Facturas pendientes

El Diario, 30 de septiembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

En medio de la incertidumbre generada por el increíble y desmesurado caos dejado por la administración de Javier Corral, especialmente en el tema de lo financiero, empiezan a aparecer otros aspectos del enorme extravío del ex gobernante que, como inevitables facturas, deberán cobrarse pues son la evidencia de los conflictos y rezagos sociales que al paso del último quinquenio se fueron acumulando.

Aparecerán conforme pasen los días. Uno de ellos, que para la mayoría de los chihuahuenses pudiera no representar mayor problema, es el del pago de las casetas de peaje, al que están obligados a pagar todos los usuarios de las carreteras ubicadas en ese esquema, pero que se ha convertido en una inmenso lastre para los habitantes de las poblaciones aledañas a ellas, que deben viajar frecuentemente, o a diario, entre Delicias, Saucillo y Camargo, por un lado; o para quienes viven a un lado -literalmente- de la caseta “Sacramento”, ubicada en las cercanías de la capital del estado, muchos de los cuales deben viajar diariamente a Chihuahua.

El gobierno del “aldeano”, ante las protestas de los afectados, que exigieron de distintas maneras y en varios momentos de la administración, ser exentados de ese pago, los trató, en la mayoría de los casos, como buscadores de privilegios, y en otros, represivamente, especialmente a  quienes participaron activamente en las protestas en las casetas de Camargo y Sacramento.

La justificación para actuar de ese modo fue la de que el gobierno del estado y “la sociedad chihuahuense en conjunto” (así lo dijeron distintos funcionarios corralista, en muchos momentos) perdían cantidades millonarias, que formaban parte de los recursos que el gobierno estatal estaba obligado a aportar a los tenedores de los bonos carreteros, sin parar mientes en el disminuido número de los usuarios que podrían acceder a esa canonjía -en virtud del número total de los usuarios de las carreteras- y del gran beneficio a generar para algunos cientos o miles de familias de ambas regiones.

Tal asunto fue abordado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, y apoyado por el diputado del PAN, Luis Aguilar, aunque éste intentó atenuar el impacto y propuso se estableciera una tasa preferencial, en el cobro de la caseta de peaje ubicada en Camargo.

Este será uno de los problemas sociales a los que deberá abordar el gobierno de Maru Campos y establecer, en lo inmediato, una diferencia con el de su antecesor.

Ciertamente las finanzas estatales no se encuentran en el mejor momento como para disminuir los ingresos en alguno de los conceptos, pero en el caso concreto y con las tarifas vigentes (que, con toda seguridad, serán aumentadas para el próximo año) es de la más completa justicia no recargar en las ya muy endebles economías familiares cobros a todas luces injustos y que en el regreso a la “normalidad” económica, existente antes de la pandemia (sin por ello asentar que ha desaparecido ésta) requieren apoyos de todos tipos.

Ya no tener que pagar las casetas -para quienes pueden demostrar el uso cotidiano de ellas- será invaluable y los ingresos por el peaje, generados por el crecimiento económico del próximo podrá resarcir con creces la disminución que representaría la exención total o parcial para los mencionados usuarios.

Pero el asunto no fue aprobado como tal, “Al final, como Luis Aguilar solicitó una valoración desde la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública y Morena solicitó la misma medida en todas las demás casetas del estado, se acordó no votar el asunto, regresarlo a comisiones y dejarlo pendiente para una próxima sesión”. (Nota de la redacción, El Diario, 29/IX/21).

Lo paradójico del caso es que, tanto en las movilizaciones de los habitantes de Camargo y Saucillo, por un lado, y por otro, en las de Sacramento, participaron activamente varios destacados militantes del PAN y de Morena (incluso a uno de éstos últimos, en Sacramento, ilegalmente, la Fiscalía del Estado le decomisó un tractor que hasta la fecha no le devuelven) y los legisladores morenista ¡No iniciaron la propuesta, se sumaron a la hecha por los diputados mencionados!

¡Ah, pero eso sí, pusieron una leyenda en cada uno de sus lugares un cartelito en el que asentaron que “Faltan 43”, en alusión a los jóvenes  de Ayotzinapa desaparecidos, en protesta silenciosa -justa, por todo lo demás- a la falta de resultados!

Pero resulta que quien los deben dar ¡es el gobierno de Morena, encabezado por su compañero, el fundador del partido, López Obrador!

¿Les ganarán la agenda social?

Y créannos, hay bastante trabajo en ese sentido, hay muchas facturas pendientes.

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Los querían en Almoloya ¿O todavía?

El Diario, 26 de septiembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

No es un episodio cualquiera el sucedido en la semana, a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, en contra de 31 académicos, científicos, funcionarios y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por la presunta comisión de varios delitos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos puestos a disposición del órgano científico del país; una parte de los cuales éste había derivado al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), con base en varios ordenamientos que se sustentaban en la derogada ley del Conacyt, vigente hasta fines del 2018.

Sin embargo, a la que debería ser una acusación de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, el Fiscal Gertz Manero agregó que existen suficientes datos como para acusarlos de haber incurrido en los delitos de ¡Uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y delincuencia organizada!

Y como presumió que se trataba de presuntos delincuentes, extremadamente peligrosos, además de considerarlos como proclives a  fugarse, en el supuesto de que los jueces dictaminaran la vinculación a proceso y, “por la calidad de los delitos cometidos”, no aptos para cursar el proceso en libertad, decidió citarlos en el penal de ¡Almoloya!

