partir del inicio de las actividades electorales y que puede llevar a disminuir las diferencias ahora mostradas.
Por otro lado hay un aspecto que seguramente ya tomaron en cuenta los estrategas de los candidatos. El del abstencionismo, por lo que el número de indecisos disminuirá y, por tanto, crecerá la importancia del denominado voto “duro”, esto es, aquellos ciudadanos que en las últimas elecciones han votado por el mismo partido y que se encuentra más ligado a esa estructura partidaria.
Si así fuera, entonces la importancia de los equipos gobernantes adquiere una mayor importancia pues en la medida que logren transmitir, (por medios lícitos e ilícitos, éticos o no) que uno de los candidatos es el que mejor le daría continuidad al aspecto positivo (individual o social mejor evaluado por el votante), entonces contarán con un mayor número de votos seguros.
Dicho en términos de los activistas de los partidos, sabedores que no habrá poder humano que logre abatir de manera importante el índice abstencionista: -Vamos por el voto duro, dicen, conscientes que el clima de inseguridad influirá determinantemente en la campaña.
Y lo saben los candidatos. Apenas iniciada la campaña, Duarte y Borruel le dieron la prioridad al tema de seguridad pública. En tanto el priista anunciaba la creación de la Fiscalía General, con la consiguiente fusión de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, el panista lanzaba una desmesurada promesa, acabar con los secuestros y extorsiones, al tiempo que calificó de perversas y (de) oscuros intereses a las alianzas de su principal adversario, en el mismo tono que los priistas descalificaron a la alianza de panistas y perredistas en Oaxaca e Hidalgo.
Y Duarte no se quedó callado, ni disminuido en el tono al asegurar que quienes no tienen la visión para gobernar, “utilizan la descalificación barata”.
Así será la campaña. Así arrancan.
En tanto, para lograr que los chihuahuenses acudan a sus actos, anuncian que los arranques de sus respectivas campañas estarán engalanados con artistas. En ese sentido es descollante la invitación del panista Carlos Borruel. A plana entera, en los matutinos capitalinos, anunció la presentación de destacados grupos musicales, como si eso fuera lo importante y no el mensaje político y las propuestas de gobierno.
¡N’ombre, vámonos a escuchar a Los Cadetes de Linares y demás artistas, lo demás es puro rollo!
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martes, 13 de abril de 2010
¿Remontará el panismo?
El Diario, 13 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Importa detenerse en los resultados de la elección de los candidatos a las alcaldías del PAN de Juárez y Chihuahua pues en estas ciudades se encuentran más de las tres quintas partes del electorado estatal, porque ahí se encuentran asentados los liderazgos del panismo, porque gobiernan la capital, porque fueron gobierno municipal durante largos tramos, porque el panismo nacional las considera como unas de sus prioridades y porque, seguramente, en estas dos ciudades se resolverá la contienda al gobierno estatal.
En tanto el blanquiazul se enfrascaba en sendas contiendas en las dos ciudades, el priismo celebraba actos festivos para ratificar a sus abanderados, Héctor Murguía en Juárez, y Marco Adán Quezada en Chihuahua.
Si por la asistencia se evaluara la posibilidad de triunfos de cualquiera de ellos, podríamos concluir que los actos priistas mostraron la fuerza necesaria para avasallar a los panistas, en tanto que hasta podrían considerarse desangeladas las concurrencias a los comicios del blanquiazul.
No serían correctas tales conclusiones. Puede aventurarse que, efectivamente, en ambas ciudades el PRI arranca con ventaja (que encontraría sustento en las encuestas efectuadas a fines del año pasado, en las que, por partido, tiene mayoría en las preferencias electorales), porque es gobierno en Juárez y porque se aprecia una tendencia a la baja del panismo en la capital, fruto de una percepción, quizá mayoritaria, que la administración municipal de Carlos Borruel tuvo una mala calificación, la que parece ser ratificada por los más recientes resultados de las contiendas internas, tanto en la de gobernador, como la de alcalde pues en la primera Borruel apenas pudo superar por escaso margen a Pablo Cuarón y en la del domingo, su candidato, Carlos Reyes, fue superado claramente (960 votos contra 743, 56% por 43%) por un López que, al anunciar meses atrás sus pretensiones, pocos apostaban por su triunfo por el aparente control del grupo de Borruel –y su alianza con Pérez Cuéllar- en la capital.
Hoy es historia.
A su vez, el ex diputado local, ex Secretario del Municipio, César Jáuregui, ganó también con claridad la elección juarense, con lo que ratificó la hegemonía de la alianza de su grupo con el de Pérez Cuéllar y el de Ramón Galindo, además de la –aparentemente- transitoria alianza con una parte de los llamados “dhiacos”, entre los que pudiera ubicarse la ex candidato a la alcaldía, Sergio Pedro Holguín.
No debe haber demasiado optimismo en las filas del blanquiazul juarense pues sus candidatos a la alcaldía alcanzaron 2,247 votos. Esa cifra muestra el desgaste del partido que lo fue todo a principios de la actual década en Juárez, cuando, además de ganar las elecciones presidenciales del 2000, ganaron las locales del 2001 (luego anuladas, y posteriormente ganadas en 2002), las federales del 2003, para iniciar una pendiente que parece no tener fin pues a partir de las elecciones locales –con la excepción de las muy atípicas federales del 2006- han perdido todo en la mayor de las urbes chihuahuenses.
Y es que esos números son relativamente bajos, si se comparan con los obtenidos en la elección de candidato a alcalde de la capital del estado, en la que Carlos Reyes y Antonio López obtuvieron 1,703, y que fueron emitidos solamente por los militantes, a diferencia de Juárez en la que también participaron los adherentes.
Otra es la lectura del resultado obtenido por López en Chihuahua. Su triunfo tiene una inmensa similitud con el alcanzado en 1998 por Ramón Galindo en contra de Eduardo Romero, en la disputa por la candidatura panista al Gobierno del Estado.
Como Galindo, también debió superar al precandidato “oficial”, que lo era del candidato Carlos Borruel, del grupo encabezado por Cruz Pérez Cuéllar y al que apoyaban el senador Madero, el alcalde Alvaro Madero, el líder de los diputados locales, Fernando Alvarez y el vice coordinador, Roberto Lara, quien, al momento de presentar a Carlos Reyes en el inicio de la precampaña, dijo que lo apoyaba porque de ganar no sería “una piedra en el zapato del candidato a Gobernador, Carlos Borruel” y podrían ser una mancuerna que llevara al PAN al triunfo en la capital y en el estado.
Podrán emitir cuantas declaraciones conjuntas quieran, hablar de que el panismo va junto en la actual contienda, pero lo cierto es que las diferencias entre López y Borruel, expresadas desde el inicio de la gestión del ahora candidato a gobernador fueron más que profundas.
Desde tales condiciones el panismo intentará recuperar la antigua joya de la corona blanquiazul y mantener la capital. Se ve difícil.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Importa detenerse en los resultados de la elección de los candidatos a las alcaldías del PAN de Juárez y Chihuahua pues en estas ciudades se encuentran más de las tres quintas partes del electorado estatal, porque ahí se encuentran asentados los liderazgos del panismo, porque gobiernan la capital, porque fueron gobierno municipal durante largos tramos, porque el panismo nacional las considera como unas de sus prioridades y porque, seguramente, en estas dos ciudades se resolverá la contienda al gobierno estatal.
En tanto el blanquiazul se enfrascaba en sendas contiendas en las dos ciudades, el priismo celebraba actos festivos para ratificar a sus abanderados, Héctor Murguía en Juárez, y Marco Adán Quezada en Chihuahua.
Si por la asistencia se evaluara la posibilidad de triunfos de cualquiera de ellos, podríamos concluir que los actos priistas mostraron la fuerza necesaria para avasallar a los panistas, en tanto que hasta podrían considerarse desangeladas las concurrencias a los comicios del blanquiazul.
No serían correctas tales conclusiones. Puede aventurarse que, efectivamente, en ambas ciudades el PRI arranca con ventaja (que encontraría sustento en las encuestas efectuadas a fines del año pasado, en las que, por partido, tiene mayoría en las preferencias electorales), porque es gobierno en Juárez y porque se aprecia una tendencia a la baja del panismo en la capital, fruto de una percepción, quizá mayoritaria, que la administración municipal de Carlos Borruel tuvo una mala calificación, la que parece ser ratificada por los más recientes resultados de las contiendas internas, tanto en la de gobernador, como la de alcalde pues en la primera Borruel apenas pudo superar por escaso margen a Pablo Cuarón y en la del domingo, su candidato, Carlos Reyes, fue superado claramente (960 votos contra 743, 56% por 43%) por un López que, al anunciar meses atrás sus pretensiones, pocos apostaban por su triunfo por el aparente control del grupo de Borruel –y su alianza con Pérez Cuéllar- en la capital.
