En el filo de la navaja

El Diario, 30 de marzo de 2017

La detención de una parte del selecto grupo de ex funcionarios más allegados al ex gobernador César Duarte (Javier Garfio, Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez); la orden de aprehensión en contra de éste y de su último Director de Adquisiciones, el diputado federal suplente, Antonio Tarín, le han regresado al gobernador Javier Corral la confianza de muchos chihuahuenses.

No del todo. En tanto no se tengan avances tangibles del esclarecimiento del asesinato de la periodista Miroslava Breach, pesará sobre la actual administración la duda acerca de la posible concatenación de las detenciones y la orden de aprehensión, para disminuir la presión social y mediática en contra de su gobierno.

Sin duda alguna se trata de uno de los más memorables episodios en Chihuahua (quizá también en el país) en la larga lucha en contra de la corrupción gubernamental y de la clase política. No por ello se afirma que los detenidos sean responsables de los delitos que se les imputan, a lo que estarán obligadas las autoridades a acreditar. Aquellos gozarán de la oportunidad de echar abajo los argumentos de la Fiscalía.

Además, y no es un hecho menor, se pondrá en manos del Poder Judicial, tanto estatal, como federal, el esclarecimiento de una parte importante del ejercicio del presupuesto público de Chihuahua en el sexenio 2010-2016, así como la posibilidad de confirmar el supuesto saqueo al erario realizado por el grupo gobernante de ese período.

El golpe es en todo lo alto. 

Se trata de una parte importante del grupo más compacto que gobernó Chihuahua. 

Evidentemente tendrán -si se las demuestran- distintas responsabilidades. Javier Garfio fue Secretario de Obras Públicas en la primera mitad del sexenio de César Duarte y en la segunda, presidente municipal de Chihuahua; Gerardo Villegas fue Director de Administración de la Secretaría de Hacienda en la segunda parte (el fallecido diputado federal, Carlos Hermosillo ahí se desempeñó del 2010 al 2013); Ricardo Yáñez, se desempeñó como Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi) y Antonio Tarín, Director de Adquisiciones, sin duda, quienes atendían directamente las indicaciones del ex gobernador César Duarte.

Así como hemos ejercido la crítica a diversos hechos cometidos por el gobierno de Javier Corral, en especial su falta de congruencia con lo prometido en campaña y algunos de los rasgos apreciados en su incipiente gestión, es de elogiar que haya iniciado el proceso de poner a disposición de los tribunales a quienes gobernaron Chihuahua en el pasado reciente. 

No se trataba de cumplir, sólo, una promesa de campaña, sino de elaborar sólidas acusaciones, capaces de resistir los argumentos de la defensa de los acusados y el análisis de los jueces.

Ahí estriba una parte de los riesgos que hoy llevan al gobierno de Javier Corral a colocarse en el filo de la navaja.

Primero, como lo asentamos arriba, por desgracia, el futuro de esos procesos penales estarán ligados al del asesinato de nuestra compañera Miroslava; segundo, que las acusaciones puedan ser desechadas por los tribunales, probablemente salgan avantes en el ámbito local y siempre estarán empañadas por la duda acerca de la imparcialidad de los jueces de Chihuahua; tercero, al llegar al ámbito del Poder Judicial Federal, estarán, permanentemente, en el mismo nivel de duda pues los yerros y parcialidades de los jueces federales no son pocos en el país.

Otro factor, ya presente, el de la tentación, a la que no se escapa ninguna de las dos fuerzas políticas involucradas en este asunto -PRI y PAN- de convertirlos en un tema estrictamente electoral. De ahí la preocupación a que vayan a actuar en función de lo que ocurra en ese ámbito, y ni siquiera en nuestra entidad.

Para ejemplo, ahí está el señalamiento del Gobernador Corral a propósito de las acusaciones en contra de los familiares de la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Las elecciones presidenciales ya están a la vuelta de la esquina.

Y ahí se ubica el gran problema de los priistas acusados de corruptos, o se apresuran a que sus procesos culminen cuanto antes, que lleguen al ámbito federal prontamente, ahora que están en la presidencia de la república, pues el manto protector no les alcanzará más allá de la noche del primer domingo de julio del 2018.

Ese día se concretará una certidumbre, el PRI no conservará el poder, ganará la oposición, es seguro, por eso el partido de Peña Nieto accedió a no otorgarle el fuero a Tarín.

