Loera impugna. Deberá demostrar sus dichos

El Diario, 27 de junio de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

Del mismo modo que lo han hecho en sus declaraciones, el equipo y el candidato de Morena al gobierno de Chihuahua, Juan Carlos Loera, en las que no achacan su derrota a errores cometidos por ellos en el curso de la campaña, o a las percepciones negativas causadas por el gobierno de López Obrador, o por su desempeño al frente de la delegación del Bienestar en Chihuahua, la imputación presentada ante los órganos electorales, con el objetivo de anular la elección del 6 de junio pasado (y sólo esa elección), atribuyen el triunfo de Maru Campos al uso de distintos recursos de manera ilegal.

Loera argumenta que el conjunto de supuestos hechos violatorios de la norma, cometidos por la campaña de Campos le otorgaron a la contienda el carácter de inequitativa y violatoria de los principios rectores de los procesos electorales y, además, que vulnera su derecho a ser votado en condiciones de equidad y legalidad.

El sustento para estos alegatos es el rebase de gastos en la campaña; el uso de más propaganda; el del acceso al Canal 28 y el de la participación de funcionarios públicos municipales, factores que hicieron posible su derrota, y no a causas imputables a su partido, o a su candidatura. Todos los argumentos son de que hubo una inequidad en el proceso electoral, por eso dice Juan Carlos que perdió.

En la demanda de Morena, los abogados dan por ciertas sus quejas en relación al rebase de los gastos de campaña, y así presentan sus alegatos, lo que todavía tienen que definir los tribunales electorales.

Hay un hecho alrededor del cual giran los argumentos de los demandantes y que seguramente merecerá la misma importancia por el equipo de Maru Campos: La diferencia de votos entre uno y otro es apenas menor al 10% (576 mil 176 de Maru, por 444 mil 634 de Juan Carlos, 9.69% en favor de la primera).

La ley electoral del Estado de Chihuahua establece en su artículo 385, inciso uno, que se puede declarar nula la elección cuando las causas “que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección”.

De este modo, todos los alegatos de Loera y su equipo jurídico deberán demostrar que los factores esgrimidos fueron “determinantes” para influir en el ánimo del electorado.

Para ello no bastan las afirmaciones de la demanda, deberán demostrar puntualmente cada una de sus afirmaciones y, por lo observado en el cuerpo de la demanda (a la cual tuvimos acceso gracias al equipo jurídico de Loera) muy pocas evidencias aportaron para ubicar la “determinancia” de los factores invocados.

Para anular una elección, por rebasar el tope de gastos de campaña, deberá ser mayor al 5% y solo se podrá argumentar si la diferencia de votos entre los dos primeros es menor al 5% de la votación.

Para superar esas limitantes, la ley establece que se podrán argumentar otras supuestas violaciones que deberán ser “determinantes” para influir en el ánimo de los electores y que cuando la diferencia de votos sea mayor al 5%, la parte demandante deberá demostrar la “determinancia” de los hechos en la voluntad del electorado, de tal manera que los impele a votar por la candidata de referencia.

Los de Morena alegan que la panista superó en 13 veces ese límite pues, dicen, gastó poco más de 111 millones de pesos, cantidad que precisaron en la queja presentada ante el INE, la cual está pendiente de resolver por esta instancia.

La demanda del candidato morenista se basa fundamentalmente en el rebase de gastos de campaña y, por tanto, confían, primero, en que el INE resuelva a su favor la queja presentada por el supuesto gasto excedido de Maru Campos en su campaña y, segundo, en el dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE sobre el informe de gastos de la campaña de Maru Campos, que demuestre el exceso de gastos.

Loera argumenta que Campos rebasó con más del 73% el tope de gastos de campaña; que se montó una campaña mediática para desprestigiarlo haciendo uso de distintas acusaciones, falsas todas, dice; que hubo una participación ilegal de funcionarios públicos -mayoritariamente del gobierno municipal de la capital- en la campaña de la candidata panista; que hicieron uso de recursos públicos; que Maru Campos adquirió -de manera ilegal- espacios en el Canal 28 de televisión abierta, con lo cual, asevera, violaron -el canal y la candidata- las leyes de la materia, y que esa participación del canal 28 le otorgó un carácter de inequidad al proceso.

Acusa que el Canal 28 de Chihuahua es el presunto responsable por la probable adquisición en una modalidad diferente a la compra de publicidad en televisión para dar una cobertura especial y publicidad a la campaña de Maru Campos. Los acusa de cometer un fraude a la ley, y sin aportar pruebas, asevera que “lo anterior pareciera advertir la adquisición de espacios televisivos cuando hay una clara restricción legal de hacerlo “.

A ese trato inequitativo en el manejo de los espacios informativos del canal 28, Loera le dió el carácter de determinante. Deberá demostrar que la audiencia de ese medio informativo es de tal magnitud y que tiene una penetración tan alta que influye “determinantemente” en la voluntad ciudadana.

Otra vez, la manía a suponer que el electorado puede ser manipulado de ese modo y de esa magnitud.

El carácter de determinante también se lo aplican al uso excedido de dinero en la campaña de Maru Campos al que, además, calificó de origen ilícito y que impidió, alegó, que los ciudadanos decidieran su voto de “manera libre”.

Además, Loera y sus abogados le otorgan el carácter de “determinante” a la participación del aficionado al futbol, Héctor Chávez, más comúnmente conocido como “El Caramelo”, -a quien le dieron el título de “influencer”- debido a que durante algunos segundos apareció en las imágenes transmitidas por el canal 5 de Televisa de un juego de la selección mexicana en el período de la veda electoral.

A pesar de dar cuenta de la transmisión, no acredita, ni muestra, los ratings de audiencia.

A estos dos temas le otorgaron una importancia superior, así como el de la exhibición de un video en el que Maru Campos aparece en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública municipal, con la participación de algunos empleados de la misma, usado para argumentar su dicho que en materia de seguridad pública sí había dado resultados en la capital de Chihuahua.

Para sustentar su dicho de la participación de funcionarios públicos, “que constituyeron una red en apoyo a la candidata del PAN”, Loera expone que varios de ellos, del municipio, participaron en el enfrentamiento que porristas de ambos candidatos escenificaron afuera de las instalaciones del IEE, después del debate, pero no aporta datos de que se encontraban en horarios laborales, o que usaron recursos municipales para acudir a tal acto.

En otro apartado de la impugnación, Loera denuncia a los candidatos al gobierno del estado de distintos partidos que decidieron apoyar a Maru Campos y los acusa de desvío de recursos al, asegura, emplear recursos económicos en favor de la candidata del PAN, pero no aporta más datos que su dicho y de lo cual sólo se sabrá, de manera oficial, (a menos que aporte pruebas) al conocer el dictamen del INE sobre el informe de gastos que rindan esos candidatos.

Para reforzar su dicho de la supuesta inequidad prevaleciente presentó una queja en contra de Francisco Santini Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de Román Rivas, en su carácter de presidente Consejo Nacional de la Industria Maquiladora en Chihuahua de un mensaje en donde manifiestan su deseo de que tanto sus empleados como los ciudadanos voten en favor del PAN (sin mencionarlo), disfrazado bajo el argumento del voto útil increpando a los candidatos que aparecían por debajo de Maru y de Juan Carlos Loera.

Deberá demostrar que fueron “determinantes” estas acciones en el voto ciudadano.

La demanda acusa de la existencia de un “mercado negro” para la adquisición de espacios en el espectro radioeléctrico del Estado y se queja de que hay un “acceso indebido” a medios de comunicación digitales “que se convierte en propaganda política”.

Pero lo anterior es, otra vez, una acusación generalizada, sin aportar hechos concretos, espacios, tiempos, medios, en los que se les ofrecieron a los candidatos, como él lo llama “ un acceso indebido “ a los portales.

En el colmo de los alegatos, Juan Carlos Loera aduce que si hubiese gastado la misma cantidad de recursos en la campaña que los que dice gastó Maru Campos, hubiese obtenido 1 millón 543 mil votos.

Es decir, todos tuvieron la culpa de los resultados electorales, menos el candidato de Morena y su equipo, incapaces de aceptar que el electorado, o la mayoría de éste, había tomado una decisión mucho antes de la campaña electoral y que, además, Morena alcanzó una votación histórica en Chihuahua, solo por debajo de la obtenida por López Obrador en 2018, quien obtuvo, en el estado “conservador”, 643 mil 652 votos.

Urge la reflexión en Morena, antes que el ajuste de cuentas y la permanente tendencia a acusar a los otros de los errores propios.

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Los 3 de “La Cruz”

El Diario, 20 de junio de 2021

Luis Javier Valero Flores 

"Ellos no son terroristas, ya tienen tres meses (ahora 9) encerrados sin ser culpables de nada, no mataron a nadie, no dañaron a nadie; es una injusticia lo que está pasando”: Estela Rivera Márquez, hermana de Juan.

En la noche del 8 de septiembre del 2020, luego del violento enfrentamiento de La Boquilla entre los productores y habitantes de la región centro-sur del estado, y la Guardia Nacional (GN), una partida de este agrupamiento detuvo a Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, productores del municipio de La Cruz que habían participado en las protestas.

Los acusaron de haber sustraído armas de uso exclusivo del ejército y de poseer unas granadas-bombas. 

Pocos momentos después, otra partida de la GN balaceaba al matrimonio de Jessica Silva y Jaime Torres, también productores participantes de los hechos del día alrededor de la presa más grande de Chihuahua. Ahí murió Jessica, con tiros por la espalda, igual que su esposo, Jaime, quien sobreviviría y deberá sobrellevar severas complicaciones a causa de las heridas de bala de grueso calibre recibidas a bordo de su vehículo.

Rosendo y los Juanes ya cumplieron más de 9 meses detenidos, acusados de delitos no cometidos, a los que en la audiencia de vinculación a proceso, la FGR intentó acusarlos por el delito de terrorismo, el cual fue descartado por un juez, todo porque la GN les encontró unos artefactos que clasificaron como “bombas” y que en realidad eran recipientes (latas) de gas lacrimógeno, usados por los elementos castrenses (que sostienen las autoridades federales que ya son policías) para reprimir las protestas de los productores del sur de Chihuahua.

A la larga cadena de desaguisados cometidos por la autoridad federal en el conflicto del agua de las presas del año anterior, se agregó el informado por el presidente López Obrador, en el sentido de que algunas de las armas que, dijo, fueron “sustraídas” en La Boquilla a la GN habían sido decomisadas en un operativo del agrupamiento en contra de elementos del crimen organizado, en Nayarit, más de 7 meses después del conflicto.

“En el movimiento en Chihuahua había gente vinculada con los que operan en Jalisco, en la delincuencia del Grupo de Jalisco (Cártel Jalisco Nueva Generación)”, dijo el mandatario en una conferencia “mañanera” celebrada en abril de este año.

La respuesta de los dirigentes de los productores, de dirigentes partidistas, autoridades federales, así como infinidad de testimonios periodísticos fue palmaria: Se trata de un infundio más. 

Hay una buena cantidad de videos, fotos y testimonios de los participantes en los que se demuestra que el total de las armas en poder de los militares fueron contabilizadas una a una, acopiadas en un vehículo bajo la atenta mirada y supervisión del general Vázquez, encargado de las tropas acantonadas en La Boquilla.

Si muchos meses después algunas de las armas fueron encontradas en manos de los integrantes del crimen organizado, la responsabilidad no es de los productores sino de los cuerpos militares y sus jefes.

No fueron las únicas acciones represivas en contra de los participantes de las protestas. 

Al menos 50 cuentas bancarias de dirigentes de los productores, de sus organizaciones, de la región Centro-Sur del estado de Chihuahua y del Ayuntamiento de Delicias, participantes de las acciones para evitar la extracción de agua de la presa La Boquilla, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, debido a que, arguyó la dependencia, se detectaron “movimientos irregulares en el sistema financiero nacional”.

A la fecha aún se mantiene bloqueada la cuenta personal del dirigente Salvador Alcántar, en la que le depositan la pensión generada por haberse desempeñado como catedrático de la UACh, que no cuenta, por supuesto, con ningún movimiento “irregular”.

Postergadas una y otra vez las audiencias para resolver la situación de los tres productores detenidos, la impresión generalizada es la de que los funcionarios judiciales (de la FGR) y los mandos de la GN están efectuando una ofensiva claramente revanchista en contra de quienes tuvieron la osadía de oponerse a una determinación presidencial y, por si fuera poco, participar en un enfrentamiento en contra de la GN y de elementos del ejército, al punto de obligar a sus integrantes a abandonar sus instalaciones temporales, ubicadas en las inmediaciones de la presa, para impedir que los productores se apropiaran de ella y con ello cerrar las válvulas y evitar que se extrajera más agua para entregarla al gobierno norteamericano.

Los abogados defensores de Rosendo y de los Juanes han demostrado claramente que no se configura ningún delito federal. Las latas de gas lacrimógeno no son una “arma de uso exclusivo del ejército”. 

A pesar de ello los mantienen presos sin que ninguna autoridad federal -o el ex delegado del gobierno federal, que luego se convertiría en el candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera- se manifestara con una actitud de clemencia hacia ellos y, que ahora, una vez celebradas las elecciones, se antojaría como una medida lógica, natural, esperable, que la Fiscalía General de la República se desistiera de los cargos en contra de los productores de La Cruz.

Y es que los argumentos usados por los jueces son verdaderamente ridículos. El juez Pedraza los mandó a prisión preventiva y argumentó  para  ello que uno de los detenidos había amenazado a un elemento de la Guardia Nacional, ante lo cual los de la GN, dijeron, se sintieron intimidados, “pues creyeron que un convoy de agricultores los sacaría de la cinta asfáltica para rescatar a los muchachos”.

La supuesta posesión de granadas -que resultaron ser latas de gas lacrimógeno- merecieron, a los ojos de ese juez, una pena de 30 años de prisión.

Demostrada la falsedad de la acusación, los abogados y los dirigentes de las diversas organizaciones de productores han solicitado a los jueces y a las autoridades federales su intervención, a fin de que se dé un cambio en la medida cautelar (la prisión preventiva) y de esta manera pudieran enfrentar el proceso en libertad.

La respuesta ha sido el silencio.

Los tres campesinos originarios del municipio de La Cruz deberán comparecer de nuevo ante el juez el próximo 5 de julio.

Ahora se le presenta una oportunidad de oro a la delegada del gobierno federal, Bertha Alcalde Luján. 

No son las funciones de la delegada del Bienestar, pero es sabido que representa en el estado de Chihuahua al gobierno federal y el presente asunto es de una trascendencia social tal que debería concitar la atención de los gobernantes federales pues evidentemente es, a todas luces, un acto injusto, en el que toda la fuerza del Estado mexicano -ahora dirigido por un hombre cuyo slogan preferido ha sido el de que “por el bien de todos, primero los pobres”- se ha cebado en tres familias a cual más de humildes, indefensas, además, en un proceso cuyas características no se diferencian de las usadas por los gobiernos del viejo régimen.

El presidente ha esgrimido, una y otra vez, que su gobierno no es igual a los de antes; ahora tiene una oportunidad de demostrarlo, así sea en un asunto tan “pequeño”, frente a la dimensión de los problemas nacionales, pero que le enviaría un mensaje, totalmente contrario a los que a lo largo de nueve meses ha enviado, a los habitantes del centro-sur de Chihuahua y reiniciar una buena relación con la parte mayoritaria de esa sociedad, la que, no solamente en ocasión del conflicto, sino también electoralmente reaccionó oponiéndose a un gobierno al que consideraron ajeno y hasta opuesto a sus intereses.

No solo el presidente tiene esta oportunidad, también Javier Corral, el gobernador saliente de Chihuahua, quien se reunirá con el presidente en el curso de la semana. 

El presente caso es uno de los que debería presentarle. 

Es uno de los pocos que sí pueden resolver de inmediato; basta con que la Fiscalía General de la República se desista de los cargos en contra de los detenidos. 

¿Qué tanto les cuesta? ¿Quién creen que protestará por dar fin a un acto por demás injusto?

¿Las granadas de gas lacrimógeno que les fueron aseguradas, podrían considerarse como artefactos explosivos?

La liberación de los “3 de La Cruz” no es el único acto reivindicatorio que puede efectuar el gobierno federal en esa región de Chihuahua, la que, al igual que todo el estado está sometida a la devastadora sequía, agravada allá por el hecho de que las presas están prácticamente vacías. 

No hay agua suficiente para el siguiente ciclo agrícola. 

Las repercusiones económicas y sociales en toda la región serán catastróficas para casi la totalidad de la población. 

Es el momento de la intervención de la 4T.

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Desatinos pre y postelectorales

El Diario, 17 de junio de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Transcurrida la elección, dentro de lo que podríamos llamar la “normalidad democrática”, ya que en la mayoría de los casos han culminado en la entrega de las constancias de mayoría a los triunfadores y en algunos, como es natural (afortunadamente), se presentarán impugnaciones, que serán resueltas por los tribunales electorales, cosa que ha adquirido, también, carta de naturalidad en el país.

Hoy, la mayoría de los conflictos y pugnas electorales se resuelven en esos tribunales, por fortuna, convicción que no desatiende uno de los aspectos que se presentó con la misma intensidad que en 2018, el de la violencia, que en la mayor parte de los casos tomó como sus presas a los protagonistas políticos.

Establecido lo anterior como el entorno generalizado, llaman la atención tres temas: 

Primero, el de que una parte de la jerarquía católica difundió y adoptó una postura que contraviene lo establecido en el marco legal, al grado de que diversos sacerdotes la difundieran, la enriquecieran y la acrecentaran en los diversos ritos religiosos celebrados durante la semana previa a la elección; 

Segundo, el de la postura claramente inexplicable (desde la óptica, no solo de la política, sino desde la de la administración pública) del gobernador Javier Corral al ordenarle a su Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, que le expresara al equipo de la gobernadora electa, Maru Campos, que se concretaría el proceso de la entrega-recepción hasta que culminaran las impugnaciones que se presentaran en los tribunales electorales; y,

Tercero, el anuncio realizado por el ex candidato de Morena al gobierno de Chihuahua, Juan Carlos Loera, de presentar dos recursos (entre las varias cosas que abordó en la conferencia de prensa del martes): El de la petición de la anulación de las elecciones debido a que, desde su punto de vista, Maru Campos se excedió en los gastos de la campaña, más allá del tope señalado por la autoridad electoral y el de que solicitará a la Cámara de Diputados el desafuero de la ahora gobernadora electa.

Vayamos por partes.

En primer lugar, los ministros religiosos no pueden hacer proselitismo, ni a favor, ni en contra de candidato, partido o coalición política-electoral alguna. No lo pueden hacer en la vía pública “en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso”, como así lo señala el art. 130 constitucional.

El tema vino a cuento debido a la denuncia pública efectuada por Juan Carlos Loera el martes anterior. El ex candidato morenista dijo que la Iglesia Católica desplegó una campaña en contra de Morena, sus candidatos y a la 4T, a los que identificó como encarnación del “mal”, contra los cuales había que votar en sentido contrario.

Apoyó su denuncia pública con la exhibición de varios videos en los que se aprecia a un sacerdote -Antonio Sepúlveda- aparentemente en un rito religioso (probablemente en el sermón de una misa) realizado antes de la elección.

Lo anterior contraviene la norma constitucional (Art. 130) y los puede hacer acreedores a varias sanciones, contenidas en los artículos 25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el artículo 83, fracciones VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

A juzgar por las expresiones de Loera, es probable que no estemos lejos de un proceso en ese sentido.

En cuanto a Corral y su negativa iniciar de manera formal el proceso de entrega-recepción, es probable que su postura sea la correcta -en cuanto a lo estrictamente formal-, pero hay un cúmulo de aspectos de la administración estatal en los cuales sí podrían iniciar los trabajos, quizá sin entregar, aún, aspectos “sensibles”, como lo podrían ser los económicos, los de los procesos jurídicos; pero hay infinidad de ellos que, sin duda alguna, iniciar el proceso le ahorrará, no solo a los nuevos gobernantes, sino a los chihuahuenses, una buena cantidad de incomodidades generadas por la desinformación con la que podrían arribar al gobierno los integrantes del equipo de Maru Campos.

Pero el gobernante del “nuevo amanecer” pretende -aparentemente- darle continuidad a su oposición a que la ex alcaldesa asuma la gubernatura, no obstante las expresiones grandilocuentes lanzadas la semana anterior, en el sentido de que habría un relevo “normal”. 

Pues no.

Finalmente, Juan Carlos Loera está en su derecho de impugnar el proceso, pero las contradicciones de la postura emitida el martes no hacen más levantar dudas sobre la congruencia de sus dichos.

Dijo que pedirá la anulación del proceso electoral, pero al mismo tiempo anunció que pedirá el desafuero de Campos, con lo que en la práctica, en el mismo evento, le reconoció su carácter de gobernadora electa y que, para las fechas del inicio de la nueva legislatura, en la que Loera ya no estará, ya sería la gobernadora constitucional.

¿Y entonces?

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Chihuahua, una ínsula

El Diario, 13 de junio de 2021

 Luis Javier Valero Flores 

Indudablemente Morena es hoy el partido dominante, de un modo que recuerda algunos de los mejores momentos del PRI del viejo régimen. 

Sus triunfos ocultan que una parte importante de los electores, incluso en los lugares en los que obtuvo aplastantes victorias, votó por la oposición. Los números finales de la elección federal así lo demuestran. 

Lo que se apreciaba en la discusión pública, de que existía una febril y fuerte polarización, está evidenciado por la decisión de los electores: 

PAN, PRI y PRD obtuvieron 19 millones 477 mil votos, equivalentes al 39.61% de la votación, en tanto que MORENA, PT, PVEM y PES (que aunque formalmente no estaba en la coalición gubernamental, se inscribe en ésta) obtuvieron 22 millones 378 mil votos, igual al 45.51% de la votación.

De ninguna manera se regatea que Morena haya alcanzado 16 gubernaturas (a las que podrían sumarse, -si así lo deciden los dirigentes partidarios y los gobernantes- Morelos, en manos del PES, y San Luis Potosí, en las del Verde Ecologista), la mayoría en 20 legislaturas locales y ser la primera minoría en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con la posibilidad de alcanzar “acuerdos” que le permitieran obtener las mayorías absoluta o calificada en los momentos que así lo requiriera.

Es probable que en algunos estados en los que triunfó MORENA, el electorado, en las elecciones estatales, apenas esté aplicando el voto de castigo a los gobernantes locales, lo que podría explicar los resultados de prácticamente toda la costa del Pacífico, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit (en el que, coincidentemente, el mismo día de la elección se diera a conocer la detención del exgobernador, Roberto Sandoval), Colima, Guerrero y Michoacán (en caso de concretarse los triunfos de los candidatos morenistas), además de obtener 7 diputaciones federales en Jalisco, igual que MC, por 6 de los opositores.

Semejante explicación también podría usarse para Campeche y Tamaulipas en el otro lado del país, en el supuesto que se confirme el triunfo de la morenista Layda Sansores, con lo que ese estado tendría, por primera vez, un gobernante no priista y, en el de Tamaulipas, que constituye una de las mayores sorpresas de la elección pues Morena ganó la mayoría de las diputaciones federales y locales en juego.

Por si fuera poco, en las elecciones federales de Oaxaca y Chiapas, el partido gubernamental arrasó,, excepto en las alcaldías chiapanecas en las que llevaba ventaja el PVEM.

Se consolida la dominancia morenista en el Golfo de México, pues los triunfos en Tamaulipas se suman a los obtenidos en Veracruz, Tabasco y el ya mencionado Campeche, además de ganar 2 de los 5 distritos en Yucatán.

No es poca cosa.

Pero la derrota mayor es en la Cd de México y la zona conurbada del EdoMex. 

En la capital del país perdió la mitad de las diputaciones federales. Gobernará solamente 7 de los 16 municipios existentes. La oposición dirigirá las alcaldías que generan el 84% del impuesto predial.

El partido de López Obrador es, además, mayoría en la Asamblea de Representantes de la Cd de México al obtener el triunfo en 19 de los 33 distritos locales y no obstante mantener la mayoría de los distritos federales del Estado de México (24 de 41), en el Congreso local Morena y sus aliados ganan en 22 distritos y los opositores en 23 (con datos del PREP).

A esos resultados se le suman los obtenidos por la oposición en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Toluca y Metepec. 

A cambio, el morenaje triunfó en el oriente (Texcoco, Chalco, Nezahualcóyotl y otros municipios). En total, los opositores obtuvieron 77 alcaldías, por 36 de los oficialistas.

A pesar de la derrota del PRI en las 8 gubernaturas que poseía, este partido se alzó como el triunfador indiscutible de los municipios del EdoMex y, al igual que el PAN, elevó el número de diputaciones federales.

En tan diverso panorama, Chihuahua se convirtió en una de las excepciones, en el que un conjunto de factores adversos al morenaje se acumularon para hacer posible el triunfo de los candidatos opositores: Ganaron en 6 de los 9 distritos federales, en 14 de los 22 locales y en 50 de los municipios, además de una contundente victoria al gobierno del estado.

¿Qué hizo posible la victoria de una candidata sujeta a un proceso penal, acusada de estar vinculada al ex gobernador Duarte -y no sólo por la supuesta inclusión en la nómina secreta- y de ser hostigada severamente por el gobernador Corral?

¿Cómo fue posible que, a pesar de que alrededor de 600 mil chihuahuenses sean beneficiarios de los programas de Bienestar del gobierno federal, el candidato de Morena al gobierno de Chihuahua apenas obtenga un poco más de la mitad de esa cantidad en votos?

Destacan dos explicaciones: Primero, el importante rechazo de la mayoría de los chihuahuenses al gobierno de López Obrador y, segundo, el que lo anterior fue estimulado por un hecho incontrastable, el de la entrega del agua de las presas del Conchos a los EU, decisión que estimuló el siempre presente regionalismo en la entidad y la nunca desaparecida sensación de abandono por la federación, estimulada ahora por la abrupta disminución o desaparición de los distintos programas y presupuestos federales dirigidos a los municipios y a los productores del campo.

Seguramente factor central en la derrota morenista en Chihuahua y la capital del país, es la incapacidad del presidente López Obrador para interpretar a la sociedad, más allá de los sectores a los que su gobierno apoya directamente.

Ahora, para explicar la derrota de Morena, allá en el centro del país, recurrió al mismo argumento usado para explicar las razones del surgimiento del fuerte rechazo a la extracción del agua de las presas de la localidad: El de que las capas medias fueron manipuladas por la prensa y sus adversarios, tal y como lo dijo en varias ocasiones en el movimiento por el agua de Chihuahua, cuando les espetó a los productores ser manipulados por la oposición, explicación que fue secundada por el candidato de Morena.

No, el rechazo al gobierno de López Obrador en Chihuahua llevó a que una mayoría de electores votaran por Maru Campos a pesar de la vinculación a proceso. 

No les importó, y en esa decisión, seguramente, pesó notablemente el hecho de que se convirtió, porque Javier Corral así lo determinó, en la principal opositora al actual gobernante, en tanto que JC Loera y sus principales colaboradores, a lo largo de muchos meses, crearon la percepción de ser de los principales aliados del mandatario del “Nuevo Amanecer” chihuahuense.

Solo hasta que estalló el conflicto de las presas, Loera y los diputados de Morena se convirtieron en opositores a Corral.

Hay otros dos factores que explican que Morena de Chihuahua no forme parte de la oleada nacional: Fuera de las candidaturas en las alcaldías de Juárez y Chihuahua, la mala selección de candidatos y la catastrófica política de alianzas.

Ahora es evidente que se equivocaron en la selección de candidato a gobernador -y de muchos puestos-. En cambio, sus adversarios seleccionaron a su candidata más competitiva, lo que llevó a la exasperación política al gobernador.

Hoy lo están pagando.

Así, a muchos chihuahuenses se les despejaron las opciones, pues votar en contra del presidente y del gobernador en un solo acto se constituyó en, quizá, el factor central para la definición electoral, pues eran los gobernantes con las peores calificaciones en Chihuahua.

Intencionalmente se ha dejado al final lo que es un hecho indubitable. El de que la mayoría de la sociedad chihuahuense ha dado un giro a la derecha, (corriente política en la que se inscribe la ahora ganadora de la elección, de ahí el caudal de votos obtenidos) y no solo porque ya existía una base social para ello, sino porque a ese fortalecimiento ha contribuido, como pocos, el presidente López Obrador, a quien identifican como de izquierda.

No lo es.

Finalmente, y quizá en Chihuahua no haya sido factor central, pero en el Valle de México sin duda lo fue, el del absolutamente equivocado manejo de la pandemia.

Tan solo en el mes de enero de este año, 11 mil personas murieron a causa de la pandemia en la Cd de México, muchas de ellas a bordo de los vehículos; otras en sus casas, o en las afueras de los hospitales; al tiempo que decenas de miles deambulaban por la ciudad en busca de una cama hospitalaria para sus enfermos, en tanto que decenas de miles hacían interminables filas para obtener el preciado oxígeno que significaba la diferencia entre la vida y la muerte.

Esas son las verdaderas explicaciones a la debacle electoral morenista y no el giro “al conservadurismo” de las capas medias de la Cd de México, aducido por López Obrador.

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Poder compartimentado

El Diario, 10 de junio de 2021

 Luis Javier Valero Flores 

La mañana del lunes anterior el país amaneció bajo una nueva realidad política. 

Morena se convirtió en el partido dominante en México, lo logró no sin sufrir serios descalabros, el mayor, el de la Cd de México y en general en el Valle de México, pues abarca a varios municipios de la zona conurbada, pero en el balance general la elección intermedia a diputados federales sale bien librado el partido del presidente y en la de las gubernaturas se convertirá en el partido que más entidades vaya a gobernar, exactamente la mitad.

Pero los dos bloques político-partidarios conformados para ir a las elecciones sufrieron sendas derrotas en los objetivos planteados inicialmente: Ni Morena y sus aliados lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ni la alianza Va por México logró tener mayoría absoluta (50% más 1) en ella.

Pero la alianza oficialista sí tendrá la mayoría necesaria para aprobar el presupuesto del gobierno federal, aprobar leyes reglamentarias y hacer alguna clase de nombramientos sin necesidad de efectuar negociaciones con la oposición. 

El presidente López Obrador podrá concretar sus acciones de gobierno sin mayores problemas, pero no tendrá a la mano la mayoría calificada para efectuar reformas constitucionales o nombramientos que requieran ese mínimo constitucional. 

Para hacerlo, deberá recurrir a la negociación con alguno de los partidos mayores de la oposición -PRI o PAN- y, por supuesto, atemperar el discurso descalificador hacia esas dos fuerzas políticas pues no podrá eludir el hecho de que el partido gubernamental solo constituye el 34%.

Más. Morena es hoy el partido gobernante en la mitad de las entidades del país, apenas a 8 años de su fundación, y ante los ojos del electorado dejó de ser el partido “del sur” para convertirse en la fuerza mayoritaria. Morena gobernará 16 entidades, mientras que el PRI perdió 8 gubernaturas, sin ganar ninguna de las 15 en disputa el domingo anterior.

Morena es, además, mayoritario en la Cámara de Senadores y posee mayoría en 18 legislaturas estatales.

No son pocas cosas lo alcanzado por el partido de López Obrador, sin embargo, ante el “fracaso” de no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y del que sí fue un sonoro revés -el de la Cd. De México- en las primeras horas, la dirigencia morenista y el presidente se quedaron atónitos. 

No creían lo que había pasado y esos dos reveses, en los primeros momentos, los hicieron minusvaluar los éxitos obtenidos.

Y por alguna razón, a López Obrador le dolió sobremanera la derrota en Chihuahua ¿Será, acaso, porque un factor importante para que ello ocurriera fue que supo que sus decisiones acerca de entregar el agua de las presas a los EU, aspecto que despertó, sobremanera, el regionalismo de los chihuahuenses, y con razón, contribuyó determinantemente en el resultado final en nuestra entidad?

La derrota en el Valle de México es muy importante, no es como para desmadejar al partido gobernante, pero sí es como para preocuparlo rumbo a la elección presidencial del 2024 porque el hecho de perder la mayoría de los municipios de la capital del país, sí que constituirá un escollo muy importante para refrendar el triunfo presidencial y el de la jefatura de gobierno de la Cd de México.

Nada más para evaluar bien la clase de derrota que el electorado capitalino le propinó a Morena, tómese en cuenta que los municipios que serán gobernados por la oposición recaudan el 85% del impuesto predial de la ciudad.

No todo es negativo, Morena será, todavía, mayoría en la Asamblea de Representantes de la Cd de México pues ganó 19 de los distritos de  los 3, pero perdió la mitad de las diputaciones federales, además de ser derrotado en 17 de los 41 distritos federales del Estado de México.

Morena se amaneció como la primera fuerza del Pacífico pues ganó las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Colima (En Michoacán Morena va adelante por 2.5%, con el 98.6% de las casillas capturadas).

Además, en Chiapas, Morena y aliados ganaron 13 de los 14 distritos y en Oaxaca ganan todos, los 10 distritos.

La sorpresa la constituyó la votación en Tamaulipas. Morena obtuvo 6 de 9 distritos federales y 16 de 22 los distritos locales, para convertirse en mayoría calificada en el Congreso del Estado.

Otra historia es la acontecida en Chihuahua, además de las razones de la votación del domingo anterior, en el país, y en nuestro terruño.

El domingo lo abordaremos.

Ni a la “venezolización”, ni al regreso autoritario

El Diario, 6 de junio de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

Dos pueden ser las principales consecuencias del proceso electoral que hoy tiene el principal de sus eventos, el de la emisión del voto: Que por medio de ese sufragio, el electorado mexicano le señale a las fuerzas políticas en disputa que deberán, necesariamente, convivir y relacionarse de manera distinta a como lo han hecho hasta ahora pues, muy seguramente, la combinación de los resultados electorales hará que los dos bloques político partidarios salgan avances en algunas de las metas trazadas previamente.

Tendremos un país, mañana lunes, en el que las fuerzas políticas habrán llegado a un estadio de mayor compartimentación del poder y deberemos  recordárselo a las dos fuerzas antagonistas: El día de hoy no vamos a dirimir si el país cae al abismo de la dictadura o si se regresa al viejo régimen autoritario del pasado.

Nada de eso, hoy estaremos celebrando una jornada, en el marco de la democracia electoral que los mexicanos nos hemos otorgado, en la que hemos sido citados a expresar mediante nuestro voto el rumbo del país, del estado y del municipio, que decidamos, cada quien en lo individual, o de quien deba representarnos en los espacios del poder público.

El problema es que ambos bloques, con sus posturas extremistas,  pretendieron llevarnos a una falsa disyuntiva: Ni todos los que apoyan a la 4T forman parte de las fuerzas de avanzada democrática; ni todos los opositores sea ubican en el campo de los viejos partidos del viejo régimen.

Dicho en palabras del analista René Delgado, “… a ambos (bloques) los tentó la idea de convertir la contienda electoral en una lucha eliminatoria sin reconocer dos cuestiones muy simples: ese no es el propósito de la democracia y, aun con ajustes, la correlación de fuerzas no se moverá tanto como el uno o la otra quisieran. Si, aun así, consideran que el único desenlace deseable y aceptable de la elección es acabar con el contrario, entonces más vale dejar de envolverse en la bandera de la democracia y cambiarle de nombre al juego porque el sentido de las elecciones es otro”.

“Desde esa óptica, es temerario hablar como si nada del supuesto dictador en ciernes, o del presunto golpismo en puerta porque, de tanto anunciarlo –ahí está el guion de Gabriel García Márquez y Luis Alcoriza–, se puede dar vida al presagio o alentar a quienes salivan con la acción violenta directa”. (El Financiero, 4/VI/21).

Una cosa es más que segura, el desarrollo de la contienda nos ha llevado a la necesidad de que el país discuta diversas reformas al marco electoral vigente, entre ellas la posibilidad de establecer la segunda vuelta electoral, que ahora ha adoptado la modalidad de declinaciones de candidatos -sobre todo en las contiendas a gobierno de los estados- para la elección los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y de la federación.

El mecanismo es simple: Si nadie obtiene el 50% más uno de los votos en la primera vuelta, entonces el primer y el segundo lugar van a una segunda vuelta, con lo que todas las fuerzas se nuclearán alrededor del candidato con el que se mantenga más coincidencias y podrían establecerse compromisos de gobierno, de frente al electorado, de tal manera que le posibilite a los ciudadanos tomar su decisión con más elementos a la hora de votar.

Otro asunto será superado el día de hoy, que se develó a partir de las descalificaciones presidenciales: La vigencia de los actuales organismos electorales, los que, en prácticamente todas las encuestas en las que se consultó acerca de la confianza ciudadana en ellos, se ubica en los primeros lugares.

Sin duda, deberán hacerse diversas mejoras, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE), como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero, y son muchas las opiniones coincidentes, la experiencia acumulada por el INE en la organización y conducción de las elecciones estamos obligados a mantener.

No se trata solamente de este instituto, sino de la tradición construida a lo largo de un cuarto de siglo de elecciones competidas en las que el electorado, no solo acudió a votar, sino que cuidó, organizó y condujo las elecciones en este lapso, fundamental para la consolidación del modelo democrático electoral mexicano.

Evidencias de esa tradición la tendremos el día de hoy, a lo largo de toda la jornada, en la que, con excepciones, los ciudadanos que fueron sorteados para actuar como funcionarios de las casillas, acudieron a prácticamente la totalidad de las mesas receptoras del voto y cuya tarea culminará hasta muy avanzada la noche de hoy, a pesar del clima de inseguridad imperante en muchas zonas del país.

¿Que deberemos construir organismos electorales en los que los funcionarios dejen de pertenecer -por sus privilegios- a la casta dorada que condujo el país en el pasado? Por supuesto, sí, pero a diferencia de lo realizado con otras dependencias, figuras jurídicas, organismos y programas, la reforma de los organismos electorales, necesariamente, deberá hacerse a partir de lo mucho de positivo que poseen y de ninguna manera echar abajo lo que nos costó más de 5 décadas construirlo.

Solo basta, para ubicar lo anterior, la negra historia de fraudes electorales del pasado y algunos no tan lejanos, pero que fueron realizados mediante mecanismos completamente distintos a los de aquel pasado.

Tema central es el de la revisión del financiamiento a los partidos políticos y candidatos.

De ninguna manera deberá desaparecer el financiamiento público a ellos, lo necesario a corto plazo es la modificación de las reglas de la asignación del financiamiento. Sin duda que las carretadas de dinero público otorgadas a los partidos son excesivas y, además, mal empleadas en términos de presentar la mejor publicidad, o mejor dicho, en la obtención de un mejor modelo de comunicación partidaria y/o de los candidatos.

Con todo y lo repudiable que sea para algunos ciudadanos el hecho de que las actividades de partidos y candidatos se realicen con recursos públicos, eso constituye el mejor mecanismo para evitar que los poderes fácticos, los legales y los ilegales, se apoderen de la voluntad de quienes aspiran a ocupar los cargos públicos, mediante el financiamiento de sus actividades y que después se lo cobren con creces.

Si de por sí, el financiamiento ilegal a las campañas electorales hoy se efectúa a raja tabla, a tal grado que, incluso, es varias superior al aportado por el INE a los contendientes electorales, lo que debiera obligar a los gobernantes (y no solo quienes están en el gobierno federal) a legislar para volver aún más difícil la participación del financiamiento ilegal a las campañas.

Idealmente las medidas anteriores tendrían como consecuencia la construcción de partidos más sólidos, a partir de la participación de militantes más activos en la vida partidaria y a que los candidatos y partidos dependieran menos del actual modelo de comunicación electoral, basado, casi exclusivamente, en la repetición cansina de anuncios radiofónicos y televisivos que hartan.

Más debates y menos spots; más paneles o seminarios con los candidatos y menos espectaculares y anuncios en los medios digitales que todo lo inundan; y designación de funcionarios electorales ajenos a las filias y fobias partidistas.

En el pasado -que continúa al presente con los actuales integrantes del Consejo General del INE- se eligieron con base en las cuotas partidistas. Eso debe acabarse y ahí deberá verse el compromiso del presidente con ello. Solo así podrá avanzarse en la difícil tarea de construir un régimen cada vez más democrático.

Probablemente a eso acudan a las urnas millones de mexicanos.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Corral ¡Qué manera de terminar!

El Diario, 3 de junio de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Si bien políticamente la salida del gobernador Corral se podría ubicar a mediados de agosto, cuando rinda su último informe de gobierno, lo cierto es que con la realización de las elecciones del próximo domingo se habrá terminado el ejercicio de gobierno de quien había sido un destacado tribuno del PAN a lo largo de casi un cuarto de siglo.

Javier Corral deja el gobierno en medio de un gran descrédito, calificado como el peor, o el segundo peor de los mandatarios estatales y ahora envuelto en varios de los actos más bochornosos que gobernante alguno pudiera escenificar: 

Acusado por la élite empresarial de Chihuahua de violar la ley para “jinetear” (perdón, pero quizá ese término es el que mejor describe tal situación) las aportaciones recaudadas por Hacienda que esta dependencia debería entregar a los fideicomisos, Ficosec y Fechac y que, en el colmo del ridículo, encima lo acusaron de mentir, cuando el gobernante declaró que habían firmado un convenio mediante el cual su gobierno se comprometía a pagar el adeudo.

Si ese hecho es de por sí bochornoso, el otro acaecido en estos días es  igualmente ridículo y, aún más, peligroso en extremo. 

A raíz de no haber efectuado algunos pagos del arrendamiento de centenas de vehículos de seguridad pública, la empresa decidió inmovilizarlas mediante mecanismos electrónicos hasta en tanto se efectuaran los pagos correspondientes.

Si no es porque se trata de vehículos asignados a los elementos policíacos del estado, movería a la carcajada batiente tal hecho, que se suma a la previa resolución judicial en la que le ordenaron al gobierno del “Nuevo Amanecer” pagara de inmediato la camioneta blindada asignada al Secretario de Seguridad Pública, luego de no haberlo hecho a lo largo de casi tres años de la adquisición.

La “jineteada” del dinero efectuada por la dupla Corral-Fuentes Vélez no tiene parangón, no solo en Chihuahua, sino, probablemente, en el resto del país.

El modus operandi fue el mismo, y lo aplicaron lo mismo para la recaudación del impuesto sobre nómina, para escamoteárselo a Ficosec y Fechac, que para las cuotas de la Cruz Roja, o las de Pensiones Civiles -que deberían entregar la Secretaría de Hacienda, diversas dependencias estatales y la Uach-, que para pagar el arrendamiento de vehículos de seguridad pública, que los recursos etiquetados para el pago de la nómina de maestros y empleados del Colegio de Bachilleres.

El colmo fue, para los días presentes, el de que el personal del Hospital de la Mujer (en Juárez), “se declaró en huelga permanente, salvo urgencias, por falta de mantenimiento a la refrigeración del lugar” (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 2/VI/21); ¡también por falta de pago!

En la misma circunstancia se encuentran los proveedores del gobierno del estado, a los que se les adeuda, según distintas versiones, hasta un monto de 7-8 mil millones de pesos.

También los “jinetearon”, pues, por ley, las obras, o las adquisiciones, no se pueden efectuar si no hay recurso económico disponible asignado para la obra o la compra, lo que le da garantía, a la dependencia compradora o beneficiaria de la obra y al proveedor, de contar con el dinero necesario para terminar las obras y entregar los bienes adquiridos por la administración estatal.

No hay duda, al término de su administración deberán enfrentar los procesos jurídicos correspondientes pues las violaciones legales son numerosas, así como el daño patrimonial efectuado al gobierno estatal, además de las prohibiciones expresas de las leyes para disponer a su antojo de los recursos públicos.

El daño patrimonial podrá ubicarse en la obligatoria rendición de cuentas de los intereses que cantidades como las involucradas generan y que analizados los informes financieros no aparecen, o se obtuvieron cantidades menores, precisamente por el uso indebido de los recursos para fines distintos a su objeto, aspecto, éste último, señalado por el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix.

Y pudieron no haber dispuesto de esos recursos para sus personas, pero sí tenían expresamente prohibido disponer de ellos para otros fines que no fueran los claramente señalados por las dependencias federales o estatales, o, incluso, lo aprobado por el Congreso del Estado en lo referente al presupuesto estatal de Chihuahua.

Creyeron que serían los matanceros al infinito, se les olvidó que las gestiones gubernamentales tienen términos.

La del “Nuevo Amanecer de Chihuahua”, por fin, se acabó.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF