Spots, la guerra sucia

El Diario, 30 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores La simple noticia del contenido de algunos de los spots, que a partir de hoy se transmitirán por las estaciones de radio y televisión, desató infinidad de comentarios y la consiguiente descalificación de unos a otros, todos bajo el mote de que se trata de “guerra sucia”. Tal forma de descalificar las posturas de los candidatos y partidos puede llevarnos, no solamente a la denominada “judicialización” del proceso electoral, sino al eventual escenario en el que las fuerzas de oposición (cuando existen) no podrán criticar tal o cual acción de gobierno, o alguna consecuencia de las acciones y programas de gobierno del partido de enfrente. Además, como si formaran parte del debate político-electoral, algunas autoridades se ven tentadas a participar, sobre todo cuando algún aspecto de su gobierno es criticado acremente por alguno de los candidatos. Ha pasado casi un año y ninguna de las fuerzas políticas locales (y también nacionales) tuvo el atrevimiento de plantear la necesidad de modificar el esquema de comunicación-publicidad prevaleciente en las campañas electorales. La contienda presidencial evidenció, quizá como ninguna, el anacronismo de la publicidad política de radio y televisión, basada exclusivamente en el “spoteo”, es decir, en la cansina repetición de eslogan y mensajes que, cual si fuera cualquier otro artículo comercial, las fuerzas políticas intentan –y logran–, a fuerza de su repetición, hacer que su artículo-candidato sea aceptado por la sociedad, o por una parte de la sociedad, sin que, ni el candidato, ni el partido, se sientan en la obligación de presentar ante la mayoría del electorado su propuesta de gobierno. Y en lugar de privilegiar los debates, las mesas-panel de discusión y presentación de propuestas, la clase política ha resuelto no cambiar su viejo método de hacer campaña. Lógico, porque con la forma como ahora se hace, les ahorra la necesidad de construir organización partidaria y cultivar preferencias electorales a partir del trabajo modesto, discreto y alejado de los reflectores públicos de los militantes de los partidos. Es decir, que la “spotización” de la propaganda política lleva a que los partidos dejen de ser una estructura de militantes partidistas y se conviertan sólo en franquicias, que en el caso de los pequeños partidos, adquieren una peor forma, la de la franquicia familiar, aunque tal categoría no se circunscriba a esos partidos. Todo lo anterior ilustra gráficamente el grave atraso que padecemos en materia de cultura política-electoral, pues ahora se le cataloga así a las críticas contenidas en los spots, cuando en realidad deberían tomarse sólo como un referente de la discusión que sobre el tema estarían obligados a realizar, y que, en los hechos, quienes ejercen el gobierno intentan calificar a las críticas como actos de guerra sucia, a pesar de tratarse de acciones y obras que han atraído la atención de una parte de la ciudadanía y, por lo tanto, merecedores de ser parte esencial del debate político-electoral. ¿Cómo considerar “guerra sucia” la transmisión de un spot en el que se critica un acto de gobierno y cuya autoría está bien establecida? Guerra sucia, como la conocimos en su primera etapa, a partir de la aparición de elecciones plenamente competitivas, se trataba del conjunto de acciones publicitarias, lanzadas de manera anónima, que denigraban a alguno de los partidos y/o candidatos, con acusaciones alrededor de asuntos de índole personal, que muy pocas posibilidades teníamos de confirmar y que, preponderantemente, eran temas ajenos a la contienda electoral, con abundantes insultos e improperios absolutamente fuera de toda contienda política del mundo desarrollado, al que nos enorgullecíamos pertenecer, por lo menos teóricamente. Tales comportamientos dieron origen a la actual regulación que sobre la materia existe en el ámbito federal y estatal, pero de ahí a que cualquier crítica caiga en la calificación de “guerra sucia”, hay mucha distancia, tanta como la existente en las filias y fobias partidarias de los medios de comunicación y sus agentes. Evidentemente que el contenido de los spots refleja, así sea superficialmente, el modo de pensar de candidatos y partidos, o peor aún, la manera en que pretenden obtener el triunfo con base en la mercadotecnia, la misma que nada tiene que ver con la actuación del candidato convertido en gobernante. Se trataba de ganar a como dé lugar. Luego se quejan del alto índice de abstencionismo.

Boletas

El Diario, 28 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores A dos días del inicio de las campañas electorales que habrán de arrojar a los integrantes de los ayuntamientos y legislatura local que tomarán posesión de sus cargos, los primeros en octubre y los diputados en septiembre, se yergue una verdadera amenaza a la certidumbre del proceso electoral, no porque ésta no se la otorgue el órgano electoral, sino porque las impugnaciones a las candidaturas comunes y alianzas, interpuestas por el CDE del PAN y el Comité Municipal de Chihuahua del PRD serán resueltas, en primera instancia, por el Tribunal Estatal Electoral, y luego, muy seguramente, en última instancia, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su Sala Regional ubicada en Guadalajara. El peligro es que pudiera darse un episodio semejante al que dio origen al fenómeno de “Juanito”, aquel candidato del PT a la delegación Iztapalapa, postulado por el PT y al que López Obrador le pidió que aceptara ser el receptor de los votos que se emitieran por Clara Brugada, quien había sido triunfadora de la elección interna del PRD y a la que el TEPJF quitó la candidatura días después de terminarse la impresión de las boletas electorales. Todo un galimatías. Como no había tiempo para la impresión de la nueva boleta, el nombre de Brugada aparecería en el logotipo del PRD, pero en realidad, desde el punto de vista legal, ella no era candidata, de tal manera que “Juanito” se comprometió a renunciar a ser delegado si obtenía el triunfo. En ese momento la intención de voto del PT apenas rebasaba el 5 por ciento. El día de las elecciones obtendría más del 35% de los votos emitidos. “Juanito” se tardó en renunciar, luego de contribuir como muy pocos al engrosamiento de la picaresca mexicana. Quizá el proceso electoral de Chihuahua pueda atravesar por un problema parecido –por supuesto, no el de “Juanito” –, consistente en que la resolución del TEPJF pueda emitirse tardíamente y afectar el proceso de elaboración de las boletas electorales. Claro que para ello debería darles la razón a los impugnadores. Y es que la impugnación del PAN es de las que pueden dejar secuelas importantes para todos los procesos electorales, si es que así lo evaluaran los magistrados de Guadalajara. Aborda el tema de la adecuada representación de los partidos en los órganos de gobierno, como resultado de una elección. Las alianzas y el reparto de porcentajes de votos de manera anticipada a que se emitan por los ciudadanos está contemplado en la ley, forma parte del cuerpo legal con el que se rigen las elecciones en Chihuahua, el problema estriba en determinar si este articulado cumple con las reglas más generales constitucionales y en la jurisprudencia emitida por el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se ubica el problema. El órgano judicial puede resolver superficialmente acerca de si tal facultad de los partidos se encuentra asentada en el marco legal local. Si decide ir al fondo y discutir si los partidos, mediante un acuerdo sustentado en el marco legal pueden traficar con los votos de los ciudadanos. De ser así, entonces podrían “caerse”, no las alianzas sino los acuerdos de la distribución de porcentajes de los votos y ordenar el reparto equitativo de ellos entre los partidos participantes de la alianza. Si optara por el criterio contrario, se abriría una nueva veta, en todo el país, para que tales esquemas se multiplicaran y le otorgaran a los partidos una nueva forma, aún más deplorable, de traficar con la voluntad ciudadana. La otra impugnación, consistente en que la dirigencia estatal del PRD presentó un documento, que a juicio del PAN y de la dirigencia municipal del PRD consideran que no cumple con lo establecido en los estatutos de este partido para la aprobación de las candidaturas comunes. De lograr un fallo favorable, las repercusiones serían menores para el total de las candidaturas y sólo se circunscribirían a una cifra menor a los 10 municipios, preponderantemente la capital del estado, pues entonces el PRD tendría que postular sus propios candidatos a la alcaldía (planilla de regidores incluida) y dejaría a Héctor Barraza como su candidato a síndico e imposibilitado para aceptar la candidatura común con el PRI. De lo contrario, dicen dos integrantes de la Comisión Política del PRD (Gilberto Ensástiga y Carlos Sotelo), podría enfrentar la posibilidad de la expulsión.

