jueves, 29 de marzo de 2012

Nostalgia y despedida

El Diario, 29 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
No obstante las múltiples llamadas de atención, las quejas de las fuerzas políticas, y los análisis de infinidad de periodistas o especialistas en materia electoral, Felipe Calderón insiste en ser parte del proceso electoral, de mejor -¿Peor?- manera que su antecesor, Vicente Fox.

Ayer mismo, en un inusitado acto, del cual no hay antecedentes, ni justificaciones, intentó montarse en el debate electoral, a unas horas de dar inicio las campañas electorales y, por tanto, de estar impedido de publicitar la obra pública de su gobierno elaboró un apretado resumen de su gobierno, para salirle al paso a las críticas que, dijo, harán los partidos y los candidatos, a su gobierno, porque, aseveró, “a diferencia de otras democracias, en nuestro país no será posible que el gobierno exprese con esa misma libertad sus argumentos o sus puestos de vista”, pues “en pleno uso de su libertad de expresión, los candidatos y partidos podrán cuestionar, como siempre lo han hecho, al gobierno que encabezo” y para que, en su concepción, exista un “debate mejor informado” convocó a la celebración de ese acto para “hacer un balance lo que a mi juicio son los elementos y los cambios fundamentales que ha vivido nuestro gran país en los últimos cinco años”.

Esas fueron sus palabras iniciales, y a continuación hizo una apasionada defensa de su gobierno, de la política en materia de seguridad y nos espetó decenas de hechos, fundamentales en su opinión, de los éxitos alcanzados por su administración en el combate a los criminales, fundamentalmente los relacionados con el tráfico de drogas.

Más de uno podría razonar que nada de malo existe en los hechos hasta ahora relatados, sin embargo, existe un mar de fondo en ellos, a cual más de preocupantes.

Efectivamente, en otros países el partido gobernante, y sus integrantes, pueden participar activamente en los procesos electorales, y nada pasa, el problema estriba en que la estructura del gobierno en México está concebida para contribuir al sostenimiento del partido en el gobierno; si bien ya ha desaparecido en buena parte el corporativismo -aunque existe, y de manera extremadamente lesiva y dolorosa para el país en el magisterio- lo cierto es que el Estado mexicano tiene una estructura patrimonialista. Ante ello, los múltiples candados al ejercicio del presupuesto público, a favor de los candidatos del partido gobernante, y las prohibiciones a los gobernantes para reelegirse de manera inmediata, así como la de prohibir el uso de recursos públicos en apoyo a algún candidato o partido, forman parte esencial del enorme entramado legal elaborado para preservar las contiendas electorales.

Sirva un dato para echar abajo las “nostalgias” seudo democráticas de Felipe Calderón: En Suecia, la ley de transparencia fue aprobada a fines del siglo XVIII -cerca del 1800- y en México, a principios del siglo ¡XXI

Y ese es, solo, uno de los parámetros para medir el grado de avance democrático de una sociedad; por desgracia estamos a años luz de tales alcances y por ello la sociedad mexicana, y sus partidos, han construido un complejo entramado legal para impedir, a como dé lugar, el uso patrimonialista de los recursos públicos, la intromisión de los gobernantes en los procesos electorales, la reelección y las complejas reglas electorales.

Muchos creyeron que tales objetivos podrían construirse de mejor manera a la llegada del PAN al gobierno y que este pondría fin a la cultura patrimonialista, que se comportaría como la fuerza del campo democrático que se reclamó ser a lo largo de su existencia como partido de oposición.

Eso podría esperarse de un hombre como Felipe Calderón, siendo, como lo fue, un hombre formado en la oposición. No lo fue, en cambio, adoptó varios de los peores rasgos políticos de sus antecesores, y del partido que lo fue todo a lo largo de más de medio siglo y ahí lo tenemos, subido a un pódium intentando ser parte del debate de la campaña presidencial, sin darse cuenta que otros son los protagonistas del debate.

No se ha dado cuenta y pretende convertirse en factor fundamental de la campaña presidencial y no escucha los múltiples reclamos de su candidata, que a cada rato le comunica a los mexicanos que está enfrentada a su compañero de partido, del cual fue cercanísima colaboradora y la coordinadora de la campaña del 2006.

Hoy están en las esquinas del ring y su partido, el gobernante, totalmente fracturado. Pero Felipe no se da cuenta, solo escucha los aplausos de los suyos…

Igual que los otros, los que estuvieron ahí antes…

martes, 27 de marzo de 2012

Regresos

El Diario, 27 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
Como si se les convocase, al mismo tiempo que se recrudecen los asesinatos de mujeres, se empiezan a repetir algunas de las conductas y hechos de cuando las muertas de Juárez era uno de los temas más candentes del Chihuahua de hace poco más de una década.

De manera sorpresiva, el gobernador chihuahuense, César Duarte, agregó a sus innumerables giras de trabajo, una más, ésta a la capital norteamericana para efectuar distintas reuniones de trabajo con variados funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que realizó algunos pronunciamientos, merecedores de la crítica de algunas organizaciones derechohumanistas, una de las cuales, al parecer, fue la que desató los más desusados comentarios del gobernante, en lo que va de la actual gestión, en contra de algunas organizaciones sociales, las que lo han acusado de no “atender el problema del feminicidio” y a cuales las tildó de ser organizaciones y personas que “lucran con atacar al gobierno de Chihuahua”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario/Corresponsal, 24/03/12).

Tal señalamiento lo repitió: “Es claro y lo dije con todas sus letras en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: hay organizaciones que lucran de esa condición, viven de eso” y las invitó a “tomar una postura de construir para resolver los problemas, no para vivir de ellos”.

Y es que las organizaciones derechohumanistas (el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el Grupo de Articulación Justicia en Juárez [conformado por 14 organizaciones], el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos) advirtieron que nuestra entidad ocupa el primer lugar ¡mundial en la tasa de asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes de este género, al señalar que en Chihuahua ocurren un promedio de 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres.

Duarte las criticó por no haber ido a la CIDH a sustentar esas cifras y, como en los últimos cuatro lustros hicieron sus antecesores, afirmó que se trata de una campaña de “desprestigio por parte de organizaciones civiles que lucran con los problemas en la entidad”.

Lo anterior luego de que según un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, conformada por más de 70 organizaciones civiles, indicara que Chihuahua ocupa el primer lugar en feminicidios en el mundo y, al contrario de lo afirmado por el gobernador chihuahuense, deploró que el organismo multinacional no hubiese abierto sus puertas para “controvertir” la información proporcionada por César Duarte, en particular, el señalamiento de que en la entidad se hubiese erradicado la tortura, cosa que de abrir los periódicos impresos, casi en cualquier día, se puede apreciar que frecuentemente algunos de los detenidos conservan señales de los procesos de interrogación a que han sido sometidos y en no pocos casos –sobre todo los detenidos por las fuerzas federales– han sido liberados por los jueces debido a que en una buena parte de ellos no se cuenta, en su contra, más que la declaración obtenida en esos interrogatorios, y en muchísimos casos, en recintos distintos a los oficiales.

Pero si hubiese un punto controvertido en los señalamientos de las organizaciones ese no es el de la tasa de asesinatos de mujeres, basta con dividir el número presentado el año anterior, o el de 2010 –595– entre el número de cientos de miles de mujeres en el estado de Chihuahua (alrededor de 18) para obtener una cifra muy parecida a la presentada por las organizaciones, según éstas “15 veces más alta que la tasa de homicidios de mujeres a nivel mundial, que es de 2.6 asesinatos por cada 100,000 mujeres”.

Pero más allá de las cifras y de las frases lanzadas por las organizaciones y las del gobernante contra aquéllas, hay un hecho incontrovertible, tenemos una cifra sin precedentes de asesinatos de mujeres.

Contra ello deberán buscarse la mayor parte de los acuerdos posibles entre los principales protagonistas, si regresamos a los esquemas del pasado, en los que la autoridad señalaba a las organizaciones y éstas –las más críticas y las más capacitadas para efectuar sus tareas de señalamiento y de auxilio a las víctimas y familiares de las víctimas– se enfrascan en la defensa de sus informes y en la crítica acerba a los gobernantes, mal nos irá.

