Transporte urbano ¿Hasta cuándo?

El Diario, 30 de abril de 2015

Luis Javier Valero Flores

Tres hechos, acaecidos en las últimas semanas en Juárez y Chihuahua, ubican el lugar en que se encuentra la oposición a que la prestación del servicio de transporte urbano (camiones y taxis) alcancen niveles cercanos a la eficiencia.

Ayer, taxistas agremiados a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, para exigirle al gobernador que impida que autos de alquiler irregulares, afiliados a los sindicatos SIITA y Villa Bonita, presten el servicio de transporte de personas mañana 1 de mayo mientras se encuentran participando en el desfile conmemorativo del Día del Trabajo. 

Un día antes, el dirigente estatal de la CTM, Dorotea Zapata, erigido en vocero de los concesionarios de la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) que presta el servicio a Vive Bus, planteó la elevación de las tarifas como solución a la viabilidad del nuevo sistema de transporte.

Pero días atrás, ante la audaz propuesta de los restauranteros de Juárez, y la Canirac, de otorgar gratuitamente el servicio de taxi a sus clientes, tanto las autoridades del transporte, como -otra vez- de la CTM se opusieron a ese programa.

A los taxistas manifestantes, el Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, les prometió que el Día del Trabajo no se permitirá la circulación ni operación de un solo auto de alquiler irregular.

Y todos felices y contentos.

Pero días atrás, ante la inexplicable e irracional negativa de las autoridades del transporte en Juárez a autorizar que los comerciantes, especialmente los dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, restaurantes y antros, ofrecieran transporte gratis a sus clientes, a través de las redes sociales se organizaron para evitar el uso de taxis caros.

Todo porque los taxistas (no todos, se sobreentiende, pero sí muchos) cobran al doble de la tarifa oficial los viajes realizados en la ciudad. Serán sometidos a la legalidad, prometería el Gobernador Duarte. Sin embargo, las condiciones en que prestan el servicio son pésimas, con vehículos viejos, sin clima artificial -en la ciudad que probablemente presente las más extremas temperaturas en el país (Más de 42º en verano y abajo de los -5 en invierno)-, sin identificación de los conductores, escasos y carísimos.

Tal cosa sucede en la ciudad que probablemente tenga el más alto porcentaje, de sus trabajadores, que laboran en las noches, lo que los obliga a buscar alternativas a lo malo del transporte urbano (de camiones) y al excesivamente caro del ofrecido por los taxis, incluidos los que se anotaron para el programa “Taxi amigo”.

Y es que “… la iniciativa de los propietarios de antros afectaba intereses de la (CTM) apoyados por la oficina de Transporte del Estado, dijo la regidora Norma Sepúlveda Leyva, integrante de la Comisión de Transporte del Cabildo”. (Nota de J. Olivas/A. Castañón/C. Ávila, El Diario | Viernes 17 Abril 2015).

Transparente, Jesús José Díaz Monarrez, el líder de la CTM juarense y diputado estatal del PRI, afirmó “que el programa nunca fue un proyecto bueno, y en realidad lo que buscaba la Canirac era presionar para que el Municipio retire los retenes antiebrios”.

Preocupadísimo por el trato que reciben los usuarios argumentó así: “Está mal implementado (el programa) porque se hizo de botepronto, así de la noche a la mañana con gente, que no sabe tratar a la gente, con gente que no está capacitada y con carros que sabe Dios en qué condiciones anden”. (Ibídem).

N’ombre, hasta de lo que gastan los clientes de los bares resultó cuidador: “Eso de gratis (el traslado lo pagarían los propietarios de los negocios) me suena así como que es una pura publicidad, es un trasfondo. Los invitan a tomar, gástate hasta tu último centavo al cabo si te quedas sin dinero te llevo a tu casa y no te cobro. Eso no ayuda, en lugar de estar envenenado a la gente deberían de prevenir, que tengan medida y no que los embrutezcan hasta gastarse su dinero”.

Por supuesto negó que hubiesen presionado a la Canirac o a las autoridades estatales del transporte e insistió en la necesidad de que el servicio se prestara como hasta ahora.

Sin embargo, el subsecretario de Gobierno del Estado, Guillermo Dowell Delgado, ratificó el apoyo de la administración estatal a la aplicación de ese programa.

Señalado frecuentemente como uno de los factores que incidiría seriamente en el mejoramiento del servicio y en el abatimiento de las tarifas, la instalación de taxímetros (por lo menos en la ciudad de Chihuahua), permitido en la Ley de Transportes desde 1994, fue desestimado de esta manera, a fines del 2012, por el entonces titular del Departamento de Transporte del Gobierno del Estado, Jaime Enríquez Ordóñez, y hoy Director de Vialidad en la ciudad de Chihuahua: “El uso del taxímetro en la ciudad de Chihuahua no es benéfico aún y les provocaría a los concesionarios y operadores una reducción en sus ingresos”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 19/XI/12).

¿Qué tienen de diferente, las ciudades chihuahuenses, al resto de las urbes de todo el mundo que no se pueda instalar el taxímetro?

¡Ah, perdón, se me olvidaba! Es que aquí prevalece, aún y con todo y alternancia entre priistas y panistas el viejo sindicalismo corporativista mexicano, ese que agrupa, por igual, a trabajadores y sus patrones y que tan útil le es al partido gobernante.

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Otra “ocurrencia”

El Diario, 26 de abril de 2015

Luis Javier Valero Flores

De la misma manera que han aprobado otras regulaciones, los diputados se aprestan a discutir el tema del miniperíodo gubernamental de dos años. 

De acuerdo con las informaciones otorgadas por distintos actores políticos, lo que ahora discutimos a lo largo de la semana fue producto de un “chiste”, de algo que se les ocurrió, al calor de unos tragos (y no vayan a salir que todos tomaban agua en la fiesta del Gobernador César Duarte) y que se convirtió en “algo serio”, pero de la cual no hay estudios previos, ni un solo análisis respetable.

Más aún, es muy probable que ni siquiera haya formado parte de las conversaciones sostenidas por el Gobernador Duarte con el Presidente Peña Nieto en su larga estancia en la capital del estado días atrás.

Ahora resulta que el modo en que se originó tal tema fue peor de lo que imaginamos muchos. 

Entrevistado sobre el asunto, el líder de los diputados del PRI, Rodrigo de la Rosa, dijo lo siguiente:

“… fue en una mesa donde estábamos varios diputados con el Gobernador del Estado, en donde empezó a plantearse el tema como eso, como una broma, pero con el paso de los días, al pensarlo seriamente, se ha venido tornando en una posibilidad seria y que está puesta en el análisis, como eso, como una posibilidad”.

“… con esa reforma sólo tendríamos una elección cada tres años y, bueno, lo que empezó como una broma ya es cosa seria y puede ser una magnífica oportunidad para la entidad tener un gobernador de transición por dos años”. (Nota de El Heraldo de Chihuahua, 24/IV/15).

¡Orale, resulta que es una oportunidad tener un gobernador de “transición”, cómo si esa fuera la moda y nos la estuvierámos perdiendo!

El mismo diputado sostuvo en el curso de la semana que no se necesitaría la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes, tan sólo la mayoría simple, pues, dice, se trata, solamente, de cambiar un artículo transitorio de la reforma anterior en la que se cambió “por única vez” el período gubernamental de 6 a 5 años.

Bueno, si interpretamos al legislador, ahora lo que necesitan aprobar, “solamente”, es un transitorio ¡De una reforma constitucional! para que diga “por única vez” se cambia el período gubernamental de 6 a 2 años.

¡De la Rosa descubrió una nueva vía para modificar al “contentillo” del grupo gobernante la Constitución, reformando los transitorios! ¿Pues en qué cabeza cabe semejante enredo?

Claro, lo que pretenden es eludir la obtención de 22 votos de los 33 diputados, si todos los legisladores estuvieran presentes en la sesión.

¿Ahora resulta que de una sesión de copas y bromas se pueden hacer modificaciones constitucionales?

¿A dónde habremos llegado?

Si esto es cierto, impidamos, a como dé lugar, que tal grupo de comensales se vuelva a reunir, con cualquier motivo (por ejemplo, ahora que salga de la convalecencia el Profr. Servando Portillo a quien, aprovechando el viaje, le deseamos una pronta y total recuperación) y ya no solamente en los cumpleaños mandatario y que al calor de unos tragos se les ocurra cualesquier cosa que modifique sensiblemente la vida política y social de la entidad.

Además, ahora resulta, casi al término del sexenio, si le creemos al Gobernador Duarte y nos creemos eso de que en Chihuahua existe la verdadera división de poderes, que los actuales diputados tienen libre albedrío, que son autónomos, independientes y que hasta pueden oponérsele al gobernador, y que sus ocurrencias luego las puede avalar el ballezano, cuando sostuvo que era un asunto del Congreso del Estado y que “ellos” -utilizando un eufemismo para referirse a su propia persona, como titular del Poder Ejecutivo- esperarían la presentación de las propuestas para emitir una postura pues, dijo, es un asunto que ¡“nació en el Congreso del Estado”!

Bueno, pues Pacheco puso en la mesa de trabajo que discute la reforma política, el asunto del gobernador de dos años. Además, dijo, la ventaja sería que el gobernador de Chihuahua podría ser presidenciable, de aprobarse la “broma”.

“En la reforma como está en estos momentos, la gobernatura quedaría a medio período del ejecutivo federal y nunca hemos tenido esa oportunidad. Lo más cercano que se estuvo fue con el general Carlos Pacheco y con Antonio Ortiz Mena, que fue 12 años secretario de Hacienda con el presidente Diaz Ordaz y Lopez Mateos”, aseveró Pacheco. (Nota de La opción.com, 23/IV/15).

¿En dónde tienen la cabeza?

A lo largo de la semana juraron y perjuraron que no había propuesta, que no había iniciativa.

¿Por qué nos quieren ver la cara? ¿Creen, acaso, que no sabemos que están discutiendo los términos de la reforma política y que en esta materia no hay, tampoco, iniciativa de ley?

Y mienten en que esa no-propuesta nos ahorraríamos dinero público, además de la consabida campaña. 

Aún sin estar de acuerdo en la homologación de las elecciones locales con las federales, la reforma vigente llevó a que el siguiente gobernador sólo duraría en su encargo 5 años para terminarlo en 2021. 

A partir de ese año la elección de gobernador en Chihuahua se empataría con las de diputados federales de mitad de sexenio presidencial. (En la que podría convenirse, finalmente, dado el poco interés que despierta esa elección, en su bondad, ya que la elección de legisladores federales poco podría influir en la elección local, cosa contraria, de empatarla con la presidencial, fenómeno que ha ocurrido en todo el país en las últimas tres elecciones presidenciales).

De ser así, con el período de 5 años, de aquí al 2024 tendríamos estas elecciones:

2015, elecciones federales;

2016, elección de alcaldes, síndicos, diputados locales y gobernador;

2018, elección de alcaldes, síndicos, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la república;

2019 y 2020, ninguna;

2021, elección de alcaldes, síndicos, diputados locales, diputados federales y gobernador.

2022 y 2023, ninguna;

2024, elección de alcaldes, síndicos, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la república

En total, 22 procesos electorales.

De aprobarse la reforma que pretende el Gobernador Duarte, con un gobernador de 2 años y elección de gobernador en 2016, 2018 y 2024, quedaría así:

2015, elecciones federales;

2016, elección de alcaldes, síndicos, diputados locales y gobernador;

2018, elección de alcaldes, síndicos, diputados locales, gobernador, diputados federales, senadores y presidente de la república;

2019 y 2020, ninguna;

2021, elección de alcaldes, síndicos, diputados locales y diputados federales.

2022 y 2023, ninguna;

2024, elección de alcaldes, síndicos, diputados locales, diputados federales,  gobernador, senadores y presidente de la república.

En total, 22 procesos electorales. Exactamente el mismo número de elecciones ¿Entonces, en dónde está el ahorro?

Y si no nos ahorramos un proceso electoral ¿Qué caso tiene acortar tan salvajemente un período gubernamental? ¿Habrán pensado en las consecuencias, no sólo políticas, sino sociales, ya que no podría establecerse, ni continuidad de programas y acciones gubernamentales, ni estabilidad política en el grupo gobernante, cualquiera que fuera, y que las consecuencias de tantos cambios en los equipos gubernamentales serían resentidas por los chihuahuenses?

Vamos, muchos de los que ahora han insisten en la bondad de tener un período gubernamental del dos años, han pregonado que hasta para las alcaldías la actual duración de tres años es extremadamente corta para poner en vigor un proyecto gubernamental en los municipios.

Cambiaron radicalmente sus concepciones ¿Qué los hizo cambiarlas? ¿La inmediatez de un proceso electoral extremadamente competido, como el que se avizora, cuyo resultado seguramente estará en el aire hasta muy avanzada la noche del día de elecciones en 2016?

Como bien rememora el periodista Alejandro Salmón (ahoramismo.mx, 24/IV/15), “El presidente Miguel de la Madrid no fue gobernador de su natal Colima, ni las elecciones locales de su estado coincidían con las presidenciales. Tampoco las de Veracruz, de donde eran Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Alemán, o la de Baja California, entidad nativa de Ernesto Zedillo. Tampoco las elecciones gubernamentales de Guanajuato o Michoacán, lares de Vicente Fox y Felipe Calderón, iban ‘de la mano’ con el gobierno de la República”, pero tampoco Salinas de Gortari, José López Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, ni López Mateos traían en sus alforjas haberse desempeñado como gobernadores.

Y si recurrimos a la experiencia local, en cuanto al acortamiento del período, el antecedente se remonta a la renuncia de Oscar Ornelas en 1985, sustituido por Saúl González Herrera, cambio que no tenía como objetivo mejorar la gobernabilidad, ni hacerse eco de los reclamos ciudadanos, no, la sustitución de Ornelas pretendía evitar que la debacle del PRI en 1983 pudiera repetirse en 1986, como finalmente ocurrió con la exitosa candidatura de Francisco Barrio y la aparición del “verano caliente del ’86”.

Pretender la aprobación de la “broma” de la fiesta de cumpleaños puede llevar a una situación de verdadera crisis al partido gobernante. Varios de los legisladores -del PRI, pero también de otros partidos- pueden ser ubicados en corrientes políticas distintas a la del Gobernador Duarte. 

En cuanto termine el actual proceso electoral, las condiciones políticas serán absolutamente distintas, en adelante Duarte deberá, si bien no consensuar, sí consultar, en el ámbito local y, sobre todo, en el nacional, las más importantes acciones de su gobierno. 

En ese entorno, los legisladores ajenos al duartismo podrían no votar a favor de la modificación pretendida.

Se necesitan cinco diputados para no aprobarla. El escribiente está en condiciones (algo de eso debe saber el diputado panista César Jáuregui, quien les apuesta a los priistas que no se aprueba) de asegurarle que hay por lo menos 6, de varios partidos, incluido el PRI, que no la votarán a favor.

Pueden no salirle las cuentas al actual grupo gobernante.

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Inaceptable ejercicio público

El Diario, 23 de abril de 2015

Luis Javier Valero Flores

Conforme pasan los días, la élite política chihuahuense -y muy probablemente la nacional- sigue demostrando cuán lejana se encuentra de las aspiraciones democráticas de la sociedad. O quizá será que el grupo hegemónico en nuestra entidad, al unísono que su par en el gobierno federal, profundiza en la regresión democrática.

Probablemente no viaje solo en tal travesía, muy seguramente una parte importante de los dirigentes y militantes de las otras agrupaciones políticas existentes en Chihuahua los acompañan, y casi de manera cierta, no con la convicción del grupo mandón, sino por la pretensión de mantener, o aumentar, sus prebendas y privilegios.

En la sesión del martes del Congreso del Estado se presentó una muy ríspida discusión entre representantes del PRI y el PAN, y no cualquier representante, sino los coordinadores parlamentarios, Rodrigo de la Rosa y César Jáuregui, respectivamente.

El tema central fue el Plan de Movilidad Urbana (PMU) de Juárez y el evidente y desastroso retraso de las obras emprendidas en la gestión anterior, la de Héctor “Teto” Murguía, bajo una nueva modalidad financiera, basada en el financiamiento de alrededor de 2 mil 200 millones de pesos, cuyo pago terminará en 20 años, con un costo superior al 100% al del empréstito.

El incendio de Troya fue provocado por la postura de los diputados del PAN, particularmente por la legisladora de Juárez, Daniela Álvarez Hernández, de modificar la composición de la Comisión especial encargada del seguimiento de las obras del PMU.

Son de tal simpleza los cambios propuestos que da escozor la indignada -e “inexplicable”- oposición de la mayoría parlamentaria a ellos: Informar detalladamente al Congreso de las acciones y resultados del PMU; incluir a un representante de Acción Nacional -extrañamente no hay ninguno, a pesar de que este partido es la segunda fuerza política, tanto en el Congreso, como en el cabildo- y cambiar al presidente de la comisión, el diputado Enrique Licón, de origen priista, pero postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La objeción es cualquier cosa: El diputado Licón es concuño del ex alcalde, Teto Murguía, pues la ex primera dama municipal es hermana de la esposa del diputado, quien, además, y nadie dijo nada en su momento, fue el Director de Desarrollo Social de la administración municipal encabezada por el cuñado de su esposa (Ay, Gabriel García Márquez ¿Qué tal si no hubieras escrito los “100 años de soledad” y no nos hubiéramos graduado en estos asuntos del nepotismo de la casta política mexicana?).

Bueno, pues a pesar del evidente conflicto de interés del diputado Licón, éste defendió, -y fue defendido por el líder de su grupo parlamentario, el diputado De la Rosa- permanecer en la presidencia de la mencionada comisión que, por puritita casualidad, revisará, entre otras cosas, la calidad y avance de las obras que el cuñado de su esposa aprobó se hicieran en Juárez, a costa de un desmesurado endeudamiento.

Todo ello después de que la diputada Álvarez Compeán desquiciara a los gobernantes locales al abrir por su cuenta, primero, y luego se plantara en uno de los cruceros de la vialidad Ejército Nacional, a fin de exhibir el enorme retraso y la inexplicable indulgencia de las autoridades municipales, y del Congreso del Estado, con la que tratan a los responsables de la obra, una de las que han desquiciado la vida de los juarenses en el último año y medio.

El desquiciamiento fue tal que las autoridades municipales buscaron -y encontraron- alguna falla en la gestión del permanente manifestante, José Luis Rodríguez, quien, entre cosas, se ha convertido en uno de los mejores críticos de las obras del PMU, quien fuera el Director de Obras Públicas en la última administración panista y ahora le endilgan la responsabilidad de fallas en la construcción del puente del kilómetro 20 de la Panamericana, ya que era el encargado de la revisión de la construcción del puente. Pero de eso han transcurrido ¡11 años!

Bueno, pues pueden buscarle la comisión de delitos e irresponsabilidades a Rodríguez, la pregunta salta a los ojos ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no antes, cuando no protestaba en las calles o en el Congreso del Estado?

Puede coincidirse, o discrepar, de las acciones del mencionado José Luis Rodríguez, lo que no puede aceptarse es que solo hasta el momento en que un ciudadano, cualquiera, decide manifestarse, entonces en ese momento se le busca procesar por reales o supuestos delitos cometidos.

Pero más grave que lo anterior, es que el grupo gobernante no acepte -o no conciba- que está cometiendo una irregularidad, que el parentesco en los niveles de los aquí presentados impide a los funcionarios públicos formar parte de cualquiera de las comisiones, dependencias o grupos de trabajo en los que pudieran tener un interés personal, como es el caso ahora planteado.

¿Acaso se necesita tener un mayor conocimiento para no incurrir en tal desaguisado, o será que a la élite política ya no le importa?

En cualquiera de los casos, nos encontramos, otra vez, ante una inaceptable concepción del ejercicio del poder público.

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¿Gobernador de dos años?

El Diario, 19 de abril de 2015

Luis Javier Valero Flores

Nuevamente, otro onomástico del Gobernador César Duarte será ampliamente recordado. Si el de hace dos años se convirtió en un verdadero escándalo pues fue el punto de arranque de la abrupta y desmedida pérdida de popularidad del mandatario, por la presencia de Juan Gabriel, el celebrado hace unos días, el martes por la tarde, será recordado porque en la fiesta confirmó una información que había circulado sólo entre muy pocos y que se convertirá en uno de los asuntos más controversiales de los próximos meses.

Días atrás se había desatado el rumor. No se podía creer, se antojaba imposible que el grupo gobernante se atreviera a tanto, se argumentaba que algo así no podía ser tolerado por los mandones del gobierno federal, que estábamos en pleno presidencialismo priista.

La información consiste en la pretensión del Gobernador César Duarte de modificar la Constitución de Chihuahua, a fin de que el próximo gobernador dure en su encargo solamente dos años (2016-2018) y así empatar la elección de gobernador con la de presidente de la república a partir del 2018.

Esta intención modificaría la reforma efectuada el año anterior, en la que el siguiente período gubernamental sería de 5 años, para que en el 2021, junto con las elecciones a diputados federales, los chihuahuenses eligiéramos al gobernador. De ahí en adelante esta elección se empataría con la de mitad de sexenio federal.

Quienes informaron al escribiente sostenían que estaba muy avanzada la negociación con el llamado Bloque de Izquierda en el Congreso del Estado, que la dirigencia del PRD estaba muy interesada porque de esa manera podría beneficiarse de la inercia de las elecciones federales, en las que permanentemente obtiene porcentajes de votación muy superiores a los que alcanza en las elecciones locales.

No había, hasta fines de la semana anterior, noticia alguna sobre la postura de la dirigencia del PAN, ni partidaria, ni parlamentaria.

La confirmación se la harían distintas fuentes, probablemente asistentes a la fiesta de cumpleaños del gobernador, al periodista Osvaldo Salvador Ang (La Fuente, laopción.com.mx, 17/IV/15). 

Así lo escribió: 

“El Góber hizo que en la fiesta de su cumpleaños se les cayera la mandíbula, se les pusiera el ojo cuadrado y les diera insomnio a más de cinco. Y es que, la verdad de las cosas, hizo que estallaran todos los cuetes de la fiesta en un solo momento. El Teto, Chela Ortiz, César Jáuregui -estos dos últimos que se dieron un entre por el tema del horario de los servidores públicos y la aplicación equitativa de los recursos públicos- Enrique Serrano y El Capitán Garfio, entre otros, sintieron que se les atoraba la barbacoa y, casi a gritos, pedían un tequila o algo para empujar. Así de simple, así de llano, Duarte lanzó la bola de boliche y no dejó bolo parado sobre la duela del lugar. Les dijo que fueran pensando incluir en la reforma electoral que la siguiente administración estatal sea… ¡de dos años! Así, en el 2018 ya habría elecciones concurrentes, o empatadas, federales y locales, en el mismo proceso. Es decir, en dos años los chihuahuenses elegirían presidente de la república, senadores, diputados federales, gobernador, alcaldes y diputados locales. Dicen que lo mencionó tres veces, por si había alguien de los presentes, en la bolita de la plática que no entendiera las cosas a la primera”.

Ahí mismo, Salvador Ang especuló sobre la posibilidad de que el Gobernador Duarte extendiera su período, “como una especie de reelección, (o) a través de un proceso de votación, ampliación excepcional de período por única ocasión -como se le hizo con rectoría de la Uach para empatar su período con el de gobernador- o también a través de votaciones. ¿En que habrá pensado Duarte?”. (Ibídem).

No tardó mucho en hacerse pública la pretensión del gobernador Duarte. La coordinadora de los diputados locales del PRD, Hortensia Aragón, una de las más sólidas aliadas del gobernante, tajante, expresó que “No solo son rumores o versiones, existe una propuesta para que en la reforma política electoral que tendremos que aprobar antes de que finalice este año, se incluya este cambio en el proceso electoral para que en lugar de tener una gobernatura por un período de 5 años para empatarla con la federal, tengamos dos procesos únicos, para elegir a gobernador del estado en el 2016 y en el 2018”. (Nota de laopción.com.mx, 17/IV/15).

Lideresa hegemónica de su partido (una sobrina suya, Cristal Tovar, es la dirigente estatal y su corriente política tiene más del 60% de las posiciones en la dirigencia estatal) adelantó, ya, que si bien aún no tienen “un posicionamiento definido al respecto, pero que lo ven de buena forma, como algo que resultaría positivo, en la búsqueda por eliminar procesos de elecciones y hacer una sola”.

Así, en 2016 los chihuahuenses elegiríamos a gobernador, alcaldes y diputados locales y en 2018 a presidente de la república, senadores, diputados federales, gobernador, alcaldes y diputados locales pues los mandatos de los gobernantes, de todos, quedarían acotados a dos años.

Los argumentos, los públicos, de quienes impulsan la reforma, son los mismos que se utilizaron para acotar a cinco años el siguiente período gubernamental, el ahorros en el gasto electoral. 

Ahora quieren hacerle una reforma a la reforma que ellos mismos impulsaron y aprobaron ¿Por qué? ¿Qué cambió en Chihuahua para que pretendan acotar tan drásticamente la siguiente gestión de gobernador?

¿Obedece a motivaciones de carácter local, o nacional?

Imposible saberlo, aún y si nos concedieran, a los ciudadanos chihuahuenses, la posibilidad de opinar sobre algo que es determinante para nuestras vidas y que expusieran, con amplitud, los verdaderos razonamientos para pretender una reforma de tal calado.

No es poca cosa, quieren que el próximo gobernador, en la práctica, gobierne, a plenitud, escasamente un año y meses porque la administración estatal y la sociedad ya estarían envueltas, no sólo en la vorágine de la elección presidencial, sino también en la de gobernador ¿Por qué no esperar al 2021 y permitir que la siguiente administración logre estabilizar las finanzas estatales, habida cuenta que recibirá un endeudamiento, directo, cercano a los 30 mil millones de pesos y un “indirecto” (el de los bonos carreteros) de cantidades semejantes?

No se antoja atractivo el panorama para quienes sucedan a César Duarte, apenas estarán acoplando los equipos en cada dependencia cuando ya deberán empezar a prepararse para la entrega-recepción de la siguiente administración.

¿Pesará en el ánimo del gobernador Duarte la idea de que hay grandes probabilidades de que el candidato de su partido no sea de su equipo? ¿O peor aún, para ellos, que estén pensando en la posibilidad de que el PRI no triunfe en las elecciones del 2016 y de ahí la propuesta?

Porque de poder cambiar la Constitución local, sí pueden, quienes conforman la actual legislatura se han significado por ser los más obsecuentes con el mandatario en turno, no sólo quienes llegaron al Congreso por el partido gobernante, y una reforma pretendida por el mandatario será aprobada casi de manera automática.

Nadie del resto de los partidos, salvo los del PAN (y habría que esperar a la emisión de su postura) se opondrá a las decisiones del Gobernador Duarte, la posible oposición puede venir, y esa es la paradoja, de las filas internas del priismo, y no sólo las de carácter local ¿Qué tanto le conviene al Presidente Peña un gobernador de tan poco ejercicio en el gobierno y que, además, le agregue una entidad más al muy candente panorama político-electoral del 2018?

Más aún ¿Podría el Presidente Peña desestimar la posibilidad de nombrar a uno más cercano a él, que el Gobernador Duarte para que suceda a éste?

La caída de Peña Nieto en las encuestas, paradójicamente, le vino a dar oxígeno a los gobernadores priistas pues se pueden convertir en uno de los factores más importantes para salvar al priismo de la posible debacle electoral en este año. 

Por ello, el presidente intentará en designar a los suyos en las gubernaturas, vamos, si hasta para la Comisión Nacional del Deporte (Conade) nombró al ex comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, ¿Por qué no hacerlo con las gubernaturas?

A menos que, como sucedió en Nuevo León, el PRI designe a uno de los favoritos del gobernante.

Consultados algunos jurisconsultos acerca de la constitucionalidad de la reforma, coinciden en que el impedimento sería solo a prorrogar el mandato del gobernador, de ninguna manera a la disminución del período, con causas justificadas y que si ya lo hicieron para acotar a cinco años el próximo ejercicio, lo pueden hacer a dos años.

¿En todo ello habrán pensado en preguntarle a la sociedad chihuahuense cuál sería su opinión para una reforma de tan negativas consecuencias, la primera de ellas, la del salvaje acortamiento del siguiente mandato, independientemente de quien ocupe la silla principal de Palacio de Gobierno; la segunda, la desventaja de que la inercia de la elección presidencial arrastre a la elección local, sin tomar en cuenta los indudables factores regionales.

¿Se duda de tal argumento? Ahí están las tres últimas elecciones presidenciales como prueba irrefutable.

Lo mejor sería una fecha nacional de elecciones locales y otra fecha de elecciones federales, la diversidad del país lo amerita.

CERCANIA.- Sorpresivamente, el Presidente Peña permaneció 19 horas en la capital chihuahuense. Solo realizó un muy breve acto público. De inmediato se soltó el rumor que tal hecho venía a demostrar la elevada cercanía política del Gobernador Duarte con el mandatario y que las largas horas habrían servido para transmitirle una posible encomienda federal.

Bueno, puede ser, pero ¿Qué tal si Peña aprovechó para hacer trabajo de oficina y ahorrarse tres horas de viaje, ya que al día siguiente debía viajar a Baja California?

Más aún, si tanta es la cercanía ¿Por qué razón no aprovecharon para efectuar algunas actividades con la sociedad chihuahuense? No, el presidente se encerró en su habitación, no salió de ella y hasta su cocinero se trajo.

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Fiscalía, incapacidad galopante

Editorial de Aserto 141, abril de 2015

Conforme pasan los días y semanas, y la confrontación de los grupos criminales se exacerba, crece, no solamente la percepción de la ineptitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino las evidencias certeras de tal característica.

Peor aún, a los crecientes signos de ineptitud se suman las mentiras de sus funcionarios, con la pretensión de contribuir al discurso oficial de que en materia de seguridad pública las cosas van mejor de lo que la realidad, terca, insiste en decirnos.

Dos de los últimos casos muestran palmariamente tal aserto.

En primer lugar el del atentado al cantante Alfredo (Alfredito) Olivas en Parral, en la que dos personas cayeron víctimas de las balas de un grupo criminal, hechos que les atribuyeron a tres jóvenes, a pesar de las múltiples evidencias de su inocencia.

La detención de los jóvenes se convirtió en, quizá, el principal revulsivo de rechazo a la actual administración estatal en la sureña ciudad chihuahuense.

Luego, el del homicidio de los dos jóvenes militantes del PAN, en el que el fiscal de la zona centro aseveró que la principal línea de investigación era la del crimen pasional, fruto de las relaciones homosexuales que, según la fiscalía, sostenían.

Ese episodio se convirtió en una feria de expresiones homofóbicas entre unos y otros -priistas y panistas-.

En ambos casos la ineptitud y las falsedades de los titulares de las fiscalías, la del centro y la de Parral, avaladas por el Fiscal General fueron los rasgos característicos, en un momento en el que, de a poco, pero consistentemente, crece el número de ejecutados, especialmente en el centro-sur de la entidad y en la sierra Tarahumara.

Lo hemos repetido. Nadie pone en duda la disminución, ostensible, de la mayoría de los índices delictivos, especialmente en lo referente a los homicidios, pero a nadie se nos puede olvidar que la referencia no pueden ser los años 2009 a 2011, sino los años previos al baño de sangre que nos costó más de 25 mil muertos y que llevó a que la expectativa de vida de los chihuahuenses disminuyera dos años, fruto de tal masacre, de ahí que festinar que los índices disminuyeron abruptamente respecto del año 2010 resulte un ejercicio inútil.

Tampoco se puede apostar a que la sociedad olvide los episodios, de nada vale, la realidad de Chihuahua -ruta obligada al tráfico ilegal de personas, mercancías y bienes- se impondrá, siempre.

Deberán cambiarse paradigmas, y pronto.

El balance del sexenio del Presidente Felipe Calderón vale también para el entorno local. 

Si en el ámbito federal nada cambió, en el tráfico de drogas, con el involucramiento de las fuerzas armadas -ejército y marina- y el desmesurado crecimiento de las policías federales, además del inmenso gasto ejercido en los agrupamientos policiacos y militares -760 mil millones de pesos a lo largo del sexenio-, en el ámbito local ocurrió igual. En un momento dado en Juárez se plantaron más de 10 mil efectivos policiacos y militares.

A pesar de ellos la masacre continuó, evidencia plena del enorme fracaso de esa manera de enfrentar al tráfico de drogas.

Más aún, a pesar de que el número de muertos crecía, las autoridades, estatales y federales, insistían en afirmar que se estaba combatiendo con éxito a los criminales pues día con día mostraban a los medios a infinidad de presuntos participantes y jefes de las bandas criminales.

Igual ahora.

No cabe duda, le asistía la razón al “Mayo” Zambada cuando le decía al periodista Julio Sherer que a él lo podían eliminar, pero que habría otro, otros, que lo sustituirían.

Sí, en tanto que no se cambie la política de combate al crimen organizado y las autoridades actúen con eficacia.

¿A qué vino el presidente a Chihuahua?

El Diario, 16 de abril de 2015

Luis Javier Valero Flores

Invariablemente, por las características de las visitas de Enrique Peña Nieto al estado de Chihuahua, siempre viene a la mente la pregunta del encabezado.

La realizada el día de ayer a la capital del estado rompe con todos los antecedentes. Por desgracia no es para bien. 

La hizo en uno de los peores momentos del sexenio; en medio de otra tormenta mediática en su contra desatada, ahora, alrededor de dos de las figuras más cercanas al mandatario y generada por ellos. Nada más, pero nada menos que por el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; y el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, amigo de la infancia e integrante del equipo de Peña Nieto desde los primeros tiempos.

¿Qué motiva a un mandatario a viajar tres horas -ida y vuelta a la ciudad de México- para permanecer solamente 45 escasos minutos en el lugar de la inauguración de una obra, por más importante que sea ésta y, además, en medio de la “veda” electoral?

¿Para qué derrochar tantos recursos económicos y humanos en la inauguración del Libramiento Oriente de la ciudad de Chihuahua?

No hay discusión acerca de la importancia de la obra, pero ¿Por qué no simplemente ordenar su apertura y, luego, en una nueva ocasión, inaugurarla, y en esa visita conjugar distintos eventos en los cuales el presidente esté empeñado en intercambiar puntos de vista e información, no sólo con los mandatarios locales, sino, fundamentalmente, con la sociedad, esa a la que en sus visitas, de manera reiterada, no escucha?

Seguramente que el tiempo empleado en viajar no fue desperdiciado -eso quisiéramos, fervientemente, creer- la agenda presidencial pudo incluir conversaciones con quienes resolvió distintos asuntos. Eso se quiere creer.

Más aún, si los gobernantes están impedidos en hacerle propaganda a la nueva vialidad ¿Qué objeto tenía hacer la ceremonia en estas fechas si no iban a poder presumirla? ¿O será que su partido sí lo hará en el curso de la campaña?

Y es una vialidad extremadamente importante, tanto para el tráfico de carga, como para el turístico y para la ciudad ya que le ahorrará cantidades inmensas en el mantenimiento de la carpeta asfáltica de las vialidades usadas por los vehículos que debían cruzar la ciudad de norte a sur, y viceversa; además del ahorro, para los viajeros, de mucho tiempo, algo que agradecerán los cientos de miles de paisanos que cruzan la entidad en las épocas vacacionales.

Importa detenerse en tales asuntos porque, conforme pasan los días crece la sensación que estamos frente al grupo gobernante más insensible que tengamos memoria haber padecido. Pareciera que están presos en el pasado, no se dan cuenta que los actos escenográficos, como el escenificado ayer en la capital chihuahuense, se quedan en eso, en escenografía pura.

Con una pequeña diferencia respecto del pasado: La gente ya no los cree. O sólo lo hace un porcentaje infinitamente inferior.

Pero los actos escenográficos son el menor de los problemas, el asunto de las casas del Presidente Peña, del Secretario Videgaray, del Secretario Osorio y del subsecretario Luis Enrique Miranda Nava develan cosas peores: La naturalidad con la que se toman tales funcionarios (y muchos más) su enriquecimiento y la recepción de los favores de los contratistas y proveedores de sus gobiernos.

Además, enerva la doble moral, la hipocresía y las chicanadas que realizan para semiocultar sus riquezas (que, al hacerlo develan su carácter, por lo menos, inmoral y en algunos casos ilegal).

No es mía la finca, la casa, la propiedad, o lo que sea, casi claman, es de mi esposa, o solamente anunciamos nuestra intención de comprar la casa, o la rentamos ,como dijo el Secretario de Gobernación.

Pero que en el caso de Osorio, se agrava la situación pues su esposa es la Directora General del DIF y recibe un estipendio de poco más de 180 mil pesos mensuales.

Y la sombra de las complicidades, del “acompañamiento” de empresarios y políticos se revela en toda su majestuosidad. Osorio Chong pertenece a la casta que ha gobernado el estado de Hidalgo durante un siglo. A esa élite pertenece la familia Sosa, las que el desaparecido Miguel Angel Granados Chapa llamó “La Sosa Nostra”.

Pues bien, el contratista favorito de Osorio, el gobernador de Hidalgo es Carlos Aniano Sosa Velasco, por puritita casualidad propietario de la casa que pretende “comprar” por medio de su esposa. Pero la casa que habitaban previamente -en Bosques de las Lomas- también le pertenecía a Sosa Velasco.

Tienen su historia las casas. La que habita Osorio le perteneció a Patricia Flores Elizondo -Jefa de la Oficina de la Presidencia de la República con ¡Felipe Calderón!- quien la había adquirido en algo así como 9 millones de pesos y la vendió a Sosa en 17. La casa está valuada en 52 millones de pesos.

La otra casa, la previa, también la compró Sosa. Esta, a Roberto Alcántara, propietario de varias de las empresas más importantes de transporte foráneo y de Viva Aerobús.

La casa de Luis Enrique Miranda es otra historia. A ella regresaremos.

Todas las casas están en el mismo “barrio”. 

Y así se atreve Peña Nieto a viajar.

FORMATO.- Enhorabuena a quienes hacen posible la aparición de la versión digital de El Diario de Juárez, la nueva presentación es verdaderamente muy atractiva y aporta una buena (y abundante) variedad de notas informativas. Con sólo aparecer, hizo que la vieja versión se apreciara como tal, como vieja, cosa que de ninguna manera es cierta, de ahí la calidad del nuevo formato de nuestra casa editorial.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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Avatares electorales

El Diario, 12 de abril de 2015

Luis Javier Valero Flores

Iniciadas las campañas electorales, las reflexiones sobre las consecuencias de sus resultados (y el contexto en el que se realizan) cobran primordial importancia.

El proceso de degradación del entramado jurídico-legal del país es inconmensurable, la aprobación a distintas regulaciones y las determinaciones asumidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otras noticias, así como las conductas del grupo gobernante (y sus familias) han puesto un mar de distancia entre la clase política y las preocupaciones de la mayoría de los mexicanos.

Lo más preocupante es que los protagonistas políticos pareciera que no se percatan de la profundidad de la inconformidad de la sociedad y actúan como si viviéramos en la “normalidad”.

De ninguna manera es así. 

En medio de tal escenario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que en el año 2014 la banca obtuvo 457 mil millones en intereses, más otros 87 mil millones de pesos por primas, lo que les representó una utilidad conjunta de 108 mil millones de pesos, menor en un 12.1 por ciento frente al mismo periodo del año previo, pero no porque disminuyeran sus ingresos, sino porque elevaron los gastos de administración y promoción. (Nota de Víctor Cardoso, La Jornada, 24/III/15).

Extremadamente críticos de las administraciones panistas que les precedieron, los priistas en el poder, los del Grupo Atlacomulco, en tan solo dos años elevaron la deuda pública en más de una cuarta parte (26.4%), al llegar a 7 billones 559 mil millones de pesos, equivalente a 40.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), al término de enero de 2015. (Nota de Juan Antonio Zúñiga, La Jornada, 9/III/15).

El grupo gobernante no las tiene todas consigo, la preocupación asoma por todos lados. En una evaluación sobre sus expectativas, la dirigencia nacional del PRI calculó que obtendrán “130 diputaciones directas y 50 de representación proporcional” y que el PVEM -al que no le auguran obtenga el 11% de la votación del año 2012- obtendrá 25, lo que hace un total de 205, “46 menos de las que conforman la mayoría absoluta”, según fuentes del Comité Nacional del PRI, consultadas por el medio. (Nota de José Gil Olmos, Proceso No. 2005, 5/IV/15).

A diferencia de otras elecciones, el presidente no será el factor que “arrastre” la votación para sus candidatos. Está en medio de la peor crisis de credibilidad. Según distintas mediciones, la calificación promedio que le otorga la gente es de un 5, en marzo de este año, frente al 6.3 de un año atrás, reportada por el periódico Reforma.

Más, solamente el 39% de la población aprueba su desempeño y el 57% lo reprueba, según mediciones del mismo medio, realizadas cuando aún no se destapaban los escándalos del helicóptero de Korenfeld, ni las compras de sus hijas en Beverly Hills, ni, tampoco, las giras turísticas de Luis Videgaray a La Tarahumara, en los helicópteros del gobierno federal y llevando como edecanes a distintos funcionarios de la administración estatal.

Incluso internamente no son buenas las condiciones para sus expectativas; ahora deberá arrostrar las consecuencias de forma en que integró el gabinete, en el que la abrumadora mayoría, casi unanimidad, son los procedentes del Estado de México y quienes pertenecen al círculo más cercano del Presidente Peña (como el mismo Korenfeld, o los procedentes de Hidalgo, integrantes del grupo caciquil que ha mantenido el poder en esa entidad durante décadas y al cual pertenecen Miguel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam).

Pero el grupo de Peña Nieto hizo un buen diagnóstico, al principiar su gobierno, eso le llevó a plantearse la necesidad de recurrir a los servicios del PAN y del PRD, mediante el Pacto por México.

Los panistas le sacaron “provecho”, de ahí que algunos de los integrantes  de los gobiernos panistas pasaran al gobierno de Peña Nieto. 

Así, mantuvieron en sus manos la representación ante el gobierno norteamericano; la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora la PGR (en la que participó, también, la extitular, Marisela Morales, luego de desempeñarse como Cónsul en Milán, a nombramiento de su compañero José Antonio Meade, ex titular de Hacienda con Calderón)  y, sobre todo, la llegada de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin duda que en los resultados electorales de este año influirán la tendencia centralista en todas las áreas, -la del magisterio en primer lugar, cuyas consecuencia aún sufre el país-  y la electoral. Se argumentó, sobre todo por el PAN, que ésta última obedecía al ánimo de quitarle a los gobernadores la capacidad de decidir sobre la integración y actuación de los órganos electorales. 

Ahora estamos peor, el PRI resuelve en las decisiones centrales del órgano a través de una mayoría de consejeros "ciudadanizados" que obedecen ciegamente las directrices del gobierno federal. El último de los episodios fue el de que se negaban a abordar dos de las propuestas de la mayoría de los representantes de los partidos consistentes en la impedimenta al uso de los recursos públicos en las campañas y a la fiscalización de los programas gubernamentales, para evitar que se usaran en las campañas.

Bueno, pues tales pretensiones, por lo demás absolutamente saludables para el proceso electoral, fueron impedidas en un primer intento a pesar de que el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, (el mismo que vino a Chihuahua que ahora vivimos un "federalismo compartimentado", expresión usada para defender la nueva etapa centralista) argumentó y votó a favor de la propuesta de los partidos.

Y pesarán, también las reformas, sobre todo la energética, a la que los actuales gobernantes tanto le apuestan, puestos los ojos en la inversión extranjera, y, por tanto, al saqueo del país, ahora ya sin recato y sin restricciones jurídicas de ninguna especie, incluida la reciente reforma, aprobada en el Senado (defendida por los senadores chihuahuenses, Graciela Ortiz y Patricio Martínez, pero ardorosamente por el ex gobernador) de permitirle a los agentes migratorios y aduanales extranjeros usar armas en territorio nacional, “en el cumplimiento de su gestión”.

En ese entorno nacional se desarrollarán las elecciones federales en Chihuahua, en el que los claroscuros prevalecen en el balance del gobierno de César Duarte, cuya administración se ha convertido en uno de los factores más importantes para la determinación de los electores.

Lo negativo de la obra gubernamental prevalece en la percepción popular debido a un solo factor, la sospecha de una muy elevada corrupción gubernamental, derivada de dos hechos: La sostenida y atípica elevación de la deuda pública (incluso, más allá de la discusión acerca de si los bonos carreteros constituyen deuda o no) y la transformación de Unión Progreso en banco, con la destacada participación del Gobernador Duarte, ya no tan sólo, como lo sostuvieron en un primer momento su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera y él mismo, de gestor para que se aceleraran los trámites y para capitalizarla, debido a los serios problemas por los que atravesaba, sino como activo integrante, al pasar de la simple gestión, a la participación directa, en cuanto cobre vigencia la transformación.

Duarte será propietario de hasta un 15% de las acciones del banco, y dependiendo del tipo de acciones que posea, muy probablemente se convertirá en el propietario con el más alto porcentaje de acciones.

La percepción popular cambiará poco aún si la PGR decretara que no cometieron delito alguno Duarte, Herrera y Hermosillo, los denunciados por Jaime García Chávez.

Tal escenario debió reflejarse en los estudios de opinión realizados, tanto por la dirigencia nacional del PRI, como por la Presidencia de la República, y debió motivar las reuniones del ex gobernador José Reyes Baeza y del Gobernador Duarte.

Sus frutos pronto se advirtieron. El ex alcalde deliciense y ex diputado local, cercano a Fernando Baeza, Jaime Ríosvelasco, asumió la suplencia de la candidatura en el distrito 05, cuyo titular, el cantante Tony Meléndez, no acudió al inicio de su campaña por andar (éste sí) de gira artística, distrito en el que el coordinador es el ex alcalde, Guillermo Márquez, que no forma parte del grupo de los Baeza, pero que no es malo visto por ellos; del mismo modo, la ex titular del Instituto Municipal de la Mujer de la capital, con Marco Adán Quezada, Beatriz Duarte, (sin parentesco con el mandatario) fue nombrada suplente de Liz Aguilera en el 06.

A su vez, para sustituir a Aguilera en la Contraloría del Estado, Duarte nombró al ex rector de la Uach (en tiempos de Reyes Baeza), Raúl Chávez.

Por si fuera poco, a los días de la reunión de Baeza y Duarte, el ex alcalde capitalino, Marco Adán Quezada, desplegó una actividad como la que no había desarrollado desde el término de su gestión. Se habla de la realización de exitosísimas reuniones en Juárez, Cuauhtémoc, Guerrero, Madera, Parral y Chihuahua.

Si hubiese dudas de la concreción de un pacto entre esos dos grupos, ahí están las evidencias políticas.

Por su lado, casi por las mismas razones, las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz prosiguieron en la realización de discretas reuniones en diversos lugares de la entidad, en lo que se apreció como una especie de “permiso” para efectuar proselitismo hacia la sucesión gubernamental y que en realidad servirá para que la presidencia de la República realice las encuestas necesarias a fin de determinar quien será su candidato (a) y, además, para involucrar a todos los protagonistas del PRI en las campañas.

Todo lo anterior porque a una semana del inicio de las actividades proselitistas, se confirmó la primera impresión, que el PAN puede salir avante en los distritos 03 de Juárez, 05 de Delicias y 06 de la capital, y que puede dar la sorpresa en el 04 juarense y en el 08 capitalino.

Aún si no se dieran los últimos, el hecho de alcanzar 3 triunfos se convertiría en la mejor plataforma posible para la contienda del próximo año.

Tales augurios los podremos confirmar, o no, en la madrugada del 8 de junio, pero la carrera por la gubernatura ya empezó.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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Elite política desquiciada

El Diario, 9 de abril de 2015

Luis Javier Valero Flores

Inmersos en sus pretensiones de evitar a como dé lugar la descalificación de los opositores, el descubrimiento de nuevas corruptelas, la aparición de los verdaderos debates y de modificar el obsoleto sistema de partidos políticos; espantados ante la posibilidad de que la sociedad supere la partidocracia existente; también ante la explosividad de las redes sociales, del modo en que esta comunicación ha rebasado a los medios de comunicación tradicionales y del activismo político-social de millones de personas, las élites partidistas (PRI, PAN y PRD) resolvieron aprobar infinidad de reformas, en todos los ámbitos, que van en el camino de centralizar la vida político-social del país.

No se trata solamente de aspectos como el de la desaparición de los organismos electorales estatales, o de la centralización de la nómina magisterial, sino también todo lo referente a la transparencia, al acceso a la información pública y al de la impartición de justicia, sino también el de evitar que la ciudadanía pudiera incidir en el rumbo de las contiendas electorales, o que las denuncias de la sociedad, sobre las corruptelas, formaran parte del debate en las campañas electorales y que, como producto de ese conocimiento, de manera natural, como se hace en las democracias desarrolladas, ciudadanos en lo particular, o grupos de ellos pudieran llamar a no votar por determinados candidatos.

Por ello, aprobaron una de las cosas más absurdas de que tenga memoria el escribiente: Establecieron sanciones económicas de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses hasta tres años a quien llame a no votar por algún candidato, o que llame a no votar, en lo que es una de las peores aberraciones en materia de derechos humanos (salvo, por supuesto, los ataques a la persona) pues atenta contra varios de ellos garantizados, no sólo por la legislación mexicana, sino también de acuerdo con todos los tratados firmados por el país en los últimos 40 años.

Ahora resulta que si un determinado candidato (a) tiene un historial, ya no delictivo o presuntamente delictivo, sino simplemente negativo a los ojos de un ciudadano, o de un grupo, ahora estará penado si llama a que no voten por él.

Vayamos a los hechos concretos, a las experiencias previas.

Me refiero sólo a los más conocidos de los últimos años. La priista Martha Laguette era regidora del municipio capitalino; antes del término de su encargo buscó ser candidata a diputada local; lo logró. Tres años después, sin terminar su encargo en la legislatura local, buscó la candidatura de su partido a la presidencia municipal. Se convirtió en la abanderada del PRI en 2004. Perdió, si nó quien sabe que hubiera pasado tres años más tarde.

Desde el punto de vista democrático ¿A poco no era válido llamar a que no votaran por ella, simplemente por el hecho de no terminar ningún encargo ciudadano?

Igual ocurrió con Carlos Borruel. Su historia fue la misma en la regiduría; en la diputación, luego ganó la presidencia municipal. No terminó ninguno de esos encargos; en el último buscó la gubernatura. Igual ¿De veras no era válido llamar a no votar por él, por ese solo argumento, dejemos fuera la de las presunciones delictivas?

Otro ejemplo, de los momentos actuales. Vamos suponiendo que Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, busque ser presidente de la república, a pesar del episodio de la mansión de Malinalco, comprada (bueno, es un decir) a la mitad de la tasa de interés del mercado al principal contratista del gobierno del Estado de México, de cuando fue Secretario de Finanzas ¿A poco no sería, hasta éticamente correcto, desde el punto de vista de la moral pública, llamar a no votar por él?

Vamos ¿Cómo podría aplicarse una sanción penal a quien le solicitara al PRI, su partido, que no lo ungiera como candidato de esa y cualquier otra contienda electoral?

¿O que se incluyera en esos llamados a los diputados del PAN, sorprendidos en la fiesta teibolera celebrada en Vallarta; o al Director de Conagua David Korenfield, a quien le deleita vacacionar usando los vehículos oficiales, tal y como lo hace, también, Videgaray?

No se coincide con el poeta Javier Sicilia, quien encabeza un movimiento social que ha llamado a no votar por ningún candidato, pero ¿Bajo qué argumentos democráticos se le puede negar ese derecho, semejante al de las manifestaciones argentinas de hace unas décadas? -¡¡¡Que se vayan todos (los políticos)!!!

¿O que en estos momentos, dada la falta de sensibilidad política -dejemos fuera la presunción de enriquecimiento ilícito- del dirigente nacional priista, César Camacho, al ostentar sus carísimos relojes (es tan solo un hobby, dijo) en un país en el que la mitad de la población está en la pobreza y pobreza extrema?

¿Por qué no se puede llamar a no votar por éstos y otros personajes de la política mexicana?

¿Por qué no podría Jaime García Chávez llamar a no votar por el candidato del PRI, Carlos Hermosillo, como lo ha hecho, pues lo ha denunciado por la presunta comisión de varios delitos, más allá de la coincidencia o la discrepancia con ese hecho?

Ojalá no se le ocurra a alguien intentar tal despropósito.

Y en el peor de los casos, de darse tal eventualidad, podría iniciarse otra vertiente de la lucha societaria, la de rescatar derechos elementales como  el ahora mencionado.

Parteaguas sexenal

El Diario, 5 de abril de 2015
Luis Javier Valero Flores
El día de hoy arrancan las campañas electorales en busca de la renovación de la totalidad de los espacios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Se celebran, además, comicios en 17 entidades. En 9 de ellas elegirán a gobernador: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora,
En total las entidades que realizarán elecciones locales son: Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Chiapas. Algo así como el 68% del padrón electoral (56 millones de electores)¡Nada!
Se elegirán a 500 diputados federales, 9 gobernadores, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegaciones del Distrito Federal.
Esas son las dimensiones de lo que está en juego. No es poca cosa, por una parte la elección federal, vital para el Presidente Peña y su partido pues requiere de mayoría para instrumentar las reformas aprobadas y, cosa más importante para él y su grupo, adoquinar la sucesión, no solo para el PRI, sino, fundamentalmente, para el grupo asentado en la residencia presidencial y llevar al cabo, lo que ha sido el adorado sueño del grupo Atlacomulco: Eternizarse en la silla presidencial, del mismo modo como lo ha hecho en el Estado de México.
La mala noticia es que, conforme a los resultados de todas las encuestas sobre preferencias electorales éstas les favorecen para convertirse -PRI y Verde Ecologista- en la primera minoría de la próxima legislatura.
Probablemente no alcancen la mayoría absoluta que sueñan y esa pudiera ser la mejor noticia para la mayoría de los electores que, por otra parte, en cuanto estudio de opinión se realiza demuestran su rechazo al gobierno de Peña Nieto.
La mayoría de los estudios de opinión le otorgan alrededor del 30-32% de las preferencias electorales al PRI, el 24-26 al PAN; al PRD, 11-13%, seguido por el Verde Ecologista de México (PVEM) —aliado del PRI—, con 10-12, y Morena, con un consistente 9% en todas.
Pareciera que, de confirmarse estas previsiones, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social y Partido Humanista no conservarían el registro  electoral, al no alcanzar el 3% del total de la votación.
Sin embargo, aún falta el desarrollo de las campañas en las que, de continuar la tendencia de las últimas semanas podrían cerrarse las distancias entre los dos primeros y hasta podría suceder que el PAN se alzara como la primera fuerza en la Cámara de Diputados pues el PRI descendió 12 puntos porcentuales respecto del nivel de preferencia que alcanzó en todas las mediciones en los meses de noviembre y diciembre, cuando obtuvo entre el 40 y 42% de la intención de voto.
Faltaría ver si las tendencias del mismo período, observadas en el PVEM, PRD y Morena se mantienen. En cuanto al Verde, aún resta ver si las continuas denuncias de su alianza con el PRI y las sanciones aplicadas por el INE lo afectarán.
En cuanto a las izquierdas, es probable que las preferencias por el PRD sigan bajando y sigan creciendo las de Morena, convertido, éste, en la sorpresa electoral -de confirmarse las tendencias- pues ya aparece en el primer lugar de las preferencias en el DF, en el que podría alzarse con el triunfo en 7-8 delegaciones, además de alcanzar la nada despreciable cifra de alrededor de por lo menos 50 diputados federales.
Así, el PAN se apunta a ser el principal receptor del repudio popular, a pesar de todo, a pesar de la guerra de Calderón y la decepción foxista.
El abandono de la dirigencia perredista de todas las banderas de la izquierda, primero por la firma del Pacto por México, y luego de la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, -hechos que catapultaron la renuncia de varios de los emblemáticos de sus integrantes, el principal, su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas- lo llevará a que se convierta en un partido marginal.
Pero el principal factor de su decaimiento lo será el surgimiento de Morena, partido que se ha convertido en el receptor de la continua e inexorable salida de militantes y simpatizantes del PRD, y se convertirá en el principal referente de la izquierda electoral. Pero no le alcanzará para ser el beneficiario del descontento popular.
Nada está escrito, aún falta ver la capacidad de respuesta del priismo, está intacta su estructura y se mantiene en el control del gobierno federal y de la mayoría de las entidades. El fracaso del gobierno federal llevará al peñismo a uno de los escenarios no deseados, el de depender en mayor medida de la capacidad operativa de los gobernadores.
Nos encontraremos, así, con una de las novedades de las elecciones de mitad de sexenio, que la gestión presidencial no será la trompa del tren que arrastre al partido gubernamental y sus candidatos; hasta ahora está convertida en lo contrario. El triunfo de los priistas dependerá, para desgracia del Grupo Atlacomulco, en mayor grado de la buena imagen pública de los gobernadores.
Algo de eso previeron los priistas pues la dirigencia nacional decidió otorgarles a los gobernadores la responsabilidad del nombramiento de la absoluta mayoría de los candidatos de los distritos -las candidaturas de mayoría relativa- y se reservó la mayoría de los candidatos plurinominales.
Pero los mexiquenses tomaron por asalto al Verde Ecologista y por esa vía han designado, en las plurinominales a algunos de los seleccionados por el grupo del presidente.
Un cuñado de Jorge Emilio González Martínez y gente cercana a Peña Nieto, un hijo de Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz, ocupan los primeros sitios de las listas de candidatos plurinominales.
También integran esa lista el esposo de Galilea Montijo, Fernando Reina Iglesias, ex coordinador de delegados de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, así como los ligados a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, a Televisa y al ámbito de las telecomunicaciones: Lorena Corona Valdés, ex diputada y otrora directora jurídica de Sistema Radiópolis, SA de CV (Televisa Radio) y Gerardo Soria Gutiérrez, ex asesor jurídico de la CIRT; Paloma Canales Suárez, ex titular de la Unidad de Enlace de la Comisión Federal de Telecomunicaciones; asimismo, Alma Lucía Arzaluz, ex delegada de la Profepa en Puebla, y suplente de la senadora Ninfa Salinas (hija de Ricardo Salinas, propietario de Tv Azteca). (Nota de Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 4/IV/15).
También Jesús Izquierdo Rojas, ex secretario particular de Luis Enrique Miranda Nava en la Subsecretaría de Gobierno de Gobernación, así como Sharon María Teresa Cuenca Ayala, exdirectora de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía y Jesús Ricardo Canavati Tafich, exalcalde de Monterrey por el tricolor.
Razones para la baja de las preferencias electorales por el PRI sobran:
El rumbo de la economía (devaluación del peso, baja de los precios del petróleo, los pocos empleos generados, el desmesurado incremento de la deuda y el recorte presupuestal, entre otros); la corrupción gubernamental, ahora ilustrada con los casos de las fincas de Angélica Rivera, del mismo presidente Peña y del secretario Videgaray; además del último escándalo, escenificado por el director de Conagua; la impunidad generada por la inacción e ineficacia gubernamental en materia de seguridad pública, cuyo pico más alto lo constituye el caso Ayotzinapa y los más de 23 mil desaparecidos, así como el reciente episodio de enfrentamiento con el relator especial de la ONU en materia de tortura, al que el gobierno de Peña decidió, unilateralmente, dejar de considerar como "interlocutor" al más puro estilo de las peores dictaduras en el mundo.
A lo anterior, que no es poco, se suma la percepción generalizada acerca de la ola delictiva, que no amaina, al contrario, a pesar de la detención de 90 de los jefes de los grupos criminales (en versión de las dependencias oficiales) entre ellos la del Chapo Guzmán y de Vicente Carrillo, cuyos grupos escenificaron el peor de los enfrentamientos en el país.
A pesar de la propaganda oficial, en el sexenio peñista suman más de 41 mil homicidios (dolosos y culposos), más de seis mil casos de extorsiones y más de 2 mil secuestros, de acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Nota de El Universal, 27/III/15).
No es todo, en la próxima entrega, ya en pleno proceso electoral, analizaremos la elección federal en el ámbito local.

La hora de los taxis

El Diario, 2 de abril de 2015
Luis Javier Valero Flores
En tanto que, a regañadientes y con infinidad de problemas, el sistema de transporte de servicio urbano de las dos principales ciudades de la entidad han entrado a un proceso de modernización (con todos los asegunes que los lectores arguyan y que, con toda probabilidad estarán en lo correcto) el transporte de taxis es la prueba viva del enorme atraso de Juárez y Chihuahua en materia de urbanización, fruto de innumerables factores, la mayoría de ellos relacionados con el mantenimiento de privilegios a una de las castas preferidas de los regímenes priistas.
Pero, además, refleja el enorme descuido que esos gobiernos le han prestado a uno de los servicios que más atención debieran prestarle pues sin ninguna duda turistas y visitantes en plan de negocios son quienes más los resienten.
¿Qué agregar a lo ya escrito, a lo vivido por los usuarios de este pésimo y carísimo servicio?
Por lo menos las unidades prestadoras del servicio en la capital tienen dos mejores características que las de Juárez: Son vehículos compactos y generalmente más modernos que sus similares de Juárez.
Como lo reportara recientemente El Diario de Juárez, los taxis juarenses no cuentan con aire acondicionado ¡En una de las ciudades con los climas más extremos!, pero tampoco los capitalinos cuentan con semejante privilegio.
Puestos a comparar, las tarifas de los juarenses son mucho más altas que las de los chihuahuenses, aunque ahí pudiera alegarse la diferencia en las distancias.
En materia de unidades, las juarenses despiertan asombro entre los turistas (al fin y al cabo que los residentes en esta ciudad ya se "acostumbraron"), especialmente los extranjeros ya que son unidades (casi todas) de 8 cilindros y una antigüedad mayor a los 20 años ¿Cómo puede darse un servicio de transporte urbano, en la ciudad que se ha preciado de ser la capital mundial de la industria maquiladora, con unidades que son la viva estampa de la contaminación y del derroche energético, amén de los enormes costos para los propietarios de las unidades y, por consiguiente, de los enormes costos para los usuarios?
Hace ya 10 años que el gobierno del estado, bajo la responsabilidad de Reyes Baeza, anunció que en "breve" daría a conocer el programa, mediante el cual se dotaría de taxímetros a todos los taxis de Juárez y Chihuahua. En adelante, dijeron, las tarifas no quedarían al arbitrio de los conductores de las unidades, habría un "banderazo" (la cuota inicial, al momento de abordar el taxi) que permitiría, a propietarios y usuarios, la prestación de un servicio eficiente y barato.
Terminó el sexenio y nada pasó. La actual administración estatal no abordó el tema; inmersa, como estaba en la instrumentación del Vive Bus, dejó al garete el de los taxis.
No es un asunto menor. Los enormes deficiencias del transporte urbano (de camiones) y las elevadísimas tarifas de los taxis son factores que inciden de manera esencial en la compra de automóviles en la entidad, los que sean, en las condiciones que se encuentren, dadas las necesidades laborales de la población y las enormes distancias recorridas diariamente por los trabajadores y sus familias.
¿Cuántas horas-hombre se pierden diariamente?
Peor aún ¿Cuántas horas se le roban a la convivencia de las familias de los trabajadores? Después de una jornada laboral de 8 horas, más 3 de traslado ¿Cuántos padres y madres de familia llegan a sus hogares con la disposición de revisar tareas, conversar con los hijos y departir, además de enterarse del modo como viven sus vidas los hijos?
Es sabido, merced a la experiencia y práctica de numerosas ciudades, que el uso de los taxímetros es favorable para propietarios y usuarios pues el servicio disminuye en costos para los segundos; al disminuir las tarifas, sube la demanda y mejora el rendimiento de las unidades y conductores.
¿Si tantas son las ventajas, porqué no ponerla en práctica, en lugar de lo que se rumora hará el Congreso del Estado, de aprobar una ley de movilidad urbana, en la que, para los carros de sitio "porten un tarjetón con la lista de tarifas a la vista de los usuarios, con la finalidad de eliminar los abusos que actualmente se presentan", y en tanto se aprueba la nueva regulación, el Gobierno del Estado pondrá en funcionamiento un "número telefónico para que los juarenses denuncien anomalías en el cobro del servicio de taxi". (Nota de Los Reporteros, El Diario de Juárez, 1/IV/15).
Puras medidas del medievo.
¿Por qué no atreverse a las de la modernidad?
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