¡Se salvó el gobierno de México de ser el hazmerreír internacional, pues mientras Ovidio Guzmán goza de plena libertad, el gobierno de la 4T habría metido a la cárcel a 31 académicos y científicos!

Afortunadamente, para la 4T, un juez federal resolvió, dos veces, (y apoyado por resoluciones de la Corte) en contra de las pretensiones de Gertz Manero. 

Pero éste es tesonero, intentará una tercera.

Imposible desligar de este asunto el antecedente de que una parte de los acusados tuvo que ver en la negativa a concederle, al ahora fiscal de la república, el carácter de miembro del Sistema Nacional de Investigadores, grado III, por la pequeña circunstancia de haber encontrado que la obra presentada por Gertz era un plagio -en un 40%- de la obra publicada por otro investigador.

Pasaron los años, se las guardó y ahora los quiere ver en Almoloya.

Bonito se vería el gobierno de México enviándolos al penal reservado para los más connotados criminales, en tanto que a los acusados de haberse apropiado y/o aceptado multimillonarios sobornos -como es el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya-, o haber defraudado a las arcas públicas como Alonso Ancira -quien mediante una cómoda devolución, en abonos “chiquitos”, se libró de ir a la cárcel- o el expresidente Peña Nieto y algunos de sus funcionarios, se mantienen en libertad, incluso sin acusación alguna.

¡Qué cosas!

Siendo grave lo anterior, no es lo peor. Hay más.

Entre los antecedentes más reprobables del caso se encuentra el hecho de que, a consecuencia de que se rompieron las pláticas entre la actual directora del Conacyt y los directivos del FCCyT, en las cuales estos exigían 50 millones de pesos para sus actividades y Conacyt, “bajo los principios de la austeridad republicana”, ofreció apoyar con un monto “modesto y suficiente”, el FCCyT rechazó la contrapropuesta e interpuso un recurso de amparo.

A raíz de eso, y luego de alegar haber encontrado irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT, el Conacyt una denuncia de hechos, de la que se derivaron todos los hechos.

En términos rancheros: -como no te ajustas a mis términos y encima recurres al Poder Judicial, entonces te denuncio y te mando a Almoloya.

-Y, además, como ya lo dijo el presidente, “el que nada debe, nada teme”.

¿De veras es un asunto más, como muchos de los que se presentan casi a diario, en los que “grupos de conservadores intentan desestabilizar al gobierno de López Obrador, todo por la pretensión de no perder sus privilegios”?

Dejemos sentada una premisa: Es probable que sí se hayan cometido irregularidades en el ejercicio de esos recursos y que muchos de ellos hayan servido para mantener el régimen de privilegios, no de la élite científica, sino de la burocracia existente a su alrededor y que algunos de sus integrantes pasen de una a otra, pero de ahí a acusarlos de ¡Delincuencia organizada! Es, como lo dijeron Ricardo Monreal, líder de los senadores morenistas, y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX, un exceso sin parangón en el México moderno.

Hay cosas aún más graves que todo lo anterior.

Durante décadas, los sectores más progresistas de la sociedad mexicana -algunos de ellos muy golpeados por las decisiones arbitrarias del poder- propugnaron por dotar de autonomía a la Fiscalía General de la República, -y con ella, a todas las fiscalías estatales- para que su actuación no dependiera de los intereses, voluntades y decisiones del presidente en turno.

La historia reciente del país es pletórica de ejemplos en ese sentido. La procuración de justicia era al modo del gobernante.

El presente caso es uno más, con un agravante: El Fiscal Gertz le miente a la nación -bueno, igual que los anteriores- pues ahora, tanto él como el presidente no dejan de presumir la autonomía de la FGR.

No hay tal. 

Los ejemplos en ese sentido sobran, pero el asunto de hoy pone los pelos de punta: Tiene un indudable componente de revancha o venganza personal.

Más de uno de los seguidores acríticos del presidente argumentará que no es cierto y ese dicho será semejante a los alegatos usados por la directora de la sección presidencial de “Quién es quién en las mentiras de la semana”; deberá aceptarse como verdadero, sólo porque ellos -y ella- lo dicen.

No, ahora hay un hecho que confirma el uso atrabiliario del poder de la FGR y de la presidencia: Pretendieron llevar a los científicos y académicos a la cárcel de “mayor seguridad” del país, Almoloya.

¿En qué cabeza cabe semejante torpeza?

Más aún ¿Cómo es que el presidente se atreve a apoyar semejante acción que, además de ilegal, raya en el máximo de las torpezas cometidas desde el actual poder presidencial?

Así, paso a paso acudimos a la reconstrucción de la parafernalia que era la presidencia “imperial” en tiempos del viejo régimen, solo que ahora reconstruido y mejorado, basado en el apoyo irrestricto de otra élite, la beneficiaria del presupuesto de la seguridad pública, de las fuerzas armadas, de la secretaría de Turismo (su presupuesto se incrementará casi el 70% en 2022… para construir el tren maya); de la SCT (por hacerse cargo de las aduanas y los puertos mercantiles y la construcción del aeropuerto de Texcoco) y otros arrimadijos.

¿Autonomía de la FGR? ¿“No perseguimos opositores”?

Esa son falacias del actual gobierno, para refutarlas ahí están 4 agricultores chihuahuenses presos (Andrés Valles, Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez) por participar en la lucha por el agua, activos participantes en la recuperación de La Boquilla.

Contra ellos -y otros- este régimen fue capaz de inventarles delitos, antecedentes; espiarlos; congelarles cuentas bancarias y mantenerlos ilegalmente en la cárcel, prácticamente de manera indefinida.

