domingo, 31 de mayo de 2020

¿Primarias? Autoritarismo e insensibilidad sin medida



El Diario, 31 de mayo de 2020
Luis Javier Valero Flores
A unos cuantos días de que se venza el plazo legal para efectuar reformas al marco electoral vigente, el equipo gobernante, jefaturado por el gobernador Javier Corral, anunció que propondría la realización de elecciones primarias, a realizarse de manera simultánea en todos los partidos, para elegir a los candidatos del próximo proceso electoral, el del 2021.
Sin existir propuesta presentada al Poder Legislativo, el dirigente del PRI, Omar Bazán, presentó una iniciativa, cuya principal propuesta es la de efectuar una segunda vuelta electoral a fin de que los candidatos triunfadores cuenten con un amplio respaldo electoral.
Semanas atrás, el grupo Wikipolítica había externado que pretendía que los regidores se eligiesen por vía directa, sin formar parte de las planillas presentadas por los partidos y candidatos independientes a las alcaldías.
Ahora sabemos que los diputados de Morena, ante el rechazo de Corral para presentar la propuesta de Wikipolítica, la hizo suya, con la salvedad del diputado Gustavo de la Rosa, quien expresó su simpatía por la aprobación de las elecciones primarias, pero a cambio de efectuarlas en todo el país.
Sorprenden las preocupaciones del grupo gobernante, sin siquiera discutirlo con los diputados de su partido, sin buscar el consenso con otras fuerzas partidarias, el gobernador Corral anuncia esa medida que de inmediato desató la discusión interna en el PAN, tanto que llegó hasta el grado de que el Jefe del Gabinete de la alcaldesa Maru Campos Galván, Mario Vázquez Robles, emitió un serio rechazo a tal propuesta y anunció que la combatirían en el seno del Consejo Estatal del blanquiazul.
La postura de Vázquez es, sin duda la del equipo que dirige Campos Galván y abrió públicamente lo que era una soterrada lucha por la definición de las candidaturas al interior del partido gobernante en Chihuahua.
¿En serio está haciendo esa propuesta el mandatario chihuahuense? ¿Cómo hacerla sin tomar en cuenta, ya no a las estructuras formales de su propio partido, sino a sus militantes, pues el que más ha postulado la idea de que sean sus militantes los que resuelvan sus propias candidaturas, actitud nacida de las concepciones primigenias del blanquiazul?
Ahora bien, la sola presentación de tales propuestas, que, por el anuncio del mismo Corral, la haría dentro de alrededor 10 días, se ubicaría en los días en que vencería el plazo para efectuar modificaciones electorales y, por tanto, sin pensar, en absoluto, en la posibilidad de que los ciudadanos interesados pudiesen emitir sus posturas respecto de la propuesta.
Todo a espaldas de la sociedad. 
De este modo, el gobernador Corral actuaría como la mayoría de sus antecesores, efectuando reformas, no al modo de la sociedad, sino al de sus propias conveniencias pues no es una novedad asentar que pretende ungir como candidato al senador Gustavo Madero o, quizá, a cualquier otro, siempre y cuando no sea la alcaldesa de Chihuahua a quien, por otra parte, favorece, -al interior del panismo- con estas maniobras y consolida lo que es un hecho, el de que la mayoría de los panistas -por las evidencias políticas hasta ahora mostradas- favorece a la alcaldesa para que sea la abanderada. El próximo año.
Pero todo puede ser una simple estratagema electoral que le permita al gobernador negociar las candidaturas, las del gobierno del estado, las de las principales alcaldías y diputaciones federales y estatales, a fin de que varios de sus más cercanos obtengan algunos de esos espacios.
Y no les va a quedar de otra, el corralito y el campismo están obligados a negociar las candidaturas para no enfrentar en condiciones desventajosas a sus adversarios, en una contienda que se aprecia, en estos momentos, muy apretada, entre el PAN, Morena y el hipotético candidato independiente que se postulara. 
Están a tercios en las preferencias electorales, de acuerdo con las diversas encuestas hasta ahora realizadas y que coinciden con lo que se recoge en las percepciones de distintos analistas.
Más allá de lo que arrojan los ejercicios demoscópicos realizados, hay un resultado que no han mostrado, absortos en mostrar solamente las supuestas preferencias electorales prevalecientes entre los chihuahuenses, en las cuales el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, y la alcaldesa panista, Maru Campos, van a la cabeza en ellas.
A su vez, el morenaje chihuahuense se muestra feliz porque su partido aparece en el primer lugar de las preferencias, al igual que en el resto de las entidades en las que se realizarán elecciones el próximo año, con la excepción de Querétaro.
Pero las encuestas no han mostrado, en público, uno de los factores más importantes en la definición de los triunfadores, el voto de rechazo. 
Ahí aparecen las malas noticias, en primer lugar para Morena, pero también para el PAN. En ambos casos, la actuación de sus respectivos gobernantes arroja saldos negativos, en una cuantía superior a la de sus expectativas de triunfo
Es el caso del presidente López Obrador. 
En Chihuahua hay una extendida capa de la población de los estratos medios que lo rechaza, no sólo por oponerse a las medidas de su gobierno, sino por la acendrada identificación ideológica de derecha existente en ella y por ser una de las mas importantes reservas del panismo en el país, especialmente la capital del estado, aunque en Juárez AMLO goza de una muy extendida simpatía, la que sufrirá una seria revisión en la elección de mediados del año próximo.
Poco cuenta, para términos cuantitativos reales, el hecho de que en el antiguo Paso del Norte se encuentre el mayor número de electores del estado, los índices de abstencionismo lo igualan con el de la capital y, además, contará decisivamente el hecho de que el PAN -en 2018, con Campos de candidata- ganó por muy amplio margen y en 2021 puede repetir tales resultados y, sobre todo, ya sin la presencia, en las boletas electorales, de López Obrador.
A su vez, los candidatos del PAN deberán cargar con los saldos del pésimo gobierno de Javier Corral a los que, además, deberá sumarse la posibilidad de que su principal promesa -la de encarcelar a César Duarte- no se cumpla.
¿Cuánto pesarán esos votos de rechazo en Juárez y las otras 10 ciudades en las que se concentra el resto de la mayor parte del electorado, exceptuando a la capital?
Pueden ser cifras mayores a las de la ventaja que pudiese obtener Campos -de ser la candidata- en la capital, lo que arrojaría el saldo de una competencia extremadamente reñida, si se suma el factor del candidato independiente, en caso de que quienes así se ubican -los alcaldes de Juárez, Armando Cabada, y el de Parral, Alfredo Lozoya- lograsen armar una sola propuesta y no, como hasta ahora parece, el parralense se encaminara a la candidatura por Movimiento Ciudadano.
De ser así, con muchas probabilidades estaríamos frente a una elección bipartidista Morena-PAN, que en muchos sentidos podría ser muy parecida a la que se presente en el 2024 en el país, en la que el PAN podría convertirse en la oposición más importante de Morena y López Obrador.