Izquierda, fin de una era

El Diario, 26 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores El fallecimiento de Arnoldo Martínez Verdugo, último dirigente del Partido Comunista Mexicano (PCM), el viernes anterior, y los acontecimientos ocurridos en los últimos meses en el PRD, tanto en el ámbito nacional, como en el local, podrían ayudarnos a concluir, así sea esquemáticamente, que ha culminado una etapa de la izquierda mexicana, especialmente la que se autodenominó socialista o comunista y que en el camino de la transformación del país le apostó más al desmantelamiento del régimen de partido de Estado, construido por la élite gobernante, que a la construcción de un régimen socialista. Por supuesto que, con distintas visiones y matices, tan presentes en la gran riqueza del pensamiento de los militantes de izquierda, tal objetivo no estaba desligado del verdadero y fin último de la participación política de quienes encontraron en la militancia de izquierda el motivo y el cauce para contribuir a las transformaciones políticas y sociales del país. Con ese objetivo en mente, Arnoldo, como se le conocía por sus compañeros, fue capaz de imbuir –o dejarse imbuir– en el PCM la necesidad de desaparecer al más viejo partido político existente en México hasta ese momento, para contribuir, decía, no solamente a la unidad de la izquierda mexicana, sino porque, y en eso coincidieron los más importantes de esa corriente, hacerla era requisito imprescindible para el desmantelamiento del viejo régimen. – Vamos a buscar a Arnoldo, si lo convencemos podremos tener el más grande partido de izquierda, le decía, entusiasmado, Heberto Castillo a Alejandro Gascón Mercado, a bordo de una camioneta que más se parecía a un vehículo de viaje de jubilado norteamericano en México, que al de un dirigente político. En esa misma conversación, los dos se enteraron que, por su cuenta, cada uno por separado, habían llegado a las mismas conclusiones: luchar por hacer un solo partido de la izquierda. Por distintas razones, el partido de Heberto, Mexicano de los Trabajadores (PMT), no participó en las conversaciones posteriores que dieron origen a la Coalición de Izquierda y, posteriormente, en 1981, al Partido Socialista Unificado de México. Arnoldo, dirigente del PCM desde 1963, soportó los vendavales represores que sobre el partido, movimientos sociales, estudiantiles, obreros y campesinos se desataron a lo largo de dos décadas. También supo sortear el amargo trago que significó el no llevar al PCM a la lucha guerrillera, sin convertirse en crítico de quienes optaron por esa vía. A cambio, convenció a la mayoría de sus compañeros de insistir en la vía electoral. Por esa razón, el dirigente campesino, Ramón Danzós Palomino, fue candidato sin registro a la Presidencia de la República en 1964. En 1970, en medio de la más dura represión contra el PCM, con la mayor parte de sus dirigentes en la cárcel o en la clandestinidad, no lanzaron candidato, pero en 1976, el mítico dirigente ferrocarrilero, Valentín Campa, fue su candidato. La campaña terminó en la Arena México a reventar. Un año después, Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, (claro que con la anuencia de José López Portillo) lanzaría la reforma política que le permitiría al Partido Comunista obtener su registro electoral y participar, al lado de otras agrupaciones, como Coalición de Izquierda, en las elecciones de 1979. Nacido en Pericos, Sinaloa, Arnoldo ingresó al Partido Comunista en 1946 y en 1963 se convirtió en Secretario General del Comité Central del Partido, hasta la desaparición del PCM en 1981. En 1978 protagonizó las negociaciones que culminaron en la reforma de Reyes Heroles. La Coalición de Izquierda –con el registro del PCM– obtuvo 18 diputaciones. Arnoldo fue su primer coordinador (fue sustituido por Alejandro Gascón Mercado al convertirse en candidato presidencial en 1982). La Coalición de Izquierda la integraron el Partido del Pueblo Mexicano (escisión del PPS dirigida por Alejandro Gascón Mercado); el Partido Socialista Revolucionario (PSR), dirigido por Roberto Jaramillo y el Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS), dirigido por el mítico Miguel Ángel Velasco, (fundador Secretario de Organización del Comité Nacional de la CTM cuyo dirigente era Vicente Lombardo Toledano). Tres años, al lado del Movimiento de Acción Popular (en el que participaban Rolando Cordera, José Woldenberg, Arnaldo Córdova y otros intelectuales de la izquierda mexicana) dieron origen al Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Arnoldo fue su único candidato presidencial, pues en 1988 el PSUM había desaparecido para, al lado del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y la Corriente Socialista, fundar el Partido Mexicano Socialista (PMS), que postuló en las elecciones presidenciales a Heberto Castillo, quien declinó en mayo de 1988 para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas en aquellas controversiales elecciones. En agosto de ese año, Cárdenas llamó a construir el partido del “6 de julio”. Un año después, con el registro electoral originario del PCM, nació el PRD. En todos esos pasos, trascendentales para el país, Arnoldo fue pieza clave, sobre todo en la primera etapa, la de la conformación de la Coalición de Izquierda y el PSUM. La irrupción de la izquierda socialista y comunista en la Cámara de Diputados, en la legislatura de 1979-1982, fue espectacular; se integró, quizá, el mejor grupo parlamentario de la izquierda. Arnoldo tuvo la capacidad de coordinar a los impulsores de la unidad orgánica de esa izquierda y de darle sustento ideológico a tal paso; se trataba, decía, de acabar con el régimen del partido de Estado, de acabar con el régimen autoritario existente hasta entonces. La oposición a tal paso no era poca al interior del Partido Comunista de México; después de largas décadas de lucha, no clandestina pero sí escasamente conocida y alejados de las contiendas electorales, se toparon con un ambiente nacional receptivo para la participación electoral de los socialistas y los comunistas y el impactante cierre de campaña en el zócalo de la ciudad de México, a fines de junio de 1982, cuando Alejandro Gascón Mercado lo denominó “Zócalo rojo”, (–estamos aquí, no por haberle pedido permiso al gobierno, sino porque nuestros héroes y la lucha del pueblo de México construyeron este permiso, esta libertad, por eso es que estamos aquí, en el Zócalo Rojo–) luego de 14 años en los que la izquierda no había podido acceder a ese espacio, después del movimiento estudiantil del ’68, acabó con las pocas opiniones abstencionistas y esa postura le abrió paso al que ha sido hasta ahora la más poderosa organización política de la izquierda mexicana, el PRD. Martínez Verdugo se convertiría después en diputado federal y delegado de Tlalpan, bajo las siglas del PRD, y luego, avasallado, como prácticamente todos los integrantes de esta corriente política en ese partido. Agobiado por los años, el deceso de su hijo y una cruel enfermedad cerebral fue disminuyendo paulatinamente su actividad pública. Pero los cambios operados en el país no podrían explicarse sin la participación inteligente, creativa y tenaz de Arnoldo. En su persona se ilustra de qué modo cientos, miles de sencillos y humildes militantes de la izquierda socialista y comunista contribuyeron a la desarticulación del viejo régimen priista. Todos podemos coincidir en el cúmulo de rezagos existentes en nuestra sociedad, pero hoy ya no existe aquel partido de Estado, ni sus estructuras, por ahora, pues no se pueden ocultar los crecientes signos del intento de la restauración de aquel viejo régimen. Muchos de los pasos en pro de una sociedad más democrática se deben a esa participación; la que, deberá enfatizarse, no fue solamente en las actividades electorales y/o políticas, sino también en la difusión de sus propuestas, las que iban en el sentido de conformar un Estado moderno y democrático. Entre ellos participó activamente Arnoldo. Con esa historia y tal devenir político, resulta aberrante que los perredistas chihuahuenses terminen litigando en los tribunales electorales que les permitan aliarse con el PRI, o que, ya negado por los tribunales y su dirigencia nacional la convergencia electoral, intentaran un mecanismo para evadir tal resolución. El PRD nació para contribuir al desmantelamiento del viejo y anquilosado régimen de partido de Estado, no para su fortalecimiento.

Vísceras blanquiazules

El Diario, 23 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores La salvaje polémica desatada al interior del PAN, con motivo de la destitución de Ernesto Cordero como coordinador del grupo senatorial de este partido, ha mostrado en toda su magnitud la profundidad de la crisis que aqueja a los blanquiazules, crisis de larga data, efectivamente, pero que, ahora, al calor de las posturas adoptadas en relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto devela, no solamente la disputa por el poder, sino también, y acaso sea lo más grave, la inconsistencia política e ideológica de sus capas dirigentes. Quienes no solamente buscaron la alianza, sino la connivencia y en cierto sentido, cogobernar con el PRI, ahora se desgarran las vestiduras acusando a los otros de pretender hacer de su partido un “satélite” del tricolor. A su vez, quienes criticaron abiertamente la cercanía del gobierno con los priistas, o con sectores y fuerzas claramente ligados a aquel partido (por ejemplo, la cercanía de varios de ellos con Carlos Salinas de Gortari), ahora son capaces de clasificar al Pacto por México como una “chulada”, tal y como lo dijo Gustavo Madero a la revista Proceso. Pero no es lo único que llama la atención de la controversia blanquiazul. Asombra el grado de desmesura, de visceralidad con la que se dirigen unos a otros, de tal magnitud que pone los pelos de punta, dados los niveles de responsabilidad en la administración pública que han ejercido unos y otros. ¿En manos de quiénes estuvimos durante doce años, y más en los ámbitos locales, pues muchos de ellos ejercieron cargos en la administración pública estatal, municipal y en su partido? Si faltaran elementos para echar abajo toda la imagen de hombres rectos, honrados, congruentes, construida a lo largo de más de medio siglo de militar en la oposición –ciertamente la mayoría de ellos no conoció la represión a la que sí fueron sometidos los militantes de las izquierdas–, las frases escuchadas –leídas– en los últimos días, expresadas por quienes fueron funcionarios públicos de los más altos niveles en México, cimbran. –Esta sí créemela, le diría Gustavo Madero a Joaquín López Dóriga en entrevista para Radio Fórmula. El reclamo de los calderonistas fue que Madero no se esperó al martes para anunciar la destitución y la sustitución de Ernesto Cordero, sólo porque apareció en la disputa Felipe Calderón (que tampoco se pudo aguantar las ganas de “twittear”, reclamando que las disputas internas se conocieran de ese modo), acto que Javier Lozano –ex subsecretario del Trabajo con Salinas de Gortari y titular del ramo con Calderón– calificó como una “cobardía” y que al conocer el nombre del sustituto –José Luis Preciado– dijera que era una doble “estupidez”, con lo que calificó al dirigente de su partido de cobarde y estúpido. Y ese era el hombre que dirigía los rumbos laborales en el país, el mismo que, por ejemplo, aconsejó la desaparición de la compañía Luz y Fuerza, sólo porque tenía una irracional aversión al Sindicato Mexicano de Electricistas y sus dirigentes. ¿Se acuerdan de las frases de Cordero, aquellas de cuando dijo que con un salario de 5 mil pesos se podía pagar escuela privada para los hijos, casa y carro? Esos son los que ahora le prenden los focos rojos al PAN, justamente a días de iniciar los procesos electorales en por lo menos 11 entidades, de las 14 que los celebran en este año. Además, por si fuera poco, el senador Héctor Larios puso en entredicho –¿Aún más?– la credibilidad de Madero, al escribir en su twitter que no se había celebrado votación alguna para elegir al nuevo coordinador, a pesar de que el dirigente nacional había dicho que se había registrado un empate entre dos candidatos, aunque otro senador informó que en realidad había existido un triple empate. Y eso arroja otro dato de lo endeble de la posición de la dirigencia nacional del PAN y del nuevo coordinador pues al cónclave sólo acudieron 14 senadores ¿y entre ellos hubo un doble o triple empate? ¿Po’s cuántos votos sacaron, 4 cada uno? Sólo para conocer el fondo de estos hombres y mujeres del poder, van sus frases en el twitter: Luisa María Calderón: “Es una broma, ¿verdad?”. Roberto Gil Zuarth: “Se los dije”. Cordero afirmó: “Es hora de rescatar al partido”. Mariana Gómez del Campo (sobrina de Calderón y Margarita Zavala): “De plano a hacer un poco de ejercicio #BOX. En quién pensaré cuando utilice mis guantes? Adivinen”. Javier Lozano: “¡Válgame, Dios! ¿Qué hay peor que una estupidez? Pues dos estupideces”. Max Cortázar (vocero de Calderón presidente): “Ripley, ¡aunque usted no lo crea!!!!!!!!”

Debacle perredista

El Diario, 21 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores Que la dirigencia del PRD en Chihuahua aprobara las candidaturas comunes con el PRI en varios municipios, particularmente en Chihuahua, no fue, quizá, la razón principal para que se presentara la renuncia del conjunto de militantes que la dieran a conocer el pasado fin de semana, pero seguramente fue la gota que derramó la ya muy aletargada militancia de varios de ellos en el partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas. Con su renuncia, y las presentadas a lo largo de los últimos años, prácticamente ya no existirán en su interior corrientes políticas identificadas con los ideales socialistas -sería mucho soñar-, ni con otras modalidades del pensamiento de izquierda. Es de tal magnitud el proceso de decoloración ideológica de este partido que ninguno de sus dirigentes estatales de la última década del siglo XX milita en él. Para desgracia de sus electores, con la renuncia de Jaime García Chávez, Víctor Orozco, Alma y Gabino Gómez, Lucha Castro y Gustavo de la Rosa se van algunos de los más representativos de la izquierda chihuahuense. Antes que ellos, Antonio Becerra, Víctor Quintana y el escribiente lo habían dejado. Más aún, otro dirigente emblemático en el noroeste chihuahuense, Dagoberto González, meses atrás había optado por militar en Morena, al igual que Becerra y Quintana. Otro tanto han realizado dirigentes regionales de Delicias, Nuevo Casas Grandes, Parral, Jiménez, Camargo, Cuauhtémoc, etc. La sangría es enorme. De ahí que pocas explicaciones racionales se pueden encontrar en la decisión del PRI de buscar el apoyo de un cascarón, que en eso se ha convertido el PRD en Chihuahua, para que les otorgue sendos espacios que les podrán servir para darle respiración artificial a tal agrupación política pero que no pasará de eso, salvo, obviamente, la obtención de jugosas prebendas para su pequeña dirigencia y, también para quienes accedan por esta vía a las regidurías pues seguramente pactaron la inclusión de algunos de ellos en la planilla de regidores. Quizá sea difícil de entender para los estrategas electorales del PRI, pero de entre los electores que no se identifican con alguno de los partidos -el llamado voto switcher- existe un alto porcentaje que sí se identifica, en cambio, con el pensamiento de izquierda. Ahí es en donde se encuentra el mayor porcentaje de los votantes del PRD; pero son aquellos que muy difícilmente se les convencerá de votar por el PRI, como en el pasado fue convencerlos de hacerlo por el PAN, cuando contendieron juntos en 2004. De ese modo, se puede asegurar que la alianza política, expresada en la postulación de candidaturas comunes, entre el PRI y el PRD, se circunscriba sólo a las dirigencias; incluso, deberán tomar en cuenta que un buen número de priistas podrán no votar por el perredista Héctor Barraza, candidato a Síndico, y que otra parte importante de los electores “switcher” optarán por el candidato del PAN y que quienes votaron por López Obrador con mucha dificultad se les convencerá a votar por el candidato del PRI, Javier Garfio, candidato común del PRD. Pero tales especulaciones serán confirmadas, o reprobadas (afortunadamente) por los electores, ya que en el caso de las candidaturas comunes el ciudadano está en condiciones de votar por el candidato de su preferencia en el emblema de su partido favorito. El problema para los perredistas es transformar esas preferencias en votos para sus candidatos a diputados y alcanzar el 2% de la votación, necesario para acceder a una diputación plurinominal. Tendrán una ventaja, al grupo gobernante le interesa, sobremanera, que lo alcancen, mejor ellos, que ya están en la “buchaca”, que alguno del PAN, dirán en las oficinas priistas, y así lograr que la segunda parte del gobierno de César Duarte transcurra sin la “preocupación” de lo que ocurra en el Congreso del Estado, y manteniendo el control en los principales ayuntamientos chihuahuenses. No todo está dicho. Aparentemente la documentación presentada por el PRD para que se les aprobara las candidaturas comunes con el PRI, pudiera ser objeto de impugnación, tanto por el PAN, como por militantes perredistas, ya que el objetivo central de la resolución del Tribunal Electoral de la Federación era oponerse a la alianza electoral, pero que ahora, por la vía de la candidatura común los dirigentes perredistas pretenden evadir. Sólo falta que les demuestren que presentaron documentos apócrifos. Y con ellos pretende el PRI ir juntos. ¡Qué cosas! asertodechihuahua@yahoo.com.mx; http://luisjaviervalero.blogspot.com; http://twitter.com/LJValeroF

Vive Bus, discusión impostergable

Aserto 118, 5 de mayo de 2013 Editorial ¿Quién podría, válidamente, oponerse a la puesta en funcionamiento de un sistema de transporte urbano moderno, funcional, eficiente, rápido, limpio y, además, con servicios de internet, calefacción y aire acondicionado? Nadie. Por otro lado ¿Qué inversionista podría oponerse a crear una empresa -propia- en la cual en lo único que invertiría sería en la parte móvil y nada en el local, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones de su negocio? Echada para adelante, la actual administración estatal pretende terminar la instalación de los nuevos sistemas de transporte urbano en las dos principales urbes de la entidad. El Nuevo Sistema de Transporte de Chihuahua tuvo un costo superior a los mil 200 millones de pesos, de los cuales el municipio de la capital aportó 250 millones, 160 de los cuales se les heredarán, como deuda, a la siguiente administración municipal. Para la compra de los autobuses, el gobierno estatal recurrió al Banco Mundial, que destinó 40 millones de dólares que servirían para la adquisición de 84 en la capital y de 85 en el antiguo Paso del Norte. Ahora bien, suponemos que los concesionarios son quienes habrán de pagar la compra de los autobuses y que el gobierno actuó como aval del financiamiento otorgado por el Banco Mundial, cuya tasa y plazos del pago no se han hecho del conocimiento público. Porque de lo contrario estaríamos ante una situación verdaderamente escandalosa. ¿Cómo podremos explicar racionalmente -en términos de finanzas públicas sanas- que el gobierno realice las obras necesarias para que una empresa desarrolle sus funciones, sin que le exija, si las financió, la devolución a las arcas públicas de la inversión realizada? El 11 de febrero, anunciaron la conformación de la empresa integradora que operará el “Vive Bus”, con el nombre de “Coordinadora de Transporte Colectivo de la Ciudad de Chihuahua”, bajo la presidencia del secretario general de Permisionarios Unidos, Armando Méndez Villalobos e integrado por 528 concesionarios del transporte urbano. El nuevo sistema de transporte urbano tiene más el perfil de un servicio prestado por una instancia gubernamental, como se hace en la mayor parte de las urbes modernas del mundo, que el de una empresa privada. ¿Cómo se puede explicar que el gobierno realice una inversión multimillonaria, para entregarle un negocio, de pingües ganancias, a un reducido grupo de empresarios que han gozado de los favores gubernamentales de manera escandalosa a lo largo de décadas? ¿Y que, además, se comprometa a otra instancia gubernamental a mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la empresa? El transporte urbano es una área que, necesariamente, el Estado debe asumir; no por otra razón lo establece de esa manera el ordenamiento constitucional. Durante semanas, los habitantes de Chihuahua debieron soportar el caos en el centro de la ciudad. Si a la sociedad se le hubiera dicho que tales obras eran generadas para otorgarle a los concesionarios del transporte urbano mejores condiciones para que siguieran obteniendo, y aumentando, sus utilidades (sí, claro, con la prestación del servicio, que, ya sabemos, lo otorgan gracias a su elevado espíritu benefactor) probablemente la irritación ante el retraso de las mismas hubiese sido mayor. Hoy, ante la posibilidad cierta de contar con un mejor sistema de transporte ¿Por qué no discutir si tal servicio deba ser de la estricta competencia de la administración pública, y no de un abigarrado grupo de empresarios que, la verdad, no pueden argüir que le han prestado a los chihuahuenses un buen servicio de transporte urbano?

Nuevo impuesto Un pellizco a las fabulosas ganancias mineras

Aserto 118, 5 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores A fines de abril (Apro, 26/IV/13), la Cámara de Diputados aprobó un nuevo impuesto a los empresarios mineros, por el que deberán pagar 5% de sus utilidades por concepto de derechos; de esos recursos, 30% irán al fondo federal de participaciones para las entidades y el resto, 70%, a estados y municipios en que se desarrolle esta industria. Tales recursos deberán utilizarse en obras como rellenos sanitarios o centros escolares, pero nunca para infraestructura, pues esas obras tienen que desarrollarse con recursos de la Federación o de los estados. Aprobada por la mayoría de los diputados federales, sólo la fracción parlamentaria del PAN, al justificar su voto en contra, esbozó algunas líneas por las cuales podría, y debería no aprobarse. Marcos Vargas Aguilar, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, argumentó “que la forma de calcular y, por tanto, de cubrir los derechos para la explotación y aprovechamiento de los minerales en el subsuelo, no es acorde ni corresponde a la generación de riqueza que obtienen los titulares de una concesión minera, por lo que se considera que el Estado no está obteniendo una retribución justa por el aprovechamiento de los recursos no renovables de la nación que se encuentran en explotación”. De los recursos obtenidos, el 70% se destinará al Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), el valor de lo producido podría dar una idea de los montos que recibirían las entidades. Así, Sonora encabezaría tal lista pues su producción representa el 27% del valor de la producción minera del país, seguido de Zacatecas, con 24%; Chihuahua, con 11%; Coahuila, con 9%; Durango, con 6%, y San Luis Potosí, con 5 por ciento. (Nota de Alejandro Salmón A., El Diario, 27 de abril de 2013). La depredación causada por las empresas mineras, particularmente las canadienses que explotan el oro, ha causado infinidad de conflictos entre los grupos de propietarios de las tierras y las empresas, al interior de las comunidades y entre una parte de los habitantes de esos terrenos y las autoridades de todos los niveles. El común denominador ha sido la permanente negativa de las empresas a ceder alguna parte de sus fabulosas ganancias y la entrega de unas cuantas migajas de las extraordinarias utilidades obtenidas, y las que obtendrán a lo largo de unos cuantos años de explotación. Así, el columnista de El Heraldo de Chihuahua, César Augusto Gutiérrez Fierro (21/X/09) sostenía que “Un cálculo aproximado de las ganancias anuales netas de estas minas (las de Ocampo y Huizopa, Madera) son de 12 mil millones de dólares…”. En aquel entonces sugería que se creara un impuesto del 8% “sobre las utilidades netas de las liquidaciones de fundición o facturación de compraventa de primera mano, de los metales preciosos extraídos de los fundos, cuando ya se encuentren en producción comercial”, y calculaba que si el municipio recibiera la cuarta parte de ese impuesto podría recibir alrededor de 10 millones de dólares de la mina Huizopa. Y es que la producción anual de las minas instaladas en Ocampo y Huizopa es de alrededor de cinco millones de equivalentes de onza de oro y 40 millones de onzas de plata. (Ibídem, El Heraldo de Chihuahua, 11/X/09). Otro aspecto es el de los costos de producción, los que, por los mecanismos de extracción, continuamente van a la baja, no así el precio del oro (con la excepción de unas semanas atrás en las que bajó ligeramente). De este modo, las mineras “Gold Corp, New Gold, Alamos Gold, Capital Gold Gammon Gold registraron costos de extracción de oro en México de entre 454 y 372 dólares por onza extraída, al cierre del tercer trimestre de 2010. Las cifras representan una reducción de costos de entre 2 y hasta 50 dólares, en el caso de Gold Corp, New Gold y Gammon Gold, con respecto a los costos de extracción que registraron dichas mineras en el País durante el mismo periodo de 2009. Esto les significaría ganancias superiores a 400 por ciento, con un precio internacional del metal de mil 350 dólares por onza. (Nota de Karla Rodríguez, Reforma, 10 de febrero de 2011). Si estas cifras fueran ciertas, podrían medirse, de manera muy aproximada a la realidad, las utilidades obtenidas por estos consorcios, dado que la extracción es la etapa más costosa de la producción del metal, y que podría calcularse en alrededor de 600 dólares el costo de producción del oro, lo que dejaría una ganancia aproximada, por onza, de 750 dólares. Tan solo dos minas de las instaladas en Chihuahua produjeron anualmente 5 millones de onzas de oro, lo que arrojaría utilidades netas de 3 mil 750 millones de dólares. Sobre estas cifras deberá calcularse el nuevo impuesto -el 5% sobre las utilidades- lo que significaría que la Secretaría de Hacienda recibiría, por la explotación de estas minas, aproximadamente 187 millones 500 mil dólares, poco más de 2 mil 300 millones de pesos, el 70% de los cuales pasarían al Gobierno de Chihuahua y a los municipios de Ocampo y Madera. Es decir, ¡Poco más de mil 600 millones de pesos! Por supuesto que las cifras anteriores deberán mesurarse, pues ante la creación del nuevo impuesto, las empresas mineras realizarán todas las maniobras necesarias para acrecentar artificialmente sus costos, aunque por la conformación de su capital, todas cotizan en la Bolsa de Valores, deberemos contar con que están obligadas a mostrar de manera realista sus estados de cuenta, así como las utilidades reales obtenidas. Y es que la explotación de los recursos nacionales es más que salvaje. En Ocampo, los ejidatarios vendieron a peso el metro cuadrado de una tierra que vale, literalmente, oro. La empresa canadiense Gammon Lake pagará 2.6 millones de dólares por las tierras del Ejido Nombre de Dios. Además, les entregará a los ejidatarios 17 millones de pesos por la madera derribada en las casi 800 hectáreas que hoy ocupan las instalaciones y el área de explotación de la mina. Total, para los dueños de tierra, algo así como 4.2 millones de dólares. A cambio, la empresa obtendrá 3 mil 100 millones de dólares por la explotación de la mina durante 50 años, y de acuerdo con las regulaciones -antes de la creación del impuesto del 5%- las empresas mineras debían pagar solamente cuotas de entre $5.80 y 111 pesos por hectárea cada semestre por la explotación minera. El negocio para las empresas es redondo. Once minas de oro ubicadas en territorio mexicano tienen valuadas sus reservas totales en 86 mil millones de dólares. Ocho de ellas son propiedad de seis empresas canadienses y controlan el 70% de la producción del metal amarillo en el país. (LJVF , El Diario, 29 de julio de 2007). De las ocho minas canadienses, tres de ellas se encuentran en territorio chihuahuense: La de Dolores, en el pueblo de Huizopa, municipio de Madera, operada por Minefinders, con una reserva de 5 mil 219 millones de dólares; la Ocampo, ubicada en el municipio del mismo nombre, operada por Gammon Gold y con una reserva calculada en 2 mil 826 millones de dólares; y El Sauzal, operada por Goldcorp, con una reserva de 730 millones de dólares. (Nota de emeequis, 13/VI/11). Según los canadienses la empresa había invertido 195 millones de dólares en Dolores dentro del Ejido de Huizopa. Inversión que adquiere su verdadero significado si la confrontamos con el hecho de que en tan solo tres meses de producción de la mina Dolores, la empresa Minefinders informó a la Bolsa de Valores de Nueva York que su producción de oro aumentó 65 por ciento durante el segundo trimestre del año (2009), debido al inicio de actividades de su mina Dolores, en Chihuahua, en la cual obtuvo 23 mil 366 onzas, con un valor de 420 millones 588 mil pesos, equivalentes a 35 millones 49 mil dólares ¡Sólo en el primer trimestre de producción! (Nota de Excélsior, 7/VII/09). Vistas así las magnitudes de la irracional explotación de las minas ubicadas en Chihuahua, resulta más estrujante recrear las frases de quien ocupaba, en el sexenio anterior, la Secretaría de Desarrollo Industrial, Martha Lara, quien dijo que “... para el estado, la verdadera riqueza está en el empleo, y los metales que extraen las minas, es algo secundario...”. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10). Y es que la elevación del precio del oro, (a consecuencia, entre otros factores, a la gravísima inestabilidad financiera, que colocó al metal como la única mercancía que conserva su valor, o lo aumenta, frente a los vaivenes de las monedas “fuertes”) no sólo motivó a las empresas canadienses, también a un buen número de chihuahuenses, en la sierra, que se dieron a la tarea de recolectar tierra, en cubetas con “alta ley” del metal ya que obtenían, en 2011, más de 600 pesos por cada cubeta. Llegó a ser de tal éxito económico que “… las autoridades estatales en la materia, Alberto Chretín, secretario de Economía, y Luís Alba, director de Minería, corroboraron que incluso los niveles delictivos de dichas zonas han prácticamente desaparecido con las ganancias obtenidas por la venta rica en metales”. (Nota de Jesús Manuel Ruiz, El Heraldo de Chihuahua, 20/VIII/11). Pero, por lo menos hasta ahora, sí se cuenta con cifras cercanas a la realidad de la extracción de los metales preciosos en la entidad. En el periodo 2006-2010 el volumen de la producción minera se incrementó cerca de 60% y el valor de la misma en alrededor de 75%, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Economía. “En dicho periodo, alrededor de 84 mil millones de pesos redituó la producción minera estatal, y de ese monto 66 por ciento correspondió a oro y plata. Las cifras oficiales indican que en el periodo citado la producción de oro se incrementó casi mil 600 por ciento y la de plata 120 por ciento”. ¿Dónde quedaron esos 84 mil millones de pesos de producción minera en Chihuahua? Simple: en las alforjas de empresas privadas nacionales y extranjeras como en el caso de Grupo México de Germán Larrea (consentido de los gobiernos panistas), Mine Finders, Agnico Eagle Mines, Coeur d’Alene Mines, Gold Corp., Gammon Lake, Glamis Gold, Agnico Eagle Mines, Panamerican Goldfields, Gammon Gold y Jinchuan Group (de capital chino). (LJVF, El Diario, 29/I/12). Un ejemplo de la rapacidad con la que actúan en nuestro territorio -y de la protección que muy frecuentemente reciben de las dependencias gubernamentales- es el más reciente de los conflictos, el de Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, que ya arrojó el asesinato de dos de los más prestigiados líderes de la comunidad, Ismael Solorio y Manuela Solís, además del ambiente de enfrentamiento desatado entre la población. El último episodio es el de que la empresa minera ha demandado a los líderes de la comunidad y de El Barzón por robo, despojo y daños por 40 millones de dólares, pues, dice la empresa, saquearon 700 cajas con muestras de minerales de un terreno que rentaba Mag Silver y su filial mexicana Minera Cascabel, materiales que hasta la fecha se encuentran a un lado de los terrenos del ejido. A la luz de tales informaciones, y de las que, seguramente, se ocultan en los archivos de las empresas mineras, si bien es bien -o debería ser- recibida la noticia del nuevo impuesto, sorprende su cuantía pues legitima el saqueo voraz de los recursos naturales propiedad de los mexicanos, porque si éstos pueden obtener el metal con cubetas ¿Por qué no contar con una instancia gubernamental que financiara -o cofinanciara- la creación de empresas extractoras de oro, y no solamente pensar en que los propietarios de la tierra, como se ha dicho recientemente, se conviertan en socios de empresas turísticas? Está bien la explotación turística de nuestras tierras ¿Pero por qué tienen que ser empresarios extranjeros los que se lleven la tajada del león?

El PAN ¿única oposición?

El Diario, 19 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores Parecía que la estrategia del actual grupo gobernante, en materia electoral, era inexistente. No lo es. Analizada fríamente arroja, nítida, la pretensión de erigirse al cabo de la elección del 7 de julio como el grupo hegemónico en el estado. La auténtica capirotada de alianzas y candidaturas comunes presentada por el PRI, las renuncias de candidatos panistas, la postulación de otros ex panistas por los partidos menores y la de Miguel Jurado en Parral, amén de la salvaje declinación de la dirigencia perredista a mantenerse como la opción de izquierda, arrojan un panorama peor que el precedente y retrotraerá a la sociedad chihuahuense a una situación política semejante a la de hace 30 años, es decir, cuando la única oposición en el plano electoral era el PAN. Tal estrategia de alianzas, convertida en un auténtico reparto de migajas de poder, tiene un clarísimo objetivo, alcanzar el control absoluto del Congreso del Estado, además de asegurar el triunfo en las principales ciudades del estado, especialmente en Parral. Queda claro que nadie puede garantizar un triunfo electoral, pero el PRI chihuahuense ha realizado hasta lo imposible por contar con la mayor certidumbre posible. En el camino ha destrozado, o acelerado los distintos momentos de degradación y división de los partidos. Más en concreto, la estrategia de la elección al Congreso del Estado le otorgaría al PRI la posibilidad de conformar a su gusto la composición del Poder Legislativo, hasta con los nombres de quienes deberían acceder. Si tales estrategias funcionaran, llevarían a que si el PAN obtuviese solamente un triunfo de mayoría, merced a los distintos acuerdos del PRI con el resto de los partidos y los porcentajes de votos que les otorgue (evidentemente en una clara violación a las decisiones ciudadanas pues tales acuerdos se toman antes de que los ciudadanos voten, de tal manera que los partidos están resolviendo, previamente, el uso de su voto) el blanquiazul podría alcanzar solamente 3 diputados plurinominales. Lo que justifica el enrarecimiento al interior de este partido, en la disputa por los plurinominales, pues quien ocupe el lugar 2 de la lista, en realidad sería el diputado número 3 en la asignación y el 3 de la lista, el quinto de la asignación, algo que se antoja muy lejos de las previsiones electorales. Es decir, si el PANAL, por ejemplo, obtiene un 4 por ciento de la votación, pero en el acuerdo le otorga el PRI un 3 por ciento más, podrá obtener, de entrada, dos diputados. En la misma circunstancia se encontrarán el Verde y el PT. Si así fuera, y el PRD, en un giro más que sorpresivo alcanzara el 2 por ciento de la votación –ahora que no va en alianza con el PRI–, y que el Partido del Movimiento Ciudadano (ex Convergencia) también alcanzara esa votación, entonces, en la primera ronda se asignarían –si el PRI no tuviera derecho a participar, por rebasar la correlación entre el porcentaje de diputados de mayoría ganados y su votación– 6 diputados de los 11 a repartir. Luego, en una segunda ronda, con el 7 por ciento de la votación, participarían PAN, PANAL, PVEM y PT, es decir, se asignarían cuatro diputados más y sólo quedaría uno a repartir entre los partidos que obtengan el 10 por ciento de la votación, que podría ser asignado al PAN. Así, el PAN alcanzaría 3 diputados, más los de mayoría relativa. Si las cosas se mejoraran para este partido y alcanzara un triunfo en Juárez, otro en Chihuahua y ya en el apogeo, el de Delicias, sólo obtendría los mismos legisladores de ahora, seis, pues ya no habrá plurinominales que repartir y el control del Poder Legislativo, como ahora, sería del PRI, pero quizá de peor manera pues ahora todos los que ingresaran al Poder Legislativo lo harían gracias a los acuerdos con los gobernantes priistas. Así lo hacía hace muchos años, en la prehistoria, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y en muchos aspectos, el Popular Socialista. Eso nos remonta a principios de los 70’s del siglo pasado. De ese tamaño es el retroceso. Y de ello, por lo menos en el caso de Chihuahua, el principal responsable, pero por mucho, es el PAN. Durante 30 años fueron la única oposición que pudo disputarle el poder al PRI y cuando accedieron a él hicieron exactamente lo que criticaron y, timoratos o comprometidos con los poderes fácticos de Chihuahua, no fueron capaces de sentar las bases sociales e institucionales de la auténtica transición democrática (Acordémonos de las frases de Francisco Barrio, gobernador, a los campesinos que protestaban –¿Para qué protestan si ya estoy yo en el gobierno? – O cuando dijo que el gobernante debería ser como los padres que de vez en cuando deben aplicarles algunos golpes a los hijos “para que se eduquen”). De ahí que suenen totalmente incongruentes las frases del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, que nos viene a decir que vivimos en un estado “pre-democrático”, porque “sigue habiendo el gran monopolio de un solo partido que impide que prospere la democracia, la rendición de cuentas, la transparencia y la prosperidad” pues, dijo, “en donde gobierna el PRI, aplasta y corrompe a los medios de comunicación y a los poderes, esa es la manera autoritaria y perversa que tiene el PRI para expandir autoritarismo y antidemocracia”. ¿Y dónde estaban los gobernantes panistas? ¿Qué hicieron, cuando disfrutaban del poder municipal y federal, o cuando lo ejercieron a nivel estatal y con el apoyo de Carlos Salinas? ¡Ah es que entonces andaban en las concertacesiones! Es en este panorama en donde adquieren su verdadera importancia dos hechos: por un lado, la pretensión de la dirigencia del PRD de aliarse al PRI y la decisión de Miguel Jurado para dejar al PAN y buscar la candidatura del PRI a la alcaldía. Es de tal magnitud el giro imprimido por los actuales dirigentes del PRD a su postura política –ni siquiera compartida por la dirigencia nacional, que también cojea de ese lado– que ayer un grupo de destacados militantes de este partido anunciaron su renuncia al partido del sol azteca. La sangría es ahora dramática. En el pasado, a lo largo de los últimos años, numerosos militantes de base habían dejado las siglas del partido del sol azteca, el mayor en la historia del país, pero en el grupo de quienes tomaron esa decisión, justamente cuando este partido decidió hacer una auténtica chicanada al decidir proponer candidaturas comunes con el PRI, son de quienes se han significado por ser de lo más representativo de la izquierda local. Ni más ni menos que dos ex dirigentes estatales, los dos primeros candidatos a las alcaldías de Juárez y Chihuahua; los más connotados dirigentes sociales de la izquierda chihuahuense, dos ex diputados locales, varios ex regidores de distintos municipios, un ex alcalde, además de haber ocupado incontables ocasiones las candidaturas de mayoría relativa de cuando no había posibilidad alguna de acceder a puestos de poder. Tales cargos y otros acumulan los renunciantes Jaime García Chávez, Víctor Orozco, Alma y Gabino Gómez, Luz Estela Castro, Gustavo De la Rosa Hickerson, Luis Raul Aragón Arvizo, Isaí Gómez y Óscar Klassen Villa, entre otros. Y lo que nos faltaba por ver: quien fue en el pasado un auténtico kamikaze anti priista es ahora candidato de ese partido en la “capital del mundo”. ¿Quién garantiza que el voto duro del PRI en Parral vaya expresarse a favor de Jurado? ¿Y de que el voto duro del PAN no reverdezca ante la que es, a sus ojos, una traición a su partido y sus ideales? Bastará con que Ángeles Gutiérrez, la candidato panista logre concitar la simpatía de quienes no se identifican con partido alguno para se dé una auténtica sorpresa electoral. Por otra parte, ante la resolución del TEPJF relativa a la equidad de “género” en las candidaturas, el PRI, probablemente, cambiaría en Juárez al eterno dirigente y diputado local de esa central, Jesús José Díaz Monárrez, por la hija del dirigente estatal, Georgina, lo que nos llevaría a que la próxima legislatura se convierta en algo así como un encuentro de los ex alumnos del kínder de los hijos de los funcionarios públicos y políticos chihuahuenses, pues los vástagos de Leonel de la Rosa, Raymundo Romero, Xóchitl Reyes Castro, Doroteo Zapata, Rubén Aguilar (PT), y la sobrina de José Luis García Mayagoitia, devengarán sendos y jugosos salarios en el Poder Legislativo, además de que “Teto” Murguía tendrá hermanos aquí y en la Cámara de Diputados.

Héroes y manipulación

El Diario, 16 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores ¿Cómo no van a tener el mundo de cabeza los jóvenes si lo que los maestros intentan inculcar a sus alumnos si la televisión y las películas financiadas y producidas por la televisión, en un santiamén, cambian todos los parámetros? ¿Cómo esperar que el país mejore en materia educativa si la televisión mexicana es una de las peores en el mundo y, por desgracia, es lo que más ha influido e influye en los jóvenes de varias generaciones, por lo menos de los que no tienen un mayor acceso a otras opciones televisivas y que son la absoluta mayoría de la población? Tales cuestionamientos vienen a cuento a propósito de la exhibición de la película “5 de mayo, la batalla”, propagandizada como la película con el mayor presupuesto de la historia de la cinematografía mexicana, financiada, por puritita casualidad, por la empresa Televisa y el gobierno de Puebla. Tal película es uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que se imagina el monopolio televisivo debe ser la enseñanza de la historia nacional. Según este bodrio, el principal protagonista de la batalla más recordada por los mexicanos, porque se le infligió una histórica derrota al mejor ejército del momento, el francés, fue Porfirio Díaz, y su ejército, el mejor del país, solo porque entonces, al igual que ahora -esas son las paradojas de la vida nacional- Oaxaca aportaba, y aporta, la mayor cantidad de elementos al ejército mexicano. Estrenada con uno de los más altos números de copias -400- simultáneamente en México y Estados Unidos, es una coproducción del gobierno de Puebla (encabezado por Rafael Moreno Valle, fruto de una coalición PAN-PRD), Gala Films, Estudios Churubusco Azteca, Equipment & Film Design, Labodigital y Televisa Films. En la presentación de la película a los medios de comunicación, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, develó nítidamente cuales son las motivaciones de la administración estatal: “Los espectadores estarán de frente a lo que es una auténtica guerra, donde los personajes como Don Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, aparecen como hombres de carne y hueso, con sus errores y aciertos”, argumento utilizado frecuentemente por quienes pretenden rescatar la honra del ex dictador mexicano -que los hombres cometemos errores y que se debe hacer una valoración global de todos ellos- y convencernos, por ejemplo, que el gobierno de Díaz nos llevó a un desarrollo económico sin igual. Ciertamente, Porfirio Díaz era, en esa época, uno de los más destacados generales afines a Benito Juárez (al que en la película se le muestra brevemente, y como un personaje acartonado y no, como lo fue en la realidad, el líder que fue capaz de encabezar al conjunto de políticos más brillantes de la historia nacional), pero de ahí a sostener, como lo hacen los realizadores de la película, que fue el principal héroe de la Batalla del 5 de Mayo hay un mundo de distancia. Y es que es imposible realizar un juicio estrictamente cinematográfico de la cinta, habida cuenta de la conjunción de dos entidades “extrañamente” unidas en esta película, el Gobierno de Puebla y Televisa, a las que unen más coincidencias de las que podríamos esperar y que sólo esperan un buen resultado en las taquillas para realizar otras dos películas. La del sitio de Puebla, “que sería como la muerte, y luego la resurrección con la batalla del 2 de abril“, según dijera el director, Rafael Lara, sin mencionar que, efectivamente, en la batalla del 2 de abril el héroe fue quien luego gobernara durante 30 años al país. Si se tratara de verla sólo como una película (algo difícil dados los antecedentes de Televisa en los últimos años al pretender imbuir su propia versión de la historia nacional) es una pésima película. Mal dirigida, sin ritmo, con historias increíbles, peores diálogos, esquemática a decir basta, en la cual los buenos son buenos hasta empalagar y los malos son malos de a de veras. La historia de “amor” de dos personajes es malísima, tratada con el velo de las mentes conservadoras de hoy y no con el realismo con el que se tejieron miles y miles de historias en esa guerra, como en todas. Y las escenas de guerra francamente son para abandonar la sala, en un increíble abuso de la “trepidación” y del movimiento sin ton ni son de las cámaras, que llevan al espectador a que no sepa, en la mayor parte de las escenas, a no saber quienes eran franceses o mexicanos. Para llorar. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Esquemas obsoletos

El Diario, 14 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores El caso de Clara Armendáriz y su hija ha adquirido una extraordinaria resonancia en la capital del estado. Esta joven dejó en el estacionamiento de una iglesia a su bebé, momentos después de haber parido, y se convirtió en víctima, en el curso de los siguientes meses, de un verdadero linchamiento, al cual se le sumaron, las dependencias estatales relacionadas con la vigencia de los derechos de los niños, al grado de que éstas pidieron, y obtuvieron, sendas resoluciones judiciales y administrativas para que nadie de la familia materna, incluida Clara, pudiera siquiera acercarse a la recién nacida. Contra esas resoluciones se alzó la joven y ha obtenido un amparo para que las autoridades del DIF estatal le permitan al abuelo materno –porque la identidad del padre de la bebé se desconoce– convivir con su nieta en las instalaciones de la dependencia. Este es sólo uno de los casos más estridentes –y más lamentables– de un fenómeno que crece con los días: el de los embarazos en las adolescentes. Pero que lo refleja paradigmáticamente, independientemente de los aspectos particulares de cada uno. ¿Cómo le podemos pedir a los jóvenes de hoy que practiquen la abstinencia sexual si todo lo que los rodea está cargado de sexualidad? ¿Cómo pedirles que no beban cerveza si estamos inundados de comerciales de estas bebidas y, lo peor, que los principales espectáculos deportivos sean promovidos fundamentalmente por las empresas fabricantes de ellas? Frente a esta “modernidad” ¿Cómo oponerle, por ejemplo, que el diablo se los llevará si cometen alguna falta? Sin embargo, quedan en el subconsciente secuelas de aquel pasado, de ahí la frecuencia con la que las jóvenes ocultan un embarazo, por aquello de la vergüenza de haber cometido un pecado, o de haber “deshonrado” el nombre de la familia a causa, no solamente del embarazo, sino del hecho de haber sostenido relaciones sexuales (las cuales, dicen las reglas del pasado, o las de las creencias religiosas, sólo se pueden tener en el matrimonio); de ahí que no sean pocos los casos en los cuales el peso de la culpa es tan grande que lleva a las jóvenes a cometer algún desatino, generalmente en abortos provocados y que muchos de los cuales terminan en verdaderas tragedias. ¿Cómo compaginar el mundo moderno de los jóvenes con la prohibición a usar el condón, o cualquier otro método preventivo, y a cambio difundir la creación de asociaciones que “les pueden ayudar a las jóvenes con su hijo, si no lo quieren tener”? Si a condiciones tan generales les agregamos otras menos extendidas, pero igualmente presentes en la vida de cientos de miles de jóvenes en Juárez y Chihuahua, que son las derivadas de ser hijos de trabajadores (ambos) de la industria maquiladora, o en general de la industria, que los llevó a que, generalmente, ya no exista ninguna otra persona adulta en su entorno, y que en muchos casos no hay alguien que les otorgue el cariño, consideraciones y cuidados necesarios, no sólo para su desarrollo, sino para su existencia “normal” y que tales dones sólo los encuentren en otro joven de distinto sexo (o preferencia sexual), lo que los llevará, a sostener relaciones sexuales, y muy frecuentemente, a procrear un hijo, que puede vivir una vida muy semejante a la de sus padres, gracias a que, por un lado, desprecian alguno de los métodos de prevención del embarazo, incluida la pastilla del día después. Estamos ante una situación extremadamente compleja, en la que fenómenos como el comentado es sólo uno y muy parcial y que algunos hechos de los días recientes, ocurridos en nuestras ciudades, nos deben llevar a pensar en el largo plazo, de inmediato, para no caer en las “soluciones” fáciles, sobre todo en materia penal, de, ante el aumento de la criminalidad juvenil, proponer el endurecimiento de las penas, ni la criminalización de los jóvenes. Y es que algunos de esos casos son muestra de que algo muy grave está ocurriendo frente a nuestros ojos: el de los jóvenes que presuntamente asesinaron a los padres adoptivos de una joven (participante de los hechos) quienes, luego de asesinarlos se fueron a comprar y comer; no sólo, pudieron dormir al lado de los cadáveres y luego, con calma, comprar lo necesario para incinerarlos. Pero también los jóvenes que asesinaron a los hermanos Páramo (en Chihuahua) por una deuda, dicen las autoridades, de 10 mil pesos; o el de la mujer que dejó a su bebé en un basurero. Los jóvenes de Juárez que primero secuestraron a una bebé de 2 años, y luego a los padres, tíos de una de las presuntas implicadas. Ante tantos y variados casos tan impactantes ¿Bastan los mensajes religiosos y los llamados a “recuperar” los valores? Seguramente, no.

Fiscalización, reprobados

El Diario, 12 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores Expresada en todos los tonos, la molestia acerca del estado que guarda la fiscalización de los recursos públicos en el estado de Chihuahua, puede alcanzar mayores niveles, además del crecimiento de la certidumbre de que en esta materia la alternancia partidaria en el Estado Grande solo consolidó la opacidad y la dificultad para que la sociedad accediera a un mayor conocimiento del modo en que la clase política local maneja los presupuestos públicos, al momento que se asimilen tres informaciones aparecidas en los últimos días acerca de tema tan sensible para la medición del desarrollo democrático de una sociedad. Si en estos rubros nos alejamos de los estándares, ya no internacionales, sino de los nacionales, quedará hecha añicos la postura de una buena parte de nuestros políticos de que “Chihuahua es el experimento democrático del país”, queriendo decir con esto que lo que luego sucede en el ámbito nacional, primero ocurrió en nuestra entidad. Los hechos contradicen tajantemente tales pronunciamientos y abren, como dicen nuestros gobernantes, “un nicho de oportunidades” para quienes formen parte del Poder Legislativo a partir de octubre próximo. En primer lugar, Chihuahua se ubicó en los últimos lugares de casi todas las variables analizadas en un estudio efectuado por Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC). “En el estudio del IMC, realizado en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el estado de Chihuahua quedó por debajo de la media nacional y en los últimos lugares del país en aspectos como marco legislativo o acceso a los resultados de las auditorías practicadas a los órganos de gobierno, así como en transparencia y en disponibilidad de información vía Internet”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario, 4/V/13). Por otra parte, la falta de cumplimiento en la entrega, en tiempo y forma, de los informes anuales de, entre otros, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Chihuahuense de Salud, el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, la Coordinación Estatal de la Tarahumara y el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, que debieron haber cubierto a más tardar a finales de abril, los llevó a caer en el incumplimiento de “la ley de Transparencia, y también en cuanto a eficiencia administrativa”. (Nota de Jesús Manuel Ruiz, El Heraldo de Chihuahua, 10/V/13). Más aún, al día siguiente el mismo reportero informó que el 35% de los municipios del estado de Chihuahua “reprobó ante la Auditoría Superior del Estado la rendición de cuentas, ya que desde febrero de 2013 debieron presentar el estado que guarda la administración de los recursos públicos del ciclo anual 2012, donde 24 de los 67 ayuntamientos no aprobaron el 90% que tienen como margen de cumplimiento de los 32 documentos que deben de entregar para iniciar la auditoría”. (Nota de Jesús Manuel Ruiz, El Heraldo de Chihuahua, 11/V/13). Así, se reunieron dos fenómenos de los peores que podríamos esperar en esta materia: Por un lado, el proceso y aparato de fiscalización son de los peores calificados en el país y, por el otro, las dependencias a calificar por la Auditoría Superior del Estado incumplen con el marco legal establecido en Chihuahua. El resultado no puede ser que la prevalencia de la opacidad en el ejercicio presupuestal y en la impunidad pues si no tenemos el mejor de los marcos para vigilar el buen ejercicio presupuestal, entonces no hay posibilidad alguna de que se puedan prevenir, ni castigar, las conductas anómalas en estos rubros. Y es que el estudio del IMC nos deja verdaderamente mal parados. Chihuahua es uno de los estados que no le ha dado autonomía a su organismo de fiscalización; junto a otros 6 estados, el Congreso no tiene facultades para solicitar auditorías especiales -lo que califica como alarmante-; en el “Alcance de las auditorías”, Chihuahua aparece con un promedio de 5; en la calificación de la calidad del ordenamiento jurídico de la fiscalización, ocupamos el lugar número 29; en el de la calificación de los portales electrónicos, el 24. (Ibídem, Alejandro Salmón) Nos ubicamos en la mitad de las entidades federativas que no cuentan con un servicio fiscalizador de carrera. En materia del núcleo normativo estratégico sobre transparencia de la fiscalización, Chihuahua es una de las que sí aprobaron, así como en el de la publicación de los informes, como información de oficio. En cuanto a los deberes “del poder legislativo (calificación del núcleo normativo por entidad. Chihuahua obtuvo un 4”. En lo que se refiere a los procedimientos de responsabilidades contra los servidores públicos, sin autorización o proceso previo con el poder legislativo u otro órgano, la obligación de emitir recomendaciones a los sujetos auditados (además de las observaciones por incumplimientos) y de emitir un informe de seguimiento a las recomendaciones y procedimientos surgidos con la revisión de la cuenta pública, Chihuahua tiene un 5, al igual que BCS, Durango, Puebla, Querétaro y Veracruz. Sólo una entidad de fiscalización publica en su sitio electrónico tanto las recomendaciones emitidas como un informe de seguimiento. Sólo siete entidades federativas publican en sus portales los procedimientos (administrativos y/o penales) y de las sanciones impuestas a funcionarios públicos. No sólo Chihuahua se encuentra en tan lamentable estado del proceso de fiscalización, de ahí que la OMC haya emitido una serie de recomendaciones a los legisladores, sobre todo del ámbito estatal, para que se realice una reflexión y análisis profundo “sobre su función en la vigilancia de los recursos públicos y para que reformen las leyes de fiscalización superior. Estas reformas deben buscar soportar jurídicamente y con una técnica legislativa adecuada, las labores del órgano fiscalizador y al mismo tiempo, que haya una rendición de cuentas hacendaria efectiva hacia la sociedad”, especialmente en lo que se refiere al otorgamiento de autonomía a la Auditoría Superior del Estado, para que se tome “como brújula la información que genera el órgano fiscalizador y no por la subordinación institucional de éste hacia el poder Legislativo”, así como el establecer “claramente responsabilidades del Congreso en el proceso de fiscalización”. Así como “Dar herramientas a las EFSL para que existan consecuencias de los resultados de la fiscalización”. (Informe del Instituto Mexicano para la Competitividad). Esas recomendaciones quedaron como anillo al dedo, dadas las graves anomalías presentadas por distintas dependencias, según el reporte de la ASE, en el que destaca la Coordinadora Estatal de la Tarahumara , que “no entregó ni uno solo de los 32 documentos de comprobación fiscal, por lo que reprobó con un cero por ciento de cumplimiento, así también el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, que sólo acreditó el 47.17 por ciento de los requisitos” y otros. En los años en los que la alternancia partidaria en Chihuahua era moneda corriente, uno de los temas que anualmente más se discutían era el de la fiscalización de los ayuntamientos, que servía para que las dos fuerzas políticas más importantes -que gobernaban alternadamente a los municipios más poblados- negociaran, desde la óptica más deleznable, la aprobación de las cuentas públicas. Luego, fincada la hegemonía priista, tanto en el ámbito municipal, como en el Poder Legislativo, la minoría panista siempre le entregó en charola de plata al PRI el nombramiento del titular del órgano de fiscalización y se allanó a la pretensión del tricolor para no otorgarle la autonomía al ente fiscalizador. Ahí están los resultados. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Retenes antiebrios, estrategia fallida

El Dario, 9 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores La conjunción de dos factores en la entidad, el elevado número de vehículos particulares y la no menos cuantiosa ingesta de bebidas alcohólicas, arroja año con año siniestras estadísticas, ante las cuales la autoridad, municipal en el caso de Juárez, y estatal en el de la capital del estado, han puesto en marcha diversos operativos, la mayoría de ellos consistentes en la instalación de retenes en las principales rutas vehiculares para detectar ebrios al volante y evitar, o tratar de disminuir la incidencia de accidentes, con su secuela de daños materiales y pérdidas humanas, en las que nos mantenemos entre los primeros lugares en el país. Apenas en marzo pasado, el director de Vialidad Estatal, Ricardo Mejía Borja, anunciaba que los retenes se quitarían en el momento en el que detectaran que la ciudadanía había tomado conciencia de lo riesgoso de ingerir bebidas alcohólicas y conducir. Meses atrás, en Juárez, y unos días atrás en Chihuahua, las autoridades correspondientes anunciaron que los retenes serían retirados. Para ello, en Chihuahua se alegó que había una disminución del 34 por ciento en el número de accidentes presentados en 2012, con relación a 2010, pero en el fondo, al igual que en el de Juárez, seguramente que el factor que más influyó para tomar esa determinación fue el de las crecientes protestas ciudadanas por los numerosos abusos cometidos por los agentes de tránsito, los que, para defenderse, han argüido que sus superiores les exigen una cuota de infracciones diarias, en lo que es, de ser cierta, una clara maniobra recaudatoria. El titular de Vialidad del Estado, Ricardo Mejía Borja Rey, señaló que en el caso de los accidentes, se tuvo un decremento de 34.29 por ciento, ya que en 2010 se tuvieron 19 mil 812 accidentes y en 2012 al cierre del ejercicio, 14 mil 753 accidentes, querría decir que la instalación de los retenes tiene un efecto benéfico directo y que no podría concluirse que se debe al cambio de patrón cultural de los chihuahuenses, sino a la medida coercitiva. A su vez, en Juárez, las autoridades municipales están considerando la posibilidad de volver a instalar los operativos contra conductores ebrios, para reducir los incidentes de tránsito que este bimestre se incrementaron en 68 por ciento, en comparación con el primer bimestre de 2012. Pero en cualquiera de los dos casos –y probablemente en la mayor parte de las urbes medianas de la entidad– no se advierte la puesta en vigor de medidas preventivas; sólo las de carácter coercitivo que, además, son las que disparan los índices de corrupción, pues instrumentar operativos de tal índole conlleva la elevación del riesgo a que los agentes de tránsito –y también los ciudadanos– intenten resolver el problema con una menor sangría económica para el supuesto infractor. En cambio, en tanto discutimos la conveniencia o no de instalar retenes antiebrios, la venta de bebidas alcohólicas continúa sin parar, y ahí se encuentra el verdadero problema. En tanto no se pongan en vigor medidas preventivas seguiremos dependiendo de la efectividad de las medidas coercitivas para mejorar los índices de accidentes viales motivados por la ingesta de alcohol. Evidentemente no le apostamos –aunque sí debiéramos– a los factores subjetivos para intentar reducir tales índices, pero ¿por qué razón, en lugar de retenes, no apostamos al personal de tránsito –agentes y médicos– en los principales lugares de concentración de ingesta de alcohol los fines de semana, y se les aplican los exámenes correspondientes, antes de salir al tráfico nocturno? Igualmente ¿por qué no suspender la venta de bebidas embriagantes dos horas antes del cierre de actividades de los antros y centros de espectáculos, incluidos los estadios, que en este caso podría ser alrededor de la 7ª entrada, en los juegos de béisbol? Del mismo modo, deberían suspender a todos los agentes de tránsito que se esconden en las rúas de mayor velocidad para sorprender a quienes rebasen los límites de velocidad. ¿Por qué no instalarlos en lugares visibles y en donde se inician los tramos en los que se pueden alcanzar las más altas velocidades? Hacer eso significaría que se está actuando con el ánimo de prevenir la comisión de conductas irregulares, y no la de castigar para recaudar. Igualmente ¿por qué no exigir que todas las unidades de las distintas agrupaciones circulen en las noches con las luces de seguridad públicas y así se conviertan en factores disuasivos, tanto de las altas velocidades, como de la ingesta alcohólica?

Comandos

El Diario, 7 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores Dos hechos, a cual más de impactantes, ilustran la frágil recuperación de algunos de los índices de seguridad alcanzados en los últimos meses. Por todos lados aparecen las estadísticas que nos hablan, o intentan convencernos del mejoramiento de la seguridad en la entidad y que la percepción ciudadana avanza a mejores evaluaciones en esta materia, no solamente a las instancias gubernamentales sino en general. A fines de abril se informó de un enfrentamiento entre un grupo armado y policías del municipio de Gran Morelos, con el saldo de 3 policías municipales y un civil muertos a causa de las heridas de bala. Luego, la semana anterior, fueron detenidos por el ejército 6 hombres en la ciudad de Cuauhtémoc, a quienes se les aseguraron 15 armas de fuego, cartuchos útiles, chalecos antibalas, uniformes tácticos, dos granadas, así como dos vehículos con reporte de robo. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las pruebas practicadas a las armas demostraban que habían sido usadas, algunas de ellas, en los hechos de Gran Morelos, además de que, en versión de los militares, estaban en posesión del arma de uno de los policías asesinados. La FGE informó, además, que algunos de ellos habían declarado que los homicidios los habían realizado porque los policías se negaron a cooperar con ellos, pero la dependencia no comunicó a que grupo delictivo pertenecían los acusados, dados los divergentes lugares de origen de los integrantes de este presunto grupo de sicarios, lo cual podría llevarnos a la conclusión que su contratación fue realizada por algún ente integrador. Si las informaciones otorgadas son ciertas, quiere decir que estamos ante una posible nueva escalada de violencia homicida, pues significaría que uno de los cárteles que disputan la supremacía en la entidad ha resuelto, nuevamente, llegar a las últimas consecuencias en su enfrentamiento con el otro, o los otros grupos criminales presentes en Chihuahua, lo que nos permite pensar que, probablemente, los ritmos y niveles de la violencia de los últimos años, especialmente desde el 2008 a la fecha, tienen más que ver con la dinámica del enfrentamiento de los grupos criminales que con las estrategias gubernamentales, en algunas de las cuales, particularmente las de corte social, podrán apreciarse efectos benéficos al paso de los años, y que las de fuerte impacto en la disminución de los índices delictivos tienen más que ver con la corrupción de los grupos policiacos y el abatimiento de los índices de corrupción. Y que tal disminución sí se vincula a la buena actuación de los grupos policíacos y la adecuada coordinación entre ellos, algo que viene repitiéndose en los discursos oficiales, cualquiera que sea el origen partidario, pero que, aparentemente no basta, para lo cual habría de pensarse en otra estrategia en el combate al tráfico de drogas. ¿Por qué en el país de más alto consumo de estupefacientes prevalece una tasa de, cuando mucho, 5 homicidios por cada 100 mil habitantes; y en el nuestro, supera los 30, con saltos como el de Chihuahua, superior a los 50? Quizá llegó el momento de discutir tales diferencias. Digresión.- Permítaseme una licencia personal. El domingo murió, en Mexicali, mi tía Isabel Flores, víctima, como miles de mexicanas, del cáncer mamario; lejos, muy lejos de su natal Durango, tierra a la que ya no pudo regresar a consecuencia de la eterna sangría -migración- que sufre esta entidad, de manera semejante a la sufrida por otras, destacadamente Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y otras, el país entero. Hasta la lejana Baja California se fue, siguiendo las huellas de sus hijos -su hija Isabel y su yerno, Clemente-, después de haber contribuido al cuidado y formación de, por lo menos, 7 sobrinos, quienes pasamos a considerarla como nuestra madre alterna (por supuesto, sin demérito de la propia de cada uno), y en el caso personal hasta el nivel del compadrazgo, -el bueno, no el de la clase política con lo cual dio pruebas fehacientes de la enorme mesura con la que actuó toda su vida- y el incuantificable amor con el que trató siempre a sus cercanos. Hoy, abusando de esta invaluable tribuna, le rindo un lloroso homenaje a quien contribuyó como muy pocas personas a mi adicción personal al cine y a las novelas policíacas, y en lo general a las lecturas, pues ella sí podía mencionar, de carrera, los libros que más la habían impactado y que se reía, socarrona, cuando la abuela me espetaba, por terco -Gánale al PRI. Ustedes disculpen.

Transporte: subsidio hasta la eternidad

El Diario, 5 de mayo de 2013. Luis Javier Valero Flores ¿Quién podría, válidamente, oponerse a la puesta en funcionamiento de un sistema de transporte urbano moderno, funcional, eficiente, rápido, limpio y, además, con servicios de internet, calefacción y aire acondicionado? Nadie. Por otro lado ¿qué inversionista podría oponerse a crear una empresa –propia– en la cual en lo único que invertiría sería en la parte móvil y nada en el local, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones de su negocio? El otorgamiento del servicio urbano de transporte es una obligación del Estado, por ello el gobierno estatal puede concesionarlo a los particulares. Ahora estamos ante una situación que poco hemos razonado, acostumbrados a pensar que el mundo de los negocios es asunto exclusivo de los empresarios, sin importar que muchas de las fortunas se obtengan a partir de las concesiones que otorga el Estado. Durante años (en ambos casos) la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de transporte urbano, en Juárez y Chihuahua, ha ocupado la atención de los gobernantes municipales y estatales. Echada para adelante, la actual administración estatal pretende terminar la instalación de los nuevos sistemas de transporte urbano en las dos principales urbes de la entidad. Ha anunciado que el Vive Bus de la capital chihuahuense estará funcionando en agosto del presente año ¡por fin! y que las obras de construcción del transporte semimasivo de Juárez culminarán en noviembre, a pesar de que aún falta la adquisición de algunos predios para el resguardo de las unidades y otras necesidades. Como casi siempre, en tanto las inversiones públicas fluyen rápidamente en la capital, o las obras tienen una mayor velocidad, en Juárez adquieren, por distintas razones, velocidades menores. Así, en tanto las obras de las rutas troncales del Vive Bus prácticamente están terminadas, en Juárez registraban, hasta marzo pasado, sólo un avance del 20 por ciento, a pesar de que iniciaron 13 años atrás, a lo largo de tres administraciones estatales. El nuevo sistema de transporte de Chihuahua tuvo un costo superior a los mil 200 millones de pesos, de los cuales el municipio de la capital aportó 250 millones, 160 de los cuales se les heredarán, como deuda, a la siguiente administración municipal. Para la compra de los autobuses, el gobierno estatal recurrió al Banco Mundial, que destinó 40 millones de dólares que servirían para la adquisición de 84 en la capital y de 85 en el antiguo Paso del Norte. Cada camión tendrá un costo aproximado de 2 millones de pesos, y contarán con cámara de vigilancia, GPS, calefacción y aire acondicionado. Será, dijo el gobernador Duarte, “un transporte de primer mundo, seguro, con conexión a internet, ecológico, pero también con cobros de pasaje muy económicos que pretenden hacer que cuatro veces más chihuahuenses utilicen el transporte público”, con un costo de 6 pesos, con un 50 por ciento de descuento para adultos mayores, discapacitados y estudiantes, quienes tendrán una credencial con fotografía intransferible. Ahora bien, suponemos que los concesionarios son quienes habrán de pagar la compra de los autobuses y que el gobierno actuó como aval del financiamiento otorgado por el Banco Mundial –cuya tasa y plazos del pago no se han hecho del conocimiento público– y que se establecieron los mecanismos pertinentes para evitar que ante el incumplimiento en los pagos no sea la sociedad chihuahuense la que deba pagar las unidades, ni su mantenimiento ni servicios. Porque si no estaríamos ante una situación verdaderamente escandalosa. ¿Cómo podremos explicar racionalmente –en términos de finanzas públicas sanas– que el gobierno realice las obras necesarias para que una empresa desarrolle sus funciones, sin que le exija, si las financió, la devolución a las arcas públicas de la inversión realizada? En enero del año anterior, se anunció que el Vive Bus entraría en funcionamiento en agosto de ese año, con 84 autobuses de última generación, 34 estaciones y siete paraderos modernos y funcionales y que una vez instalado el nuevo sistema de transporte urbano, saldrían de la circulación 200 unidades del transporte actual. Un mes después, el 11 de febrero, anunciaron la conformación de la empresa integradora que operará el “Vive Bus”, con el nombre de “Coordinadora de Transporte Colectivo de la Ciudad de Chihuahua”, bajo la presidencia del secretario general de Permisionarios Unidos, Armando Méndez Villalobos e integrado por 528 concesionarios del transporte urbano. El proyecto es que la nueva empresa absorba una tercera parte del total de viajes realizados diariamente en la capital del estado, alrededor de 90 mil viajes diarios y el ahorro, calculan, en el tiempo de traslado, será de alrededor del 30 por ciento. Para su ulterior funcionamiento, el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, firmó sendos convenios. Fueron tres los firmados, con Teléfonos de México, con el Centro de Transporte Sustentable y con el Municipio de Chihuahua. Los compromisos derivados de la firma de los convenios estriban en que Telmex se hace cargo del suministro de la señal de internet y el municipio asume “la responsabilidad de pavimentar y recarpetear calles para el otorgamiento del servicio completo de transporte; mantener las rutas con un óptimo sistema de alumbrado público; otorgar la debida vigilancia; así como evitar que vendedores ambulantes se coloquen en estos espacios”. (Página en internet del Ayuntamiento de Chihuahua). Así descrito, el nuevo sistema de transporte urbano tiene más el perfil de un servicio prestado por una instancia gubernamental, como se hace en la mayor parte de las urbes modernas del mundo, que el de una empresa privada. ¿Se imaginan que fuera una empresa privada la que otorgara el servicio del metro de París, o el de Nueva York, de México o Moscú? ¿Cómo se puede explicar que el gobierno realice una inversión multimillonaria, para entregarle un negocio, de pingües ganancias, a un reducido grupo de empresarios que han gozado de los favores gubernamentales de manera escandalosa a lo largo de décadas; con el plus, además, de proporcionarle a otra empresa la posibilidad de realizar otro negocio en la prestación del servicio de internet? ¿Y que, además, se comprometa a otra instancia gubernamental a mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la empresa? Tales cuestionamientos no tienen como fondo el criticar la modernización del sistema de transporte de nuestras ciudades, todo lo contrario, lo moderno estriba en que la prestación de tales servicios no pueden quedar al arbitrio de empresarios privados, cualquiera que sea su motivación. Son áreas que, necesariamente, el Estado debe asumir; no por otra razón lo establece de esa manera el ordenamiento constitucional. Y no nos vengan a decir que en esa materia es obsoleta la Constitución, tiene un más que clarísimo fundamento, el de preservar a la sociedad la prestación del servicio, sin las eventualidades que pudiera ofrecer la empresa privada. Probablemente, por las dimensiones y estructura distintas de las ciudades, las obras de construcción del transporte semimasivo en Juárez no afectaron tanto las actividades, pero en la capital, por semanas provocaron un caos en el centro de la ciudad. Si a la sociedad se le hubiera dicho que tales obras eran generadas para otorgarle a los concesionarios del transporte urbano mejores condiciones para que siguieran obteniendo, y aumentando, sus utilidades (sí, claro, con la prestación del servicio, que, ya sabemos, lo otorgan gracias a su elevado espíritu benefactor) probablemente la irritación ante el retraso de las mismas hubiese sido mayor. Hoy, ante la posibilidad cierta de contar con un mejor sistema de transporte ¿por qué no discutir si tal servicio deba ser de la estricta competencia de la administración pública, y no de un abigarrado grupo de empresarios que, la verdad, no pueden argüir que le han prestado a los chihuahuenses un buen servicio de transporte urbano? Todo lo contrario. Y si no se coincide, echémosle un ojo a las cifras de accidentes, lesionados y muertos en percances provocados por sus unidades. Contra lo que se piense, el Estado es mejor administrador en la prestación de este servicio, los ejemplos sobran en el mundo. Aquí mismo, el servicio de las casetas de peaje en las carreteras, por ejemplo, es mejor que el de otras entidades.

Arraigo, reformas paradójicas

El Diario, 2 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores Las conductas contradictorias de los partidos políticos, especialmente los firmantes del Pacto por México, alrededor de los asuntos más importantes para el país, reflejan el profundo pragmatismo con el que actúan, cuyo fin, de ninguna manera, tiene que ver con los reclamos ciudadanos. Si tal conducta es extremadamente riesgosa para la salud pública, en lo referente a la seguridad pública adquiere ribetes de verdadera catástrofe societaria. Durante largos meses, los de la campaña electoral y los posteriores, tanto los nuevos gobernantes, del PRI, como el resto de las dirigencias partidarias deploraron acremente la existencia de la figura del arraigo; especialmente ácido resultó ser, en este tema, el nuevo Procurador General, Jesús Murillo Karam. No menores fueron las posturas del PRD y del PAN. El lunes, en la Cámara de Diputados, las bancadas de estos 3 partidos aprobaron, solamente, una rebaja de los días del arraigo a que podría someterse a una persona; pero el mismo día, todos los diputados locales del DF aprobaron la desaparición de tal figura en la legislación de la capital de la república ¿Y entonces? Una mayoría de diputados federales, del PRI, PAN y PRD, aprobó reformar el artículo 16 constitucional para reducir la temporalidad de la figura del arraigo de 40 a 20 días y, en caso de que sea solicitada una ampliación, de 20 a 15 días, para lo cual será necesario que se trate de delitos relacionados con el crimen organizado, el terrorismo, el acopio y tráfico de armas, la pornografía y el turismo sexual. Tal reforma se realizó a pesar de los exhortos efectuados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esa oficina enunció los requisitos que debieran cumplirse para el arresto de las personas: “(Que) deberán ser informadas, en el momento de su detención, de las razones de la misma; en segundo lugar, se les notificará sin demora las acusaciones formuladas contra él o ella”, y no dar origen a las detenciones arbitrarias. El colmo fue que la bancada del PRD desechó su propia iniciativa para suprimir ese mecanismo de la Constitución, y respaldó que se mantenga su aplicación. La representación en México del Alto Comisionado de la ONU solicitó a los diputados asumir el contenido sustantivo de los reiterados posicionamientos citados (de numerosos organismos derechohumanistas que han deplorado la existencia de tales ordenamientos) “y llegue, como sana conclusión, a la derogatoria absoluta del arraigo y restrinja además cualquier otra figura que implique la privación de la libertad”. En tanto, en el DF, la reforma aprobada establece la “detención con control judicial” y se reduce el número de días en los que una persona puede estar en una situación de apresamiento, con un máximo de cinco días, que podría alargarse por otros cinco más. Tales reformas tienen como fondo el evidente fracaso de la política que en esta materia siguió la administración federal de Felipe Calderón, a la cual le dieron seguimiento hasta gobernantes reputados como democráticos, como el del DF, Marcelo Ebrard, y en la cual ocuparon parte central, por una parte, las detenciones arbitrarias e ilegales, denominadas arraigo, y por la otra el programa de testigos protegidos, puesto en evidencia mayor con la liberación del Gral. Tomás Angeles, por orden judicial, ante la postura de la PGR de aceptar que no tenía más evidencias que las declaraciones de un testigo protegido, por pura coincidencia en manos de las agencias norteamericanas de seguridad, cosa que se repitió a lo largo del sexenio anterior, y que alcanzó proporciones de verdadero escándalo con los episodios conocidos públicamente como el michoacanazo, la Operación Limpieza, las acusaciones contra tres ex gobernadores de Tamaulipas y contra varios generales. Si bien las preocupaciones mayores son las del respeto a la legalidad vigente, que incluyen la defensa de los derechos humanos de cualquier persona, en el fondo la principal preocupación la constituye que tales figuras fueron usadas -seguramente concebidas estrictamente para edulcorar la situación y llevar a que la percepción ciudadana mejorara respecto de la seguridad pública- solo como un instrumento para obtener la ratificación electoral. Ahora el problema es mayor. Si los críticos de ayer, en la campaña, deciden no desaparecerlas, en medio de una tormenta homicida de magnitudes semejantes a la del pasado sexenio, el mensaje que nos envían es que las pueden usar igual que sus antecesores. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF