domingo, 31 de julio de 2016

Derrota ratificada

El Diario, 31 de julio de 2016
Luis Javier Valero Flores
La resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE), que confirma el triunfo de Javier Corral en la elección de gobernador de Chihuahua para el período 2016-2021, evidenció la debilidad de los argumentos esgrimidos por el PRI para solicitar la anulación de la elección.
Contra los interesados rumores -todavía en estos días- de que se presentaría una votación dividida de los magistrados electorales, la resolución fue aprobada por unanimidad de los magistrados electorales.
Durante largas semanas, el PRI había argumentado que la elección del 5 de junio había carecido de certeza debido a que no existían los documentos que comprobaran el manejo adecuado de las boletas electorales; que existía un número superior de éstas al que las autoridades electorales habían reportado; que un sinnúmero de personas ajenas a lo señalado por la ley habían participado en la recepción de los paquetes electorales en las asambleas municipales y que esto había alterado los resultados electorales.
La argumentación del PRI es congruente con lo que en corto sostienen muchos de los más connotados integrantes del equipo gobernante, pero no sólo, en el sentido que existió una vasta operación electoral, desde el “centro”, puesta en marcha para hacer que el PRI perdiera la elección del modo como lo hizo. No admiten la derrota.
La resolución estableció que no existió falta de certeza en la elección y determinó infundadas las causales que presentó el PRI.
Le queda el recurso de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero, de acuerdo con la resolución y los antecedentes de las resoluciones emitidas por el TEE, pocas posibilidades -prácticamente ninguna- tienen de que el órgano electoral les conceda la razón.
Muchos de los priistas de los primeros y segundos niveles arguyen que el resultado electoral “está muy raro”; al decirlo, hasta le agregan un aire de suspenso, de que se tramó esa operación en las muy elevadas alturas del poder en México; de ahí el principal de sus argumentos, el de la falta de certidumbre en el número de boletas mandadas imprimir y en las supuestas discrepancias entre las boletas recibidas por las distintas instancias de los órganos electorales y las reportadas al final del ejercicio electoral.
Es decir, si las boletas se imprimieron en los Talleres Gráficos de la Nación, entonces ahí empezó dicha operación, sería la lógica de quienes impugnaron la elección del pasado mes de junio.
Solo así se puede sustentar la impugnación, porque los argumentos esgrimidos parecieran los usados normalmente por los partidos de oposición, cuando enfrentan la puesta en operación de la maquinaria gubernamental para favorecer a los candidatos oficiales; en la argumentación de la impugnación, el PRI se asumió como el partido de oposición en Chihuahua que enfrentó -pongámosle nombre- la operación electoral ordenada por el presidente Peña Nieto.
¡Híjole!
¿En dónde quedaron, entonces, los muy frecuentes rumores, a lo largo del sexenio, de que el gobernador César Duarte sería llamado a integrarse al gabinete presidencial?
No cuadran ¿Cómo compaginar una cosa con la otra? ¿Cómo entender que el presidente, por un lado, considere como uno de sus favoritos al gobernante chihuahuense y, por otro, monte una vasta operación para que su partido y el candidato que, además, era el favorito del ballezano, pierdan de la manera como lo hicieron?
Otro de los principales argumentos esgrimidos por el PRI consistió en la gran cantidad de errores asentados en las actas de escrutinio y cómputo. No fueron relevantes los errores, dictaminó el TEE.
Pero este argumento de la dirigencia estatal era increíble ¿Cómo denunciar la existencia de un enorme número de errores en las actas de las casillas sin que sus representantes en las asambleas municipales no los hubiesen descubierto y, por consiguiente, subsanado en esa instancia, que era la óptima, porque permitía, de acuerdo con la ley, abrir los paquetes electorales y efectuar el recuento de los votos emitidos en las casillas que se encontraran en ese supuesto?
Increíble.
A cambio, “Los cinco magistrados que conforman el Pleno del órgano jurisdiccional electoral determinaron que no existieron elementos ni irregularidades para anular la elección, como lo pidió la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el juicio de impugnación que presentó”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 30/VII/16).
Los magistrados anularon los resultados de 107 casillas impugnadas, equivalentes al 2% del total de las instaladas en la jornada electoral y le restaron  al candidato del PAN casi 9 mil votos y 7 mil 500 al del PRI, con lo que Javier Corral obtuvo oficialmente 508 mil 77 votos (39.1% de la votación), por 393 mil 20 (30.75%) de Enrique Serrano.
A su vez, José Luis Barraza se quedó con 237 mil 849 votos (18.54%), de los 1 millón 278 mil 633 emitidos oficialmente.
El “repasón” jurídico de los magistrados electorales al PRI es de antología, le dijeron al ejército de 650 abogados de este partido que no habían substanciado ni probado los agravios esgrimidos y que, a pesar de ello, precisamente para darle certeza a los chihuahuenses, decidieron “estudiar con exhaustividad el caso… Hoy Chihuahua tiene que estar claro que el trabajo que se realiza es en apego a Derecho, hubo omisiones, sí hubo omisiones en actas, pero fue omisión, no falta de certeza y se buscó la información en los documentos para corroborarlo”, argumentaría el presidente del TEE, el magistrado César Wong Meraz, encargado del proyecto de resolución.
Y es que en cada uno de los rubros de la impugnación los magistrados presentaron resultados puntuales.
Así, ante el argumento del PRI acerca de que en 2285 casillas se entregó el paquete electoral, sin causa justificada, fuera de los plazos señalados por la ley, el TEE encontró que en mil 364 se entregaron en los tiempos legales y que en el resto sólo en 34 casillas los paquetes habían mostrado alteraciones, razón por la que fueron anulados los resultados de éstas.
A su vez, ante el argumento del PRI que en 3289 casillas la recepción de la votación se hizo por personas ajenas o por organismos distintos a los señalados por la ley, el tribunal dictaminó que sólo en 43 casillas hubo personas que participaron en el proceso de recepción y que no se encontraban en el listado nominal de la sección. También fueron anuladas.
Por otra parte, ante la argumentación priista, en el sentido de que en 2 mil 318 casillas hubo dolo o error en la computación de los votos, que pudiera ser determinante para el resultado de la elección, los magistrados le dieron la razón solamente en 65 casillas. 
En total, del conjunto de las supuestas anomalías denunciadas por el PRI y los partidos aliados, el TEE encontró fallas en 107 casillas, las que fueron anuladas.
Además, el TEE no encontró fundada la afirmación del PRI en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral había vulnerado la distribución de competencias respecto la impresión y distribución de las boletas electorales; el IEE sí aprobó el número de boletas a imprimir. Además, el órgano electoral sí supervisó, sostuvo el TEE por unanimidad, “la impresión de las boletas, su traslado y resguardo”.
Y declaró “infundado el agravio relativo a la corroboración del número de boletas electorales recibidas” por los presidentes de las casillas.
Lo que sí encontró el TEE es que en 1531 casillas no se remitieron los listados nominales correspondientes a cada una de ellas.
La más importante -porque en ella puso todo el peso el PRI en su impugnación y en los argumentos públicos-, la del  número de boletas, el TEE determinó que “es inoperante el agravio de que existen diferencias entre las boletas recibidas y sobrantes asentadas en actas de escrutinio y cómputo que ascienden a 171 mil 506 boletas”.
¡Vóytelas!
Bueno, pues a pesar de lo anterior, el grupo gobernante -aparentemente- no acepta la realidad. El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rodrigo de la Rosa, determinante en la aprobación de la norma electoral hoy vigente- sostuvo que el fallo del TEE “no fue apegado a derecho” pues “hubo presión de Javier Corral y el PAN”.
Anclado, ya, en el papel de opositores, afirmó que vio “un desaseo muy grande en esta elección pasada, la cual deja mucho que desear por parte de los órganos electorales, por lo que el PRI está peleando por la transparencia, la equidad, el compromiso y la pulcritud del ejercicio de la elección”.
Era lo único que faltaba. 
A lo largo del sexenio, las batallas jurídicas sostenidas por el gobierno de Chihuahua, en contra de distintos actores y diversos asuntos, todos relacionadas con los excesos del poder, las perdió ante las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, les faltaban los litigios electorales. Ahora hasta en las instancias locales los pierden, no lo entienden.
Debieran, la derrota impuesta por la mayoría de los chihuahuenses es apabullante y, ahora, ha sido ratificada por los tribunales.