 Obviamente, la propuesta de efectuar una reforma electoral, a fin de mejorar el marco regulatorio de los procesos electorales siempre será bienvenida, siempre y cuando, como es lógico esperar, sea del interés general de los partidos y la mayoría de la sociedad.
Y cumplir con esa requisitos es una de las materias a deber de la clase política, incluida la que ahora ocupa los distintos espacios del poder en Chihuahua, de todos los partidos.
El problema mayor que arrostramos es el de que, como empieza a reflexionar una buena parte de los analistas y académicos más preocupados sobre el devenir de la sociedad luego de la pandemia, es que los afanes autoritarios se han vuelto más fuertes en prácticamente todos los países.
Con distintos modos y ritmos, pero tal fenómeno será uno de los principales problemas del mundo post-COVID 19.
Las evidencias y casos nos llegan, a veces por racimos y otras aisladamente, así como los episodios en los que grupos de ciudadanos reaccionan airadamente frente a esos fenómenos, o que grupos sociales, inusitadamente, adoptan conductas verdaderamente inapropiadas.
Todo lo anterior, dicho de manera tan compacta seguramente formará parte de los análisis que se hagan de las conductas sociales frente a una de las epidemias que más consecuencias negativas generarán en la sociedad.
La Organización Mundial de la Salud lo dijo casi como una mera indicación sanitaria, y luego, distintos gobiernos la adoptaron como una especie de proclama, pero la “nueva normalidad” amenaza con convertirse en una frase más de las usadas por la clase política.
Ni siquiera en plena pandemia fueron capaces de efectuar acciones a favor de sus representados sin que dejaran de buscar el lucro político.
¿Cuántos, de nuestros políticos, se dedicaron a entregar despensas con un fotógrafo detrás de ellos, a la espera de que el resto de los ciudadanos viéramos tal gesto como la expresión de sus “hondas” preocupaciones por los “que menos tienen, menos tienen y menos pueden”?
En eso incurrieron todos ¿Cuál “nueva normalidad”?
N’ombre, lo mismo de antes, pero más revuelto…
 En una nueva realidad, en la que la clase política le apostara a la cada vez mayor participación de la sociedad, hubiesen puesto a discusión sus propuestas de reformas electorales, pensando no en sus intereses, sino en las de la sociedad.
Y como en todo proceso de cambio, el partido emergente de él, Morena, es quien tiene la mayor responsabilidad; no tiene la dimensión que se necesita para efectuarlo, su fracción legislativa está inmersa en la politiquería de siempre, la de antes, la de siempre.
¿Dónde están los foros de discusión convocados por este partido para arribar a las propuestas que debieran impulsar en el Congreso?
En tanto, una sociedad entera se debate entre la angustia de la epidemia y los apretones económicos y la clase política por su rumbo.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 28 de mayo de 2020