¿Actuó la FGR de manera autónoma en este caso? ¿No siguió las indicaciones presidenciales?

Por desgracia, los casos irán aumentando; al contentillo de quien les exigió a los legisladores -en una ocasión, abiertamente- que no le cambiaran “ni una coma” a una iniciativa de ley suya.

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Militarización en marcha. Guardia Nacional, evidente y opaco fracaso

El Diario, 23 de septiembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Es inocultable, por muchos que lo nieguen los gobernantes, el fracaso en la seguridad pública no solo es evidente, sino extremadamente doloroso: Llegamos a los 100 mil homicidios dolosos en lo que va del gobierno de López Obrador.

Cifra tan descomunal se ha alcanzado a pesar de que, como ningún otro mandatario, se involucró a las fuerzas armadas y se les otorgó la hegemonía en la seguridad pública, sustituyendo a las policías que previamente existieron, lo que le ha merecido al gobierno mexicano una buena cantidad de críticas, no sólo desde el ámbito de la oposición, sino del mundo de la academia y desde los organismos internacionales, como  la ONU y otros que han criticado y deplorado el uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública.

Además, por si fuera poco, a la pifia de desaparecer a la policía federal y a la policía ministerial y sustituirlas por la Guardia Nacional, a la  que el presidente López Obrador prometió otorgarle un carácter civil, no obstante nutrirla con los elementos procedentes del ejército y la marina.

Después, se comprometió a que los mandos de la GN serían civiles, pero ahora, no obstante el incremento de los homicidios en su sexenio, ha resuelto entregarla a la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de las prohibiciones constitucionales para hacerlo, en lo que es una decisión del presidente a todas luces equivocada y de la cual   no tendremos tiempo para arrepentirnos y lamentarnos.

Pero no solo ha sido incapaz de combatir el incremento de la ola homicida y de las zonas bajo control de las bandas del crimen organizado, sino que la Guardia Nacional exhibe un más que preocupante índice de opacidad en el manejo de los ingentes recursos bajo su jurisdicción.

Y es que el incremento al presupuesto de la GN es irrefrenable: “En 2019, la GN obtuvo 922 millones de pesos, cifra que se disparó en 2020 a 4 mil 82 millones pero que se fue ampliando en el transcurso del año hasta llegar a los 21 mil 731 millones de pesos”; en tanto que en 2021 ejercerá 35 mil 671 millones de pesos, un incremento ¡Del 64% respecto al año anterior!, de acuerdo con una investigación de la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), "Los militares y la GN: recursos en aumento, simulación, discrecionalidad y opacidad", elaborada por Leonardo Núñez González y Jorge Andrés Castañeda. (Nota de la redacción, Reforma, 22/IX/21).

Bueno, para el próximo año, el presidente López Obrador ha solicitado a la Cámara de Diputados, en el proyecto de presupuesto de egresos, se apruebe un presupuesto de 112 mil 825 millones para la GN, ¡un incremento del 220%! “cifra que incluso está ligeramente por encima de lo asignado a la propia Sedena”. (Ibídem).

Pero el problema no solo es el desusado e injustificado incremento al presupuesto de la GN, sino la extrema opacidad con la que lo ejerce pues “no reporta pagos por la construcción de sus cuarteles ni por los terrenos donde fueron edificados. Tampoco registra gastos por su equipamiento, armas y vehículos”.

"Únicamente 41% del total de plazas son pagadas con presupuesto de la propia Guardia Nacional, mientras que hay 59 mil 396 elementos que 'pertenecen' a la institución, pero no tienen una plaza ahí", indicó el estudio de MCCI. (Ibídem).

Todo lo anterior es una tremenda violación a los ordenamientos legales aprobados por el Congreso de la Unión y que se traduce en un acelerado proceso de militarización de los organismos de seguridad pública, que no solo debieran estar integrados por elementos civiles, sino que sus mandos también debieran ser del orden civil y no del militar.

Además, son un completo fracaso en la seguridad pública.

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Urgencias: Apertura y austeridad en serio

El Diario, 19 de septiembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

La gobernadora Maru Campos hizo una serie de pronunciamientos en su toma de posesión, que seguramente serán el eje central de su gestión.

Algunos de ellos, por ser de los asuntos más controversiales que atraviesan a la sociedad mexicana, levantaron -y levantarán- infinidad de discusiones y no pocas críticas. 

Imposible exigirle a cualquier persona que se despoje de sus concepciones ideológicas y políticas, mucho menos a quienes fueron elegidos a un puesto de elección popular pues seguramente una buena parte de quienes votaron por ellos lo decidieron con base en ese marco conceptual del nuevo gobernante.

Pero una y otros deberán tomar en cuenta la amplia diversidad de la sociedad chihuahuense, mostrada en los resultados electorales, que los obliga, por tanto, a gobernar en el marco de la misma, lo que equivale a llevar adelante, sí, sus pronunciamientos sobre la situación de la entidad, pero hacerlo sobre la base de lo que es común a todos.

Y esa característica es la otorgada por el marco legal, obligatorio para todos.

Por ello, los gobernantes, y no solo Maru Campos, están obligados a actuar dentro de un marco legal y jurídico, sino también, porque forma parte del legado que de a poco hemos ido construyendo, conforme a la experiencia acumulada en las distintas batallas y movimientos sociales emprendidos por los chihuahuenses en las últimas décadas, los que en algunos casos llegaron a obtener profundos cambios legales y en la asignación presupuestaria de los niveles federal y estatal, así como en la creación de diversas dependencias e instituciones.

Ahí podemos ubicar la creación de los organismos defensores de los derechos humanos, tanto los no gubernamentales, como los del Estado mexicano; el nuevo marco jurídico de los derechos de las mujeres; la abolición del anatocismo; la creación de los institutos de las mujeres, la de los organismos de transparencia, así como el de impulsar el derecho al acceso a la información pública (junto con los esfuerzos de muchos otros mexicanos); la libertad de matrimoniarse con la persona a la elección de cada uno; la creación de las fiscalías en contra de los delitos contra la familia y contra las mujeres, así como la contribución chihuahuense al logro de la despenalización del aborto, en el camino de obtener plenamente el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo.

Bueno, en todos ellos hay toda una historia, de segmentos de la población de Chihuahua, que contribuyeron significativamente a cambiar el marco legal vigente, algunos de ellos elevadamente controversiales para otros sectores de la sociedad chihuahuense.

Bien harán los nuevos gobernantes no abonar a esa polarización, sin dejar de lado sus convicciones personales, las que, algunas de ellas, pertenecen estrictamente al ámbito personal, y gobernar en función de los enormes retos y rezagos existentes. No son pocos.

Hay dos tareas pendientes, en las que Maru expresó que su gobierno no se detendría mayormente, pero que no pueden soslayarse: 

La continuación de los procesos seguidos en contra del exgobernador César Duarte, asunto que, por ahora, está fuera del alcance de su gobierno pues se encuentra en manos de la justicia norteamericana, pero al que está obligada a asumir con la mayor imparcialidad posible, a fin de que los chihuahuenses quedemos lo más cerca posible de la verdad sobre ese lamentable -para muchos chihuahuenses- sexenio.

El segundo, es el esclarecimiento del manejo de los recursos puestos en manos del ex gobernador Javier Corral. 

No sólo dejó un batidero de obras inconclusas en las dos principales ciudades del estado, sino sobre el oscuro destino de miles de millones de pesos del presupuesto estatal, sin afirmar que los robó.

No, hay enormes vacíos en la información del destino de inmensas cantidades, cuyas cuentas no cuadran con las deudas, no solo las del gobierno del estado con la banca o los tenedores de bonos bursátiles de los fideicomisos carretero y fronterizo, sino también el de las deudas del gobierno estatal con distintas dependencias, organismos e instituciones -públicas y privadas-. 

Ya no se diga del adeudo a proveedores y el uso adelantado de las participaciones federales.

¿Qué le hicieron al dinero?

Está bien que esos dos temas no formen parte esencial de la actuación del gobierno de Chihuahua. 

Deberán dejarse en manos de la Fiscalía. 

Y de ésta sí deberán ser de las más importantes tareas, no por un ánimo revanchista, sino porque apropiarse de los recursos públicos, o administrarlos mal, sí son asuntos de los más importantes de la procuración de justicia, pues cualquiera que fuera el caso, finalmente redundan en una disminución de los recursos económicos que debieran emplearse en la satisfacción de demandas o servicios de los chihuahuenses.

Sí, tiene razón Maru Campos, ni perdón ni olvido, pero para los dos anteriores por igual, Duarte y Corral.

Hay un asunto en el que la administración campista sí está obligada a pintar su raya respecto de las dos anteriores: Los salarios de los más altos funcionarios y la finalización del derroche gubernamental.

Ambos, Duarte y Corral, cada uno en su estilo, son de los gobernantes emblemáticos del abuso y goce de los placeres otorgados por el ejercicio del poder. 

Maru está obligada a marcar un después.

Puede ser que disminuir los salarios de los más altos funcionarios no sea un ahorro significativo en el conjunto del presupuesto del gobierno estatal, pero hacerlo sí sería enviarle a los chihuahuenses el mensaje de de que se gobernará con la sensibilidad política que merecen.

¿Porqué no, por ejemplo, poner como el salario más alto de la administración pública estatal el salario -es decir, todos los ingresos recibidos en esa calidad- el percibido por los catedráticos de las universidades públicas de tiempo completo y con las mejores calificaciones (no nos referimos a las evaluaciones, sino a las prebendas obtenidas con base en su antigüedad, cursos, diplomados, maestrías, doctorados, etc.)?

¿Porqué deberán ganar más dinero que esos maestros universitarios los diputados de Chihuahua, o incluso los regidores de Juárez y Chihuahua?

Por otro lado ¿En dónde quedaron las rimbombantes declaraciones de los nuevos funcionarios públicos de Morena acerca de los “elevados salarios de los gobernantes”? ¿Dónde están aquellos pronunciamientos de disminuirse a la mitad sus percepciones?

Bueno, pues este es el momento de pronunciarse al respecto ya que el nuevo gobierno estatal deberá estar discutiendo el proyecto del presupuesto del año próximo y, también, a que Maru Campos -y otros gobernantes- se ha pronunciado por elaborar un presupuesto austero.

Unos y otros, panistas y morenistas, están obligados, lo hecho por las dos administraciones anteriores es indignante.

Pero esperamos propuestas serias y no vaciladas como la efectuada la semana anterior por Morena en el Congreso del Estado y aprobada por unanimidad: Propusieron una disminución del ¡10% en las percepciones de los primeros y segundos niveles de toda la administración pública estatal!

Para ello propusieron efectuar un “pacto de austeridad”. 

Es risible.

“El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, presentó una iniciativa de punto de acuerdo para la reducción de sueldos para diputados y funcionarios del Poder Legislativo y órganos descentralizados”. (Artículo de César Lozano/El Diario, 16 septiembre 2021).

El diputado del PAN, Luis Aguilar (ex Secretario de Desarrollo Social del gobierno de Javier Corral) adujo que la gobernadora “preparó una propuesta de ajustes” lo que precipitó la aprobación unánime de la propuesta del morenista, pero para unirla a la del Ejecutivo y ser procesada en la Junta de Coordinación Parlamentaria.

En ambas propuestas no está incluida la disminución de salarios del resto de los trabajadores y funcionarios de menor jerarquía burocrática.

La adopción de una rebaja considerable -en el sentido de lo propuesto líneas arriba, con la ventaja de que los salarios de los primeros niveles gubernamentales serían ingresos apetecibles a los profesionistas de elevadas calificaciones profesionales y académicas- sí podría generar a las arcas estatales ahorros significativos, por arriba del orden de los 50 millones de pesos anuales.

No son pocos.

Hacerlo de esa manera sí sería marcar un después.

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Reciclaje total El arribo de Maru Campos

El Diario, 12 de septiembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Como ha ocurrido en todos los cambios del gobernante, de 2004 a la fecha, las muy elevadas expectativas surgidas alrededor del nuevo ocupante de la principal silla de Palacio de Gobierno de Chihuahua se derivan de las muy grandes desesperanzas, enojo, hartazgo, desilusiones y desconfianzas despertadas por el gobernante saliente.

Así llega la primera mujer a la gubernatura del Estado Grande, Maru Campos; quizá con algunos matices de diferencia frente a sus antecesores, la principal es que su triunfo se fincó en la indiscutida hegemonía política mantenida en la capital del estado, fruto de una percepción mayoritaria de que había efectuado una buena labor gubernamental en la alcaldía.

El relevo gubernamental ocurre al mismo tiempo que un fenómeno, -cuyo crecimiento era sostenido, pero de bajo perfil- el del “chapulineo” (el hecho de que destacados militantes de los partidos cambiaban, sorpresiva e inesperadamente, de partido, incluso a aquellos con los que se suponía tenían fuertes contradicciones ideológicas y políticas) se convirtió en un verdadero escándalo de “reciclaje” político.

Lo es, por lo menos, visto con las concepciones del pasado, pero que a ojos de las mayorías es, simplemente, la confirmación de que los políticos “son iguales, todos”.

Para explicarse el triunfo de Maru Campos deberán ubicarse dos factores más, a cual más de importantes: Una abrumadora mayoría de la población ya estaba harta de Javier Corral (y, sorpresivamente, no del PAN); y, también, a que una importante porción del electorado chihuahuense reprueba al presidente López Obrador.

Así lo reflejan las encuestas de distintas empresas, pero quizá quien mejor lo ilustró a lo largo de los últimos 3 años fue Mitofsky, especialmente en las más recientes, en las que Javier Corral resultó ser el peor evaluado de todos los gobernadores. A su vez, los chihuahuenses son quienes califican peor a López Obrador.

Sin embargo, los nuevos gobernantes no deberán perder de vista que su principal oponente -MORENA- obtuvo casi el 33% de la votación, que refleja la inserción en Chihuahua de los seguidores del presidente López Obrador.

Dicho en términos numéricos, 444 mil chihuahuenses votaron por Juan Carlos Loera y 576 mil por Maru Campos.

No está por demás asentar que el rumbo de la entidad dependerá del modo en que ambas fuerzas asuman el mandato del electorado; si el enfrentamiento continúa, la polarización influirá decisivamente en la conducta del gobierno federal hacia Chihuahua, y en la del gobierno estatal hacia AMLO y Morena.

Si el nuevo grupo gobernante lo hace bajo la óptica de la agenda de la oposición al presidente López Obrador, en lugar de dedicarse a gobernar y enfrentar los enormes retos existentes en la entidad, se sumarían el desdén, el bloqueo y la falta de apoyos federales.

Por las primeras expresiones públicas de Juan Carlos Loera, -que el miércoles asumirá la representación del gobierno federal- pudiera deducirse que continuará la confrontación con Maru Campos. 

Si Loera no hubiese recibido el espaldarazo presidencial, no habría mayores problemas; simplemente se ubicaría como uno de los líderes de la oposición, de Morena, a la gobernadora (aunque no dejaría de causarle molestias al nuevo grupo gobernante), pero el escenario cambió radicalmente a raíz de su nombramiento.

¿Qué conducta asumirá, ya como funcionario federal, el más importante en el estado?

Las primeras acciones y actitudes de Maru Campos abonan a la distensión y al entendimiento con el gobierno de López Obrador, no solo por lo declarado a raíz de la entrevista entre ambos, sostenida semanas atrás, sino también por las frases dedicadas al representante del presidente, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, cuya designación podría obedecer al deseo presidencial de contribuir a desactivar -o atenuar- la evidente molestia de casi todos los productores rurales, -pequeños y medianos- hacia el desempeño presidencial en esta materia, y no solo por lo relacionado con el conflicto del agua de las presas del centro-sur del estado del año pasado, cuyas secuelas aún se padecen en el entorno económico de la región y en la persistencia del encarcelamiento de cuatro productores, detenidos a causa, no de haber cometido algún delito, sino por haber protestado en contra de las políticas del presidente.