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Miroslava, riesgos extremos

El Diario, 26 de marzo de 2017
Luis Javier Valero Flores
Chihuahua no sólo es la entidad más grande del país; por sus características geográficas se ubica en el centro de los negocios más peligrosos del planeta. Poseer la más extensa frontera con Estados Unidos implica, necesariamente, que los grupos criminales más importantes del mundo intenten usar su territorio, su gente, las estructuras gubernamentales, el aparato de justicia, la infraestructura y las vías de comunicación para sus negocios, que es uno solo, el de la muerte.
Ejercer el control sobre la sierra Tarahumara y las carreteras que confluyen a las veredas y carreteras que terminan en la frontera es primordial para el tráfico de drogas, vehículos, armas, precursoras de las drogas y personas. Por ello el territorio chihuahuense fue el escenario, en 2008-2011, de la guerra más cruenta de los cárteles del narcotráfico de todo México.
El enfrentamiento entre los grupos criminales conocidos como el Cártel de Juárez y el de Sinaloa produjo más de treinta mil muertos en Chihuahua.
Por si fuera poco, fue gobernado -entre 2010 y 2016- por un grupo, encabezado por César Duarte, cuya divisa principal (a juzgar por los múltiples testimonios de cientos de empresarios de todos los ramos, por los reportajes periodísticos, por los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado -a pesar de las filias de su titular en ese período-, por las versiones que “en corto” refieren todo tipo de actores políticos del que fuera el partido gubernamental, por los hallazgos efectuados por los nuevos gobernantes, etc.) fue la obtención de la mayor ganancia posible a partir del ejercicio del presupuesto público, además de endeudar al extremo las finanzas públicas que, a no dudar, una parte importante de ellas sirvió, sobre todo, para contribuir al enriquecimiento obsceno de un pequeño grupo de gobernantes cuya rapacidad no conoció límites.
A ellos le sirvieron quienes hoy se erigen en paladines de la transparencia y la exigencia de prontos resultados al gobierno de Javier Corral.
En ese entorno realizaba su trabajo Miroslava Breach. Prácticamente cualquier tema que abordara implicaba -implica- develar, además de la magnitud de las trapacerías, los vínculos con integrantes del poder público, a todos los niveles, según fuera el caso.
Hacer periodismo profesional en Chihuahua, en aquel sexenio y ahora también, implicaba arrostrar, además de los riesgos aquí mencionados, el acoso y el hostigamiento económico efectuado por los gobernantes, ya fuera a los propietarios de los medios de comunicación, a los reporteros, a los conductores de programas de radio y televisión.
Además, por supuesto, la elevada capacidad seductora -ejercida en todas sus variantes- del grupo gobernante.
El resultado no fue, como ahora lo sostienen quienes formaron parte de ese grupo, ya fuera como funcionarios gubernamentales o como beneficiarios del enorme derroche económico, que los índices delictivos disminuyeran frente a los presentados en el sexenio de Reyes Baeza.
Ciertamente disminuyeron algunos, pero en el de homicidios, no. El sexenio de César Duarte culminó con un número mayor que en el anterior y en la parte final de su gobierno se empezaron a soltar los demonios.
No podemos conjeturar nada, ni hay las condiciones necesarias, ni existe la información confiable que permitiera llegar a conclusiones válidas y, porque, además, el asesinato de Miroslava tenía -tiene- el objetivo de amedrentar no sólo a la sociedad, sino, fundamentalmente, a los trabajadores de los medios de comunicación que efectúan un trabajo profesional que es, por definición, crítico del poder.
Por ello, su asesinato es emblemático, se trataba de liquidar, no solamente a una excelente reportera que cumplió sobradamente con aquella característica, sino a quien tuviera un destacado papel en los medios, tanto por su desempeño profesional, como por la importancia de éstos en el contexto nacional, en los que cotidianamente abordaba los asuntos más espinosos (todos) existentes en la cruel realidad del Chihuahua profundo, ya fuera en el tema de la corrupción gubernamental, como en el del narcotráfico, o el del acceso ilegal al agua o el del clima homicida y feminicida.
Hay, por añadidura, otro aspecto, develado por la autoridad, derivado del texto de la cartulina dejada por el asesino material: La vinculación de Miroslava Breach con el gobernador Javier Corral, cuando hace referencia “a tu gober”.
Tanto si corresponde al mensaje verdadero de los asesinos intelectuales, como si fuera un elemento distractor enviado por ellos, la vinculación no pierde vigencia.
Se trataba de enviar un mensaje al actual gobernante, el peor mensaje; tanto a los periodistas críticos, profesionales, como a quien ejerce el gobierno, en un momento extremadamente crítico de la dinámica de los grupos criminales y la llegada del nuevo gobierno.
Así, la muerte de Miroslava se convierte en uno de los momentos climáticos más importantes de la nueva administración estatal, a la vez, que en, quizá, su principal reto, por los muchos mensajes que esta horrible tragedia encierra; lo obliga a, sin pretexto alguno, ni postergación que valga, a esclarecerlo creíblemente y debiera llevarlo a replantear muchas de las conductas y prácticas de su naciente gestión.
En primer término, en el alejamiento de las investigaciones de cualquier mando de la Fiscalía General que provenga del sexenio anterior; en la aceptación a que peritos reconocidos, incluso internacionales, coadyuven con la investigación y a que la realización de ésta no tenga mancha alguna.
Javier Corral está obligado a ello, pero no sólo.
Deberá volver sus esfuerzos al cuidado de las víctimas del crimen, aspecto que se ha dejado de lado y que la tragedia vivida hoy por los hijos de Miroslava nos obligan a replantearlo; probablemente, no porque lo necesiten en el caso concreto dada la extrema generosidad de su familia, sino porque fue una imagen que a todos nos asaltó con motivo del asesinato y que probablemente fue de las cosas que más impactó, que sus hijos hubiesen sido testigos de la salvaje agresión a su madre.
Pero, además, tanto Corral, como el total de quienes gobiernan ahora a los chihuahuenses, deberán replantearse su relación con la sociedad. Están obligados a efectuar una profunda reconversión, no pueden seguir gobernando disculpándose, o queriendo convencernos de su buena voluntad a raíz de la infinidad de errores cometidos en apenas medio año.
Javier Corral está obligado a mostrarnos una conducta de austeridad republicana; puede relajarse en el lugar que quiera y pueda hacerlo, emplear para ello sus recursos, pero moralmente está obligado a guardar una conducta lo más alejada de la de sus predecesores; gobierna Chihuahua, la tierra con las singularidades descritas aquí, no es el delegado de Coyoacán o la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, debiera saber que cualquiera de las imágenes difundidas ahora a antes, en las que el tráfago de los acontecimientos en Chihuahua no le impiden jugar al golf como lo hacen la gran mayoría de quienes se dedican a ese deporte.
Deberá, además, asumir conductas privadas que tengan consonancia con las que debiera asumir públicamente y demostrar, en la práctica, que para los funcionarios electos por el voto popular no hay horarios de trabajo, ni días de la semana laborales.
Más aún, está obligado a no hacer lo que el resto de los gobernantes; no puede recibir de los empresarios, chihuahuenses o no, prerrogativa alguna, pues en caso contrario, a pesar de que legalmente quizá no se pueda demostrar el conflicto de interés, cualquiera de ellos que le ofrezca sus servicios, sus bienes o sus vehículos, estaría impedido a ser proveedor del gobierno estatal, como sucede con quien le facilitó la aeronave en la que viajó a Mazatlán.
Pero, además, a raíz de la muerte de la periodista, debiera replantearse un aspecto, quizá el que más duele a los chihuahuenses, el de la debida congruencia entre el q¡¡ue fuera exitoso candidato opositor y el criticado gobernante de hoy.
Son numerosos los episodios en los que lo expresado en campaña no se corresponde con lo declarado y efectuado en apenas medio año de gobierno.
Un aspecto es central: Su relación con los medios de comunicación, que no son un todo uniforme y homogéneo.
Su crítica generalizada ha motivado un muy extendido rechazo y hasta visos de linchamiento hacia los medios, en lo general, sin que se haya iniciado la menor modificación a ello y entender que en sus manos (y sobre todo, en su gobierno) está la posibilidad de darle el realismo democrático a la relación medios-gobierno que necesita la sociedad mexicana y que se podría sintetizar en que los medios le pueden ofrecer servicios de difusión de publicidad al gobierno y éste comprar, exclusivamente, los espacios, las inserciones, los spots y nada más, de ninguna manera la línea editorial, ni la compra de contenidos informativos.
De otra manera, al lanzar críticas generalizadas, deja en la indefensión a quienes efectúan -y efectuaron- su trabajo de manera profesional y propicia que, de improviso, aparezcan tantos “defensores” de la libertad de expresión.
No, como Miroslava Breach, hay periodistas que hacen su trabajo profesionalmente y esos son los que están en riesgo en una entidad como Chihuahua, es un riesgo extremo.
PD. Con un abrazo inmenso, fuerte, a la familia de Miroslava, en especial a Andrea y a Carlos.

Ominoso asesinato

Ominoso asesinato
Aserto.mx
Luis Javier Valero Flores
El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, el día de hoy, cuando se disponía a llevar a su hijo menor a la escuela, es uno de los eslabones más espantosos de la nueva oleada homicida, que se extiende por el territorio chihuahuense desde finales del gobierno de César Duarte, y que se ha incrementado en las últimas semanas, tanto en zonas de la sierra Tarahumara, como en las dos principales ciudades chihuahuenses.
Miroslava era una de las periodistas con mayor experiencia en los medios de comunicación del estado; corresponsal del periódico capitalino La Jornada, trabajaba también para el matutino El Norte de Juárez, después de desempeñarse como reportera de El Diario de Chihuahua y El Heraldo de Chihuahua, y ser una de las periodistas fundadoras de Aserto, en una carrera profesional de más de 20 años en esta entidad.
No solo redactaba -e investigaba- las notas y reportajes que escribió a lo largo de su carrera, también era una sólida columnista, cuyos trabajos en este renglón formaron parte de una excelente experiencia en La Jornada, Aserto y en El Norte y fueron de los comentarios editoriales más leídos durante muchos años.
Si bien no puede descartarse el mensaje contenido en una cartulina, dejado por los asesinos en el lugar del crimen, ninguna línea de investigación debe descartarse. En ello las autoridades, el gobierno de Javier Corral, y éste mismo, están obligados a efectuar una eficiente, veraz y pronta investigación, que lleve al esclarecimiento y sanción a sus homicidas.
Por demás está decir que es un crimen derivado del ejercicio profesional de Miroslava Breach, cuya ausencia, además de la sufrida por sus hijos y demás familiares, golpea grandemente al gremio periodístico y, por supuesto, a la sociedad chihuahuense que, además, debería llevar a que el gobernador Corral replantee su relación con los medios de comunicación y con los propietarios de éstos, pero sobre todo con los trabajadores de la comunicación.
Lanzar críticas generalizadas en contra de “los medios de comunicación” envía el mensaje, a la sociedad y a los criminales, que no hay líneas divisorias entre quienes hacemos periodismo y quienes hicieron -o hacen-, estrictamente, negocios con la información.
Deberá, además, asumir conductas privadas que tengan consonancia con las que debiera asumir públicamente y demostrar, en la práctica, que para los funcionarios electos por el voto popular no hay horarios de trabajo, ni días de la semana laborales.
Si esto es aplicable para cualquier gobernante con esas características, más lo es para el mandatario de una entidad como Chihuahua.

Inocultable incapacidad

El Diario, 23 de marzo de 2017
Luis Javier Valero Flores
Impedidos a conocer más allá de lo publicado en los medios de comunicación y de lo trascendido en las redes sociales (que, por supuesto, en la absoluta mayoría de la información ahí difundida no hay un solo proceso de elaboración ni del entorno en el cual se suscitan los hechos) no nos queda más que la reflexión con base en la información proporcionada por las dependencias y las declaraciones ofrecidas por los funcionarios.
Queda, también, la investigación periodística que, por la naturaleza de los hechos que se comentan hoy, accederemos a ella en los días y semanas posteriores.
Más aún, sabedores de las difíciles condiciones en que recibieron la administración estatal, era justificado otorgarles a las nuevas autoridades estatales una especie de período de gracia, pero la gobernabilidad de una entidad como Chihuahua no espera, menos en el incubamiento de lo que parece ser el inicio -o agravamiento- de una severa crisis de seguridad pública.
Y justamente cuando eso ocurre, a raíz de los distintos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la región de Cuauhtémoc y otros municipios aledaños, con el más severo de ellos, ocurrido el domingo anterior en las cercanías de Rubio, con la participación de centenas de sicarios y una duración de más de tres horas, las explicaciones del Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, causan más terror.
No sólo eso, la imagen en la que nos lo muestran, tomando fotos de uno de los vehículos -casi 24 horas después de los hechos-, con guantes especiales para “no contaminar las escenas del crimen” es la viva evidencia de la notoria incapacidad para afrontar la crisis de inseguridad existente en la entidad.
¿Estamos tan mal que el Fiscal duda de la capacidad de los peritos de su oficina, como para que sea el encargado de la seguridad en la entidad quien realice esa tarea, destinada a quienes poseen una muy elevada especialidad?
Y si queríamos respuestas a la interrogante del porqué el enfrentamiento duró tanto, sin la presencia de policías estatales, federales o militares, implícitamente Peniche nos develó su estrategia al expresar que “Así como le pasó a ‘El Cabo’, también está ‘El 80’ y hay otros más delincuentes en diferentes partes del estado y a todos les tendrá que llegar su resultado, es decir, irán la cárcel o acabarán víctimas de sus propias traiciones”. (Nota del Staff de El Diario, 22/IIII/17).
Y si usted se sorprendió de esa declaración, en la que le deja a la dinámica de los grupos criminales la “resolución” de la incidencia delictiva, Peniche aseveró que esos grupos y esos jefes “aprovecharon el …. domingo y horario en la tarde, cuando había poca presencia de la autoridad estatal para dirimir sus diferencias… es una estrategia que ellos utilizaron buscando el día preciso que pudiera suponer que habría el menor número de elementos estatales, pues era día de asueto y por el festivo del lunes…”. (Ibídem).
Ya nos imaginamos a los jefes criminales poniéndose de acuerdo:
-Oye, Cabo ¿Qué tal si, ahora que los policías se van de puente, aprovechamos para echarnos unos tiritos ahí afuera de Rubio?
-Po’s ya estás, 80, ¿Qué te parece como a las 5, ya pardeando la tarde?
-Ya está, ahí nos vemos.
Interrogado acerca de la ausencia de las fuerzas federales, a pesar de que en Cuauhtémoc -a escasas decenas de kilómetros- se encuentra una guarnición militar, sólo atinó a responder que “ya tuvo comunicación con la federación” y que diseñarían “esquemas de coordinación más efectivas…”. (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 22/III/17).
¡¡¡¡Increíble!!!!!
Luego diría que la mayor parte de los homicidios “son del orden federal y ojalá el estado de fuerza federal también se incremente”. (Ibídem).
Y como si el problema fueran, solamente, las policías municipales, achacó a la corrupción de éstas la principal causa de lo que ahora estamos viviendo. Resulta que, de acuerdo con el alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Holguín, esos agentes “fueron aprobados por la propia fiscalía para desempeñarse como agentes municipales, según los exámenes de confianza en donde, de manera oficial, Cuauhtémoc resultó uno de los mejores municipios derivado de esta evaluación”.
¿Y entonces?
imposible precisar la causa del crecimiento de la inseguridad, pero quienes están a cargo, lo que menos le otorgan a la sociedad chihuahuense es seguridad.
Y a eso están obligados.
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La guerra de Rubio

Sin Retorno

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Luis Javier Valero Flores

¿Se necesitaba la realización, en Rubio, de un sangriento y terrorífico enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, con un saldo aterrador de más de una decena de muertos y un número impreciso de heridos, para que las autoridades pongan, por fin, la atención debida a los enfrentamientos como el ahora comentado?

¿O estamos frente a una estrategia consistente en dejar que se enfrenten mortalmente los grupos en conflicto y una vez que prácticamente se aniquilen, actuar?

¿O, peor, estamos frente a una descomunal incapacidad e ineficiencia de la autoridad frente al crimen organizado?

Los datos que apuntan a la última opción son desalentadores. 

Desde muchas semanas atrás las denuncias de los pobladores de esa región -Namiquipa, Rubio, Bachíniva y Cuauhtémoc, aunque no solo- acerca del control de grupos de criminales sobre la región, que se traducía en el ejercido sobre el tránsito, en la injerencia sobre algunas autoridades municipales del trienio pasado; en la presencia omnímoda de uno de los jefes de los grupos criminales de Bachíniva y su supuesta enemistad con el de la zona de Cuauhtémoc, en la advertencia lanzada por el gobernador Corral en contra del primero -El “80”-; y los continuos y frecuentes enfrentamientos armados que llegaron hasta la agresión a la comandancia de policía de Carichí.

A pesar de todo ello, la respuesta fue por demás débil y los anuncios de que podrían celebrarse un sinfín de enfrentamientos se desgranaban ante el silencio y la inamovilidad oficial.

El anuncio más consistente ocurrió el viernes 10 de marzo. Ese día por la tarde hubo un extraordinario despliegue de fuerzas de uno de los grupos. Establecieron retenes en prácticamente todos los cruces carreteros alrededor de Bachíniva y Rubio. 

Durante horas, a través de las muy extendidas redes sociales de los habitantes de la región se alertó de la existencia de los retenes y del rumor de que se daría un enfrentamiento en Rubio.

El silencio oficial fue total, a pesar de que esta advertencia se lanzó en las redes sociales del gobierno del Estado.

El enfrentamiento se dió, sin llegar a los niveles del efectuado el domingo 19 de marzo -si atendemos las versiones oficiales- pero de niveles extremadamente preocupantes a juzgar por las informaciones proporcionadas por los residentes, que hablan de la recuperación de miles de casquillos de proyectiles percutidos y del levantamiento de decenas de cadáveres por los mismos sicarios.

Otra vez, a pesar de la intensidad del enfrentamiento -la autoridad informó haber recuperado poco más de 2 mil casquillos- no se tomaron medidas extraordinarias, actuaron como si lo ocurrido fuera un episodio más, no preocupante de la situación de verdadera alarma existente en la región.

Hasta los hechos del domingo por la tarde. 

De la capacidad de los grupos criminales da cuenta que dejaron 17 vehículos abandonados, con los motores encendidos, todos de lujo, de modelos recientes, algunos de ellos robados en entidades tan lejanas como Tamaulipas; del tiempo en que se estuvieron disparando, del calibre de las armas usadas; del tiempo usado para el enfrentamiento, del terror sufrido por los habitantes, no sólo de Rubio, sino de toda la región, de la absoluta falta de respuesta de las agrupaciones policiacas con capacidad de fuego y resistencia para enfrentar a grupos de criminales como los señalados.

Transcurrieron largas tres horas en enfrentamientos, los que se extendieron hasta Cuauhtémoc y de la única policía cuyos elementos cayeron heridos es del agrupamiento de Rubio (del municipio de Cuauhtémoc).