Dilema


El Diario, 28 de mayo de 2020
Luis Javier Valero Flores
Cuando todas las estructuras del poder público en México se aprestan a flexibilizar las medidas restrictivas de la actividad económica, impuestas por la pandemia, pero dos anuncios, contrastantes, llevarán a los mexicanos y, sobre todo, a los gobernantes a un muy difícil dilema: Dar paso a la apertura o no.
A unos días de que termine en México la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los gobiernos de Brasil, México y Perú, especialmente, a no flexibilizar las restricciones; no es el momento de flexibilizar, dice el organismo rector de las acciones de salud en el continente americano.
Por otra parte, el Banco de México anunció que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) caerá hasta 8.8% en el año, como producto de la epidemia, lo que arrojará a que alrededor de un millón 400 mil personas, contratadas formalmente, perderán el empleo; eso, sin contar los que caigan en la misma situación de la economía informal.
Será brutal el golpe, no sólo a la economía global del país, sino que se reflejará en una abrupta disminución de los niveles de vida de decenas de millones de personas en el país.
Al mismo tiempo, por lo menos en las zonas en las que la pandemia ha golpeado más severamente a la población, se aprecia el paulatino agotamiento de las capacidades de la infraestructura médica instalada, así como del equipo humano.
Esto es más patente en el Valle de México y está golpeando seriamente a ciudades como Villahermosa, Tijuana, Culiacán, Cancún y menos severamente a Juárez.
Sin embargo, como es de suponer, hay zonas, en cada una de estas urbes, en las que la epidemia se ha cebado con mayor fuerza, especialmente en las personas de más bajos recursos económicos.
¿Qué hacer?
Dadas las cifras que las autoridades han dado a conocer, tanto las estatales como las federales, no se aprecia que haya una disminución en el número de nuevos casos, y en el porcentaje es apenas una ligera tendencia, en la que el crecimiento diario, nacional, es de alrededor del 5-6%, con algunos días en los que baja al 4%; números que seguramente está tomando muy en cuenta la OPS para hacer tal recomendación, con lo que se antojaría que el gobierno federal emitiera un acuerdo en el sentido de posponer la reapertura, tal y como algunos gobiernos y organismos empresariales han anunciado que harán.
No deja de ser, por otro lado, un factor que empuja exactamente en el sentido contrario, el de la baja en la producción económica, en los niveles anunciados por el Banco de México y que ubica el decrecimiento en una de las peores tasas hasta ahora anunciadas por organismo alguno, privado o público.
Por si faltara complejidad para tomar decisiones, está el hecho de las distintas situaciones por las que atraviesan las regiones. 
Baste decir, por ejemplo, que la situación de Juárez no es comparable a la de la capital del estado, por el número de casos confirmados y decesos ocurridos, pero el factor económico sí que cuenta más en el caso de la ciudad fronteriza pues un buen número de empresarios ligados a la actividad de la industria maquiladora -incluido el presidente Trump- presionan seriamente para el regreso a la actividad.
No puede haber contemplaciones para tomar la decisión, el factor de la salud deberá priorizarse y, al mismo tiempo, deberá exigírsele a los gobiernos que acudan con sus recursos económicos, los más abundantes posibles, en el rescate, sí de la alimentación de las personas, pero también de los empleos que ahora están perdiéndose y que un buen número de ellos no regresarán y obligarán al Estado mexicano a efectuar operaciones de rescate, o de elevar los recursos destinados a la simple sobrevivencia de millones de mexicanos.
Y no es una frase, ya en días pasado el Coneval pronosticó que alrededor de 10 millones de mexicanos ingresarían a los estándares de la pobreza.
De ese tamaño es la dimensión de la tragedia que sobrevendrá.
Más valdría prepararse, en lugar de estar pensando, al quince para las doce, en cambiar las reglas del juego electoral en Chihuahua, como ahora está pergeñando la clase política local, la que está en los gobiernos y la que no lo está.
Reformas electorales con tanta premura, con tanto sigilo, como el que hace gala el gobernador Corral, no revelan otra cosa que la agenda de la sociedad camina en sentido claramente distinto al de la de la agenda del grupo gobernante en Chihuahua…
Que ya se va.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