Hoy es historia.
A su vez, el ex diputado local, ex Secretario del Municipio, César Jáuregui, ganó también con claridad la elección juarense, con lo que ratificó la hegemonía de la alianza de su grupo con el de Pérez Cuéllar y el de Ramón Galindo, además de la –aparentemente- transitoria alianza con una parte de los llamados “dhiacos”, entre los que pudiera ubicarse la ex candidato a la alcaldía, Sergio Pedro Holguín.
No debe haber demasiado optimismo en las filas del blanquiazul juarense pues sus candidatos a la alcaldía alcanzaron 2,247 votos. Esa cifra muestra el desgaste del partido que lo fue todo a principios de la actual década en Juárez, cuando, además de ganar las elecciones presidenciales del 2000, ganaron las locales del 2001 (luego anuladas, y posteriormente ganadas en 2002), las federales del 2003, para iniciar una pendiente que parece no tener fin pues a partir de las elecciones locales –con la excepción de las muy atípicas federales del 2006- han perdido todo en la mayor de las urbes chihuahuenses.
Y es que esos números son relativamente bajos, si se comparan con los obtenidos en la elección de candidato a alcalde de la capital del estado, en la que Carlos Reyes y Antonio López obtuvieron 1,703, y que fueron emitidos solamente por los militantes, a diferencia de Juárez en la que también participaron los adherentes.
Otra es la lectura del resultado obtenido por López en Chihuahua. Su triunfo tiene una inmensa similitud con el alcanzado en 1998 por Ramón Galindo en contra de Eduardo Romero, en la disputa por la candidatura panista al Gobierno del Estado.
Como Galindo, también debió superar al precandidato “oficial”, que lo era del candidato Carlos Borruel, del grupo encabezado por Cruz Pérez Cuéllar y al que apoyaban el senador Madero, el alcalde Alvaro Madero, el líder de los diputados locales, Fernando Alvarez y el vice coordinador, Roberto Lara, quien, al momento de presentar a Carlos Reyes en el inicio de la precampaña, dijo que lo apoyaba porque de ganar no sería “una piedra en el zapato del candidato a Gobernador, Carlos Borruel” y podrían ser una mancuerna que llevara al PAN al triunfo en la capital y en el estado.
Podrán emitir cuantas declaraciones conjuntas quieran, hablar de que el panismo va junto en la actual contienda, pero lo cierto es que las diferencias entre López y Borruel, expresadas desde el inicio de la gestión del ahora candidato a gobernador fueron más que profundas.
Desde tales condiciones el panismo intentará recuperar la antigua joya de la corona blanquiazul y mantener la capital. Se ve difícil.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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domingo, 11 de abril de 2010
¿Inútil la tecnología?
El Diario, 11 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Imposible abstraerse del tema. En tanto la clase política local se encuentra inmersa en la definición de sus candidatos a las alcaldías, diputaciones, sindicaturas y registro de los candidatos a gobernador, la terca y siniestra realidad nos golpea arteramente, en sus dos dolorosas vertientes, la económica y la de la seguridad pública. Esta última, a querer y no, nos sorprende diariamente, y no necesariamente con noticias agradables, todo lo contrario.
La difusión del video, tomado por las cámaras de seguridad pública, de la incursión del grupo armado, responsable de una nueva masacre ocurrida el 15 de marzo en Creel, ha puesto en crisis a los órganos de seguridad, tanto por la filtración –que muestra palmariamente la gravedad de la infiltración en esa dependencia- como por la inoperancia del máximo organismo de seguridad pública estatal, y no solo.
Convertida Chihuahua en un auténtico cementerio, con miles de elementos policiacos y militares asentados aquí, y con la utilización, suponemos, de todos los recursos, de todo tipo, para combatir al crimen organizado, no podíamos concebir cosas que la nueva masacre de Creel desveló.
¿Cuánto tardaría un helicóptero militar en llegar de Chihuahua a Creel?
Según los especialistas, entre 45 minutos y una hora. Si se le agrega la preparación del vehículo y los ocupantes, una hora y media ¿Cuánto tiempo emplearon los agrupamientos policíacos en llegar a aquella población, incursionar por distintas calles, levantar a varias personas, masacrar a la familia que se encontraba en una finca y después asesinar a 8 personas, además de lesionar a otras 5-6? Según las distintas versiones, más de tres horas; de acuerdo con la periodista Denisse Maerker, difusora del video, en el programa Punto de Partida, más de una hora.
La operación del comando del pasado 15 de marzo fue captada desde una cámara en Creel y recogida en el centro de mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), conocida como C-4.
Poco más de una hora tuvo el comando armado para efectuar sus actividades delictivas, con precisión de tiempos y movimientos, conocedores del terreno que pisaban y de la ubicación de sus posibles víctimas, casi seguros de que nadie ni nada les obstaculizaría la realización de sus objetivos.
La cámara fue manipulada desde el C-4, pues se aprecia el intento de fijar imágenes, hacen acercamientos y ubican al que parecía ser el jefe del operativo.
Nadie llegó, sólo muchas horas después se efectuaron los trabajos periciales. No sólo eso, ninguna autoridad vio el convoy del grupo armado, a pesar de los retenes instalados en la zona.
Pero antes, dueños de los tiempos, los integrantes del comando armado, pudieron llegar a San Juanito y “levantar” a otras personas ¡Todo el tiempo del mundo y la autoridad está más preocupada en investigar quien “filtró” el video a Televisa, algo en lo que seguramente tiene razón, pero que muestra simplemente que la infiltración de las agrupaciones policiacas da para todo y todos!
Peor, el Secretario de Seguridad Pública, Gustavo Zabre, nos viene a informar, para la zozobra y la intranquilidad de los habitantes de toda la Sierra Tarahumara que sólo cuenta con ¡Veinte agentes! Para esa amplísima región. Y no es todo, están repartidos en ¡Dos turnos!
Ahora sí que no entendimos, se habla de prioridades desde el gobierno estatal y en una de ellas, la que más reflectores le ha traído a la entidad, la de la seguridad pública, ahora vemos, tiene fallas garrafales, imperdonables. Han pasado tantas cosas en esa zona, aún no se olvida la masacre del 16 de agosto del 2008 y las autoridades estatales actúan como si allá viviéramos en Suiza, en donde los índices de criminalidad son 200 veces menores que los nuestros, y con desfachatez se nos viene a decir que se investigará la filtración informativa, como si eso fuera lo más importante, en lugar de informar que tales y tales mandos operativos fueron despedidos y puestos bajo investigación, por no ordenar, ni efectuar las mínimas medidas para enfrentar al grupo armado.
Y no se trataba solamente de contar con el tiempo necesario para llegar a Creel, sino para intentar detenerlos, acosarlos por lo menos y evitar que llegaran a San Juanito en donde siguieron efectuando sus desmanes.
No se necesita mucha perspicacia para sospechar que la SSPE cuenta con otro video de lo sucedido en la segunda población, y si nos apuran, hasta fotografías tomadas por satélite del convoy deben tener, en el C-4 o en el centro de mando de la OCCh. Y si no, debieran tenerlas, porque de lo contrario, llegaremos a la conclusión, -algo a lo que ya se han adelantado muchos chihuahuenses- que en realidad no se quiere combatir a uno de los efectos más nocivos del tráfico de drogas, la extrema violencia, bajo el sambenito que nada le pasará a la sociedad pues se siguen “matando entre ellos”, y finalmente la consigna del Gral. Juárez Loera –el primer jefe del operativo- sigue vigente, que en lugar de contar en positivo el número de víctimas –sean o no participantes de las bandas criminales- deberemos decir que son “uno menos” ante cada baja.
Pero los daños “colaterales”, como se dice en el argot militar, ya son muchos. Se cuentan por decenas las víctimas seguramente ajenas a las actividades criminales, pero la baja más importante es, sin duda, la abrupta disminución de los índices de seguridad en toda la entidad, pero particularmente en Juárez, el noroeste y la sierra.
Hay otro aspecto inquietante, que ante tanta temeridad de los grupos de sicarios, es más que obvia ¿No estaremos ante la presencia de un grupo paramilitar, dedicado a las ejecuciones extrajudiciales? Porque son tantos los datos que hablan de una inacción premeditada de las fuerzas policíacas, que no pensar en tal variante es imposible.
Aún si no fuera así, en cualquiera de las dos vertientes la conclusión es aterradora pues el video muestra la gigantesca indefensión en la que se encuentran amplias franjas de la población serrana y la desesperante actitud de las autoridades.
