Oxígeno puro

El Diario, 29 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

Sin duda el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya resuelto la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución de Chihuahua, en los que se sustentaba la ampliación “flexible” del Congreso del Estado hasta en 3 diputados más, es muy importante, pero la resolución  que pega en la línea de flotación de las aspiraciones democráticas del país, es la de exigirle a los candidatos independientes que no hayan sido militantes de algún partido político tres años antes del proceso electoral.

La primera parte desarma la abusiva pretensión del grupo gobernante de utilizar diversos mecanismos para alzarse con la mayoría en el Congreso del Estado en las próximas elecciones y, si obtuviera mayoría, disminuir sensiblemente el número de diputados que alcanzara el segundo partido más votado.

No era simplemente el aumento en el número de diputados, algo que concita el rechazo mayoritario en la población, no, era la maniobra para eludir la posibilidad de contar con una minoría suficientemente grande y opuesta al partido mayoritario.

El grupo gobernante en Chihuahua le apostaba a mantener la alianza con el PVEM, el PANAL, el PRD, el PT y eventualmente con Movimiento Ciudadano (MC), pero la ley elevó a 3% el porcentaje necesario para mantener el registro electoral. Entonces, en una chicanada, mantuvo ese porcentaje pero plasmó en la ley que para repartirse diputados los partidos, con solamente el 2% de la votación podían acceder a ellos.

Pero la norma constitucional establece que no puede haber una discrepancia mayor al 8% entre la votación alcanzada por un partido y el porcentaje de legisladores obtenidos por ambos principios -el de la mayoría relativa y el de representación proporcional (plurinominales)-.

Como se bajaba el porcentaje necesario para tener diputados y todos los minipartidos lo obtendrían (esos eran sus “piensos”), entonces la segunda fuerza podía quedar subrepresentada y para subsanar tal cosa se tendría que quitarles diputados (todo esto es alrededor de los “pluris”) a los minipartidos.

Y para no violar tal precepto constitucional la mayoría priista resolvió elevar el número de diputados.

La Corte declaró inconstitucional ambas modificaciones.

Así, se mantiene el 3%, no solamente para mantener el registro, sino también para acceder a los pluris y deroga el aumento de diputados.

Bien.

Pero esa es una resolución que sale al paso a una pretensión específica, determinada, cuyo alcance le afectará a los partidos que obtengan los dos primeros lugares en la votación al Congreso del Estado, pero nada más.

Bueno, no está tan mal para el momento político de Chihuahua, pero la que sí va al fondo de la discusión sobre la vida democrática del país es la resolución de la Corte que valida la prohibición a que los militantes de los partidos puedan convertirse en candidatos independientes.

En primer lugar, enfatizar en la calidad de “independientes”. La norma y el espíritu que motivó la legislación sobre las candidaturas independientes fue la de quitarle a los partidos políticos el monopolio de las candidaturas y devolverle a los ciudadanos el derecho a ser votados.

Más aún, y quizá más importante, es que tal precepto cimbraría a las estructuras de poder incrustadas en la dirigencia de los partidos políticos que han desterrado casi totalmente todas las prácticas democráticas internas.

Ese candado a las candidaturas independientes refuerza a la partidocracia, es un verdadero golpe a la democratización de la sociedad, de los procesos electorales, de la representación de la sociedad y a los ciudadanos pues lo que hace es reforzar, a la fuerza, la disciplina partidaria. 

Si antes era cualidad exclusiva del PRI la presentación de candidaturas de “unidad”, hoy es rasgo común a todos los partidos en México. Tal definición esconde la realidad, la de que solamente pueden acceder a las candidaturas los militantes encuadrados en los acuerpamientos internos y que su designación obedece, en la mayor parte de los casos, a la decisión del “hombre fuerte”, o a la del grupo más importante en la dirigencia partidaria, que las resuelve en función de los intereses de ese grupo, exclusivamente.

Así, las elecciones internas dejaron de ser el modo de designación de candidatos y la partidocracia se consolidó.

Si eso ocurre ¿Para qué nos arriesgamos con elecciones democráticas internas? ¡N’ombre!

Por eso, el hecho de que los militantes inconformes con tales procedimientos designatorios pudieran acceder a las candidaturas “independientes” se avizoró como un mecanismo para democratizar a los partidos y sus procesos de elección y una vía para que la población pudiera contar con representantes populares más representativos, si ese era el caso.

Con su determinación, la Corte le otorga oxígeno puro a la partidocracia mexicana y a sus antidemocráticas prácticas internas y obliga a la totalidad de los militantes a la subordinación plena a las dirigencias partidistas, pues son éstas quienes otorgan las candidaturas, así sean contrarias a las simpatías de la mayoría de los militantes.

Y entonces, bases militantes y aspirantes a las candidaturas hacen de todo para congraciarse con los pocos de sus compañeros que tienen el poder de decisión sobre aquellas. Hacen de todo, pero no se enfrentan a sus dirigencias, si quieren ser candidatos. Y si no, po’s renunciar al partido y esperar 3 años, si es que no cambian su determinación los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

En tales circunstancias, Chihuahua no es una excepción, al contrario. Hasta antes de la aparición de la “Détente*” en la que hoy viven los priistas (al acto con Manlio Fabio Beltrones invitaron y acudieron José Reyes Baeza y Marco Adán Quezada) se podría especular con la posibilidad de que, no solamente en la disputa por la gubernatura, podían aparecer aspirantes priistas que contemplaran la posibilidad de buscar la candidatura independiente, en virtud de los muchos grados de molestia existentes en el priismo hacia el grupo gobernante, sino en los municipios.

Ya no tienen más opciones, probablemente, que buscar las candidaturas en MC y/o Morena y, si acaso, en el PAN.

Así, la Corte le dio un tremendo espaldarazo a las burocracias partidistas y le quitó a muchos ciudadanos -y no solamente los posibles candidatos, sino también a los simpatizantes, presentes y futuros que pudieran acumular- el derecho a ser votados y a éstos, el de votar por alguien no propuesto por los partidos.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le quitó diversas restricciones de la ley electoral a las candidaturas independientes, que develan la doble conducta del priismo, que ponderó “elevadamente” la aparición de las candidaturas independientes y a continuación le impuso candados en prácticamente todas las entidades en las que gobierna ¿Coincidencia?

Ninguna.

Así, en tanto que en Chihuahua aprobó una ley elevadamente restrictiva de las candidaturas independientes, en Puebla (donde gobierna el PAN) impugnó una ley semejante, sólo que allá gobierna el PAN (que también muestra su faceta de doble moral política, allá aprueba y acá impugna) y la Corte, entre uno de los requisitos que le quitó a las candidaturas independientes, en Puebla, fue el de que le obligaba a los impulsores de los candidatos independientes a “comparecer personalmente ante la autoridad electoral para ratificar el apoyo” a ellos pues constituye una limitación “excesiva y desproporcionada para el ejercicio de los derechos políticos” de los candidatos ciudadanos en el estado de Puebla.

Al aprobar diversas posturas con relación a la legislación electoral de Puebla la SCJN determinó que las entidades tienen “libre configuración” para determinar los requisitos a las candidaturas independientes, pero “dentro de límites razonables”, como lo razonó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: “Sí existe una libre configuración en materia electoral como principio general. Sin embargo, no pueden los partidos reunirse por medio de los diputados, emitir una norma que constituya una barrera de entrada para candidatos independientes y vuelvan nugatorio un derecho, como es el de ser votado como candidato independiente”.

De este modo, lo que aparecía como una posibilidad real de oxigenar el sistema político mexicano, ha sido inmediatamente rechazado por el partido que más lo podía resentir, el PRI, el mismo que en voz de su dirigente nacional rechaza los “candados” a las candidaturas independientes en Puebla, pero que no mueve absolutamente nada en el resto del país en el que son sus compañeros de partido los que promueven y aprueban todas las restricciones posibles a tales figuras.

Aún no es todo, queda solamente la vía, para quienes se encuentren en ese presupuesto, -ser militante de un partido e intentar registrarse como candidato independiente- el de presentar recursos en los que aleguen la violación a sus derechos electorales.

Por supuesto que no todo es miel sobre hojuelas, las candidaturas independientes también pueden convertirse en uno de los mejores mecanismos para que, desde el poder, se impulsen algunas que le resten votos a las principales fuerzas de oposición, pero ahí ya es un asunto de la contienda y son los ciudadanos los que deciden acerca de ellas, como debiera ser en todos los casos, de todos los asuntos de la sociedad.

• Término francés que significa aflojamiento o aligeramiento, muy usado en la diplomacia mundial para referirse a la disminución de las tensiones entre dos oponentes.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¿Y los 20 millones dónde quedaron?