Como mal les va a las víctimas del feminicidio en Chihuahua.

domingo, 25 de marzo de 2012

Vísceras

El Diario, 25 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
A la espera de que la visita de Benedicto XVI rinda frutos más visibles acerca de los propósitos, más allá de los estrictamente pastorales, y de los cuales el nuncio apostólico Christophe Pierre habría adelantado algunas vertientes dos semanas atrás en declaraciones ofrecidas a la revista Proceso, las hiperreacciones al interior del PAN chihuahuense se llevaron las palmas.

La designación de Javier Corral polarizó, como hacía mucho tiempo no se daba, los ánimos al interior del PAN, y mostró el enorme grado de disolución interna, lo enfrentado de sus principales liderazgos y el grave deterioro de su cohesión interna.

Llegan en muy mala situación a la campaña electoral; podrán, después de estos días, hablar de la unidad interna. No la podrán reconstruir a lo largo de la campaña. Las consecuencias las empiezan a sufrir. Según “Los reporteros”, (El Diario, 24/III/12) la candidata Josefina Vázquez Mota ha resuelto posponer su visita a Chihuahua, en lugar de iniciar campaña aquí, como lo había anunciado semanas atrás.

Pero esa es sólo una de las consecuencias, los tres principales actores del PAN de hoy en Chihuahua se han dedicado unos a otros epítetos imposibles de olvidar, y sus seguidores los amplifican en las redes sociales y en las pláticas privadas. No hay manera de concebirlos juntos pidiendo el voto para su partido y todos los candidatos.

El daño está hecho y los efectos seguramente llegarán hasta el siguiente proceso electoral… que se inicia casi terminando el actual. El panismo chihuahuense está sumido en una profunda crisis, y todo por la disputa por los espacios políticos, en este caso por la senaduría, que tienen casi asegurada merced a colocarse como la segunda fuerza política de la entidad, sin que tengan, por el momento, alguien que les haga sombra.

No se puede asegurar tal permanencia en el futuro inmediato.

Inicialmente muchos pensamos que Javier Corral tendría las menores posibilidades para ser el candidato designado, sin embargo, pasamos por alto varios hechos. Además de que contó con el respaldo de Luis H. Alvarez y Teresa Ortuño (quien hacía rato se había alejado de Carlos Borruel) seguramente contó el mismo factor que lo llevó a la presidencia de la muy importante Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, a la que no se llega sin la aprobación del presidente de la república y, por otro lado, el indudable apoyo brindado por Corral a Josefina Vázquez Mota cuando ésta era la coordinadora de los diputados federales; cada que se requería defender en la tribuna, ya fuera a Felipe Calderón, o al gobierno de éste, Corral aparecía con mucha frecuencia, tanta, que la diputación del PRI lo atacó virulentamente en repetidas ocasiones.

De ahí que no sea descabellado que tales factores contaron a la hora de su designación. Y ahí ardió Troya.

La reacción de sus adversarios fue de película.

Ambos, Carlos Borruel y Cruz Pérez Cuéllar le apuestan a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revoque la decisión del Comité de Elecciones (CE) y declare válida la elección, porque la designación es una decisión claramente apegada a la norma estatutaria y esa no tienen muchas posibilidades de abrogarla.

Sin embargo, se antoja difícil de que suceda tal eventualidad, son extraordinariamente contundentes las pruebas de las irregularidades.

Sin embargo, la resolución sí deja algunos huecos que pudieran ser utilizados en sus alegatos por Borruel y Pérez Cuéllar, como bien lo señala alguno de ellos, pues ésta dice que, “si bien no fue posible determinar cuántos centros de votación fueron afectados, existe la presunción de que la totalidad fueron afectados y que en todos se recibieron votos inducidos para apoyar a un precandidato y se realizaron prácticas que son consideradas ilegales por el partido, como el acarreo y coacción del voto... por lo cual esta Sala considera que se ejerció presión sobre los votantes lo cual, por el número de casos documentados perfectamente, causan determinancia para el resultado de la elección...”.

Pero lo asombroso fue la reacción de los protagonistas y militantes. Hasta compañeros columnistas normalmente bien orientados –por supuesto, a ojos del escribiente– como nuestro amigo Javier Cuéllar, escribieron cosas como estas: “Una cosa es verdad, Javier Corral Jurado ha omitido realizar trabajo de campo en la mayoría de las campañas al interior del Partido Acción Nacional y esa inactividad le ha acarreado un desconocimiento, una falta de cercanía para con los miembros de su partido lo cual no es muy recomendable para cualquier político que presuma anda en campaña, por el contrario Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel se han volcado siempre sobre el electorado con visitas personales y contacto semimasivo directo”. (El Diario, “Una dictadura electoral”, 23/III/12).

Pero si se confrontan estas frases con el resultado de las elecciones, nos encontraremos que alrededor de 12 mil chihuahuenses votaron por Javier Corral, y de ellos, argumenta éste, la mayoría son los miembros del PAN pues, dice, obtuvo el 42% de los votos emitidos en las sedes de los comités municipales, lugares en los que sólo podían votar los miembros del partido.

Pero tres años atrás ocurrió cosa semejante. En 2009, Corral obtuvo el segundo lugar de la votación para ocupar la posición de privilegio en las listas plurinominales y al demostrar la comisión de ilegalidades electorales en varios lugares, especialmente en Batopilas, anularon esa casilla y con ello llegó al primer lugar de la votación emitida por los miembros del PAN.

Ahora bien, si convenimos que el Comité Nacional de Elecciones del PAN tiene la razón al anular las elecciones de Chihuahua, querrá decir que una buena cantidad de los votos obtenidos por Borruel y Pérez no son lícitos, y ese es el meollo del problemón por el que pasa el blanquiazul.

Y ahí es en donde les falta la mesura, en lugar de reaccionar para hacer el recuento de daños y evitar que se les declare una catástrofe, la mayoría de sus principales integrantes se han lanzado todo contra todos.

Quien fue el primero en sorprender fue el dirigente estatal, Mario Vázquez Robles, quien, casi de inmediato al conocerse la designación de Corral puso los focos en rojo, “no abona a la unidad”, dijo de ella, quizá en el afán de describirla –esperemos que de buena fe– pero cuya emisión sembró de justificadas especulaciones que se trataba de una descalificación a quien ya era, por virtud de la decisión del órgano dirigente nacional, su candidato.

Pero si la declaración del dirigente estatal podía dar lugar a especulaciones que en realidad estaba apoyando a Pérez Cuéllar, las del dirigente parlamentario local, Héctor Ortiz, no dejaron dudas.

Ortiz, hombre muy cercano a Pérez Cuéllar, declaró, ante la decisión del Comité Nacional que “yo insisto en la posición de Madero, para que lo recuerden como gran presidente del PAN, debe de pensar en retirarse lo más pronto posible de la dirigencia nacional”.

A su vez, Borruel dijo que su alegato ante el TEPJF demostrará “la demagogia, la falta de ética, de moral y de lealtad de Javier Corral”. Y lo acusó de “falta de hombría de Javier” pues, dice, firmaron juntos un comunicado denunciando las irregularidades de Cruz y luego pidió la anulación de todo el proceso y lo acusó a él, también, de la comisión de irregularidades.

No fueron las únicas expresiones tronantes de Borruel. Dijo que “no por acusaciones de un merolico, demagogo, desesperado por ambiciones del poder como Javier Corral, voy a permitir que se manche mi trayectoria”.

Lo dicho, se les extravió la mesura.

jueves, 22 de marzo de 2012

Corral, designado

El Diario, 22 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
La designación de Javier Corral como candidato propietario de la primera fórmula del Partido Acción Nacional, en busca de las senadurías por Chihuahua, puede no ser el último acto del proceso interno de este partido en Chihuahua. Sin embargo, se antoja definitiva la decisión del Comité de Elecciones del blanquiazul y, por tanto, también la del Comité Nacional al nombrar a Corral y a Lucila Murguía como la ocupante de la segunda plaza de las candidaturas a la Cámara alta.

Pero tal nombramiento constituye, sin duda, una sorpresa, pues de todos es sabido que el ahora cuasi candidato no gozaba de la simpatía de la mayoría de los integrantes del máximo órgano de dirección partidaria.

Algo debe haber pasado –sin descartar la opinión de Felipe Calderón– para que la dirigencia panista haya decidido pasar por alto la molestia del duopolio televisivo hacia Javier Corral y haya permitido, en la práctica, llevar a Javier Corral a la Cámara de Senadores, pues si el comportamiento electoral de los votantes chihuahuenses fuera semejante al de las dos últimas elecciones, tanto las locales como las federales, seguramente que los del tricolor podrían salir adelante con sus dos fórmulas y dejar el segundo lugar de la votación al partido gobernante en el país, con lo cual, en automático, entraría al senado quien impugnó el proceso electoral del PAN en Chihuahua.

Tal escenario es el más probable, a menos que la candidatura de la izquierda –presumiblemente Víctor Quintana, pues uno de los dirigentes estatales del PRD, Librado Tarango, declaró recientemente que aún no estaban resueltas las cosas en la alianza de la izquierda– tome tal fuerza que repitiera el porcentaje de seis años atrás en nuestra entidad –18.9%– y la caída del PAN fuera tan grave que cayera al orden del 20% y así viéramos una intensa disputa por el segundo lugar de las votaciones en Chihuahua.

Tal especulación pudiera estar lejos de la realidad, en cuanto a la izquierda, pero en cuanto a la situación concreta del panismo chihuahuense, sí que se está describiendo un panorama muy cercano a la verdad. El PAN de Chihuahua puede caer a niveles de votación no conocidos en el presente siglo, y no sólo por lo accidentado de sus procesos internos –en Chihuahua y en el país– sino porque se le puede acumular otro factor, no suficientemente valorado al momento de evaluar los principales factores que han incidido en la baja electoral del PAN, el de la violencia y la incapacidad del gobierno federal para hacer que disminuya a niveles claramente perceptibles a la mayoría de la población.

Cosa semejante sucedió tres años atrás y el PAN fue derrotado en casi todo el estado, sólo superó por un poco más de 300 votos al PRI en el distrito 03 de Juárez, y en la capital perdió el que había considerado casi como una posición “plurinominal”, el 06.

Por eso deberán recibirse con escepticismo las primeras declaraciones de Javier Corral, cuando se refiere a que la decisión del Comité de Elecciones del PAN “constituye un acto de justicia y reivindica los principios y valores de la histórica lucha de Acción Nacional por procesos democráticos y elecciones libres”, porque si llegaron a la conclusión de que la elección estuvo plagada de irregularidades, lo lógico es que existan responsables de tal batidero y mientras no se apliquen los correctivos correspondientes, la actual dinámica continuará.

Las afirmaciones de Corral son extremadamente fuertes. Afirmó que la anulación debe advertirle, a quien pretenda fincar su triunfo en alguna elección interna “en el acarreo o en la compra del voto, que no va tener éxito”, y que, además, evitó que la decisión de los panistas fuera “distorsionada por una intromisión indebida de fuerzas del PRI.”

Tal fuerza en el lenguaje para referirse a sus adversarios en la contienda interna es la misma usada por Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel, quienes poca esperanza deberán tener al presentar sus alegatos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues el cúmulo de irregularidades denunciadas por los tres harán imposible que esta instancia revoque el acuerdo del órgano interno.

Pero entre las acusaciones presentadas, ayer apareció una nueva, la realizada por el ex alcalde chihuahuense, Carlos Borruel, quien acusó a Corral de hacer campaña con recursos del Congreso de la Unión, “al nunca pedir licencia a su cargo de diputado, así como su infructuoso papel como legislador sin ningún beneficio para sus paisanos”.

¡Híjole, y eso que son compañeros!

martes, 20 de marzo de 2012

Empeora la crisis del PAN

El Diario, 20 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
Ya se advertían serias resquebrajaduras a lo largo de los últimos años y algunas de ellas verdaderamente emblemáticas: las críticas despiadadas del ex presidente nacional, Manuel Espino, las de Manuel Clouthier, las quejas de Santiago Creel, las molestias generadas por la designación de los últimos dirigentes nacionales, la de los candidatos a diputados federales de mitad de sexenio y luego, en los procesos electorales internos de las entidades afloraron más conflictos.

Muchos creímos que el episodio del desangelado acto de toma de protesta de la candidata Josefina Vázquez Mota era solamente un problema de incoordinación o falta de planeación del indudablemente inexperto equipo de la candidata. Nada de eso, fue el reflejo de la gravísima crisis existente en el PAN.

Previamente, ya se habían dado infinidad de manifestaciones de que cundía el desánimo y el enojo al interior del partido gobernante, expresiones que fueron más allá en entidades como Nuevo León, en la que numerosos panistas de viejo y nuevo cuño, que llegaron a tener innumerables posiciones de poder en ese estado, no sólo protestaron contra la forma de dirigir al blanquiazul, sino que decidieron abandonarlo.

Pero resulta que las acusaciones efectuadas por Javier Corral a sus adversarios internos, en la disputa por las candidaturas al senado, que parecían excesivas al calor de lo que representaba el PAN en materia de rectitud en los procesos electorales internos (aunque no necesariamente y no siempre) y que parecían la repetición de las triquiñuelas realizadas por el PRI a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, se repitieron hasta la saciedad en por lo menos otras catorce entidades.

El colmo fue el domingo en las elecciones celebradas en la capital de la república.

Quien mejor ilustró lo sucedido en las elecciones internas del PAN en la ciudad de México fue Lía Limón, actual diputada local y aspirante a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, quien declaró, al momento de anunciar su renuncia al PAN, que se iba “porque no tengo ninguna intención de negociar con una pandilla de cuatreros”, referencia directa al actual delegado de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, así “como a dirigentes del partido a nivel nacional”.

Las acusaciones son muy parecidas a las presentadas en todos los lugares en los que existen impugnaciones a los procesos internos. Las irregularidades iban, dijo, desde el “rasuramiento” del padrón hasta el acarreo de votantes.

La renuncia de Limón es altamente significativa, se trata de una de las mejores amigas de Margarita Zavala, y es la ex esposa de Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE en el proceso electoral del 2006. A su vez, la esposa de Felipe Calderón fue testigo de un episodio de las irregularidades presentadas en las elecciones internas del PAN en el DF, pues debió “llamarles la atención” a dos mujeres que “junto a la urna, intercambiaban información sobre los nombres que debían tachar. ‘El voto es secreto, y aquí no sé que estoy viendo’, comentó”. (Nota del Staff, Reforma, 19/03/12).

Y es que el espectáculo era para no creerse. En la explanada de la Delegación Cuajimalpa se empezaron a concentrar cerca de 3 mil personas ¡Desde las 6 de la mañana, para votar Pero había un pequeño problema, ¡Las casillas se abrirían a partir de las 10 de la mañana

Los reporteros, ante tanto fervor partidario, cuestionaron a distintas personas integrantes de tan tempranera decisión electiva. Ninguno de los entrevistados pudo dar respuestas consistentes acerca de su militancia en el PAN.

Días atrás se había armado la peor debacle electoral interna del PAN pues se impugnaron candidaturas en al menos 14 estados y la acusación era generalizada hacia el presidente del Comité Nacional, Gustavo Madero, quien debió soportar de incontables críticas y señalamientos, entre los que destacaron, apoyar a aspirantes señalados por alterar padrón, comprar votos o ligados a casinos, sobre todo en Monterrey a raíz de la postulación ¡En el primer lugar de la lista plurinominal, al alcalde Fernando Larrazábal y a uno de los más cercanos a este, Raúl Gracia, de quienes dijo, al momento de renunciar al PAN, el ex alcalde de de San Pedro y Santa Catarina, Alejandro Páez, que “se premiaban sus acciones corruptas”.

Y los anteriores son solamente algunos ejemplos de lo que ahora pasa al interior del partido gobernante, no parecen los mejores términos para quienes sueñan con la continuidad en la Presidencia de la República.

domingo, 18 de marzo de 2012

Fraude a la ley

El Diario, 18 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
Conforme avanza el proceso electoral, las fuerzas políticas en pugna van mostrando el poco respeto que les merece el marco legal establecido ¡Por ellas mismas y vamos descubriendo las innumerables fallas de la reforma electoral del 2007-2008, generadas por el indudable espíritu medroso de quienes las operaron, que no se atrevieron a dar origen a un moderno sistema electoral, en particular el referente a la propaganda política transmitida en medios electrónicos.

No es una exageración asentar que todas las fuerzas políticas intentan hacer un fraude a la ley electoral en casi cada uno de sus actos y procedimientos.