lunes, 25 de mayo de 2020

Flacas memorias en el mundo paralelo de hoy


Aserto.mx, 25 de mayo de 2020
Luis Javier Valero Flores
Circula profusamente en las redes sociales, especialmente en las de aquellos ligados en algún momento a los antiguos partidos en el poder, especialmente al PRI, el video de un mensaje de la directora de la revista Siempre!, Beatriz Pagés Rebollar, en el que critica acremente al senador  de Morena, Armando Guadiana, por ser presidente de la Comisión de Energía y al mismo tiempo, poderosísimo empresario de la industria de extracción del carbón mineral, elemento central para la producción de acero.
Hija del renombrado periodista, José Pagés Llego, fundador de la revista, Beatriz se había mantenido lejos de la política. En 2005 se integró a la campaña presidencial del priista Roberto Madrazo y en 2006 ocupó una diputación plurinominal por ese partido.
Luego, del 2011 al 2017 fue la Secretaria de Cultura del Comité Nacional del tricolor.
Bueno, pues con esa militancia, y cuando se discutía la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, nunca criticó el hecho de que el influyente abogado y senador priista,  Raúl Cervantes, fuera el presidente de la Comisión de Energía del Senado y, al mismo tiempo, esposo de Angelica Fuentes, que era la muy poderosa empresaria de la industria del gas y, también, presidente de la Cámara de la Asociación Mexicana de Gas Natural.
Le llamaban, merecidamente, la reina del gas, cuando se aprobaba la reforma energética.
Más coincidencias no puede haber. 
En 2005, Angélica Fuentes decidió incorporarse a la política y participar en la campaña electoral del entonces candidato priísta a la presidencia Roberto Madrazo Pintado, como contacto del candidato con el sector empresarial mexicano.
Pasaron los años, los partidos del régimen fueron derrotados aplastantemente; en particular, el PRI, el partido del régimen de más de medio siglo, fue derrotado por una fuerza insurgente avasalladora jefaturada por Andrés Manuel López Obrador.
La posibilidad de que todo cambiara, que se instalara en el poder una verdadera fuerza renovadora de la sociedad estaba, por fin, al alcance de la mano.
Es probable que así sea, pero los signos en sentido contrario son inocultables.
¿Cómo explicar, a la luz de las expectativas transformadoras, la llegada de un poderoso empresario de la industria del carbón a la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, impulsado por el partido del presidente López Obrador?
¿Y que los panegiristas del pasado sean hoy los “incólumes” críticos de la 4T?
¿Cómo enfrentar, qué hacer ante las cínicas semejanzas que nos prodiga la clase política mexicana?
 Todo es igual hoy, pero los "salvadores" y críticos de ahora eran los protagonistas del pasado.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 24 de mayo de 2020

Tiempo de atender lo urgente



El Diario, 24 de mayo de 2020
Luis Javier Valero Flores
Justamente cuando su gobierno lanzaba dos anuncios, el de que entrábamos a la fase más aguda de la pandemia y de que a partir del 1o de junio se relanzarían algunas actividades, además de incorporar a la minería, la industria de la construcción y la automotriz como esenciales, el presidente  López Obrador daba a conocer la emisión de “Nueva política económica en tiempos del coronavirus”.
En ese documento, dijo, se plasmaban las ideas de los que sería la política económica de su gobierno. 
Luego, en el curso de la semana se dieron a conocer el “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, de la Secretaría de Energía y el “Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional”, lanzado por el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, que propuso dotar al Inegi de facultades para investigar la riqueza inmobiliaria y bursátil de los integrantes del decil X, es decir, los mas ricos de México.
Ambos desataron una aguda polémica. 
Por si faltara algo. Casi al finalizar la semana, la diputada Dolores Padierna (Vice coordinadora de la bancada de Morena), propuso desaparecer todos los fideicomisos federales.
Concedidos varios amparos a las empresas propietarias de 23 plantas de generación de energía eléctrica renovable y luego de muy ácidas críticas del gremio de cinematografistas, Morena decidió retirar la iniciativa de los fideicomisos, al tiempo que el gobierno federal decidió no impugnar los amparos en materia eléctrica.
¡Pa’tras los filders!
Solo el presidente nacional de Morena, Ramírez Cuéllar, decidió mantener su propuesta, y la defendió a capa y espada a pesar del rechazo de no solamente las cúpulas empresariales, sino de una muy extendida opinión en las redes sociales, presa de la desinformación y la falta de conocimientos, además de la abulia por intentar profundizar en los asuntos que hojean de pasada en las redes sociales.
Sólo para ilustrar la elevada beligerancia y desinformación existente, baste decir que la propuesta de Ramírez Cuéllar era que se aprobara otorgarle al Inegi facultades para acceder a la información de los bienes de las personas del Decil X. En ninguna parte proponía que accediera a los domicilios de las personas.
A alguien se le ocurrió decir -de buena o mala fé- que la propuesta establecía que se meterían a las casas y se convirtió en viral, sobre todo porque desde muy diversos orígenes se empeñaron en difundirlo de esa manera, para que dañara la imagen de los morenos.
La propuesta contiene algunos errores susceptibles de superar y avanzar, como ocurre en muchos países, en la medición de la desigualdad.
El problema es que, salvo el decreto sobre la industria eléctrica, generado por la visión y urgencia del gobierno para afrontar la disminución de la demanda eléctrica en este momento, las otras iniciativas fueron lanzadas, por decir lo menos, en un momento inoportuno pues debieran ser objeto de una adecuada discusión.
Al mismo tiempo, el presidente López Obrador, terco en mantener su agenda e imponerla al país, insistió en que deberían cambiarse los métodos y herramientas para medir la situación económica, del bienestar de las personas ¡Y hasta de la felicidad!
Dijo que eso del PIB había que cambiarlo y anunció que llamaría a un grupo de expertos para que estudiaran su propuesta y medir al mismo tiempo “crecimiento económico, bienestar, grados de desigualdad social y la felicidad del pueblo”.
Como era de suponerse, una buena cantidad de mexicanos nos involucramos en tal discusión, como si este fuera uno de los asuntos más urgentes a debatir.
Por supuesto que lo es, pero el momento es el menos adecuado para hacerlo. 
El gobierno federal ha insistido, y con él, todos los gobiernos estatales, en que hemos entrado en la fase más aguda del crecimiento del número de contagiados, que pondrá a prueba toda la capacidad del Estado mexicano para afrontar la pandemia. 
¿Cómo tendremos el tiempo y las condiciones necesarias para discutir asuntos que van más allá del temor generalizado (bueno, en una parte de la población, quizá la mayoritaria) a caer enfermos, con la posibilidad de ir al hospital y hasta de morir, además de las presiones económicas de perder, o haber perdido el trabajo, o de no contar con lo necesario para sobrevivir, o a pesar del temor, salir a la calle para ganar algunos pesos, o tener que salir a los lugares de reparto de despensas o comida?
Si alguna nación ha obtenido, hasta ahora, el reconocimiento generalizado es China. Su gobierno ha resuelto no tener como meta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en virtud de que, por la pandemia, sería imposible alcanzar la meta propuesta en 2010 de duplicar el PIB en una década, en cambio, debido a que “Nuestro país enfrentará ciertos factores que son difíciles de predecir… (el gobierno) dará prioridad a estabilizar el empleo y garantizar el nivel de vida”: Primer Ministro, Li Keqiang. (Nota de AFP, El Economista, 21 de mayo de 2020).