El Diario, 26 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

Los 500 diputados federales recibirán un fondo de 20 millones de pesos que podrán utilizar en sus distritos o en sus estados. La juarense Cristina Jiménez, de Acción Nacional, consiguió que el también blanquiazul, Gustavo Madero, le permitiera utilizar los recursos que le asignaron a él, para aplicarlos en diversas obras, en distintos municipios chihuahuenses.

De este modo, esos 40 millones los destinará Jiménez para 36 proyectos en 16 municipios del estado, que trabajará, dijo, junto con asociaciones civiles y presidencias municipales.

Juan Blanco, ahora ya completamente clara su intención de buscar la candidatura del PAN a la gubernatura, resolvió, como todos los diputados, aplicar discrecionalmente “sus” 20 millones, entregando 9 millones al municipio de Chihuahua (sin precisar de qué manera) y los restantes 11 millones al municipio de Cuauhtémoc, encabezado por el alcalde, postulado por el PAN, Heliodoro Juárez.

Por su parte, el diputado priista, ganador de uno de los distritos de la capital, Alejandro Domínguez, informó que los puso a disposición del ayuntamiento de Chihuahua, como le correspondía, dijo.

¿Dónde deben entregar esos recursos? ¿A quién entregarlos? ¿Cómo? No  debería haber opciones, deben ser utilizados en los distritos de los cuales son representantes ¿Por qué entregarlos en municipios, de otros distritos?

Eso vale para los diputados de mayoría relativa, porque fueron elegidos en sus distritos, pero los plurinominales representan a los ciudadanos de una circunscripción plurinominal ¿En qué entidad deben gastarlos? 

De ahí que sea lo correcto, por lo menos para la diputada Cristina Jiménez, que los entregue a los ayuntamientos del Estado de Chihuahua, pero el caso de los 11 millones entregados a la alcaldía de Cuauhtémoc sigue en el aire.

Hasta ahora son los únicos legisladores que han informado de los destinos de tales recursos, el resto, nada. 

¿Qué hicieron con ellos? 

No lo sabemos. Por su conducta podríamos conjeturar que su concepción acerca del uso de tales recursos es que ellos, y sólo ellos, tienen el poder de determinarlo y que es un asunto del cual no le deben informar a sus representados, ni al conjunto de la sociedad.

Por los casos que hemos informado, y de los antecedentes, tenemos razón al sospechar que serán utilizados patrimonialmente, en función de los intereses, personales, partidarios, o electorales de los legisladores.

Más aún, no están sujetos al cumplimiento de ningún programa, ni a ningún plan y no forman parte de los planes de desarrollo de alguna instancia de gobierno.

Son el vivo ejemplo del modo como la clase política utiliza los recursos públicos. 

Porque, sí, los legisladores atienden las necesidades y cumplen en lo general con las proyecciones de los presupuestos, pero hasta ahora han dejado una inmensa cantidad de dineros públicos a la discrecionalidad, al uso patrimonialista de los gobernantes, característica de la que se deriva la conducta de los gobernadores con el presidente y de los presidentes municipales con los gobernadores, pues éstos y el presidente pueden otorgar dinero público a discreción, en función de la cercanía o lejanía de los peticionarios.

Así, los diputados federales, en lugar de disminuir o desaparecer la partida de los “moches” la duplicaron, sólo para contribuir al desorden de las finanzas públicas y a las corruptelas, en un aspecto que fortalece la percepción ciudadana acerca del enorme desaseo con el que actúan los legisladores mexicanos.

Una más de la picaresca nacional

MegaRadio 860, Juárez, 23 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

Bueno, pues ya lo oficializaron los priistas Marco Adán Quezada, Víctor Valencia, Óscar Villalobos y Jorge Esteban Sandoval, aspirantes a la candidatura al gobierno estatal: Le están pidiendo a la dirigencia nacional del PRI “una amplia consulta a las bases del partido, para definir al candidato a gobernador para 2016”, ya que, dijeron, “Tenemos una cultura democrática importante”.

Hasta hace unos cuantos días, entre la lista de aspirantes no se contaba con Villalobos, ex dirigente estatal e integrante del gabinete estatal de Reyes Baeza; ni con la de Jorge Sandoval, actual delegado del Issste y casi con los mismos ex que el anterior.

Eso es lo que piden los aspirantes que de alguna o de otra manera, y en distinto grado, se han identificado en las cercanías del denominado Grupo Delicias, es decir, los ligados a los Baeza ex gobernadores, originarios de aquella ciudad.

En ese comunicado ya no estuvieron presentes los señalamientos realizados por varios de ellos a lo largo de las últimas semanas, también son protagonistas de la distensión prevaleciente, ahora, en el PRI chihuahuense, cuyos signos se aprecian en todas partes. Luego de semanas, de meses de inexplicables camorras políticas, que llegaron hasta la posibilidad de encarcelar a uno de los aspirantes de del Estado (Marco Adán Quezada), finalmente la distensión llegó al seno del grupo gobernante.

Luego de dejar que las consecuencias del accidente del Aero Show se prolongaran irracionalmente, de no actuar con prudencia ni mesura, y hacerlo desconsideradamente con las víctimas y deudos, y de usarlo políticamente en contra de Quezada, finalmente, se le ordenó al agente del Ministerio Público que se desistiera de la acusación y el alcalde capitalino, Javier Garfio, también aspirante a la gubernatura, recibió en el curso de la semana al grupo de víctimas del Aero Show y su abogado, con los que llegó a algunos acuerdos provisionales, luego de meses de desencuentros.

Por si fuera poco, el mismísimo gobernador César Duarte anunció que el  costo del replaqueo de vehículos lo “absorbería” el gobierno estatal, que no gravaría la economía de sus propietarios.

Apenas una decena de días atrás, el mandatario defendía ardorosamente que se cobraría, poco, pero que sí habría un costo. 

Y todos los aspirantes priistas incrementaron sus actividades en pos de obtener un mejor “posicionamiento”.

A su modo, que lo ha hecho entrar a los anales de la picaresca nacional, el ex alcalde juarense, Héctor Murguía, lo hizo, diciendo que “si camina como pato, come como pato, (sic)…” para dejar en claro que sí aspira.

La novedad en su discurso fue el inmenso reconocimiento a la labor de César Duarte.

Y los actuales alcaldes de Juárez y Chihuahua realizan mil malabares para entrar en escena en busca de incrementar sus bonos políticos. Garfio se reunió con los empresarios de Coparmex de Cuauhtémoc y luego el empresario deliciense, muy ligado al Gobernador Duarte, Jaime Galván, le otorgó una comida en la que prácticamente se le ungió como el “bueno”.

En tanto, el alcalde Enrique Serrano, se convirtió en entusiasta promotor de la visita papal, cuando aún no hay un anuncio oficial de la visita.

¿Y el Presidente Juárez en donde quedó? ¿Y el Estado laico que tanto nos costó?

Y la cereza del pastel: Las consideradas expresiones que se lanzaron el senador Patricio Martínez y el Director del Issste, José Reyes Baeza, en el curso de la comparecencia de Baeza en la Cámara de Senadores. Patricio le puso en bandeja de plata un tema y el deliciense celebró la presencia “del senador Patricio Martínez”.

¡No lo podemos creer!

Y es que de frente a las elecciones, el aparato nacional priista -partido y gobierno federal- realizarán en el curso de las próximas cinco semanas el levantamiento de opiniones y de la encuesta que servirán para normar el criterio del presidente Peña Nieto para designar a su candidato en Chihuahua.

No habrá, por supuesto, una elección interna abierta a la militancia o a la ciudadanía; lo resolverán por cualquiera de sus otros métodos, que tienen un rasgo común, lo decide una sola persona.

Bueno, hasta el Fiscal General, Jorge Enrique González Nicolás, ya se anotó, aunque nos va a tener con “sucidio”, pues dijo que “en caso de que cambie de parecer yo se los hago saber el día 4 de diciembre en la tarde-noche”.

¡Bienvenida la picaresca nacional!

La “distensión” priista en Chihuahua

El Diario, 22 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

Los signos están en todas partes. Luego de semanas, de meses de inexplicables camorras políticas, que llegaron hasta la posibilidad de encarcelar a uno de los aspirantes del PRI al Gobierno del Estado (Marco Adán Quezada), finalmente la distensión llegó al seno del grupo gobernante.

Les pesará, dejaron crecer los problemas y los conflictos. Algunos ya no tendrán remedio en el ánimo de la ciudadanía que se apresta a participar en el proceso electoral y que le pueden costar al partido gobernante, por lo menos, la pérdida de decenas de miles de votos. 

Luego de dejar que las consecuencias del accidente del Aero Show se prolongaran irracionalmente, de no actuar con prudencia ni mesura, y hacerlo desconsideradamente con las víctimas y deudos, y de usarlo políticamente en contra de Quezada, finalmente, se le ordenó al agente del Ministerio Público que se desistiera de la acusación.

Al mismo tiempo, por lo menos dos conflictos sociales existentes en la capital del estado -el del fraccionamiento de Rinconadas de los Nogales, por la contaminación de la vieja mina de Avalos; y el de las Quintas Carolinas, por emanaciones presumiblemente tóxicas- fueron atendidos prontamente, con el ánimo de resolverlos.

Simultáneamente, el alcalde capitalino, Javier Garfio, también aspirante a la gubernatura, recibió en el curso de la semana al grupo de víctimas del Aero Show y su abogado, Felipe Ponce, con los que llegó a algunos acuerdos provisionales, luego de meses de desencuentros.

Por si fuera poco, el mismísimo gobernador César Duarte anunció que el  costo del replaqueo de vehículos lo “absorbería” el gobierno estatal, que no gravaría la economía de sus propietarios.

Apenas una decena de días atrás, el mandatario defendía ardorosamente se cobraría, poco, pero que sí habría un costo. Las placas no costarán.

Además, tres de los aspirantes priistas incrementaron sus actividades en pos de obtener un mejor “posicionamiento”.

Así, luego de negarse específicamente a hablar de sus aspiraciones, el ex alcalde juarense, Héctor Murguía, lo hizo, usando la figura que “si camina como pato, come como pato, (sic)…” para dejar en claro que sí aspira.

La novedad en su discurso fue el inmenso reconocimiento a la labor de César Duarte.

Por su lado, Javier Garfio, el edil chihuahuense, aceleró sus actividades en el mismo sentido y, después de reunirse en Cuauhtémoc con la Coparmex local, en donde delineó las obras que debería realizar en esa ciudad el gobierno, celebró una reunión en Delicias, organizada por el empresario Jaime Galván, en la que varios de los asistentes se refirieron a él como el necesario para disputar la gubernatura.

Tal reunión se efectuó luego de la sostenida con más de 40 alcaldes del estado, en la que las expresiones de simpatía fueron más que evidentes, que le sirvieron para pronunciar las palabras mágicas: “No descarto ser candidato a gobernador”.

En tanto, el alcalde Enrique Serrano, abiertamente entusiasmado con la visita del Papa Francisco, anunció la colocación de un libro en el que los juarenses, primero, y luego los chihuahuenses de toda la entidad, podrán escribirle sendos mensajes al jerarca católico.

Además, ya se colocó el primer espectacular de la campaña “Juárez es amor, estamos listos” en la ciudad de Chihuahua, campaña abiertamente del alcalde Serrano, que hoy instalará en esa ciudad el módulo del libro para los mensajes al Papa.

Y la cereza del pastel: Las consideradas expresiones que se lanzaron el senador Patricio Martínez y el Director del Issste, José Reyes Baeza en el curso de la comparecencia de Baeza en la Cámara de Senadores. Patricio le puso en bandeja de plata un tema y el deliciense celebró la presencia “del senador Patricio Martínez”.

¡No lo podemos creer!

Tantos incidentes no pueden ser una coincidencia, menos si recordamos que hay nuevo dirigente nacional del PRI y que ya cambió al delegado del Comité Nacional, el anterior, Julián Luzanilla, ya está en el equipo gubernamental de Duarte.

El sustrato de tantas acciones distensionistas es que, como siempre, los priistas -o entendieron, o los hicieron entender- que deben ir unidos, condición que ha estado resquebrajada en los últimos dos años, por lo menos.

Y es que de frente a las elecciones, el aparato nacional priista -partido y gobierno federal- realizarán en el curso de las próximas cinco semanas el levantamiento de opiniones y de la encuesta que servirán para normar el criterio del presidente Peña Nieto para designar a su candidato en Chihuahua.

Así, es probable que para el 20 de diciembre, o unos cuantos días después, el PRI, o sus órganos dirigentes nacionales, habrán decidido quien será el candidato (a) al gobierno de Chihuahua.

No habrá, por supuesto, una elección interna abierta a la militancia o a la ciudadanía; lo resolverán por cualquiera de sus otros métodos, que tienen un rasgo común, lo decide una sola persona.

Puede que lo haga después de auscultar a muchas voces de su partido, algunas de la sociedad y a muchas del mundo empresarial, pero la decisión, como antes, como siempre, la tomará el presidente de la república, convertido, ahora hasta estatutariamente, en líder del priismo nacional.

Parte fundamental de sus actividades proselitistas -o ganadoras de “imagen”- los informes de las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz se convirtieron -porque así lo decidieron ellas- en una especie de parámetro de sus posibilidades.

El de Merodio, celebrado días atrás, congregó a prácticamente todo el priismo local, con la excepción del gobernador Duarte, recluido en esas fechas a causa de la segunda intervención quirúrgica, derivada del accidente en el helicóptero y la presencia de un buen número de senadores priistas y algunos del PAN y PRD.

El de Graciela Ortiz, a celebrarse el próximo viernes en la capital del estado,  un día antes de la visita del dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones, intentará ser un evento que le permita a la legisladora incidir de mejor manera en quienes tomarán la decisión.

Dicho informe lo presentará, luego de haber dado origen, varios días atrás,  a una fundación -Pensar Chihuahua- con la presencia, entre otros, de Sergio Piña Marshal (Secretario de Salud con Duarte), Fernando Rodríguez (Secretario de Gobierno con Reyes Baeza), Martha Lara (mismo cargo con Fernando Baeza), Eugenio Vallina, Víctor Silva (Ex diputado federal), Ramiro Cota (el encargado de los procesos internos del PRI), Humberto Cano, de Óscar Leos, Isaías Orozco, Juan Ramón Flores, Carlos Grado y Luis Rivera.

Por otra parte, el Fiscal General, Jorge Enrique González Nicolás, no se descartó de la lucha por la candidatura, pero tampoco se incluyó, sino todo lo contrario. Juzgue usted lo que dijo acerca de sus aspiraciones: “Ahorita yo estoy trabajando en el encargo que me hizo el gobernador, que es la seguridad de los chihuahuenses, claro que sería un privilegio y además es una aspiración que debemos tener todos los chihuahuenses ser gobernador, alcalde o cualquier otro puesto de elección popular”, pero dijo que no tiene planes de buscar una candidatura, sin embargo,  “en caso de que cambie de parecer yo se los hago saber el día 4 de diciembre en la tarde-noche”. (Nota de Enrique González Torres, ahoramismo.mx, 20/XI/15). 

¡Bienvenido a la picaresca nacional!

Más allá de quien resulte designado, lo cierto es que el PRI, como partido, ha logrado mantenerse en el centro de la atención política a lo largo de las últimas semanas y ha logrado ubicar a sus aspirantes, por lo menos, con niveles  de conocimiento en la sociedad ligeramente superiores a los de los aspirantes panistas, en medio de una verdadera “fiebre” de encuestas que los dirigentes y aspirantes, tanto priistas, como panistas, esgrimen para convencer a sus interlocutores que las simpatías electorales les favorecen.

Una certidumbre sí existe, la de que en una proporción mayor a la de otros episodios electorales, el voto de rechazo contará mayormente. Se ha creado condiciones inéditas, la mayor parte de ellas originadas por la presencia de las redes sociales a través del internet que ha consolidado una creciente corriente de opinión extremadamente crítica, la que generará, seguramente, un mayor número de votos en los que el principal factor para su generación será el del rechazo al candidato, al partido o al gobernante.

¿Quién saldrá mejor librado?

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¿Solidaridad con el pueblo? Ninguna

El Diario, 19 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

Al aproximarse el fin de año, cada año, pasa lo mismo. Se informa del monto de los aguinaldos de los diputados y, luego, de los funcionarios de los primeros niveles de toda la administración pública.

Igualmente, se desatan los acres comentarios de una buena parte de la sociedad, en multiplicado reclamo que jamás ha sido escuchado, en una forma que recuerda, en mucho, el pasado, de cuando los súbditos le imploraban a los reyes que se condolieran de su dolor.

Así está la sociedad mexicana. En todos los tonos, prácticamente de todos los niveles sociales, le ha reclamado a los gobernantes los exagerados montos de sus percepciones.

No hay reclamo que valga.

El tema llegó a las mesas de discusión debido a que se dio a conocer que los diputados locales recibirán más de 154 mil pesos durante diciembre “como parte del salario mensual y el aguinaldo, aunque habrá legisladores, como los coordinadores de bancada, cuyas percepciones alcanzarían hasta los 200 mil pesos”. (El Diario de Chihuahua, Editorial, 18/XI/15).

El mismo editorial rememora que en el año 2000 cada diputado obtuvo 43 mil 120 pesos de aguinaldo. Quince años después se les triplicó.

Pero este problema no es sólo de ellos. Incluyamos a los funcionarios estatales y municipales de los 2-3 primeros niveles y encontraremos la misma situación, con la diferencia que no acarrean el desprestigio de los legisladores ni, por supuesto, las cargas de trabajo de éstos, que son, evidentemente escasas.

Y luego recordemos los montos de los diputados federales, de los senadores, de los secretarios federales; de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los consejeros de un montón de organismos autónomos y de los miles de funcionarios de 2o. y 3o. nivel, del gobierno federal, cuyos montos superan ampliamente los de los diputados locales.

¿Qué hacer?

¿Rogarles a los funcionarios que cambien? ¿Que, por favor, vean la pobreza a su alrededor? ¿Que, por favorcito, se conduelan de la mayoría de sus gobernados y se solidaricen con ellos? ¿Que, por favor, paguen impuestos del total de sus ingresos como funcionarios públicos?

¿Por qué no hacer, ahora que los aspirantes a candidatos a gobernador despliegan una intensa actividad, que incluyan entre sus propuestas la de elaborar y promover intensamente una iniciativa para que los salarios de los funcionarios públicos de los dos primeros niveles, de los municipios y el estado, ganen solamente la mitad de lo que ahora devengan? ¿Y que esa propuesta-iniciativa incluya a los funcionarios del Poder Legislativo y del Judicial?

Para los funcionarios estatales y municipales (y en éstos, los de mayor población) no hay problema, basta que al llegar manden -en el caso del gobernador- una propuesta a fin de modificar el presupuesto de egresos del gobierno del estado para el siguiente año que contenga sólo unas cuantas líneas en las que se disminuyen a la mitad todas las percepciones de esos funcionarios.

Ni siquiera tiene que llegar a ley, aunque sería lo recomendable.

En el ámbito municipal cosa semejante se podría hacer, aunque en este caso se deberían sopesar seriamente los niveles salariales, tanto para salir al frente de los exorbitantes salarios que muy frecuentemente se adjudican los presidentes municipales y sus principales funcionarios y no así con el resto de las plantillas municipales.

No se necesitan muchos argumentos para explicar porqué buscar el compromiso de los aspirantes a gobernador, para que sean ellos los proponentes de la iniciativa, basta revisar el modo en que el Poder Legislativo se ha subsumido al Ejecutivo, y no sólo en esta legislatura, sino siempre.

Sólo de esa manera podríamos tener cierta certidumbre de que una propuesta de esta índole pudiera tener éxito.

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“Emparejaron” el piso

El Diario, 15 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

Eran muchos los acontecimientos y más las coincidencias. Una muy frecuente pregunta de los más conocedores corría frenética en las tertulias de los chihuahuenses, especialmente los de la capital: ¿Hasta cuándo frenarán, desde la ciudad de México, al grupo gobernante en Chihuahua, en su pretensión de evitar a como dé lugar la posibilidad de que el ex alcalde Marco Adán Quezada pueda contender por la candidatura del PRI al Gobierno de Chihuahua?

¿Hasta cuándo?

No pueden ser meras coincidencias el arribo del sonorense -de un grupo abiertamente distinto al del ex delegado del Comité Nacional del PRI en Chihuahua, Julián Luzanilla- Manlio Fabio Beltrones; el nombramiento del ex gobernador poblano, Melquíades Morales, como delegado regional de la misma instancia, el de José Luis Flores Méndez, como delegado priista en Chihuahua; luego, el nombramiento de Luzanilla como representante del Gobierno de Chihuahua en el DF. 

Luzanilla, semanas atrás, había invitado a una reunión en la Casa de Gobierno a quienes consideró como los únicos aspirantes a la candidatura de su partido.

Su nombramiento en el gobierno estatal denotó claramente la buena relación con el Gobernador César Duarte y, por consecuencia, su imposibilidad a actuar imparcialmente en el proceso designatorio del candidato.

Y mientras todos los aspirantes priistas realizaban actividades políticas encaminadas a obtener más puntos en las encuestas, Quezada se defendía, primero, del intento de la inhabilitación política que pretendía realizar la mayoría del Congreso del Estado y en la semana que termina, del intento de encarcelarlo; ambas acusaciones por el accidente del Aero Show del 2013.

No, no estaba el piso parejo, como lo solicitaba. No soy albañil, le respondió el Gobernador Duarte.

Bueno, pues tal parece que en otros lugares y otras instancias sí se dedican a emparejar los pisos políticos, por lo menos los del interior del partido gobernante en Chihuahua y el país, el PRI.

Porque a la luz de la paupérrima argumentación esgrimida por el agente del Ministerio Público para retirar la solicitud de vinculación a proceso que hizo a Quezada y varios de los ex funcionarios municipales de la administración 2010-2013, -Fernando Rodríguez García, Idelfonso Sepúlveda Márquez, Alfonso Prieto Prieto, Horacio Flores Chávez y Juan Manuel Fuentecillas Noriega- sólo hay lugar para la especulación anterior.

Nada de lo que se ha hecho hasta ahora, desde el poder en cuanto a Quezada, tiene que ver con la aplicación de la justicia en el accidente; ha sido usado exclusivamente con fines políticos y así ha sido resuelto, por lo menos hasta el momento, en cuanto a Marco Adán Quezada.

Patético. El agente del MP, Irving Anchondo Valdez, (no se preocupe, abogado, con los años puede llegar hasta Procurador de Justicia de alguna entidad, el régimen paga bien; puede tardarse, pero paga) arguyó que había obtenido “nuevos elementos de investigación posterior a la audiencia de formulación de imputación” que reestructuran “la teoría del caso” y que debe estudiarlas más detenidamente, en “busca -dijo- del máximo respeto a las personas que sean imputadas”, por lo que retiraba la solicitud de vinculación a proceso de los señalados.

Dejemos atrás la preocupación, nos pidió el Fiscal General, Jorge González Nicolás, no se le está, -dijo- dando carpetazo al caso, la carpeta de investigación sigue abierta.

¿Más coincidencias?

La defensa de Quezada pidió y obtuvo que varios funcionarios del ayuntamiento de Chihuahua, los relacionados con las adquisiciones y licitaciones, fuesen incluidos como testigos, con la excepción del alcalde Javier Garfio, al que el juez excluyó de esa lista, para que declararan acerca de los mecanismos con los que han invertido recursos públicos municipales en la celebración de diversos eventos promovidos por la presidencia municipal, que se ha hecho del mismo modo que lo hiciera la administración municipal de Quezada y demostrar que no es ilegal, y si lo es, bueno, pues todos los funcionarios municipales y estatales que han aprobado la entrega de recursos económicos, con ese mecanismo, debieran ser señalados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y denunciados como ahora lo están los arriba mencionados.

¿Cuáles otros elementos de investigación va a encontrar el agente del MP si la base de la acusación es la auditoría sobre el Aero Show, realizada por la ASE, y la cual muy difícilmente puede aportar nuevos elementos para incriminar a los ahora “desvinculados”?

¿Qué determinó, o quién, o quienes resolvieron el cese del proceso penal en contra de Marco Adán Quezada?

Lo sabremos al paso de los días. No es difícil aventurar hipótesis, dada la extrema calma con la que los defensores y el mismo Quezada recibieron la declaratoria del MP.

Más allá de lo que entusiastas promotores de la candidatura de Quezada pregonan -que tiene cifras extraordinariamente altas en las preferencias electorales, que para el escribiente tienen algo de razón, de acuerdo a la personal percepción, aunque pareciera que el ex alcalde juarense, Héctor Murguía se encuentra en un no muy lejano segundo lugar-, lo cierto es que la desvinculación a proceso, realizada por un agente del MP, luego de meses de reiterados intentos por obstruir las posibilidades electorales de Quezada, choca frontalmente. 

La explicación no deberíamos buscarla en el ámbito de la aplicación de justicia, sino en el de la política. 

Seguramente tienen algo de razón los dirigentes del PAN chihuahuense, cuando dicen que, de acuerdo con sus propias encuestas, se encuentran entre 5 o 6 puntos abajo en las preferencias electorales respecto del PRI, lo que es una gran ventaja para los blanquiazules, pues tradicionalmente arrancan las campañas electorales con hasta 20 puntos de desventaja; ir sólo con la diferencia mencionada indica que los priistas tienen -tendrán- serios problemas electorales.

Y eso sí explica a cabalidad la resolución de la Fiscalía General del viernes anterior, en relación con el ex alcalde capitalino. No debe haber asuntos que enturbien la “unidad” priista y éste, vaya que era un enorme problema. 

A semanas de arrancar la campaña electoral, podía -puede- convertirse en el factor que precipite el triunfo hacia cualquiera de los dos partidos que se disputan el poder en Chihuahua hace más de 30 años.

De ahí la sobriedad de MAQ; sabe de lo que fue necesario realizar -a todos los niveles- para llegar al punto del viernes, pues a pesar de lo que sostengan en público sus abogados, no habrá un nuevo episodio jurídico en su contra, por lo menos en los próximos meses, pues la correlación de fuerzas rumbo a las elecciones se ha hecho presente.

Así, lejos de la aplicación de la justicia para las víctimas y la sociedad chihuahuense, el accidente del Aero Show puede convertirse en otro de los asuntos pendientes de las actuales administraciones -municipal y estatal- pues no ha habido, hasta ahora, una discusión (jurídica) real sobre las responsabilidades de cada uno de los funcionarios involucrados, ni sobre la dimensión de esas responsabilidades; no se ha esclarecido el asunto del seguro del espectáculo y hay un inexplicable retraso en la aplicación de las indemnizaciones a las víctimas, amén de la falta de la reparación -integral- del daño causado, tal y como lo señaló la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al agravio causado a la sociedad con el accidente, se sumaron el del uso político, el del manejo faccioso de las instituciones, el del retraso en la aplicación de la justicia y el ahondamiento del dolor causado a un centenar de familias chihuahuenses.

En aras de las elecciones, una parte de la clase política local ahora pretende que todo eso forme parte del pasado. De ninguna manera, las siguientes administraciones, la estatal y la municipal, así como la nueva legislatura, habrán de darle debido cumplimiento a las demandas de justicia de víctimas y sociedad, en uno de los peores accidentes sufridos por los chihuahuenses y el que, con toda seguridad, ha sido el que ha recibido el peor tratamiento por parte de la autoridad.

Aún falta el proceso electoral, en él, con toda seguridad, el accidente ocupará parte central del discurso de la oposición; que lo traten bien, que actúen consecuentemente, luego, cuando forman parte del gobierno, en el poder, o en la oposición, es lo menos que les podemos exigir.

Si lo hacen solamente para obtener tajadas políticas, le agregarán descrédito, mayor al que ya tienen frente a un buen porcentaje de la sociedad.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Los “Chuchos”, dioses

El Diario, 12 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

¿Cómo puede tomarse en serio a un partido -hasta muy recientemente, el más grande que haya construido la izquierda mexicana- si nombran como presidente del Comité Nacional a alguien que ingresó apenas 71 días antes?

El sábado anterior, el Consejo Nacional del PRD “eligió” como su dirigente a Agustín Basave, un ex priista ligado, en aquellos años, a Luis Donaldo Colosio. Llegó, como él mismo lo sostuvo, “arropado” por las corrientes políticas internas del perredismo.

Si la patética situación en la que se encuentra el PRD de Chihuahua fuera exclusiva de la localidad, pudiera llegarse a la conclusión que podría mejorar, pero si el espectáculo lo protagonizan los dirigentes nacionales, que no son cualquier cosa, sino los dirigentes de la agrupación interna más importante -Nueva Izquierda, coloquialmente conocida como “Los Chuchos”, por ser Jesús Ortega y Jesús Zambrano sus principales dirigentes- entonces no queda más que certificar que el PRD no tiene compostura.

Gracias a la crónica publicada en Reforma -bendito género periodístico, hoy tan olvidado por la parafernalia digital- pudimos asomarnos a los entretelones de la cúpula del perredismo, a su gigantesca frivolidad y a su no menor cinismo.

Fernando Belaunzarán, antiguo integrante de Los Chuchos, se atrevió a postularse como candidato a la presidencia del Comité Nacional. Para que no hubiese elección, algo que le habían prometido a Basave, Los Chuchos le propusieron que se integrara en la planilla como candidato a Secretario General. No aceptó.

Al iniciar la reunión del Consejo Nacional del PRD, al frente y al centro, en la primera mesa, se colocaron Francisco Martínez Neri, líder de los diputados del PRD; Beatriz Mojica, candidata a la secretaría general, ex candidata al gobierno de Guerrero y antigua colaboradora del ex gobernador Angel Aguirre. “A su lado, Jesús Zambrano, de ‘Los Chuchos’, y el otro dirigente de ese grupo, Carlos Navarrete.

“Me da gusto saludar a la elegida por los dioses”, saludó Belaunzarán a Mojica. Luego, a los demás sentados a la mesa. Cuando se va, (Jesús) Zambrano comentó, burlón, a sus camaradas de Nueva Izquierda: “Iba a decirle: 'los dioses te saludan, Fernando’”. (Nota de Reforma, 8/XI/15).

Y es que esos dioses, responsables de la postulación de Angel Aguirre a la gubernatura de Guerrero, seis años atrás, y de José Luis Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala, habían determinado antes que, para salir de la crisis creada por su desempeño al frente del PRD, llamarían a un ciudadano ajeno a ese partido a fin de que lo dirigiera.

Lo podían intentar al fin y al cabo que entre ellos y el grupo dirigido por René Bejarano tienen el control del máximo órgano de dirección del PRD, por eso, desde el día anterior a la elección, Jesús Ortega y Carlos Navarrete (El líder defenestrado), líderes de Nueva Izquierda, “confirmaron la cargada: el nuevo presidente del PRD” sería Basave.

Más “comprometido” con las formas democráticas, Bejarano le dijo a sus huestes de Izquierda Democrática Nacional (IDN) que: ”No hemos resuelto, pero yo quiero adelantar y sugerir que podamos votar a favor de la fórmula que encabeza Agustín Basave, que actuemos con unidad”. (Ibídem).

No hay necesidad de más, no hay discusión, no hay votación, una dos horas después, todos, pero absolutamente todos, votan por alguien a quien no conocen para que los dirija en todo el país.

Pero para que funcione esa democracia, los perredistas recurren a algo que repudiaron durante décadas, que costó decenas de muertos en las luchas sindicalistas. No hubo urnas para que los consejeros votaran en secreto, no, “los consejeros se deben parar ante el micrófono y votar a un metro de distancia de la mesa de ‘Los Chuchos’ y el ungido Basave”.

¡Ay de aquel que se atreva a desafiar a los “dioses”!

¡Tan eficiente es el control en el PRD que algunos consejeros ni siquiera hablan, con el dedo señalan por quien desean votar!

Exultante, el nuevo “dirigente” perredista pregona que es el momento “de llevar al partido a ser de verdadera oposición al régimen priista. Que ya no habrá pactos con el Gobierno y que no le temblará la mano para señalar la corrupción”!!!!

Y la “cargada” también se manifiesta en negro y amarillo: “Nosotros fuimos los primeros que le dimos el apoyo a Basave”, presume Jesús Valencia, ex Delegado de Iztapalapa, obligado a renunciar por usar y chocar la camioneta de uno de sus proveedores.

Es tan eficiente la democracia perredista que Fernando Belaunzarán alcanza ¡cero votos! Ni él vota por sí mismo.

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Paradojas sangrientas

MegaRadio 860, Juárez, Chih.

Luis Javier Valero Flores

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al otorgarle el amparo de la justicia federal a los 4 integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (Smart), que en 2013 solicitó a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) un permiso para ejercer derechos correlativos al autoconsumo de mariguana, desató una serie de opiniones en las que lo central es, o el pleno desconocimiento de la realidad del México de hoy o el hipócrita rechazo, sólo, porque, dicen, esta resolución abrirá el camino al acelerado incremento en el consumo de esta droga.

La presidencia de la república se apresuró a “precisar” que lo aprobado por la SCJN no se trataba, en modo alguno, de la legalización de esta droga, pero ni antes, ni después ha esbozado la idea de lanzar una vigorosa campaña de prevención a las adicciones ni, por supuesto, a poner en vigor un programa nacional de rehabilitación de los adictos.

Además del aspecto relacionado con el ejercicio de los derechos de los individuos, cosa que la SCJN privilegió al determinar que la prohibición absoluta al consumo era inconstitucional, la otra parte de la argumentación de quienes promovieron los amparos es el relativo al combate violento a las adicciones y al tráfico de estupefacientes.

El incremento de la violencia y del número de asesinatos están ligados, sí, a las drogas, pero la parte mayoritaria no la aporta el consumo sino el tráfico de las drogas, pues la mayoría de los jóvenes involucrados en las ellas mueren, no porque sean consumidores, sino por ser traficantes de una actividad que es, finalmente, para ellos y sus patrones, solamente un negocio.

Hipócritas, los gobernantes no reconocen tal realidad y nos espetan discursos y discursos acerca del combate al narcotráfico y de la recuperación de los “valores”,  cuando en realidad no les importa la suerte de millones de jóvenes -la absoluta mayoría, pobres- que, o mueren en las calles y rancherías de todo México, o viven, recluidos en los penales.

Y, además, nos están llevando, poco a poco, a una terrible paradoja.

En tanto que en los Estados Unidos, aquí, apenas cruzando la línea fronteriza, las personas pueden -podrán- adquirir la mariguana, en cualquiera de las modalidades de acuerdo a la regulación existente en los estados vecinos, Nuevo México y Texas, distinta a la de California, los jóvenes mexicanos se seguirán matando por los mercados, las rutas y los accesos a la producción, distribución y venta de ella.

Y crece la indignación al saberse la magnitud de la hipocresía gubernamental. Pocos sabíamos, por ejemplo, que la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene la capacidad para monitorear con radar la frontera norte del país.

¡Sí, lo oyó bien!

No hay radares en esta zona del país.

¿Quién es la fuente de tal información? 

¡La misma Secretaría! Está pidiendo dinero para comprarlos.

La resolución dará pie al establecimiento de un gran debate, que puede llevar, por lo menos, a combatir una buena cantidad de los mitos atribuidos, en general, al consumo de drogas, y en particular, al de la mariguana.

Es que desde la óptica oficial es más fácil atribuir al consumo de drogas los elevados niveles de delincuencia, que a los profundos desequilibrios sociales y a la extendida pobreza en el país.

De acuerdo con la información disponible, en México sólo el 10% de las personas que cometieron algún delito lo hicieron bajo el influjo de alguna droga, y de éstos sólo el 11% había consumido mariguana”. (Nota de Reforma, 19/X/15).

Otro mito es el del incremento en el consumo de drogas. La Encuesta Nacional de Adicciones reveló que se ha detenido el aumento en el consumo de droga y ha crecido el del alcohol en adolescentes. (Nota de Reforma, 29/X/12).

Las evidencias del fracaso las aportan distintas fuentes. A principios del año pasado, el Jefe de la Región Militar 11, General Cuauhtémoc Antúnez, sostuvo que “se han logrado avances en el combate a los grupos del crimen organizado, pero la realidad es que la siembra de droga tiene décadas y no podrá ser erradicado”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario, 11/II/14).

Es, apenas, el inicio del debate, de ahí que parezca pertinente el señalamiento de César Gaviria, el ex presidente colombiano: “Hemos abandonado en manos criminales un mercado de 300 mil millones de dólares. Hay que acabar con la prohibición, el Estado debe regular el mercado de la droga”. (El Universal, 7/XI15).

Hipócritas y escapistas

El Diario, 8 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

Lanzado el cascabel por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sorprendió (o quizá, no) la respuesta de las “buenas conciencias” acerca de la supuesta “legalización” de la mariguana, que en realidad es el otorgamiento del amparo a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (Smart), que en 2013 solicitó a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) un permiso para ejercer derechos correlativos al autoconsumo de mariguana.

La presidencia de la república se apresuró a “precisar” que lo aprobado por la SCJN no se trataba, en modo alguno, de la legalización de esta droga.

Pero en ningún momento, lanzó la idea de que podrían considerar la puesta en vigor de diversas medidas para prevenir las adicciones o para el establecimiento de un programa nacional de atención a los adictos.

Incapaces de apreciar la tragedia que ocurre frente a nuestros ojos, los integrantes del grupo gobernante; pero no sólo, también una buena parte de la clase gobernante y de la sociedad, no atinan a proponer o aprobar estrategias que nos lleven a la disminución, tajante, de la violencia generada en el país, no por el consumo de las drogas, sino por el trasiego de ellas, pues la mayoría de los jóvenes involucrados en las drogas mueren, no porque sean consumidores, sino por ser traficantes de una actividad que es, finalmente, para ellos y sus patrones, solamente un negocio.

Hipócritas, no reconocen tal realidad y nos espetan discursos y discursos acerca del combate al narcotráfico y de la recuperación de los “valores”,  cuando en realidad no les importa la suerte de millones de jóvenes -la absoluta mayoría, pobres- que, o mueren en las calles y rancherías de todo México, o viven, recluidos en los penales.

Y son escapistas, porque ante tal realidad, lo único que atinan a realizar son reformas para acrecentar las penas a los traficantes de drogas y a promover y aprobar, año tras año, mayores presupuestos para aumentar las policías y comprar más y más mortíferos armamentos, sin que el problema se atenúe, por lo menos.

Pero no en todos los rubros de este género crecen los presupuestos. De acuerdo con el proyecto de inversión presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional ante la Secretaría de Hacienda, solicitó mil 827 millones de pesos para el 2016 a fin de comprar cinco radares tridimensionales de largo alcance, Ground Master-400, debido a que “carece de radares terrestres para monitorear vuelos ilícitos en el norte del país, y el equipo con el que cuenta sólo cubre 32% del territorio nacional”. (Nota de Reforma, 20/IX/15).

¡Afirma que en la parte norte de la República Mexicana no existen “medios de detección que coadyuven a dicha vigilancia, reflejando que existan gran cantidad de tráficos ilícitos que llevan a cabo sobrevuelos en esa porción del país”, indica el Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, en la justificación del proyecto. (Idem).

Entre las entidades que se beneficiarían de tal adquisición se encuentra Chihuahua. En el norte del país, dicen los militares, para cubrir la vigilancia, dependen de la información de EU.

Ante el alud de opiniones desatadas por la resolución de la SCJN, no se advirtió que los promoventes del amparo, además de no ser consumidores de la mariguana, son integrantes de organizaciones que han clamado por el urgente cambio, drástico, en el combate al narcotráfico; es un fracaso la política gubernamental, sostienen.

No han detenido el flujo, a pesar de las enormes fortunas públicas gastadas en ese combate, y las consecuencias de esa manera de combatir al narcotráfico ha generado más violencia.

La resolución dará pie al establecimiento de un gran debate, que puede llevar, por lo menos, a combatir una buena cantidad de los mitos atribuidos, en general, al consumo de drogas, y en particular, al de la mariguana.

Es que desde la óptica oficial es más fácil atribuir al consumo de drogas los elevados niveles de delincuencia, que a los profundos desequilibrios sociales y a la extendida pobreza en el país.

Algo de eso anotó en su proyecto de resolución el Ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, al sostener, por ejemplo, que “la mariguana por sí misma no induce a la comisión de delitos violentos, sino todo lo contrario; inhibe los impulsos de agresión del usuario, pues en general produce estados de letargo, somnolencia y timidez… De acuerdo con la información disponible, en México sólo el 10% de las personas que cometieron algún delito lo hicieron bajo el influjo de alguna droga, y de éstos sólo el 11% había consumido mariguana”. (Nota de Reforma, 19/X/15).

Y lo precisa al sostener que aunque la tasa de consumo de mariguana es mayor entre las personas que han delinquido, “ello probablemente se deba a que la comisión de delitos y el consumo de mariguana tienen como origen las mismas causas sociales. Por lo demás, es evidente que si algunos consumidores enfrentan cargos penales es precisamente porque el consumo de mariguana también está penalizado”. (Idem).

Si bien el proyecto de Zaldívar no minimiza los daños que puede ocasionar la mariguana en el consumidor mayor de edad, entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla a cada individuo.

Ya desde el año pasado, el Consejo Editorial del influyente periódico The New York Times decía que “creemos que la evidencia es abrumadora de que la adicción y la dependencia (a la mariguana) son problemas relativamente menores, sobre todo en comparación con el alcohol y el tabaco. El uso moderado de marihuana no parece representar un riesgo para los adultos sanos. Las afirmaciones de que la marihuana es una puerta de entrada a drogas más peligrosas son tan fantasiosas como las imágenes ‘Reefer Madness’ del asesinato, la violación y el suicidio”. (NYT, 27/VII/14).

Otro mito es el del incremento en el consumo de drogas. La Encuesta Nacional de Adicciones reveló que se ha detenido el aumento en el consumo de droga y ha crecido el del alcohol en adolescentes. (Nota de Reforma, 29/X/12).

Si bien en el período previo anterior 2002-2008 se había duplicado el consumo de estupefacientes, “de .7 por ciento a 1.4 por ciento, entre 2008 y 2011 el indicador se estabilizó en 1.5 por ciento”. (Idem).

La política contra las drogas la dicta el gobierno norteamericano. La más reciente información, fruto de una investigación periodística, demuestra que a lo largo de la historia, la DEA ha negociado con los narcos en México a espaldas del gobierno. (Nota de El Universal, 6/I/14).

Y es un completo fracaso el combate gubernamental al tráfico de estupefacientes: “En los dos años completos que han transcurrido del mandato del presidente Enrique Peña Nieto han ocurrido 42,732 homicidios dolosos, cantidad que supera, en promedio, al del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa”. (Nota de Alejandro Salmón, ahoramismo.mx, 20/VII/15).

Juárez dejó de ser la meca de las ejecuciones, pero Parral se ubicó entre  los municipios con mayor tasa de homicidios en el 2014. Fue el 4to. más violento de México, con una tasa de 50.5 por cada 100 mil habitantes, según el Estudio del Observatorio de Seguridad Pública y Justicia Penal. (Nota de la Redacción, El Diario, 14/V/15).

Por desgracia no estuvo solo, en el tercer lugar está Juárez con 28.88 por cada 100 mil habitantes, Cuauhtémoc en el lugar 29 con 22.28, Chihuahua capital en el 33 con 21.19 y Delicias en el 118 con 8.87. Por otra parte, se ubicó a la capital del estado, Juárez y Parral con alto índice de violaciones y agresiones sexuales. (Idem).

Las evidencias del fracaso las aportan distintas fuentes. A principios del año pasado, el Jefe de la Región Militar 11, General Cuauhtémoc Antúnez, sostuvo que “El problema de la siembra y comercialización de droga en la zona serrana de Chihuahua no tiene solución”. Dijo que “se han logrado avances en el combate a los grupos del crimen organizado, pero la realidad es que la siembra de droga tiene décadas y no podrá ser erradicado”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario, 11/II/14).

Cosa semejante declararía Adam Isacson, director del Programa de Política de Seguridad Regional de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), al sostener que pese al blindaje de la frontera de EU, aumenta 800% el cruce de droga, en contraste, paradójicamente, con el del flujo de migrantes. (Nota de La Jornada, 11/IX/12).

Ello, a pesar de contar con una flota de cuatro aviones no tripulados, o de que se haya incrementado hasta en cinco veces el número de agentes de la CIA, el FBI y la DEA.

Y una que duele extraordinariamente. De acuerdo con el Fiscal General, Jorge Enrique González Nicolás, están sin resolver 9 mil homicidios cometidos entre el 2007 y el 2010 (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario, 11/VII/15), simplemente porque las dependencias encargadas de la procuración de justicia fueron avasalladas por la oleada homicida.

Esa es la veta de la utilidad de la legalización del tráfico de mariguana, el de la disminución de la violencia generada; otra es la de la del libre desarrollo de la personalidad, referente a “entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción sexual, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma”. (De la resolución).

O de la defensa de los derechos, efectuada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presidente de la primera sala, cuando sostuvo: ‘‘Lo que no permite nuestra Constitución es hacer nugatorio un derecho humano, como lo es el libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad, la intimidad y la libertad de conciencia, por lo que es inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de la mariguana…”.

Es, apenas, el inicio del debate, de ahí que parezca pertinente el señalamiento de César Gaviria, el ex presidente colombiano: “Hemos abandonado en manos criminales un mercado de 300 mil millones de dólares. Hay que acabar con la prohibición, el Estado debe regular el mercado de la droga”. (El Universal, 7/XI15).

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Ciudadanización, especie en extinción

El Diario, 5 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

El martes anterior se instaló el nuevo Consejo del Instituto Estatal Electoral, la adecuación de la legislación electoral chihuahuense a la reforma electoral aprobada casi dos años atrás, en el curso de las reformas impulsadas a partir del Pacto por México, signado por el PRI, PAN y PRD.

Al acto protocolario no acudió la representación del PAN de Chihuahua.

Importa detenerse en ésta reforma por el brutal choque entre la realidad política y los arreglos de las cúpulas partidarias.

Prácticamente en todas las entidades sucedió lo mismo. La oposición protestó por el cuasi avasallamiento en la designación de los nuevos consejeros estatales. El priismo se sirvió con la cuchara grande.

¡Ah, pero cuando se discutía la posibilidad de efectuar las reformas electorales, la dirigencia del PAN, encabezada por Gustavo Madero, alegaba que al otorgarle al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de conducir los procesos electorales locales se le quitaría a los gobernadores lo que entonces, decía, era una realidad, que éstos tenían bajo su control a los órganos electorales estatales!

Bueno, pues ahora sufrimos, no la centralización de las cúpulas partidarias, sino la del gobierno de la república, fruto de las gravísimas equivocaciones cometidas por las dirigencias de panistas y perredistas.

No le fue bien a Madero. A pesar de que sus más allegados ejercen el control sobre su partido, aparentemente ha sido defenestrado. En los tiempos que se discutían las reformas del Pacto por México la opinión generalizada era la de que, al llegar las elecciones del 2013 se convertiría en el líder de los diputados federales del PAN y de ahí a la candidatura presidencial.

Se le veía fuerte en esa trayectoria, a pesar de las no pocas críticas internas.

Contra todos los pronósticos, el PAN no pudo convertirse en el mejor receptor de la caída del gobierno de Peña Nieto en las encuestas. El PRI, a pesar de todo, con sus aliados, tiene una magra mayoría en la Cámara de Diputados.

Y eso le fue cobrado al ex dirigente nacional.

No ocurrió lo mismo con Jesús Zambrano, a la sazón dirigente del PRD en los momentos de la firma del Pacto por México. A esa dirigencia y partido les cayó la noche de Iguala. Increíblemente los rescató el PRI. Hoy, Zambrano es el flamante presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

La reforma electoral local de 1997, impulsada por el PRI y el PRD, criticada severamente por el PAN y el gobernador Francisco Barrio, entre otras cosas, aportó una extraordinaria y esperanzadora manera de designar a los integrantes del organismo electoral.

En lugar de que el gobernador enviara una propuesta al Congreso del Estado, para que éste eligiera a los nuevos consejeros, la reforma estableció -eran los tiempos en que florecían los ímpetus ciudadanizadores- que los propios ciudadanos se propusieran.

De ellos el Congreso elegía.

Por supuesto que no era idílica la realidad; los partidos buscaban, y obtenían, imponer a los suyos, preponderantemente, en esta intención, como hoy, el PRI y sus gobernantes, pero algo se podía rescatar, gracias, paradójicamente, al mismo priismo.

Hoy, los aspirantes a los cargos en el organismo electoral deben hacer la procesión a la vieja Tenochtitlán. 

¿Qué ciudadano común y corriente puede hacer cosa semejante?

Solamente quienes reúnan diversos perfiles, como los de quienes fueron seleccionados, que puedan, por esa razón, efectuar las actividades necesarias  para concretar los requisitos solicitados, es decir, básicamente funcionarios gubernamentales, la mayoría con antecedentes partidistas, que más allá de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones se alejan del ánimo ciudadanizador que se aspiraba inundara los órganos electorales.

Así, Claudia Espino fue hasta hace poco, colaboradora cercana de la senadora Graciela Ortiz, públicamente aspirante a la candidatura al gobierno de Chihuahua; Gilberto Sánchez Esparza era hasta recientemente funcionario de Coparmex. Se puede suponer que por esa vía, ligado al PAN, o a una parte de ese partido.

En ese sentido abonan María Elena Cárdenas, hasta ahora funcionaria del Ichitaip y ex asesora del Congreso del Estado y Julieta Fuentes, a quien se le ubica como cercana al Secretario de Gobierno, Mario Trevizo.

¿Por qué no les pusieron las mismas trabas que a los candidatos independientes, como por ejemplo, no haber sido miembros de partido alguno en los últimos tres años?

Digo…

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"Muertitos"

El Diario, 1 de noviembre de 2015
Luis Javier Valero Flores
El desaire presidencial a los alcaldes no fue sólo en las formas, pues no sólo no acudió a la clausura, exclusivamente, por lo menos, de su reunión anual, sino que, cuando éstos reclamaron las ingentes reformas necesarias hasta para la sobrevivencia de los municipios, el presidente Peña Nieto les regañó, como si fueran los menores de edad del pretendido federalismo existente en el país, al pedirles que no nadaran "de muertito", pretextando no tener suficientes recursos o capacidades para dar resultados.
Como en ninguna otra ocasión -que el escribiente recuerde- un presidente ha regañado a los presidentes municipales y ha mostrado, en contrapartida, sus verdaderas concepciones acerca de esta instancia del poder público en México y la relación que la presidencia guarda con ella. Centralistas a más no poder.
Más aún, en el momento en que se concretó en Chihuahua -en materia electoral- otra de las muy nocivas manifestaciones de las tendencias centralistas, la designación de los integrantes del órgano electoral (el OPLE de Chihuahua), a pesar de los múltiples elogios vertidos a su gobierno por el Presidente Peña Nieto, por el desempeño de su gobierno -según opinión de Peña Nieto- en materia de seguridad pública, el Gobernador César Duarte le pidió la instauración del ¡mando único! para que sea el gobierno federal -¿Central?- el que lo ejerza "para un efectivo combate a la violencia".
Bueno, pues hasta en las aspiraciones políticas salieron trasquilados. Peña Nieto les advirtió que "el espacio de servicio municipal, como el de cualquier otro orden de gobierno, no es un peldaño para escalar en la trayectoria personal, “son espacios de privilegio para servir a la sociedad".
Todo porque Jorge Morales Barud, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, alcalde de Cuernavaca, planteó la necesidad de que los municipios cuenten con más atribuciones y presupuesto a fin de hacer frente a los requerimientos de la población.
De ahí, dijo, la urgencia de la concreción de reformas políticas, legislativas, hacendarias e institucionales para municipios.
No tuvo que ir muy lejos por la respuesta, Peña Nieto les contestó que "más allá de estar a la espera de cambios o de reformas que posibiliten que los municipios estén en mayor capacidad de asumir su propia responsabilidad, hoy asumámosla frente al marco que hoy tenemos. No podemos evadir la responsabilidad, tenemos que trabajar y dar resultados”.
... Lo que no se vale, lo que es inadmisible para el orden municipal, es evadir la tarea pretextando no tener suficientes recursos, no tener suficientes capacidades y a veces nadar de muertito y dejar que esta tarea vengan a hacerla otros”.
Y los alertó pues en el camino encontrarán "seguramente críticas, diatribas, detractores, pero manténganse fieles al cumplimiento de los objetivos y compromisos que han asumido con los ciudadanos que les han dado su voto de confianza", por eso, "no se distraigan”.
No podía ser más claro el mandatario, los alcaldes del país son los menores de edad de la república a los que se les regaña, aconseja, educa, prepara y alecciona y hasta les advierte: "los cargos públicos no son peldaños para escalar en proyectos personales, son escaños para servir a la sociedad que nos ha depositado su confianza".
Fue un discurso sin desperdicio para asomarnos a lo que los mexicanos podemos esperar de su relación con este nivel de gobierno. En lugar de esperar a las reformas solicitadas por ellos, Peña les llamó a "trabajar con lo que hay, haciendo uso del talento de gestión de todo buen gobernante y con la voluntad permanente de coordinación".
Les dijo que no deberían esperarse a las eventuales reformas "para comenzar a trabajar" y a esperar una modificación legislativa pues "a un buen gobernante (aunque) le falte una ley o norma no le impide llevar a su comunidad a buen puerto". ¡Orale!
Y nos dijo quien se había ganado la "estrellita": "Por ejemplo, en Chihuahua hemos encontrado siempre la voluntad, la capacidad de trabajo y de gestoría para atender un tema de los más sensibles que se puedan imaginar; Chihuahua es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay convergencia de esfuerzos".
"¿Cuál es el resultado?, aquí lo tienen señoras y señores: Chihuahua ilustra a la perfección lo que se puede lograr cuando no hay límites, pues pasó de ser uno de los estados más señalados del mundo por la inseguridad, sobre todo Juárez, a ser líder de nueva cuenta en muchas de las áreas de seguridad y economía del país".
Chihuahua es, para el Presidente Peña Nieto, el paradigma del país:
¿Pero cuál es la realidad del país?
Vayamos a uno solo de los problemas de las ciudades, de todas, el del pavimento, para no hablar del combate a los rezagos sociales. No hay ciudad en la que el reclamo de los ciudadanos no sea el de la falta de buen pavimento, en las vías principales, o la falta de él en una buena cantidad de las colonias.
Más allá de las cadenas de corruptelas en la adjudicación de las obras, de los "moches", etc. lo cierto es que los recursos municipales no alcanzan para cubrir ese rubro, sin mencionar lo necesario para que esta instancia del poder público pudiera incidir en el mejoramiento de los niveles de vida de los mexicanos.
Padecemos una sólida tendencia al centralismo. No hubo, ni posibilidad, ni los suficientes deseos, en los dos sexenios anteriores, para cambiar el abusivo esquema fiscal existente que en términos gruesos lleva a que de cada 100 pesos del presupuesto federal, 19 vayan a las entidades federativas y sólo 1 a los municipios. ¡Sólo un peso y encima los regañan!
¿Cómo hacer que los gobiernos municipales cumplan con sus obligaciones? Hasta pareciera un plan maquiavélico acogotarlos para que, en busca de resolver sus problemas se vean compelidos a privatizar el otorgamiento de los servicios que constitucionalmente deben otorgar a la sociedad.
Vamos, es de un centralismo tal el sistema político mexicano que se deben celebrar convenios entre instancias del gobierno federal y los municipios para que éstos accedan a una mayor porción de las magras cantidades generadas por los impuestos mineros.
¿Cómo hacer para que las policías municipales adquieran ribetes de verdaderos cuerpos de acción preventiva si sólo se alcanza para dotar a los gobiernos municipales de patrullas y armas, pero de ninguna manera de instrumentos de verdadera intervención social?
El actual grupo gobernante le está apostando, seriamente, a la centralización. Ya lo hizo con el magisterio. Ya se quedó -la vieja Tenochtitlán y sus caciques- con la estructura electoral (ahí está el caso, emblemático, de las elecciones extraordinarias de Colima que, de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral de la Federación, será el INE el encargado de celebrarlas).
A su vez, el Instituto Federal de Acceso a la Información tiene hoy  mayores facultades, supliendo en buena medida a los órganos estatales.
En el ámbito local, a su vez, los presidentes de las juntas de agua ya no son, ni siquiera, propuestos por los cabildos, son designados de manera central y el gobierno estatal ha asumido, cuando se lo ceden, la facultad de recaudar el impuesto predial.
Y por ninguna parte aparecen las tendencias en el sentido contrario, como por ejemplo, el de que la instancia municipal o estatal recauden algunos de los impuestos existentes, que ahora recauda exclusivamente el gobierno federal.
Y, luego, el problema de la falta de voluntad política, generada, precisamente, por lo criticado por Peña Nieto, algo de lo que él realizara reiteradamente en su gestión como gobernador del Estado de México. ¿Cómo podemos creer que los alcaldes -por lo menos la mayoría- se atrevan a cuestionar seriamente y a insistir, reiteradamente, en el cambio del esquema fiscal, si están pensando en la siguiente elección, en la que, a lo mejor, les toca saltar a otra posición política?
¿O que los diputados federales propongan a cambiar el esquema fiscal, a riesgo de, algunos, perder la candidatura a gobernador o alcaldes de las capitales y ciudades importantes del país? ¿Cómo oponerse al gobernador de su estado, si éste es, en buena medida, sobre todo en el caso de los priistas, el responsable de su candidatura?
A nadie le interesa, realmente, hacerlo.
Ejemplo de lo cual es el aspecto abordado por el Gobernador Duarte, el de la reducción de la inseguridad en el estado de Chihuahua.
¿Es cierta esa aseveración? Ciertamente, lo es. No vivimos, ya, la tragedia violenta, en esas dimensiones, del período 2008-2011.
Aquella fue una auténtica guerra de por lo menos dos de los cárteles más importantes del país.
Como en toda confrontación bélica prolongada el desgaste fue enorme; no sólo afectaron, uno al otro, sus fuentes de financiamiento y aprovisionamiento, también disminuyeron sensiblemente el número de sus efectivos y la "calidad" operativa de sus mandos disminuyó severamente. Todo por una causa, los mataron.
A pesar de todo ello, la calidad y la cantidad de la droga no disminuyeron en los Estados Unidos y, por el contrario, la fortaleza de esos cárteles aumentó en ese país.
No puede escatimarse la aportación del gobierno estatal en esa materia, pero tampoco se le puede atribuir todo el mérito, siendo un problema global, el del tráfico de estupefacientes, deberá contemplarse su solución, o su amortiguamiento de, por lo menos, el de sus consecuencias violentas, de la misma manera, globalmente y entonces, buscar la respuesta a la disminución de los índices violentos de Juárez y Chihuahua en aquellas causas, las mismas que sirven para explicarnos que, en 2014, Parral se haya convertido en una de las ciudades más violentas del país y que la violencia generada por el narcotráfico se haya elevado sensiblemente en los últimos meses en La Tarahumara.
Si esos logros en Chihuahua se obtuvieron sin cambiar el esquema operativo de las policías, entonces ¿Por qué pedir algo que no se necesitó para alcanzarlos?