En lugar de crear un modelo de publicidad en medios electrónicos que privilegiara la exposición de los programas políticos, a través de paneles, de debates, de foros de discusión, etc., por encima de la transmisión de spots; presos de esa cultura de la publicidad mercantil, que opera bajo otros esquemas, los legisladores de esos años decidieron que los tiempos del Estado mexicano en la radio y la televisión fueran usados en el esquema de spots (anuncios de 20 o 30 segundos, repetidos incansablemente hasta la saciedad), en lugar de los esquemas apuntados líneas arriba, sólo por el elevado temor a los propietarios de las grandes cadenas de radio y televisión (o porque forman parte del mismo grupo económico), en grave detrimento de la construcción de la cultura democrática que tanto necesitamos.

Pero ese es solo uno de los múltiples aspectos en los cuales las fuerzas políticas intentan, a como dé lugar, violentar la norma legal electoral. Uno de los más resentidos por la clase política es el referente a la prohibición de difundir la imagen personal de los gobernantes y la masiva difusión –con las fotos, espectaculares, pendones, spots radiofónicos y videos correspondientes– de ellos en la construcción y ejecución de obras, salvo un breve período, antes y después de la rendición de los respectivos informes, que les permiten aparecer profusamente.

Sin embargo, desde meses atrás, la administración federal encontró la manera de eludir tales disposiciones. Ha difundido decenas, quizá miles, de anuncios radiofónicos y televisivos con la leyenda de “… el gobierno del presidente de la república…” hizo esto y aquello, omitiendo solamente el nombre de Felipe Calderón, que se lo dejan a la imaginación, que no es difícil llegar a la conclusión que la mente hace el resto en cuanto escuchamos o vemos tales anuncios.

Hasta ahora nadie había protestado en Chihuahua acerca de tales pretensiones elusoras, verdaderos monumentos a la violación al marco legal vigente. Y si se está en desacuerdo que se viola, habría que acudir a la exposición de motivos de las reformas en materia electoral y de la legislación acerca de la radio y la televisión del año 2008, en los que se pretendía quitarle al titular del poder ejecutivo tales atributos mediante los cuales era una salvaje promoción de la persona del Presidente de la República.

Pero hete aquí que se les ocurrió a los hacedores de la propaganda de la presidencia de la república apropiarse del proyecto hidráulico de Conejos-Médanos, y difundir que tal obra fue construida por el gobierno federal, cuando en realidad su participación fue del orden de los 120 millones de pesos, como lo informó Manuel Herrera, director técnico de la JMAS, a El Diario “a través del programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZO) para empatar la inversión del Estado, que fue de esa misma cantidad”. (Nota de Rocío Gallegos, El Diario, 23/02/12).

“Si hubo aportación mínima del Gobierno Federal, fue a fondo perdido, pero no es para que adjudiquen la obra completa, como lo empezó a realizar en su publicidad institucional, señaló ayer Nora Yu, al referirse al proyecto que se edificó en terrenos ubicados detrás de la Sierra de Juárez, cerca de la carretera que lleva al cruce Internacional Jerónimo-Santa Teresa”, establece la misma nota.

Y fue el gobernante chihuahuense, César Duarte, el que denunció públicamente tal apropiación, a unos días de que se termine la “veda” electoral para partidos y candidatos y de que inicie la correspondiente a los gobiernos. Pero es que tal apropiación es verdaderamente grosera pues los anuncios son harto elocuentes: “… el Gobierno del Presidente de la República hizo posible la creación del proyecto Conejos Médanos para abastecer de agua a Ciudad Juárez”, y finaliza: “con más infraestructura sembramos la semilla de un México Próspero”.

En su tiempo, tal obra concitó un alud de críticas, debido a lo costoso que le saldría, a la larga, al municipio y al estado, pues si bien el multimillonario Carlos Slim la financió, lo cierto es que obtendría pingües ganancias al venderle a Juárez el agua extraída durante un lapso de 10 años a partir del 2010; y porque se pensó que tal obra obedecía más a la pretensión de dotar de agua a la “Ciudad Vallina”, mediante el uso de las reservas acuíferas de Juárez, que eso es el complejo Conejos Médanos.

En tal objeción tiene razón la administración estatal, sin embargo, al igual que la federal, en la transmisión de los anuncios de las obras realizadas por ella, y como no pasaba nada, imitó la fórmula del gobierno federal y ahora, también con profusión, se transmiten decenas de anuncios en los que se dice que “el gobierno del gobernador del estado” llevó al cabo tal y cual acción. No sólo en radio y TV, también en la propaganda impresa aparece la misma leyenda y seguramente tal conducta cundirá, no sólo en nuestra entidad y será uno de los aspectos que, si existiera voluntad política de enmendar tales deficiencias de la ley, deberían cambiarse una vez terminado el actual proceso electoral.

El problema de fondo es que no se atrevieron a quitar de tajo, ni la publicidad política en las campañas electorales, ni la promoción personal de los gobernantes en los medios electrónicos, porque la clase política mexicana no ha decidido –y seguramente los poderes fácticos sobre todo– cambiar de raíz el actual modelo político, incluido, por supuesto, el modo de hacer política en un país en el que índices promedio de asimilación de mensajes radiofónicos y televisivos son verdaderamente bajos, y saben que la mayoría de los ciudadanos son poco propensos a la lectura y extremadamente lábiles a los anuncios repetitivos –y repetidos– en esos medios, debido a multitud de factores, pero fundamentalmente a la escasa cultura democrática de los mexicanos, como lo ha afirmado repetidamente uno de las hacedores del estudio de la Uacj sobre el abstencionismo en los procesos electorales, Carlos Murillo.

Y es que el cambio necesario en el modo de hacer política es extremo para los actuales partidos políticos existentes en el país, pues salvo el PRI (y ahora, de alguna manera la agrupación dirigida por López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional [Morena], y en menor grado, el PAN, a pesar de ser gobierno), ninguna fuerza cuenta con una sólida estructura territorial que les permita arrostrar con éxito una campaña electoral sin el apoyo de la propaganda en radio y televisión, que es como se concibe la lucha electoral en los países en los que se prohíbe la propaganda política en esos medios (en forma de spots), para dar paso a la actividad de los miembros de los partidos, que deberán acudir personalmente a los domicilios de los electores, y a través de la propaganda impresa, difundir la propuesta y los candidatos, lo que redundaría en la conformación de mejores partidos y sería una verdadera promoción de la cultura democrática.

¡Ah, pero eso sólo se hace en los países desarrollados

¿Pos que no dijo Salinas que ya habíamos llegado a esos niveles?

jueves, 15 de marzo de 2012

Censores

El Diario, 15 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
Recientes triunfadores en Estados Unidos, el grupo musical fue invitado a presentarse en el programa televisivo de mayor audiencia en ese momento. Les pidieron que omitieran una palabra (en español equivale a dos) –más alto–, sin embargo, al momento de presentarse en vivo, el cantante no la omitió. No pasó nada, el grupo siguió en la cima de las ventas y se convirtió al paso de los años en uno de los emblemáticos de la música moderna.

Efectivamente, The Doors fueron amenazados de ser censurados y vetados en Nueva York porque en el programa de Ed Sullivan no omitieron el “más alto”, en el tema éxito del momento “Light my fire”, frase que se podía interpretar como una incitación al consumo de drogas pues así se podría volar... más alto.

Todos tuvimos la culpa porque no fuimos capaces de entender que la reglamentación aprobada en el cabildo de la capital chihuahuense, consistente en que se prohibiría la presentación de grupos musicales que interpretaran “narcocorridos”, o melodías en las que se hiciera apología del delito en las actuaciones de los artistas en algún espectáculo de la ciudad de Chihuahua, era un atentado a la libertad de expresión. Hoy es un verdadero escándalo, hasta internacional.

La autoridad municipal de Chihuahua decidió sancionar a los promotores de la presentación de Los Tigres del Norte, y a éstos, vetarlos hasta por dos años, sólo porque al más famoso grupo musical mexicano se le ocurrió cantar dos de sus canciones más emblemáticas –El jefe de jefes y La reina del sur–, ciertamente con el tema del narcotráfico, pero en las cuales difícilmente se podría concluir que son una apología de quienes se dedican a tal actividad, y si mucho nos apuran, son un verdadero monumento de crítica a la corrupción gubernamental.