La conformación del gabinete de la gobernadora Campos obedece, primigeniamente, a las alianzas electorales, formales y de facto, conformadas para llegar al gobierno, que abarcaron no solamente a las fuerzas ajenas al PAN, sino a las internas, éstas en el propósito de bloquear el propósito de Javier Corral, de impedirle el acceso a la candidatura, de ahí que Maru y su equipo estrecharan aún más sus relaciones con el presidente panista, Marko Cortés, a tal grado que el delegado del Comité Nacional, Luis Serrato, es hoy el Coordinador del Gabinete.

Pero la conformación de la alianza con el PRI y los restos del PRD obedeció originalmente a una determinación nacional, basada en la integración de un bloque opositor a López Obrador-Morena, y que en el ámbito local, el grupo de Corral la buscó, desde muchos meses atrás, pero llevando como candidato a Gustavo Madero.

Bueno, pues resulta que esa alianza lo que hizo fue darles la oportunidad para que hicieran evidente su muy profunda y larga convergencia. 

El PRI y el PAN de Chihuahua hace tiempo que comparten sus banderas políticas e ideológicas. Lo hicieron por una razón harto pragmática: Para disputarse a la mayoría del electorado chihuahuense, evidentemente conservador, que no lo es tanto, de ahí que el PAN atenuó sus banderas ultraderechistas y el PRI sufrió un acelerado corrimiento a la derecha.

Y no solo en los temas más controversiales, como el del aborto, o el del matrimonio de homosexuales, sino también en los temas económicos y en los sociales, de ahí que a muchos priistas no les incomoden los pronunciamientos del panismo, cuando tocan temas tan claramente identificados con los principios ideológicos del blanquiazul, como el del “bien común” (compartido con los mensajes de la iglesia católica) o el de “la familia”, que en el fondo esconde la pretensión de “rescatar” a la “original” familia, la tradicional, -la de papá, mamá e hijos- sin tomar en cuenta, no solamente a la gran diversidad de las familias chihuahuenses, sino al hecho de que más de una tercera parte de ellas están conformadas uniparentalmente.

¿Y el PRD? Bueno, es que eso ya no existe, por lo menos en Chihuahua.

El reciclaje de la clase política chihuahuense es de escándalo. Priistas y panistas de larga trayectoria, sin empacho, asumen cargos postulados por Morena. Este ha sufrido una “decoloración” de espanto y muchos priistas acuden, felices, a asumir cargos de la primera panista en el gobierno.

Así, las tomas de posesión de los nuevos gobernantes se convirtieron, por muchos momentos, en los reencuentros de quienes en el pasado compartieron las mismas trincheras partidistas.

Maru delineó, a grandes trazos, lo que pretende hacer; en su discurso inaugural pintó, además, sus rayas, y pretendió salirle al frente a las banderas de sus críticos y opositores.

De ahí su frase más rescatada, la de que a “César, ni perdón, ni olvido”, en la apropiación de una de las consignas más destacadas del feminismo de la hora actual. 

Sin duda, Maru con ello pretendió sepultar el tema de la “nómina secreta”, en el cual el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda resolvió que la Fiscalía “no comprobó que los presuntos sobornos de Duarte influyeran en el voto de la exlegisladora”, por lo cual decretó su inocencia.

En la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la autoridad ministerial retiró los cargos al desistirse los testigos protegidos de sus declaraciones incriminatorias.

En ambas causas, la autoridad ministerial no aportó evidencias que acreditaran la comisión de los delitos imputados. 

A pesar de ello, una buena cantidad de ciudadanos, militantes y dirigentes de Morena sostienen que la ahora gobernadora sí recibió el dinero, tal y como afirmó el ex gobernador Corral, sin que a la fecha se hayan podido mostrar los supuestos recibos de la nómina secreta. 

Bueno, ni cuando ejercía el cargo, Corral pudo mostrar la evidencia de sus dichos, los que ahora, para desgracia nuestra, sólo abonan a la permanente guerra sucia sostenida por la clase política.

Quedará pendiente, para en las colaboraciones de la semana, la evaluación de los pronunciamientos de la ahora gobernadora Campos.

A ellos volveremos.

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Delfina: ¡No pasa nada!

El Diario, 9 de septiembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

El INE ha anunciado la imposición de una multa de más de 4 millones de pesos a MORENA, debido a que el gobierno municipal de Texcoco, encabezado por Delfina Gómez Alvarez (2013-2015), instrumentó una operación semejante a la que infinidad de gobiernos -emanados del PRI y del PAN; fundamentalmente en los niveles municipal y estatal- hacían para, por la fuerza, sustraerles una parte de sus salarios y derivarlos a sus partidos y/o proyectos político-partidarios.

Así lo hizo el grupo político de la ahora Secretaria de Educación Pública de la 4T. Exaccionó a la totalidad de los trabajadores del ayuntamiento con el 10% de sus salarios. La cantidad resultante se usó para emplearla en la campaña de la maestra Delfina al gobierno del Estado de México.

¿Qué diferencia hay entre esta “operación” y las que efectuaron antes los adversarios de Morena?

¿Cómo puede justificarse tal conducta a la luz de los supuestos principios morales pregonado por quienes ahora gobiernan -no mentir, no robar, no traicionar- si en los hechos es el uso del patrimonio público para favorecer a un partido, a un grupo político y a una protagonista política en las contiendas electorales?

Para quienes han alegado que en tal conducta no hay delito, ni daño al patrimonio público, bastaría con oponerles que se usó la estructura administrativa, los recursos cibernéticos del municipio de Texcoco, el tiempo del personal administrativo de ese ayuntamiento, así como el uso de las cuentas bancarias municipales en beneficio de quien era la responsable del gobierno municipal.