¿Cómo es posible que se diga contar con sólo dos decenas de agentes de Cipol para toda la sierra? Y lo grave no es que se informe, sino que esa sea la realidad.
Más aún, la actividad de los sicarios reveló la existencia de inmensas lagunas en la coordinación de los organismos policíacos y militares. Sabido es que las fuerzas armadas cuentan en aquella región con cientos de efectivos y que en la capital del estado –ignoro si también en Cuauhtémoc, la urbe más cercana al lugar de la tragedia también cuentan con los vehículos necesarios, terrestres y aéreos, para acceder rápidamente al lugar de los hechos-, tienen un considerable número de elementos, lo que hace difícil de entender cómo es posible que no se enviaran de inmediato, ante lo salvaje de las acciones del comando armado, algunas decenas de soldados y agentes federales en auxilio de la población que, es obvio suponer, vivía momentos de terror.
Ante hechos tan dolorosos, demostrativos de enormes fallas en la operación de los organismos de seguridad pública, a punto del inicio de las campañas electorales al gobierno estatal, lógico es suponer que los candidatos aborden, en concreto, específicamente, la manera en la que afrontarán la crisis de seguridad pública, más allá de las frases generales hasta ahora usadas para decirnos que con su llegada a la silla principal de Palacio de Gobierno se iniciará la recuperación de la tranquilidad de los chihuahuenses.
Lo revelado por el video de la SSPE debiera concitar la exposición de propuestas concretas acerca de la seguridad pública y la exigencia de la inmediata investigación de la inacción de los elementos de la SSPE y la de los agrupamientos federales.
Y tales hechos motivan la presentación de preguntas, casi hasta obvias. ¿Estuvo informada la coordinación de la Operación Coordinada Chihuahua acerca de la incursión de los sicarios a Creel? Si no lo estuvo, ¿Porqué? Y si lo estuvo ¿Por qué no actuó de forma inmediata? ¿Por qué se tardaron en llegar, incluso después de la refriega? ¿Por qué no se ha informado de las investigaciones y los presuntos responsables de los actos de omisión, o de comisión?
Finalmente ¿Por qué sólo 20 agentes de la Cipol para toda la sierra?
Son tantas las preguntas… Ojalá que quienes aspiran a la gubernatura las respondieran, no a los columnistas, sino a una población verdaderamente agraviada y temerosa, sometida, como ninguna otra, a los dictados del crimen organizado.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
Imposible abstraerse del tema. En tanto la clase política local se encuentra inmersa en la definición de sus candidatos a las alcaldías, diputaciones, sindicaturas y registro de los candidatos a gobernador, la terca y siniestra realidad nos golpea arteramente, en sus dos dolorosas vertientes, la económica y la de la seguridad pública. Esta última, a querer y no, nos sorprende diariamente, y no necesariamente con noticias agradables, todo lo contrario.
La difusión del video, tomado por las cámaras de seguridad pública, de la incursión del grupo armado, responsable de una nueva masacre ocurrida el 15 de marzo en Creel, ha puesto en crisis a los órganos de seguridad, tanto por la filtración –que muestra palmariamente la gravedad de la infiltración en esa dependencia- como por la inoperancia del máximo organismo de seguridad pública estatal, y no solo.
Convertida Chihuahua en un auténtico cementerio, con miles de elementos policiacos y militares asentados aquí, y con la utilización, suponemos, de todos los recursos, de todo tipo, para combatir al crimen organizado, no podíamos concebir cosas que la nueva masacre de Creel desveló.
¿Cuánto tardaría un helicóptero militar en llegar de Chihuahua a Creel?
Según los especialistas, entre 45 minutos y una hora. Si se le agrega la preparación del vehículo y los ocupantes, una hora y media ¿Cuánto tiempo emplearon los agrupamientos policíacos en llegar a aquella población, incursionar por distintas calles, levantar a varias personas, masacrar a la familia que se encontraba en una finca y después asesinar a 8 personas, además de lesionar a otras 5-6? Según las distintas versiones, más de tres horas; de acuerdo con la periodista Denisse Maerker, difusora del video, en el programa Punto de Partida, más de una hora.
La operación del comando del pasado 15 de marzo fue captada desde una cámara en Creel y recogida en el centro de mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), conocida como C-4.
Poco más de una hora tuvo el comando armado para efectuar sus actividades delictivas, con precisión de tiempos y movimientos, conocedores del terreno que pisaban y de la ubicación de sus posibles víctimas, casi seguros de que nadie ni nada les obstaculizaría la realización de sus objetivos.
La cámara fue manipulada desde el C-4, pues se aprecia el intento de fijar imágenes, hacen acercamientos y ubican al que parecía ser el jefe del operativo.
Nadie llegó, sólo muchas horas después se efectuaron los trabajos periciales. No sólo eso, ninguna autoridad vio el convoy del grupo armado, a pesar de los retenes instalados en la zona.
Pero antes, dueños de los tiempos, los integrantes del comando armado, pudieron llegar a San Juanito y “levantar” a otras personas ¡Todo el tiempo del mundo y la autoridad está más preocupada en investigar quien “filtró” el video a Televisa, algo en lo que seguramente tiene razón, pero que muestra simplemente que la infiltración de las agrupaciones policiacas da para todo y todos!
Peor, el Secretario de Seguridad Pública, Gustavo Zabre, nos viene a informar, para la zozobra y la intranquilidad de los habitantes de toda la Sierra Tarahumara que sólo cuenta con ¡Veinte agentes! Para esa amplísima región. Y no es todo, están repartidos en ¡Dos turnos!
Ahora sí que no entendimos, se habla de prioridades desde el gobierno estatal y en una de ellas, la que más reflectores le ha traído a la entidad, la de la seguridad pública, ahora vemos, tiene fallas garrafales, imperdonables. Han pasado tantas cosas en esa zona, aún no se olvida la masacre del 16 de agosto del 2008 y las autoridades estatales actúan como si allá viviéramos en Suiza, en donde los índices de criminalidad son 200 veces menores que los nuestros, y con desfachatez se nos viene a decir que se investigará la filtración informativa, como si eso fuera lo más importante, en lugar de informar que tales y tales mandos operativos fueron despedidos y puestos bajo investigación, por no ordenar, ni efectuar las mínimas medidas para enfrentar al grupo armado.
Y no se trataba solamente de contar con el tiempo necesario para llegar a Creel, sino para intentar detenerlos, acosarlos por lo menos y evitar que llegaran a San Juanito en donde siguieron efectuando sus desmanes.
No se necesita mucha perspicacia para sospechar que la SSPE cuenta con otro video de lo sucedido en la segunda población, y si nos apuran, hasta fotografías tomadas por satélite del convoy deben tener, en el C-4 o en el centro de mando de la OCCh. Y si no, debieran tenerlas, porque de lo contrario, llegaremos a la conclusión, -algo a lo que ya se han adelantado muchos chihuahuenses- que en realidad no se quiere combatir a uno de los efectos más nocivos del tráfico de drogas, la extrema violencia, bajo el sambenito que nada le pasará a la sociedad pues se siguen “matando entre ellos”, y finalmente la consigna del Gral. Juárez Loera –el primer jefe del operativo- sigue vigente, que en lugar de contar en positivo el número de víctimas –sean o no participantes de las bandas criminales- deberemos decir que son “uno menos” ante cada baja.
Pero los daños “colaterales”, como se dice en el argot militar, ya son muchos. Se cuentan por decenas las víctimas seguramente ajenas a las actividades criminales, pero la baja más importante es, sin duda, la abrupta disminución de los índices de seguridad en toda la entidad, pero particularmente en Juárez, el noroeste y la sierra.
Hay otro aspecto inquietante, que ante tanta temeridad de los grupos de sicarios, es más que obvia ¿No estaremos ante la presencia de un grupo paramilitar, dedicado a las ejecuciones extrajudiciales? Porque son tantos los datos que hablan de una inacción premeditada de las fuerzas policíacas, que no pensar en tal variante es imposible.
Aún si no fuera así, en cualquiera de las dos vertientes la conclusión es aterradora pues el video muestra la gigantesca indefensión en la que se encuentran amplias franjas de la población serrana y la desesperante actitud de las autoridades.
¿Cómo es posible que se diga contar con sólo dos decenas de agentes de Cipol para toda la sierra? Y lo grave no es que se informe, sino que esa sea la realidad.
Más aún, la actividad de los sicarios reveló la existencia de inmensas lagunas en la coordinación de los organismos policíacos y militares. Sabido es que las fuerzas armadas cuentan en aquella región con cientos de efectivos y que en la capital del estado –ignoro si también en Cuauhtémoc, la urbe más cercana al lugar de la tragedia también cuentan con los vehículos necesarios, terrestres y aéreos, para acceder rápidamente al lugar de los hechos-, tienen un considerable número de elementos, lo que hace difícil de entender cómo es posible que no se enviaran de inmediato, ante lo salvaje de las acciones del comando armado, algunas decenas de soldados y agentes federales en auxilio de la población que, es obvio suponer, vivía momentos de terror.
Ante hechos tan dolorosos, demostrativos de enormes fallas en la operación de los organismos de seguridad pública, a punto del inicio de las campañas electorales al gobierno estatal, lógico es suponer que los candidatos aborden, en concreto, específicamente, la manera en la que afrontarán la crisis de seguridad pública, más allá de las frases generales hasta ahora usadas para decirnos que con su llegada a la silla principal de Palacio de Gobierno se iniciará la recuperación de la tranquilidad de los chihuahuenses.
Lo revelado por el video de la SSPE debiera concitar la exposición de propuestas concretas acerca de la seguridad pública y la exigencia de la inmediata investigación de la inacción de los elementos de la SSPE y la de los agrupamientos federales.
Y tales hechos motivan la presentación de preguntas, casi hasta obvias. ¿Estuvo informada la coordinación de la Operación Coordinada Chihuahua acerca de la incursión de los sicarios a Creel? Si no lo estuvo, ¿Porqué? Y si lo estuvo ¿Por qué no actuó de forma inmediata? ¿Por qué se tardaron en llegar, incluso después de la refriega? ¿Por qué no se ha informado de las investigaciones y los presuntos responsables de los actos de omisión, o de comisión?
Finalmente ¿Por qué sólo 20 agentes de la Cipol para toda la sierra?
Son tantas las preguntas… Ojalá que quienes aspiran a la gubernatura las respondieran, no a los columnistas, sino a una población verdaderamente agraviada y temerosa, sometida, como ninguna otra, a los dictados del crimen organizado.
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jueves, 8 de abril de 2010
Estatalizar policías
El Diario, 8 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Crecida la ola criminal, desatadas todas las estadísticas delictivas, inmerso el país en una violentísima guerra de cárteles, en la que las fuerzas del Estado se aprecian notoriamente rebasadas por una oleada homicida, los dirigentes de la sociedad, es decir, los gobernantes –y el concepto va más allá, debiéramos incluir al total de la clase política- no atinan a elaborar una estrategia global encaminada, ya no a erradicar tales problemas, que ya parecen endémicos, sino tan sólo a atenuar sus efectos sobre la sociedad.
No de otra manera se percibe la resolución adoptada por los gobernadores, al anunciar la propuesta de desaparecer a las policías municipales y crear en su lugar cuerpos policiacos estatales, en un clarísimo retroceso a los avances democráticos alcanzados en el último cuarto del siglo anterior, cuando se aprobaron diversas reformas para fortalecer la estructura, finanzas y vida municipales.
Prevaleciente todavía hasta entonces la noción civilista, republicana, de concebir al municipio como el núcleo principal de la vida social –contrario a lo ahora vigente, en la que la visión del panismo parece haberse enseñoreado, esto es, plantear que la familia, y lo que suceda ahí, y solo ahí, generará beneficios o perjuicios a la sociedad, o buenas y malas conductas individuales- se llegó a la conclusión de que deberían fortalecerse las estructuras municipales. Una de ellas, fundamental, era la figura de la policía municipal, como preventiva de las conductas criminales.
Con los años se fueron desencadenando otras reformas que trataron de darle mayor libertad a la vida comunitaria, por la vía de otorgarle mayores funciones recaudadoras y más porcentaje de los recursos federales.
Hoy estamos en el sentido contrario. Ante la impotencia de la federación, y de la clase política, para enfrentar con realismo el tráfico de drogas y sus secuelas criminales, ahora se trata de ubicar a las policías municipales como el centro de la corrupción y la impunidad alcanzadas por los grupos criminales.
Esa propuesta más parece el resultado de una negociación entre las principales fuerzas políticas. Primero el PAN, a través del Secretario de Seguridad Pública (SSPF), Genaro García Luna, ha insistido reiteradamente en la creación de una sola policía, obviamente con mando federal, como mecanismo para enfrentar la crisis de seguridad pública, pero enfrentando hasta acusaciones de ansiar un desmedido control sobre todos los agrupamientos policiales del país y en medio de innumerables señalamientos de gravísimos índices de corrupción e infiltración en los organismos dirigidos por él.
No se necesita recurrir a la hemeroteca para acreditar los elevados índices de corrupción y de conductas anómalas de infinidad de elementos de la SSP, que llevarían a concluir precisamente lo contrario de lo que ahora proponen los gobernadores y el gobierno federal; las experiencias más recientes son desastrosas, particularmente en Juárez en donde los índices de confianza en las fuerzas armadas y las policías federales, después de dos años de vigencia de la OCCh, muestran una pronunciada tendencia a la disminución.
Más aún, por ninguna parte aparecen los estudios, efectuados por especialistas de la materia, por instituciones académicas, o hasta por funcionarios gubernamentales, o policiales, que le demuestren a la sociedad lo adecuado que sería instrumentar tal medida.
De ese modo, la idea de estatalizar las policías, o federalizarlas, da la impresión de ser medidas que al calor de la refriega de los últimos años, con más de 18 mil ejecutados en el país, se le ocurrió a alguno (s) de los mandatarios estatales.
A cambio, no se aprecian la realización de estudios acerca de las medidas financieras para enfrentar a las bandas criminales, o acerca de las consecuencias de la legalización del tráfico de drogas, medidas que en otros ámbitos han demostrado ponerle un freno a la violencia generada por este problema.
Porque ¿Se ha preguntado lo irracional de la situación prevaleciente en México ahora? Pues se permite consumir cualquier droga –ya sabemos que es un problema de salud-, incluso ya tenemos una tabla de la cantidad que podemos portar cada uno, pero ¡Está prohibido comprarla y venderla!
Y contra eso, lo que se nos ocurre es desaparecer a la policía municipal ¿Y porque no empezar por el lavado de dinero, que en voz de los especialistas, en un 70-75% de las ganancias del tráfico de drogas, ingresa a los circuitos formales del dinero?
Y estamos hablando de más de 25 mil millones de dólares al año.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Crecida la ola criminal, desatadas todas las estadísticas delictivas, inmerso el país en una violentísima guerra de cárteles, en la que las fuerzas del Estado se aprecian notoriamente rebasadas por una oleada homicida, los dirigentes de la sociedad, es decir, los gobernantes –y el concepto va más allá, debiéramos incluir al total de la clase política- no atinan a elaborar una estrategia global encaminada, ya no a erradicar tales problemas, que ya parecen endémicos, sino tan sólo a atenuar sus efectos sobre la sociedad.
No de otra manera se percibe la resolución adoptada por los gobernadores, al anunciar la propuesta de desaparecer a las policías municipales y crear en su lugar cuerpos policiacos estatales, en un clarísimo retroceso a los avances democráticos alcanzados en el último cuarto del siglo anterior, cuando se aprobaron diversas reformas para fortalecer la estructura, finanzas y vida municipales.
Prevaleciente todavía hasta entonces la noción civilista, republicana, de concebir al municipio como el núcleo principal de la vida social –contrario a lo ahora vigente, en la que la visión del panismo parece haberse enseñoreado, esto es, plantear que la familia, y lo que suceda ahí, y solo ahí, generará beneficios o perjuicios a la sociedad, o buenas y malas conductas individuales- se llegó a la conclusión de que deberían fortalecerse las estructuras municipales. Una de ellas, fundamental, era la figura de la policía municipal, como preventiva de las conductas criminales.
Con los años se fueron desencadenando otras reformas que trataron de darle mayor libertad a la vida comunitaria, por la vía de otorgarle mayores funciones recaudadoras y más porcentaje de los recursos federales.
Hoy estamos en el sentido contrario. Ante la impotencia de la federación, y de la clase política, para enfrentar con realismo el tráfico de drogas y sus secuelas criminales, ahora se trata de ubicar a las policías municipales como el centro de la corrupción y la impunidad alcanzadas por los grupos criminales.
Esa propuesta más parece el resultado de una negociación entre las principales fuerzas políticas. Primero el PAN, a través del Secretario de Seguridad Pública (SSPF), Genaro García Luna, ha insistido reiteradamente en la creación de una sola policía, obviamente con mando federal, como mecanismo para enfrentar la crisis de seguridad pública, pero enfrentando hasta acusaciones de ansiar un desmedido control sobre todos los agrupamientos policiales del país y en medio de innumerables señalamientos de gravísimos índices de corrupción e infiltración en los organismos dirigidos por él.
No se necesita recurrir a la hemeroteca para acreditar los elevados índices de corrupción y de conductas anómalas de infinidad de elementos de la SSP, que llevarían a concluir precisamente lo contrario de lo que ahora proponen los gobernadores y el gobierno federal; las experiencias más recientes son desastrosas, particularmente en Juárez en donde los índices de confianza en las fuerzas armadas y las policías federales, después de dos años de vigencia de la OCCh, muestran una pronunciada tendencia a la disminución.
Más aún, por ninguna parte aparecen los estudios, efectuados por especialistas de la materia, por instituciones académicas, o hasta por funcionarios gubernamentales, o policiales, que le demuestren a la sociedad lo adecuado que sería instrumentar tal medida.
De ese modo, la idea de estatalizar las policías, o federalizarlas, da la impresión de ser medidas que al calor de la refriega de los últimos años, con más de 18 mil ejecutados en el país, se le ocurrió a alguno (s) de los mandatarios estatales.
A cambio, no se aprecian la realización de estudios acerca de las medidas financieras para enfrentar a las bandas criminales, o acerca de las consecuencias de la legalización del tráfico de drogas, medidas que en otros ámbitos han demostrado ponerle un freno a la violencia generada por este problema.
Porque ¿Se ha preguntado lo irracional de la situación prevaleciente en México ahora? Pues se permite consumir cualquier droga –ya sabemos que es un problema de salud-, incluso ya tenemos una tabla de la cantidad que podemos portar cada uno, pero ¡Está prohibido comprarla y venderla!
Y contra eso, lo que se nos ocurre es desaparecer a la policía municipal ¿Y porque no empezar por el lavado de dinero, que en voz de los especialistas, en un 70-75% de las ganancias del tráfico de drogas, ingresa a los circuitos formales del dinero?
Y estamos hablando de más de 25 mil millones de dólares al año.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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martes, 6 de abril de 2010
Multinacionales del crimen
El Diario, 6 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Conoce usted una corporación empresarial, o de cualquier tipo, con la capacidad para difundir un mensaje al mismo tiempo, con el mismo texto, en más de media centena de ciudades?
Bueno, pues sólo alguna de las empresas mayores del mercado, las de los refrescos de cola, las cerveceras, etc. pero eso sólo lo pueden hacer con semanas de preparación y empleando recursos millonarios.
¿Podemos imaginarnos a centenares de hombres actuando como si fueran uno solo en pos de acabar con uno de los objetivos y eliminarlo con una terrible eficacia?
No debemos asombrarnos, en México ya contamos con organizaciones de ese tipo, y no son, precisamente, las dedicadas a las actividades lícitas. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, las organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico de drogas ampliaron “el control que ejercen sobre las operaciones de tráfico de drogas en todo el continente”.
Como verdaderas multinacionales, los agrupamientos criminales mexicanos controlan la “producción, el tráfico y la venta de drogas en casi todo el continente” pues ya tienen bajo sus manos la conducción de la droga desde su envío en América del Sur, hasta la distribución en los Estados Unidos, ya que, según el mismo organismo de la ONU, al lado de grupos criminales asiáticos, los mexicanos ya controlan la mayor parte de las distribución de drogas en las calles de los Estados Unidos.
Tajante en tales explicaciones, la JIFE acepta, sin embargo, algo que es de dudarse, pues afirma que la utilización del ejército en el presente sexenio sirvió para desarticular las operaciones de los cárteles en América del Norte. (Nota de La Jornada, 24/II/10).
Coincidente en tales conclusiones del organismo multilateral, un experto italiano en materia de organizaciones criminales, Francesco Forgione, autor del volumen Mafia export (come’Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo), y ocupara la presidencia de la Comisión del Parlamento Italiano contra la mafia entre 2006 y 2009, sostiene que, además, los grupos criminales mexicanos “representan hoy una de las rutas fundamentales para la cocaína y la mafia italiana calabresa de la ’Ndrangheta, distribuidora mundial de esa droga”. (La Jornada, 13/II/10).
Más aún, Forgione afirma que los carteles mexicanos lavan alrededor de 25 mil millones de dólares al año en el país, lo que ubicaría a esta actividad ligeramente por encima de los ingresos petroleros del 2009 (cifra proyectada, pues de enero a octubre de ese año ingresaron 20 mil 231 millones de dólares, mientras en el mismo periodo del 2008 fueron 40 mil millones de dólares. Nota de Milenio-Diario, 20/XI/09).
Más aún, el especialista italiano dice que tres cuartas partes de ese dinero ingresan a los circuitos normales, legales, de las finanzas nacionales, por lo que –es una tremenda obviedad- tiene la suficiente fuerza como para corromper a prácticamente todas las estructuras del Estado y vincularse con las más altas esferas de las finanzas y la política, de donde resulta poco menos que grotesco pensar que con la sola utilización del ejército, y en general de las fuerzas armadas, se pueda enfrentar y derrotar a los grupos criminales.
Lo que se requiere, y en ello coinciden el italiano y el organismo multilateral, es “minar sus recursos y romper sus redes de lavado de dinero” pues tal cantidad de dinero significa la décima parte del total del presupuesto federal para 2010 (3 billones 176 mmdp).
De ese tamaño es la envergadura del crimen organizado en México. De ahí su capacidad de proveerse de tantos elementos como necesite, y si además le sumamos los 70 mil jóvenes ni-ni’s, en Juárez, que ni estudian ni trabajan (Nota de Martha Figueroa, El Diario, 31/III/10) tendremos a la mano el mapa exacto de la actual situación por la que atravesamos, por lo menos en materia de seguridad pública, que económicamente es otro factor fundamental para el recrudecimiento de la inseguridad.
De ese modo, analizado a la luz de los ojos de otros, ajenos a nosotros, la estrategia (La aplicada por Calderón ¿Podrá merecer tal calificativo?) aplicada aparece poco menos que insensata.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
¿Conoce usted una corporación empresarial, o de cualquier tipo, con la capacidad para difundir un mensaje al mismo tiempo, con el mismo texto, en más de media centena de ciudades?
Bueno, pues sólo alguna de las empresas mayores del mercado, las de los refrescos de cola, las cerveceras, etc. pero eso sólo lo pueden hacer con semanas de preparación y empleando recursos millonarios.
¿Podemos imaginarnos a centenares de hombres actuando como si fueran uno solo en pos de acabar con uno de los objetivos y eliminarlo con una terrible eficacia?
No debemos asombrarnos, en México ya contamos con organizaciones de ese tipo, y no son, precisamente, las dedicadas a las actividades lícitas. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, las organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico de drogas ampliaron “el control que ejercen sobre las operaciones de tráfico de drogas en todo el continente”.
Como verdaderas multinacionales, los agrupamientos criminales mexicanos controlan la “producción, el tráfico y la venta de drogas en casi todo el continente” pues ya tienen bajo sus manos la conducción de la droga desde su envío en América del Sur, hasta la distribución en los Estados Unidos, ya que, según el mismo organismo de la ONU, al lado de grupos criminales asiáticos, los mexicanos ya controlan la mayor parte de las distribución de drogas en las calles de los Estados Unidos.
Tajante en tales explicaciones, la JIFE acepta, sin embargo, algo que es de dudarse, pues afirma que la utilización del ejército en el presente sexenio sirvió para desarticular las operaciones de los cárteles en América del Norte. (Nota de La Jornada, 24/II/10).
Coincidente en tales conclusiones del organismo multilateral, un experto italiano en materia de organizaciones criminales, Francesco Forgione, autor del volumen Mafia export (come’Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo), y ocupara la presidencia de la Comisión del Parlamento Italiano contra la mafia entre 2006 y 2009, sostiene que, además, los grupos criminales mexicanos “representan hoy una de las rutas fundamentales para la cocaína y la mafia italiana calabresa de la ’Ndrangheta, distribuidora mundial de esa droga”. (La Jornada, 13/II/10).
Más aún, Forgione afirma que los carteles mexicanos lavan alrededor de 25 mil millones de dólares al año en el país, lo que ubicaría a esta actividad ligeramente por encima de los ingresos petroleros del 2009 (cifra proyectada, pues de enero a octubre de ese año ingresaron 20 mil 231 millones de dólares, mientras en el mismo periodo del 2008 fueron 40 mil millones de dólares. Nota de Milenio-Diario, 20/XI/09).
Más aún, el especialista italiano dice que tres cuartas partes de ese dinero ingresan a los circuitos normales, legales, de las finanzas nacionales, por lo que –es una tremenda obviedad- tiene la suficiente fuerza como para corromper a prácticamente todas las estructuras del Estado y vincularse con las más altas esferas de las finanzas y la política, de donde resulta poco menos que grotesco pensar que con la sola utilización del ejército, y en general de las fuerzas armadas, se pueda enfrentar y derrotar a los grupos criminales.
Lo que se requiere, y en ello coinciden el italiano y el organismo multilateral, es “minar sus recursos y romper sus redes de lavado de dinero” pues tal cantidad de dinero significa la décima parte del total del presupuesto federal para 2010 (3 billones 176 mmdp).
De ese tamaño es la envergadura del crimen organizado en México. De ahí su capacidad de proveerse de tantos elementos como necesite, y si además le sumamos los 70 mil jóvenes ni-ni’s, en Juárez, que ni estudian ni trabajan (Nota de Martha Figueroa, El Diario, 31/III/10) tendremos a la mano el mapa exacto de la actual situación por la que atravesamos, por lo menos en materia de seguridad pública, que económicamente es otro factor fundamental para el recrudecimiento de la inseguridad.
De ese modo, analizado a la luz de los ojos de otros, ajenos a nosotros, la estrategia (La aplicada por Calderón ¿Podrá merecer tal calificativo?) aplicada aparece poco menos que insensata.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
domingo, 4 de abril de 2010
Auto confesiones, evidencia mayoritaria
El Diario, 4 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
El daño es irreparable. La decisión de sacar al ejército de las tareas policiacas y sustituirlo paulatinamente por las policías, federal y municipal, de la vigilancia en el antiguo Paso del Norte, puede ser una medida extremadamente tardía.
El socavamiento de la credibilidad ciudadana hacia las fuerzas armadas, la profundización de la impunidad y el rompimiento del orden legal en Juárez son inmensos. Un factor es fundamental para tal situación, la utilización de una fuerza no preparada para tales tareas. Los métodos aplicados para la detención de muchos de los presuntos sicarios, o integrantes de las bandas criminales adolecieron de monumentales fallas legales, y las violaciones a las garantías constitucionales cometidas por innumerables elementos del ejército, dieron al traste con la confianza de la ciudadanía a las a fuerzas armadas y, además, no impidieron la matazón de Juárez.
Se dijo muchas veces, desde que se empezó a mencionar la posibilidad de incorporar al ejército en las actuales tareas de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), que hacerlo implicaba demasiados riesgos, uno de ellos el de que sus elementos no tenían preparación alguna para acometer tareas policíacas, que su adiestramiento está dirigido a eliminar al “enemigo” y que, por tanto, podían cometer excesos.
Los hechos, por desgracia, han dado una contundente razón a tales planteamientos, varios casos de liberación de presuntos criminales, detenidos por el ejército, o recluidos momentáneamente en las instalaciones militares, muestran fehacientemente tales defectos en la concepción de tales operativos pues en la mayor parte de los casos la única evidencia consistente en su contra es la propia declaración inculpatoria, obtenida en una buena cantidad de ellos, mediante la tortura, sin la presencia de miembros de alguna de las comisiones de derechos humanos y sin la de abogados defensores, pues se comete el error de entregar a los detenidos a las fuerzas militares, como si tal agrupamiento fuera la fuerza ministerial.
Del mismo modo, cuando se aseguran armas, dinero, o cualquier otra evidencia, incluso las narcomantas, en un increíble acto de subordinación, las autoridades civiles declinan se sus facultades y entregan tales evidencias a los mílites.
Los casos que ejemplifican lo anterior son escalofriantes. El 28 del mes anterior, El Diario-Juárez publicó una nota: “Exoneran a dos por crimen de hombre pero continúa proceso por traer armas”. En ella se explicaba que dos presuntos sicarios, acusados de homicidio y portación de armas prohibidas, habían sido liberados por un asesinato cometido el 20 de marzo, debido a que “un Tribunal de Garantía determinó que no había elementos suficientes para iniciar un proceso” en contra de ellos.
Se les mantuvo el segundo pero recibieron la libertad bajo fianza por la cantidad de quince mil pesos. De los hechos solo hubo un testigo –menor de edad- y a pesar de que se enfrentaron a policías, los liberados por orden del juez sólo fueron acusados de ser coautores.
La defensa de los acusados dijo que no había señalamiento directo contra ellos solamente su confesión, obtenida bajo tortura, sostuvo la defensa y mostró un certificado médico, firmado por un galeno del Séptimo Batallón de la Policía Militarizada en el que certifica la existencia de “golpes en el tórax, cráneo, labio superior, mano derecha y una lesión y sangrado en oídos” en uno de los acusados. El otro “presentó lesiones en el tórax”. Ambos acusaron a los soldados de torturarlos.
Este caso es el más demostrativo de todas las cosas que no debe hacer la autoridad. No basta con que los detengan. O lo hacen en plena flagrancia o necesitarán una orden de aprehensión, o de cateo en su caso, y deberán entregar, de inmediato, los detenidos a las autoridades correspondientes.
Otro caso, demostrativo del desbordamiento de las autoridades prejudiciales y su incapacidad, es el señalado por la señora María Elena Villarreal: “Yo le traje al Ministerio Público los nombres, las direcciones, el cuchillo y no han hecho nada…”, le declaró a El Diario-Juárez (19/III/10), luego de reconocer a los presuntos asesinos de su hijo, victimado el 1 de enero.
La Sra. Villarreal acusó a las autoridades judiciales de no atender sus reclamos pues las fuerzas policíacas detuvieron a los presuntos asesinos, luego de cometer un robo a mano armada. Hasta esa fecha seguían libres del cargo de homicidio pues el fiscal no les había levantado ese cargo.
Su relato es desgarrador: “¿Dónde está la justicia?… yo los estoy identificando como homicidas, ya les traje el arma, un cartucho de bala, los nombres, las direcciones, ando detrás de ellos dándoles información que yo no tenía que recabar, ellos tienen que hacer su trabajo, no yo, por eso estoy molesta con esta ley que está ahorita”.
Igual ocurrió con dos de los presuntos sicarios de la masacre de Villas de Salvárcar. Habían sido detenidos y liberados, hasta en dos ocasiones (Nota del Staff, El Diario-Juárez, 18/III/10).
El colmo, habían sido presentados como “multiasesinos desde junio de 2009”. Salieron libres. Según las autoridades, se vieron envueltos en otros hechos delictuosos y fueron detenidos a principios de marzo.
En junio anterior fueron acusados de pertenecer a “la pandilla ‘Los Aztecas’ y de traer armas de fuego”. Los soldados los detuvieron en esa ocasión por conducta “sospechosa”. Al detenerlos, en el vehículo, según el parte del OCCh, les encontraron un arsenal.
No hay problema, salieron libres bajo fianza, impuesta por el agente del Ministerio Público Federal, José Ibarra Limón, “asesinado el 28 de julio del mismo año, horas después de que Luis Alberto Camacho Ramos (uno de los acusados del presente ejemplo) sufriera un atentado en el que resultó lesionado”, debido a que, para sostener la acusación y de su pertenencia a tal agrupamiento criminal, la autoridad no contaba más que con sus propias declaraciones, ninguna otra evidencia ¿Así, cómo?
La segunda detención ocurrió el 7 de octubre, cuando la OCCH presentó a cuatro presuntos sicarios. Entre ellos iban los señalados. Fueron detenidos en posesión de drogas y de armas de fuego y “los responsabilizaron de 25 homicidios, pero únicamente se les consignó a un Juzgado de Distrito por los ilícitos federales” y no de los homicidios, no tuvimos tiempo de fincarles acusaciones por homicidio, dijo el subprocurador Alejandro Pariente.
En marzo fueron detenidos por ser los autores, según las autoridades, de otro par de homicidios. Ya presos, uno de ellos, “fue vinculado a proceso por el homicidio de otro hombre, cuya identidad no fue establecida, a quien supuestamente mató el 12 de julio de 2009”. Esta es la persona que en la declaración ante un agente del Ministerio Público, afirmó que le pagaban mil pesos a la semana por ser “soldado” de “Los Aztecas”. Luego, el 17 de marzo fueron presentados como sospechosos en el caso de Villas de Salvárcar.
No se necesita mucha perspicacia para suponer que serán liberados del cargo de homicidio pues, hasta la fecha, la autoridad no le ha agregado (por lo menos públicamente) ninguna otra evidencia en su contra.
Una golondrina no hace verano, dirá alguno de los lectores, el problema es que lo hasta aquí planteado tiene una siniestra conexión con los datos publicados por El Diario.
No sorprenden las cifras publicadas (Nota de Blanca Carmona, El Diario, 1/04/10) acerca del rezago de la PGR. Ante los casi cinco mil asesinatos ocurridos en Juárez de enero de 2008 a la fecha (626 en lo que va del año –hasta el último día de marzo-), la delegación Chihuahua de la PGR tiene abiertas alrededor de mil 300 indagatorias, de las cuales, 941 están rezagadas, en una estadística contrastante con los discursos del Secretario de Seguridad Pública Federal y del Procurador General de la República, en la última visita de Felipe Calderón a esa ciudad, en la que afirmaron la tendencia a la baja de las cifras de mortalidad.
Más aún, del total de las indagatorias, 320 corresponden al presente año.
El tamaño del problema es enorme, incluso cuantitativamente. Según el delegado de la PGR, Héctor García, en el estado se encuentran 72 agentes del Ministerio Público, de los cuales 43 es asignados a Juárez. Pero de esas mil 300 causas, sólo 128 han sido turnadas a los jueces de Distrito, y sólo en la mitad de ellos “se logró la detención de los sospechosos y fueron presentados”.
Si tales son las evidencias, que muestran una incompetencia supina y una absoluta falta de estrategia, -de ahí los frecuentes errores cometidos en la detención de presuntos criminales y el increíble rezago- ¿Cómo pueden esperarse resultados positivos de la OCCh?
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
El daño es irreparable. La decisión de sacar al ejército de las tareas policiacas y sustituirlo paulatinamente por las policías, federal y municipal, de la vigilancia en el antiguo Paso del Norte, puede ser una medida extremadamente tardía.
El socavamiento de la credibilidad ciudadana hacia las fuerzas armadas, la profundización de la impunidad y el rompimiento del orden legal en Juárez son inmensos. Un factor es fundamental para tal situación, la utilización de una fuerza no preparada para tales tareas. Los métodos aplicados para la detención de muchos de los presuntos sicarios, o integrantes de las bandas criminales adolecieron de monumentales fallas legales, y las violaciones a las garantías constitucionales cometidas por innumerables elementos del ejército, dieron al traste con la confianza de la ciudadanía a las a fuerzas armadas y, además, no impidieron la matazón de Juárez.
Se dijo muchas veces, desde que se empezó a mencionar la posibilidad de incorporar al ejército en las actuales tareas de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), que hacerlo implicaba demasiados riesgos, uno de ellos el de que sus elementos no tenían preparación alguna para acometer tareas policíacas, que su adiestramiento está dirigido a eliminar al “enemigo” y que, por tanto, podían cometer excesos.
Los hechos, por desgracia, han dado una contundente razón a tales planteamientos, varios casos de liberación de presuntos criminales, detenidos por el ejército, o recluidos momentáneamente en las instalaciones militares, muestran fehacientemente tales defectos en la concepción de tales operativos pues en la mayor parte de los casos la única evidencia consistente en su contra es la propia declaración inculpatoria, obtenida en una buena cantidad de ellos, mediante la tortura, sin la presencia de miembros de alguna de las comisiones de derechos humanos y sin la de abogados defensores, pues se comete el error de entregar a los detenidos a las fuerzas militares, como si tal agrupamiento fuera la fuerza ministerial.
Del mismo modo, cuando se aseguran armas, dinero, o cualquier otra evidencia, incluso las narcomantas, en un increíble acto de subordinación, las autoridades civiles declinan se sus facultades y entregan tales evidencias a los mílites.
Los casos que ejemplifican lo anterior son escalofriantes. El 28 del mes anterior, El Diario-Juárez publicó una nota: “Exoneran a dos por crimen de hombre pero continúa proceso por traer armas”. En ella se explicaba que dos presuntos sicarios, acusados de homicidio y portación de armas prohibidas, habían sido liberados por un asesinato cometido el 20 de marzo, debido a que “un Tribunal de Garantía determinó que no había elementos suficientes para iniciar un proceso” en contra de ellos.
Se les mantuvo el segundo pero recibieron la libertad bajo fianza por la cantidad de quince mil pesos. De los hechos solo hubo un testigo –menor de edad- y a pesar de que se enfrentaron a policías, los liberados por orden del juez sólo fueron acusados de ser coautores.
La defensa de los acusados dijo que no había señalamiento directo contra ellos solamente su confesión, obtenida bajo tortura, sostuvo la defensa y mostró un certificado médico, firmado por un galeno del Séptimo Batallón de la Policía Militarizada en el que certifica la existencia de “golpes en el tórax, cráneo, labio superior, mano derecha y una lesión y sangrado en oídos” en uno de los acusados. El otro “presentó lesiones en el tórax”. Ambos acusaron a los soldados de torturarlos.
Este caso es el más demostrativo de todas las cosas que no debe hacer la autoridad. No basta con que los detengan. O lo hacen en plena flagrancia o necesitarán una orden de aprehensión, o de cateo en su caso, y deberán entregar, de inmediato, los detenidos a las autoridades correspondientes.
Otro caso, demostrativo del desbordamiento de las autoridades prejudiciales y su incapacidad, es el señalado por la señora María Elena Villarreal: “Yo le traje al Ministerio Público los nombres, las direcciones, el cuchillo y no han hecho nada…”, le declaró a El Diario-Juárez (19/III/10), luego de reconocer a los presuntos asesinos de su hijo, victimado el 1 de enero.
La Sra. Villarreal acusó a las autoridades judiciales de no atender sus reclamos pues las fuerzas policíacas detuvieron a los presuntos asesinos, luego de cometer un robo a mano armada. Hasta esa fecha seguían libres del cargo de homicidio pues el fiscal no les había levantado ese cargo.
Su relato es desgarrador: “¿Dónde está la justicia?… yo los estoy identificando como homicidas, ya les traje el arma, un cartucho de bala, los nombres, las direcciones, ando detrás de ellos dándoles información que yo no tenía que recabar, ellos tienen que hacer su trabajo, no yo, por eso estoy molesta con esta ley que está ahorita”.
Igual ocurrió con dos de los presuntos sicarios de la masacre de Villas de Salvárcar. Habían sido detenidos y liberados, hasta en dos ocasiones (Nota del Staff, El Diario-Juárez, 18/III/10).
El colmo, habían sido presentados como “multiasesinos desde junio de 2009”. Salieron libres. Según las autoridades, se vieron envueltos en otros hechos delictuosos y fueron detenidos a principios de marzo.
En junio anterior fueron acusados de pertenecer a “la pandilla ‘Los Aztecas’ y de traer armas de fuego”. Los soldados los detuvieron en esa ocasión por conducta “sospechosa”. Al detenerlos, en el vehículo, según el parte del OCCh, les encontraron un arsenal.
No hay problema, salieron libres bajo fianza, impuesta por el agente del Ministerio Público Federal, José Ibarra Limón, “asesinado el 28 de julio del mismo año, horas después de que Luis Alberto Camacho Ramos (uno de los acusados del presente ejemplo) sufriera un atentado en el que resultó lesionado”, debido a que, para sostener la acusación y de su pertenencia a tal agrupamiento criminal, la autoridad no contaba más que con sus propias declaraciones, ninguna otra evidencia ¿Así, cómo?
La segunda detención ocurrió el 7 de octubre, cuando la OCCH presentó a cuatro presuntos sicarios. Entre ellos iban los señalados. Fueron detenidos en posesión de drogas y de armas de fuego y “los responsabilizaron de 25 homicidios, pero únicamente se les consignó a un Juzgado de Distrito por los ilícitos federales” y no de los homicidios, no tuvimos tiempo de fincarles acusaciones por homicidio, dijo el subprocurador Alejandro Pariente.
En marzo fueron detenidos por ser los autores, según las autoridades, de otro par de homicidios. Ya presos, uno de ellos, “fue vinculado a proceso por el homicidio de otro hombre, cuya identidad no fue establecida, a quien supuestamente mató el 12 de julio de 2009”. Esta es la persona que en la declaración ante un agente del Ministerio Público, afirmó que le pagaban mil pesos a la semana por ser “soldado” de “Los Aztecas”. Luego, el 17 de marzo fueron presentados como sospechosos en el caso de Villas de Salvárcar.
No se necesita mucha perspicacia para suponer que serán liberados del cargo de homicidio pues, hasta la fecha, la autoridad no le ha agregado (por lo menos públicamente) ninguna otra evidencia en su contra.
Una golondrina no hace verano, dirá alguno de los lectores, el problema es que lo hasta aquí planteado tiene una siniestra conexión con los datos publicados por El Diario.
No sorprenden las cifras publicadas (Nota de Blanca Carmona, El Diario, 1/04/10) acerca del rezago de la PGR. Ante los casi cinco mil asesinatos ocurridos en Juárez de enero de 2008 a la fecha (626 en lo que va del año –hasta el último día de marzo-), la delegación Chihuahua de la PGR tiene abiertas alrededor de mil 300 indagatorias, de las cuales, 941 están rezagadas, en una estadística contrastante con los discursos del Secretario de Seguridad Pública Federal y del Procurador General de la República, en la última visita de Felipe Calderón a esa ciudad, en la que afirmaron la tendencia a la baja de las cifras de mortalidad.
Más aún, del total de las indagatorias, 320 corresponden al presente año.
El tamaño del problema es enorme, incluso cuantitativamente. Según el delegado de la PGR, Héctor García, en el estado se encuentran 72 agentes del Ministerio Público, de los cuales 43 es asignados a Juárez. Pero de esas mil 300 causas, sólo 128 han sido turnadas a los jueces de Distrito, y sólo en la mitad de ellos “se logró la detención de los sospechosos y fueron presentados”.
Si tales son las evidencias, que muestran una incompetencia supina y una absoluta falta de estrategia, -de ahí los frecuentes errores cometidos en la detención de presuntos criminales y el increíble rezago- ¿Cómo pueden esperarse resultados positivos de la OCCh?
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jueves, 1 de abril de 2010
Ni perdón ni olvido
El Diario, 1 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Con motivo del octavo aniversario de la desaparición de Paloma Escobar, y el posterior hallazgo de su cadáver, su madre, Norma Ledezma, ahora coordinadora de Justicia para nuestras hijas, presentó una investigación sobre los efectos causados por el asesinato de Paloma, en un episodio más de la exigencia de encontrar a los responsables de su muerte.
Ocho años después de este asesinato en la ciudad de Chihuahua, recobra actualidad (la que nunca la perderá para sus allegados, menos en las circunstancias que rodearon su desaparición) pues este caso, y los que sucedieron en los dos años previos en la capital del estado, y fundamentalmente los acaecidos en Juárez en la década anterior durante los gobiernos del panista Francisco Barrio y el priista Patricio Martínez son de los primeros indicios (y vaya de qué envergadura) del exasperante clima de impunidad hoy prevaleciente en la entidad.
Importa detenerse en los ocurridos en los inicios de la actual década en Chihuahua capital pues, a diferencia de Juárez, el activismo de las madres y de un grupo de activistas le ha dado permanencia a su exigencia del total esclarecimiento de las desapariciones y asesinatos de jóvenes ocurridas en esa ciudad y le da plena vigencia al título del presente comentario.
Regresar a tales hechos conlleva a rememorar la conducta de quienes tenían la obligación de esclarecer los hechos, su responsabilidad y la de sus sucesores en esa altísima encomienda social. Por supuesto no son buenas cuentas, ni para los familiares, ni para la sociedad.
Encontrado el cadáver de Paloma Angélica Escobar Ledezma ocho años atrás, llegaba a cinco el número de jóvenes encontradas muertas en lugares cercanos a la ciudad de Chihuahua. Entre febrero de 1999 y marzo del 2002 se habían reportado catorce jóvenes desaparecidas en el antiguo San Felipe el Real, cuando la ola feminicida había amainado en Juárez y los reclamos de su sociedad habían disminuido.
2003 fue un doloroso año para los capitalinos; inició con la desaparición de Diana García, las protestas crecieron a partir de la desaparición de Viviana Rayas, hija del dirigente de los trabajadores de la SCT, José Rayas, también en marzo; dos meses después desaparecía Neyra Cervantes y en ese mismo año Claudia Urías.
A las graves fallas, abusos y omisiones cometidas por las autoridades prejudiciales en Juárez (ya había ocurrido el hallazgo de los cadáveres del campo algodonero y la renuncia del jefe del departamento de periciales debido a que no aceptó modificar sus dictámenes) se le sumaron las cometidas por sus colegas en Chihuahua. En el caso de Paloma Escobar llegaron al extremo –la entonces comandanta Gloria Cobos- de “sembrar” pruebas, con la intención de acusar al novio, para lo cual, al desgaire, se le “ocurrió” dejar en las cercanías del lugar en el que encontraron el cuerpo, la foto del joven.
Luego, ante las protestas de un sinnúmero de burócratas federales, en apoyo a José Rayas en la exigencia de encontrar a su hija, el entonces subprocurador general de Justicia, Jesús Antonio Piñón Jiménez, anunció que renunciaría a su cargo como segundo al mando en la PGJE, de no localizar a la joven desaparecida. Del mismo modo, el subprocurador de la Zona Occidente, Alejandro Astudillo, se pronunció igual.
Ni renunciaron, ni encontraron a Vivis; más aún, unos meses después, Piñón ocuparía la titularidad de la dependencia.
No pasó nada.
Es lo ocurrido a lo largo de casi una década, no obstante el cambio de gobernante estatal y de concepciones en la procuraduría. Justicia es el reclamo de las familias de las víctimas y de una sociedad que asistió horrorizada al crecimiento del clima de impunidad, que abarcaba a unas cuantas familias, no sabíamos que se cultivaba el agravamiento de la enfermedad, que sus dimensiones eran, ya entonces, impensables y que hoy es el principal factor de la violentísima ola homicida abatida sobre nosotros.
Entonces, como ahora, la impunidad campea en Chihuahua.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
Con motivo del octavo aniversario de la desaparición de Paloma Escobar, y el posterior hallazgo de su cadáver, su madre, Norma Ledezma, ahora coordinadora de Justicia para nuestras hijas, presentó una investigación sobre los efectos causados por el asesinato de Paloma, en un episodio más de la exigencia de encontrar a los responsables de su muerte.
Ocho años después de este asesinato en la ciudad de Chihuahua, recobra actualidad (la que nunca la perderá para sus allegados, menos en las circunstancias que rodearon su desaparición) pues este caso, y los que sucedieron en los dos años previos en la capital del estado, y fundamentalmente los acaecidos en Juárez en la década anterior durante los gobiernos del panista Francisco Barrio y el priista Patricio Martínez son de los primeros indicios (y vaya de qué envergadura) del exasperante clima de impunidad hoy prevaleciente en la entidad.
Importa detenerse en los ocurridos en los inicios de la actual década en Chihuahua capital pues, a diferencia de Juárez, el activismo de las madres y de un grupo de activistas le ha dado permanencia a su exigencia del total esclarecimiento de las desapariciones y asesinatos de jóvenes ocurridas en esa ciudad y le da plena vigencia al título del presente comentario.
Regresar a tales hechos conlleva a rememorar la conducta de quienes tenían la obligación de esclarecer los hechos, su responsabilidad y la de sus sucesores en esa altísima encomienda social. Por supuesto no son buenas cuentas, ni para los familiares, ni para la sociedad.
Encontrado el cadáver de Paloma Angélica Escobar Ledezma ocho años atrás, llegaba a cinco el número de jóvenes encontradas muertas en lugares cercanos a la ciudad de Chihuahua. Entre febrero de 1999 y marzo del 2002 se habían reportado catorce jóvenes desaparecidas en el antiguo San Felipe el Real, cuando la ola feminicida había amainado en Juárez y los reclamos de su sociedad habían disminuido.
2003 fue un doloroso año para los capitalinos; inició con la desaparición de Diana García, las protestas crecieron a partir de la desaparición de Viviana Rayas, hija del dirigente de los trabajadores de la SCT, José Rayas, también en marzo; dos meses después desaparecía Neyra Cervantes y en ese mismo año Claudia Urías.
A las graves fallas, abusos y omisiones cometidas por las autoridades prejudiciales en Juárez (ya había ocurrido el hallazgo de los cadáveres del campo algodonero y la renuncia del jefe del departamento de periciales debido a que no aceptó modificar sus dictámenes) se le sumaron las cometidas por sus colegas en Chihuahua. En el caso de Paloma Escobar llegaron al extremo –la entonces comandanta Gloria Cobos- de “sembrar” pruebas, con la intención de acusar al novio, para lo cual, al desgaire, se le “ocurrió” dejar en las cercanías del lugar en el que encontraron el cuerpo, la foto del joven.
Luego, ante las protestas de un sinnúmero de burócratas federales, en apoyo a José Rayas en la exigencia de encontrar a su hija, el entonces subprocurador general de Justicia, Jesús Antonio Piñón Jiménez, anunció que renunciaría a su cargo como segundo al mando en la PGJE, de no localizar a la joven desaparecida. Del mismo modo, el subprocurador de la Zona Occidente, Alejandro Astudillo, se pronunció igual.
Ni renunciaron, ni encontraron a Vivis; más aún, unos meses después, Piñón ocuparía la titularidad de la dependencia.
No pasó nada.
Es lo ocurrido a lo largo de casi una década, no obstante el cambio de gobernante estatal y de concepciones en la procuraduría. Justicia es el reclamo de las familias de las víctimas y de una sociedad que asistió horrorizada al crecimiento del clima de impunidad, que abarcaba a unas cuantas familias, no sabíamos que se cultivaba el agravamiento de la enfermedad, que sus dimensiones eran, ya entonces, impensables y que hoy es el principal factor de la violentísima ola homicida abatida sobre nosotros.
Entonces, como ahora, la impunidad campea en Chihuahua.
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