Pero aceptar que no “llenan” el perfil diseñado por el cabildo chihuahuense, es admitir que ya se ejerce con autoridad, en la capital chihuahuense, un órgano encargado de censurar, con facultades para decidir qué deben oír y cantar los chihuahuenses sólo porque a algunas autoridades se les ocurrió que esa es, también, una manera de enfrentar la ola de violencia y el culto por las actividades delictivas.

Es una manera poco sensata de abordar los fenómenos culturales de nuestro pueblo. Los corridos –y los de ahora, la mayor parte de ellos, los que no son ordenados por algunos jefes de las bandas criminales– tienen un origen popular... en la edad media, y su estructura musical tiene una cadencia que tiene sus antecedentes, también, más allá de tal época. Está inserta en los patrones genéticos de los mexicanos.

Más aún, los corridos son la forma de expresión popular más acendrada, de ahí el enorme éxito entre la población, que no necesariamente tiene como patrones de éxito a quienes se dedican al narcotráfico pues son cientos de millones de personas, no solamente en México, que son –somos– verdaderos fans de este grupo musical, y no por ello se les deberá etiquetar, ya no como narcotraficantes sino como impulsores de tales actividades, o apologistas de los delincuentes. ¡Hágame favor

Y si hubiese dudas acerca del contenido de tales corridos, según esto apologéticos, ahí le van algunos pasajes.

Del Jefe de Jefes:“A mí me gustan los corridos/porque son los hechos reales de nuestro pueblo.../porque en ellos se canta la pura verdad.../Soy el jefe de jefes señores/me respetan a todos niveles/y mi nombre y mi fotografia/nunca van a mirar en papeles.../Mi trabajo y valor me ha costado/manejar los contactos que tengo.../muchos creen que me busca el gobierno/otros dicen que es pura mentira...Soy el jefe de jefes señores/y decirlo no es por presunción/muchos grandes me piden favores...”

El colmo de tales tendencias censoras es con el corrido de La Reina del sur. Si existiese congruencia, pues que bloqueen la señal de Televisa por transmitir la telenovela del mismo nombre, quemen en leña verde a los actores y productores de la película y notifíquenle a Arturo Pérez Reverte que su extraordinario éxito literario está vetado en Chihuahua porque aquí sí estamos combatiendo al narcotráfico.

Después de relatar las peripecias de la mujer, la canción termina así: “... un día desapareció/Teresa la mexicana/dicen que está en la prisión/otros que vive en Italia/en California o Miami/de la Unión Americana...”

Es decir, tanto recorrer, tanto matar, tanto traficar para terminar en la cárcel o desaparecida, como que no es, precisamente, una apología. Otra cosa sería si, por ejemplo, hubiesen cantado un corrido elogiando la fuga de Crispín Borunda, y aún así ¿quién podría erigirse en legítimo censor de los corridos, si en ellos también va la crítica, y acerba, al gobierno?

martes, 13 de marzo de 2012

Inescrupulosos

El Diario, 13 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
Metido de lleno al proceso electoral, el encargado de la administración federal no atina a razonar que su papel es determinante para el rumbo de la nación, pero que esa actuación debe ceñirse al marco legal establecido, es decir, que debiera actuar como el Jefe de Estado, que lo es por un mandato del máximo órgano electoral –el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –, para ponerse a distancia de la lucha electoral y dejar de lado la tentación de pretender ungirse en el hacedor del resultado del proceso del presente año.

De lo contrario, si no actúa de esa manera, puede convertirse en factor fundamental para el despeñadero del país.

Por desgracia, no parece ir en esa orientación y cada vez su conducta se asemeja a la adoptada seis años atrás por su compañero de partido, Vicente Fox, quien, a juicio del TEPJF, puso en riesgo las elecciones presidenciales del 2006.

La campaña de Felipe Calderón, para no aceptar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acerca del caso de la francesa Florence Cassez y la emprendida a partir de la entrega de los recursos derivados del fondo de ahorro de los braceros, es uno de los asuntos más deplorables de la actual administración.

Ambos asuntos denotan el extremo interés de hacer creer a la sociedad mexicana que la actual administración se “preocupa” por asuntos torales, pero en ambos, la conducta política es extremadamente criticable.

En el afán de defender a Genaro García Luna, responsable del show mediático montado para hacerle creer a los mexicanos que las fuerzas federales detenían a un grupo criminal, especializado en secuestros y en el cual participaba –según esta versión– la francesa, ha recurrido a todas las estratagemas a fin evitar que la SCJN falle por la anulación del proceso judicial, libere a la europea y, con ello, ponga en ridículo a uno de sus funcionarios mas cercanos.

No sólo eso, de planteárselo la defensa de Cassez, podría llevar ante la justicia penal francesa a García Luna. Por pequeñas cosas, nomás por montar una acusación en contra de Cassez, por negarle el derecho al debido proceso, al no notificarle a la embajada de Francia, o una oficina consular, la detención de quien acapara la atención gubernamental y por no entregarla de inmediato, como dice la ley, al ministerio público.

Y lo hace de tal modo que, por pura coincidencia, el gobierno federal lanzó una campaña publicitaria en la que el protagonista central es el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el amigo de Felipe Calderón, en la cual los spots de radio y televisión lo muestran enviando un mensaje de compromiso con la legalidad y la seguridad pública.

En tanto, los funcionarios federales, al más alto nivel, presionan a los ministros de la SCJN para que resuelvan en el sentido deseado por Calderón. ¡Cuánta falta de escrúpulos

No de otra manera actúa en el caso de los fondos de los braceros, cuya entrega fue anunciada por Calderón, pero cuya gestión debió durar sexenios enteros, incluidos los dos de los presidentes emergidos del PAN.

Del mismo modo, los spots televisivos y radiofónicos faltan a la verdad al enfatizar que el “gobierno del presidente de la república” entrega tales fondos, en una chicanada que debiera darle vergüenza al intentar evitar la norma legal vigente que prohibe hacer promoción personal de los actos de gobierno.

¡Ah, pero todo eso se evita si no decimos el nombre del gobernante

Y luego dicen que no hay intromisión del gobierno federal en la campaña electoral.

domingo, 11 de marzo de 2012

Áreas de opacidad

El Diario, 11 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
Lo ocurrido días atrás a El Diario de Juárez es extremadamente preocupante por varias razones, todas ellas derivadas de la política editorial desarrollada por el periódico líder de la entidad durante la oleada criminal, presente en la principal de las urbes chihuahuenses en los últimos cuatro años.

A finales de febrero, El Diario dio a conocer que había sido excluido de la publicidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal debido, según fuentes citadas por el mismo periódico, a la línea editorial desarrollada alrededor de la información de las actividades de los elementos de esta corporación en el antiguo Paso del Norte. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario 29/02/12).

“La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) excluyó a El Diario de Juárez de contratar su publicidad oficial, en represalia por su línea editorial que calificó como ‘dura’ y porque considera que ‘golpea mucho’ a la Policía Federal, según expresaron funcionarios de la dependencia a directivos de este medio. Comunicación Social de la SSP contrató los días 20, 22, 24 y 27 de febrero una plana completa cada día sólo en el periódico local Norte de Ciudad Juárez para difundir logros de la Policía Federal en esta frontera, pero prescindió de los espacios de El Diario bajo los argumentos mencionados”.

El presente caso adquiere mayor envergadura debido a que, según lo consigna la reportera, ya había ocurrido una situación semejante en abril de 2011 y en aquel entonces, directivos del periódico se habían entrevistado con el vocero de la Policía Federal, José Ramón Salinas, quien les expresó su opinión acerca de la “dureza” de la línea editorial de El Diario.

La preocupación se ubica en el manejo discrecional de los recursos públicos aplicados en comunicación, que hacen recordar otras épocas –por desgracia no tan lejanas, ni tan retiradas, ni ausentes– en las que los “premios” gubernamentales entregados a los medios de comunicación eran los que dictaban la línea editorial de los medios. Es decir, el manejo patrimonialista del presupuesto para decidir acerca de lo que se debía informar ú opinar en los medios de comunicación.

Pero, además, en el caso que nos ocupa tal criterio se aplica en medio de la peor racha criminal abatida sobre la entidad –y no solamente en Juárez– en la que el gremio periodístico ha debido arrostrar infinidad de riesgos, y no solamente del lado de la delincuencia.

Por problemas semejantes han pasado otras publicaciones, en particular la revista Proceso, quien “en abril de 2009 presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que se violaron los derechos fundamentales de la revista, entre ellos el de la libertad de expresión”. (Ibídem).

El presidente José López Portillo fue famoso por muchas cosas, y no sólo durante su mandato, también después de él. Una de ellas, recordada la semana anterior por la columna de Los Reporteros, fue la famosa frase de “no pago para que me peguen”, en referencia a que la revista Proceso ejercía un periodismo extraordinariamente crítico y el presidente quería que el pago de la publicidad insertada en el medio le sirviera para impedir que actuara de esa forma.

Por desgracia esa es la tónica de una buena parte de los gobernantes, piensan que el presupuesto de comunicación social no debe ejercerse bajo los mismos patrones –por lo menos los legales– que regulan el ejercicio de los demás rubros del presupuesto gubernamental, y actúan ejerciéndolo como si en él privara la más pura discrecionalidad.

En una época en la que los medios de comunicación impresos transitan por una verdadera crisis existencial (los más poderosos del mundo, en particular los norteamericanos) se encuentran al borde de la quiebra, y al mismo tiempo, por lo menos en México, los distintos niveles de gobierno emplean crecientes sumas para hacerse publicidad, especialmente a partir de la presencia de procesos electorales elevadamente competitivos, la tendencia entre los gobernantes es la de usar el dinero público para promocionarse, a sí mismo o a su partido, a través del ejercicio del presupuesto asignado a Comunicación Social.

Todos aceptamos que el gobierno use parte de sus recursos para promoverse, el problema estriba en que se gasta mucho en publicidad, pero no existe una real política de comunicación social pues esta área se ha empezado a usar como el pago de las facturas por tareas políticas realizadas, o simplemente para abrir el abanico de beneficiarios del erario, sin que exista un beneficio real para la sociedad y sin que se apliquen de racionalidad las directrices en el gasto público para asignar publicidad, tales como la penetración del medio, el estrato en el cual incide y el beneficio social derivado de utilizarlo como un instrumento para hacerle llegar a la sociedad parte de la información pública.

Al abordar este tema, la consejera del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Claudia Alonso, afirmó que “Sobre esta temática se han realizado solicitudes de información a los gobiernos municipales de Cd. Juárez, Chihuahua y Delicias, así como del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Comunicación Social, de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado, del Congreso del Estado, del Instituto Estatal Electoral y del Ichitaip”.

“Las autoridades de estas instituciones se resisten a dar respuesta u otorgar de manera suficiente y detallada, por considerar reservada la información relativa o vinculada a la publicidad y propaganda desglosada en cuanto la relación de contratos y gastos por tipo y concepto del gasto, así como el nombre de los proveedores, con importes mensuales y anualizados a cada uno y los documentos que soportan esos gastos”.

Y es que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, todos los contratos de servicios, o de adquisiciones, y en lo general de cualquier operación efectuada con recursos públicos, como es el caso de los contratos o convenios de publicidad, deberán hacerse del conocimiento público, precisamente para que la sociedad esté informada, no solo del monto y modo del gasto de los recursos públicos, sino, también, de los objetivos buscados en el gasto del dinero público.

El problema radica en la conceptualización acerca de la propaganda pública. Mientras el gobierno piensa solo en publicitarse a través de los medios de comunicación, la sociedad deberá estar informada del quehacer gubernamental, de tal modo que la publicidad oficial forme parte del derecho a la información y a la libertad de expresión, pues si el gobierno anuncia determinada obra o programa, está ofreciéndole a la sociedad parte de la información a la que está obligado a otorgarle.

Así que no se trata solamente de cuántos anuncios paga el gobierno (así, en abstracto, pues tales afirmaciones aplican para el total de las dependencias gubernamentales), sino de cuales fueron los objetivos –compatibles con el derecho de información y la rendición de cuentas– buscados con el gasto en determinados medios de comunicación, y que, además, sean tangibles y mensurables, es decir, que se puedan apreciar y medir, tanto los objetivos como los servicios prestados, porque no es novedad asentar que una buena parte del gasto ejercido en comunicación social no puede evaluarse debido a la existencia de ocultas negociaciones y acuerdos para, a sotto voce, desarrollar una política editorial grata a los ojos del gobernante, pero alejada de la realidad.

jueves, 8 de marzo de 2012

Espeluznante

El Diario, 8 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
La información estremece, de lo contundente que resulta, de lo que trasluce; porque nos deja ver la desmesura de la capacidad criminal y el arraigamiento de la corrupción en las filas de las agrupaciones encargadas de la procuración de justicia y porque devela las entrañas de una extensa y dañina red criminal, precisamente ahí en donde tal cosa debiese no existir: “Arsenal del Cereso se utilizaba para ejecuciones en las calles”, dice el titular de El Diario-Juárez en su portal de internet, ayer por la tarde.

Noticia de tal envergadura nos deja pasmados, del mismo modo que años atrás, cuando iniciaba la actual ola homicida, se informó que la directora del penal de Gómez Palacio, Durango, era quien daba las órdenes a los reos para ejecutar a personas afuera de tal cárcel.

No otra cosa –o parecida– puede esperarse de lo acontecido a partir del domingo por la noche en el penal de Juárez, cuando encontraron un verdadero arsenal en distintas áreas del Cereso estatal de Ciudad Juárez. Esta noticia, de por sí, causó una gran desazón, pero lo informado ayer por Jorge González Nicolás, titular de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito, de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte (que abarca los municipios Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero del Valle de Juárez y Juárez) quien dijo que al cotejar las armas decomisadas en el penal encontraron concordancia con los casquillos localizados en distintas escenas de algunas ejecuciones.

Además, concluyeron que las armas eran sacadas del penal, usadas para asesinar y regresadas al recinto penitenciario y ocultadas ahí mismo, todo ello en el transcurso de los últimos tres años, precisamente cuando arreció la oleada criminal en el país ¿Cómo se hacía tal cosa?

Es decir, que durante todo este tiempo estuvo montado un operativo al interior del penal –con las correspondientes complicidades– para asesinar a mansalva en las calles de Juárez, sin la posibilidad de que fueran detectadas las armas con las cuales se cometían los asesinatos, por lo que los motines, enfrentamientos y ejecuciones al interior de los penales eran sólo parte de la salvaje guerra desatada entre los grupos criminales existentes en el antiguo Paso del Norte, pero que deja viva la incertidumbre acerca de la posible participación de mandos policíacos y de los órganos de seguridad pública en tales ejecuciones, del mismo modo que un jefe militar hacía en Ojinaga por esos mismos días, delitos por los cuales ahora está sometido a proceso militar.

La revelación de estos hechos –tanto los del penal, como los de las ejecuciones ordenadas por el militar en Ojinaga, amén del proceso seguido contra otro jefe militar, de cuando estaba asignado a Nuevo Casas Grandes– devela que estamos frente a la posibilidad de una de las peores consecuencias de lanzar a las fuerzas del orden público, de la manera como se hizo con las mexicanas en el marco de la Operación México Seguro, lanzada por Felipe Calderón al inicio de la actual administración federal.

Y esa consecuencia es la aparición, con mayor fuerza y más extensión al interior de las agrupaciones policiacas y militares, de grupos y mandos que decidieron aplicar por su cuenta la justicia –en el mejor de los casos– o, simplemente, asumirse como un grupo criminal más, éste al amparo de los uniformes y cargos, y servirse de los demás, regentearlos y usarlos de parapeto de todas las acciones criminales. La posible presencia de los grupos parapoliciacos era lo último que nos faltaba en este más que complicado escenario, y que éstos hayan tenido como su santuario el penal estatal juarense es de las peores noticias que hayamos recibido.

Confirma lo establecido semanas atrás, a propósito de la increíble cadena de asesinatos ocurridos en el interior de los penales de Chihuahua, que implantar el orden, la disciplina y la legalidad ahí era prioritario.

martes, 6 de marzo de 2012

¿Tomar en cuenta las encuestas?

El Diario, 6 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
La estrategia electoral del PAN y el gobierno federal, puesta en práctica en las elecciones del 2006, sigue siendo uno de los principales factores en el actual proceso electoral.

Afirmar que fue una estrategia electoral tiene sustento en las declaraciones rendidas a la prensa en distintas ocasiones por el ex presidente Vicente Fox y en el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual se asentó que la participación del guanajuatense puso en riesgo el proceso electoral, además de que Fox, en alguna desafortunada ocasión, afirmó que él se dedicó a fortalecer a su partido mientras “dejaba encargado el gobierno”. Todo mundo supuso que en manos de su esposa, Martha Sahagún.

Parte esencial de tal estrategia, ante el hecho de que Felipe Calderón iba abajo en las encuestas –por lo menos eso es lo que se sabe– consistió en usar las de algunas empresas, especialmente las de GEA-ISA para usarlas como complemento de una impresionante campaña publicitaria que machaconamente exageró en los reales o supuestos errores cometidos por López Obrador –se insistió mucho en el episodio de llamarle “chachalaca” a Vicente Fox, cosa absolutamente menor frente a, por ejemplo, los puntapiés que en los mítines le propinaba a los muñecos que se suponían representaban al PRI– y en miedo cerval a los gobernantes de izquierda que apeló a lo peor de las campañas linchadoras en contra de las organizaciones y hombres de la izquierda socialista y comunista, de aquella época de cuando en las casas se pegaba un anuncio: “En esta casa somos católicos, no aceptamos propaganda comunista”.

Esa fue la base de la campaña de anuncios en radio y televisión que señaló al candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, como “un peligro para México”.

Más aún, al revelar que su trabajo había sido el de fortalecer a su partido, Vicente Fox dejó la puerta abierta para suponer, sospechar, intuir y hasta aseverar que la estructura gubernamental se puso al servicio de tal decisión, no quiere decir otra cosa que quien tenía bajo su responsabilidad la administración federal la puso al servicio de los intereses del jefe de ella. Y quien desempeñó un papel determinante en tal conducta fue la secretaria de Desarrollo Social, la misma que luego se convirtió en la coordinadora de la campaña de Felipe Calderón y hoy es la abanderada del partido en el gobierno. Ni más, ni menos, como dice Guillermo Terrazas.

Luego, quien fuera el principal artífice de tal estrategia, el director de GEA-ISA fue colocado en la dirección del CISEN ¡La dependencia encargada de vigilar a todos los mexicanos ¡Híjole

Y hoy se aplica, desde el partido del gobierno la misma estrategia, que encuentra rápida resonancia en algunos sitios y medios de los poderes fácticos para influir en la percepción ciudadana y hacer que ésta acepte, para cuando se inicie la campaña electoral, que las distancias entre el puntero y la segunda se han reducido y con el tercero, se han agrandado.

Pero por todos lados empiezan a aparecer las voces críticas y los estudios analíticos de muchos ciudadanos, aplicados a las encuestas más descollantes y que, de ser ciertos, revelarían crudamente el juego de los poderes más importantes del país para, otra vez, determinar el rumbo del país.

Uno de ellos fue un comentario efectuado en el Sendero del Peje acerca de las encuesta de diciembre de 2011 y la de enero de 2012 de Mitofsky en el que un lector de la nota de Víctor Hernández (el creador del sitio mencionado) afirmó que “Roy Campos encuestó (en diciembre) a 18.4% hogares de clase alta, 55% clase media, y 26.8% de clase baja en su última encuesta; según su metodología de enero, se encuestaron a 52.2% de hogares de clase baja, 33.2% de clase media y 14.6% de clase alta. Es decir, se invirtieron los porcentajes de clase media y baja, pero la clase alta siguió casi igual. Roy Campos sabe perfectamente que el electorado de clase media vota distinto que el electorado de clase baja. ¿Cómo explica entonces que sus resultados sean prácticamente los mismos en enero que en diciembre?”.

Sirva el comentario anterior para, cuando nos estén bombardeando con los resultados de las encuestas, afinemos bien los sentidos.

domingo, 4 de marzo de 2012

La “encuestología” como arma electoral

El Diario, 4 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
Ausentes los candidatos y los partidos de la vida pública, por la vigencia de lo que equívocamente el IFE denominó “intercampaña”, para describir el período existente entre el término de las precampañas y las elecciones internas y el inicio de las campañas electorales, el espacio se ha usado, tanto por los candidatos y los partidos, como por los medios de comunicación y los poderes fácticos, para influir en el desarrollo de las campañas y en el resultado final de la elección presidencial de este año.

El medio elegido ha sido el de usar los resultados de las encuestas para influir en la percepción ciudadana, y hacer creer que la distancia entre el puntero de las encuestas –Enrique Peña Nieto– y la segunda –Josefina Vázquez Mota– ha disminuido y que, por el contrario, se ha alejado del tercer lugar –Andrés Manuel López Obrador–.

Precisemos, primero, que existe una diferencia fundamental entre los sondeos de opinión y las encuestas. Los primeros se efectúan generalmente sin tomar en cuenta las variables de la población, casi siempre por teléfono (debería existir un porcentaje superior al 65% de domicilios con teléfono para hacerla creíble) y ahora, crecientemente, por internet.

Caso distinto es el de las encuestas, si se levantan tomando en cuenta las variables poblacionales, y si se elaboran y efectúan de manera consistente las preguntas de la encuesta. Y más aún, si se procesan bien las respuestas.

A quienes toman literalmente los resultados de las simpatías expresadas por las personas encuestadas habría que recomendarles las obras de María de las Heras acerca de las encuestas. En ella afirma que para conocer las verdaderas tendencias electorales es necesario aplicar un cuestionario más o menos largo a cada una de las personas encuestadas, y no solamente las preguntas directas, como aparecen en los medios de comunicación, esto es, que la pregunta directa de por quién votará, y la de si irá a votar o no, no sirven para evaluar certeramente el comportamiento electoral de una determinada población.

El secreto estriba en la elaboración de distintas preguntas relacionadas con el tema, para poder arribar, en el procesamiento de la encuesta, a la conclusión de por quién votará un encuestado. Así, a la persona deberá preguntársele si se identifica con algún partido, si fue a votar en los procesos electorales más recientes, por quién votó en ellos, si conoce al diputado de su distrito, al alcalde, etc.

Luego, las preguntas pertinentes al actual proceso electoral, fecha, puestos de elección en disputa, partidos, candidatos, identificación con alguno de los partidos, rechazo o simpatía a alguno de ellos, o de los candidatos. Y entre esas preguntas, la de por quién votaría.

Más aún, la redacción de las preguntas y el orden en que son hechas puede influir en los resultados. Esto se evita mediante el uso de preguntas diseñadas para obtener cambios en la opinión del encuestado, que superen la redacción positiva o negativa de las primeras y analizar los resultados mediante técnicas psicométricas para sintetizar las respuestas en una cantidad pequeña pero confiable y así detectar preguntas inefectivas.

Pero todas estas técnicas no son, generalmente, llevadas a la práctica y sólo se dan los resultados de las preguntas directas efectuadas por los encuestadores.

Un ejemplo extremo de tal abuso es la última encuesta reportada por la empresa GEA ISA que tanto revuelo ha levantado en los últimos días por ser la primera que reportó una importante disminución en el margen de diferencia entre la abanderada del PAN y el candidato del PRI. La ubicó en 7 puntos, muy cerca de la mostrada por Felipe Calderón a los consejeros del Banco Nacional de México días atrás –de sólo 4, habría sostenido–.

La encuesta abarca un sinfín de aspectos, los relacionados con la situación económica, la de seguridad pública, tanto personales como nacionales y de la zona de residencia del encuestado; califica la gestión de Calderón; preguntó quién pudo haber hecho mejor gobierno, si el panista o López Obrador y cuestionó acerca de las preferencias electorales de los entrevistados. En total, poco más de 75 preguntas.

El problema estriba en que al final del documento se asienta que el promedio de duración de las entrevistas fue de ¡23 minutos, es decir, un promedio de tres preguntas por minuto y en las que, de ninguna manera, se profundizó en ninguno de los temas, esto es, no efectuaron las preguntas de control para detectar las posibles contradicciones de los entrevistados.

Sólo recuérdese que el anterior Director General de esta empresa, la favorita de Felipe Calderón en 2006, se convirtió en el titular del CISEN y sus resultados son presentados por la empresa Milenio, de la que Televisa es propietaria de la mitad de las acciones y que también presenta las encuestas de Mitofsky.

Y las de esa empresa han sido criticadas severamente en las redes de internet. Uno de esos análisis, elaborado por Víctor Hernández (Creador del blog “El sendero del Peje”, originario de Caléxico, y graduado de la Universidad de California en diseño gráfico), merece la reflexión.

Hernández sostiene que se contradice la encuesta de Mitofsky de enero y que en realidad muestra un empate técnico entre AMLO y EPN, al contrario de las cifras informadas ahí: Enrique Peña Nieto: 41%, Josefina Vázquez Mota: 23%, Andrés Manuel López Obrador: 18%. Pero “Roy Campos admitió en la misma entrevista (En el noticiero de Joaquín López Dóriga) que el PAN sólo retiene alrededor del 59% de su voto en 2012, mientras que AMLO retiene el 74% y gana 7% del voto panista… 11 se pasan al PRI y 6 al PAN”. Cita a Campos quien sostuvo que en 2006 muchos priístas votaron por Calderón y quienes “votaron por Calderón, 59 van por Josefina, 21 van con Peña Nieto y 7% van con López Obrador”.

Ofreció el sitio de internet en donde se puede oír la explicación de Roy Campos (http://www.divshare.com/download/16641850-638). Agregó, además, que en “la página 19 del documento de la encuesta, en la cual se especifica que de los electores que votaron por el PRI en 2006, sólo el 83.1% lo volvería hacer, mientras que 4.9% votaría por Josefina Vázquez Mota y 4.1% votaría por AMLO. Adicionalmente, 21.8% de los que votaron por Patricia Mercado y Roberto Campa votarían por el PRI en 2012, 19.9% por el PAN y 11.4% por AMLO”.

Y hace sus cuentas:

“… en 2006 AMLO tuvo 14,756,350 votos, Felipe Calderón tuvo 15,000,284 votos, Roberto Madrazo tuvo 9,301,441 votos, Patricia Mercado y Roberto Campa tuvieron en conjunto 1.52 millones de votos… AMLO conserva 74% del voto que tuvo en 2006 y se le suma 7% de voto de panistas, 4.1% del voto priísta y 11.4% de Campa y Mercado. Siendo el caso, AMLO tiene 74% de 14.75 millones de votos más 7% de 15 millones de votos del PAN más 4.1% de 9.3 millones de votos del PRI más 11.4% de 1.52 millones de Campa y Mercado. Total: 12.51 millones de votos o 29.93% del voto de 2006”.

“El PAN conserva 59% de 15 millones, más 6% de 14.75 millones de votos de AMLO, más 4.9% de 9.3 millones de votos de Madrazo y 19.9% de 1.52 millones de votos de Campa y Mercado. Total: 10.48 millones de votos o 25% del voto de 2006…”.

Agrega: “… de acuerdo con Roy Campos, los votantes nuevos votarán de esta manera: 31% por Peña Nieto; 14% por AMLO y 12% por Josefina Vázquez Mota”.

Siguen las cuentas de este autor. Dice que podrían votar 46.12 millones, “de los cuales 4.33 millones serían nuevos. Si AMLO tiene, de acuerdo con los números de Roy Campos, 12.51 millones de votos de 2006 y 14% de 4.33 millones de nuevos votos, entonces en 2012 tiene en total 13.11 millones de votos, equivalentes a 28.48% del voto”.

“Si Josefina Vázquez Mota, de nuevo de acuerdo con los números de Roy Campos, tiene 10.48 millones de votos de 2006, más 12% de 4.33 millones de nuevos votos, entonces en total tiene 10.99 millones de votos, equivalentes a 23.82% del voto”.

Y hace las cuentas de Peña Nieto: “… de acuerdo con la encuesta de Mitofsky, sólo 83.1% de los 9.3 millones que votaron por el PRI en 2006 lo harán de nuevo. Recibiría adicionalmente 21% de los votos del PAN, 11% de los votos de AMLO y 21.8% de los votos de Campa y Mercado, más 31% de los nuevos votos. Total: 14.16 millones de votos o 30.7% del voto en 2012”.

“De esta manera, los porcentajes de los candidatos quedan así, estrictamente en base a los números presentados por Mitofsky: EPN: 30.7%, AMLO: 28.42%, JVM: 23.82%”.

¿Lo puso a dudar tal numerología? Al escribiente también. El martes más de estos análisis.

jueves, 1 de marzo de 2012

¿Cambiar de estrategia?

El Diario, 1 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
El ex presidente Vicente Fox, en una entrevista reciente, afirmó, en la que fue una de las más ásperas declaraciones en contra de Felipe Calderón –luego de una incursión de elementos de la PGR a su finca–, que la estrategia seguida por el actual ocupante de la residencia presidencial es un completo fracaso y que “la intervención directa del Ejército contra los grupos del narcotráfico por decisión de Calderón ha dejado como consecuencia un incremento en la criminalidad”, que en su sexenio terminó en un promedio de nueve crímenes por cada cien mil habitantes mientras hoy se registra una cifra de 20, “más del doble”. (Nota de Verónica Espinosa, 22 de febrero de 2012, agencia Apro).

Los juicios de Fox son tajantes: “Si se argumenta que la estrategia actual ha resuelto las cosas, pues ya pasaron cinco años, ¿hasta cuándo vamos a esperar a que se resuelvan las cosas? Creo que con inteligencia y sabiduría se va a construir ese camino a la paz y dejar atrás esta guerra”.

Por su parte, todos los aspirantes a la Presidencia de la República han planteado, en materia de seguridad pública, que de triunfar replantearán la actual estrategia y “sacarán” al Ejército del patrullaje de las calles y cambiarán la forma actual de usarlo para combatir al crimen organizado, en su modalidad del tráfico de enervantes, una vez saneadas las corporaciones policiacas. Ese ha sido el discurso de Felipe Calderón a lo largo de su gestión. Pero el desarrollo de la ola de violencia en Juárez –y de cierta manera también en la capital del estado– está mostrando otra realidad.

Aunque con altibajos, la cifra de homicidios ha disminuido respecto al año 2010 –en el que se alcanzaron cifras históricas para Juárez y el estado –y el resto de los delitos, denominados por las autoridades, de alto impacto– también han sufrido una baja, variable, dependiendo del tipo y no en la dimensión que deseáramos todos, pero en los que se advierte un notorio descenso, más allá de la percepción ciudadana pues el impacto sufrido por quienes han sido víctimas –y sus allegados– los hace más sensibles ya que el número presentado es tan alto que una disminución del 20% sólo es apreciado en el seguimiento de la estadística.

Pero tal comportamiento de la incidencia delictiva poco o nada tiene que ver con la actuación de las fuerzas federales –por lo menos en el caso del estado de Chihuahua en su conjunto– pues la llegada (lo hemos repetido incontablemente) del Ejército Mexicano a Juárez y la puesta en práctica de la Operación Coordinada Chihuahua, detonó el número de ejecuciones. Muchos meses después, el Ejército fue sustituido por la Policía Federal y las cifras homicidas prácticamente se mantuvieron, con el agravante de que otros delitos se dispararon en el antiguo Paso del Norte, especialmente las extorsiones y los secuestros. A tal grado que a su salida de la ciudad la percepción generalizada fue que con ese motivo se habían abatido sensiblemente tales delitos, tal y como fue recogido en el portal de El Diario de Juárez, en el que más del 80 por ciento de los visitantes del sondeo así lo afirmaron.

Pues bien, si las fuerzas federales ya estaban fuera de Juárez y de acuerdo con las declaraciones del jefe de la policía municipal, Julián Leyzaola, a los días de asumir el mando de la corporación –hace un año– cuando afirmó que por lo menos uno de cada cuatro elementos de la policía municipal no eran dignos de confianza ¿qué fue lo ocurrido para que disminuyera la incidencia criminal, especialmente la homicida?

La primera hipótesis podría consistir en que la dinámica de la guerra sostenida por los cárteles los haya llevado a disminuir el nivel de enfrentamiento, ya sea por el desgaste y las bajas sufridas; o que uno de ellos haya alcanzado la hegemonía y el control, por tanto, de las rutas y el territorio.

Una tercera podría ser la sostenida por el periodista Raymundo Riva Palacio unos días atrás en estas mismas páginas, en la que afirmaba que han caído tantos mandos y sicarios con experiencia, ya sea por haber sido aprehendidos o por haber muerto, que eso ha obligado a los cárteles a disminuir la intensidad del enfrentamiento.

Cualquiera que fuese la explicación –de las señaladas– la conclusión es pavorosa: en ninguna se aprecia la fuerza del Estado mexicano para incidir en él; si acaso sólo en esta última por la aprehensión de algunos de algunos mandos operativos de los cárteles.