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jueves, 28 de julio de 2016

Espantosa realidad

El Diario, 28 de julio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Pasan los años y lo que fue uno de los peores azotes de Juárez, cuyo reflejo más visible era la fase extrema, el asesinato de mujeres, aún sigue presente y, quizá, en magnitudes mayores.
De acuerdo con el “Primer Informe de Hallazgos de Casa Amiga, la dinámica de la violencia contra las mujeres en Juárez, 2013-2016”, la violencia hacia las mujeres en Juárez se ha acrecentado, a juzgar por el número de casos atendidos diariamente por esta institución, señera en el país en su género, fundada por una de las juarenses más distinguidas de la segunda mitad del siglo XX a la fecha, Esther Chávez Cano, quien la defendió contra viento y marea.
La tragedia se incuba en el hogar pues los esposos son los principales agresores de las mujeres víctimas. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 27/VII/16).
Son de espanto las cifras presentadas. Durante los últimos tres años, cuando Juárez “dejó de ser considerada la ciudad más peligrosa del mundo para convertirse en el modelo exitoso por la rápida recuperación de la seguridad”, Casa Amiga atendió a 18 mil 950 víctimas de la violencia contra la mujer. (Ibídem).
“Es decir, 15 mujeres llegaron diariamente a pedir ayuda a Casa Amiga por sufrir algún tipo de agresión”. (Ibídem).
El estudio echa por tierra una gran cantidad de consejas alrededor de la violencia ejercida en contra de las mujeres en el antiguo Paso del Norte: Son los esposos y las parejas los principales agresores y, con mucho, los esposos (constituyen el 55.5% de los agresores) superan a los que no habían legalizado su unión (que son el 28.3%), lo que contradice uno de los principales argumentos esgrimidos en contra de las uniones “libres”.
No, quienes acudieron ante el juez -casi 6 de cada 10- para legalizar su matrimonio, se sintieron facultados para ejercer el máximo del dominio sobre sus esposas, hasta el grado de la violencia, fundamentalmente la física, aunque no solo, lo que hace de Juárez una ciudad que “no garantiza una vida digna y segura para la mujer”, de acuerdo con el estudio, presentado por la investigadora y activista, Julia Monárrez Fragoso.
Otra de las falacias construidas en este tema es que la mayoría de las víctimas  no vinieron de fuera, el 56.2 por ciento proviene del estado de Chihuahua, sobre todo de Juárez, Chihuahua capital y Parral; de Durango el 17% (cifra empata con la de la composición de la población estatal, ese porcentaje de los residentes en Chihuahua proceden del vecino estado); de Coahuila 9% y 7% de Veracruz.
Asimismo, apareció otro dato aún más preocupante, el de la disminución de la edad de las agredidas, al pasar de los rangos de entre 25 a 45 años de edad, al de entre 18 y 39 años y confirmarse el perfil mayoritario de las víctimas: 
Casi 4 de cada 10 sólo habían concluido los estudios básicos y la mayoría dedicadas a las actividades domésticas en su hogar, lo que acrecienta su indefensión pues devela “las pocas oportunidades académicas y laborales que tienen las mujeres en Ciudad Juárez… y la falta de políticas públicas para atender este problema”, como aseveró Lidia Cordero, la Directora de Casa Amiga.
Y efectivamente, la ausencia de esas políticas se refleja, también, en los aspectos más generales de los índices delictivos, en los que Chihuahua ocupó el primer lugar en la comisión de homicidios a lo largo de los últimos cinco años, en los se presentaron 12 mil 701, de acuerdo con los estudios del INEGI, lo que ubicó la tasa de homicidios en 70 por cada 100 mil habitantes, en tanto que la tasa nacional fue de 19. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, ahoramismo.mx, 25/VII/16).
Si bien los años de mayor incidencia fueron en 2011 y 2012 (de los ahora analizados) pues en el primer año se registraron 4 mil 500 y en 2015 mil 541 -una disminución del 65.7%- lo cierto es que los homicidios presentados en Chihuahua superan la media nacional y son más que los ocurridos en 2007, último año previo al del baño de sangre sufrido por los chihuahuenses.
Bueno, pues de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, alrededor del 40% de los homicidios no tuvieron relación con el crimen organizado, lo que nos lleva, de nuevo, al escenario inicial de la presente entrega, tenemos un grave problema en la sociedad chihuahuense, el que no se ha enfrentado, ya no adecuadamente, no, no se ha enfrentado, los feminicidios y las agresiones a las mujeres son una de las más espantosas caras de esa realidad.

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Desmiente Caro Quintero guerra con cárteles

Luis Javier Valero Flores
Mega Radio 860, Juárez, Chih., 25 de julio de 2016

Prácticamente sacada de la manga, la explicación más reciente ofrecida por el Fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás, sobre el incremento de las cifras de homicidio, podría quedar totalmente descartada con la ofrecida por Rafael Caro Quintero al semanario Proceso (Nota de Anabel Hernández, Proceso 2073, 24/VII/16).
González había dicho que Caro Quintero le estaba disputando al Cártel de Sinaloa la hegemonía en Chihuahua, dando por descartado el hecho de que esta agrupación criminal habría vencido al Cártel de Juárez. Caro se alió con el grupo de los Beltrán Leyva, sostuvo el fiscal chihuahuense.
“Es falso, son mentiras… Tanto lo que ustedes sacaron (Proceso, con relación a la presunta guerra con el cártel), como el fiscal de Chihuahua o el general (el comandante de la Tercera Región Militar, Alfonso Duarte Múgica), es falso, son mentiras. El tiempo me va a dar la razón… lo único que busco es paz”, declaró Rafael Caro.
Las afirmaciones del fiscal se habían dado pocos días después del ataque de un grupo armado a la residencia de la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, atribuido a los Beltrán Leyva.
Comentó que no tiene ninguna relación con la familia Beltrán Leyva ni con Joaquín “El Chapo” Guzmán, por lo cual dijo, “no estoy relacionado con ningún problema de esta índole y menos estoy involucrado en una guerra” y descartó que le hubiesen grabado supuestas conversaciones telefónicas pues, dijo, ni siquiera ha utilizado las telecomunicaciones.
Y en ese momento develó, sin decirlo, uno de los objetivos que buscaba al otorgar la entrevista; le dijo a la reportera, usted ya tiene mi voz (en la grabación de la entrevista), "que la comparen con las grabaciones que tiene el general".
No negó haberse reunido con algunos de los señalados como jefes de los grupos delincuenciales, con Ismael “El Mayo” Zambada García, al que se señala como el actual líder del Cártel de Sinaloa, y con El Chapo Guzmán, a los que les expresó que ya no quería nada con cosas ilicítas y que a los Beltrán Leyva ni los conoce.
Es de tal magnitud la crisis de credibilidad de los gobernantes que si se planteara a quién creerle más, es muy posible que Caro Quintero cuente con mayor credibilidad que el funcionario chihuahuense encargado de la seguridad y la procuración de justicia.
Y es que de acuerdo con el recuento efectuado por el portal digital www.ahoramismo.mx, "Van más víctimas de homicidios en la era Duarte que en la de Reyes Baeza" (Nota de Alejandro Salmón, 11/VII/16), con lo cual echa por tierra una de las cosas de las que más se enorgullece el actual gobernador.
Por eso se antoja menos creíble la versión del fiscal, que un hombre recientemente salido de la cárcel, al que ni se le persiguió, ni se le acusó de dirigir, desde la prisión, un grupo delictivo, ahora sea señalado por disputarle la hegemonía criminal, no a un grupo de esos, sino a dos de los más importantes y más poderosos, como lo son las agrupaciones señaladas líneas arriba.
Según el estudio de Salmón, la cifra de homicidios ocurridos en el presente sexenio es mayor en 11% a los presentados en el del anterior gobernador, José Reyes Baeza.
Para esto tomó los datos publicados por el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre octubre del 2004 y mayo del 2010, se registraron 12 mil 884 víctimas de homicidio en el estado.
"En un período similar, es decir: de octubre del 2010, cuando inició la actual administración, y mayo del 2016, la cuenta de víctimas de homicidio va en 14 mil 385, lo cual representa una diferencia de 1,501 casos más durante la gestión del gobernador César Duarte Jáquez respecto a la de su antecesor".
En ambos casos, el 20 por ciento de los homicidios son de tipo culposo y el restante 80 son de tipo doloso.
De ahí, entonces, que se antoje poco creíble la supuesta guerra lanzada por Caro Quintero en contra del Chapo Guzmán o del Mayo Zambada, en el supuesto, también, que éste último sea el nuevo jefe del grupo de Sinaloa, para explicar el incremento, preocupante, de los homicidios en Chihuahua, a pesar de que, nacionalmente, estemos en este momento en el cuarto lugar por el número de casos presentados.

Una cosa sí se podría creérsele a la actual administración, que en el total de incidencias delictivas sí ha habido un disminución, pero de ninguna manera en los números totales que manejan, la diferencia podría ser que ahora los "daños colaterales" son menores, pero nadie podría asegurar que no podrían, nuevamente, crecer.

domingo, 24 de julio de 2016

Elección referendista

El Diario, 24 de julio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Podrán agregárseles muchas cosas, quitárseles otras tantas, pero el hecho, duro, contundente, es que la elección del 5 de junio pasado fue una especie de referéndum sobre el gobierno de César Duarte.
También lo fue sobre el PRI, pero ese juicio puede atenuarse y confirmarse la anterior debido a que una buena cantidad de militantes y simpatizantes priistas también votaron en contra de los candidatos del partido gobernante. 
Y lo hicieron de ese modo, porque a su parecer, -y al de cientos de miles de chihuahuenses que no son simpatizantes del tricolor- la mayoría de los postulados, en primerísima fila el candidato al gobierno, Enrique Serrano, respondían a los deseos del aún gobernante.
Muchos lo hicieron porque vieron en tales candidaturas -a pesar de que formalmente la postulación la haya realizado el Comité Nacional de ese partido- la pretensión de continuar en el poder y, para la absoluta mayoría de esos votantes, la intención de no castigar las supuestas, o reales, corruptelas cometidas por el mandatario.
De ahí el éxito del eje de la campaña de Javier Corral. Si había aquella percepción en la mayoría de la sociedad, el anuncio de que lo llevaría a la cárcel prendió como fuego en la pradera seca.
Deberemos recordarlo. Ante el anuncio de la candidatura de Corral, infinidad de personas, con insistencia, se hicieron la pregunta -¿Y si lo meterá a la cárcel?-. Con  toda seguridad, ese tema constituyó el eje de los comentarios y discusiones de numerosas chihuahuenses.
No estaba a discusión si el gobierno de Duarte había realizado obra pública -estaba descartada de antemano-, o si había instituido la matrícula universal en educación media y superior (Con excesos en la denostación de esta materia como la del maestro universitario Enrique Rascón, quien arguye que haber aumentado la matrícula en la Facultad de Medicina de la Uach fue ¡Para usarlos en la elección de rector!); o si había mejorado o no la seguridad pública, o tantas otras cosas buenas argüidas por Duarte.
No, lo prevaleciente fueron, centralmente, la novedad de que el gobernador era un hombre rico, hecho del que apenas nos enterábamos y el crecimiento desmesurado de la deuda del gobierno de Chihuahua.
Vamos ahorrándonos discusiones. El grupo gobernante argumenta que los bonos carreteros y los del impuesto sobre nómina no son deuda. Bien, pero sí son compromisos financieros de la administración estatal, los que al asumir el poder constituían, juntos, deuda directa y la de los fideicomisos, un poco más de 12 mil millones de pesos.
Seis años después, juntas, la deuda directa y los compromisos de los fideicomisos (y ahora los de FIBRA Estatal Chihuahua) superarán los 51 mil mdp, si incluimos los 6 mmdp aprobados recientemente.
Se cuadriplicaron los compromisos de Chihuahua.
Y eso es lo percibido por la mayoría de la población, además de los rumores y las muy frecuentes publicaciones de documentos -reales o supuestos- sobre desfalcos o desvíos de la administración estatal.
Todo lo anterior y un sinnúmero de cosas más fueron acumulándose. Al final se convirtieron en una auténtica sorpresa para los gobernantes: La mayoría de los chihuahuenses los descalificó, a ellos, y a su obra gubernamental.
La elección podrá haber tenido algunas deficiencias, se puede aceptar, pero de ningún modo el resultado electoral va en sentido contrario al de los deseos de la mayoría de la población y, además, al de la aceptación de muchos priistas ante derrotas tan contundentes.
Al paso de las semanas, los militantes del PRI han hecho el recuento, no de las razones por las cuales perdieron, que también lo hacen, sino al de que ahora saben que un buen número de los votantes del PRI en esta ocasión lo hicieron por los candidatos de enfrente, fueran del PAN o independientes.
A pesar de lo anterior, la dirigencia formal del PRI, y la real, el grupo gobernante, decidieron impugnar las elecciones con el objetivo de anularlas.
No intentaron anular algunas casillas para mejorar los porcentajes de votación o ganar algunos distritos y municipios, no, pretenden que se anule la elección a gobernador.
¿Se imaginan lo que ocurriría si se anularan?
Además de la gran inconformidad popular, lo más seguro es que los votantes se precipitarían en las urnas en la elección -que debería realizarse, a más tardar, entre principios y mediados de mayo, además de que el nuevo Congreso sería, por mayoría absoluta de los diputados presentes, el que designara al Gobernador Provisional- y el resultado sería más que apabullante
Derrotados los priistas en mayo del año entrante, unos cuantos meses después deberían afrontar los procesos internos y las elecciones de junio del 2018, en las que se elegirán síndicos, alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la república.
¿Estarán dispuestos a afrontar semejante desafío, en condiciones verdaderamente adversas, amén de los desajustes y desequilibrios causados a la población generados  por la hipotética anulación de las elecciones pasadas?
Una cosa es cierta, además de todo lo anterior, el grupo gobernante, al momento de solicitar la anulación de las elecciones, no tomó en cuenta las necesidades, ni siquiera, de su propio partido, al que someterían a un salvaje desgaste.
Por supuesto más de uno de los lectores podrá estar de acuerdo en que así suceda, el problema son las consecuencias que acarrearía al conjunto de la población, cosa que al parecer tampoco tomaron en cuenta.
Y es que no se trata de la anulación de un proceso electoral que hubiese sido extremadamente reñido; no, estamos frente a una contundente derrota del PRI en Chihuahua y ese es el hecho político no aceptado por quienes gobernarán hasta el  3 de octubre.
Si la hubiese sido las evidencias e inconformidades brotarían por todos lados; no es así y lo procedente, lo mesurado será aceptarlo con todas sus consecuencias y no sólo declarativamente, en los hechos y dar paso, como se aprecia, por otro lado, en los encuentros sostenidos entre los funcionarios del Gobierno de Chihuahua y los comisionados de Javier Corral para recibir la administración estatal y, también, por la rectificación del Gobernador Duarte acerca de la pretensión de adelantar la fecha del último informe de gobierno, que deberá realizarse el primer viernes de septiembre.
Porque la pretensión de cambiar cualquier cosa por la vía legislativa se tomará como la intención de continuar en el ejercicio del poder del modo como se le criticó hasta la saciedad, sin límites y sin respeto a la división de poderes que en el presente sexenio no existieron.
Lo anterior serviría, no solo para hacer una transición gubernamental reposada y dar pie a que los nuevos gobernantes asuman un impresionante reto, descomunal, no sólo por las carencias y rezagos con los que se encontrarán, sino por el tono, la orientación del gobierno que Corral esbozó a lo largo de la campaña -que no sólo fue la crítica a Duarte, en el que el acento en lo social predominaba- y la orientación política e ideológica de muchos de los integrantes del equipo de recepción, claramente de derecha o proempresariales, como así sucede con Francisco Barrio, Gustavo Madero, Patricia Terrazas y algunos más.
Y es que en determinados momentos las arengas y posturas de Javier Corral tuvieron muchas coincidencias -en ese aspecto, en lo social- con las desarrolladas por Andrés Manuel López Obrador y que, entre otras cosas, ha llevado a que se le ubique a la izquierda del PAN.
Conciliar las orientaciones de los integrantes de su equipo, por la presencia de otro grupo, el de los activistas de izquierda y el de los social-cristianos (también de izquierda), entre los que sobresalen Víctor Quintana, Alma Gómez, Martín Solís, Hugo Almada y Camilo Daniel.
No será fácil, para muchos panistas, aceptar lo asentado al principio: El resultado de la elección no se debió a las extendidas simpatías por el PAN (que contaron, indudablemente, pero que no eran suficientes, ni siquiera, para ganar, mucho menos para hacerlo con la contundencia que se dió), sino al muy generalizado rechazo popular al actual gobierno.
Entenderlo de ese modo podría ser el antídoto para evitar que se pretenda llevar a la práctica el típico ideario panista; Chihuahua necesita, con urgencia, un cambio en su estructura económica, en su plataforma política, en la manera como se relacionan los gobernantes con la sociedad, en el funcionamiento de las instituciones, en la atención a los increíbles cinturones de miseria existentes en la entidad.
No todo Chihuahua es el de la prosperidad y, sobre todo, necesita una conducta diametralmente opuesta de la clase empresarial, no pueden seguir pagando los niveles salariales que tenemos, son la fuente de muchas de las desgracias sociales.
Todo eso, y más, necesita cambiarse. 
Los panistas deberán entenderlo y olvidarse de que los chihuahuenses les extendieron un cheque en blanco.
De ningún modo.

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jueves, 21 de julio de 2016

Falsas percepciones

El Diario, 21 de julio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Nunca como en esta ocasión la reproducción exacta de las palabras del Presidente Enrique Peña Nieto son necesarias para entender bien lo que quiso decir en el acto de promulgación de las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando le pidió perdón a los mexicanos.
La transcripción es del sitio oficial de la Presidencia de la República: “… Estoy convencido de que en unos años recordaremos este día como el inicio de una nueva etapa para la democracia y el Estado de Derecho en México”, porque a partir de ahora, sostuvo, se combatirá la corrupción, debido a que “en buena medida gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la libertad de expresión, la sociedad se entera de actos de corrupción de servidores públicos y de particulares”.
Lo que, dijo, llevó al Estado Mexicano a crear el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Reconoció la pérdida de credibilidad y aseveró que “… Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos; tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República”.
Y aquí está lo central de ese mensaje: “… En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco, que cometí un error”.
Es decir, que acepta haber cometido el error de generar una percepción distinta a la realidad, porque a continuación afirma que “… No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el Gobierno”.
Lo dicho, la compra de la “Casa Blanca” no fue un error, que éste fue no haber medido bien la percepción popular sobre la compra de la residencia pues la falsa percepción lastimó a su familia, a la investidura presidencial y a la confianza en el gobierno. 
No, no fue la compra, fuimos nosotros, los mexicanos, por atarantados, por creer excesivamente en las redes sociales, o en los reportajes periodísticos “interesados”, efectuados por agentes malévolos -como la periodista Carmen Aristegui y su equipo- los que llevamos al Presidente Peña Nieto a cometer un error, el de no apreciar adecuadamente que los mexicanos estábamos en un error, consistente en percibir que él y su esposa habían cometido un delito en la compra de la “casita”.
No es todo, casi nos conminó a que nos condoliéramos de él pues dijo que “… En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón”.
Sí, en carne propia, porque en infinidad de actos la molestia de los mexicanos  la pudo apreciar de muy lejos en las manifestaciones realizadas muy lejos de los actos que ha presidido dentro y fuera del país; con el agravante que fuera de México ha debido presenciar los actos de repudio -de pocos manifestantes, es cierto- que le han hecho en distintos actos en el extranjero.
Por si no entendimos, o no creímos en la sinceridad de sus palabras, Peña Nieto insistió, “… Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”.
Es decir, el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, su amigo, no existió, no existe; no le prestó los aviones y helicópteros en la campaña presidencial; no construyó decenas de obras en el Estado de México cuando él fue gobernador; no es el beneficiario de algunos cuantos contratos en el gobierno federal y el mexiquense, pero cuyas cantidades son multimillonarias; no fue el vendedor magnánimo que le vendió la residencia a la señora Angélica Rivera, su esposa, la que dice haber comprado con los ingresos devengados en Televisa, empresa beneficiaria de contratos millonarios del gobierno del Estado de México, en tiempos de Peña Nieto, razón por la cual, durante años, el noticiero de Joaquín López Dóriga nos transmitió los anuncios gubernamentales de esa entidad como si fueran información general.
No, no hay conflicto de interés; no, no hay corruptelas en la conducta presidencial, es sólo que tenemos la percepción distorsionada de la realidad presidencial, ellos son como Tomás, blancos, castos y puros.
Y todo porque perdieron 9 de 14 elecciones locales. Solo así fueron capaces de pedirnos perdón y de iniciar las querellas de inconstitucionalidad en contra de los gobiernos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua; si no, po’s no…

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lunes, 18 de julio de 2016

Diputados, privilegios de jeques árabes

Editorial, Mega Radio 860, Juárez
18 de julio de 2016
Luis Javier Valero Flores
¿Cuáles son las razones que justifican la existencia de un sistema de privilegios para los diputados locales?
En tanto que para el común de los trabajadores la prima vacacional es de por lo menos 6 días laborables -que aumenta 2 días cada año, hasta llegar a 12 y luego 2 días por cada 5 años de servicio ininterrumpido- los diputados de Chihuahua tienen derecho a 20 días, razón por la que este año recibirán 42 mil pesos por esta razón.
A su vez, la mayoría de los trabajadores tienen derecho al pago de aguinaldo -luego de un año de laborar- por un monto de 15 días de salario.
Los diputados del Congreso de Chihuahua gozan de un aguinaldo de 40 días, lo que les llevará a recibir este año 84 mil 600 pesos. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 18/VII/16).
¿Por qué los diputados deben recibir privilegios que no tienen la mayoría absoluta de sus representados?
¿Por qué razón gozan de montos superiores a los del resto de los trabajadores si no cuentan con la antigüedad necesaria?
¿Por qué, a diferencia de los trabajadores, se les paga un monto -el mayor de su salario- por el cual no pagan impuestos?
Más. ¿Cómo explicar que al mundo de los políticos debamos pagarles infinitamente más que a los profesionistas promedio, más que a los maestros universitarios de tiempo completo, más que a los médicos especialistas de las instituciones públicas de salud?
Porque si se cuentan las horas trabajadas y los salarios devengados por los diputados, nos llevaremos la terrible sorpresa que son de los funcionarios o empleados mejor pagados del planeta, la hora de “trabajo” de los legisladores de Chihuahua rondará los 2 mil 300 pesos, en abierta confrontación con los 10 pesos por horas que contempla el salario mínimo para Chihuahua o los poco más de 200 pesos por hora que percibe un médico del IMSS o del ISSSTE.
De esas dimensiones son los salarios que cobran los ciudadanos que dicen tener una increíble vocación de servicio a la comunidad.
Ya vamos viendo cuánta tienen.
A fines de septiembre toman posesión los nuevos diputados, la mayoría serán del PAN -16- y de Morena, dos, entre ellos podrán tener mayoría en la nueva legislatura. Llegan con la esperanza de los chihuahuenses puesta en ellos de que serán diferentes ¿Por qué no empiezan acabando con los privilegios que comentamos ahora?
Quitarle el fuero a los diputados, por ejemplo, tiene varias ventajas y muchas desventajas pero, ¿Por qué mejor no les pagamos a destajo, por hora trabajada y que esta sea del mismo monto que reciben, por ejemplo, los médicos especialistas del IMSS?

¿Por qué no empezar con señales que nos hagan concebir, de nuevo, esperanzas de que sí hay funcionarios públicos que se solidarizan con su pueblo, con sus votantes, en lugar de pasar a formar parte del mundo de privilegios de la clase política?

Imposición y abrogación

El Diario, 17 de julio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Un aire de certidumbre cruza por el país: El de la cercana derogación de la reforma educativa.
Ya no son solamente los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes la exigen. Todos los días, miles de maestros de todo el país se suman a tal postura, la evidencia de ello son los numerosos incidentes ocurridos en los distintos congresos seccionales en los que los controles ejercidos por la cúpula sindical parecen caerse, o caen, y los que se mantienen lo hacen a base de la violencia pura, como en Zacatecas, recurso utilizado abiertamente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
En esa certidumbre deberán señalarse como factores muy importantes la realización de la inmensa manifestación convocada por Morena y su dirigente nacional, Andrés Manuel Lopez Obrador, en apoyo a los maestros de la CNTE de Oaxaca, celebrada el 26 de junio y las inmensas manifestaciones realizadas por los maestros de Nuevo León.
Ecos de esa acumulación de fuerzas contrarias a la reforma educativa son la liberación de dos de los dirigentes de la CNTE de Oaxaca, detenidos arbitrariamente y, de igual modo, liberados en las primeras horas de ayer, así como la decisión gubernamental, luego de muchos meses de confrontación y de una salvaje ofensiva mediática, militar y policíaca en contra de la disidencia magisterial,  del establecimiento de la primera negociación con sus dirigentes.
Chihuahua no está lejos de esa oleada, y de esos horrores.
Pero acá ocurrió, no una paradoja, sino un atraco pues sorpresivamente el Congreso de la Sección 8 de pronunció en contra de la reforma educativa.
¿Cómo explicarse que se elige una nueva dirigente, integrante de la cúpula magisterial y al mismo tiempo se vota por una postura radicalmente distinta a la del Comité Nacional?
Como antes, como siempre, la dirigencia “oficial” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por el ex asistente de Elba Esther Gordillo, Juan Díaz, llevó al cabo la elección de la dirigencia de la Sección 8 en las primeras horas de la mañana del viernes y, como antes, con las mismas malas artes de siempre, aderezadas, también como siempre, con los señalamientos de la comisión de infinidad de corruptelas por sus dirigentes, los salientes y los entrantes.
Al tiempo que era designada Secretaria General de la Sección 8 del SNTE, en el curso de la realización del XXXI Congreso Extraordinario, Rosa María Hernández Madero, ex secretaria particular del saliente dirigente Alejandro Villarreal, (a su vez, ex secretario particular del anterior dirigente) recibía “clave de subdirectora de secundarias estatales generales E0341, con efectos desde el mes de enero, con carrera magisterial, con lo que violaron la Ley del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con un grupo de docentes que señaló fraude en la elección”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 16/VII/16).
La presidencia del XXXI Congreso de la Sección 8 descalificó a la planilla “Dignidad” para contender por la dirigencia sindical, la cual estaba integrada por maestros opositores a la dirigencia y encabezada por Noel García, uno de los dirigentes más visibles de Resissste, la agrupación sindical magisterial identificada con la CNTE.
Los llamaron a la negociación, sabedores de que no tenían asegurado el triunfo en las urnas, pero eso sí, amos del Congreso y jefes de los elementos de las empresas de seguridad privada a las que recurrieron.
Los dirigentes oficialistas -todos ligados a la dirigencia del PANAL y casi todos herencia de la “Maestra” Gordillo- ofrecieron a la disidencia la inclusión de 6 integrantes al Comité Seccional, siempre y cuando aceptaran la no realización de elecciones; ante la negativa, agregaron 2 más a la propuesta. 
Rechazado también ese ofrecimiento, los oficialistas optaron por negarles el registro de la planilla y acrecentar las medidas de seguridad, con decenas de guardias de seguridad al interior de las instalaciones de la sección sindical y, al exterior, por innumerables policías, aparentemente solo estatales, llegados al lugar a bordo de decenas de patrullas.
En la disidencia había la certidumbre que obtendrían el triunfo y le arrebatarían a las huestes de Juan Díaz la conducción de la emblemática Sección 8 del magisterio, de ahí su insistencia en la realización de una elección secreta para designar al nuevo comité.
Ante la férrea postura oficialista, de no realizar elecciones, los maestros disidentes optaron por abandonar el Congreso.
Horas antes de estos acontecimientos se había suscitado una votación que prendió las luces de alarma en la cúpula magisterial y que fue la causa del retiro del registro a la planilla “Dignidad”, la de los disidentes.
Los oficialistas habían perdido una votación crucial y no podían arriesgarse a la realización de un proceso electoral con voto secreto entre los delegados; supieron que podían perder la dirigencia sindical.
Así fue: En las primeras horas de la madrugada del viernes, la dirigencia sindical encabezada por Alejandro Villarreal pretendió posponer la presentación y discusión de los resolutivos de la Mesa 8, que había abordado el tema de la seguridad laboral, que no era otro que, ni más ni menos, que el de la reforma educativa, cuya vertiente principal es el de la evaluación a los docentes, señalado por miles y miles de ellos como el mecanismo para someter a la incertidumbre laboral a los maestros y eje central de las movilizaciones magisteriales y populares de varias entidades, luego de la masacre de Nochixtlán del 19 de junio.
Tenían razón en sus temores los dirigentes oficialistas. Propusieron un receso ¡A las 5 de la mañana!, con el ánimo de diluir la resolución de la Mesa 8 y, hasta no presentarla a la discusión de la Reunión Plenaria, pero perdieron esa votación y el Congreso votó, sin objeciones, el resolutivo de esa Mesa.
Era -es- una bomba.
La resolución -ya, oficial, de todo el XXXI Congreso de la Sección 8- es exigir la “abrogación” de la reforma educativa.
¡Bombazo! La Sección 8, la de Chihuahua, se ha pronunciado por la abrogación-derogación, como usted guste denominarla, de la mentada reforma.
No es todo, el Congreso mandató al nuevo Comité Seccional a que efectuara todas las acciones necesarias a fin de respaldar dicha resolución, entre las cuales se encuentra el paro de labores a partir del 22 de agosto, fecha en que inicia el nuevo ciclo escolar.
Y la nueva dirigencia se encuentra en un verdadero brete, no pueden estar en contra de la reforma educativa pero el Congreso que los eligió fue tajante, debe abrogarse la reforma.
Y la dirigente, Rosa María Hernández, ya empezó a hacer malabares, tachando a sus compañeros como ignorantes de las “cosas jurídicas” y fanáticos de las redes sociales pues adujo que la reforma debería analizarse por quienes tuvieran conocimientos jurídicos, al tiempo que llamaba a los maestros a no fiarse excesivamente de “lo que parezca en las redes sociales”.
En Zacatecas ocurrió igual. Allá impusieron, a punta de golpes, a Soralla Bañuelos de la Torre, diputada federal del partido Nueva Alianza, apoderada legal del Comité Nacional del SNTE y quien ha llegado a decir que será “la próxima Elba Esther Gordillo”. Será impugnada por la disidencia, la que aparentemente tenía la mayoría de los delegados del congreso.
Todo lo anterior ocurrió en los momentos en que, luego de larguísimos meses y muy severos señalamientos entre el gobierno federal y la CNTE, además del encarcelamiento de varios dirigentes de la disidencia magisterial (que entre el viernes y el sábado parecía revertirse con la liberación de dos de los dirigentes encarcelados), se desarrolla un diálogo entre la insurgencia magisterial y el gobierno de Peña Nieto, además del anuncio -timorato- del Secretario de Educación, Aurelio Nuño, de que se examinaría la evaluación educativa.
Durante meses, la postura del gobierno fue que sí tenían disposición a dialogar, pero que no se podía incluir la negociación de la reforma educativa. Ayer, el presidente Peña Nieto declaró que “ al Ejecutivo le corresponde implementar la reforma educativa, pero esto no limita que eventualmente se abra a debate y el Congreso, de así considerarlo, estudie las iniciativas que se presenten en la materia”. (Nota de Georgina Salieran, La Jornada, 16/VII/16).
En lo que es la tónica de los días presentes, la declaración de Peña fue seguida de otra, contraria a aquella, pues “Reiteró que no hay marcha atrás en la implementación de dichos cambios y lo que se acordó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es revisar la evaluación para hacerla de manera mucho más eficiente”. (Ibídem).
El gobierno de Peña Nieto va de tumbo en tumbo. Luego de la aplastante derrota del 5 de junio, reflejo de la baja calificación que le otorgan los mexicanos, y del errático nombramiento de Enrique Ochoa como nuevo presidente del PRI, no va a tener más remedio que recular, al tiempo que la mayoría de los gobernadores deberán replantearse sus relaciones con la dirigencia del SNTE.
Una cosa deberían saber, su partido, el PANAL, por su cuenta, no obtendría la votación necesaria para mantener su registro en la mayoría de las entidades.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF





Litigios y preguntas

El Diario, 14 de julio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Después de unas horas de indefinición, la PGR, finalmente, decidió incluir al Gobierno de Chihuahua en el paquete de impugnados en el tema de la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Lo hizo en horas de la noche del lunes anterior cuando ya la atención nacional la habían acaparado los casos de Veracruz y Quintana Roo.
En todos los casos, con sus diferencias por supuesto, el recurso de inconstitucionalidad sobre la legislación que creó los fiscales estatales, sus mecanismos de nombramientos y la duración de su encargo, así como la forma de su relevo fueron impugnados por la PGR, en su calidad de representante jurídico del Presidente de la República (escrito, así, con mayúsculas).
No hay espacio para la especulación, fue el mismísimo Enrique Peña Nieto quien ordenó la presentación de tal recurso a fin de responder a lo que es un reclamo nacional: La protección oficial, presidencial, a la presunta comisión de actos de corrupción de los gobernadores señalados.
Asimismo, en las tres entidades, el argumento de la PGR fue que se modificó el marco jurídico “sin esperar para tal efecto la publicación de las leyes generales que establece el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)… la PGR detectó que éstas contienen vicios legales, los cuales no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015” y se presentó, asienta la dependencia, “con el propósito de que el máximo tribunal del país revise la reforma local de dicha entidad federativa, con base en los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción”. (Nota de J. Pérez-Espino/P. Mayorga, El Diario, 13/VII/16).
La diferencia con aquellos estados quizá radique en que en Chihuahua no se ha nombrado al Fiscal y aún no existe la reglamentación necesaria para hacerlo; sin embargo, el mensaje político es muy claro, más, si se toma en cuenta, lo que no puede ser coincidencia, que el tema central del discurso de Enrique Ochoa Reza, al momento de su unción como nuevo dirigente nacional del PRI, fue precisamente el combate a la corrupción cometida por los funcionarios públicos emanados del PRI “y de otros partidos”, en lo que se tomó como la descalificación a la gestión de algunos de los gobernadores, en cuyos estados el PRI perdió las elecciones el pasado 5 de junio.
Más allá de la resolución que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para cuyo efecto ya aceptó los casos de Veracruz y Quintana Roo,  y quizá hoy el de Chihuahua, las señales son más que obvias. 
La PGR presenta los recursos de inconstitucionalidad el lunes, y el martes asume Ochoa Reza la presidencia del PRI nacional, en un deslucido y criticado relevo con la asunción de una dirigencia que necesitará echar mano de una gran cantidad de recursos políticos para enfrentar los siguientes episodios, entre los cuales están las elecciones a gobernador de Coahuila, Nayarit y la del muy importante Estado de México, como antesala de la elección presidencial.
Y es ahí en donde podrían ubicarse algunas de las principales acciones del gobierno de Peña Nieto, para intentar remontar las bajísimas calificaciones obtenidas a lo largo de ya casi cuatro años de gestión, motivadas, sobre todo, por los escándalos de corrupción, no sólo de algunos de los gobernadores, sino, fundamentalmente, por su propio caso y el de varios de sus colaboradores a los que se les señala, con certidumbre, haber cometido varios conflictos de interés con relación a las mansiones en las que viven o poseen, particularmente los casos de la “Casa blanca” de Peña Nieto y la del principal impulsor de Enrique Ochoa Reza, Luis Videgaray, el poderoso Secretario de Hacienda, que ve fortalecer sus esperanzas de convertirse en el candidato priista del 2018 con la llegada del ex Director de la CFE.
Pues bien, si el gobierno de Peña Nieto optara por intentar recuperar la credibilidad, sin duda, una de las vertientes sería la de fincarles responsabilidades a los mandatarios más señalados de indicios de corrupción y llevarlos ante los tribunales como una manera, fácil, de lavarse la cara.
Nada de lo anterior podrá descartarse, los problemas en que se desenvuelve el PRI y su gobierno son verdaderamente graves.
En medio de crisis tan severa se le ocurre designar a un amigo de su amigo, inexperto políticamente y que ha arrancado, por decenas de miles, la pregunta: ¿Quién es Ochoa Reza?

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viernes, 15 de julio de 2016

Regidores y diputados, fin de privilegios

Editorial en Mega Radio 860 Juárez, 11 de julio de 2016
El excelente recuento de los privilegios salariales de los regidores juarenses, y la falta de concordancia con sus obligaciones, que se reducen, en la práctica a su asistencia a las sesiones del Cabildo, así como a las reuniones de las comisiones a las que pertenecen, descrito en la nota de Juan de Dios Olivas, con información de Abraham Rubio, (“Sale caro movilizar a regidores”, El Diario, 11/VII/16) demuestra que estos funcionarios gozan de niveles salariales muy por encima de las tareas realizadas y de las obligaciones señaladas en las distintas regulaciones existentes.
Son de verdadero escándalo. Además de su salario y compensación, reciben un bono en efectivo para transporte de 13 mil pesos al mes; por si fuera poco, reciben “2 mil 500 pesos por mes en una tarjeta magnética para cargar gasolina”. (Ibídem).
Lo anterior, sin contar con la compensación de 15 mil pesos, más su salario de 36 mil 700 pesos, lo que hace un ingreso total de 67 mil 200 pesos, frente a los ingresos del presidente municipal suplente, 65 mil pesos procedentes del salario, más un bono mensual de 28 mil pesos, para llevar el total del alcalde a 93 mil pesos al mes, una tercera parte más que el resto de los ediles.
Sin embargo, no hay punto de comparación con las tareas realizadas. 
Por ejemplo, el regidor priista Raúl López Luján reportó que en el mes de octubre del 2015 asistió a dos reuniones de la Comisión de Transporte que él preside (Ibídem); “dos asistencias en el mismo mes a las reuniones de la Comisión de Enajenaciones a la que pertenece y cero a las de Servicios Públicos en la que también participa”, así como a “dos sesiones de Cabildo y sus reuniones previas”.
Cosa semejante reportan en sus informes otros regidores del PRI; en cambio, los regidores del PAN -todos de Juárez- no reportan, en sus informes tetramestrales, sus asistencias a comisiones o sesiones del cabildo.
De acuerdo con el informe del programa “Regidor MX”, sólo el 30% de las sesiones del cabildo se realizaron con la presencia del total de los regidores.
Cosa semejante ocurre con los diputados locales, de cualquier legislatura, lo único que cambia son la frecuencia de las sesiones a las que están obligados a asistir -dos por semana en período de sesiones y las extraordinarias- y las de las comisiones legislativas a las que pertenecen pero cuyo monitoreo, o reporte informativo, no existe, y en sus informes anuales no reportan.
Estamos a unos cuantos días de que los nuevos ediles y legisladores asuman sus funciones ¿No llegó el momento para exigirles la inmediata disminución de sus salarios y desaparición de sus privilegios salariales?
¿Porqué no exigirles, de inmediato, la suspensión del pago de gasolina y ayuda para transporte a los regidores de Juárez?
Con toda seguridad el alcalde electo, Armando Cabada, tendría el apoyo del total de la población para ahorrarle a los juarenses el costo de los privilegios de funcionarios que sólo ven a los puestos públicos como la ubre permanente de sus vidas.
Del mismo modo ¿Porqué no asentar en el reglamento municipal la aplicación de sanciones económicas a los regidores por las inasistencias a las sesiones del cabildo y de las comisiones a las que pertenecen? ¿Porqué tienen privilegios de los cuales carecen el total de trabajadores?
La mayoría de los integrantes de la clase política, cuando son interrogados acerca de sus ingresos como funcionarios públicos, siempre dicen desconocerlos y se enredan en emotivos discursos acerca de su supuesta “vocación de servicio”.

Pues bien, que la demuestren, que sean los primeros en anunciarnos que están de acuerdo en la inmediata disminución de sus salarios.

Litigios y preguntas

El Diario, 14 de julio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Después de unas horas de indefinición, la PGR, finalmente, decidió incluir al Gobierno de Chihuahua en el paquete de impugnados en el tema de la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Lo hizo en horas de la noche del lunes anterior cuando ya la atención nacional la habían acaparado los casos de Veracruz y Quintana Roo.
En todos los casos, con sus diferencias por supuesto, el recurso de inconstitucionalidad sobre la legislación que creó los fiscales estatales, sus mecanismos de nombramientos y la duración de su encargo, así como la forma de su relevo fueron impugnados por la PGR, en su calidad de representante jurídico del Presidente de la República (escrito, así, con mayúsculas).
No hay espacio para la especulación, fue el mismísimo Enrique Peña Nieto quien ordenó la presentación de tal recurso a fin de responder a lo que es un reclamo nacional: La protección oficial, presidencial, a la presunta comisión de actos de corrupción de los gobernadores señalados.
Asimismo, en las tres entidades, el argumento de la PGR fue que se modificó el marco jurídico “sin esperar para tal efecto la publicación de las leyes generales que establece el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)… la PGR detectó que éstas contienen vicios legales, los cuales no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015” y se presentó, asienta la dependencia, “con el propósito de que el máximo tribunal del país revise la reforma local de dicha entidad federativa, con base en los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción”. (Nota de J. Pérez-Espino/P. Mayorga, El Diario, 13/VII/16).
La diferencia con aquellos estados quizá radique en que en Chihuahua no se ha nombrado al Fiscal y aún no existe la reglamentación necesaria para hacerlo; sin embargo, el mensaje político es muy claro, más, si se toma en cuenta, lo que no puede ser coincidencia, que el tema central del discurso de Enrique Ochoa Reza, al momento de su unción como nuevo dirigente nacional del PRI, fue precisamente el combate a la corrupción cometida por los funcionarios públicos emanados del PRI “y de otros partidos”, en lo que se tomó como la descalificación a la gestión de algunos de los gobernadores, en cuyos estados el PRI perdió las elecciones el pasado 5 de junio.
Más allá de la resolución que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para cuyo efecto ya aceptó los casos de Veracruz y Quintana Roo,  y quizá hoy el de Chihuahua, las señales son más que obvias. 
La PGR presenta los recursos de inconstitucionalidad el lunes, y el martes asume Ochoa Reza la presidencia del PRI nacional, en un deslucido y criticado relevo con la asunción de una dirigencia que necesitará echar mano de una gran cantidad de recursos políticos para enfrentar los siguientes episodios, entre los cuales están las elecciones a gobernador de Coahuila, Nayarit y la del muy importante Estado de México, como antesala de la elección presidencial.
Y es ahí en donde podrían ubicarse algunas de las principales acciones del gobierno de Peña Nieto, para intentar remontar las bajísimas calificaciones obtenidas a lo largo de ya casi cuatro años de gestión, motivadas, sobre todo, por los escándalos de corrupción, no sólo de algunos de los gobernadores, sino, fundamentalmente, por su propio caso y el de varios de sus colaboradores a los que se les señala, con certidumbre, haber cometido varios conflictos de interés con relación a las mansiones en las que viven o poseen, particularmente los casos de la “Casa blanca” de Peña Nieto y la del principal impulsor de Enrique Ochoa Reza, Luis Videgaray, el poderoso Secretario de Hacienda, que ve fortalecer sus esperanzas de convertirse en el candidato priista del 2018 con la llegada del ex Director de la CFE.
Pues bien, si el gobierno de Peña Nieto optara por intentar recuperar la credibilidad, sin duda, una de las vertientes sería la de fincarles responsabilidades a los mandatarios más señalados de indicios de corrupción y llevarlos ante los tribunales como una manera, fácil, de lavarse la cara.
Nada de lo anterior podrá descartarse, los problemas en que se desenvuelve el PRI y su gobierno son verdaderamente graves.
En medio de crisis tan severa se le ocurre designar a un amigo de su amigo, inexperto políticamente y que ha arrancado, por decenas de miles, la pregunta: ¿Quién es Ochoa Reza?

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domingo, 10 de julio de 2016

Alternancia: ¿Ahora sí de veras?

Editorial
Aserto 155, junio 2016
El triunfo de Javier Corral representa muchas cosas, por el modo en que lo obtuvo, por las razones que lo posibilitaron, por la forma en que el pueblo de Chihuahua respondió a un gobierno que le dificultó muchas cosas, por la pésima imagen del Gobernador Duarte, construida a lo largo de un sexenio, pero,  representa, fundamentalmente, la oportunidad de, como nunca antes, establecer las bases de la alternancia democrática en Chihuahua y reformar, profundamente, el entramado institucional, social y político del "Estado Grande".
El hecho de sustituir al Gobernador César Duarte y, además, haber obtenido una inconmensurable victoria a lo largo de todo Chihuahua, significa el enorme espaldarazo que los habitantes le otorgaron para, primero, establecer las bases de un adecuado enjuiciamiento del ballezano, y luego, echar a andar un gobierno con una auténtica base popular, democrática, que no sólo gobierne bien, sino que establezca la posibilidad de cambiar la añeja y obsoleta estructura gubernamental, amén de establecer los primeros pasos de una nueva política económica en Chihuahua.
El nuevo gobierno tendrá serios problemas para su funcionamiento, el endeudamiento de las finanzas estatales es muy serio. La deuda directa, la avalada por las participaciones federales, está al límite de las posibilidades legales, se ubica muy cerca de los 24 mil millones de pesos y la contratada a través del fideicomiso carretero ronda los 19 mmdp, y si se aprobara la nueva propuesta, llegaría a los 22 mmdp, sin contar los 3 mmdp del fideicomiso fronterizo, creado a partir del pago de las casetas fronterizas.
Así, entre el pago de los bonos carreteros y la deuda directa, cada año se deberán pagar alrededor de 2 mil 500 millones de pesos. Por otra parte, con base en los financiamientos obtenidos, el gobierno de Duarte incrementó notablemente el gasto educativo, el de seguridad y el de salud. No lo dicen así, pero una buena parte de la deuda se empleó para pagar el gasto corriente, que es muy elevado.
¿Qué quieren, los jóvenes en las escuelas, o en las calles delinquiendo? Nos argumentaron a lo largo de los últimos 5 años, Duarte y Jaime Herrera, el Secretario de Hacienda.
El boquete anual es de alrededor de 5 mil 800 mdp. Este año no es la excepción, el nuevo gobierno deberá, entonces, administrar unas finanzas quebradas, poco margen tendrá, entonces, para las grandes obras, las monumentales, pero podrá a cambio, resarcir el gran deterioro social y llevar al cabo las reformas legislativas necesarias para acotar los márgenes de discrecionalidad, además de ponerle diques a los muchos modos de hacer corruptelas desde el gobierno.
Deberá, entonces, acercarse a todos los sectores de la población y no necesaria, ni exclusivamente, a los grupos sociales más vertebrados, como el de los empresarios, o los sindicatos, deberá acudir a las estructuras sociales más pequeñas, más humildes a fin de, desde la base, construir una nueva relación con los gobernados y no lo podrá hacer gobernando, solamente, desde la óptica del panismo.
La ciudadanía chihuahuense no le entregó el gobierno al PAN, se lo puso en las manos a Javier Corral, y la propuesta de que gobernaría de manera incluyente, participativa, transparente, de cara a la sociedad y apelando a lo mejor de la sociedad chihuahuense atrajo la simpatía de muchísimos de nuestros paisanos, los que ahora, en las pláticas en todos los rumbos del estado y de las ciudades y pueblos, no se cansan de repetir: No soy del PAN, pero voté por Corral y los candidatos de este partido para sacar a los priistas del gobierno.

No deberá olvidárseles.

Apabullante

Aserto 155, junio 2016
-Todo le cambió -al grupo gobernante- en la larga noche del 5 de junio

Luis Javier Valero Flores
A partir de las 9 de la noche del 5 de junio la sorpresa iba haciendo presa de todos, hasta de quienes habían votado por los candidatos del PAN en la mayor parte de los municipios y distritos de Chihuahua.
Al darse a conocer las primeras cifras en el PREP, y poco después, los “cruces” (momentos en que uno ú otro candidato va adelante en los resultados y que conforme van llegando, de existir una fuerte competencia, se van alternando en la delantera) entre la votación del candidato del PAN, Javier Corral, y Enrique Serrano, del PRI y sus aliados, el PANAL, el Verde y el PT, hicieron vislumbrar la posibilidad de que así ocurriera durante toda la noche.
Los antecedentes de la jornada electoral así lo hacían prever. En esas primeras horas después del cierre de las casillas, la incertidumbre creció pues, los servidores del Instituto Estatal Electoral (IEE), ante la súbita y milenaria demanda, se paralizaron, no bajaban las cifras de las primeras casillas.
Las luces de alerta se encendieron con la intempestiva rueda de prensa ofrecida por Enrique Serrano a minutos del cierre de las casillas. Afirmó que las encuestas de salida le daban el triunfo. No era cierto.
Luego, alrededor de las 8.30 de la noche, Antena Tv transmitió imágenes de las oficinas del PRI estatal en las que se advertía que Serrano les agradecía a sus asistentes, pero muy pocos de los dirigentes partidarios y candidatos se encontraban al lado de él. Parecían las imágenes de un candidato y su equipo derrotados.
Los indicios eran muchos, se presagiaba que los resultados no eran tan favorables para el PRI, y los resultados del PREP ya no mostraban “cruces”
Para las 11 de la noche empezaba a asentarse la tendencia, tanto Corral, como Maru Campos, iban perfilándose como los triunfadores. Lo mismo ocurría en Juárez, el candidato independiente, Armando Cabada, se había instalado, ya, en la delantera.
Para entonces, la empresa Milenio (de la cual Televisa posee la mitad de ella) ya le había dado 6 puntos de ventaja a Corral en una encuesta de salida, 38-32, publicada pasadas las 9 de la noche.
Todo apuntaba, después de la 1 de la mañana, al triunfo del panista y la incertidumbre era saber la ventaja que obtendría. Se ubicaría finalmente en poco más de 9 puntos.
Sí, porque Javier Corral obtuvo 517 mil 18 votos (39.7%), Enrique Serrano 400 mil 515 (30.7%); además de que el candidato independiente, José Luis Barraza, obtuvo 242 mil 756 votos, equivalentes al 18.6% de la votación, en una elección a la que acudieron un millón 302 mil 890, que son el 49.28% del electorado de la entidad.
Javier Corral obtuvo 116 mil 503 votos más que Enrique Serrano Escobar y lo superó, además, en la votación obtenida en las dos principales urbes de Chihuahua.

El fantasma de la derrota cruzó al PRI en todo el país
Si hace seis años el discurso de toma de posesión de César Duarte tuvo como una de sus más emblemáticas frases la dirigida contra el gobernador saliente, José Reyes Baeza, -el poder es para poder y no, para no poder-, el del ahora gobernador electo, Javier Corral, también tuvo como frases centrales las dirigidas a César Duarte: “El poder es para servir” y la que, al momento de pedirle a sus simpatizantes, en el mitin de la “victoria” del viernes en la capital del estado; que no lo dejaran solo para “quitar al César lo que no es del César, y darle al pueblo lo que es del pueblo”.
Así selló su aplastante triunfo electoral del domingo 5 de junio, en la que es la peor derrota del PRI en la entidad y seguramente la peor de las 9 derrotas sufridas por el priismo, que sólo ganó 5 de las 14 elecciones celebradas en esa fecha.
El partido del presidente Peña Nieto sólo ganó en Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. Además de las gubernaturas de Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Puebla, Aguascalientes, Veracruz y Quintana Roo, perdió en las elecciones constituyentes de la Ciudad de México, en la que obtuvo el 9% de la votación y las de mitad de sexenio en Baja California (diputaciones y alcaldías).
Además, Morena, el partido de López Obrador, se colocó como segunda fuerza en Veracruz, Oaxaca y Zacatecas y, además, repitió como primera fuerza en la Ciudad de México.
Llaman la atención los resultados de Veracruz. Gana la gubernatura el PAN, pero Morena, además de quedar en segundo lugar, obtiene 15 diputaciones de mayoría relativa, por 12 del PAN y 3 del PRI.
En cuanto a las gubernaturas obtenidas por el PAN, en Durango, Quintana Roo y Veracruz, fueron obtenidas con base en la coalición con el PRD. Por otro lado, en Puebla, logró ganar encabezando una alianza con Nueva Alianza, PT, Compromiso por Puebla-Pacto Social de Integración Social.
Es decir, que el PAN, sin alianzas, sólo ganó las de Chihuahua, Aguascalientes y Tamaulipas. A lo que deberá agregarse el hecho de que los candidatos triunfadores del blanquiazul en Durango, Quintana Roo, Veracruz, fueron miembros del PRI. En los casos de José Rosas Aispuro, de Durango, y Miguel Angel Yunes, de Veracruz, lo fueron hasta  poco antes del 2009 y de Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, hasta antes del presente proceso electoral, luego de abandonar al PRI, en protesta por las irregularidades de la designación del candidato.

Estrepitosa derrota en Chihuahua, histórica
Pero si la derrota del priismo es histórica en el país, la que recibió en Chihuahua supera todos los parámetros. Pierde la mayoría en el Congreso del Estado y, con excepción de cuatro municipios de mediana a menor población -Guerrero, Guadalupe y Calvo, Jiménez y Guachochi-, perdió todos los municipios con la mayor población de la entidad.
Por primera vez desde 1995, el PRI perdió la mayoría en el Congreso del Estado y el PAN rompe una continuidad gubernamental de 18 años.
Por si fuera poco, el candidato priista, Enrique Serrano, obtuvo la más baja votación que hubiesen obtenido los candidatos perdedores del PAN. Su votación (400 mil votos) sólo supera a la de Jesús Macías, en 1992, 335 mil sufragios, hace 24 años, los panistas perdedores en 1998, 2004 y 2010, habían obtenido cifras por encima de los 400 mil.
Además, y deberá valuarse bien el fenómeno, el candidato independiente, José Luis Barraza, obtuvo 242 mil votos. Fueron sufragios emitidos en contra del gobierno de Duarte y el PRI; debería considerarse, que abrumadoramente serían para el candidato panista, de no haberse presentado Barraza.
De ahí, entonces, que puede evaluarse de mejor manera el elevado voto de castigo al gobierno de César Duarte; no son pocos, sumados los votos de Corral, Barraza y los obtenidos por Javier Félix, de Morena, suman el 60% de la votación, si se acepta el criterio que éstos candidatos eran los de la verdadera oposición al PRI.
Rechazo tan contundente abarcó por igual a las dos grandes urbes chihuahuenses. Armando Cabada, candidato independiente, obtuvo, casi, la mitad de la votación (48%), nivel semejante al obtenido en Chihuahua por la panista Maru Campos (44%). Javier Corral obtendría la friolera de 190 mil votos en la capital del estado y ganaría, también, en el antiguo Paso del Norte.
El PRI quedó en segundo lugar de la votación, pero la población que gobernará en el ámbito municipal quedará muy por debajo, ya no de la del PAN, sino de la gobernada por los candidatos independientes -Armando Cabada en Juárez y Alfredo Lozoya en Parral- cercana a la mitad de la población del estado.
Así, los alcaldes panistas y los independientes gobernarán a alrededor del 85% de la población del estado y Armando Cabada a la mayor, el 42%.
El voto de castigo puede apreciarse mejor al analizar las votaciones por los candidatos del PRI en la capital. Mientras el candidato a la gubernatura, Enrique Serrano, obtenía en el PREP (con un promedio del 96% de las casillas computadas) 73 mil 200 votos, (por 180 mil 200 de Corral) la candidata a la alcaldía, Lucy Chavira, obtenía 89 mil 500 y la candidata del PAN, Maru Campos, 150 mil 300.
A su vez, los candidatos a diputados, del PRI, obtuvieron ligeramente más votos que Serrano, 74 mil, frente a los 82 mil 300 del candidato a síndico del PRI, Alfredo de la Torre.
La diferencia de 30 mil votos entre Campos y Corral la explica, además del voto cruzado de electores priistas a favor del candidato a gobernador, la irrupción del candidato independiente, Luis Enrique Terrazas, quien obtendría el 20% de la votación en la capital.

El Congreso, casi una incógnita
Además, con toda seguridad, el PRI puede quedarse, solamente, con 7 diputados, 6 de mayoría relativa y uno de representación proporcional, si ninguna de las 3 elecciones distritales más disputadas cambia de resultado, de acuerdo con los mostrados por el PREP. 
Pero si un distrito más le fuera adjudicado al PRI, entonces no tendría derecho a la plurinominal, lo que le abriría la puerta a la segunda diputada de Morena, que probablemente sería Leticia Ortega, de Juárez.
En caso de que así ocurriera, entonces el PAN se quedaría con 15 diputaciones, sin poder acceder, tampoco, a una plurinominal.
Y es que el PRI y el gobernador Duarte nunca pensaron en la posibilidad de perder las elecciones y aprobaron una ley electoral que les permitió concretar diversas candidaturas comunes en las elecciones distritales, pero en las que acordaron repartirse anticipadamente el 100% de los votos -para el reparto de diputados y prerrogativas- a los partidos aliados, en distintas proporciones en cada distrito.
De tal manera que si los resultados no cambiaran, el PRI obtendrá alrededor del 14 de la votación, razón por la que sólo puede acceder al 22% de los diputados del Congreso del Estado, lo que significan 7.2 diputados, es decir, no puede tener 8.
Cosa semejante le pasa al PAN. Obtuvo el 36% de los votos, y por la regla de la sobrerrepresentación, la de que no deben rebasar el 8% respecto de la obtenida, entonces el PAN sólo puede acceder al 44% de los diputados, es decir, no puede tener más de 14.52 diputados, pero como obtuvo 16 de mayoría, y ésos no se pueden quitar, entonces no accederá a las plurinominales.
Así, en la primera ronda accederían a diputaciones “pluris” todos los partidos, con excepción del PAN, y en la segunda ronda accederían al segundo diputado Panal, Verde y PT, y quedaría fuera Morena, a pesar de rebasar el 5% de la votación (obtuvo poco más del 7%).
Si el PRI ganara uno más, ya no tendría derecho al “pluri” y entraría la de Morena.
Así, se perfila, entonces, un Congreso sin mayoría. Bastará con que un legislador vote con la primera minoría, el PAN, para ganar las votaciones congresales.
Pero deberán obtener el concurso de diputados de varios partidos para aprobar reformas constitucionales o la aprobación de cosas por mayoría calificada.
Sin embargo, es probable que varios partidos y candidatos impugnen el acuerdo de candidaturas comunes del PRI y sus partidos, por lo que la composición definitiva del Poder Legislativo se resolverá hasta unos días antes de la toma de posesión ¡A fines de agosto!
Lo anterior es sólo una de las múltiples consecuencias del sonoro revés que la mayoría de los electores le dieron al partido y al grupo gobernantes en Chihuahua. A ello contribuyó, también, la baja calificación del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De ser el partido omnipresente en Chihuahua, el PRI sólo podrá acceder al 14% de las prerrogativas económicas otorgadas por el IEE, lo mismo que en los tiempos en los medios electrónicos de comunicación; pierde los presupuestos municipales de Juárez, Chihuahua, Parral, Camargo, Ojinaga, Madera y Nuevo Casas Grandes, además de continuar gobernando, el PAN, en Cuauhtémoc y Delicias; además de la mayoría en el Congreso del Estado y sólo gobernará 30 municipios, los de menor presupuesto y población.
Es una derrota histórica para el PRI, era algo que ni los mejores analistas previeron en tal magnitud.
Corral colocó, desde el primer momento, en su campaña una imagen en los chihuahuenses, la de que, de llegar al gobierno, llevaría a la cárcel al gobernador Duarte. 
A lo largo de los primeros días una fue la insistente pregunta: ¿Sí lo meterá a la cárcel?
Se convirtió en el tema principal de la campaña y puede ser el hecho determinante del actual proceso electoral.
Realizar una exhaustiva investigación y elaborar una correcta carpeta de investigación para que la denuncia no ofrezca cabos sueltos, será una de sus principales responsabilidades.
No será un proceso exento de presiones y de los juegos del poder, de tal manera que la resolución jurídica, en cualquiera de los dos sentidos, la culpabilidad o la inocencia de César Duarte y los funcionarios involucrados, emitida por los dos niveles del Poder Judicial, deberá ser suficientemente contundente para ofrecerle a los chihuahuenses mayor confianza en el Poder Judicial.
Y ahí no deberán equivocarse los panistas y el nuevo grupo gobernante. El triunfo se los entregó la gente debido al rechazo generalizado al gobierno de César Duarte que creció de manera insospechada. 
Los signos eran visibles en el curso de la campaña y en los años previos. Pero los priistas obtuvieron un “falso positivo” en las elecciones del año anterior; nunca aceptaron, ni de lejos, la posibilidad de la aparición del voto de castigo, ni que las elecciones de diputados federales no concitaban interés alguno.
Los chihuahuenses se las cobraron de la peor manera, incluyendo una buena parte de los activistas priistas, y de muchos empleados de gobierno y maestros, que lo hicieron en sentido contrario al esperado por sus jefes.
El hartazgo inundó hasta las dependencias gubernamentales, sólo que fue un rechazo encubierto, sólo los activistas sociales, los militantes panistas, los de Morena y algunos ciudadanos lo hicieron patente, el resto de la sociedad se lo guardó y engañó a las empresas encuestadoras, a los equipos de gobierno metidos en las campañas, a las encuestas del partido gobernante, a todos.

Las encuestas, nuevamente en la picota
Son de escándalo las discrepancias entre las mediciones de las encuestadoras y la realidad electoral de Chihuahua. 
Podemos convenir en que sólo eran “retratos” del momento, pero vaya lejanía, el gran problema es que fueron concebidas y publicadas para actuar como instrumentos de propaganda. 
Bueno, pues ya ni para eso sirven.
Las encuestas, sobre todo la de Mitofsky en las preferencias de Juárez ¡Le dió 5% a Armando Cabada! Luego, Reforma, a unos cuantos días de las elecciones mostró empate a 39% entre Teto Murguía y Cabada ¡10 puntos menos al ganador y 15 puntos más al perdedor!
Ni como olvidar las de El Universal, que le daba 12 puntos de ventaja a Serrano a unos cuantos días de la elección, al igual que la de Reforma-El Diario, más mesurada, que le dió 7 puntos de ventaja al candidato del PRI.
Si a ambas les sumamos la diferencia a favor de Corral, nos encontraremos con equivocaciones de ¡21 puntos! en el caso del Universal y de 16 en el de Reforma, sólo para recordar las de mayor prestigio, de las empresas encuestadoras, o de los medios de comunicación que las publicaron.
Sin embargo, no deberán equivocarse los panistas, es una frase ampliamente  extendida en la población; no ganó el PAN, perdió el PRI; la llegada de Javier Corral no significa, de ninguna manera, como lo dijo Francisco Barrio en Chihuahua, en el primer acto de la victoria, celebrado en Chihuahua, el rescate de “la casa grande del terrible estado que han dejado tres gobiernos del PRI”.
No, no es el rescate para el PAN, o para los panistas. Una buena parte de los electores lo hizo de manera diferenciada y otros, muchos, marcaron el emblema del PAN en todas las boletas “para que no se vaya solo Corral”.
Muy probablemente, si otro hubiese sido el candidato del PAN, con un discurso menos crítico, sin los antecedentes opositores de Javier Corral, de congruencia y su indudable acercamiento a las posturas de centro-izquierda, a lo mejor no hubiese resultado igual; lo cierto es que las encuestas del PAN ubicaron, siempre, a Javier Corral como el que le podía ganar al candidato del PRI, por eso lo llamaron, después de que el ahora gobernador electo anunciara que no buscaría la candidatura.
Y para ganar ha debido recurrir al apoyo de decenas de miles de votantes de la izquierda, de decenas de miles de electores priistas, de muchos ciudadanos desencantados de los partidos y de miles y miles de chihuahuenses que optan, en cada elección, por uno ú otro candidato, de ahí la necesidad de que su gobierno vaya más allá de los límites, errores y deficiencias de su partido, porque también contra el PAN existe un gran desencanto.
No deberá olvidarlo.
Lo necesitará, porque el estado en que encontrará las finanzas estatales no será el óptimo, están en verdadera crisis. 
A ello se debe el intento de César Duarte por hacer que se aprobara un nuevo endeudamiento, por la vía del fideicomiso carretero (bursatilizando los remanentes para obtener un financiamiento de 3 mil millones de pesos) y la del financiamiento, también bursatilizado, de hasta el 25% de las participaciones federales, en el afán de recaudar alrededor de 6 mil millones de pesos para hacerle frente a la deuda de corto plazo del gobierno estatal, que debe liquidar antes de los 3 meses previos a la entrega de la administración, para dar cumplimiento a la ley de Disciplina Financiera, aprobada a principios del año, ya que existe un déficit de alrededor de 5 mil 800 millones de pesos.
El problema estriba, además, en que hasta el cierre de la presente edición no se había dado a conocer, por la actual administración estatal, el monto del adeudo con los proveedores del gobierno estatal y que, de acuerdo con Gustavo Madero, Coordinador del grupo nombrado por Javier Corral para discutir con el equipo de la Secretaría de Hacienda la viabilidad de esa iniciativa, existe una laguna jurídica en esa ley, que le permitiría al gobierno de Duarte heredarle al siguiente gobierno dicha deuda.
De la seguridad que el grupo gobernante tenía en el triunfo -y, por tanto, del profundo desconocimiento de la realidad y del inmenso rechazo del que goza- da cuenta el hecho que la iniciativa de tales financiamientos -que se convertirían en “compromisos financieros”, que en lenguaje técnico son endeudamientos- fue presentada ante el Congreso del Estado el viernes 3 de junio, dos días antes de las elecciones.
Estaban seguros de ganar y de que Serrano, sin objeciones, la aprobaría.

Todos les cambió en la larga noche -para ellos- del 5 de junio.

Indignación popular

El Diario, 10 de julio de 2016
Luis Javier Valero Flores
No puede ser coincidencia. Más bien pareciera ser una obra en dos actos. 
La mayoría parlamentaria del Congreso del Estado, primero, aprobó la derogación de un artículo transitorio de la reforma constitucional que obligaba al gobierno de Chihuahua a saldar toda la deuda de corto plazo tres meses antes del término de la gestión; luego, sin que se tuviesen antecedentes, en modo fast track, elaboró, envió y logró que se aprobara la "monetización" de los remanentes del fideicomiso carretero, hasta por un monto de 6 mil millones de pesos, acto que requería la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes y que provocó una indignación generalizada debido a la enorme opacidad usada para informar del destino de tales recursos que, tiene razón el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, fueron aprobados en lo general en diciembre del año anterior en la Ley de Ingresos, para ser usados en el presupuesto de egresos de este año.
"En la Ley de Ingresos para el año 2016, aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso, se contemplaba una partida de 'Aprovechamientos de Capital', dentro el rubro 'Aprovechamientos', por una suma de 6 mil 161 millones de pesos". (Nota de Alejandro Salmón, www.ahoramismo.mx, 17/VI/16).
Y es que el 23 de junio del 2011, fue aprobada por el Congreso de la Unión la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos, con el objeto de armonizar los conceptos utilizados por las distintas administraciones en las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos. 
Uno de ellos, el de los “Aprovechamientos de Capital”, se definió así: “Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distinto de las contribuciones, derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de los aprovechamientos que generen sus inversiones en bienes tangibles de su patrimonio”, lo que le permitió al gobierno de Chihuahua utilizar lenguaje tan rebuscado para sustentar lo que ahora deploramos.
Cuando en diciembre del año pasado se aprobó la ley de ingresos del gobierno de Chihuahua, ya estaba contemplado el concepto de "Aprovechamientos de capital", que abarca rubros como el de la mentada bursatilización, o el de la monetización -que los tecnócratas están reservando para los dineros fruto de empresas como Fibra Chihuahua-. Se antoja increíble que nadie hubiese reparado en que una décima parte del presupuesto del gobierno de Chihuahua estuviese soportado en ese concepto. 
Tema central de la campaña electoral recientemente concluida, el de la deuda, ha ocupado, hasta el último minuto, la atención del Gobernador Duarte y el de la ciudadanía; esa fue la razón por la que su gobierno decidió no “subir”, durante la campaña electoral, al Congreso del Estado, las iniciativas en concreto para aprobar la obtención de aquella cantidad, por el desgaste electoral, como afirmara a distintos medios el Secretario Herrera, "ya que prevalecía el temor de que un tema 'eminentemente financiero' se convirtiera en una discusión electoral". (Ibídem).
Inicialmente, la propuesta consistía en la bursatilización o “monetización” del 25 por ciento de los recursos federales procedentes del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas, cosa que permite la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuya vigencia pospusieron los diputados priistas y sus aliados en Chihuahua.
El otro instrumento contemplado era el de la utilización de 3 mil mdp de los remanentes del fideicomiso carretero. Estos dos rubros garantizaban los 6 mmdp mencionados.
Sin embargo, ante la oposición del gobernador electo, Javier Corral, en un acto que elogiamos, esas iniciativas fueron "bajadas" de la discusión en el Congreso del Estado por el Gobernador Duarte, sólo para que días después y una vez superado el obstáculo del transitorio de la Ley de Disciplina Financiera, sin ningún aviso, sin hacerlo del conocimiento (por lo menos, sin que tengamos a la mano información en contrario) del Gobernador electo, el Gobernador Duarte envió la iniciativa, la que fue aprobada inmediatamente.
Dicha iniciativa fue entregada a las 11.20 Hrs. del 5 de Julio al Grupo Parlamentario del PAN, esto es, apenas 24 horas antes de su aprobación. Menos de un día para que los diputados del blanquiazul y sus especialistas en materia financiera pudieran hacer el análisis correspondiente a una iniciativa tan compleja desde el punto de vista financiero, y eso que se trataba de la representación de la fuerza política más importante en la entidad y el municipio.
En este asunto la coalición gobernante se comportó como sus similares de Veracruz y Quintana Roo, los procedimientos fueron los mismos para aprobar cosas que han merecido desaprobación generalizada.
El grupo gobernante actuó en este asunto como si el 5 de junio no hubiese ocurrido nada, como si el hecho de que 7 de cada 10 electores no hubiesen descalificado su gestión fuera algo que podían desestimar y, encima, usar el mismo discurso previo a las elecciones.
Esa es la nueva realidad de Chihuahua, les guste o no, y a esa realidad deben atender, porque, además, y esa es una frase que se repiten entre sí los políticos, especialmente los priistas, ninguna derrota es para siempre.
Y deberán recordarlo frecuentemente; estamos, en la práctica, a un año del inicio del siguiente proceso electoral, que abarcará la elección de alcaldes, diputados, síndicos, diputados federales, senadores y presidente de la república ¿Cómo enfrentar la siguiente elección si sus actos de hoy le acarrean más desprestigio que el mostrado por la voluntad ciudadana en las urnas?
Y ese es uno de los problemas del priismo derrotado en Chihuahua, que los actos de su gobierno le acarrean más críticas de los chihuahuenses, incluidos muchos priistas, lo que les ocasionará enfrentar en condiciones de verdadera desventaja tal elección.
Ante esos actos y decisiones, la aparición de comentarios y actitudes críticas, como los de los ex gobernadores Patricio Martínez (El buen general debe saber como llevar en orden a su ejército en la retirada) y de Reyes Baeza (colaboraré con el gobernador Corral) y los que infinidad de priistas hacen, preocupados por el futuro inmediato de su partido, son normales y reflejan la enorme distancia existente, en este momento, entre César Duarte y la mayoría de sus compañeros de partido.
Porque más allá de la argumentación del Gobernador Duarte y del Secretario Herrera de que la bursatilización o la monetización de los peajes carreteros no es deuda, lo cierto es que la percepción popular, y la de crecientes sectores del PRI, es de que la actual administración fincó su actuación en la utilización de los recursos futuros, generados por el peaje carretero, de las siguientes cinco administraciones, para solventar el déficit presupuestario, que en promedio ronda los 6 mil mdp anuales, y que, por lo menos para el 2016, ese fue el presupuestado, porque, sí, se aprobaron esos “aprovechamientos de capital” por 6 mil 161 mdp, que en la práctica son deuda o compromisos financieros de Chihuahua y que formaban parte del presupuesto de egresos para el presente año.
Pero la medida deja abiertas una gran cantidad de interrogantes, entre ellas la de que la mitad de la “monetización” se destinará al pago de una deuda de 3 mil millones de pesos “dedicados a inversión productiva”, dice la propuesta de Duarte, y la otra mitad al pago de inversión productiva, lo que para la diputación del PAN no es otra cosa que el pago a proveedores, cuya lista le fue solicitada al gobierno por los dirigentes de los empresarios de la capital, sin que hayan recibido respuesta.
Y ese es uno de los problemas de la transición gubernamental, el de que los actuales gobernantes deberán aceptar que las decisiones trascendentales ya debieran ser responsabilidad de la siguiente administración, que, sí, están obligados a respetar la ley y asumir las responsabilidades inherentes, pero que en aras de la gobernabilidad -que tanto ha presumido el Gobernador Duarte- lo conducente es que decisiones como la que ahora nos ocupa, o como la de la manera de enfrentar el problema del transporte urbano de la capital, debieran consensuarse con el equipo de Corral, por más animosidad que se guarden y por más enfrentados políticamente que se encuentren.
Una prueba de que existe realmente esa disposición sería la de que se hiciera del conocimiento de los entrantes -y, por supuesto, de la sociedad- los recursos económicos que encontrarán y las necesidades a cubrir, así como la explicación del porqué de la premura en la aprobación de los 6 mmdp.
Y este es un asunto clave. Jaime Herrera aseguró (Entrevista en Aserto Radio, de Antena 102.5 FM, 1/VII/16) que, debido a los tiempos necesarios para procesar la bursatilización, el plazo, ya derogado, de los 3 meses antes del término de la gestión habían hecho inviable concretarla.
Si esto es así, entonces ¿Por qué el apresuramiento? La nueva administración bien podía, al entrar, analizar si ese nuevo compromiso financiero lo asumía o, si por el contrario, decidía no utilizarlo.

Hoy todo eso contribuye al encono y a la irritación popular.