El Diario, 30 de mayo de 2010
Luis Javier Valero Flores
Como en toda campaña electoral, a pesar de la gravísima crisis de credibilidad sufrida por los partidos, las esperanzas se renuevan en una parte de la población; la de ahora no es la excepción aunque seguramente no son tantos, como en ocasiones anteriores, los involucrados en las actividades electorales, ni tantos participan de la euforia de los simpatizantes de los candidatos.
Seguramente porque las campañas electorales ocupan parte importante de la atención de los medios de comunicación y porque la crisis de seguridad pública todos los días nos ofrece nuevas cifras aterradoras, la aprobación del Congreso del Estado de importantísimas reformas a la ley de transparencia y acceso a la información pasó casi inadvertida.
Más aún, preocupados en hacer prevalecer sus propuestas en seguridad pública, el debate desatado por el pago de la tenencia, o las propuestas de desarrollo económico enarboladas de distinta manera y alcance por los dos principales candidatos, el tema del compromiso con la transparencia y el respeto al derecho del acceso a la información pública no ha pasado por las preocupaciones de Carlos Borruel, César Duarte y Luis Adolfo Orozco.
Y necesitan pronunciarse en ese sentido porque, no sólo en Chihuahua, estamos inmersos en una preocupante tendencia de la clase política a la opacidad gubernamental. Olímpicamente, funcionarios de todos los niveles y de todos los partidos, en cada vez mayor medida se resisten a otorgarles a los ciudadanos la información solicitada.
El sexenio de Reyes Baeza inició con grandes expectativas en materia del derecho al acceso a la información pública, sus expresiones en la campaña electoral les dieron amplísimo sustento; eran los tiempos en que esa tendencia transparentadora cruzaba el territorio nacional. En la parte final del sexenio de Patricio Martínez, diversos protagonistas de la sociedad chihuahuense intentaron, sin éxito, que esa administración legislara en aquel sentido.
Al inicio de la actual administración se advirtieron avances. En las discusiones previas se advirtió que existía efectivamente, en el grupo gobernante, la intención de aprobar una regulación, la primera, sobre el derecho de los chihuahuenses al acceso a la información pública y que la transparencia en el uso y ejercicio de los recursos públicos y la administración pública era requisito ineludible para los gobernantes y quienes los reciben.
Esta postura, y la de modificar el método de designación del titular de la Procuraduría General de Justicia, concitaron no pocas simpatías entre quienes pensaban en que la construcción de semejantes herramientas legislativas van en el sentido de conformar un régimen más democrático.
Luego, la aprobación de la ley, una de las mejores en el ámbito nacional, superior en algunos de sus alcances a las de entidades que se habían significado por su impulso inicial, a la aprobación de leyes no solamente locales sino, incluso, la federal. Ese impulso inicial sirvió para que se disculparan algunas carencias, entre ellas la de que no se obligaba a los servidores públicos a transparentar sus ingresos y bienes personales –en este caso se agradece ese gesto al candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua, Marco Adán Quezada, de dar a conocer su patrimonio personal– ni, por ejemplo, la obligación de dar a conocer, con detalle, los gastos efectuados por los legisladores en los no pocos viajes que efectúan.
Se disculparon tales carencias y defectos, se vivían los primeros momentos en que una nueva administración llegaba y cuyas características –las de Reyes Baeza– se agradecían frente a los excesos sufridos en la dos inmediatas anteriores –incluida la de Francisco Barrio– y por la ríspida confrontación política que había vivido el estado.
Pero en la conformación del Consejo del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y la casi inmediata aprobación de su reglamento se pudo apreciar lo que significaron claros retrocesos. El reparto de consejeros obedeció a la persistente práctica del reparto por cuotas partidarias y el reglamento volvió nugatorios varios de los avances más importantes de la nueva ley.
El ejercicio del Ichitaip confirmó lo que entonces eran solamente presagios. Para hacer válido el derecho a la información pública eran necesarias varias premisas, entre ellas la inmediatez, la accesabilidad y la agilidad del trámite.
Más. Era necesario que cualquier ciudadano, sin necesidad de recurrir a los farragosos procedimientos judiciales, tuviera garantizado dicho derecho, para lo cual era necesario que las autoridades tuvieran presente, como primer concepto, que toda la información pública en sus manos, es precisamente eso, pública.
Elemento central de la vigencia de tal derecho era, por otra parte, la inmediatez, de ese modo, la ley estableció que el Ichitaip tenía 30 días para resolver la inconformidad de un ciudadano al que alguna dependencia le hubiese negado la información solicitada.
La tendencia de la actuación del Ichitaip era en sentido contrario, no sólo al de la ley, sino al de la esperable mejoría en ella, conforme mejor conociesen la materia, se suponía, acelerarían la resolución de los asuntos.
Un estudio realizado por la consejera Claudia Alonso Pesado demuestra fehacientemente tal tendencia. En el 2007, el promedio para la resolución de los recursos presentados por los ciudadanos fue de 29.6 días; al año siguiente, 34 y en 2009, 42 días.
No puede alegarse que tal retraso tuviese que ver con las cargas de trabajo pues en el primer año los recursos de revisión (que tal es el nombre de los recursos presentados por los ciudadanos ante la negativa a entregarles información pública) fueron 100 y el año pasado, 99.
Pero en el curso de los dos últimos años del anterior Consejo General del Ichitaip las tendencias regresivas no se circunscribieron a tal aspecto, en numerosas ocasiones los entes obligados no se negaban a entregar la información solicitada sino que, decían, sería entregada en sus oficinas en la ciudad de Chihuahua. Al quejarse los ciudadanos de tal negativa, en muchísimas ocasiones el Ichitaip falló a favor del ente obligado.
De ese modo, un ciudadano de, digamos, Batopilas, que hubiese solicitado el número de funcionarios de la Secretaría de Finanzas, lo obligaban a acudir a la ciudad de Chihuahua a recibir tal información.
Pero hete aquí que el 7 de mayo pasado el Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, varias reformas a la ley de transparencia entre las cuales enumeramos que en adelante las sanciones a los entes obligados, responsables de haber violado lo contenido en esa ley, podrán hacerse acreedores de multas de 150 a 1,500 veces el salario mínimo y dejará, según sea el caso, de “recibir recursos públicos o ejercer la función pública por un lapso de seis a doce meses”. Si transcurrido ese tiempo no ha cumplido con la resolución del Ichitaip, no podrá recibir los recursos públicos ni ejercer la función pública.
Otro aspecto no menor es la aprobación que en adelante, si la “solicitud de aclaración no contiene todos los datos requeridos, el Sujeto Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare”. El beneficio de tal reforma consiste en que en el pasado, si alguna solicitud no contenía alguno de los datos, era desechada de inmediato.
Y acaso las más importantes, la del artículo 72 aprobado establece que si el Ichitaip no resuelve en el plazo de 30 días, se considerará una falta grave, la que puede llevar (eso no lo dice esta ley, sino la de responsabilidades de los funcionarios públicos) a la destitución; y la que modificó el artículo 77, la cual establece que ahora la notificación, si la solicitud se hizo vía electrónica, se hará por la misma vía y el ente obligado deberá demostrar contundentemente que lo hizo.
Finalmente, y no es asunto menor, el Congreso aprobó que el artículo 78 garantizase que “durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente”, esto es que si la queja contuviese deficiencias técnicas, el Ichitaip está obligado a suplir tal deficiencia en la queja.
Todo muy bien, sólo que hasta estas fechas el gobernador del Estado aún no ha publicado las reformas en el Periódico Oficial y el plazo para efectuar observaciones, si las tuviese, vence el 7 de junio y si no las presenta entonces, indefectiblemente, deberá publicarlas a más tardar el 17 de junio.
Hacerlo, sería actuar con la congruencia necesaria para el fortalecimiento de la transparencia en Chihuahua, algo que deberíamos esperar, también, de quienes aspiran a suceder a Reyes Baeza.
domingo, 30 de mayo de 2010
jueves, 27 de mayo de 2010
¿Incivilidad?
El Diario, 27 de mayo de 2010
Luis Javier Vaslro
Bueno, pues finalmente coincidimos en la postura esgrimida por los representantes del PAN y el PRD, en negarse a firmar un acuerdo de “civilidad política”, aunque no por las razones aducidas por tales personajes.
Así, a pesar de ser una propuesta del senador panista Gustavo Madero, impulsada desde la Cámara de Senadores, sus compañeros de Chihuahua no estuvieron de acuerdo debido a que, (válgame tal exageración futbolera, como si el ya inminente torneo mundialista fuera el centro de la atención de los chihuahuenses) dijo Jesús Limón, representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), el presidente de ese organismo, Fernando Herrera Martínez, se desempeña como “director técnico de los partidos que postulan a César Duarte Jáquez”. (Según nota de Alejandro Salmón A.
El Diario, 26/5/10).
Y todo porque, argumenta el PAN, sus candidatos reciben los embates de una “guerra sucia” por parte del PRI y sus aliados, consistente, tal inapropiada expresión bélica, en que el órgano electoral no sancionó al PRI por montar unos carteles espectaculares en los que, dicen, se “denostaba al blanquiazul y al candidato a gobernador por ese partido, Carlos Borruel Baquera”, porque ese anuncio decía cuántos empleos se perdían por segundo en el sexenio del presidente del empleo. Los argumentos del representante del PRD, José Luis Acosta, no fueron más lejos, “condicionó la participación a que se aclare el robo de propaganda que han sufrido candidatos a diputados por el partido del Sol Azteca” y señaló a personas “que trabajan en el Congreso del Estado”.
Ante tales negativas, Herrera Martínez optó por proponer una mesa de trabajo que analice si se aprueba o no.
La verdad, dan ganas de festejar la no aprobación de semejante acuerdo, no porque se piense en reprobar cualquier acto de cortesía o de civilidad entre los partidos, máxime en los momentos actuales, pero pareciera ser un despropósito llamar a quienes aspiran a ser los próximos gobernantes a firmar un compromiso de, en la práctica, respetar la ley; eso, en el supuesto de que se quisiera hacer de ese modo, porque si la pretensión fuera “bajarle” el tono a las campañas e impedir que se presentaran polémicas y debates entonces de ninguna manera se puede estar de acuerdo.
¿Cómo va a ser “guerra sucia” el anuncio citado líneas arriba? Se puede estar en contra de él, pero de ninguna manera puede coincidirse en que viola la regulación electoral, y menos la actual en la que existen una serie de restricciones a los candidatos y partidos en lo referente al modo en que deben dirigirse a sus adversarios o mencionar los errores y fallas que en su opinión tienen.
Tal argumentación no tiene sustento, al contrario, el ejemplo usado el día de hoy es el mejor para ilustrar –por supuesto que en la opinión del escribiente– la diferencia entre la denominada “guerra sucia” y los aspectos polémicos de la propaganda, porque ahora, a la menor acusación o señalamiento de alguna deficiencia o errores, los contendientes, y sobre todo el PAN, inmediatamente claman que es “guerra sucia”.
No, esa denominación, con toda justeza, la debe recibir, por ejemplo, todas las actividades efectuadas por el PAN y sus organismos afines en contra del candidato presidencial del PRD.
Y si quieren ejemplo de auténtica guerra sucia ahí está el “Michoacanazo” del año pasado en el que detuvieron a más de una treintena de alcaldes y funcionarios estatales –la mayoría emanados del PRI y del PAN– para, a los meses, liberarlos porque no les pudieron fincar cargos. Y hasta que no se compruebe lo contrario, lo mismo podría decirse del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, detenido por estar involucrado, dice la PGR, en el crimen organizado.
La maniobra parece perfecta pues, todavía no se difundía nacionalmente la detención del perredista cuando ya la candidata panista al mismo cargo, Alicia Ricalde, ya estaba llamando a los seguidores de Sánchez a sumarse a su candidatura ¡Qué poca vergüenza!
La otra justificación a alabar que no se firmara tal acuerdo es que esos pactos han sido como las llamadas a misa. Mejor así, con el estricto cumplimiento de la ley tenemos.
Luis Javier Vaslro
Bueno, pues finalmente coincidimos en la postura esgrimida por los representantes del PAN y el PRD, en negarse a firmar un acuerdo de “civilidad política”, aunque no por las razones aducidas por tales personajes.
Así, a pesar de ser una propuesta del senador panista Gustavo Madero, impulsada desde la Cámara de Senadores, sus compañeros de Chihuahua no estuvieron de acuerdo debido a que, (válgame tal exageración futbolera, como si el ya inminente torneo mundialista fuera el centro de la atención de los chihuahuenses) dijo Jesús Limón, representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), el presidente de ese organismo, Fernando Herrera Martínez, se desempeña como “director técnico de los partidos que postulan a César Duarte Jáquez”. (Según nota de Alejandro Salmón A.
El Diario, 26/5/10).
Y todo porque, argumenta el PAN, sus candidatos reciben los embates de una “guerra sucia” por parte del PRI y sus aliados, consistente, tal inapropiada expresión bélica, en que el órgano electoral no sancionó al PRI por montar unos carteles espectaculares en los que, dicen, se “denostaba al blanquiazul y al candidato a gobernador por ese partido, Carlos Borruel Baquera”, porque ese anuncio decía cuántos empleos se perdían por segundo en el sexenio del presidente del empleo. Los argumentos del representante del PRD, José Luis Acosta, no fueron más lejos, “condicionó la participación a que se aclare el robo de propaganda que han sufrido candidatos a diputados por el partido del Sol Azteca” y señaló a personas “que trabajan en el Congreso del Estado”.
Ante tales negativas, Herrera Martínez optó por proponer una mesa de trabajo que analice si se aprueba o no.
La verdad, dan ganas de festejar la no aprobación de semejante acuerdo, no porque se piense en reprobar cualquier acto de cortesía o de civilidad entre los partidos, máxime en los momentos actuales, pero pareciera ser un despropósito llamar a quienes aspiran a ser los próximos gobernantes a firmar un compromiso de, en la práctica, respetar la ley; eso, en el supuesto de que se quisiera hacer de ese modo, porque si la pretensión fuera “bajarle” el tono a las campañas e impedir que se presentaran polémicas y debates entonces de ninguna manera se puede estar de acuerdo.
¿Cómo va a ser “guerra sucia” el anuncio citado líneas arriba? Se puede estar en contra de él, pero de ninguna manera puede coincidirse en que viola la regulación electoral, y menos la actual en la que existen una serie de restricciones a los candidatos y partidos en lo referente al modo en que deben dirigirse a sus adversarios o mencionar los errores y fallas que en su opinión tienen.
Tal argumentación no tiene sustento, al contrario, el ejemplo usado el día de hoy es el mejor para ilustrar –por supuesto que en la opinión del escribiente– la diferencia entre la denominada “guerra sucia” y los aspectos polémicos de la propaganda, porque ahora, a la menor acusación o señalamiento de alguna deficiencia o errores, los contendientes, y sobre todo el PAN, inmediatamente claman que es “guerra sucia”.
No, esa denominación, con toda justeza, la debe recibir, por ejemplo, todas las actividades efectuadas por el PAN y sus organismos afines en contra del candidato presidencial del PRD.
Y si quieren ejemplo de auténtica guerra sucia ahí está el “Michoacanazo” del año pasado en el que detuvieron a más de una treintena de alcaldes y funcionarios estatales –la mayoría emanados del PRI y del PAN– para, a los meses, liberarlos porque no les pudieron fincar cargos. Y hasta que no se compruebe lo contrario, lo mismo podría decirse del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, detenido por estar involucrado, dice la PGR, en el crimen organizado.
La maniobra parece perfecta pues, todavía no se difundía nacionalmente la detención del perredista cuando ya la candidata panista al mismo cargo, Alicia Ricalde, ya estaba llamando a los seguidores de Sánchez a sumarse a su candidatura ¡Qué poca vergüenza!
La otra justificación a alabar que no se firmara tal acuerdo es que esos pactos han sido como las llamadas a misa. Mejor así, con el estricto cumplimiento de la ley tenemos.
domingo, 23 de mayo de 2010
Artemio
El Diario, 23 de mayo de 2010
Luis Javier Valero Flores
Pocos hombres llegan a representar tan nítidamente a una época, a un partido, a un movimiento social, a un momento político. Artemio Iglesias fue de esos. Su sorpresiva desaparición en la noche del miércoles, integrado de nuevo a las actividades políticas (ahora en la modalidad que tanto le gusta a los dirigentes nacionales del priismo aplicar a quienes han ejercido papeles de elevado protagonismo, es decir, la de delegados del comité nacional o estatal) como delegado de la dirigencia estatal en Nuevo Casas Grandes, consternó a toda la clase política local.
Por supuesto que también a la panista, no necesariamente para condolerse hondamente, como sí lo hizo un destacado protagonista de la izquierda chihuahuense, Jaime García Chávez, quien en un artículo de su autoría le hizo un “reconocimiento al adversario”. El priismo le dedicó un minuto de aplausos, en un acto de campaña de Emilio Gamboa Patrón en la búsqueda de la dirigencia nacional de la CNOP.
Muy probablemente por indicaciones suyas, la familia pidió que no se le hiciera reconocimiento alguno y sí ser sepultado en su muy querido Rubio, el pueblo que a pesar de la terquedad oficial en denominarlo Álvaro Obregón, sigue llamándose como lo dice la gente, al igual que San Andrés y Santa Isabel.
Artemio por méritos propios ocupa un lugar central en el priismo de fines del siglo XX; quizá a él se deba, como a nadie lo que es un mérito colectivo, que el PRI chihuahuense se convirtiera en un verdadero partido y ya no solamente la secretaría de asuntos electorales del gobernador en turno, todo ello frente al gigantesco reto de asumirse como un partido de oposición, pero en un papel jamás imaginado por los priístas de entonces.
Más aún, su conducción evitó que el PRI local sufriera los desgarres y rupturas que contribuyeron en gran medida al nacimiento y consolidación del PRD en el resto del país. Chihuahua se coció aparte, no hubo tales desprendimientos y la izquierda chihuahuense debió actuar sola en la construcción de su partido. La oposición electoral se refugió, en aquellos años, alrededor del PAN –y se perpetuó hasta llevar a que por lo menos tres generaciones sólo conocieran de priístas y panistas como opciones de poder político–.
Por supuesto que no toda fue obra suya, el panismo, bajo la conducción de Francisco Barrio, cometió errores a pasto, tantos que lo llevaron a perder las elecciones federales de 1994 y 1997 y las locales de 1995 y 1998. En todos los casos abrumadoramente. Ahí estuvo la mano de Artemio Iglesias que debió sortear no pocas críticas de sus compañeros y sus adversarios internos, pero que no desembocaron en fracturas mayores que le impidieran al PRI chihuahuense arrostrar con suficiencia los cuatro procesos electorales mencionados.
Además, y no es aspecto a despreciarse, Artemio terminó sus días sin la riqueza que rodea a muchos de la clase política, con problemas en su propiedad a la que él mismo denominaba como “Manga de Clavos”, en abierta y clarísima referencia a la hacienda del mismo nombre en la que Antonio López de Santana se refugiaba a esperar a ser llamado a ocupar la presidencia de la república, quien sabe cuántas veces.
Y tenía razón, dirigente estatal del PRI en las controvertidas elecciones del ’86 y su “verano caliente”, fue acusado de ser uno de los principales artífices de lo que el panismo ha calificado como fraude electoral, buscó con denuedo ser el abanderado de su partido en las del 92. En enero de ese año solicitó licencia a la senaduría, aunque la ley no lo exigía, para estar en condiciones de ser postulado al gobierno estatal.
La decisión presidencial no lo favoreció y se distanció de Fernando Baeza. Derrotado el PRI (por lo menos oficialmente pues siempre se ha sostenido en los medios priístas y en algunos no tanto que el resultado no favoreció a Barrio pero la decisión presidencial de Carlos Salinas, sí) a los pocos días se le llamó para que se hiciera cargo, otra vez, de la dirigencia estatal de su partido.
Dueño de una extraordinaria inteligencia y una picardía política superior, fue entonces cuando acuñó (y quizá no fuera de su autoría para el caso es lo mismo) una de sus más famosas frases: “Me preparé para ser, no ser y dejar de ser”.
Y ahí se concentraba la mayor parte de sus afanes. No escondió que siempre aspiró a ser gobernador de Chihuahua pero siempre supo que sus aspiraciones personales debían pasar por todos los procesos designatorios de su partido, y en el PRI, entonces, pasaban por las decisiones personales del Presidente de la República y no por elecciones democráticas. Siempre acató tal forma de actuación política, y no sólo su designación como dirigente estatal en 1993, después de la derrota del ’92, enfrentó innumerables críticas y hasta amenazas de ruptura. Era lógico, el PRI local estaba herido de muerte.
Eran momentos difíciles para el PRI y su registro como único aspirante a la presidencia del PRI motivó inconformidades de por lo menos dos destacados priístas de entonces, Enrique Aguilar Pérez y de Víctor Mendoza Saucedo.
Paciente, incluso hasta en sentido contrario al de Salinas de Gortari, llamó a todos los grupos a mantenerse unidos para enfrentar al PAN, cuyo gobernador recibía los elogiosos gritos del presidente: “Bravo, Pancho, bravo”.
Y es, probablemente, el discurso de toma de posesión como dirigente estatal lo que retrató el rumbo seguido por el PRI como partido de oposición, en esa difícil postura que se mantiene entre ser fuerza de oposición sin abandonar su inveterado institucionalismo, que en muchas ocasiones es absolutamente inexplicable para la mayoría de los mexicanos.
En tal ocasión así lo dijo: “Creo que a todos consta que, quienes anduvimos atentos buscando participar como presidente del partido, las fuerzas, las corrientes que afloraron, las voluntades que ahí estuvieron, tuvimos una gran madurez, hemos asumido la posición de oposición madura”.
Y ese fue el eje central de su discurso, que lo combinó con serias, severas críticas al gobierno de Francisco Barrio, seremos una “oposición madura”.
Más. Recordando el modo como se comportó el PAN antes de llegar al gobierno, Artemio dijo que “seremos oposición como la pedimos cuando estábamos en el gobierno, razonada y razonable, que no exige al poder público que haga más de lo que pueda pero que tampoco consiente que haga menos de lo que deba”.
Y llamó a todos los beneficiarios de los tiempos de bonanza de su partido –quienes ocuparon un cargo de elección popular, en la administración pública o en la dirigencia del partido– a colaborar, porque “es hora de que todos le demos al partido, y más obligados estamos los que mucho hemos recibido del PRI”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 22/02/93).
Los resultados fueron apabullantes, en las elecciones federales del ‘94 el PRI ganó las 10 diputaciones, la presidencia y las dos senadurías, prácticamente al dos a uno. Un año después, el PRI obtuvo 15 de las 18 diputaciones locales de mayoría y 55 de los 67 municipios y recuperó las ciudades importantes que estaban en poder del PAN, como Camargo, Parral, Cuauhtémoc, Jiménez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, además de Saucillo. El PAN, a su vez, ganó diez ayuntamientos y tres diputaciones de mayoría, y sólo retuvo Ciudad Juárez como municipio importante.
Vendría el año ’98 en el que el PRI, por primera vez en su historia llamó a elegir a su candidato a gobernador a través de la votación de, prácticamente, todos los ciudadanos que decidieran votar sin ser miembros del partido. Artemio supo temprano, en diciembre del ’97, que la preferencia presidencial no estaba con él, de todos modos decidió apostarle a ese ejercicio democrático que le abrió las puertas del triunfo a su partido y a Patricio Martínez y va de regreso a Manga de Clavo.
Seguirían tiempos difíciles para él, la acusación de haber malversado fondos en la Productora Nacional de Semillas, la marginación y el soterrado enfrentamiento con Martínez y el discreto regreso posterior, ya con Reyes Baeza y su participación como delegado del CEN del PRI en varias entidades, la última en Baja California Sur, antes de Nuevo Casas Grandes.
Tienen razón los priístas en añorar al llamado “Filósofo de Rubio”.
ASERTO TV.- Abusando de nuestros lectores (y de la hospitalidad de El Diario y de Don Osvaldo Rodríguez) les anuncio que a partir del martes 25 de mayo, todos los martes de 6 a 7 de la tarde, por canal 10 de cable en la ciudad de Chihuahua, se transmitirá el programa “Aserto-Tv, donde la noticia se convierte en reflexión y opinión”, bajo la conducción de Georgina Torres y el escribiente.
Con tal motivo, mañana lunes, a las 7.30 pm en el Congreso del Estado, celebraremos un acto de lanzamiento del programa, con la presentación de los periodistas Alejandro Salmón y Osbaldo Salvador Ang, ahí los esperamos.
Luis Javier Valero Flores
Pocos hombres llegan a representar tan nítidamente a una época, a un partido, a un movimiento social, a un momento político. Artemio Iglesias fue de esos. Su sorpresiva desaparición en la noche del miércoles, integrado de nuevo a las actividades políticas (ahora en la modalidad que tanto le gusta a los dirigentes nacionales del priismo aplicar a quienes han ejercido papeles de elevado protagonismo, es decir, la de delegados del comité nacional o estatal) como delegado de la dirigencia estatal en Nuevo Casas Grandes, consternó a toda la clase política local.
Por supuesto que también a la panista, no necesariamente para condolerse hondamente, como sí lo hizo un destacado protagonista de la izquierda chihuahuense, Jaime García Chávez, quien en un artículo de su autoría le hizo un “reconocimiento al adversario”. El priismo le dedicó un minuto de aplausos, en un acto de campaña de Emilio Gamboa Patrón en la búsqueda de la dirigencia nacional de la CNOP.
Muy probablemente por indicaciones suyas, la familia pidió que no se le hiciera reconocimiento alguno y sí ser sepultado en su muy querido Rubio, el pueblo que a pesar de la terquedad oficial en denominarlo Álvaro Obregón, sigue llamándose como lo dice la gente, al igual que San Andrés y Santa Isabel.
Artemio por méritos propios ocupa un lugar central en el priismo de fines del siglo XX; quizá a él se deba, como a nadie lo que es un mérito colectivo, que el PRI chihuahuense se convirtiera en un verdadero partido y ya no solamente la secretaría de asuntos electorales del gobernador en turno, todo ello frente al gigantesco reto de asumirse como un partido de oposición, pero en un papel jamás imaginado por los priístas de entonces.
Más aún, su conducción evitó que el PRI local sufriera los desgarres y rupturas que contribuyeron en gran medida al nacimiento y consolidación del PRD en el resto del país. Chihuahua se coció aparte, no hubo tales desprendimientos y la izquierda chihuahuense debió actuar sola en la construcción de su partido. La oposición electoral se refugió, en aquellos años, alrededor del PAN –y se perpetuó hasta llevar a que por lo menos tres generaciones sólo conocieran de priístas y panistas como opciones de poder político–.
Por supuesto que no toda fue obra suya, el panismo, bajo la conducción de Francisco Barrio, cometió errores a pasto, tantos que lo llevaron a perder las elecciones federales de 1994 y 1997 y las locales de 1995 y 1998. En todos los casos abrumadoramente. Ahí estuvo la mano de Artemio Iglesias que debió sortear no pocas críticas de sus compañeros y sus adversarios internos, pero que no desembocaron en fracturas mayores que le impidieran al PRI chihuahuense arrostrar con suficiencia los cuatro procesos electorales mencionados.
Además, y no es aspecto a despreciarse, Artemio terminó sus días sin la riqueza que rodea a muchos de la clase política, con problemas en su propiedad a la que él mismo denominaba como “Manga de Clavos”, en abierta y clarísima referencia a la hacienda del mismo nombre en la que Antonio López de Santana se refugiaba a esperar a ser llamado a ocupar la presidencia de la república, quien sabe cuántas veces.
Y tenía razón, dirigente estatal del PRI en las controvertidas elecciones del ’86 y su “verano caliente”, fue acusado de ser uno de los principales artífices de lo que el panismo ha calificado como fraude electoral, buscó con denuedo ser el abanderado de su partido en las del 92. En enero de ese año solicitó licencia a la senaduría, aunque la ley no lo exigía, para estar en condiciones de ser postulado al gobierno estatal.
La decisión presidencial no lo favoreció y se distanció de Fernando Baeza. Derrotado el PRI (por lo menos oficialmente pues siempre se ha sostenido en los medios priístas y en algunos no tanto que el resultado no favoreció a Barrio pero la decisión presidencial de Carlos Salinas, sí) a los pocos días se le llamó para que se hiciera cargo, otra vez, de la dirigencia estatal de su partido.
Dueño de una extraordinaria inteligencia y una picardía política superior, fue entonces cuando acuñó (y quizá no fuera de su autoría para el caso es lo mismo) una de sus más famosas frases: “Me preparé para ser, no ser y dejar de ser”.
Y ahí se concentraba la mayor parte de sus afanes. No escondió que siempre aspiró a ser gobernador de Chihuahua pero siempre supo que sus aspiraciones personales debían pasar por todos los procesos designatorios de su partido, y en el PRI, entonces, pasaban por las decisiones personales del Presidente de la República y no por elecciones democráticas. Siempre acató tal forma de actuación política, y no sólo su designación como dirigente estatal en 1993, después de la derrota del ’92, enfrentó innumerables críticas y hasta amenazas de ruptura. Era lógico, el PRI local estaba herido de muerte.
Eran momentos difíciles para el PRI y su registro como único aspirante a la presidencia del PRI motivó inconformidades de por lo menos dos destacados priístas de entonces, Enrique Aguilar Pérez y de Víctor Mendoza Saucedo.
Paciente, incluso hasta en sentido contrario al de Salinas de Gortari, llamó a todos los grupos a mantenerse unidos para enfrentar al PAN, cuyo gobernador recibía los elogiosos gritos del presidente: “Bravo, Pancho, bravo”.
Y es, probablemente, el discurso de toma de posesión como dirigente estatal lo que retrató el rumbo seguido por el PRI como partido de oposición, en esa difícil postura que se mantiene entre ser fuerza de oposición sin abandonar su inveterado institucionalismo, que en muchas ocasiones es absolutamente inexplicable para la mayoría de los mexicanos.
En tal ocasión así lo dijo: “Creo que a todos consta que, quienes anduvimos atentos buscando participar como presidente del partido, las fuerzas, las corrientes que afloraron, las voluntades que ahí estuvieron, tuvimos una gran madurez, hemos asumido la posición de oposición madura”.
Y ese fue el eje central de su discurso, que lo combinó con serias, severas críticas al gobierno de Francisco Barrio, seremos una “oposición madura”.
Más. Recordando el modo como se comportó el PAN antes de llegar al gobierno, Artemio dijo que “seremos oposición como la pedimos cuando estábamos en el gobierno, razonada y razonable, que no exige al poder público que haga más de lo que pueda pero que tampoco consiente que haga menos de lo que deba”.
Y llamó a todos los beneficiarios de los tiempos de bonanza de su partido –quienes ocuparon un cargo de elección popular, en la administración pública o en la dirigencia del partido– a colaborar, porque “es hora de que todos le demos al partido, y más obligados estamos los que mucho hemos recibido del PRI”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 22/02/93).
Los resultados fueron apabullantes, en las elecciones federales del ‘94 el PRI ganó las 10 diputaciones, la presidencia y las dos senadurías, prácticamente al dos a uno. Un año después, el PRI obtuvo 15 de las 18 diputaciones locales de mayoría y 55 de los 67 municipios y recuperó las ciudades importantes que estaban en poder del PAN, como Camargo, Parral, Cuauhtémoc, Jiménez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, además de Saucillo. El PAN, a su vez, ganó diez ayuntamientos y tres diputaciones de mayoría, y sólo retuvo Ciudad Juárez como municipio importante.
Vendría el año ’98 en el que el PRI, por primera vez en su historia llamó a elegir a su candidato a gobernador a través de la votación de, prácticamente, todos los ciudadanos que decidieran votar sin ser miembros del partido. Artemio supo temprano, en diciembre del ’97, que la preferencia presidencial no estaba con él, de todos modos decidió apostarle a ese ejercicio democrático que le abrió las puertas del triunfo a su partido y a Patricio Martínez y va de regreso a Manga de Clavo.
Seguirían tiempos difíciles para él, la acusación de haber malversado fondos en la Productora Nacional de Semillas, la marginación y el soterrado enfrentamiento con Martínez y el discreto regreso posterior, ya con Reyes Baeza y su participación como delegado del CEN del PRI en varias entidades, la última en Baja California Sur, antes de Nuevo Casas Grandes.
Tienen razón los priístas en añorar al llamado “Filósofo de Rubio”.
ASERTO TV.- Abusando de nuestros lectores (y de la hospitalidad de El Diario y de Don Osvaldo Rodríguez) les anuncio que a partir del martes 25 de mayo, todos los martes de 6 a 7 de la tarde, por canal 10 de cable en la ciudad de Chihuahua, se transmitirá el programa “Aserto-Tv, donde la noticia se convierte en reflexión y opinión”, bajo la conducción de Georgina Torres y el escribiente.
Con tal motivo, mañana lunes, a las 7.30 pm en el Congreso del Estado, celebraremos un acto de lanzamiento del programa, con la presentación de los periodistas Alejandro Salmón y Osbaldo Salvador Ang, ahí los esperamos.
jueves, 20 de mayo de 2010
Judicialización electoral
El Diario, 20 de mayo de 2010
Luis Javier Valero
No son pocas las voces en los medios de comunicación preocupadas por el número “tan grande” de denuncias que los partidos han presentado y presentarán ante las instancias electorales.
Los argumentos son extremadamente variados, van desde la impugnación por la instalación de espectaculares antes del inicio de las campañas electorales, por la colocación de pendones fuera de las regulaciones municipales, por frases colocadas en los espectaculares que son, dicen los quejosos, “guerra sucia”, por la emisión de spots fuera de los parámetros estatales y federales, etc.
¿Debemos preocuparnos de tal giro otorgado a las campañas electorales por los partidos?
Sí y no.
Por un lado, las actitudes, posturas y acciones de los partidos y sus candidatos demuestran cuán poco respeto les merece la legislación aprobada por ellos, le da la razón a la vieja conseja popular consistente en que “la ley se hizo para violarla” y con ello envían un pobre mensaje a la ciudadanía pues muestran lo endeble que es la cultura de la legalidad.
¿Cómo le piden a la ciudadanía que respeten el “Estado de Derecho” si los procesos usados por ellos están plagados de triquiñuelas –chicanadas, dicen los abogados– para evadir o eludir el marco legal electoral?
Incapaces de afrontar seriamente el gravísimo problema de la incidencia de los poderes fácticos en los procesos electorales, la clase política no tuvo los arrestos necesarios (por supuesto los cívicos) para prohibir por entero la propaganda política en los medios electrónicos de comunicación y la prohibición absoluta a la difusión de la obra gubernamental en los tiempos electorales.
A cambio, en la más vergonzosa concesión, aprobaron otorgarle a los partidos una parte de los tiempos gubernamentales en todas y cada una de las estaciones y en la propaganda gubernamental dejaron como excepciones la difusión de lo relacionado con la salud, la educación y prevención social.
En el primer caso, la regulación electoral no contempló que en los tiempos otorgados a los partidos se privilegiaran los programas de verdadera difusión y cultura electoral y democrática y en cambio se perpetuó el formato de los spots cansinos y repetitivos de los partidos, en lugar, por ejemplo de elevar los debates, los paneles y las mesas de discusión.
Tan pobre concepción de respeto a la legalidad es la razón fundamental de la presentación del exagerado número de denuncias de los partidos pues se trata de evadir a como dé lugar la ley.
Así, en días pasados El Diario (Nota de Gabriela Minjáres, 11/V/10) informó de la guerra sostenida por los dos partidos mayoritarios en Chihuahua a través de “anuncios en radio, televisión, panorámicos y desplegados en periódicos la implementación de programas con impacto social en esta frontera en el contexto del plan ‘Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad” y llegaron al extremo de promover, cada uno por separado, el Seguro Popular como el programa que otorga “servicios de calidad gratuitos”, en el caso del Gobierno Federal, en tanto que el Gobierno del Estado difunde que es “operado por chihuahuenses capacitados”.
Más aún, la administración federal llega al extremo, ilegal por lo demás, de incluir el logotipo del Gobierno Federal, en tanto que los anuncios estatales “contienen el logotipo de la Secretaría Estatal de Salud y se identifica como ‘Seguro Popular Estatal”.
Creció tanto el problema, y lo que puede crecer con casi medio país inmerso en este año en procesos electorales, que de plano el IFE resolvió, en una de las muy contadas resoluciones atinadas, suspender “como medida cautelar la difusión de dos promocionales del gobierno federal en 13 estados del país donde se llevan a cabo campañas electorales locales”.
De ahí que lo ventajoso de la actual campaña electoral sea que ahora pueden y deben a los tribunales electorales y ahí se determinan los resultados electorales y todos lo deben acatar.
Y luego se quejan de que la impunidad es imbatible ¿Por dónde deberíamos de empezar a combatirla?
Por supuesto que con la clase política, pero no sólo, recordemos que los más poderosos hombres de negocios son, a su vez, importantes accionistas de las más extensas e influyentes cadenas de radio y televisión que con la mano en la cintura determinan no sólo lo que se informa, sino cuándo sí se informa y cuándo no.
Luis Javier Valero
No son pocas las voces en los medios de comunicación preocupadas por el número “tan grande” de denuncias que los partidos han presentado y presentarán ante las instancias electorales.
Los argumentos son extremadamente variados, van desde la impugnación por la instalación de espectaculares antes del inicio de las campañas electorales, por la colocación de pendones fuera de las regulaciones municipales, por frases colocadas en los espectaculares que son, dicen los quejosos, “guerra sucia”, por la emisión de spots fuera de los parámetros estatales y federales, etc.
¿Debemos preocuparnos de tal giro otorgado a las campañas electorales por los partidos?
Sí y no.
Por un lado, las actitudes, posturas y acciones de los partidos y sus candidatos demuestran cuán poco respeto les merece la legislación aprobada por ellos, le da la razón a la vieja conseja popular consistente en que “la ley se hizo para violarla” y con ello envían un pobre mensaje a la ciudadanía pues muestran lo endeble que es la cultura de la legalidad.
¿Cómo le piden a la ciudadanía que respeten el “Estado de Derecho” si los procesos usados por ellos están plagados de triquiñuelas –chicanadas, dicen los abogados– para evadir o eludir el marco legal electoral?
Incapaces de afrontar seriamente el gravísimo problema de la incidencia de los poderes fácticos en los procesos electorales, la clase política no tuvo los arrestos necesarios (por supuesto los cívicos) para prohibir por entero la propaganda política en los medios electrónicos de comunicación y la prohibición absoluta a la difusión de la obra gubernamental en los tiempos electorales.
A cambio, en la más vergonzosa concesión, aprobaron otorgarle a los partidos una parte de los tiempos gubernamentales en todas y cada una de las estaciones y en la propaganda gubernamental dejaron como excepciones la difusión de lo relacionado con la salud, la educación y prevención social.
En el primer caso, la regulación electoral no contempló que en los tiempos otorgados a los partidos se privilegiaran los programas de verdadera difusión y cultura electoral y democrática y en cambio se perpetuó el formato de los spots cansinos y repetitivos de los partidos, en lugar, por ejemplo de elevar los debates, los paneles y las mesas de discusión.
Tan pobre concepción de respeto a la legalidad es la razón fundamental de la presentación del exagerado número de denuncias de los partidos pues se trata de evadir a como dé lugar la ley.
Así, en días pasados El Diario (Nota de Gabriela Minjáres, 11/V/10) informó de la guerra sostenida por los dos partidos mayoritarios en Chihuahua a través de “anuncios en radio, televisión, panorámicos y desplegados en periódicos la implementación de programas con impacto social en esta frontera en el contexto del plan ‘Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad” y llegaron al extremo de promover, cada uno por separado, el Seguro Popular como el programa que otorga “servicios de calidad gratuitos”, en el caso del Gobierno Federal, en tanto que el Gobierno del Estado difunde que es “operado por chihuahuenses capacitados”.
Más aún, la administración federal llega al extremo, ilegal por lo demás, de incluir el logotipo del Gobierno Federal, en tanto que los anuncios estatales “contienen el logotipo de la Secretaría Estatal de Salud y se identifica como ‘Seguro Popular Estatal”.
Creció tanto el problema, y lo que puede crecer con casi medio país inmerso en este año en procesos electorales, que de plano el IFE resolvió, en una de las muy contadas resoluciones atinadas, suspender “como medida cautelar la difusión de dos promocionales del gobierno federal en 13 estados del país donde se llevan a cabo campañas electorales locales”.
De ahí que lo ventajoso de la actual campaña electoral sea que ahora pueden y deben a los tribunales electorales y ahí se determinan los resultados electorales y todos lo deben acatar.
Y luego se quejan de que la impunidad es imbatible ¿Por dónde deberíamos de empezar a combatirla?
Por supuesto que con la clase política, pero no sólo, recordemos que los más poderosos hombres de negocios son, a su vez, importantes accionistas de las más extensas e influyentes cadenas de radio y televisión que con la mano en la cintura determinan no sólo lo que se informa, sino cuándo sí se informa y cuándo no.
martes, 18 de mayo de 2010
Cosecha de odio
El Diario, 18 de mayo de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿A dónde habremos llegado que un ex candidato presidencial, del partido gobernante, se encuentra hoy bajo la más de las inciertas de las suertes (por lo menos hasta el mediodía de ayer) secuestrado, o, peor aún, “levantado”?
Lamentable, como lo deben ser todas las acciones de este tipo, podemos concluir que Diego Fernández de Cevallos es ahora víctima de lo que ayudó a construir tesoneramente. De ninguna manera justificamos su desaparición, es, como todas, igualmente inaceptable, pero la suya corre por circunstancias absolutamente distintas a las del resto de las presentadas en el país en los últimos años.
Fernández de Cevallos es uno de los principales responsables de la construcción del actual régimen político, el mismo que ahora es incapaz de contener la oleada criminal abatida sobre nuestro país, que si bien posibilitó la alternancia partidaria, se quedó solamente en eso, sin transformar el total de las estructuras sociales y políticas que el viejo régimen había forjado a lo largo de poco más de cinco décadas (porque, evidentemente, el período 1932-1948 en nada puede compararse con el régimen nacido a partir de la presidencia de Miguel Alemán) y al no incidir en la transformación del viejo estado de cosas, permitiendo la persistencia de todas las estructuras corporativistas del priato, el PAN, al conformarse con ser solamente una alternancia partidaria, permitió, con su accionar o su permisividad, lo que ahora sucede.
Factor central de la gravísima crisis institucional que padecemos es la impunidad, a ella se acogió durante buena parte de su vida el hombre al que ahora deploramos haya sido privado de su libertad (y quizá de su vida). No es el único aspecto altamente cuestionable de su actividad pública, también el que, quizá como nadie en tan elevada esfera, aprovechó su protagonismo público para combinarlo con su actividad privada que, por pura coincidencia, redundaba en su beneficio.
Más aún, en la conformación del actual régimen tuvo primacía pues de su despacho emergieron por lo menos dos procuradores generales de la república, un secretario de gobernación y varios subsecretarios de la última dependencia. No exageraremos si planteamos que muchas de las estrategias, de combate al crimen organizado y de elaboración de la agenda política del país fueron elaboradas en el bufete jurídico que tanto renombre alcanzó bajo su conducción y protección.
Y si en tales aspectos su participación fue decisiva, en la legitimación de Carlos Salinas de Gortari y en su consolidación política fue factor primordial. El problema es que la consolidación del régimen salinista no abarcó solamente la esfera política fue, sobre todo, la apertura a la más salvaje de las privatizaciones que en su momento fue el más grande despojo jamás sufrido por la nación mexicana, superior, incluso, a la expoliación efectuada por España sobre nuestro territorio y sus habitantes.
En ese marco es que se consolida la alternancia partidaria y en la que Fernández de Cevallos se erige, para deshonra del panismo, como el “Jefe Diego”, llamado así por su preeminencia en Palacio Nacional y su nunca desmentida, antes bien, siempre confirmada, ascendencia sobre Carlos Salinas, obtenida a partir de su aquiescencia de legitimar el cuestionado triunfo del priista e incinerar las boletas electorales de la elección presidencial de 1988.
Luego vendría el Fobaproa, la legitimación del despojo bancario sobre toda la nación, los litigios ganados por Diego y su despacho al Estado Mexicano, (por miles de millones de pesos) siendo el titular del Congreso de la Unión, actos que le merecieron hasta el repudio de María Luisa Calderón, hermana de Felipe, por los elevados grados de inmoralidad, hasta el escabroso episodio de los videos de Bejarano, el desafuero de López Obrador, el apoyo al repudiado ex presidente Salinas de Gortari.
Es decir, muy poco podría comprenderse el México actual sin la mano de Fernández de Cevallos, por desgracia no podemos decir que para bien, al contrario, la impunidad, el uso de la fuerza política para servir a los intereses privados son ejes centrales de la vida de tan destacado panista.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
¿A dónde habremos llegado que un ex candidato presidencial, del partido gobernante, se encuentra hoy bajo la más de las inciertas de las suertes (por lo menos hasta el mediodía de ayer) secuestrado, o, peor aún, “levantado”?
Lamentable, como lo deben ser todas las acciones de este tipo, podemos concluir que Diego Fernández de Cevallos es ahora víctima de lo que ayudó a construir tesoneramente. De ninguna manera justificamos su desaparición, es, como todas, igualmente inaceptable, pero la suya corre por circunstancias absolutamente distintas a las del resto de las presentadas en el país en los últimos años.
Fernández de Cevallos es uno de los principales responsables de la construcción del actual régimen político, el mismo que ahora es incapaz de contener la oleada criminal abatida sobre nuestro país, que si bien posibilitó la alternancia partidaria, se quedó solamente en eso, sin transformar el total de las estructuras sociales y políticas que el viejo régimen había forjado a lo largo de poco más de cinco décadas (porque, evidentemente, el período 1932-1948 en nada puede compararse con el régimen nacido a partir de la presidencia de Miguel Alemán) y al no incidir en la transformación del viejo estado de cosas, permitiendo la persistencia de todas las estructuras corporativistas del priato, el PAN, al conformarse con ser solamente una alternancia partidaria, permitió, con su accionar o su permisividad, lo que ahora sucede.
Factor central de la gravísima crisis institucional que padecemos es la impunidad, a ella se acogió durante buena parte de su vida el hombre al que ahora deploramos haya sido privado de su libertad (y quizá de su vida). No es el único aspecto altamente cuestionable de su actividad pública, también el que, quizá como nadie en tan elevada esfera, aprovechó su protagonismo público para combinarlo con su actividad privada que, por pura coincidencia, redundaba en su beneficio.
Más aún, en la conformación del actual régimen tuvo primacía pues de su despacho emergieron por lo menos dos procuradores generales de la república, un secretario de gobernación y varios subsecretarios de la última dependencia. No exageraremos si planteamos que muchas de las estrategias, de combate al crimen organizado y de elaboración de la agenda política del país fueron elaboradas en el bufete jurídico que tanto renombre alcanzó bajo su conducción y protección.
Y si en tales aspectos su participación fue decisiva, en la legitimación de Carlos Salinas de Gortari y en su consolidación política fue factor primordial. El problema es que la consolidación del régimen salinista no abarcó solamente la esfera política fue, sobre todo, la apertura a la más salvaje de las privatizaciones que en su momento fue el más grande despojo jamás sufrido por la nación mexicana, superior, incluso, a la expoliación efectuada por España sobre nuestro territorio y sus habitantes.
En ese marco es que se consolida la alternancia partidaria y en la que Fernández de Cevallos se erige, para deshonra del panismo, como el “Jefe Diego”, llamado así por su preeminencia en Palacio Nacional y su nunca desmentida, antes bien, siempre confirmada, ascendencia sobre Carlos Salinas, obtenida a partir de su aquiescencia de legitimar el cuestionado triunfo del priista e incinerar las boletas electorales de la elección presidencial de 1988.
Luego vendría el Fobaproa, la legitimación del despojo bancario sobre toda la nación, los litigios ganados por Diego y su despacho al Estado Mexicano, (por miles de millones de pesos) siendo el titular del Congreso de la Unión, actos que le merecieron hasta el repudio de María Luisa Calderón, hermana de Felipe, por los elevados grados de inmoralidad, hasta el escabroso episodio de los videos de Bejarano, el desafuero de López Obrador, el apoyo al repudiado ex presidente Salinas de Gortari.
Es decir, muy poco podría comprenderse el México actual sin la mano de Fernández de Cevallos, por desgracia no podemos decir que para bien, al contrario, la impunidad, el uso de la fuerza política para servir a los intereses privados son ejes centrales de la vida de tan destacado panista.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
domingo, 16 de mayo de 2010
El Ejército a los cuarteles
Luis Javier Valero Flores
El Diario, 16 de mayo de 2010
Ya no es una opinión derivada solamente de las concepciones personales, es una necesidad, y no solamente en Chihuahua, en el país. El último de los “incidentes” en los que elementos de las fuerzas armadas cometen un “accidente”, o que se ven afectados civiles por las acciones militares, reviste la mayor de las gravedades.
Debemos repetirlo hasta el cansancio, todas las agresiones, todas las muertes son execrables, pero unas lo son más que otras, por el peso específico de quienes las sufren y por las responsabilidades individuales de las víctimas para con la sociedad.
Por ello importa deplorar el ataque sufrido por el convoy del candidato del PRI al Gobierno del Estado, César Duarte. Uno de los vehículos –o varios– recibió, o recibieron, uno o más disparos salidos del arma de un militar que, hasta el momento de redactar la presente colaboración las autoridades militares no habían, ni siquiera, informado quién había sido el autor de ese disparo(s).
Es decir, la persona que en estos momentos aparece con más probabilidades de asumir la gubernatura (por el resultado de las últimas encuestas conocidas públicamente) y por consecuencia la dirigencia formal de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), resultó ser la víctima del “accidente” de ahora, cometido por un militar (¿Fue un elemento nada más?).
Tal incidente debiera llevarnos a plantearnos con toda seriedad, la que la situación reclama, el relevo del ejército de todas las funciones policiales asumidas hasta ahora y delimitarlo a los ámbitos expresamente señalados por el actual marco legal.
Tal planteamiento va en sentido absolutamente contrario a lo deseado por la actual administración federal; en lugar de otorgarle más facultades a las fuerzas armadas lo que urge es señalar límites para su involucramiento en tareas que debieran ser, estrictamente, de civiles.
El incidente retrata nítidamente la necesidad de regresar a los militares a los cuarteles. No solamente por el incidente, que si fuera uno aislado no serviría para obtener conclusión alguna, pero si al más reciente le sumamos los sucedidos en otras zonas del país a lo largo de los últimos cuatro años, y los sufridos por numerosos juarenses, entre ellos hasta el de nuestros compañeros periodistas (apenas una semana atrás dimos cuenta de nuestro repudio a la agresión y amenazas sufrida a manos de militares por los periodistas de El Diario, Lucy Sosa y Mario Bañuelos), amén de las miles de quejas presentadas en el último trienio, que van a la par del evidente fracaso de la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico.
Ayer, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, un convoy de tres vehículos se aproximaba al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. En uno de ellos viajaba el candidato priísta acompañado del ex secretario de Salud, Jesús Kumate. Luego, de acuerdo con las versiones del propio candidato y de sus colaboradores, de improviso oyeron varios disparos y dos de los vehículos presentaron orificios de disparo de balas.
Los disparos provinieron de dos unidades militares en las que se encontraban varios elementos. Repuestos del susto, los funcionarios de la campaña de Duarte se enfrascaron en una discusión con los militares pues estos, en un episodio más de la altanería y la ilegalidad con la que se comportan, intentaban llevarse los dos vehículos rafagueados. ¿Por qué? ¿Quién les dio esa facultad? ¿Acaso son peritos en balística? ¿O pretendían, como tanto se ha denunciado en Juárez, borrar las evidencias?
Y en lugar de que encontráramos una versión oficial, es decir, del Ejército, nos encontramos una versión del vocero de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), Enrique Torres, quien nos informa que a uno de los militares se le disparó su arma automática por accidente. Ya casi nos dicen que “se le chispoteó” y que, además, el Gral. Felipe de Jesús Espitia “ya se comunicó con el candidato César Duarte”. ¡Magnífico, podemos pasar al descanso y al relajamiento, no debemos preocuparnos por un incidente menor, total, nadie salió herido!
Pero en lugar de informar de frente, claramente, nos encontramos una actitud contraria a la más elemental lógica democrática y se esconde la información; vamos, todavía a esta hora no sabemos si fue solamente un disparo o una ráfaga.
Las autoridades –de todo tipo– involucradas en la ejecución de la OCCh debieran informarnos, informarle al Congreso del Estado, instancia legalmente facultada para hacerlo, acerca de los beneficios obtenidos por la ciudadanía de la participación de las fuerzas armadas en el actual “combate” al narco; deben hacer un balance mesurado, real, acerca de la utilidad de la llegada a Chihuahua de las fuerzas armadas y si su participación sirvió para detener las consecuencias violentas del tráfico de drogas y de la disputa sostenida por los cárteles, que hoy sostienen tan cruento enfrentamiento, causante de la muerte de más de 6 mil personas en tan solo dos años y dos meses de vigencia de la OCCh.
Y se trata de efectuar un balance, no de escuchar de nuestros políticos las consabidas frases de elogio y reconocimiento a las fuerzas armadas; no, debemos efectuar una revisión, con las armas de la democracia moderna, para concluir si fue adecuado o no involucrar al ejército en esta tarea.
A la luz de los hechos, está más que claro el auténtico fracaso, no del ejército, sino de los civiles que lo lanzaron a una aventura, (Calderón dixit – No había una idea precisa de las dimensiones [del narco]) pues ahora sí ya sabemos, fuera de toda duda, que las fuerzas armadas están preparadas para el combate, para la guerra pues, contra los enemigos “internos” y externos, siempre y cuando éstos y aquellos estén organizados en un ejército y no para combatir a los criminales y, además, preservar el orden y la legalidad vigentes.
Digámoslo claramente, los militares están preparados para eliminar al enemigo, de ahí la prestancia con la que suelen disparar pues su entrenamiento no está dirigido a prevenir el delito ni a detener a los delincuentes y si un convoy, a sus ojos, es sospechoso, pone nervioso a más de uno de sus integrantes, no de otra manera podemos entender que un militar, como dijo el vocero de la OCCh, se le haya soltado un balazo al estar manipulando su arma.
Y la evidencia del fracaso del uso de las fuerzas armadas la obtenemos no solamente de nuestra percepción, el mismo gobierno federal ha concedido en tal sentido. No de otra forma debemos valorar el hecho que ahora la OCCh está dirigida y operada por la policía federal (que al fin de cuentas son militares también), con todas sus ventajas y sus aún mayores desventajas, dados los numerosos incidentes que ya forman parte de la cotidianidad de la vida chihuahuense.
Ahora, con los últimos incidentes, particularmente el suscitado anteayer en Juárez cuando, después de que unos policías federales fueran atacados en calles de esta ciudad, varios elementos se dedicaron a catear casas, obviamente sin la respectiva orden, a causar daños y a, según versiones de personas afectadas, robar dinero y objetos domésticos, ¿qué diferencia hay con las permanentes denuncias públicas levantadas por numerosos habitantes del Valle de Juárez –entre ellas, y de destacada manera las sostenidas por la ex regidora perredista de Guadalupe Distrito Bravos, Josefina Reyes, cuyo asesinato permanece aún, al igual que la gran mayoría de los presentados en este período, impune– por los numerosos atropellos cometidos por elementos militares?
Y en las explicaciones ofrecidas a los medios de comunicación tampoco hay diferencia –bueno, sí, los polifederales hablan más– pues en su concepción el mal se encuentra en la sociedad. Así, el vocero de la Policía Federal, José Ramón Salinas Frías, justificó los cateos ilegales pues “buscaban a un grupo de hombres armados” y se quejó porque “la ciudadanía no coopera”.
O sea, se da un enfrentamiento armado, la gente corre a esconderse en sus casas, atemorizada y luego, como si fuera poco, sus casas son violentadas ¡¡por las fuerzas del orden!! y todavía se quejan los voceros policiales de falta de cooperación de los juarenses.
No es todo, y a pesar de las múltiples evidencias (El Diario publicó numerosas fotos) el funcionario adujo que debían presentar una denuncia oficial, pues de lo contrario “suena a chisme”. (Nota de Blanca Carmona, El Diario 14/V/10).
Así, por si lo necesitáramos, este nuevo incidente no vino más que a soliviantar aún más los ánimos electorales, pues el dirigente del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, calificó de “espectáculo” las declaraciones de Duarte quien, obviamente, descargó sus baterías contra el gobierno federal pues al “incidente” le sumó la nada despreciable y extrañísima actividad de numerosos funcionarios federales en el antiguo Paso del Norte.
¿Será porque estamos en campaña electoral? N’ombre, mal pensado que es usté.
El Diario, 16 de mayo de 2010
Ya no es una opinión derivada solamente de las concepciones personales, es una necesidad, y no solamente en Chihuahua, en el país. El último de los “incidentes” en los que elementos de las fuerzas armadas cometen un “accidente”, o que se ven afectados civiles por las acciones militares, reviste la mayor de las gravedades.
Debemos repetirlo hasta el cansancio, todas las agresiones, todas las muertes son execrables, pero unas lo son más que otras, por el peso específico de quienes las sufren y por las responsabilidades individuales de las víctimas para con la sociedad.
Por ello importa deplorar el ataque sufrido por el convoy del candidato del PRI al Gobierno del Estado, César Duarte. Uno de los vehículos –o varios– recibió, o recibieron, uno o más disparos salidos del arma de un militar que, hasta el momento de redactar la presente colaboración las autoridades militares no habían, ni siquiera, informado quién había sido el autor de ese disparo(s).
Es decir, la persona que en estos momentos aparece con más probabilidades de asumir la gubernatura (por el resultado de las últimas encuestas conocidas públicamente) y por consecuencia la dirigencia formal de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), resultó ser la víctima del “accidente” de ahora, cometido por un militar (¿Fue un elemento nada más?).
Tal incidente debiera llevarnos a plantearnos con toda seriedad, la que la situación reclama, el relevo del ejército de todas las funciones policiales asumidas hasta ahora y delimitarlo a los ámbitos expresamente señalados por el actual marco legal.
Tal planteamiento va en sentido absolutamente contrario a lo deseado por la actual administración federal; en lugar de otorgarle más facultades a las fuerzas armadas lo que urge es señalar límites para su involucramiento en tareas que debieran ser, estrictamente, de civiles.
El incidente retrata nítidamente la necesidad de regresar a los militares a los cuarteles. No solamente por el incidente, que si fuera uno aislado no serviría para obtener conclusión alguna, pero si al más reciente le sumamos los sucedidos en otras zonas del país a lo largo de los últimos cuatro años, y los sufridos por numerosos juarenses, entre ellos hasta el de nuestros compañeros periodistas (apenas una semana atrás dimos cuenta de nuestro repudio a la agresión y amenazas sufrida a manos de militares por los periodistas de El Diario, Lucy Sosa y Mario Bañuelos), amén de las miles de quejas presentadas en el último trienio, que van a la par del evidente fracaso de la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico.
Ayer, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, un convoy de tres vehículos se aproximaba al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. En uno de ellos viajaba el candidato priísta acompañado del ex secretario de Salud, Jesús Kumate. Luego, de acuerdo con las versiones del propio candidato y de sus colaboradores, de improviso oyeron varios disparos y dos de los vehículos presentaron orificios de disparo de balas.
Los disparos provinieron de dos unidades militares en las que se encontraban varios elementos. Repuestos del susto, los funcionarios de la campaña de Duarte se enfrascaron en una discusión con los militares pues estos, en un episodio más de la altanería y la ilegalidad con la que se comportan, intentaban llevarse los dos vehículos rafagueados. ¿Por qué? ¿Quién les dio esa facultad? ¿Acaso son peritos en balística? ¿O pretendían, como tanto se ha denunciado en Juárez, borrar las evidencias?
Y en lugar de que encontráramos una versión oficial, es decir, del Ejército, nos encontramos una versión del vocero de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), Enrique Torres, quien nos informa que a uno de los militares se le disparó su arma automática por accidente. Ya casi nos dicen que “se le chispoteó” y que, además, el Gral. Felipe de Jesús Espitia “ya se comunicó con el candidato César Duarte”. ¡Magnífico, podemos pasar al descanso y al relajamiento, no debemos preocuparnos por un incidente menor, total, nadie salió herido!
Pero en lugar de informar de frente, claramente, nos encontramos una actitud contraria a la más elemental lógica democrática y se esconde la información; vamos, todavía a esta hora no sabemos si fue solamente un disparo o una ráfaga.
Las autoridades –de todo tipo– involucradas en la ejecución de la OCCh debieran informarnos, informarle al Congreso del Estado, instancia legalmente facultada para hacerlo, acerca de los beneficios obtenidos por la ciudadanía de la participación de las fuerzas armadas en el actual “combate” al narco; deben hacer un balance mesurado, real, acerca de la utilidad de la llegada a Chihuahua de las fuerzas armadas y si su participación sirvió para detener las consecuencias violentas del tráfico de drogas y de la disputa sostenida por los cárteles, que hoy sostienen tan cruento enfrentamiento, causante de la muerte de más de 6 mil personas en tan solo dos años y dos meses de vigencia de la OCCh.
Y se trata de efectuar un balance, no de escuchar de nuestros políticos las consabidas frases de elogio y reconocimiento a las fuerzas armadas; no, debemos efectuar una revisión, con las armas de la democracia moderna, para concluir si fue adecuado o no involucrar al ejército en esta tarea.
A la luz de los hechos, está más que claro el auténtico fracaso, no del ejército, sino de los civiles que lo lanzaron a una aventura, (Calderón dixit – No había una idea precisa de las dimensiones [del narco]) pues ahora sí ya sabemos, fuera de toda duda, que las fuerzas armadas están preparadas para el combate, para la guerra pues, contra los enemigos “internos” y externos, siempre y cuando éstos y aquellos estén organizados en un ejército y no para combatir a los criminales y, además, preservar el orden y la legalidad vigentes.
Digámoslo claramente, los militares están preparados para eliminar al enemigo, de ahí la prestancia con la que suelen disparar pues su entrenamiento no está dirigido a prevenir el delito ni a detener a los delincuentes y si un convoy, a sus ojos, es sospechoso, pone nervioso a más de uno de sus integrantes, no de otra manera podemos entender que un militar, como dijo el vocero de la OCCh, se le haya soltado un balazo al estar manipulando su arma.
Y la evidencia del fracaso del uso de las fuerzas armadas la obtenemos no solamente de nuestra percepción, el mismo gobierno federal ha concedido en tal sentido. No de otra forma debemos valorar el hecho que ahora la OCCh está dirigida y operada por la policía federal (que al fin de cuentas son militares también), con todas sus ventajas y sus aún mayores desventajas, dados los numerosos incidentes que ya forman parte de la cotidianidad de la vida chihuahuense.
Ahora, con los últimos incidentes, particularmente el suscitado anteayer en Juárez cuando, después de que unos policías federales fueran atacados en calles de esta ciudad, varios elementos se dedicaron a catear casas, obviamente sin la respectiva orden, a causar daños y a, según versiones de personas afectadas, robar dinero y objetos domésticos, ¿qué diferencia hay con las permanentes denuncias públicas levantadas por numerosos habitantes del Valle de Juárez –entre ellas, y de destacada manera las sostenidas por la ex regidora perredista de Guadalupe Distrito Bravos, Josefina Reyes, cuyo asesinato permanece aún, al igual que la gran mayoría de los presentados en este período, impune– por los numerosos atropellos cometidos por elementos militares?
Y en las explicaciones ofrecidas a los medios de comunicación tampoco hay diferencia –bueno, sí, los polifederales hablan más– pues en su concepción el mal se encuentra en la sociedad. Así, el vocero de la Policía Federal, José Ramón Salinas Frías, justificó los cateos ilegales pues “buscaban a un grupo de hombres armados” y se quejó porque “la ciudadanía no coopera”.
O sea, se da un enfrentamiento armado, la gente corre a esconderse en sus casas, atemorizada y luego, como si fuera poco, sus casas son violentadas ¡¡por las fuerzas del orden!! y todavía se quejan los voceros policiales de falta de cooperación de los juarenses.
No es todo, y a pesar de las múltiples evidencias (El Diario publicó numerosas fotos) el funcionario adujo que debían presentar una denuncia oficial, pues de lo contrario “suena a chisme”. (Nota de Blanca Carmona, El Diario 14/V/10).
Así, por si lo necesitáramos, este nuevo incidente no vino más que a soliviantar aún más los ánimos electorales, pues el dirigente del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, calificó de “espectáculo” las declaraciones de Duarte quien, obviamente, descargó sus baterías contra el gobierno federal pues al “incidente” le sumó la nada despreciable y extrañísima actividad de numerosos funcionarios federales en el antiguo Paso del Norte.
¿Será porque estamos en campaña electoral? N’ombre, mal pensado que es usté.
jueves, 13 de mayo de 2010
Apocalipsis out
Luis Javier Valero
El Diario, 13 de mayo de 2010
Cual si fuera un montaje de película, o un episodio más de la herramienta preferida por el panismo en el poder; por lo que nos toca, por la gravedad de la frivolidad con la que se conduce en temas que debieran ser tratados con la seriedad que revisten y la afectación a millones de mexicanos y porque, aún más grave, al citar Felipe Calderón que su gobierno ya derrotó a cinco, no cuatro, jinetes del apocalipsis, nos lleva, por momentos y no pocos, a añorar a Vicente Fox.
De ese tamaño es la desmesura con la que hemos sido gobernados en los últimos cuatro años y medio.
Como si no fuera ésta la época del internet y de la comunicación globalizada, creyendo que sus palabras no serían escuchadas por sus compatriotas y que los alemanes –sobre todo los inversionistas y los gobernantes– no podrían acceder a la información sobre la inquietante realidad mexicana, Calderón dijo que su gobierno ya había derrotado a los jinetes del apocalipsis “calderonista”: la influenza, la crisis económica, la sequía, el crimen organizado y la baja en la producción petrolera.
Endorfinado, plenamente convencido de sus falacias, adujo que México, al contrario de las naciones más poderosas se había salido “de la ruta de deterioro que ya estamos observando en economías desarrolladas”. ¡Y lo decía cuando el pánico corroía por minutos a toda Europa en medio de la hecatombe económica abatida sobre Grecia!
Orgulloso, les informó a los empresarios germanos que la inflación en abril había sido negativa ¿De dónde sacará sus cifras si en esos momentos se anunciaba el quinto aumento al precio de las gasolinas?
Pero si los anteriores podrían ser cuestionables por los chihuahuenses, en dos aspectos no hay duda para los habitantes del Estado Grande.
El presente año es el peor en cuanto al número de ejecuciones, de crecimiento de la mayoría de los índices delictivos y de la percepción social acerca de la inseguridad.
En lo económico no es mejor el panorama. A pesar de todos los anuncios, la cifra de empleados no aumenta y la pobreza empieza a enseñorearse en la entidad, sus manifestaciones asoman por doquier, ya sea en las largas filas de chihuahuenses, listos a enrolarse en alguno de los programas de carácter social de cualquiera de los niveles de gobierno, o en los discursos de los candidatos al gobierno del estado que poco a poco han fijado sus cañones electorales en aspectos relativos a la economía familiar, o en el abarrotamiento de las oficinas para pagar la regularización de vehículos “chuecos” que, por puritita casualidad se abarató a mes y medio de las elecciones.
Y eso es lo que se encuentra en el fondo de las afirmaciones de Calderón, la preocupación acerca de la confrontación electoral del presente año, empeñado en convencer al electorado de 14 entidades inmersas en campaña de que a pesar de todo los panistas no son tan malos para gobernar, se enfrenta a una tétrica realidad, la de que más de medio país vive en medio de un baño de sangre, si no originado por su gobierno sí acicateado por su equívoca estrategia y que el total de los mexicanos (claro, unos cuantos no, pero ellos que hablen por sí mismos, y bien que lo hacen a través de sus muy poderosos medios de comunicación, especialmente las dos cadenas de televisión) vivimos en condiciones de apremio económico.
Ufano, dijo que el primer cuatrimestre de 2010 era el mejor de los últimos 10 años pues se crearon, él dijo, 380 mil plazas formales, sin tomar en cuenta que tan sólo Chihuahua perdió el año pasado alrededor de 100 mil.
Pero qué importa la realidad cuando hay 14 campañas electorales y hay que ganarlas. Y ese es el pensamiento central, no sólo de Calderón, sino de infinidad de panistas, como los de Chihuahua que sólo piensan en las estrategias electorales, en hacer que su candidato prometa cosas que su gobierno no efectuó, como la de que, al llegar al gobierno él sí asumiría la dirección de la Operación Coordinada Chihuahua (OCV), sin recordar que cuando era alcalde solicitó que las fuerzas federales auxiliaran en Chihuahua capital –por el efecto cucaracha, dijo– y aseveró, en su momento, que no se veía “ni como posibilidad” que el ejército tomara el control de la policía municipal. Meses después, seguramente con su oposición, un militar asumió la polimunicipal, al igual, y simultáneamente que en Delicias y Juárez.
Pero ahora se promete que sí se tendrá la coordinación.
El Diario, 13 de mayo de 2010
Cual si fuera un montaje de película, o un episodio más de la herramienta preferida por el panismo en el poder; por lo que nos toca, por la gravedad de la frivolidad con la que se conduce en temas que debieran ser tratados con la seriedad que revisten y la afectación a millones de mexicanos y porque, aún más grave, al citar Felipe Calderón que su gobierno ya derrotó a cinco, no cuatro, jinetes del apocalipsis, nos lleva, por momentos y no pocos, a añorar a Vicente Fox.
De ese tamaño es la desmesura con la que hemos sido gobernados en los últimos cuatro años y medio.
Como si no fuera ésta la época del internet y de la comunicación globalizada, creyendo que sus palabras no serían escuchadas por sus compatriotas y que los alemanes –sobre todo los inversionistas y los gobernantes– no podrían acceder a la información sobre la inquietante realidad mexicana, Calderón dijo que su gobierno ya había derrotado a los jinetes del apocalipsis “calderonista”: la influenza, la crisis económica, la sequía, el crimen organizado y la baja en la producción petrolera.
Endorfinado, plenamente convencido de sus falacias, adujo que México, al contrario de las naciones más poderosas se había salido “de la ruta de deterioro que ya estamos observando en economías desarrolladas”. ¡Y lo decía cuando el pánico corroía por minutos a toda Europa en medio de la hecatombe económica abatida sobre Grecia!
Orgulloso, les informó a los empresarios germanos que la inflación en abril había sido negativa ¿De dónde sacará sus cifras si en esos momentos se anunciaba el quinto aumento al precio de las gasolinas?
Pero si los anteriores podrían ser cuestionables por los chihuahuenses, en dos aspectos no hay duda para los habitantes del Estado Grande.
El presente año es el peor en cuanto al número de ejecuciones, de crecimiento de la mayoría de los índices delictivos y de la percepción social acerca de la inseguridad.
En lo económico no es mejor el panorama. A pesar de todos los anuncios, la cifra de empleados no aumenta y la pobreza empieza a enseñorearse en la entidad, sus manifestaciones asoman por doquier, ya sea en las largas filas de chihuahuenses, listos a enrolarse en alguno de los programas de carácter social de cualquiera de los niveles de gobierno, o en los discursos de los candidatos al gobierno del estado que poco a poco han fijado sus cañones electorales en aspectos relativos a la economía familiar, o en el abarrotamiento de las oficinas para pagar la regularización de vehículos “chuecos” que, por puritita casualidad se abarató a mes y medio de las elecciones.
Y eso es lo que se encuentra en el fondo de las afirmaciones de Calderón, la preocupación acerca de la confrontación electoral del presente año, empeñado en convencer al electorado de 14 entidades inmersas en campaña de que a pesar de todo los panistas no son tan malos para gobernar, se enfrenta a una tétrica realidad, la de que más de medio país vive en medio de un baño de sangre, si no originado por su gobierno sí acicateado por su equívoca estrategia y que el total de los mexicanos (claro, unos cuantos no, pero ellos que hablen por sí mismos, y bien que lo hacen a través de sus muy poderosos medios de comunicación, especialmente las dos cadenas de televisión) vivimos en condiciones de apremio económico.
Ufano, dijo que el primer cuatrimestre de 2010 era el mejor de los últimos 10 años pues se crearon, él dijo, 380 mil plazas formales, sin tomar en cuenta que tan sólo Chihuahua perdió el año pasado alrededor de 100 mil.
Pero qué importa la realidad cuando hay 14 campañas electorales y hay que ganarlas. Y ese es el pensamiento central, no sólo de Calderón, sino de infinidad de panistas, como los de Chihuahua que sólo piensan en las estrategias electorales, en hacer que su candidato prometa cosas que su gobierno no efectuó, como la de que, al llegar al gobierno él sí asumiría la dirección de la Operación Coordinada Chihuahua (OCV), sin recordar que cuando era alcalde solicitó que las fuerzas federales auxiliaran en Chihuahua capital –por el efecto cucaracha, dijo– y aseveró, en su momento, que no se veía “ni como posibilidad” que el ejército tomara el control de la policía municipal. Meses después, seguramente con su oposición, un militar asumió la polimunicipal, al igual, y simultáneamente que en Delicias y Juárez.
Pero ahora se promete que sí se tendrá la coordinación.
domingo, 9 de mayo de 2010
Debates
El Diario, 9 de mayo de 2010
Luis Javier Valero Flores
No tan solo es inadmisible la agresión a nuestros compañeros Mario Bañuelos y Luz del Carmen Sosa, reporteros de El Diario-Juárez, sino la respuesta del vocero de la OCCh, Enrique Torres, cuando informó que la Secretaría de la Defensa Nacional está a la espera de la presentación de la denuncia ¿Acaso los periodistas están bajo el fuero militar?
De ninguna manera, este caso debe conocerlo la autoridad civil –la PGR– e informar del avance de las indagatorias a la sociedad. No están agrediendo a cualquier ciudadano, sino a dos que están encargados de informarle a la sociedad. Al agredirlos a ellos nos ofenden a todos ¿Es muy difícil de entender, y más importante, de acatar?
Deberemos adelantarnos a los candidatos. Antes que se disputen quien planteó antes que los otros la idea de efectuar un debate en Juárez (y aquí debemos acreditárselo a Luis Orozco, del PRD) importa precisar qué sería lo más conveniente a la sociedad chihuahuense (claro, desde la óptica del escribidor) a propósito del o los debates a realizarse entre los candidatos.
Lo más importante será, antes de dilucidar quién tiene la patente de la oportunidad, el formato del debate que por ley está obligado a celebrar el Instituto Estatal Electoral (IEE) para cada uno de los cargos de elección popular en disputa, y no sólo la gubernatura.
Plasmada desde la reforma electoral del ’97, la obligatoriedad de la celebración del debate, a partir de una modificación del año anterior, para los candidatos también se convirtió en obligatorio acudir al debate.
Con la reforma de la década de los 90’s, nuestra entidad se puso en la punta del espíritu reformador en materia electoral que cruzaba por todo el país.
Así lo establece ahora la ley electoral:
“Art. 85…
5.- El Consejo General y las Asambleas Municipales deberán organizar por lo menos la celebración de un debate entre los candidatos, o sus representantes, relativo a la plataforma de los partidos. En su desarrollo, se garantizará la equidad y seguridad entre los participantes así como el respeto a la dignidad personal. Es obligación de los candidatos debatir públicamente con sus contrincantes.”
Sin embargo, el espíritu reformador no dio para que las autoridades electorales, hasta ahora, se atrevieran a la celebración de un debate con el formato de eso, de un auténtico debate; por tal motivo, no hemos tenido la oportunidad para comparar de mejor manera la capacidad, conocimiento y experiencia de los candidatos sobre los mismos temas. A cambio, hemos asistido a actos en los que casi se convierten en una mera exposición de diferentes temas abordados por los candidatos debido a que hasta los temas son sorteados entre ellos y se ha dado el caso, frecuentemente, que cada candidato aborde un tema y los demás candidatos, otros, sin que se dé la confrontación de ideas, propuestas y planes entre ellos.
Tal esquema se ha roto ocasionalmente cuando uno de los candidatos lanza algunos comentarios contra su oponente, generalmente al que consideran va adelante en las preferencias electorales, pero nunca es una crítica general y detallada, por lo menos en los puntos de discrepancia, hacia alguna de las propuestas o posturas de su rival electoral.
Así, los candidatos suelen presentarse al debate organizado por el IEE con discursos totalmente preparados, con textos y citas adecuados para cada uno de los temas. Sólo falta que alguno de ellos suelte la clásica frase de –pues no venía preparado– y a continuación saque un extenso discurso preparado para la ocasión.
Ese formato ya no sirve –si en alguna época fue útil–. La sociedad ha cambiado profundamente y las comunicaciones actuales han permitido saber, por lo menos, de los formatos de los debates sostenidos por los aspirantes a la presidencia de la república en Francia y Estados Unidos, sólo por citar los casos más emblemáticos de los últimos años. Frente a ellos, un debate con el viejo formato de presentar sus propuestas sin que en nada aborden las de sus adversarios y sólo se atrevan a lanzar, en la mayoría de los casos, tímidas críticas a sus rivales político-electorales, o peor aún, sólo lancen una puya sin que la crítica alcance dimensiones para ser tomada en cuenta y que se responde con otra puya.
Y ejemplos los tenemos a la mano. Veamos el caso de los nombres de los autobuses de los candidatos. Carlos Borruel, del PAN, a dos días de iniciada la precampaña ya tenía autobús, al que denominó “El Intumbable”. De inmediato, cuando César Duarte, del PRI, obtuvo el suyo, le llamó “El tumbaburros”.
En su momento tales hechos motivaron el regocijo de los equipos de ambos ¿Y eso qué tiene que ver con la aguda problemática de nuestros días?
Esa es una muestra de los asuntos triviales de la actual campaña electoral, pero temas como el de la tenencia y la seguridad pública sí reflejan las diferencias de enfoques, programas y concepciones de quienes aspiran a la gubernatura.
Pues bien, esos son temas que debieran abordar suficientemente en el debate y nos dijeran de dónde piensan obtener los recursos que sustituyan a los obtenidos por el cobro de la tenencia vehicular; si será a expensas del aumento de otros impuestos, si se obtendrán del recorte en el presupuesto gubernamental y en ese caso informarnos en qué áreas piensan restringir las partidas.
Más aún, no basta con la promesa de los candidatos al gobierno del estado ¿Y qué tal si su partido no gana la mayoría en el Congreso? ¡Ah, po’s se contentará con proponérselo a los diputados y ya!
No, en tal polémica no hemos escuchado a los dirigentes partidarios –porque los candidatos a diputados aún no inician campañas– comprometer a todos sus candidatos en tal sentido, independientemente de la polémica desatada por los actuales que, más papistas que sus compañeros candidatos, ya se soltaron el pelo y presentaron sendas iniciativas para derogarla, los del PRI plantean que en 2012 y los del PAN en 2011.
Pero ninguno expuso de dónde se obtendrían los recursos para sustituir ese cobro.
¿Podríamos estar en desacuerdo en derogarlo? Por supuesto que no, lo que se exige es responsabilidad en las propuestas porque de las desmesuradas promesas estamos hastiados. Sólo recordemos el asunto de los energéticos, para no criticar solamente a los panistas (¿Se acuerdan del crecimiento económico del 7%, de los 15 minutos para “apaciguar” a los del EZLN, del metro en Chihuahua, de la derogación de la tenencia, etc. por parte de los panistas en distintos momentos?), todos los candidatos a la presidencia en 2006 se comprometieron a que bajarían los precios de los combustibles y la electricidad.
Bien, llegó el del PAN (y ya sabemos cómo llegó) y en la Cámara de Diputados eran más de las dos terceras partes los legisladores precedentes del PRI y el PAN ¿Porqué no impusieron esa abrumadora mayoría para enmendarle la plana, todos estos años, a la Secretaría de Hacienda y detener los abusivos aumentos a la gasolina, el diesel, la electricidad y demás?
¡Ah, es que eran tiempos de campaña! Ahora debemos soportar el quinto aumento del año a las gasolinas.
Bueno, pues en un auténtico debate tales asuntos son los que saldrían a flote de manera natural y de ese modo nos podríamos dar cuenta de las verdaderas capacidades de quienes aspiran al máximo cargo público en Chihuahua y, además, podríamos escuchar, al momento de debatir, el modo en que se comprometerían al cumplimiento de sus promesas, sin que debieran recurrir a los servicios de los notarios públicos para dar fe de sus promesas.
Más aún, y es un asunto fundamental para el desarrollo de la cultura democrática, el que los debates se celebren en horas que puedan captar la atención de un mayor número de ciudadanos ¿Cuántos de ellos estarían dispuestos a escuchar o ver un debate a las 8 de la mañana?
La respuesta es obvia. En tiempos del esplendor de los medios electrónicos es ineludible la más amplia difusión del debate de los candidatos a gobernador y alcaldes, difundido en el caso de los primeros por una red estatal que llegue a todos los rincones del estado y en los segundos en la mayor parte de las estaciones de radio con cobertura municipal.
En tal ejercicio no puede escatimarse nada, menos si en la actual liza participa como candidato quien encabeza la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), delegación Chihuahua (Ricardo Boone, abanderado del PRI para el distrito 16 de la ciudad de Chihuahua).
¿Y cuántos debates? Po’s tantos como haga falta ¿Por qué no hacer dos por lo menos, uno en Juárez y otro en la capital? De ese modo se abarcaría, hipotéticamente, a casi las dos terceras partes del electorado de la entidad.
¿Qué hace falta para ello? Disposición y el abandono de ciertas inercias, la principal de ellas, que el candidato catalogado como el de la ventaja en las preferencias electorales acepte entrar en tal práctica democrática.
Efectuar un ejercicio con tales características podría convertirse en un jalón en la construcción de la cultura democrática que necesitamos los chihuahuenses.
Ojalá así se entendiera.
Luis Javier Valero Flores
No tan solo es inadmisible la agresión a nuestros compañeros Mario Bañuelos y Luz del Carmen Sosa, reporteros de El Diario-Juárez, sino la respuesta del vocero de la OCCh, Enrique Torres, cuando informó que la Secretaría de la Defensa Nacional está a la espera de la presentación de la denuncia ¿Acaso los periodistas están bajo el fuero militar?
De ninguna manera, este caso debe conocerlo la autoridad civil –la PGR– e informar del avance de las indagatorias a la sociedad. No están agrediendo a cualquier ciudadano, sino a dos que están encargados de informarle a la sociedad. Al agredirlos a ellos nos ofenden a todos ¿Es muy difícil de entender, y más importante, de acatar?
Deberemos adelantarnos a los candidatos. Antes que se disputen quien planteó antes que los otros la idea de efectuar un debate en Juárez (y aquí debemos acreditárselo a Luis Orozco, del PRD) importa precisar qué sería lo más conveniente a la sociedad chihuahuense (claro, desde la óptica del escribidor) a propósito del o los debates a realizarse entre los candidatos.
Lo más importante será, antes de dilucidar quién tiene la patente de la oportunidad, el formato del debate que por ley está obligado a celebrar el Instituto Estatal Electoral (IEE) para cada uno de los cargos de elección popular en disputa, y no sólo la gubernatura.
Plasmada desde la reforma electoral del ’97, la obligatoriedad de la celebración del debate, a partir de una modificación del año anterior, para los candidatos también se convirtió en obligatorio acudir al debate.
Con la reforma de la década de los 90’s, nuestra entidad se puso en la punta del espíritu reformador en materia electoral que cruzaba por todo el país.
Así lo establece ahora la ley electoral:
“Art. 85…
5.- El Consejo General y las Asambleas Municipales deberán organizar por lo menos la celebración de un debate entre los candidatos, o sus representantes, relativo a la plataforma de los partidos. En su desarrollo, se garantizará la equidad y seguridad entre los participantes así como el respeto a la dignidad personal. Es obligación de los candidatos debatir públicamente con sus contrincantes.”
Sin embargo, el espíritu reformador no dio para que las autoridades electorales, hasta ahora, se atrevieran a la celebración de un debate con el formato de eso, de un auténtico debate; por tal motivo, no hemos tenido la oportunidad para comparar de mejor manera la capacidad, conocimiento y experiencia de los candidatos sobre los mismos temas. A cambio, hemos asistido a actos en los que casi se convierten en una mera exposición de diferentes temas abordados por los candidatos debido a que hasta los temas son sorteados entre ellos y se ha dado el caso, frecuentemente, que cada candidato aborde un tema y los demás candidatos, otros, sin que se dé la confrontación de ideas, propuestas y planes entre ellos.
Tal esquema se ha roto ocasionalmente cuando uno de los candidatos lanza algunos comentarios contra su oponente, generalmente al que consideran va adelante en las preferencias electorales, pero nunca es una crítica general y detallada, por lo menos en los puntos de discrepancia, hacia alguna de las propuestas o posturas de su rival electoral.
Así, los candidatos suelen presentarse al debate organizado por el IEE con discursos totalmente preparados, con textos y citas adecuados para cada uno de los temas. Sólo falta que alguno de ellos suelte la clásica frase de –pues no venía preparado– y a continuación saque un extenso discurso preparado para la ocasión.
Ese formato ya no sirve –si en alguna época fue útil–. La sociedad ha cambiado profundamente y las comunicaciones actuales han permitido saber, por lo menos, de los formatos de los debates sostenidos por los aspirantes a la presidencia de la república en Francia y Estados Unidos, sólo por citar los casos más emblemáticos de los últimos años. Frente a ellos, un debate con el viejo formato de presentar sus propuestas sin que en nada aborden las de sus adversarios y sólo se atrevan a lanzar, en la mayoría de los casos, tímidas críticas a sus rivales político-electorales, o peor aún, sólo lancen una puya sin que la crítica alcance dimensiones para ser tomada en cuenta y que se responde con otra puya.
Y ejemplos los tenemos a la mano. Veamos el caso de los nombres de los autobuses de los candidatos. Carlos Borruel, del PAN, a dos días de iniciada la precampaña ya tenía autobús, al que denominó “El Intumbable”. De inmediato, cuando César Duarte, del PRI, obtuvo el suyo, le llamó “El tumbaburros”.
En su momento tales hechos motivaron el regocijo de los equipos de ambos ¿Y eso qué tiene que ver con la aguda problemática de nuestros días?
Esa es una muestra de los asuntos triviales de la actual campaña electoral, pero temas como el de la tenencia y la seguridad pública sí reflejan las diferencias de enfoques, programas y concepciones de quienes aspiran a la gubernatura.
Pues bien, esos son temas que debieran abordar suficientemente en el debate y nos dijeran de dónde piensan obtener los recursos que sustituyan a los obtenidos por el cobro de la tenencia vehicular; si será a expensas del aumento de otros impuestos, si se obtendrán del recorte en el presupuesto gubernamental y en ese caso informarnos en qué áreas piensan restringir las partidas.
Más aún, no basta con la promesa de los candidatos al gobierno del estado ¿Y qué tal si su partido no gana la mayoría en el Congreso? ¡Ah, po’s se contentará con proponérselo a los diputados y ya!
No, en tal polémica no hemos escuchado a los dirigentes partidarios –porque los candidatos a diputados aún no inician campañas– comprometer a todos sus candidatos en tal sentido, independientemente de la polémica desatada por los actuales que, más papistas que sus compañeros candidatos, ya se soltaron el pelo y presentaron sendas iniciativas para derogarla, los del PRI plantean que en 2012 y los del PAN en 2011.
Pero ninguno expuso de dónde se obtendrían los recursos para sustituir ese cobro.
¿Podríamos estar en desacuerdo en derogarlo? Por supuesto que no, lo que se exige es responsabilidad en las propuestas porque de las desmesuradas promesas estamos hastiados. Sólo recordemos el asunto de los energéticos, para no criticar solamente a los panistas (¿Se acuerdan del crecimiento económico del 7%, de los 15 minutos para “apaciguar” a los del EZLN, del metro en Chihuahua, de la derogación de la tenencia, etc. por parte de los panistas en distintos momentos?), todos los candidatos a la presidencia en 2006 se comprometieron a que bajarían los precios de los combustibles y la electricidad.
Bien, llegó el del PAN (y ya sabemos cómo llegó) y en la Cámara de Diputados eran más de las dos terceras partes los legisladores precedentes del PRI y el PAN ¿Porqué no impusieron esa abrumadora mayoría para enmendarle la plana, todos estos años, a la Secretaría de Hacienda y detener los abusivos aumentos a la gasolina, el diesel, la electricidad y demás?
¡Ah, es que eran tiempos de campaña! Ahora debemos soportar el quinto aumento del año a las gasolinas.
Bueno, pues en un auténtico debate tales asuntos son los que saldrían a flote de manera natural y de ese modo nos podríamos dar cuenta de las verdaderas capacidades de quienes aspiran al máximo cargo público en Chihuahua y, además, podríamos escuchar, al momento de debatir, el modo en que se comprometerían al cumplimiento de sus promesas, sin que debieran recurrir a los servicios de los notarios públicos para dar fe de sus promesas.
Más aún, y es un asunto fundamental para el desarrollo de la cultura democrática, el que los debates se celebren en horas que puedan captar la atención de un mayor número de ciudadanos ¿Cuántos de ellos estarían dispuestos a escuchar o ver un debate a las 8 de la mañana?
La respuesta es obvia. En tiempos del esplendor de los medios electrónicos es ineludible la más amplia difusión del debate de los candidatos a gobernador y alcaldes, difundido en el caso de los primeros por una red estatal que llegue a todos los rincones del estado y en los segundos en la mayor parte de las estaciones de radio con cobertura municipal.
En tal ejercicio no puede escatimarse nada, menos si en la actual liza participa como candidato quien encabeza la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), delegación Chihuahua (Ricardo Boone, abanderado del PRI para el distrito 16 de la ciudad de Chihuahua).
¿Y cuántos debates? Po’s tantos como haga falta ¿Por qué no hacer dos por lo menos, uno en Juárez y otro en la capital? De ese modo se abarcaría, hipotéticamente, a casi las dos terceras partes del electorado de la entidad.
¿Qué hace falta para ello? Disposición y el abandono de ciertas inercias, la principal de ellas, que el candidato catalogado como el de la ventaja en las preferencias electorales acepte entrar en tal práctica democrática.
Efectuar un ejercicio con tales características podría convertirse en un jalón en la construcción de la cultura democrática que necesitamos los chihuahuenses.
Ojalá así se entendiera.
jueves, 6 de mayo de 2010
Elevar el debate
El Diario, 6 de mayo de 2010
Luis Javier Valero
No nos asustamos, la confrontación de propuestas, candidatos y equipos en las campañas electorales puede llegar hasta la rispidez –obviamente, a los enfrentamientos físicos– pero es parte consustancial de toda competencia electoral. Sin embargo, los aspirantes a los puestos públicos más importantes –y sus equipos– están obligados a efectuarlas dentro de los más elevados niveles del debate político.
No es lo que hemos visto en los últimos días. La entidad atraviesa por una gravísima crisis de seguridad pública y las propuestas de los candidatos al Gobierno del Estado aparecen pequeñas ante las dimensiones del problema. Por un lado, el candidato del PRI, César Duarte, ha lanzado la propuesta de fusionar las funciones de las actuales Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia en una sola dependencia, la Fiscalía General del Estado, sin que se dé a conocer el análisis y balance efectuado por sus asesores que demuestren cómo tal medida nos va a llevar a elevar los índices de seguridad y de procuración de justicia.
Del otro lado no están mejores las cosas, vamos, la propuesta del candidato del PAN, Carlos Borruel, se presta hasta para la ridiculización, pues nos promete que va a traer al Mosad, (agencia de inteligencia israelí, responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo), como si los problemas de Chihuahua en materia de seguridad pública pudieran ser de los abordados y superados por los agentes israelíes, quienes enfrentan problemas muy diferentes a los nuestros.
Bueno, para empezar, allá no deben transitar por el problema de tratar de evitar el tránsito de drogas y dinero a ambos lados de la frontera con el país con el mayor número de adictos del planeta. No, allá tienen que enfrentar los reclamos de un pueblo ofendido como el que más, el palestino, y su lucha por superar los intolerables abusos de los gobernantes y fuerzas policiacas y militares de los israelíes.
¿En qué nos pueden ayudar ellos, cuando acá tenemos todos los aparatos de seguridad y procuración de justicia infiltrados hasta el tuétano por el narcotráfico?
Ante panorama tan complejo, las propuestas aisladas, inconexas, parecen gastadas y anacrónicas. Se añora la presentación de un plan general de seguridad pública, confiable a los ojos de la ciudadanía y que aborde todos los aspectos que hacen agua en la seguridad pública.
A cambio de esas propuestas y la presentación de un necesario debate acerca de las propuestas, estamos inmersos en una frívola confrontación acerca de quién presentó primero la propuesta de la desaparición de la tenencia. Vergüenza deberían tener los candidatos del PAN de presentar nuevamente esa propuesta y caminar en la campaña como si fueran, no solamente los primeros, sino los únicos en presentar esa demagógica propuesta.
Duchos en la elaboración de campañas basadas estrictamente en el denominado “marketing”, es decir, la difusión de propuestas y posturas que conciten obtener votos pero que poca congruencia tienen al momento de instrumentarlas desde el gobierno, ahora los panistas repiten a la saciedad propuestas que en su momento repudiaron hasta la saciedad.
No se cansaban de endilgarle a López Obrador el epíteto de populista cuando el entonces Jefe de Gobierno decidió entregarle a cada senecto una pensión alimenticia, o entregarles a todos los alumnos de primaria y secundaria un vale para la entrega gratuita de materiales escolares. Ahora, todo eso, y más, forma parte de las propuestas del candidato panista.
¡Qué bien!
Pero lo necesario, urgente para ayer, es la discusión franca, abierta, de los dos problemas centrales de los chihuahuenses, la seguridad pública y la crisis económica, por los candidatos al Gobierno del Estado. Que lo hagan no solamente en un debate personalizado, sino que sus propuestas las lancen a la ciudadanía y ésta las evalúe y resuelva en consecuencia. De lo contrario, seguiremos inmersos en una auténtica “chirinola”, descalificaciones, insultos y frívolas controversias.
Luis Javier Valero
No nos asustamos, la confrontación de propuestas, candidatos y equipos en las campañas electorales puede llegar hasta la rispidez –obviamente, a los enfrentamientos físicos– pero es parte consustancial de toda competencia electoral. Sin embargo, los aspirantes a los puestos públicos más importantes –y sus equipos– están obligados a efectuarlas dentro de los más elevados niveles del debate político.
No es lo que hemos visto en los últimos días. La entidad atraviesa por una gravísima crisis de seguridad pública y las propuestas de los candidatos al Gobierno del Estado aparecen pequeñas ante las dimensiones del problema. Por un lado, el candidato del PRI, César Duarte, ha lanzado la propuesta de fusionar las funciones de las actuales Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia en una sola dependencia, la Fiscalía General del Estado, sin que se dé a conocer el análisis y balance efectuado por sus asesores que demuestren cómo tal medida nos va a llevar a elevar los índices de seguridad y de procuración de justicia.
Del otro lado no están mejores las cosas, vamos, la propuesta del candidato del PAN, Carlos Borruel, se presta hasta para la ridiculización, pues nos promete que va a traer al Mosad, (agencia de inteligencia israelí, responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo), como si los problemas de Chihuahua en materia de seguridad pública pudieran ser de los abordados y superados por los agentes israelíes, quienes enfrentan problemas muy diferentes a los nuestros.
Bueno, para empezar, allá no deben transitar por el problema de tratar de evitar el tránsito de drogas y dinero a ambos lados de la frontera con el país con el mayor número de adictos del planeta. No, allá tienen que enfrentar los reclamos de un pueblo ofendido como el que más, el palestino, y su lucha por superar los intolerables abusos de los gobernantes y fuerzas policiacas y militares de los israelíes.
¿En qué nos pueden ayudar ellos, cuando acá tenemos todos los aparatos de seguridad y procuración de justicia infiltrados hasta el tuétano por el narcotráfico?
Ante panorama tan complejo, las propuestas aisladas, inconexas, parecen gastadas y anacrónicas. Se añora la presentación de un plan general de seguridad pública, confiable a los ojos de la ciudadanía y que aborde todos los aspectos que hacen agua en la seguridad pública.
A cambio de esas propuestas y la presentación de un necesario debate acerca de las propuestas, estamos inmersos en una frívola confrontación acerca de quién presentó primero la propuesta de la desaparición de la tenencia. Vergüenza deberían tener los candidatos del PAN de presentar nuevamente esa propuesta y caminar en la campaña como si fueran, no solamente los primeros, sino los únicos en presentar esa demagógica propuesta.
Duchos en la elaboración de campañas basadas estrictamente en el denominado “marketing”, es decir, la difusión de propuestas y posturas que conciten obtener votos pero que poca congruencia tienen al momento de instrumentarlas desde el gobierno, ahora los panistas repiten a la saciedad propuestas que en su momento repudiaron hasta la saciedad.
No se cansaban de endilgarle a López Obrador el epíteto de populista cuando el entonces Jefe de Gobierno decidió entregarle a cada senecto una pensión alimenticia, o entregarles a todos los alumnos de primaria y secundaria un vale para la entrega gratuita de materiales escolares. Ahora, todo eso, y más, forma parte de las propuestas del candidato panista.
¡Qué bien!
Pero lo necesario, urgente para ayer, es la discusión franca, abierta, de los dos problemas centrales de los chihuahuenses, la seguridad pública y la crisis económica, por los candidatos al Gobierno del Estado. Que lo hagan no solamente en un debate personalizado, sino que sus propuestas las lancen a la ciudadanía y ésta las evalúe y resuelva en consecuencia. De lo contrario, seguiremos inmersos en una auténtica “chirinola”, descalificaciones, insultos y frívolas controversias.
martes, 4 de mayo de 2010
Piratería electoral
El Diario, 4 de mayo de 2010
Luis Javier Valero Flores
El término lo puso en boga el dirigente del PAN capitalino, Manuel Payán, al referirse a César Duarte como el candidato pirata por copiar las propuestas de su candidato Carlos Borruel, que, innovador, ha prometido que derogará el pago de la tenencia vehicular.
¿A poco creen que los ciudadanos no nos acordamos que en la campaña presidencial del 2006 todos prometieron derogar impuesto tan regresivo e inconstitucional?
Vamos, esa promesa formó parte esencial de la campaña de Felipe Calderón, quien fijó en los espectaculares el slogan “Para que vivamos mejor”, y a continuación, en grandes letras se prometía “Eliminar la tenencia vehicular”.
Cuatro años después, su compañero de partido, ahora candidato a gobernador de Chihuahua, promete, en el mismo tipo de anuncios, “Cero tenencia”.
Pero resulta que tal impuesto ha dejado de ser federal y que el Congreso de la Unión lo transfirió a las entidades, no sólo la facultad de recaudarlo, sino de instituirlo, así, las legislaturas locales, todas, están obligadas, en 2011, a decidir si se cobrará en 2012.
Tal galimatías es el resultado de las negociaciones entre los partidos políticos que cuentan con gobernadores. Todos estuvieron de acuerdo, cuando estaban en campaña, de que sus respectivos candidatos propusieran tal cosa, pero una vez pasados los apuros electorales, nadie apoyó la derogación del impuesto que en la práctica ya formaba parte de los ingresos estatales debido a los convenios entre las entidades y la federación para que las primeras los cobraran y lo ingresaran a sus finanzas.
Así, cuando llegó el momento de discutir su aprobación, prácticamente ningún gobernador estuvo de acuerdo y, salomónicos, decidieron que se seguiría cobrando hasta 2011.
Por pura casualidad, la gran mayoría de los gobernadores para esa fecha ya habrían terminado sus encargos… hágase la voluntad de dios en los bueyes de mi compadre. Ni más ni menos, demagogia pura, de todos los partidos políticos.
Ahora nos amanecemos con otro episodio semejante. Ciertamente que podrían proponer la derogación de la tenencia, pero eso es lo que no dicen, Borruel la deja en un escueto “Cero tenencia” y para nada se aclara que de convertirse en gobernador él solo propondría al Congreso del Estado tal derogación.
¡Ah, pero estamos en campaña!
Y enfrente, en el equipo del priista César Duarte, reaccionaron tarde ante la campaña del panista, que se advierte estará basada en anuncios del tipo de lo comentado líneas arriba, primero desestimaron el impacto de tal estrategia, luego la descalificaron diciendo que no hacían propuestas sin sustento y ahora, a deducir por el anuncio efectuado ayer por Duarte, responden haciendo propuestas en términos semejantes.
No de otra manera se puede calificar la promesa de cobrar por las placas solamente 300 pesos, de llegar al gobierno, coincidentemente el costo de producción de las mismas, como lo explicaran varios meses atrás los funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, cuando esta dependencia propuso al Congreso los diferentes precios cobrados a los usuarios, todos muy por encima de los aplicados por los distintos gobiernos estatales.
En aquel entonces, hasta el Gobernador Reyes Baeza defendió que las placas tuviesen altas tarifas, a la mitad, prometió en tiempos de campaña, para deslindarse de los precios fijados por Patricio Martínez.
Otro tanto sucede con la tenencia pues ahora César Duarte declara que hicieron “las corridas financieras” y encontraron que las finanzas estatales sí pueden soportar la pérdida del pago de tenencia, así que él también promete que no habrá tenencia.
Bueno, pues la noticia buena es que no habrá tenencia, esperemos que a partir del año próximo. Confiemos en que cumplirán su palabra.
Por lo menos algo ya ganó la sociedad chihuahuense con tantos dimes y diretes, en los que el signo distintivo –sorprende- sea el tono beligerante de distintos panistas. Apenas en este episodio, el líder municipal capitalino le llamó a Duarte candidato pirata, el legislador local, Roberto Lara, le llamó hablador y los regidores Luis Terrazas y Edgar Olivas lo llamaron el candidato “Simi”.
¿Será enojo porque les piratearon la promesa?
Ojalá se enojaran más seguido por este tipo de causas, y que se enojaran no solamente los panistas, también los priistas, los perredistas…
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
El término lo puso en boga el dirigente del PAN capitalino, Manuel Payán, al referirse a César Duarte como el candidato pirata por copiar las propuestas de su candidato Carlos Borruel, que, innovador, ha prometido que derogará el pago de la tenencia vehicular.
¿A poco creen que los ciudadanos no nos acordamos que en la campaña presidencial del 2006 todos prometieron derogar impuesto tan regresivo e inconstitucional?
Vamos, esa promesa formó parte esencial de la campaña de Felipe Calderón, quien fijó en los espectaculares el slogan “Para que vivamos mejor”, y a continuación, en grandes letras se prometía “Eliminar la tenencia vehicular”.
Cuatro años después, su compañero de partido, ahora candidato a gobernador de Chihuahua, promete, en el mismo tipo de anuncios, “Cero tenencia”.
Pero resulta que tal impuesto ha dejado de ser federal y que el Congreso de la Unión lo transfirió a las entidades, no sólo la facultad de recaudarlo, sino de instituirlo, así, las legislaturas locales, todas, están obligadas, en 2011, a decidir si se cobrará en 2012.
Tal galimatías es el resultado de las negociaciones entre los partidos políticos que cuentan con gobernadores. Todos estuvieron de acuerdo, cuando estaban en campaña, de que sus respectivos candidatos propusieran tal cosa, pero una vez pasados los apuros electorales, nadie apoyó la derogación del impuesto que en la práctica ya formaba parte de los ingresos estatales debido a los convenios entre las entidades y la federación para que las primeras los cobraran y lo ingresaran a sus finanzas.
Así, cuando llegó el momento de discutir su aprobación, prácticamente ningún gobernador estuvo de acuerdo y, salomónicos, decidieron que se seguiría cobrando hasta 2011.
Por pura casualidad, la gran mayoría de los gobernadores para esa fecha ya habrían terminado sus encargos… hágase la voluntad de dios en los bueyes de mi compadre. Ni más ni menos, demagogia pura, de todos los partidos políticos.
Ahora nos amanecemos con otro episodio semejante. Ciertamente que podrían proponer la derogación de la tenencia, pero eso es lo que no dicen, Borruel la deja en un escueto “Cero tenencia” y para nada se aclara que de convertirse en gobernador él solo propondría al Congreso del Estado tal derogación.
¡Ah, pero estamos en campaña!
Y enfrente, en el equipo del priista César Duarte, reaccionaron tarde ante la campaña del panista, que se advierte estará basada en anuncios del tipo de lo comentado líneas arriba, primero desestimaron el impacto de tal estrategia, luego la descalificaron diciendo que no hacían propuestas sin sustento y ahora, a deducir por el anuncio efectuado ayer por Duarte, responden haciendo propuestas en términos semejantes.
No de otra manera se puede calificar la promesa de cobrar por las placas solamente 300 pesos, de llegar al gobierno, coincidentemente el costo de producción de las mismas, como lo explicaran varios meses atrás los funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, cuando esta dependencia propuso al Congreso los diferentes precios cobrados a los usuarios, todos muy por encima de los aplicados por los distintos gobiernos estatales.
En aquel entonces, hasta el Gobernador Reyes Baeza defendió que las placas tuviesen altas tarifas, a la mitad, prometió en tiempos de campaña, para deslindarse de los precios fijados por Patricio Martínez.
Otro tanto sucede con la tenencia pues ahora César Duarte declara que hicieron “las corridas financieras” y encontraron que las finanzas estatales sí pueden soportar la pérdida del pago de tenencia, así que él también promete que no habrá tenencia.
Bueno, pues la noticia buena es que no habrá tenencia, esperemos que a partir del año próximo. Confiemos en que cumplirán su palabra.
Por lo menos algo ya ganó la sociedad chihuahuense con tantos dimes y diretes, en los que el signo distintivo –sorprende- sea el tono beligerante de distintos panistas. Apenas en este episodio, el líder municipal capitalino le llamó a Duarte candidato pirata, el legislador local, Roberto Lara, le llamó hablador y los regidores Luis Terrazas y Edgar Olivas lo llamaron el candidato “Simi”.
¿Será enojo porque les piratearon la promesa?
Ojalá se enojaran más seguido por este tipo de causas, y que se enojaran no solamente los panistas, también los priistas, los perredistas…
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
domingo, 2 de mayo de 2010
Por nuestro bien, primero los pobres
El Diario, 2 de mayo de 2010
Luis Javier Valero Flores
Imposible no parafrasear la principal consigna de la campaña electoral del candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador, que al paso del tiempo se evaluará de mejor manera y se le ubicará como la mejor oportunidad, no para que la izquierda gobernara el país (y además, ¿Por qué no?), sino para que otra fuerza política tuviera la principal responsabilidad en la administración pública federal y, acaso, la oportunidad de haber evitado la catástrofe que ahora vivimos.
De alguna manera, la gravedad de la situación económica prevaleciente en la entidad ha calado en los equipos de los candidatos al Gobierno del Estado (por supuesto en ellos también) y una vez pasada la primera etapa, en la que esbozaron sus propuestas acerca de la crisis de seguridad pública, en los últimos días pusieron el acento en las propuestas económicas, y entablaron una serie de dimes y diretes acerca de varios de los temas relacionados con estos asuntos.
Tema que concitó la mayor parte de la atención de los medios de comunicación lo constituyó el velado reto de César Duarte a debatir, que luego hizo más claro, sin llegar a proponer en concreto la celebración de un debate, pero que sí dejó en claro la intención de celebrar más allá del único debate que por ley debe celebrarse, bajo la conducción del IEE.
Por supuesto que sí se necesitan por lo menos dos debates para escuchar las propuestas de los abanderados de los partidos, para pulsar sus capacidades y conocimientos, pero con un requisito ineludible, que sean auténticos debates, si se quiere, dirigidos, pero con un formato que rebase a los hasta ahora celebrados, que más bien parecen presentación de propuestas de los candidatos y sin la posibilidad de confrontar propuestas, programas y concepciones de los aspirantes al máximo cargo público en la entidad.
Y vaya que necesitamos la confrontación de ideas, la situación prevaleciente lo exige.
La inmensa mayoría de los chihuahuenses nos quejamos del espeluznante escenario en que nos hemos convertido, a causa de la más violenta de las rachas criminales jamás sufrida en la entidad, pero una tragedia mayor (y lo es sólo porque abarca a la mayor parte de la población) poco a poco se va imponiendo.
Según el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), en información publicada por El Diario, 6 de cada 10 juarenses (58%) viven en pobreza o en pobreza extrema. Para quienes pensaban que Chihuahua, y especialmente Juárez, eran el prototipo del bienestar, de la riqueza, la realidad viene a darnos un sonoro mentís. De acuerdo con esta información, la situación se ha agravado particularmente en los últimos cinco años y ha llevado a que en Juárez el 40% de la población viva en condiciones de pobreza y 2 de cada 10 en pobreza extrema.
En 2005 había en esa ciudad 200 mil personas en situación de “pobreza extrema”, y en un quinquenio 56 mil más cayeron en tal situación. (Nota de Rocío Gallegos, El Diario, 27/IV/10).
¡Y eso sucede en la urbe mundial de la industria maquiladora, en la otrora orgullo de esa rama industrial!
Tal situación es un excelente caldo de cultivo para todas las actividades delictivas, no porque se piense en que ser pobre es sinónimo de delincuencia, pero ¡Ah, pero cómo ayudan tales condiciones de pobreza a propiciar la comisión de actos delictivos!
Y esas condiciones económicas generan consecuencias funestas. En Juárez existen 70 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan (Según nota de Martha Elba Figueroa, El Diario, 31/III/10).
Si esa es la situación en la mayor de las urbes chihuahuenses, cosa semejante debe ocurrir en el resto de la entidad, con variaciones, es cierto, pero de ninguna manera radicalmente diferente, ante ella es ineludible la puesta en práctica de audaces programas gubernamentales que pongan remedio, o por lo menos detengan el agravamiento de tales condiciones.
Todos estamos de acuerdo en que el factor fundamental para lograrlo es la creación de empleos, pero ahora ya sabemos, después de sufrir el boom de la industria maquiladora, que no basta crearlos con bajos niveles salariales, que no es suficiente instalar enormes galerones (Chihuahua es el estado líder en plantas con el mayor número de trabajadores en cada una de ellas) sin que la industria local, o nacional, tenga una muy importante participación en la aportación de insumos a aquella industria; pasar del 2% de insumos nacionales aprovechados por la maquiladora debiera ser una tarea obligada del nuevo gobierno, independientemente de quien lo encabezara.
No basta con prometer la creación de 240 mil empleos en el sexenio, como lo hace el candidato del PAN, Carlos Borruel, sin que exista, o por lo menos que lo haya expresado, el plan o programa que sustente la creación de tal número de nuevos trabajos, porque si se piensa en obtenerlos a partir de la industria maquiladora, resultará un fiasco pues los actuales momentos de la economía mundial –y especialmente la norteamericana- no nos llevan a pensar en que los aportarían -40 mil por año- los establecimientos de esa nacionalidad.
Y probablemente los programas regionales, a los que alude el candidato del PRI, “detonando”, dice, el desarrollo regional, podrían generar el enorme número de nuevos empleos necesitados por los chihuahuenses.
Seguramente el proyecto de transformación de la economía chihuahuense –una especie de reconversión industrial y agropecuaria, al revés de la experimentada en las dos últimas décadas del siglo anterior- se concretaría en un lapso intermedio, más allá de un sexenio obviamente, pero ponerlo en práctica se constituye en urgencia para los chihuahuenses, de lo contrario sólo nos quedará seguir protestando por las nuevas regulaciones restrictivas, inhumanas, adoptadas por las distintas instancias del gobierno norteamericano.
A partir de las visitas de Felipe Calderón se ha hablado mucho de la reconstrucción del tejido social en Juárez (algunos pensamos en que deberá ser de toda la entidad) pero no se advierte medida alguna en esa orientación, vamos, ni siquiera resultados en la adecuada fronterización de vehículos extranjeros se ha avanzado y quienes ahora buscan la gubernatura están obligados a adoptar algunas medidas tendientes a paliar, por lo menos, algunas de las consecuencias del modo de desarrollo económico ahora vigente, especialmente las concernientes a la niñez y la juventud para, si no se puede enfrentar con mejores resultados la actual ola delictiva, intentar, por lo menos, formar nuevas generaciones con patrones de vida diferentes y, por lo que ahora sabemos, con la instrumentación de programas gubernamentales para afrontar a la pobreza y la desatención otorgada a niños y jóvenes.
Así, la inmediata instalación de escuelas de tiempo completo es urgentísima, lo que necesitan nuestros niños y jóvenes es la construcción de planteles escolares con las instalaciones adecuadas para que permanezcan en ellas, desde las primeras horas del día hasta las 5-6 de la tarde, una vez que sus padres concluyeron sus jornadas laborales.
Deberán ser planteles que eduquen y formen integralmente a la niñez y la juventud, con programas deportivos, de introducción al disfrute de las bellas artes, de los mejores valores de la cultura, con programas de educación física, de actividades laborales y, por supuesto, con la dotación de dos comidas (desayuno y comida).
En tanto se construyeran, de inmediato entregar los materiales escolares a todos los alumnos de las escuelas públicas de primaria y secundaria del estado, así como iniciar la dotación de desayunos escolares, con alimentos abundantes en proteínas.
Llevar al cabo proyectos de este tipo y envergadura no son, de ninguna manera, acciones populistas, son, ni más ni menos, las mínimas obligaciones de un Estado democrático moderno que las asume como parte de lo que se debe hacer.
Y estos son los temas del verdadero debate a realizar por los candidatos al gobierno de Chihuahua, orear, discutir las propuestas de los tres, incluido el del PRD, Luis Adolfo Orozco que, si bien no tiene posibilidad alguna de emerger triunfador, podría aportar al conjunto de medidas necesarias de establecer para hacerle frente a la actual situación.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Imposible no parafrasear la principal consigna de la campaña electoral del candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador, que al paso del tiempo se evaluará de mejor manera y se le ubicará como la mejor oportunidad, no para que la izquierda gobernara el país (y además, ¿Por qué no?), sino para que otra fuerza política tuviera la principal responsabilidad en la administración pública federal y, acaso, la oportunidad de haber evitado la catástrofe que ahora vivimos.
De alguna manera, la gravedad de la situación económica prevaleciente en la entidad ha calado en los equipos de los candidatos al Gobierno del Estado (por supuesto en ellos también) y una vez pasada la primera etapa, en la que esbozaron sus propuestas acerca de la crisis de seguridad pública, en los últimos días pusieron el acento en las propuestas económicas, y entablaron una serie de dimes y diretes acerca de varios de los temas relacionados con estos asuntos.
Tema que concitó la mayor parte de la atención de los medios de comunicación lo constituyó el velado reto de César Duarte a debatir, que luego hizo más claro, sin llegar a proponer en concreto la celebración de un debate, pero que sí dejó en claro la intención de celebrar más allá del único debate que por ley debe celebrarse, bajo la conducción del IEE.
Por supuesto que sí se necesitan por lo menos dos debates para escuchar las propuestas de los abanderados de los partidos, para pulsar sus capacidades y conocimientos, pero con un requisito ineludible, que sean auténticos debates, si se quiere, dirigidos, pero con un formato que rebase a los hasta ahora celebrados, que más bien parecen presentación de propuestas de los candidatos y sin la posibilidad de confrontar propuestas, programas y concepciones de los aspirantes al máximo cargo público en la entidad.
Y vaya que necesitamos la confrontación de ideas, la situación prevaleciente lo exige.
La inmensa mayoría de los chihuahuenses nos quejamos del espeluznante escenario en que nos hemos convertido, a causa de la más violenta de las rachas criminales jamás sufrida en la entidad, pero una tragedia mayor (y lo es sólo porque abarca a la mayor parte de la población) poco a poco se va imponiendo.
Según el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), en información publicada por El Diario, 6 de cada 10 juarenses (58%) viven en pobreza o en pobreza extrema. Para quienes pensaban que Chihuahua, y especialmente Juárez, eran el prototipo del bienestar, de la riqueza, la realidad viene a darnos un sonoro mentís. De acuerdo con esta información, la situación se ha agravado particularmente en los últimos cinco años y ha llevado a que en Juárez el 40% de la población viva en condiciones de pobreza y 2 de cada 10 en pobreza extrema.
En 2005 había en esa ciudad 200 mil personas en situación de “pobreza extrema”, y en un quinquenio 56 mil más cayeron en tal situación. (Nota de Rocío Gallegos, El Diario, 27/IV/10).
¡Y eso sucede en la urbe mundial de la industria maquiladora, en la otrora orgullo de esa rama industrial!
Tal situación es un excelente caldo de cultivo para todas las actividades delictivas, no porque se piense en que ser pobre es sinónimo de delincuencia, pero ¡Ah, pero cómo ayudan tales condiciones de pobreza a propiciar la comisión de actos delictivos!
Y esas condiciones económicas generan consecuencias funestas. En Juárez existen 70 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan (Según nota de Martha Elba Figueroa, El Diario, 31/III/10).
Si esa es la situación en la mayor de las urbes chihuahuenses, cosa semejante debe ocurrir en el resto de la entidad, con variaciones, es cierto, pero de ninguna manera radicalmente diferente, ante ella es ineludible la puesta en práctica de audaces programas gubernamentales que pongan remedio, o por lo menos detengan el agravamiento de tales condiciones.
Todos estamos de acuerdo en que el factor fundamental para lograrlo es la creación de empleos, pero ahora ya sabemos, después de sufrir el boom de la industria maquiladora, que no basta crearlos con bajos niveles salariales, que no es suficiente instalar enormes galerones (Chihuahua es el estado líder en plantas con el mayor número de trabajadores en cada una de ellas) sin que la industria local, o nacional, tenga una muy importante participación en la aportación de insumos a aquella industria; pasar del 2% de insumos nacionales aprovechados por la maquiladora debiera ser una tarea obligada del nuevo gobierno, independientemente de quien lo encabezara.
No basta con prometer la creación de 240 mil empleos en el sexenio, como lo hace el candidato del PAN, Carlos Borruel, sin que exista, o por lo menos que lo haya expresado, el plan o programa que sustente la creación de tal número de nuevos trabajos, porque si se piensa en obtenerlos a partir de la industria maquiladora, resultará un fiasco pues los actuales momentos de la economía mundial –y especialmente la norteamericana- no nos llevan a pensar en que los aportarían -40 mil por año- los establecimientos de esa nacionalidad.
Y probablemente los programas regionales, a los que alude el candidato del PRI, “detonando”, dice, el desarrollo regional, podrían generar el enorme número de nuevos empleos necesitados por los chihuahuenses.
Seguramente el proyecto de transformación de la economía chihuahuense –una especie de reconversión industrial y agropecuaria, al revés de la experimentada en las dos últimas décadas del siglo anterior- se concretaría en un lapso intermedio, más allá de un sexenio obviamente, pero ponerlo en práctica se constituye en urgencia para los chihuahuenses, de lo contrario sólo nos quedará seguir protestando por las nuevas regulaciones restrictivas, inhumanas, adoptadas por las distintas instancias del gobierno norteamericano.
A partir de las visitas de Felipe Calderón se ha hablado mucho de la reconstrucción del tejido social en Juárez (algunos pensamos en que deberá ser de toda la entidad) pero no se advierte medida alguna en esa orientación, vamos, ni siquiera resultados en la adecuada fronterización de vehículos extranjeros se ha avanzado y quienes ahora buscan la gubernatura están obligados a adoptar algunas medidas tendientes a paliar, por lo menos, algunas de las consecuencias del modo de desarrollo económico ahora vigente, especialmente las concernientes a la niñez y la juventud para, si no se puede enfrentar con mejores resultados la actual ola delictiva, intentar, por lo menos, formar nuevas generaciones con patrones de vida diferentes y, por lo que ahora sabemos, con la instrumentación de programas gubernamentales para afrontar a la pobreza y la desatención otorgada a niños y jóvenes.
Así, la inmediata instalación de escuelas de tiempo completo es urgentísima, lo que necesitan nuestros niños y jóvenes es la construcción de planteles escolares con las instalaciones adecuadas para que permanezcan en ellas, desde las primeras horas del día hasta las 5-6 de la tarde, una vez que sus padres concluyeron sus jornadas laborales.
Deberán ser planteles que eduquen y formen integralmente a la niñez y la juventud, con programas deportivos, de introducción al disfrute de las bellas artes, de los mejores valores de la cultura, con programas de educación física, de actividades laborales y, por supuesto, con la dotación de dos comidas (desayuno y comida).
En tanto se construyeran, de inmediato entregar los materiales escolares a todos los alumnos de las escuelas públicas de primaria y secundaria del estado, así como iniciar la dotación de desayunos escolares, con alimentos abundantes en proteínas.
Llevar al cabo proyectos de este tipo y envergadura no son, de ninguna manera, acciones populistas, son, ni más ni menos, las mínimas obligaciones de un Estado democrático moderno que las asume como parte de lo que se debe hacer.
Y estos son los temas del verdadero debate a realizar por los candidatos al gobierno de Chihuahua, orear, discutir las propuestas de los tres, incluido el del PRD, Luis Adolfo Orozco que, si bien no tiene posibilidad alguna de emerger triunfador, podría aportar al conjunto de medidas necesarias de establecer para hacerle frente a la actual situación.
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Acotamiento al presidencialismo
El Diario, 29 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Deberá ser objeto de un mejor y más detenido análisis, pero a vuelo de pájaro y con las primeras informaciones a la mano, podemos concluir que las reformas legales aprobadas el martes por el Senado, referentes a las facultades del ejército y el acotamiento a sus funciones, pero sobre todo a las presidenciales en el uso de las fuerzas armadas son un innegable avance en el desmantelamiento del viejo orden de cosas.
La ley de seguridad nacional, aprobada por el senado le pondrá límites a la participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, elevará las penas a los militares que se involucren en estos delitos y restringirá severamente la discrecionalidad con la que el Presidente de la República usaba al ejército en distintos eventos, especialmente la represión a las movilizaciones sociales. Sin embargo, no modificaron las actuales leyes militares a fin de que quedara inscrito, de manera clara y contundente que los militares involucrados en hechos delictivos en los que participaran civiles fuesen juzgados por tribunales civiles y no militares, como ahora pretenden la jerarquía militar y Calderón se haga.
No pueden tocarse a vuelo totalmente las campanas, quedan resquicios que deberán ser minuciosamente abordados y, ojalá, desaparecidos en la revisión a realizarse por la Cámara de Diputados.
No podían pasar impunes los numerosos hechos en los que, no sólo existía la presunción de la comisión de delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, sino que hay evidencias plenas, concretas de ello, derivadas del uso que la actual administración federal ha hecho del ejército en el combate al narcotráfico y en la famosa “guerra” de Felipe Calderón contra los cárteles del mismo.
Lo que el senado aprobó constituye un formidable revés a las pretensiones de Calderón y de una parte del ejército, por reforzar los márgenes de discrecionalidad con los cuales se ha evitado que se aplicaran las sanciones legales a quienes incurrieron en excesos y delitos, bajo el manto del uniforme militar y que han constituido serios atentados a la legalidad vigente y contribuido grandemente al crecimiento del rechazo que existía al ejército, antes de la entrada en vigor de la Operación México, y que ahora, envuelto el país en un mar de sangre e impunidad, viene a corroborar el total fracaso de tales acciones y el tremendo error de afrontar tal fenómeno delictivo sin previsión alguna, de ningún tipo.
Son tantas las denuncias de los abusos cometidos por elementos del ejército que el acotamiento de las facultades presidenciales, a fin de evitar el uso del instituto armado, para lanzarlo contra manifestaciones y movimientos sociales sobrevino casi de manera automática y poner fin, de este modo, a una larga historia de hechos en los cuales los poderes políticos los lanzaron en contra de sus opositores sociales.
Del mismo modo, al imponer una serie de restricciones y requisitos en la autorización de elementos de las fuerzas armadas en tareas policíacas, es un sonoro mentís a los propósitos de Felipe Calderón quien pretendía que con tan solo la declaratoria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y previo examen de la Presidencia de la República, se podía hacer uso del ejército en tareas policiacas. Pues no, así no puede ser en un país medianamente democrático.
De este modo, para usar al ejército en tareas policiacas deberá declararse la existencia de graves desórdenes a la seguridad interior y esa participación sólo podrá efectuarse a petición de los mandatarios estatales, aprobación del Consejo Nacional y mediante la revisión de la Cámara de Senadores. Además, deberá especificarse el tiempo que permanecerán en aquella calidad las fuerzas armadas.
Tales conclusiones constituyen un claro reforzamiento de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar, por lo menos en el papel.
Más aún, el Ejército no podrá ser llamado si la declaratoria de afectación a la seguridad nacional tiene origen en resoluciones administrativas o laborales; ni mucho menos en conflictos sociales o de carácter político-electoral.
Las modificaciones tendrán efectos inmediatos, una vez aprobada por la Cámara de Diputados, y los procedimientos señalados en la nueva ley deberán ser acatados por las autoridades ahora inmersas en la Operación México.
Bueno, por lo menos una noticia medianamente buena, pero de ahí a su aplicación esperamos que no medie, como en otras legislaciones, un mundo de distancia.
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Luis Javier Valero Flores
Deberá ser objeto de un mejor y más detenido análisis, pero a vuelo de pájaro y con las primeras informaciones a la mano, podemos concluir que las reformas legales aprobadas el martes por el Senado, referentes a las facultades del ejército y el acotamiento a sus funciones, pero sobre todo a las presidenciales en el uso de las fuerzas armadas son un innegable avance en el desmantelamiento del viejo orden de cosas.
La ley de seguridad nacional, aprobada por el senado le pondrá límites a la participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, elevará las penas a los militares que se involucren en estos delitos y restringirá severamente la discrecionalidad con la que el Presidente de la República usaba al ejército en distintos eventos, especialmente la represión a las movilizaciones sociales. Sin embargo, no modificaron las actuales leyes militares a fin de que quedara inscrito, de manera clara y contundente que los militares involucrados en hechos delictivos en los que participaran civiles fuesen juzgados por tribunales civiles y no militares, como ahora pretenden la jerarquía militar y Calderón se haga.
No pueden tocarse a vuelo totalmente las campanas, quedan resquicios que deberán ser minuciosamente abordados y, ojalá, desaparecidos en la revisión a realizarse por la Cámara de Diputados.
No podían pasar impunes los numerosos hechos en los que, no sólo existía la presunción de la comisión de delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, sino que hay evidencias plenas, concretas de ello, derivadas del uso que la actual administración federal ha hecho del ejército en el combate al narcotráfico y en la famosa “guerra” de Felipe Calderón contra los cárteles del mismo.
Lo que el senado aprobó constituye un formidable revés a las pretensiones de Calderón y de una parte del ejército, por reforzar los márgenes de discrecionalidad con los cuales se ha evitado que se aplicaran las sanciones legales a quienes incurrieron en excesos y delitos, bajo el manto del uniforme militar y que han constituido serios atentados a la legalidad vigente y contribuido grandemente al crecimiento del rechazo que existía al ejército, antes de la entrada en vigor de la Operación México, y que ahora, envuelto el país en un mar de sangre e impunidad, viene a corroborar el total fracaso de tales acciones y el tremendo error de afrontar tal fenómeno delictivo sin previsión alguna, de ningún tipo.
Son tantas las denuncias de los abusos cometidos por elementos del ejército que el acotamiento de las facultades presidenciales, a fin de evitar el uso del instituto armado, para lanzarlo contra manifestaciones y movimientos sociales sobrevino casi de manera automática y poner fin, de este modo, a una larga historia de hechos en los cuales los poderes políticos los lanzaron en contra de sus opositores sociales.
Del mismo modo, al imponer una serie de restricciones y requisitos en la autorización de elementos de las fuerzas armadas en tareas policíacas, es un sonoro mentís a los propósitos de Felipe Calderón quien pretendía que con tan solo la declaratoria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y previo examen de la Presidencia de la República, se podía hacer uso del ejército en tareas policiacas. Pues no, así no puede ser en un país medianamente democrático.
De este modo, para usar al ejército en tareas policiacas deberá declararse la existencia de graves desórdenes a la seguridad interior y esa participación sólo podrá efectuarse a petición de los mandatarios estatales, aprobación del Consejo Nacional y mediante la revisión de la Cámara de Senadores. Además, deberá especificarse el tiempo que permanecerán en aquella calidad las fuerzas armadas.
Tales conclusiones constituyen un claro reforzamiento de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar, por lo menos en el papel.
Más aún, el Ejército no podrá ser llamado si la declaratoria de afectación a la seguridad nacional tiene origen en resoluciones administrativas o laborales; ni mucho menos en conflictos sociales o de carácter político-electoral.
Las modificaciones tendrán efectos inmediatos, una vez aprobada por la Cámara de Diputados, y los procedimientos señalados en la nueva ley deberán ser acatados por las autoridades ahora inmersas en la Operación México.
Bueno, por lo menos una noticia medianamente buena, pero de ahí a su aplicación esperamos que no medie, como en otras legislaciones, un mundo de distancia.
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