¿Por qué no hubo un operativo previo, con la participación de elementos de los agrupamientos federales y estatales, no ayer domingo, sino en los días posteriores al 10 de marzo?

Son muchas las preguntas.

Una certidumbre sí tenemos. Es totalmente equivocada la postura de dejar que se aniquilen entre sí los grupos criminales; como en cualquier guerra, los ejércitos tienen necesidad de reabastecerse de todas las provisiones necesarias. 

En las guerras del narcotráfico su principal provisión es el dinero, echarán mano de él en donde quiera que se encuentre, a través del secuestro, la extorsión, del robo a negocios y domicilios, del robo de vehículos, etc., es decir, de los recursos de la sociedad…

¿Dejarlos hacer, dejar que las cosas pasen será la respuesta oficial?

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Morena adelante en Chihuahua

El Diario, 19 de marzo de 2017
Luis Javier Valero Flores
No sólo en las diversas encuestas realizadas en el país, o los diversos sondeos ubican con ventaja a Andrés Manuel López Obrador en la ruta de la presidencia de la república, ahora también el enorme salto en las preferencias electorales de su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, refuerzan esa percepción.
En la entidad del presidente, en las encuestas hay un dato muy poco abordado por la absoluta mayoría de los analistas políticos y opinantes electorales: La candidata de Morena es apenas conocida por el 40% de los electores, frente a porcentajes muy superiores del Alfredo del Mazo (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN). A pesar de ello se encuentra un punto abajo del priista (29%) y por arriba de la panista, que obtuvo el 25%, de acuerdo con la encuesta de Reforma (17/III/17).
Es la única que puede crecer sensiblemente en la campaña pues no tiene voto de rechazo, como sus adversarios.
El EdoMex no es el preludio de las elecciones presidenciales, en 1999 y 2005 ganaron los candidatos priistas, pero sí ayuda a desentrañar las posibilidades de los diversos candidatos.
Una cosa es cierta, de acuerdo a las tendencias electorales es Morena la agrupación partidaria que capta más simpatías, fruto del desgaste del gobierno de Peña Nieto. Los resultados electorales de la Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz  le otorgan, en esas entidades con los padrones electorales más grandes, una ventaja inconmensurable.
Aún perdiendo en las elecciones de este año en EdoMex, al alcanzar porcentajes cercanos o superiores al 30%, habrá obtenido un piso muy difícil de alcanzar por priistas o panistas, más si se toma en cuenta el indudable avance obtenido en los estados del norte del país, en los que el PAN había salido adelante en los comicios del 2000 y 2006.
Se aprecia un innegable incremento de las simpatías por Morena y su previsible abanderado en Baja California, con crecimientos más moderados en Coahuila, Sonora y Durango.
En Chihuahua pareciera incubarse un proceso extremadamente complejo y novedoso, pero que apuntaría a un notable crecimiento de las simpatías por AMLO en la entidad y a un decrecimiento de las fuerzas que se habían disputado prácticamente todo en Chihuahua desde 1983. Hasta el año pasado, en el que las candidaturas independientes les arrancaron la alcaldía de la ciudad mayor, además de Parral y el 20% de los votos en la disputa gubernamental.
Un hecho es cardinal para llegar a esa conclusión: El enorme desencanto de una buena parte de los electores que se pronunciaron por Javier Corral en 2016.
En abril de ese año, El Diario de Juárez publicó los resultados de una encuesta estatal: Menos del 50% de los encuestados se identificaron con algún partido, porcentaje claramente a la baja frente a las elecciones del pasado.
Los resultados de la elección confirmarían aquel dato. Así, un porcentaje muy importante del electorado cambió su voto de acuerdo con los candidatos y las campañas y las condiciones políticas reinantes.
Para efectos prácticos (no olvidemos que el año próximo las elecciones locales y las federales serán simultáneas) el PRI perdió 200 mil votos entre 2010 (Duarte) y 2016 (Enrique Serrano) y el PAN ganó 100 mil (Corral) más en relación a los obtenidos por Carlos Borruel en 2010.
¿A dónde fueron los votos perdidos por el PRI? Sin duda, con Corral y con José Luis Barraza, el candidato independiente.
¿Cuántos de ellos se “regresarán” al PRI? ¿Y cuántos abandonarán al PAN?
En 2012, AMLO obtuvo poco más de 300 mil votos en el estado de Chihuahua (alrededor del 18%) y los candidatos a diputados y senadores alrededor de 90 mil votos menos.
Lo previsible es que muchos de quienes votaron por Corral, que no eran electores panistas, no “regresarán” al PRI, en virtud de las lamentables condiciones políticas en que se encuentra este partido y buscarán una tercera opción, seguramente la presentada por Morena, reflexión que en la entidad ha crecido de una muy inesperada manera, al grado que connotados priistas han expresado -en privado, por supuesto- sus simpatías por Morena y su convicción de que “El Peje” ganará.
Por otro lado, el PRI es un auténtico “Titanic” político en Chihuahua, el desprestigio en que lo sumió César Duarte es de los golpes que se tardan en sanar, por lo menos, una generación.
Partido nacido en el poder, concebido desde el poder y cuya práctica (en Chihuahua, desde 1998 hasta 2016 sin interrupciones) es la derivada del ejercicio del poder, se encuentra inerme, su única fuente de aliento -de acuerdo con sus prácticas políticas- son las delegaciones federales.
Como lo dijera uno de sus más destacados ingenieros electorales, Leonel “El Coco” Reyes Castro ¿Qué pueden ofrecerle a los electores los activistas priistas cuando toquen los domicilios de los ciudadanos? ¿Que ahora sí bajarán el precio de los combustibles y la electricidad? ¿Que ya no habrá corrupción en el gobierno? ¿Qué?
¿Y el PAN?
El desencanto es generalizado y los errores de la administración de Javier Corral son casi cotidianos; los enfrentamientos con sectores de la población se acumulan cada semana y la falta de una adecuada operación política se advierte en prácticamente todos los conflictos.
En lugar de desarticular las viejas formas del poder, enquistadas en algunos sindicatos (o representadas por los mismos sindicatos) no se advierte la capacidad para incidir en la desarticulación.
Para ejemplos, ahí está el conflicto del Sindicato del Colegio de Bachilleres, con una dirigencia que hasta medio año antes del término del gobierno de Duarte había sido una ejemplar acompañante del gobernante, con el callado repudio y rechazo de la mayoría de los trabajadores.
Pero, ahora, con las negativas del gobierno de Corral a pagar a tiempo (y algunos diríamos que hasta con antelación) las prestaciones de los trabajadores y maestros, para dejar sin argumentos a la dirigencia sindical y estimular la democratización, les han entregado en bandeja de plata la legitimación de esa dirigencia pues, ante los ojos de ellos están luchando por sus conquistas laborales.
¡Y la discusión es por un ridículo aumento del 3.08% anual, del cual el gobierno estatal es responsable de la mitad!
Y así en prácticamente toda la administración estatal. Pareciera que nadie advierte, ahí adentro, la endeble credibilidad que gozan, casi destruída por completo a causa de los innumerables casos en los que los nuevos funcionarios salen a defender el hecho de que sus familiares trabajen en el gobierno…. a partir de octubre del año pasado: La esposa de Gustavo Madero, la de Carlos Borruel, la de Marco Bonilla, Director del municipio de Chihuahua; el hijo del Director Médico del Ichisal, Pedro Ramírez Godínez, con el puesto de Subdirector de Recursos Humanos; el de la hija de Patricia Terrazas, Directora de Ingresos del gobierno, y su hija y un largo etcétera hasta llegar al lamentable caso de Ricardo Gándara, esposo de la Secretaria de la Función Pública, Rocío Olmos.
Y es que, sumados todos esos casos al del principal motivo de desilusión, el de no haber presentado denuncia alguna en contra de César Duarte, hace que el panorama para el panismo no sea tan plácido como lo soñaron en la noche del 5 de junio pasado.
Muchos de sus votantes ya emigraron, más si ahora sumamos el aterrador (así, con ese término) hecho de que la PGR ha declarado oficialmente al Poder Judicial de la Federación que no existe demanda alguna en contra del ex gobernador César Duarte, que la denuncia presentada por Jaime García Chávez no existe, que lo declarado por la ex procuradora Arely Gómez nos lo imaginamos, que el abogado y activista ¡Es un holograma que persigue fantasmalmente a Duarte!
¡Es inconcebible! No habíamos presenciado acto mayor de cinismo, de desvergüenza (y vaya que nos han proporcionado infinidad) ¡Ahí está el compromiso de Peña Nieto en el combate a la corrupción!
¿Por qué defender tanto a Duarte? ¿Por qué? ¿Acaso la denuncia está tan bien armada que al llegar a la justicia federal el camino será la expedición de la orden de aprehensión y el enjuiciamiento? ¿Por eso declaran inexistente la denuncia?
Y, claro, los chihuahuenses aprecian dos conductas notoriamente distintas ¿Porqué no hay una tajante declaración del Gobernador Corral en contra del ex gobernador, en apoyo a la denuncia de García Chávez? ¿Porqué?
¿A donde creen que irá buena parte de ese descontento? ¿Por quién creen que votarán los camarguenses que le silbaron al gobernador Corral ante su salida de Camargo y sus reclamos?
No se necesitan muchos estudios demoscópicos o simples sondeos para concluir que en 2018 se puede dar una sorpresa en Chihuahua en los resultados presidenciales y una asombrosa dispersión de los triunfos en las elecciones locales. Nadie podrá dar por descontada, ni la reelección, ni el triunfo; vamos, puede darse el caso que la primera minoría en el Congreso cuente con apenas 7-8 diputados.
Nos amaneceremos -ese sí- con una nueva realidad el primer lunes de julio del 2018.
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Crisis institucional