Más aún, si se pensara que no hubo la comisión de varios delitos, la administración municipal de Texcoco, encabezada por la maestra Delfina, debió mostrar los documentos en los que cada uno de los 500 trabajadores, a los que se les descontó parte de sus salarios, firmaban, y aceptaban, por tanto, se les descontara la cuota político-partidaria.

Todavía más, aún aceptando lo anterior, Delfina y sus compañeros debieron presentar informes de las cantidades recibidas, no sólo a los trabajadores que fueron obligados a cotizar, sino también a los órganos electorales de los recursos recibidos y, todavía más importante, en qué los gastaron.

Así que, no solo incurrieron en las primeras faltas, sino también en todas ellas, lo que puede configurar la comisión de varios delitos electorales y probablemente también de peculado (por el uso de la infraestructura municipal en asuntos partidarios).

Por ello, El INE dio, además, “vista de la resolución” a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, “por las conductas que pudieran configurar delitos electorales”; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, “por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral”; y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia”.

¿Qué diferencia hay entre esta operación y la “Safiro” efectuada por el PRI, en la que desde el gobierno (y otros de varios estados) de César Duarte se desviaron más de 250 millones de pesos a las arcas partidarias, arguyendo exactamente lo mismo, que los trabajadores, o los funcionarios, “habían aceptado” que se les descontara un porcentaje de sus salarios, para ser entregados a los responsables de finanzas de su partido?

Igual que antes, aquí no pasa nada!

Sí hay una diferencia, y no es, para nada, menor. 

En el caso de Delfina, al contrario de la Safiro, en ésta el presidente de la república salió a defender a la encargada de la educación de los niños y jóvenes mexicanos, bajo el sambenito de que “no la quieren, porque le quieren impedir que sea candidata” (en el EdoMex habrá elecciones de gobernador en el 2023). Pero no se detuvo, en absoluto, a reflexionar acerca del origen de la sanción, ni, por supuesto, a dudar de la “honestidad” de la maestra Delfina, solo porque Él así lo decidió.

¡Híjole!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¡Adiós, Corral!

El Diario, 5 de septiembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

El martes será el último día de la administración de Javier Corral. Se va en medio del descrédito y el repudio generalizado. 

Despertó las más elevadas expectativas que político alguno haya concitado recientemente en el estado grande.

Acaso tales ilusiones las haya causado el desastre dejado por su antecesor, César Duarte. De ahí el entusiasmo que despertaba la frase más exitosa del candidato Corral: “Llevaré a la cárcel al vulgar ladrón”.

Esa frase, en el imaginario popular, se confrontaba con las no menos famosas de Duarte: “A lo macho que no me acuerdo” (cuando firmó un documento personal por 65 millones de pesos), y “el poder es para poder y no, para no poder” y que hoy, en el adiós de Corral, hacen que la equiparación sea natural.

Ambos gobernantes compartirán la responsabilidad del enorme endeudamiento del gobierno estatal; uno, por haber endeudado a Chihuahua al máximo de sus niveles, y el otro, por la enorme ineptitud para manejar las finanzas estatales.

Hoy, uno y otro se lanzan epítetos como si encarnaran la viva imagen de la solvencia moral en la función pública. Son todo lo contrario.

Javier Corral termina colocado, de acuerdo con las encuestas de Mitofsky, en el último lugar de la evaluación ciudadana sobre los gobernadores en el país.

Se lo ha ganado a pulso.

Las imágenes del viernes en las “inauguraciones” de las remodelaciones de la Ciudad Infantil y la Ciudad Deportiva, en la capital del estado, se convertirán en la viva imagen de su gobierno. 

Caminó en medio de andadores no terminados, inauguró baños públicos inconclusos y sobre escombros y loza amontonados en la explanada principal de la Deportiva.

Así como días atrás “inauguraba” diversas obras sin terminar en Juárez; en Parral, en Delicias; así “inauguró” también la alberca del Santo Niño, solo para anunciar que se reabrirían “después”, porque no había recursos para pagarle al personal, ni para adquirir los insumos necesarios.

Ese es el retrato de su gobierno: Mala administración, autoritarismo ramplón, soberbia y demagogia a mas no poder.

Precedido de una fama pública como impulsor de las reformas democráticas, todo lo hizo al más puro estilo de los gobernantes de las décadas de los 40’s y 50’s del siglo pasado. 

Émulo de los caciques del viejo régimen, todo lo afectó (del mismo o peor modo que su antecesor): La división de poderes, la autonomía de los organismos constitucionalmente dotados de ella; hizo y deshizo en los otros dos poderes; colocó a quien quiso en las distintas posiciones que el Congreso debía elegir; destituyó ilegalmente al consejero presidente del Instituto de Transparencia; quitó y puso al presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como a varios magistrados y jueces; manipuló a los legisladores de su partido para tenerlos bajo su control, así como a varios de las otras fuerzas políticas, con el mecanismo de siempre, el de antes, el del viejo régimen, sólo que ahora ese mecanismo se encarnaba en camionetas “Yukón”.

Corral llevará como un baldón la vergüenza de que la Suprema Corte de Justicia destituyó, por vez primera en toda su historia, al presidente de un Tribunal Estatal, que llegó ahí gracias a la terquedad del “amanecido” gobernante.

Como ningún otro gobernante anterior, se enfrentó a prácticamente todos los sectores y sus organizaciones.

Y nos deja una catástrofe financiera en cuya génesis comparte responsabilidades con su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Culmina su gobierno y, como sucede en prácticamente todos los fines de gobierno, los agraviados y sus enemigos, o adversarios -nuevos o adquiridos a lo largo de su gestión- aprovechan la pérdida del poder para cobrarse las afrentas.

No de otra manera podrá entenderse que hasta César Duarte despotrique contra él; o que antiguos colaboradores suyos sean quienes destapen la cloaca financiera de su gobierno; o que sus antiguos operadores legislativos le nieguen la aprobación del otorgamiento de escoltas a cargo del gobierno. 

Pudiera ser lo menos malo que le sucederá, el desastre financiero es sólo la punta del iceberg del extraordinario mal manejo de las finanzas que le pudiera acarrear hasta responsabilidades penales, además de las administrativas, si la nueva administración decide hacerlo, pues material tendrá de sobra.

No se trata, como pudiera pensarse -aunque no deberán descartarse- de la comisión de corruptelas consistentes en la apropiación de recursos públicos (que en ese sentido abona el hecho de que su primer vocero, Antonio Pinedo, sea hoy prófugo de la justicia, precisamente acusado de ese delito), pero sí de decisiones que implicaron el desvío de recursos, de manejos equivocados de los dineros públicos, que pudieron beneficiar en concreto a proveedores y contratistas del gobierno estatal, entre ellos ¿Por qué no? a los supuestos amigos a los que recurrirá el ex gobernador Javier Corral para que le otorguen la protección que el Congreso de Chihuahua decidió no aprobarle.

En ese sentido viene a la memoria el uso desmedido que hizo Corral de las aeronaves del empresario Ismael Rodríguez, quien, luego de ser funcionario del estado, pasó a ser un “funcionario honorario”, pero con funciones ejecutivas en dos-tres dependencias estatales. 

¿A cambio de qué le prestaba sus aviones al gobernante de Chihuahua?

En ese tema se advierte un alejamiento de las normas, conducta que podría inferirse de otros actos del gobierno, acaso más productivos, como por ejemplo en las reestructuraciones de la deuda y en las numerosas operaciones de créditos solicitados a corto plazo, cuyas cantidades generan comisiones harto rentables.

Es tal el desbarajuste de las finanzas que será obligado para los nuevos gobernantes descartar actos ilegales cometidos por los que ahora se van.

Y es que no dan las cuentas.

¿A dónde fueron a parar los adeudos -por miles de millones de pesos- que la administración central del estado acumuló a Pensiones Civiles del Estado, a la Cruz Roja, a Ficosec, a la Fechac, al Critt, a las universidades de Juárez y Chihuahua, al Fideicomiso Carretero, al Fideicomiso Fronterizo, al Tribunal Superior de Justicia y durante varias quincenas a los maestros estatales y el personal del Colegio de Bachilleres?

Y ahora resulta que hasta el Congreso del Estado debemos anotar en esa lista pues le adeudan recursos, en montos tales que estará impedida la nueva legislatura a pagarle a su personal la próxima quincena de salarios.

¿Cómo fue que, mientras acumulaban deudas a esos organismos, poderes y dependencias, pidieron préstamos de corto plazo incontroladamente, además de los adelantos de las participaciones federales que ahora Fuentes Vélez nos espetó que el martes sabremos a cuánto ascenderán ¡En el 2022! Y que ellos decidieron tomar para sí, las de noviembre, además de 800 millones del Fideicomiso Carretero que “con el pago del peaje de los próximos meses se recuperarán”?

¿Qué le hicieron al dinero que recibieron, si están dejando un tiradero de obras inconclusas y deudas por demás inescrutables, por lo menos hasta que lleguen los nuevos gobernantes?

En la semana que termina, el equipo de Maru les puso un rejón. 

Dio a conocer que, de acuerdo con sus cuentas, la deuda del estado asciende a 64 mil 500 millones de pesos; el adeudo a proveedores, 10 mil 800 millones; que usaron mil 800 millones de las participaciones federales y que recibieron del Fideicomiso Carretero 800 millones.

De inmediato respondió el gobierno de Corral. Ojalá se hubiera quedado callado Arturo Fuentes Vélez.

En su versión, al igual que su jefe, todos tienen la culpa, pero ellos no.

Dijo que no son responsables de las quitas de las participaciones federales, que ellos sólo las solicitaron y que fue Hacienda federal la que resolvió cuánto les adelantaban, “al igual que la cifra mensual que se entrega y su propia calendarización”.

Y soltó otra perla (Nikito Nipongo estaría feliz con los gobernantes del amanecer chihuahuense) cuando rechazó la existencia de una “parálisis financiera”. No, dijo, “más bien (es) un tema de liquidez”.

Se deslindó de todo, los otros son los culpables, el gobierno federal porque no les otorgó los apoyos que solicitaron para pagar salarios y deudas y también el Congreso del Estado, que no les aprobó una nueva deuda por 2 mil millones de pesos, que, sostuvo, se habrían destinado a “inversión y para saneamiento financiero”.

¡Vóytelas!

Se acabó, Javier Corral. 

¡Qué final tan lamentable, para Chihuahua, y para quien tanto desprecio le mostró a los chihuahuenses, incluso en los momentos más angustiosos para sus gobernados!

Si algún gesto lo retratara, sería su ausencia en los sepelios de los policías caídos y el de que suspendió los apoyos para útiles y uniformes escolares a los hijos de la lucha contra el crimen y para despensa que había reducido de 500 a 200 pesos mensuales.

¡Qué bueno que ya se fue!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF