La rifa del avión, salvaje catalizador

El Diario, 30 de enero de 2020

Luis Javier Valero Flores

Si bien desde que inició el gobierno de la 4T se había desatado una oleada de críticas, fundamentalmente de la mayoría de los analistas y periodistas de las principales cadenas de radio, televisión, y de los periódicos   capitalinos con más lectores (versiones impresas y digitales), muchas de ellas con un aceptable sustento, en los últimos días se ha generado, se antojaba difícil que así fuera, una mucho más redoblada andanada.

El anuncio de la rifa del avión presidencial ha servido de catalizador (es decir, de acelerador) de tal conducta, que abarca a un mayor número de “opinadores”, en grados tales que hasta podría hablarse de un linchamiento mediático en contra del presidente López Obrador.

El problema es que a tal nivel de confrontación ha contribuido, y no poco, el mismísimo mandatario. Sus descalificaciones y poco afortunadas declaraciones en algunos de los temas más controversiales han atizado la polémica.

Pero analizadas fríamente, ya no solo los temas en sí, sino el entorno general, podría llegarse a la conclusión de que estamos frente a dos estrategias claramente definidas (que, por supuesto, negarán los principales actores) en las que en el fondo se encuentra la disputa por la mayoría en la próxima legislatura, la de la Cámara de Diputados, que habrá de realizarse el próximo año.

Podrán ser muchos los argumentos del presidente López Obrador acerca de la imposibilidad de la venta del avión -y podrán ser ciertos, casi todos ellos- pero la manera en que decidió que, si no se vendía por los canales tradicionales, venderlo a través de una rifa, desató todas las emociones antilopezobradoristas de quienes ya lo eran antes.

A éstos se les han sumado no pocos ciudadanos, pero conforme siguen pasando los días y, sobre todo, las horas dedicadas en la radio, televisión y redes sociales a la rifa del avión más famoso va develándose una realidad: Es inevitable que al abordarse el tema no se ponga el acento en el hecho de que quien decidió comprarlo fue el presidente Felipe Calderón y que fue el presidente Peña Nieto quien pagó la mayor parte de su costo, y que lo disfrutó loco de contento ¿Se acuerdan como lo presumió a reporteros, empresarios y funcionarios?.

Claro que tema tan sensible, el del derroche de los sexenios anteriores, hace que mucha gente, casi de manera automática, esté pensando en adquirir “un cachito” como una manera de expresarle su apoyo al presidente tabasqueño. 

Pero de la misma manera los opositores, casi desaparecidos del mapa político-social del país, y ese papel lo adquieren otros actores, dispersos, variopintos y motivados por las evidentes torpezas cometidas por la actual administración federal, como sería el caso de los afectados por la falta de suministros médicos, o el de los participantes de la “Caravana por la paz”, convocada por Javier Sicilia y Julián LeBaron, entre otros muchos afectados por la ola violenta abatida sobre el país.

Al clima de extrema confrontación no solo contribuye el presidente, quien descalificó a la caravana cuando la tildó de “show”. Algunos de sus subalternos no cantan mal las rancheras y varios llegaron a límites que rayan en la irresponsabilidad.

En esa clasificación podríamos ubicar al Subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, quien, para descalificar las críticas de Sicilia y LeBaron fue capaz de tuitear que “a chillidos de marranos, oídos de chicharronero”, y que luego tratara de justificarse alegando que lo había hecho desde su cuenta personal, mostrando, además, su ignorancia, más destacable pues el cargo lo obligaría a tener el conocimiento necesario para saber que las cuentas de las redes sociales de los funcionarios públicos, también son públicas y que, además, la Suprema Corte de Justicia ha fallado que los funcionarios están impedidos a bloquear el acceso de los ciudadanos a sus cuentas.

¡Vóytelas!

Ante semejante clima de confrontación, la imposibilidad de la venta del avión, no atribuida al gobierno de López Obrador, sino al entorno económico mundial, de una generalizada tendencia a un crecimiento menor, lo que obliga a las grandes corporaciones financieras y a las empresas más importantes a disminuir las inversiones en la compra de aviones y helicópteros, lo que explica que, no sólo el gobierno federal, sino varios gobiernos estatales, incluido el de Chihuahua, no hayan podido concretar la venta de parte de su flota aérea.

Por ello, la venta del avión presidencial forma parte, ya, de la picaresca nacional.

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Congreso de Morena designa a Ramírez Cuéllar nuevo presidente

Aserto.mx

Luis Javier Valero Flores

En una sorprendente decisión, luego de muchas horas de negociaciones entre los distintos liderazgos de Morena, el diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y dirigente nacional de El Barzón hasta unos meses atrás, fue propuesto y aprobado como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en sustitución del ahora presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Lo será hasta en tanto se realice la nueva elección de dirigentes nacionales y estatales.

Con ello termina el período en el que la anterior Secretaria General Yeidckol Polevnsky había sustituido interinamente a López Obrador.

En el curso del domingo se designarán a los integrantes de las otras carteras del Comité Nacional y se establecerán las bases de la convocatoria a las elecciones nacionales en las que habrán de elegirse a los dirigentes nacionales y a los dirigentes estatales de todo el país.

La decisión de ungir a Ramírez Cuéllar coloca a las corrientes de izquierda en la conducción del partido gobernante y, también, a uno de los dirigentes que gozan de la cercanía con el mandatario nacional, además de los estrechos lazos políticos que lo unen con la presidente del Consejo Nacional, Bertha Luján, la que, con esta resolución pareciera tener vía libre rumbo a la presidencia del partido.

Ramírez Cuéllar es, además, uno de los dirigentes que ha sido cercano al ex candidato presidencial y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas.

Adelantados

El Diario, 26 de enero de 2020

Luis Javier Valero Flores

Contrariamente a lo que ocurría hasta antes de la alternancia partidaria, cuando los aspirantes a los más altos cargos de elección popular eran obligados a no efectuar acciones proselitistas y que dió origen a la más famosa frase de uno de los referentes de los tiempos de la presidencia imperial, Fidel Velázquez, líder de la CTM (“El que se mueve, se sale de la foto”) hoy, los aspirantes a la gubernatura de Chihuahua están haciendo todas las actividades posibles a fin de colocarse en posibilidad de ser candidatos de sus respectivos partidos y/o conjuntar fuerzas para postularse de manera independiente.

Será, además, la elección del 2021, atípica, por varias razones: Por vez primera en la historia local, el PRI no será un partido competitivo; posiblemente haya, nuevamente, un candidato independiente a la gubernatura, ahora con posibilidades reales de disputar el triunfo, y por primera vez, probablemente la disputa pueda celebrarse entre tres fuerzas más o menos parejas.

La disputa seguramente será entre el candidato independiente (si lo hay), la candidata del PAN y el candidato de Morena.

En un escenario tan competido -tanto, que el triunfador será el del “tercio mayor”- será muy difícil que los principales actores cometan errores tan catastróficos como el de, en el caso de los independientes, no sumar fuerzas entre los alcaldes Armando Cabada, de Juárez, y Alfredo Lozoya, de Parral; o que el PAN no postule a la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, sin duda, la mejor colocada en las preferencias electorales dentro y fuera de su partido.

A su vez, aparentemente, Morena inició el proceso para impedir que la disputa interna lo desbarranque, cosa que lo está logrando con la más que evidente postulación de Rafael Espino. En ese camino, no sólo evitará se eleve la rispidez entre los adelantados, el senador Cruz Pérez Cuéllar y el delegado federal, Juan Carlos Loera, sino a lo mejor se les construye una candidatura competitiva, la del consejero de Pemex, quien, probablemente, goce del visto bueno del presidente López Obrador.

Para quienes afirman que no son los tiempos para realizar actividades proselitistas de manera soterrada habría que decirles que los nuevos tiempos político-electorales obligan a los actores a adelantar sus movimientos para obtener un factor, sin duda el más importante, el de alcanzar cifras aceptables en el conocimiento popular, es decir, que un buen porcentaje de los ciudadanos los “conozcan”.

Y, además, que la mayor parte de quienes los conozcan tengan una imagen positiva, porque puede haber algunos aspirantes con cifras muy altas de “conocimiento”, pero también con elevados porcentajes de rechazo.

Tal reflexión explica la “prematura” aparición de Espino, quien buscará colocarse en el conocimiento popular como uno de los aspirantes al gobierno, por parte de Morena y, además, con el plus -que en el morenaje corre como pólvora en llamas- de que su “destape” viene con el aval del tabasqueño.

Digámoslo de una vez, el candidato de Morena será designado por el presidente (la forma será lo de menos, podrán decir que el Consejo estatal lo designará, que habrá una encuesta, etc.), pero los antecedentes de este partido en los comicios realizados hasta ahora demuestran que será del modo que lo afirmamos y, además, si llegaran al extremo de decidirlo en función de los resultados de las encuestas sólo deberá recordarse que, por lo menos en dos casos no ha sido así: El de la definición de la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el del candidato al gobierno de Baja California.

En los dos casos, las encuestas de las empresas conocidas le daban las preferencias a Ricardo Monreal en la capital del país y a Jaime Martínez Veloz en tierras cachanillas. Finalmente, la definición benefició a los actores más ligados al ahora presidente, Claudia Sheinbaum y Jaime Bonilla.

Si así fuera, entonces el senador Pérez Cuéllar estaría fuera de la contienda y se definiría entre Loera y Espino, ambos, compañeros cercanos de López Obrador desde los primeros tiempos.

Pero el problema de Morena es lograr que se traduzca en votos por los candidatos morenos los beneficios obtenidos por los chihuahuenses inscritos en los distintos programas sociales de la 4T, que llegan a alrededor del 40% de los hogares chihuahuenses.

¿O bastará la buena imagen de AMLO? Que le permitiría traducir las preferencias que como partido tiene Morena en el estado, con una ventaja de entre 6-8 puntos frente al PAN.

Porque también habrá que decirlo. En el círculo rojo, es decir, el de los analistas, académicos, medios de comunicación (y entre éstos los que son claramente adversarios del presidente) y, por supuesto, en las fuerzas de la oposición, las calificaciones del presidente no son tan altas como en el resto de la población en la que goza, al menos, del 60% de aprobación.

¿Bastará eso para ganar las elecciones, habida cuenta que en las boletas no aparecerá el nombre de López Obrador?

Aquí lo dijimos una y otra vez. 

La pretensión de que hubiese una votación de refrendo del presidente no sería posible, hoy es una realidad y Morena lo afronta en las peores condiciones, las de una sorda disputa originada en una más que inexplicable pretensión de la presidente en funciones, Yeidckol Polevnsky, de permanecer en el cargo, en lugar de dar pie a la elección de la dirigencia nacional de la manera más aseada posible.

Ahora bien, el hecho de que estemos frente a un adelantamiento generalizado de aspirantes se justifica por el hecho de que ahora, más que en el pasado, los candidatos cuentan mucho en la decisión del electorado ya que alrededor del 50% de los votantes no se siente identificado con partido alguno.

Seguramente a esa conclusión llegó Rafael Espino, de ahí que, con el pretexto de ofrecer una conferencia sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, se haya lanzado un vasto movimiento de militantes de Morena para secundar sus aspiraciones.

Otro de los aspectos a develar será el de ver si el PAN, como ha sido la historia desde 1983, puede pasar de porcentajes previos a la campaña electoral, de menos del 30%, a promedios del 40% de la votación.

Sin duda que la presencia de Morena en la presidencia, la fuerte presencia mediática del presidente y los programas sociales del gobierno federal pueden cambiar radicalmente tal situación.

En tanto, en el PAN empiezan a aparecer muy débiles señales de que el grupo gobernante se comportará con mayor racionalidad política que la asumida hasta ahora. 

Si así fuese, optarían por Maru Campos, quizá la mejor colocada en las preferencias electorales y la que mejor puede afrontar el hecho de que el panismo tiene una fuerza muy importante en la zona centro sur del estado, es decir, en los municipios de Chihuahua, Delicias y Camargo, pero mantiene cifras bajas en Juárez, Cuauhtémoc y Parral, los municipios que cuentan electoralmente.

Su apuesta será la de obtener la más alta votación posible en la capital del estado y que el diferencial sobre el segundo lugar, particularmente frente a Cabada y Morena, sea tan grande que le permita soportar la previsible alta votación de estos en Juárez.

Ahí fincará una buena parte de sus esperanzas, que aquellos se dividan la votación juarense y que quien gane en Juárez no obtenga un margen mayor.

De ese modo, sorpresivamente, el alcalde parralense, Alfredo Lozoya, puede convertirse en uno de los principales factores decisivos de la contienda. En su favor, su equipo se apoya en el hecho de que diversas encuestas lo colocan con más preferencias que el alcalde Cabada, entre los candidatos independientes.

¿Cómo la jugará? 

Hace meses se daba por descontado que Cabada y Lozoya la jugarían juntos y eso los convertía en, quizá, la fuerza más importante al conjuntar el peso electoral de Juárez y el de la región de Parral, pero su ausencia del lanzamiento del grupo de Cabada y Marco Adán Quezada (Colectivo Ciudadano), en Chihuahua, y la muy probable del lanzamiento en Juárez (estas notas se escriben antes de ese acto) abren un mundo de especulaciones, hasta la de que podría buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano.

Si así fuese, el Colectivo Ciudadano quedaría en el tercer lugar de las posibilidades de ganar la gubernatura, detrás de Morena y PAN.

Ahora bien, a principios de la semana, el abogado y activista Jaime García Chávez anunció que Unión Ciudadana, por él dirigida, participaría en la contienda electoral del próximo año. 

A partir de entonces inició una intensa aparición mediática. 

¿Logrará capitalizar las necesarias simpatías ciudadanas como para convertirse en fuerza competitiva o, incluso, como para que fuese considerado como candidato externo de Morena?

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Una buena. Atacan a las adicciones

El Diario, 23 de enero de 2020

Luis Javier Valero Flores

Envueltos en una oleada de muerte a lo largo de década y media, dos de los principales aspectos del tráfico y consumo de drogas, el de la atención a los adictos y el de la prevención, les fueron dejados a la iniciativa de familiares, grupos de vecinos, agrupaciones benefactoras y a los esfuerzos de diversas iglesias.

En tanto, el Estado mexicano -es decir, el gobierno en todos sus niveles- se hacía a un lado de estas tareas y se lanzaba en una desquiciada estrategia de combate al tráfico de drogas empleando millonarias cantidades con resultados catastróficos, no sólo en el número de víctimas fatales y no fatales, sino en la acelerada degradación social e institucional del país.

La corrupción inundó todos los resortes de la vida de los mexicanos y lo relacionado con el tráfico de drogas se convirtió en parte de la vida cotidiana.

En tanto, cientos de miles de hogares veían como se transformaba brutalmente su vida cuando por lo menos uno de sus integrantes caía en las garras de la droga y sin que hubiese una sola actividad del gobierno por incidir en la prevención de las adicciones.

Por ello, optimistas irredentos, abrimos paso a la esperanza al darse a conocer la puesta en marcha de un plan piloto para atender a adictos, lanzado por los gobiernos federal, estatal, municipal de Juárez y los recursos que aportará Ficosec, con una inversión mayor a los 100 millones de pesos, denominado Plan Piloto para la Prevención y Atención de Adicciones.

Será el primero en el ámbito nacional, luego de que el gobierno municipal juarense lanzara a principios del año pasado una de las primeras campañas publicitarias de prevención en el consumo de drogas, y de que el gobierno federal pusiese en marcha, también, una campaña publicitaria, esta nacional, de prevención al consumo de drogas.

“Entre las acciones se encuentran el establecimiento o subrogación de tres centros de desintoxicación, ampliar los servicios de los centros de salud actuales para la atención de primer contacto, asignación de camas para tratamiento de adicciones en el Hospital Psiquiátrico y subrogar al menos 10 centros de tratamiento para atender a mil personas por año en espacios residenciales y 2 mil ambulatorios. También forman parte de estas medidas la reinserción escolar y la generación de empleos para jóvenes”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 18 de enero de 2020).

Poner énfasis en asunto tan delicado, tan doloroso, que requiere una paciencia extrema, de autoridades, familiares, vecinos y conocidos de las víctimas es vital para el reencauzamiento de la vida societaria, pues de acuerdo a cifras de la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez, en 2019 “fueron cometidos mil 499 homicidios dolosos y el 80 por ciento de crímenes está relacionado con la comercialización y consumo de sustancias psicoactivas”. (Ibídem).

Es de tal magnitud el problema que Diana Chavarri, directora de Ficosec Zona Norte, asegura que “En Juárez la tasa del delito de narcomenudeo es ocho veces mayor al promedio nacional”, (Ibídem), y que en esta ciudad 39 mil personas consumen drogas al menos una vez a la semana y de ellas, 14 mil la usan diariamente.

De ese tamaño es el problema, es decir, que por lo menos 10 mil hogares juarenses sufren el problema de tener a un integrante de la familia con adicción a alguna de las drogas presentes en el mercado.

Y aporta más impactantes cifras de la realidad juarense, que en alguna medida es la de la mayoría de las ciudades intermedias del norte de México. 

Asegura que un poco más de una cuarta parte de los consumidores ha abandonado la escuela o el trabajo y  una tercera parte del total de los consumidores “ha tenido conflicto con la ley”.

Y las carencias son infinitas: “… no existe una clínica de desintoxicación ni espacios de tratamiento residencial provistos por el gobierno –salvo 15 camas subsidiadas por el Gobierno federal. Tampoco se cuenta con psiquiatras disponibles para brindar tratamiento farmacológico, ni psicoterapeutas en adicciones”; no hay capacidad instalada para diagnosticar, tratar y referir a pacientes con adicciones. “No existe un programa de reinserción social para pacientes en tratamiento, ni suficiente oferta de programas públicos y privados formativos, laborales, lúdicos y deportivos, y los que existen están desvinculados”. (Ibídem).

Tremendo reto. Por lo menos se intentará abatirlo.

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“No soy yo, es la investidura presidencial”

Aserto.mx, 21 de enero de 2020

Luis Javier Valero Flores

"Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues tengo que cuidar la investidura presidencial, como decía Adolfo Ruiz Cortinez: 'no soy yo, es la investidura'. Si de repente se altera alguien, hay un exabrupto, es el presidente de México, es una institución, es el presidente que representa a todos los mexicanos, y tengo que cuidar esa investidura, porque en otros casos han habido excesos y para qué exponernos”: AMLO

¿Qué pierde un presidente de la república mexicana si recibiera a un contingente de padres y madres agraviados por la desaparición de sus hijos? ¿Cuánto puede perder la “investidura presidencial”, si el presidente de México recibiera a los padres, familiares, amigos de los cientos de miles de asesinados a lo largo de los últimos 15 años?

¿Cómo puede usar Andrés Manuel una de las frases más emblemáticas de los tiempos de la “presidencia imperial”, usada, también emblemáticamente, por el presidente Adolfo Ruiz Cortines?

Puede ser -y eso debe ocurrir con frecuencia- que al presidente no le guste el comportamiento de algunos personajes de la vida política y social del país, pero está obligado a hacer abstracción de ello y afrontar muchas de las cosas ocurridas a lo largo de los últimos 20 años, los de la catástrofe humanitaria que ahora padecemos.

López Obrador debe hacerse cargo que llegó a gobernar un país que ha perdido a manos de las balas, navajas, cintas, sogas, ametralladoras y bombas homicidas a más de 280 mil mexicanos, que abarcan a los caídos en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, e incluidos los ocurridos en su gestión.

No es todo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación  del gobierno de la 4T, hay más de 40 mil desaparecidos y 36 mil muertos sin identificar en México.

¡Cómo puede alegarse que se puede dar un “show” si los familiares de los desaparecidos, asesinados, violadas y un largo etcétera, quieren ser recibidos por su presidente!

¿Que ahí, en esa caravana, vienen algunas personas que no le son simpáticas al presidente? ¿Y qué?

No hay razones válidas para negarse a que, por lo menos, algunas doloridas madres puedan recibir las frases de aliento del presidente. 

O que algunos padres, con hijos asesinados, puedan enderezar algunas frases indignadas ante tanta indolencia, tanta complicidad, tanta impunidad, tanta podredumbre, tanto dolor. Tanto dolor.

Andrés Manuel no puede comportarse de manera semejante a la de los últimos tres gobernadores de Chihuahua, que no han sido capaces de recibir a las agrupaciones de abogados para recibir el reclamo de justicia y las promesas, -así solo sean promesas- de emprender las postergadas acciones gubernamentales, a fin de encontrar a los asesinos de los más de 50 abogados asesinados en Chihuahua en los últimos quinquenios.

No puede actuar del mismo modo que el gobernador Corral, reacio a recibir a las madres de las decenas de mujeres asesinadas y/o desaparecidas en Chihuahua.

No, no puede el líder de la 4T, no puede actuar del mismo modo que los presidentes anteriores. 

Está obligado a ser diferente, y si un pueblo entero le reclama, entonces más obligado está a escucharlo.

Vamos, en el colmo de la exageración, hasta Felipe Calderón se atrevió a presentarse ante los padres de los muchachos masacrados de Villas de Salvárcar y soportar las duras, pero justas frases de Doña Luz María Dávila: “Discúlpeme, señor presidente, pero no le puedo dar la bienvenida; usted no es bienvenido aquí”.

Tú ¿Porqué no, Andrés Manuel?

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Los Alvarado, responsabilidad de López Obrador

El Diario, 19 de enero de 2020

Luis Javier Valero Flores

Pocos temas, o asuntos de importancia mayor pueden poner en grave entredicho al gobierno de la “esperanza de México”, como el del caso de la desaparición forzada de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Irene Alvarado Reyes, secuestrados por elementos del ejército mexicano el 29 de diciembre del año 2009, en el ejido Benito Juárez, del municipio chihuahuense de Buenaventura.

Ocurrida en el gobierno de Felipe Calderón, en plena vigencia del Operativo Coordinado Chihuahua, los familiares debieron sufrir el viacrucis de la negación de los hechos por autoridades de los tres niveles; del paso de los días sin que aparecieran con vida, de la cerrazón y del acoso de las autoridades judiciales y militares; de las mentiras recibidas de toda la estructura gubernamental; del miedo acerbo y de la migración forzada al extranjero para salvar la vida.

No había motivo a la duda, ni a la negación de los hechos; hay múltiples testimonios que corroboran los hechos: Fueron soldados del 35o Batallón de Infantería los responsables del “levantón” de los 3 jóvenes.

Negada la justicia en el ámbito nacional, el gobierno de Calderón recibió todas las recomendaciones y críticas posibles de los organismos internacionales de derechos humanos, incluido el departamento respectivo de la ONU. 

Nada pasó, la protección a los militares responsables de los hechos continuó.

Los Alvarado debieron recurrir a la justicia internacional. Llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Les dió la razón y sentenció al Estado Mexicano a reconocer las graves violaciones a los derechos humanos, a reparar el daño, a realizar una investigación que esclarezca los hechos, encuentre a los responsables y los sancione a todos.

Para que eso ocurriera debió transcurrir el sexenio de Peña Nieto, el que opuso toda la argumentación posible a fin de exculpar al gobierno federal y en particular a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), manteniendo en todo momento la versión que los responsables del secuestro habían sido miembros del crimen organizado, a pesar de que nunca pudieron demostrar la vinculación de alguno de los miembros de la extensa familia Alvarado a la delincuencia. 

Porque no la había.

Vencido el Estado Mexicano en la Corte Interamericana, representado por el gobierno de Peña Nieto, la sentencia fue emitida en diciembre del 2018.

El Estado mexicano, ahora en manos de AMLO, tenía un año para cumplir con la sentencia de la Corte. 

Pasó el tiempo y no lo hizo. Cundió el desaliento, la desesperanza y el enojo en los Alvarado. 

Tienen razón en sufrirlos.

Desde fecha tan lejana como el mes de mayo del 2010, María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de una de las desaparecidas -Nitza- y prima de los otros dos, se entrevistó con López Obrador. 

Encontraron comprensión. Desde entonces pensaron que al llegar a la presidencia cambiarían las cosas respecto a su tragedia.

En aquella ocasión fue acompañada por la activista Cipriana Jurado, -ex directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, con sede en Juárez, quien a raíz de su actividad derechohumanista fuera obligada a exiliarse a los EU- y de Sara Salazar y de Marisela Reyes Salazar, madre e hija de Josefina Reyes, -activista derechohumanista y ex regidora del PRD del municipio de Guadalupe Distrito Bravos, asesinada el 3 de enero de 2010, al igual que otros cinco integrantes de su familia-.

Pasaron los años. En marzo del 2017, María de Jesús fue invitada al mitin de López Obrador celebrado en la Plaza de los Lagartos en El Paso; incluso, fue invitada a subir al templete del acto como una mexicana exiliada por la guerra contra el narcotráfico.

Llegado el gobierno de la 4T, y con la responsabilidad de darle cumplimiento a la sentencia de la CIDH, la que pone énfasis en la participación de los militares y, por supuesto, en la presencia de representantes de la Sedena en todos los actos y eventos y, además, en la emisión del reconocimiento de responsabilidad internacional, lo que se conoce como la disculpa pública.

Pero la protección al ejército mexicano sigue igual que en los dos sexenios anteriores. La Sedena se ha dado el lujo de no asistir a las reuniones de coordinación de los eventos a los que la CIDH condenó a las dependencias gubernamentales.

Igual que con Calderón y Peña Nieto.

El colmo para los Alvarado fue escuchar al Sub Secretario de Gobernación, en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas, justificar la ausencia de los representantes de la Sedena en los actos a los que está obligada merced a la sentencia de la Corte.

Encinas llegó a decirles que no importaba que no asistieran los representantes de la Sedena, a lo que le respondieron que para ellos -a la familia Alvarado- era muy importante, pues son los señalados de haber cometido la desaparición, además de que la Corte los obliga a participar en los actos de reconocimiento público, al igual que a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal y al gobierno de Chihuahua.

“Si en el tema de la organización de la disculpa pública no se ha podido sentar a la Sedena, en los asuntos torales de la sentencia, como la investigación y localización de las víctimas, ha sido mayor la renuencia gubernamental, lamenta Alvarado Espinosa”. (Nota de Gloria Leticia Díaz, Proceso 2254, 12/I/20).

Para recibir las notificaciones de la Corte fueron designados los generales José de Jesús Espitia Hernández, ex comandante de la 5a. Zona Militar, con sede en Chihuahua, y el coronel Elfego José Luján Ruiz, ex comandante del 35o. Batallón de Infantería, quienes siguen negando la participación del ejército en la desaparición de la familia Alvarado.

La conclusión de los Alvarado es contundente: “López Obrador es lo mismo que Calderón y Peña Nieto, son responsables de que la investigación no avance porque mientras, para ellos, el ejército sea intocable, siguen protegiendo criminales”. (Ibídem).

Los hechos son impactantes, desgarradores. 

Alrededor de las 8 de la noche del 29 de diciembre de 2009, diez militares descendieron de dos vehículos oficiales, una Hummer y una camioneta Chevrolet doble rodada frente a un domicilio particular. Vestían uniformes y cascos del ejército mexicano, así como rifles de alto poder. 

Subieron a la fuerza a José Ángel Alvarado Herrera y a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza y emprendieron la huida en dichos vehículos. Instantes después llegaron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes, a quien secuestraron, luego de destrozar el inmobiliario.

Los familiares se quejaron en todas partes, buscaron a los jóvenes en la comandancia del pueblo, en la procuraduría de Nuevo Casas Grandes y en la oficina de la Procuraduría de Justicia en Buenaventura. Aquí, hasta dos días después de los hechos pudieron interponer la denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad, ante Aarón Enríquez Duarte, Ministerio Público de Buenaventura.

Enríquez Duarte les informó que se había celebrado una redada en el ejido y que tenía información que sus familiares desaparecidos estaban en el 35o. Batallón de Infantería porque estaban siendo investigados.

En las instalaciones militares negaron los hechos. 

Los familiares presentaron la queja ante las oficinas del Operativo Conjunto Chihuahua -cosas de la vida pública, quien la recibió fue el licenciado Javier González Mocken, quien sería el candidato de Morena a la alcaldía juarense en 2018- y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez (CEDH), en contra de elementos del Ejército Mexicano.

Los jóvenes nunca fueron localizados, permanecen en calidad de desaparecidos hasta la fecha.

Pero las organizaciones no gubernamentales reportaron a la CIDH que tres funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) habían confirmado verbalmente a familiares de las víctimas que los Alvarado fueron detenidos por militares en un operativo dirigido por Élfego Luján, comandante del referido batallón y que una camioneta en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel, al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo Casas Grandes.

Tres presidentes de la república han pasado por el caso y la impunidad continúa, incluso en el gobierno de la 4T.

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Inseguridad, dolor de cabeza de la 4T

El Diario, 16 de enero de 2020

Luis Javier Valero Flores

Triste balance en 2019 tuvo el gobierno de López Obrador en seguridad pública. Fue el año con el mayor número de homicidios dolosos en la historia del país. Lejos, muy lejos, quedaron las acerbas críticas que el morenaje le hiciera al gobierno de Felipe Calderón por el número de caídos en su sexenio.

Igual quedaron las críticas que se le hicieran al gobierno del priista Enrique Peña Nieto por la misma razón.

Por ello no debiera sorprender la irrupción del periodista Jorge Ramos en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Inquirido por el periodista sobre el tema de la seguridad pública, el presidente abordó el tema de seguridad pública, por segunda ocasión consecutiva en menos de 5 días (en la conferencia mañanera celebrada. En Juárez apenas el viernes anterior y la del día de ayer), al que denominó el “asunto más delicado” de su administración.

Ramos es, sin duda, el periodista hispano más importante de los EU y sus preguntas a los mandatarios mexicanos han sido, siempre, incisivas, ácidas, y su estilo, confrontador, ha sacado de quicio a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Casi lo logra con el Peje.

Insistente en su aseveración acerca de que en 2019 se alcanzaron las cifras más altas de homicidios -desde la Revolución, dijo- no se percató que la respuesta del presidente López Obrador le ofrecía la posibilidad de ahondar en el tema y de interrogarlo acerca de la estrategia usada para obtener las cifras que el presidente dio a conocer y del principal logro que presumió el tabasqueño en esa materia.

López Obrador sostiene que su gobierno ya obtuvo que la curva de crecimiento de los homicidios tuviese una sensible baja, lo cual, de suyo, es esperanzador, pero de ninguna manera motivo para echar a volar las campanas.

Además, existen discrepancias mayores entre las cifras mencionadas por el periodista y las expresadas por el mandatario, y por si fuera poco, con las que hasta la fecha ha publicado INEGI.

Jorge Ramos insistía en el crecimiento del número de homicidios, el presidente insistía en que la curva de crecimiento se ha estabilizado pues, sostiene que el crecimiento fue tan solo del 0.1% en 2019, frente al 0.7% en 2018, 2.3% en 2017 y 2.9% en 2016.

Pero AMLO usó una gráfica que acredita la comisión de 34 mil 589 homicidios en 2019, cifra que coincide con  la informada por Jorge Ramos, pero que no guarda relación con la cifra oficial, publicada por INEGI, de los homicidios cometidos en 2018, de 36 mil 685.

De lo que se deduce que deberemos de esperar las cifras oficiales para hacer las evaluaciones correspondientes, pero si diéramos por buenas las cifras de INEGI del año 2018 y las de AMLO del 2019, querría decir que hubo una disminución en este último año frente al anterior, cosa que hasta ahora nadie ha argumentado, ni siquiera el presidente en la mañanera del martes, razón por la que la famosa frase de -tengo otros datos- se actualiza para este, que es el tema más doloroso.

Porque más allá de las cifras con diferencias menores a los 2 o 3 puntos, lo cierto es que estamos hablando de la muerte violenta de decenas de miles de personas, cuyas repercusiones, tan solo en un año, llegan a más de millón y medio de mexicanos, si multiplicamos por 50 el número de personas que sufren directamente la muerte de alguien.

Ahora bien, un argumento de AMLO, que no aceptó Jorge Ramos, el de que la espiral de violencia tiene antecedentes muy viejos, es el que deberá sopesarse adecuadamente pues los largos años de aguda degradación social, provocada por la creciente desigualdad social y la no menos creciente ola homicida han provocado una catástrofe social, en la que el principal signo es el de la violencia.

La descomposición viene de lejos, eso es lo que estamos enfrentando, arguyó el presidente, y no le falta razón, pero en lo que hay una muy extendida coincidencia es en el hecho de que no se advierte la aplicación de una nueva y eficiente estrategia para enfrentar lo que hoy tenemos a la vista y que todos los días golpea a miles de mexicanos.

Y menos si atendemos al hecho de que los recursos destinados a los municipios, para el fortalecimiento de la seguridad pública, van a la baja, con la obvia consecuencia (Sin retorno, Aserto.mx, 14/I/20) de que a medida que disminuyen esos fondos, se disparan las cifras homicidas, lo que no debiera echarse en saco roto por el gobierno de López Obrador, quien sostiene que el 1o de diciembre  habrá “resultados”.

Pero si nos atenemos a lo que ahora vive el país, pareciera ser una tarea inalcanzable en tan solo 11 meses.

Prácticamente en ninguna área el voluntarismo es referente, en la función pública menos que en ninguna, y en la seguridad pública, absolutamente no.

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El Granero, normal a estas fechas, dicen usuarios

Aserto, mx, 14 de enero de 2020

Luis Javier Valero Flores

A propósito de la polémica desatada en los últimos días alrededor de las cuotas de agua que el Estado de Chihuahua debe entregar a los EU, con base en el Tratado de Aguas firmado con ese país en 1944, mediante el cual Chihuahua debe entregar una determinada cantidad de agua y las denuncias, no sólo ciudadanas, sino, incluso, de diputados federales -entre ellos, el panista Mario Mata, representante del distrito de Delicias- y de otros protagonistas y usuarios de los distritos de riego, así como usuarios de la presa Luis L. León, conocida como El Granero, consistentes en que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había ordenado la extracción de cantidades millonarias de agua de esta presa y otras, diversos usuarios de la presa ofrecieron otra información.

Inmersos en una irracional disputa, diversos protagonistas políticos -panistas y morenistas- han asegurado, cada uno por su cuenta, y sin aportar más datos que sus dichos, o evidencias -como las fotografías que aparecieron en distintos medios y en redes sociales- en las que se aprecia una notoria disminución de los niveles de captación de la presa, que les ha permitido asegurar que le fue extraída una anormal cantidad de agua a la presa, justamente en los momentos en los que se discuten los períodos de entrega de agua y en los que Conagua insiste en que deberá hacerse una aportación extra de agua a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, lo que causará un irreparable daño a los productores del norte de Chihuahua.

Se asegura que la presa El Granero se encuentra prácticamente vacía, sin embargo, no es esa la opinión de numerosos usuarios de la presa, la mayor parte de ellos practicantes de la pesca deportiva que aseguran que los niveles de la presa se encuentran en los niveles “normales” de estas fechas, lo que puede confirmarse con el hecho de que para el fin de semana del 24 al 26 de enero se celebrará un torneo de pesca en las aguas de la presa, lo que puede confirmarse con las fotografías que acompañan la presente nota.

Por si fuera poco, los pescadores deportivos aseguran que el nivel del agua de la presa es tan adecuado que no corren con riesgo alguno en la zona en la que deben introducir sus lanchas para practicar la pesca, cosa que no pudieran hacer en caso de que los niveles del agua hubiesen disminuido grandemente.

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Bajan recursos de seguridad a municipios, se elevan homicidios

Aserto.mx, 13 de enero de 2020

Luis Javier Valero Flores

De acuerdo con una investigación periodística, en la que se confrontaron las sumas destinadas a la seguridad pública en los municipios (a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -FASP- y el Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad {Fortaseg} —antes conocido como Subsemun—) y las cifras de homicidios cometidos, existe una correlación más que directa: A mayores cifras empleadas, menor la incidencia delictiva.

Más aún, a pesar de la elevada concentración de los hechos violentos (Tres entidades concentran el 34% de los homicidios y 10 estados poco más del 64%) no ha habido, hasta la fecha, una estrategia diversificada, que ponga énfasis en estas entidades -no más del 40% del total de ellas- cuyos resultados llevarán al abatimiento del total nacional de las cifras homicidas.

Por otra parte, dentro de las mismas entidades con mayores índices violentos, en los municipios que concentran las cifras mencionadas, ocurre exactamente el mismo fenómeno.

Al hacerse una comparación, entre el número de averiguaciones realizadas en el período enero-junio de cada año, de homicidios dolosos, advertimos una estrecha correlación entre a mayores recursos destinados a los municipios y la correspondiente disminución de las averiguaciones previas realizadas por este delito.

Así, en el ámbito nacional cuando los recursos de los programas destinados a los municipios, estrictamente etiquetados para la aplicación en la seguridad pública, pasaron de 11 mil 827 millones de pesos (mdp) a 12 mil 191mdp, -entre 2012 y 2013- las averiguaciones por homicidios disminuyeron de 10 mil 898 a 9,361. 

Lo mismo sucedió al año siguiente 2014, los recursos ascendieron a 12 mil 654 mdp y las averiguaciones bajaron a 8 mil 34.

Al año siguiente (2015), aumentó el presupuesto a 13 mil 84 mdp y los expedientes nuevos se mantuvieron en 8 mil 89.

Las cosas cambiaron en 2016. Las partidas bajaron a un total de12 mil 465 mdp y las averiguaciones se dispararon a 9 mil 299. 

Igual ocurrió en 2017, cuando los recursos bajaron a 12 mil mdp y los crímenes investigados aumentaron a 12 mil 227. En 2018 se mantuvieron en la misma cantidad los recursos, pero las carpetas de investigación se elevaron a 13 mil 985.

Y el año anterior, las partidas presupuestales a los municipios bajaron sensiblemente, al destinar solamente 11 mil 219 mdp. En 2019 alcanzamos la cifra histórica de 14 mil 603 averiguaciones por homicidios dolosos.

Recuérdese que las cifras se refieren, solamente, a las carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas en los períodos de enero a junio de cada año.

No son menores los recursos empleados a través de dos fondos federales, mediante los cuales el gobierno federal transfiere cuantiosos recursos, los que en 2019 llegaron a los 11 mil 219 millones de pesos y que en el período 2012-2019 llegaron a los “casi 100,000 millones de pesos los transferidos por la federación a través de fondos a los estados y municipios del país, para afrontar los retos en materia de seguridad pública en los últimos ocho años. Sin embargo, pocos son los recursos que llegan a las localidades que muestran mayores tasas de violencia”. (Nota de Héctor Molina, El Economista, 14/VIII/19).

Otro aspecto preocupante es el hecho de que en las asignaciones del Fortaseg, se observa que municipios con tasas históricamente altas de asesinatos no han recibido recursos provenientes de este fondo dirigido al fortalecimiento de las capacidades de seguridad.

“Este es el caso del municipio de Guadalupe Distrito Bravos, en Chihuahua. Dicha alcaldía, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre el 2008 y el 2017 registró la tasa más alta de asesinatos para un municipio en todo México, con 213.5 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes”. (Ibídem).

A pesar de cifras tan altas, ese municipio no llena los requisitos de elegibilidad publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consistente en que los municipios receptores de esos recursos deben con al menos 100 mil habitantes. “En el caso de municipios fronterizos, este requisito baja a 50,000. De acuerdo con el Inegi, hasta el 2015, Guadalupe tenía 5,272 habitantes”. (Ibídem).

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