MegaRadio 860 Juárez

13 de marzo de 2017

Luis Javier Valero Flores

Lo ocurrido al gobernador Javier Corral, en Camargo el pasado viernes, es la vívida muestra del serio quebranto de las simpatías que lo llevaron a la silla principal de Palacio de Gobierno. Es, también, reflejo de la incapacidad del equipo de gobierno, rebasado ante la magnitud y cantidad de los conflictos desatados en Chihuahua.

No son solamente los heredados de la administración de César Duarte, sino los derivados de la gestión del nuevo grupo gobernante.

Se sabía que una gira de Corral a Camargo podría resultar, por momentos, ríspida debido a los elevados y candentes niveles de participación que alcanzaron las manifestaciones en contra del “gasolinazo”, pero también en contra de las tarifas de las casetas de peaje.

Además, la ira popular se derivaba de la elevación de los cobros vehiculares y, finalmente, por la forma en que fueron reprimidas las manifestaciones por las policías del estado.

De esos hechos se habían derivado demandas en contra de algunos de los dirigentes. En un acto de suprema insensibilidad, el día que el gobernador visitaría Camargo se dieron a conocer la expedición de sendas órdenes de aprehensión en contra de seis dirigentes, la mayoría, connotados participantes de la campaña de Javier Corral al gobierno de Chihuahua.

Luego de la aceptación del gobernador Corral a la celebración de una reunión, exigió que fuera a puerta cerrada, sin la presencia de los medios de comunicación. No hubo acuerdos, al salir, fue increpado duramente por un grupo de camarguenses, ante lo cual debió retirarse abruptamente del lugar, en medio de las rechiflas y los gritos.

¿Por qué actuar así? ¿Por qué insistir en la aplicación de medidas represivas en contra de un justo y explicable movimiento?

No es el único episodio descollante del pasado fin de semana.

Estamos, ya, en medio de una grave crisis institucional, originada por la ilegal destitución de Rodolfo Leyva como presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y la indigna toma de posesión del sucesor, Alejandro de la Rocha, durante años, Director General de Coparmex, el organismo empresarial en el que la familia Terrazas es la mandona y que ahora es dirigido por el ex alcalde panista, Alvaro Madero, hermano del Jefe del Gabinete estatal, Gustavo.

Tal maniobra fue el resultado de la alianza de una parte del panismo, el encabezado por Corral, con un sector de los empresarios de Chihuahua (el que lo rechazó como candidato del PAN e impulsó a José Luis Barraza como candidato independiente), y con los restos del priismo duartista, que eso representan los comisionados del Ichitaip que decidieron remover a Leyva. No tienen facultades para remover a su presidente, menos sin fundar y motivar tal decisión.

Cuesta trabajo entender cómo, luego que Leyva le ganó al ex gobernador  Duarte varios litigios, precisamente por no fundar y motivar las designaciones de dos de las actuales comisionadas del Ichitaip, y de que el Congreso del Estado fuera obligado a efectuar una nueva elección, los actuales gobernantes no hayan entendido que no se pueden efectuar actos de ese tipo.

Todo, porque, como lo ha denunciado extensamente Rodolfo Leyva, el gobernador Corral pretendió el nombramiento de Ricardo Gándara, cónyuge de la Secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos, en la Secretaría Ejecutiva del organismo.

La oposición de Leyva, lo ha dicho insistentemente, es porque se viola el orden constitucional. La acusación ha sido negada por el gobernador Corral. Lo cierto es que Gándara, antes de este episodio, pretendió ser comisionado del Ichitaip, en el mismo proceso que Leyva, a pesar de que Olmos ya era la secretaria.

Leyva ha anunciado que buscará el amparo de la justicia federal. Lo ganará.

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“Igual que el año pasado”

El Diario, 12 de marzo de 2017
Luis Javier Valero Flores
Seguramente que alguno de los lectores más antiguos y con más memoria recordará ese antiguo chiste: Se desgañitaba el candidato, desde el kiosko de la plaza, en prometer cosas y más cosas. Y el borrachito del pueblo, terco en gritar -¡Igual que el año pasado!
Cuando la policía municipal llegó por él, “por trastocar el orden”, se los repitió a voz en cuello: ¡Igual que el año pasado!
Así estamos en Chihuahua tras la ilegal destitución de Rodolfo Leyva como presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y la indigna toma de posesión del sucesor, Alejandro de la Rocha, durante años Director General de Coparmex, el organismo empresarial en el que la familia Terrazas es la mandona y que ahora es dirigido por el ex alcalde panista, Alvaro Madero, hermano del Jefe del Gabinete estatal, Gustavo.
Ahora resulta que una parte del panismo, aliada a los grupos empresariales y, a su vez, con los restos del priismo duartista, se confabularon para destituir a Leyva. ¡Nunca lo hubiéramos imaginado, que, para obtener sus objetivos, el nuevo grupo gobernante se aliara, en el Ichitaip, con las comisionadas ahí colocadas por Duarte (Alma Rosa Armendáriz y María Nancy Martínez) y con el sector empresarial que se opuso a su candidatura, al grado de apoyar a José Luis Barraza, que eso significa el arribo de De la Rocha a la presidencia del Ichitaip!
Y, claro, a la simpatizante del panismo y del gobernador Corral, Amelia Martínez Portillo.
La Ley de Transparencia es clarísima:
“ARTÍCULO 17.
…
Los (las) Comisionados (as) Propietarios (as) designarán a su Presidente (a) de entre sus miembros, el (la) cual durará en su encargo un periodo de tres años, pudiendo ser reelecto (a) por un periodo igual”.
El pleno de comisionados del Ichitaip no tiene facultades para remover a su presidente -podrá estar mal, pero eso dice la ley. Los funcionarios públicos sólo están facultades para hacer lo que la ley les permite- y mucho menos en “Asuntos Generales”, esto es, sin tenerlo en el orden del día, para fundar y motivar la propuesta de remover al presidente.
Cuando defenestraron a Gabriel Sepúlveda del Tribunal Superior de Justicia, hubo hasta reconocidos y respetados abogados que justificaron la remoción del magistrado como presidente del TSJ. “Había que hacerlo así, de otra manera no se podía”, las formas correctas se tardarían mucho, se dijo.
Muchos lo justificaron, se trataba de desmantelar la estructura de poder dejada por el ballezano César Duarte.
¿Y ahora? Cuáles son los argumentos para deponer a un abogado que ha demostrado su compromiso con la legalidad, la transparencia, la plena división de poderes y el respeto a la autonomía de los organismos con ese carácter y que, encima de ello, había denunciado públicamente el intento de colocar en la estructura del Ichitaip -ahora lo ha ratificado- a Ricardo Gándara, esposo de la Secretaria de la Función Pública, Rocío Olmos.
Lo peor es la ratificación de esa intención, a juzgar por las expresiones, tanto del gobernador Javier Corral, como de su Secretario de Gobierno, César Jáuregui. Ninguno de ellos fue capaz de enjuiciar la ilegalidad del acto.
Al contrario, a juzgar por sus propias expresiones, públicamente lo convalidaron.
El gobernador Corral así lo dijo: “Que Leyva no se quiera limpiar con nosotros por sus fracasos”. ¿Cómo, sabe algo el mandatario de las razones de los comisionados para la remoción, tan grave como para que se deba “limpiar”?
“… yo soy respetuoso de las instituciones pero me parece que ahí sucedieron cosas muy delicadas”. (Diversos medios digitales, 9/III/17).
“Está tan clara la situación, a ver, ¿que sucedió para que una persona como él perdiera de esa manera la confianza de sus colegas y de sus compañeros? yo creo que ahí es donde está la explicación, se quiere limpiar en nosotros, no, la explicación está ahí adentro”.
El segundo de a bordo, el Secretario César Jáuregui Robles fue más explícito -y más nítido en las intenciones del grupo gobernante- pues aseveró que “fue el Consejo de ese organismo, en uso de su autonomía y de sus facultades, quien tomó esa decisión”. (Comunicado oficial del Gobierno de Chihuahua, 9/III/17).
Más, rechazó las acusaciones de Leyva y afirmó que “no sólo son infundadas, sino que dejan claro que no prestó atención a los señalamientos que se le hicieron sobre la forma como manejaba a esa institución”. (Ibídem).
Entonces, sí le reclamaron algo de lo sucedido al interior del Ichitaip ¿Pues no que son respetuosos de la autonomía?
 Y agregó: “El bien sabe que el Ejecutivo reconoció su trayectoria y sus capacidades, pero que fueron los mismos consejeros del Ichitaip y los usuarios de esa institución quienes externaron quejas sobre su actuación”.
Bueno, ahora resulta que hasta usuarios del Ichitaip se quejaron de lo realizado por el ex presidente.
Tampoco los diputados locales, Miguel La Torre (PAN), Pedro Torres (Morena), Blanca Gámez (PAN), además, presidenta del Congreso; ni Miguel Vallejo (MC), fueron capaces de repudiar la ilegalidad de la remoción, evidente a todas luces.
El respeto a la autonomía de los organismos no implica la convalidación de los actos ilegales, los diputados debieron tener a la mano su conocimiento sobre la ley para opinar.
Lo deberán hacer, con toda seguridad les llegará este asunto pues, con los antecedentes de Leyva, éste buscará ampararse y una vez obtenido, el paso lógico será la petición de sancionar a los comisionados del Ichitaip por realizar actos ilegales como el ahora referido, porque el Congreso sí tiene facultades para destituir a los comisionados.
Siempre y cuando presenten la motivación y la fundamentación.
¿Tiene razón Rodolfo Leyva Martínez al sostener que se pretendía incluir a Ricardo Gándara en el Ichitaip y que eso generaría, automáticamente, un conflicto de intereses pues su esposa, Rocío Estefany Olmos, es la Secretaria de la Función Pública, es decir, la encargada de vigilar, desde adentro del gobierno, el buen ejercicio de los recursos públicos?
Cuando los actuales gobernantes niegan esa acusación, dejan de lado un importantísimo dato, que no lo pueden negar, ni ocultar: El hecho de que Ricardo Gándara buscó la designación, como Comisionado del Ichitaip, a sabiendas de que su cónyuge ya era la Secretaria.
¿Quien renunciaría, en caso de alcanzar la designación? ¿O permanecerían ambos? ¿Esa era la pretensión?
No es el único hecho correlacionado. Mónica Soto, ex aspirante a Comisionada del Ichitaip en el mismo proceso que Gándara, es amiga cercana de la Secretaria Olmos, con la que guarda estrechos vínculos amistosos ¿Cómo, pretendían ingresar al Ichitaip el esposo y la amiga de la Secretaria? ¿Y así pretenden que no creamos en las afirmaciones de Leyva Martínez?
Así, asistimos a un episodio más de los desaciertos de la actual administración.
¿Por qué calificarla así, dirá más de uno de los lectores, si todos lo hacen de ese modo?
Esa es la diferencia, porque en el pasado no habíamos contado con un nuevo grupo gobernante que enarbolara tan alto tantas banderas democráticas; no se puede, en aras del supuesto desmantelamiento de las viejas estructuras, o de la búsqueda de ocupar todas las posiciones, quebrantar el orden jurídico, ese que la vieja administración tanto violó.
Y no se pueden dejar pasar los episodios. Muchos aprobaron lo realizado en el Tribunal Superior de Justicia -el fin justifica los medios, dijeron-. De ninguna manera, se empieza por tolerar una vez y se termina en verdaderos escándalos.
Hoy estamos en uno de ellos; de tal magnitud, que sus ecos alcanzarán a los medios de comunicación y centros de discusión de la capital del país ¿Cómo podrá el gobernador Corral justificar, ante la élite académica e intelectual, con la cual convivió durante tanto tiempo, un hecho de la naturaleza que hoy evaluamos?
Ante un hecho semejante, la destitución del presidente del Poder Judicial, esto escribimos el 13 de noviembre anterior: “¡¿Quién podría estar en contra, desde el campo democrático, de la auténtica reforma del Poder Judicial de Chihuahua y que éste adquiriera, ahora sí, la independencia y autonomía soñadas frente al Poder Ejecutivo?! ¿Quién, medianamente informado, podría oponerse a que la mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueran removidos, porque sus designaciones fueron claramente opuestas a la correcta aplicación de las leyes y la ética y que llegaron a sus puestos por la decisión del entonces gobernador César Duarte?… Pero lo que menos necesitamos los chihuahuenses son las respuestas maniqueas. ¡Ah, lo que ahora se hace está bien, no importa si se violan las normas, porque lo hacemos en nombre del bien! ¡Porque nosotros somos los buenos y la sociedad -y nosotros hablamos por ella- lo “está pidiendo”!
No se puede justificar. Un grupo político, sólo porque obtiene una mayoría electoral, no puede repetir los vicios y defectos del pasado.
Igual que el año pasado…
PD.- Se nos quedó en el tintero el comentario sobre el sostenido crecimiento de las simpatías por el Peje a la presidencia de México. Habrá tiempo.
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Urgente un golpe de timón

El Diario, 9 de marzo de 2017
Luis Javier Valero Flores
Algo deberá hacer el grupo gobernante de Chihuahua. Urge, no lo pueden postergar, los conflictos y las controversias se suman día a día; los antagonismos, los reclamos y los manifestantes se presentan diariamente.
Algo de esto se preveía al término del gobierno de César Duarte. El control ejercido sobre la sociedad chihuahuense impidió (o la gente se esperó a cobrárselo en las elecciones) que se presentaran los reclamos, pero siempre se creyó que los nuevos gobernantes ejercerían el principal de los atributos que habían mostrado en los momentos previos a la campaña y en ésta misma: El manejo político.
Hoy todo está en conflicto. Sobresale un aspecto, que había llamado la atención en el país y preocupado hondamente a los chihuahuenses, el de la seguridad pública, con el incremento -esa era la percepción generalizada- sólo, de los homicidios; la noticia es que Chihuahua presenta un crecimiento, también, en las extorsiones, en un 700%, en secuestros, por un 400% y en homicidios 84%, en el período de octubre de 2016 a enero del año en curso, según “se puede observar en la página y cifras mostradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. (Nota de tiempo.com, 8/III/17).
El incremento de los homicidios es notable, pasaron de 269, en comparación con los 494 del mismo periodo el año anterior.
En cuanto a los secuestros y extorsiones, los porcentajes presentados, si bien es inaceptable cualquier número que se presente, los casos ocurridos pasaron, en cuanto a los primeros, de uno a cinco y con las segundas pasó de solo una a ocho.
Pero esas son las cifras hasta dos meses atrás. Al presente, se han presentado alrededor de 800 del 1 de octubre pasado a la fecha, los que ocurren -como cabría esperar- preferentemente en Juárez y Chihuahua, de una manera muy similar a la del período anterior, situación agravada, ahora, por varios hechos, entre los que destacan la confrontación del gobierno estatal con los alcaldes de los municipios en los que la policía municipal fue sustituida por la estatal.
Pero resulta que este agrupamiento es el único que no ha presentado los exámenes de confianza, razón por la cual la asociación civil presidida por la activista, María Elena Morera, no incluyó a Chihuahua en el informe del “Seguimiento mensual del avance de control de confianza de las Secretarías de Seguridad Pública u homólogos”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario, 8/III/17).
La entidad sólo reportó datos de la Fiscalía General y de la Policía Municipal, los cuales mostraron que, al menos, “61 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre mandos y agentes, reprobaron las evaluaciones de control de confianza”. (Ibídem).
Datos que vienen a abonarle a la controversia de semanas anteriores entre el gobernador Corral y el alcalde Armando Cabada, a propósito del rumor, nunca confirmado, de que los ex secretarios de seguridad pública juarense, González Nicolás y Almaraz, no habían aprobado dichos exámenes, cosa que luego abarcaría al menos a 6 mandos de la Fiscalía, en información publicada por El Diario.
Todo lo anterior viene a darle un mentís al fiscal Peniche, quien había informado que los resultados de las evaluaciones no se podían difundir. Ya se ve que sí.
Pero tales diferendos solo son una parte del problema, los índices delictivos siguen creciendo y no se aprecia lo mínimo que debiera existir, la coordinación, y  mucho menos, una explicación sobre la ola homicida que le dé a la sociedad chihuahuense la certeza de que se combatirá con éxito.
Porque la argumentación ofrecida por la ahora oposición, el priismo, que se ufana de haber abatido los índices criminales en el gobierno de Duarte, sin tomar en cuenta que durante dos años de su gobierno -2011 y 2012- la ola homicida siguió presente, que solo declinó -en Chihuahua- a la llegada de Peña Nieto, luego que diversos mandos de los agrupamientos federales intentaron, sin éxito, “liquidar” -así lo dijeron- a uno de los grupos criminales existentes en Chihuahua y luego, ya sin la presencia de uno de ellos -el Cártel de Juárez- podrían terminar al sobreviviente -el Cártel de Sinaloa- en lo que era una, es lo menos que podemos decir, tomadura de pelo.
Terminado el “parafederal” apoyo a uno de los grupos criminales, la confrontación disminuyó abruptamente. Hasta ahora.
¿Qué sigue?
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Cunde el desencanto. El ’18 está aquí

El Diario, 5 de marzo de 2017
Luis Javier Valero Flores
Coincidentemente, ayer, las dos principales fuerzas políticas en Chihuahua, hasta ahora,  debieron celebrar sendos aniversarios. Por una parte, el PAN, el 5o. mes del gobierno dirigido por ellos y, por la otra, el PRI, el 88o. aniversario de su fundación.
No están como para festejarlos alegremente, todo lo contrario.
El PAN del 6 de junio por la mañana era la viva imagen de la alegría renovada, el de la esperanza renacida que esperaba, ansioso, tomar las riendas de la entidad, sabedor de que lo haría en condiciones desventajosas. Nunca se imaginaron la gravedad de la situación. Hoy lo saben a cabalidad.
Los de enfrente despertaron con el sabor amargo de la derrota que muchos previeron o sospecharon, pero con la esperanza de que la elección presidencial les podía deparar la oportunidad del reagrupamiento y esperar, en mejores condiciones, el relevo gubernamental del 2021.
Ni unos ni otros han sopesado a cabalidad la profundidad del desaliento popular, del desencanto por el gobierno de Javier Corral, ni la certeza ciudadana de que el gobierno de Enrique Peña Nieto es el peor y el más sumido en la corrupción, los malos manejos y la entrega, como nunca, a los designios del poderío norteamericano.
Sólo el priismo puede, en estos tiempos, prodigarle ovaciones tan estruendosas al presidente, como la de ayer en la celebración del aniversario como si las muy pocas frases emitidas en relación al presidente norteamericano lo ubiquen como el líder nacional que se requiere.
La realidad del México de hoy estaba ausente en esa celebración, el PRI y sus posibles candidatos aparecen en el tercer lugar, no sólo en las encuestas, sino en la percepción popular, en la que, por contraparte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ubica en el tope de las simpatías electorales, seguido por la panista Margarita Zavala a la que la sabotea, una semana sí, y otra también, su marido, el expresidente Felipe Calderón quien ha buscado en las últimas semanas acaparar los reflectores de la opinión pública.
Descoyuntados por la derrota del 5 de junio, los priistas chihuahuenses se encuentran en verdaderos problemas. El antiguo grupo gobernante se niega a ceder espacios, se aferran, por una vía o por otra, a mantenerse como la fuerza hegemónica al interior de su partido.
Probablemente sólo conservarán la coordinación del exiguo grupo parlamentario en la legislatura local y deberán, en pocas semanas, entregar la dirigencia estatal al nuevo delegado del Comité Nacional del PRI que, como prácticamente todos los delegados de las dependencias federales llegados recientemente al estado, es un dirigente cercano a José Reyes Baeza, el chihuahuense más influyente con Peña Nieto y que, de resultar designado candidato Osorio Chong -su antiguo compañero en la Conago, pues el titular de Gobernación era el mandatario de Hidalgo cuando Baeza lo era de Chihuahua- será del círculo dirigente de  la campaña.
Pero se antoja imposible que repitan los triunfos del 2015 en las diputaciones federales. Por varios factores, el primero, que el PAN quizá gane en el municipio de Chihuahua los dos distritos y, segundo, dependerá en grado sumo de lo que ocurra en Juárez y los reacomodos que hagan las fuerzas emergentes en el antiguo Paso del Norte.
Sin duda que el grupo gobernante en la alcaldía juarense mantiene la hegemonía. Su decisión fortalecerá a la fuerza con la que decida participar pues parece improbable que lancen candidatos independientes a las diputaciones federales, quizá a las locales sí.
Y no se les ve en alianza con el PRI, a lo mejor con Movimiento Ciudadano sí. Otra posibilidad sería un pacto con Morena. De hacerlo, se convertirían en la principal fuerza de esa frontera, y si lo hicieron extensivo a las candidaturas locales no habría quien pudiera ganarles, pero se les ve lejanos políticamente.
Lo más probable, para el escribiente, es que dejarían al electorado sin determinación en las diputaciones federales, la que sí debería existir en el caso de las elecciones locales, si Armando Cabada desea ratificar el triunfo en la alcaldía y encaminarse a la candidatura al gobierno de Chihuahua en 2021.
Pero deberán pensar bien lo siguiente, el fenómeno social en que está convertida la candidatura de AMLO puede convertirse en una oleada muy importante que arrastre al resto de las posiciones en disputa y ahí radica uno de los problemas del priismo.
Se puede conjeturar con algún sustento que el PAN obtendrá una ligera mayoría merced a su fuerza en la capital, Delicias, Cuauhtémoc y algunos otros municipios menores, pero que deberán compartir triunfos en Juárez con el PRI y las fuerzas de Cabada y Morena.
¿Porqué conjeturar todo lo anterior?
Por una razón, por el enorme desencanto prevaleciente en el electorado chihuahuense. Podrán sostener, los simpatizantes del panismo, que es muy pronto para realizar juicios sobre el desempeño de Javier Corral en el gobierno. Pero las conclusiones y conjeturas de una buena cantidad de chihuahuenses van a una velocidad mayor a la deseada por los gobernantes.
En todas las capas de la sociedad de la capital chihuahuense el desaliento cunde, las frases con las que equiparan a la administración de Duarte con la de Corral son cada vez más frecuentes -insisto, puede no ser cierto, pero el hecho ahí está-.
El juicio es lapidario, sobre todo al abordar el tema del encarcelamiento del ex gobernador César Duarte, la impaciencia es sorprendente, quizá alimentada por la falta de resultados visibles de la nueva gestión, por los evidentes errores de los nuevos gobernantes (la insistencia en las foto multas, el cobro de las pasadas, la pifia declarativa de Cuarón, la elevación de los cobros vehiculares y los golpes y detenciones de manifestantes en contra de los gasolinazos), hechos, todos, difundidos y recreados por los medios de comunicación, magnificados por unos,  quizá los más, a cuyo sobredimensionamiento han contribuido enormemente los integrantes del grupo gobernante.
Todo derivado de la errónea conceptualización de los medios de comunicación de Chihuahua. Que éstos pactaran convenios con la anterior administración no era malo per se, lo negativo era lo pactado. El gobierno de Duarte intentó -y en muchos casos lo logró- pagar los silencios o excesos de acompañamiento en las acciones de su administración.
Los chihuahuenses hicieron la evaluación de eso y como nunca las redes sociales se convirtieron en el mejor medio de comunicación, con la excepción de algunos cuantos y los “comprados” no lo fueron todo el tiempo, ni en el 100%. Había que mantener un mínimo de credibilidad.
No efectuar este análisis sobre los medios de comunicación le ha costado caro al gobierno del amanecer, no porque se le exija regresar a aquel viejo esquema, no, lo que debe hacer es, como cualquier gobierno democrático, pagar por los servicios mensurables, cuantificables, que le ofrezcan los medios y no como mecanismo para atenuar la ola abatida sobre el gobierno de Corral, sino para actuar como lo debe hacer un gobierno comprometido con las causas democráticas.
Y ahí estriba una buena parte del origen del desencanto, que una parte del electorado no aprecia la congruencia esperada entre lo que se prometió -y lo que hizo Corral en una buena parte de su vida pública- y lo realizado por su gobierno en los escasos 150 días de la administración, a lo que se le ha venido a sumar la oleada homicida, ya reconocida por la Fiscalía General del Estado (FGE), la que reportó 781 homicidios (en total), del inicio de octubre al viernes anterior, en los que incluyen las osamentas encontradas, sobre todo en el Valle de Juárez.
Tales cifras, llevadas al año, arrojan la inquietante tasa de 56.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, sólo superada en los años del 2008 al 2012 y que han hecho rememorar aquello y para lo cual no se aprecie que se vaya en la ruta correcta, menos si se traen a colación los conflictos con los presidentes municipales, de las localidades que no se encontraban con incrementos en los índices delictivos.
Y el PRI no aparece como la sólida oposición que debiera asumir; atrapado entre aplaudir a Peña Nieto y criticar las medidas de éste en todos los rubros, sin experiencia política pues sus miembros y dirigentes actuales se formaron en el ejercicio del gobierno, sin ligazón con la mayoría de los sectores sociales hoy en auge; embebidos en el mecanismo de designación de su dirigente.
Faltos de la audacia como para efectuar transformaciones profundas a su quehacer, en espera de las señales que les indiquen que hacer, se encaminan a una situación muy parecida a lo que le ocurre en la Ciudad de México.
En tanto, el grupo gobernante, cada vez más, actúa como el panismo gobernante y no como el bloque de fuerzas distintas que llevaron a Corral a la gubernatura.
Así, numerosos ciudadanos se aprestan a apoyar a López Obrador, en muchos ámbitos de Chihuahua.
Pueden generar una auténtica sorpresa política.
No se puede descartar.
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“Papelito habla”

El Diario, 3 de marzo de 2017
Luis Javier Valero Flores
La ríspida controversia acerca de los exámenes de control de confianza que todos los funcionarios públicos -integrantes de las agrupaciones de seguridad pública- deben realizarse, en la que el rasgo común es la filtración de información, en medio de una creciente ola homicida pudiera resolverse con pasos muy sencillos.
Primero fue el caso del ex Fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás que, ante su designación como Secretario de Seguridad Pública del municipio de Juárez, además de la objeción expresa planteada por el gobernador Corral, se dijo que no había presentado los exámenes de confianza.
Luego, se soltaría el rumor del sucesor de aquel, Sergio Almaraz, de no haberlos aprobado. En ambos casos se separaron del cargo.
Pero, justamente el día en que el cabildo designaba al sucesor de Almaraz, El Diario publicó una información en la que daba cuenta que, “fuentes” al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraban que al menos seis mandos de la dependencia no habían aprobado dichos exámenes.
Tanto la FGE, como el gobernador Corral, sostuvieron la falsedad de la información y la dependencia “descartó revelar los resultados de los exámenes de confianza bajo el argumento de que son confidenciales”. (El Diario, 28/II/17).
“Los altos mandos de la Fiscalía General del Estado han presentado sus evaluaciones de control de confianza en instituciones federales y se encuentran cumpliendo con las disposiciones de carácter legal aplicables”, precisó la FGE a través de un comunicado de prensa. (Ibídem).
A su vez, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, aseguró que “esa información es falsa, carece de elementos y de veracidad, pues todos nuestros fiscales han sido aprobados y certificados por instancias federales” e insistió en sostener que los resultados de los exámenes no se pueden divulgar “por existir disposición expresa en la ley”, al tiempo que reiteró que “uno de nuestros ejes más importantes es la limpieza de las corporaciones y seremos absolutamente intransigentes con quienes no aprueben el control de confianza”. (ibídem).
Y aseguró que el examen de confianza de todos los mandos del estado e inclusive de los coordinadores de divisiones, fueron enviados a instancias federales.
Pues bien, tienen razón, los resultados de los exámenes no se pueden divulgar -por lo menos los aplicados a los elementos de la PGR, pues así lo ordena la Ley Orgánica de esa agrupación, la que efectuó, de acuerdo con la versión de los gobernantes chihuahuenses, dichos exámenes- pero, como en toda evaluación, los evaluadores están obligados a emitir, no sólo los resultados, sino las constancias de que fueron presentados y, en su caso, aprobados o reprobados.
Si no ¿Po’s como se demuestra haber realizado tales evaluaciones?
Bueno, el artículo 59 de la Ley Orgánica de la PGR establece que:
“A quienes aprueben las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales se les expedirá la certificación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La certificación a que se refiere el párrafo anterior deberá expedirse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de su registro. La certificación y el registro respectivo tendrán una vigencia de tres años… Ninguna persona podrá prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República si no cuenta con la certificación vigente”.
Tajante.
Tanta polémica se solucionaría con un muy sencillo procedimiento: Que todos los mandos de la FGE nos muestren -a la sociedad- los certificados de haber aprobado los exámenes de confianza; no se piden los resultados, sólo el de la evaluación practicada, que demostraría, entonces, que, efectivamente, son aptos, desde esa óptica, para ejercer los cargos que ostentan y el grupo gobernante pasaría, con donaire, el reto de mostrarle a los chihuahuenses que cuentan con mandos en la FGE confiables.
¿Por qué no lo hacen?
Papelito habla.
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