Como ha ocurrido a lo largo de su gestión, López Obrador ha insistido en lanzar sus principales proyectos de gobierno pero acompañado de una rijosidad que en poco abona al crispado ambiente social prevaleciente en la sociedad.
Total, si está convencido de la mar de corruptelas existentes en el pasado, ocupa el lugar indicado para ordenar las investigaciones necesarias, recabar las pruebas pertinentes y fincarles cargos a todos los probables responsables de los ilícitos que todo un país observó y sufrió y que ahora espera, no la venganza, ni los discursos de odio, sino las acciones gubernamentales que sancionen, en función del marco legal vigente, y de la necesidad ciudadana de que así ocurra, a los que delinquieron. 
Y para sentar el precedente, que contribuya a desalentar tan ruines acciones, efectuadas desde lo más alto ejercicio del poder.
¿Para qué inflar, mencionándolo un día sí, y otro también, al expresidente Felipe Calderón, como si fuera el jefe de una robusta oposición, o de un poderoso partido que esté a punto de obtener el poder? ¿Por qué no, sencillamente, fincarle cargos, si los tiene, y a otra cosa?
Si supiera López Obrador cuánto tiempo pierden sus seguidores en estar “debatiendo” con los mensajes y videos del expresidente Calderón, seguramente dejaría de hacerlo.
Porque el país está en otro momento, el de enfrentar esta etapa, esperanzado y atemorizado en el regreso a la actividad parcial que nos espera. 
Los números de la pandemia no son para echar las campanas a vuelo, al contrario, si bien en lugares como nuestro estado, con la excepción de Juárez, la percepción, por el número de casos y porque entre la población, particularmente la del centro, occidente y sur del estado, no hay, como en otros asuntos y fenómenos, los relatos de que la enfermedad haya afectado a algunos de los cercanos.
Pero la enfermedad ahí está, y si se mantiene en estos números, revela los efectos positivos por haber disminuido en una buena medida la actividad económica, entre cuyos aspectos se encuentra el hecho de que en esas regiones la industria maquiladora no tiene el peso laboral que sí posee en el antiguo Paso del Norte, hecho fundamental que catapultó el número de contagios.
Por otra parte, pesa, sin duda, la ubicación geográfica y la incidencia de la COVID 19 en Texas.
Todo lo anterior ha llevado a alcanzar ocupar la mitad de la capacidad hospitalaria instalada en Juárez para atender a los enfermos virales, de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno estatal, la que pareciera padecer de otro problema: 
El de la existencia de diversas informaciones que hablan de un mayor número de decesos, a causa del COVID 19, que los reportados por las instancias gubernamentales, como ocurre en el ámbito federal y que pareciera tener visos de veracidad a juzgar por el modo en que se están etiquetando muchos fallecimientos.

Aspecto impostergable que debe atenderse de inmediato es el de la elevada letalidad de la enfermedad entre los chihuahuenses, especialmente en la población juarense, cuyas causas pueden incluir, sin duda, la de la atención médica tardía o negligente, ya sea por la tardanza de los pacientes en acudir al médico, o por el diagnóstico médico equivocado en las fases tempranas de la enfermedad, pero el que está fuera de toda duda, es el de la elevada comorbilidad presente en la mayoría de la población.
Son de espanto. 
Entre las víctimas mortales, el 27% padecía diabetes, el  32% hipertensión, el 17% obesidad y el 16% asma, enfermedad cardiaca y/o tabaquismo, ¡8 de cada 10 decesos!
Es urgente e impostergable lanzar unas muy penetrantes campañas de difusión, a fin de motivar a la población para acudir al médico al menor síntoma y a que se vigilen -o vigilar a través de los mejores mecanismos posibles- los índices relacionados con las enfermedades presentes que incrementan el riesgo de complicaciones en caso de enfermar de COVID 19.
Eso es ahora, ya, luego, pasada la pandemia, o por lo menos atenuada, deberán cambiar muchas cosas en los temas nutricionales, que deberán incluirse en la currícula escolar, en la normatividad comercial, en la publicitaria; es urgente atacar las causas de la diabetes, la hipertensión y la obesidad pues se han convertido en un problema del Estado mexicano.
Esos sí son de los temas urgentes de la agenda nacional.
¿Cambiar el nombre o enriquecer el concepto del PIB?
Llámenle como quieran, pero debe ser un instrumento que sirva para medir la economía. Otro asunto es el de la medición del bienestar, de la desigualdad, de la riqueza, de la pobreza, de la distribución de la riqueza. 
La economía mexicana está inmersa en la globalidad y, por lo tanto, debe poseer parámetros estandarizados con las economías con las que se relaciona. 
El problema es la política económica que mejore la distribución de la riqueza e impida el crecimiento de la desigualdad, o que la atenúe, o quizá mejor, la elimine, no porque nos convirtamos en personas iguales, como chabacanamente los contrarios a las concepciones de izquierda pretenden descalificar semejante propósito, sino porque se aspira a que las oportunidades, recursos e instrumentos creados por la sociedad se ofrezcan en igualdad de oportunidades a todos sus integrantes. 
El verdadero problema de la 4T es que hasta ahora (incluyendo el ensayo publicado por AMLO recientemente) no describe la política económica, ni los instrumentos económicos, financieros e institucionales que posibiliten la concreción de tal aspiración.
Los abordaremos, incluido el polémico tema de la industria eléctrica, por lo pronto, quedémonos en casa.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 21 de mayo de 2020

“Sólo le da a los ricos”


El Diario, 21 de mayo de 2020
Luis Javier Valero Flores
Aún no se presentaba lo peor de la COVID 19 en México (ya lo presenciábamos con lo ocurrido en China y Europa), pero de todos modos las salvajes frases del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, golpearon a todo el país.
“Ustedes no se preocupen, eso del coronavirus es una enfermedad que sólo le da a los ricos; a nosotros, los pobres, no nos hace nada”. 
Casi parecía que hasta tenía razón. Varios de los integrantes de la élite financiera y bancaria de México se contagiaron de la enfermedad en el curso de unas vacaciones en la exclusiva ciudad de Vail, en Colorado.
El presidente de la Bolsa de Valores de México, Jaime Ruiz Sacristán, fallecería víctima de la epidemia y otros no menos poderosos hombres de empresa se enfermarían del COVID 19. Algunos de los asistentes a Colorado, luego asistirían a una boda en Guadalajara. Un buen número de ellos también resultarían contagiados.
Además, otros personajes de la empresa de Sinaloa, también asistentes a Vail, se contagiarían y con ello se sabría el porqué, además de la Ciudad de México, en Guadalajara y Culiacán se presentaron algunos de los brotes primarios de la enfermedad.
Luego, casi en abono de lo dicho por Barbosa, miles de europeos caerían enfermos ¡Ah, po´s son de países ricos también!
Varias semanas después el panorama es desolador. La COVID 19 es una enfermedad que ataca a todos por parejo, pero no mata igual; al contrario, se ceba en los pobres, como era de suponerse.
Así, Guayaquil, en Ecuador, y Manaos en Brasil, entre otros muchas ciudades latinoamericanas, sufren la tragedia casi del mismo modo que el mundo apreció, sobre todo, en Nueva York.
Lo ocurrido en aquellas latitudes latinoamericanas es peor y por momentos, en algunas zonas de la Ciudad de México, y para muchos de sus habitantes, el infierno provocado por el SARS -CoV19- es igual a aquellos.
Lo mismo sucede en Juárez en algunos segmentos de su población.
Si bien aún no se tienen las mismas proporciones (por el número de enfermos y decesos en relación al número de habitantes de la ciudad) lo que ya ocurrió en los días precedentes, especialmente en algunas plantas maquiladoras, que produjo decenas de muertos por COVID 19; que tensó seriamente la capacidad hospitalaria y atención especializada, además de las muy extendidas suspicacias de una parte de la población sobre el número de muertos en la urbe mayor de Chihuahua, hace que el regreso escalonado a las actividades se perciba con una más que justificada alarma.
Y es que, de acuerdo con un mapa de georreferenciación elaborado por el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, “prácticamente todos los cuadrantes de la frontera presentan contagios y decesos por Covid-19”. (Nota de Alejandro Vargas, El Diario de Juárez, 20/V(20).
Pero es en la zona suroriente de la ciudad en “donde se concentra la mayor cantidad de muertes por la nueva cepa Sars-cov-2, indica el mapa, que toma como base los casos PCR oficiales”. (Ibídem).
Aquí pareciera evidenciarse, al igual que en el sur del continente y lo ocurrido en Nueva York, ciudad en la que la enfermedad afectó más a la comunidad de origen hispano, la zona suroriente es, también, de las más pobres de la ciudad pues de cada 3 trabajadores muertos, “uno es informal”. (Mismo autor, fecha y medio, pero diferente nota).
Y es que de acuerdo con la investigación, 53 de los 163 trabajadores fallecidos (32% del total de muertos hasta ese día) fueron atendidos en el Hospital General y no en el IMSS puesto que, de haber contado con trabajo formal, ahí los hubieran atendido.
Como no fue así, entonces son quienes no contaban con un empleo estable, la mayoría con bajos ingresos económicos y, por desgracia, con una comorbilidad inherente que les hacía más riesgoso el contagio por el virus.
Ahora, al decretar el gobierno que la minería, la construcción, la industria automotriz y aeroespacial son actividades esenciales, los sectores más vulnerables serán precisamente el de la maquiladora, y el de los trabajadores informales, pues estosdeberán regresar a alguna actividad económica para sobrevivir.
¿Estaremos preparados para eso? ¿Habrá disminuido el ritmo de la epidemia? ¿Se habrá inmunizado una parte importante de la población? ¿Se aplicarán todos los protocolos para la prevención en esta nueva fase?
La sociedad necesita certeza a todo lo anterior.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 17 de mayo de 2020

¡A la calle!


El Diario, 17 de mayo de 2020
Luis Javier Valero Flores
“Nunca he dicho que sacaremos al ejército de las calles, lo reitero, nunca lo he dicho…”.
“No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista”.
“… los han lanzado (a los militares) a la calle a una aventura… con una estrategia fallida y para eso no se necesita al ejército en las calles… ”.
“… Se retirará el ejército y la marina del combate al narcotráfico, y no se les utilizará para resolver conflictos del orden social para suplir la incapacidad del gobierno y mucho menos para reprimir al pueblo…”: Andrés Manuel López Obrador, en distintos momentos.
¿De este tipo de técnicos o profesionistas sí acepta el presidente?
Resuelto a usar a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia y al crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador les ordenó “participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial…”.
La actuación de los militares estará “subordinada” a los mandos de la Guardia Nacional (GN), dice la orden presidencial; por lo tanto, estarían bajo la conducción del Coordinador de la Comandancia de la Guardia Nacional, el general en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, licenciado en Administración Militar, Master en Seguridad y Defensa Nacionales y Doctor en Defensa y Seguridad Nacional. (Nota de Daniel Galeana, El Sol de México, 11/IV/19).
Egresado en 1977 del Colegio Militar, fue asignado a las Guardias Presidenciales. En 1989 fue transferido al Estado Mayor Presidencial, donde fungió hasta 1990 como subjefe de la Sección Cuarta, y fue el responsable de la planeación y ejecución de las actividades logísticas de las giras y eventos oficiales del presidente Carlos Salinas de Gortari.
Entre otros cargos ha sido coordinador de grupos interinstitucionales en trabajo de campo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Antes de llegar a este cargo, entre 1993 y 1994, fue subjefe de estado mayor de la Fuerza de Tarea Marte XXII, con sede en Badiraguato (lugar de nacimiento del Chapo Guzmán y de Rafael Caro Quintero), dedicada a la erradicación de plantíos de enervantes en el “Triángulo dorado”, la confluencia montañosa de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, en la que desde la década de los 70’s del siglo pasado se “combate” al narcotráfico con el uso de las fuerzas armadas.
Luego, entre 2003 y 2004, estuvo al mando del batallón de operaciones contra el narcotráfico en Tamaulipas, Durango y Sinaloa. De ahí pasaría al CIAN en 2006, con Felipe Calderón, dependencia encargada de dirigir las actividades de inteligencia de las fuerzas armadas en contra del narcotráfico, dependencia que se transformaría en el Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico (GIAN) durante todo el sexenio del panista.
Lo sucedido en ese sexenio es un increíble fiasco. Marcó, hasta ahora, la agenda del país en el combate al crimen organizado.
Como para presumirlo. Su tesis de doctorado fue sobre la Participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en la Estrategia de Combate al Narcotráfico”, durante el sexenio de Felipe Calderón!
Hoy dirige la Guardia Nacional un hombre que tuvo responsabilidades mayores en el sexenio de Calderón, cuando se declaró la “guerra” al narcotráfico y en todo el país se intentaba “posicionar” al Cártel de Sinaloa y en especial al más conocido de los jefes de esta organización, El “Chapo” Guzmán.
Además, que se encontraba con alguna capacidad de mando en la zona que fue -y es- una de las más “cuidadas” por las fuerzas militares, precisamente en el combate al narcotráfico.
La dependencia dirigida por Rodríguez Bucio en el sexenio calderonista era la encargada de proveerle al ejército, a la policía federal y al presidente la información necesaria para combatir a los traficantes de drogas en México. 
Asombra ese nombramiento, no porque haya acusaciones concretas en su contra por alguna ilegalidad cometida, sino porque, como ahora lo sabemos por las declaraciones de Genaro García Luna, y las previas de El Chapo Guzmán y las de Vicente Zambada (hijo del Mayo, citadas por Anabel Hernández en el libro “El Traidor”) en las que durante largos años el lugar al que llegaban los embarques de droga procedentes del sur del continente, era a Culiacán, a las bodegas a disposición del Mayo. De ahí salían a los EU.
Nunca, nadie, se percató de ello, ni las autoridades policiales, ni las militares, ni los encargados (los órganos de inteligencia) de recopilar información del tráfico de drogas.
Ahora, el presidente le ordenó al jefe de la inteligencia de ese período que se coordine con los titulares de la Defensa y la Marina Nacional para combatir a la delincuencia y que construya a la organización policial que lo hará, además de instrumentar la estrategia que combatirá a la violencia presente en la sociedad.
Más allá de analizar la constitucionalidad del decreto presidencial -cosa que los gobernadores y dirigentes del PAN han anunciado que harán, y no debiéramos detenernos mucho en los panistas, que acusan a AMLO de incongruente y dictatorial, cosas que arrostran, incluso con este decreto. Es lo que soñaban alcanzara Calderón. Ahora critican a quien lo pretende hacer- lo que desarma es la incongruencia gubernamental, que genera una buena dosis de incertidumbre e impotencia pues, en la práctica, el presidente López Obrador le dice al país que, para construir una fuerza policial confiable, necesitará cuatro años más y que, en tanto, hará algo contra lo cual había luchado, y no sólo él, sino cientos de miles de ciudadanos a lo largo de, por lo menos, cuatro décadas, por erradicar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y que lleva a concluir que puede ser una falacia alcanzar tal meta.

Se dijo que sería más fácil construir la policía que se necesitaba a partir del uso de un conjunto -más de 70 mil elementos militares- de activos disciplinados, formados, con elevados niveles de probidad y con preparación para el combate. Ahora resulta que necesitan ¡Más de cinco años! Para hacerlo y aún está en veremos.
Bueno, a juzgar por los antecedentes de quienes tienen esa responsabilidad, está claro que no hay posibilidad alguna.
Fueron de los que tuvieron las principales responsabilidades, precisamente en la época de la cual emergió la ola de sangre, violencia y  crimen que asola al país.
En tanto que Calderón decidía iniciar la “guerra” en contra del crimen organizado -y hasta casaca militar se calzaba- y lanzar al ejército a las calles, la principal oposición de entonces, la liderada por López Obrador, apuntalada por una pléyade de organizaciones de la sociedad civil -derechohumanistas, feministas, académicos, universidades, organismos internacionales (gubernamentales y no gubernamentales)- que no solo deploraron tales acciones, sino que encabezaron el rechazo activo a tales medidas.
El país entró a un baño de sangre que no ha terminado; no sólo eso, ni siquiera se ha atenuado, al contrario.
Con diferencias, incluso en plena pandemia, los índices delictivos van a la alza y los enfrentamientos entre las bandas y los sostenidos con las fuerzas públicas se repiten cotidianamente.
Así, los homicidios en 2019 llegaron a 29 mil 421, para un promedio diario de 80.6.
La tendencia no parece descender en el primer trimestre de este año , en el que ocurrieron 7 mil 279 homicidios, para un promedio diario de 80.87, ligeramente superior al del año anterior. 
De ese modo, de mantenerse, 2020 será el más violento de la historia del país, por segundo año consecutivo bajo el gobierno de López Obrador, a pesar de la incorporación de más de 70 mil efectivos de las fuerzas armadas a la Guardia Nacional.
De acuerdo con estos datos, que son, ya, del gobierno de la 4T, la tasa de homicidios se mantendrá en los 22 por cada 100 mil habitantes.
Compárese con los 5 de los EU y de los 3 de Europa, o los 2.3 de Asia, los 13 de Africa, los 17 de toda América, o las 6.1 del mundo.
Ese es nuestro lugar, por el grado de violencia existente en el país.
En otros delitos de alto impacto, el gobierno de la 4T registra las más altas cifras de la historia nacional.
En el robo a negocios, el año 2019 registró 116 mil 205 y el número de extorsiones denunciadas ascendió a 8 mil 500 en el año, cifra, ésta última que dio un salto pues los años anteriores, si bien registraba una tendencia creciente, fueron 6 mil 432 en 2018, lejos de las del año inmediato anterior -2017- que fueron de 5 mil 812.
Las extorsiones en 2019 superaron, de lejos, las registradas en 2013 (8 mil 213), el año récord en esta materia.
Por otra parte, la incidencia de robo a casa habitación y el robo de vehículos mostraron un descenso, pero en este rubro, la cifra de vehículos robados diariamente es de espanto: ¡372 autos!
Combatir toda esta delincuencia requiere, sí, fuerza, pero, sobre todo, inteligencia.
Y voluntad.
Además, requiere de una sociedad que se desentienda de la fé para enjuiciar los actos del gobierno. 
No se pueden aprobar o reprobar los actos gubernamentales con base en lo que “se cree”.
La verdadera transformación democrática de la sociedad mexicana se dará en cuanto los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos y obligaciones de manera racional.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF