martes, 30 de marzo de 2010

Podredumbre en el PRD

Luis Javier Valero Flores
El Diario, 30 de marzo de 2010
 
No eran pocas las voces que al interior del PRD llamaban la atención al “extraño” acercamiento de la actual dirigencia nacional –hegemonizada por el grupo Nueva Izquierda (NI), de Jesús Ortega– al gobierno de Felipe Calderón; se llegó a decir que la entonces diputada Ruth Zavaleta, también integrante de ese grupo, había “guardado” su lugar en la tribuna de la Cámara de Diputados para el senador priista Manlio Fabio Beltrones, a fin de que éste pudiese ocupar su lugar en la presidencia del Congreso y así Calderón tomase posesión en aquel polémico 1º de diciembre de 2006.

Luego, tras otra accidentadísima elección, por fin Jesús Ortega logró acceder a la presidencia nacional perredista, al obtener un muy cuestionado triunfo sobre Alejandro Encinas, hombre de todas las confianzas de López Obrador, gracias a un muy controversial fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, no deberá olvidarse, preside la amiga de Margarita Zavala, María del Carmen Alanís Figueroa, en una sesión en la que el magistrado Pedro Esteban Penagos ilustró muy claramente lo sucedido en esa elección y el modo en el que los magistrados echaron abajo la anulación de la elección que habían decidido los órganos internos del PRD.

Penagos dijo en aquella sesión: “es innegable que se trata de una elección viciada, (pero) este vicio sólo quedó demostrado en el 22.88 por ciento de las casillas”.

Es decir, la muchacha estaba embarazada, pero poquito.

Bueno, ni que detenerse en los muchos episodios de ríspidos enfrentamientos entre los agrupamientos de NI y los dirigidos por López Obrador, hasta los más recientes desatados con motivo de la decisión de la dirigencia nacional de buscar y aceptar las alianzas electorales con el PAN, a pesar de que en prácticamente todos los temas trascendentales las posturas de ambos partidos son diametralmente opuestos.

Pues ahora resulta que el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega declaró no descartar la posibilidad de ir en alianza con el PAN para las elecciones presidenciales de 2012. Lo importante es acabar con los gobiernos caciquiles del PRI, dijo. Además, y contra toda lógica, ya no la priísta, sino la común, anunció que tiene la intención de “formalizar” una alianza con el PAN en las elecciones a gobernador del Estado de México.

Además, sostuvo que temas polémicos como el aborto y los matrimonios gay no serían “impedimento para querer que se termine con los cacicazgos en el país”, como si México fuera la nación de los años 50 del siglo pasado, cuando los cacicazgos regionales efectivamente eran de horca y cuchillo y tuvieron supeditada a la población.

Reacio a aceptar la realidad y el enorme rechazo, ya no sólo perredista, sino popular, a las alianzas pactadas en Oaxaca, Durango, Puebla e Hidalgo, catalogó a quienes se oponen a ellas como “algunas voces discordantes”.

Y ya encarrerado destapó a los coordinadores parlamentarios del PRD y del PAN, Alejandro Encinas y Josefina Vázquez Mota, respectivamente, como posibles abanderados de tal alianza estatal.

Tal declaración lleva a darles la razón a quienes, desde el interior del perredismo, ubicaron a la corriente de Ortega como muy proclive a llegar a acuerdos con los blanquiazules, pero a aquellos contrarios a la lógica política que tiene como uno de sus ejes centrales el de la ética y la congruencia.

¿Cómo olvidar, por ejemplo, la profunda discordancia entre panistas y perredistas en materia de la industria petrolera? ¿O en lo general, en la energética? ¿Y en materia fiscal, a poco no existen, por lo menos las manifestadas en todos los años recientes? ¿Y en la más reciente, y más profunda, que es la “guerra” de Calderón?

Todo lo anterior, para no abordar los temas más polémicos del aborto y los matrimonios homosexuales, en los que el panismo ha reaccionado como si fuera sucursal de la Iglesia católica coordinando a sus gobernadores para que recurrieran a la Suprema Corte de Justicia, en sendos emplazamientos de recursos de inconstitucionalidad.

Esa alianza ¿bajo qué programa gobernaría? ¿Con cuál, si son antagónicos?

Y no se puede argumentar que es para luchar en contra de los “cacicazgos”, cuando los gobernantes panistas actúan, y han actuado a lo largo de la década favoreciendo al principal y peor de los actuales, el de Televisa.
Y si nada los une, desde el punto de vista programático, entonces sólo queda como explicación el de los arreglos alejados de la ética y la congruencia política.

domingo, 28 de marzo de 2010

¡Qué respetuosos!

El Diario, 28 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
 Caro estamos pagando haber iniciado una ofensiva en contra del crimen organizado, del modo concebido por Felipe Calderón, como lo explicó hasta la saciedad el ex comandante de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, quien fuera uno de los primeros en argumentar sólidamente que se había enviado a tales operaciones a los contingentes policiacos y militares sin idea alguna de los objetivos a alcanzar, sin las herramientas de inteligencia necesarias para afrontar a las bandas del tráfico de drogas, sin las armas necesarias y sin que los elementos lanzados tuvieran el mínimo conocimiento del terreno que pisarían, algo que es materia prima de cualquier ejército lanzado a la guerra, cualquiera que ésta fuera.

Hoy, Herrera Valles sufre en carne propia tal atrevimiento, está preso, acusado de estar involucrado en el crimen organizado, después de haberse desempeñado como jefe operativo de las primeras acciones de la Operación México en Michoacán, al inicio del sexenio.

Por desgracia no es la única víctima de estrategia tan equivocada. Usar al ejército tenía como riesgos posibles la violación del marco legal, la pérdida de la confianza popular en el ejército y el fracaso de tal operación.

Todo eso ha ocurrido. Lo más lamentable es la pronunciada pendiente a la que se lanzó la seguridad pública. Siendo deplorable todo lo anterior, cada cierto tiempo, desgraciadamente con mayor frecuencia de la deseada, se están presentando diversos incidentes paradigmáticos de los excesos a los cuales podemos caer si no se ponen límites a las conductas violatorias de las leyes, por parte de quienes fueron sacados de los cuarteles para, precisamente, resguardarlas.

Los incidentes de la última semana son muestra vívida de tal aserto. Los dos ocurridos en el área metropolitana de Monterrey son contundentes. El asesinato –y posible tortura de uno de los jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey (institución orgullo de la clase empresarial regiomontana)– a manos de soldados del Ejército Mexicano y el asesinato extrajudicial de un presunto delincuente, grabado con vida por cámaras fotográficas y de video antes de abordar un helicóptero, no admiten explicación alguna, son excesos violatorios de la ley. Sin embargo, ante las evidencias, los gobernantes federales insisten, a como dé lugar, en defender a los elementos de las fuerzas armadas presuntamente responsables de tales hechos.

Y si allá sucedieron hechos tan deleznables, lo ocurrido en Chihuahua el domingo anterior, en las instalaciones de la Comandancia Norte de la policía municipal, cuando un soldado encañonó a un reportero gráfico, exigiéndole que no tomara fotos para a continuación increparlo y tratar de borrar las imágenes obtenidas, no tiene nombre.

Y si eso es lamentable, las explicaciones ofrecidas por el Gral. Felipe de Jesús Espitia son un monumento a la impunidad, la opacidad y el autoritarismo. Negó que se dieran los hechos tal y como lo había informado El Diario (versión ciudad de Chihuahua, 24/III/10).

La portada del matutino muestra la fotografía del soldado dirigiéndose a nuestro compañero, encañonándolo con el rifle y una mirada muy resuelta.

Ante esa información, el Gral. Espitia Hernández, le envió una carta al presidente y Director General de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda. En ella afirma que el soldado solicitó “respetuosamente al camarógrafo que evitara el uso de toma de imágenes, en virtud de que afectaban la visibilidad y ponían en riesgo la seguridad del elemento fotografiado y la del personal que era resguardado”, pues el reportero arribó al lugar e “intempestivamente utilizó el flash… por lo que el elemento que aparece en la imagen publicada fue sorprendido por la luz y reaccionó a la alerta visual”.

El jefe militar aduce que el personal militar “se condujo de manera correcta, sin insultar o amenazar al reportero” y acepta que el soldado pidió la cámara e intentó borrar las imágenes.

Sin embargo, un video y más fotos muestran la inexactitud de los dichos del responsable de las fuerzas armadas en el estado de Chihuahua.

Ni hay una actitud respetuosa, ni hay mesura, ni sorpresa en el rostro del militar que encañona al reportero gráfico, armado sólo de su cámara fotográfica, ante la cual el mílite reacciona como si se enfrentara al peor de los enemigos de la sociedad a la que dice resguardar y que, además, como si el reportero esgrimiera una potentísima arma.

Más aún, la petición respetuosa del militar, en la versión de Espitia, es altanera, prepotente, irracional y lesiva a los derechos constitucionales de la sociedad chihuahuense pues el militar le ordena al reportero que no realice su trabajo, como si fotografiar la comandancia policiaca fuera a poner sobre alerta a los sicarios, o que sirviera para mostrarles a los criminales la fachada del edificio y con ello poner en riesgo la seguridad de la central policiaca.

La “respetuosa solicitud” argumentada por Espitia consistió en la siguiente orden: “¡Cuando nosotros te digamos que no tomes fotos, no tienes porque hacerlo!”.

Por si faltaran elementos, ahí está la versión de otro reportero quien reveló que la “sorpresa” del encañonador le duró el trayecto de más de siete metros en los cuales no bajaba su arma, al tiempo que ordenaba no efectuar fotografías, mandato ante el cual el reportero se molestó porque ¿Con base en qué ordenamiento de la vida civil, que se supone aún no perdemos, un militar impide a la prensa efectuar su trabajo?

Y si el jefe de la OCCh miente ante evidencias tan contundentes, en relación a hechos que involucran a periodistas ¿Cómo le vamos a creer en otros episodios?

Tal agresión motivó la publicación de una carta abierta de los trabajadores de El Diario de Chihuahua en el que denunciaron tal atropello y exigieron “garantías y seguridad para el desempeño de nuestro trabajo; exigimos ejercer con toda libertad y responsabilidad nuestro derecho a informar a la ciudadanía lo que está ocurriendo y lo que las autoridades están haciendo para resolver la grave crisis de seguridad por la que atravesamos”.

Del mismo modo se manifestó el Colegio de Periodistas de Chihuahua. Mediante un comunicado, la organización presidida por Valentín Ramírez Llanes, repudió “de manera enérgica” las agresiones físicas y verbales que elementos del Ejército Mexicano hacen en “contra de la ciudadanía y en especial las que atentan en contra de los periodistas que hacemos nuestro trabajo”.

Pero el anterior es sólo uno más de los graves incidentes –así sean aislados, pocos en relación al número de elementos apostados en la entidad, y de los graves riesgos corridos por ellos– que no han tenido un tratamiento adecuado, de frente a la sociedad, la misma que le ha entregado a las fuerzas armadas su confianza, pensando que su actividad era para hacer respetar la ley, de ahí su incorporación a la “guerra” de Calderón.

Un incidente ocurrido en días anteriores mostró los bajos niveles de profesionalización, de violación a las normas vigentes y de la superficialidad con la que los altos mandos policiacos y militares de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh) suelen ventilar ante la sociedad asuntos escabrosos. Pocas semanas atrás, dos militares fueron ejecutados en un centro comercial de la ciudad de Chihuahua. Según la información extraoficial, custodiaban a una persona muy cercana al Gral. Espitia. La sorpresa la constituyó el hecho de que viajaban en un vehículo robado. Ante las explicaciones, en boletín oficial, la dirección de la OCCh informó que ese vehículo se los había asignado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ¡para actividades de inteligencia!

¡Oh, cuánta pulcritud! ¡Cuánto respeto al estado de derecho! ¿No se supone que tales unidades debieran estar resguardadas, en espera de ser entregadas a sus propietarios, resguardadas, dicen, precisamente para evitar que sufran daños.

Y luego, no era un vehículo cualquiera, era una lujosa camioneta Cadillac, modelo 2007, con reporte de robo en el estado de Durango. Puros puntos oscuros. Si la camioneta tenía reporte en aquella entidad ¿Por qué no se envió a las autoridades correspondientes y así pudieran presumir que habían recuperado otro vehículo robado?

Pero, además, la camioneta usaba ¡Placas sobrepuestas!

¡¿Cómo?!

Y eran los que venían a hacer respetar el estado de derecho, en tanto, el baño de sangre continúa sin pausa alguna.

jueves, 25 de marzo de 2010

Agotamiento y sumisión

El Diario, 25 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
La cita es contundente, la realidad, terrible. Tim Weiner, reportero de The New York Times y ganador del premio Pulitzer, escribió Legado de cenizas, la historia de la CIA. En esa obra se dice: “En 1970, la influencia de la CIA se dejaba sentir en todos los países del hemisferio occidental… En México, el presidente (Gustavo Díaz Ordaz) trataba exclusivamente con el jefe de base de la agencia (la CIA), no con el embajador, y el día de Año Nuevo recibía un resumen personal en su casa enviado por el director de la central de inteligencia”. Capítulo 25, El Gobierno estadunidense quiere una solución militar, pp 321.
Páginas atrás (231) refiere otra cita demoledora para la impoluta imagen patriótica de los mandatarios priistas: “… con la inestimable ayuda de la policía secreta mexicana, la base de la Ciudad de México había puesto escuchas en las embajadas soviética y cubana… México tenía la mayor y más activa operación de escuchas telefónicas de todo el mundo –diría Whitten (John, responsable de las operaciones encubiertas de la CIA en México y Centroamérica)- J. Edgar Hoover solía enrojecer cada vez que pensaba en la base de México”.
El recordar tan lamentables citas lo causó la información vertida a partir de la visita de los más altos funcionarios norteamericanos, relacionados con la seguridad pública (ya no sabemos si de ellos o de nosotros, tal vez de ambos países) y las conclusiones que parecen haberse tomado. Ahí estriba el meollo del presente comentario.
¿Necesitábamos de la presencia de los funcionarios norteamericanos en México para que el gobierno federal llegase a la conclusión que la estrategia aplicada en el combate al narcotráfico era equivocada y que ahora se cambiará el enfoque de la misma para tener como “eje el fortalecimiento de las instituciones civiles del orden público y reconstruir comunidades afectadas por la pobreza y el crimen”, como asienta en su nota Martha Figueroa (El Diario, 23/III/10)?
¿Era necesaria la ejecución de tres norteamericanos, dos de ellos funcionarios del gobierno estadounidense para que Juárez, y Chihuahua toda, recibieran, ahora, la atención de los más poderosos gobernantes del orbe, ante los cuales, de manera increíble, los gobernantes mexicanos asumen el papel de subordinados?
¡Cuán cómodo era para el gobierno norteamericano destinar recursos económicos, “capacitar” policías y esperar que todos los filtros para evitar la llegada de drogas y, además, que los muertos los pusieran los mexicanos!
Más aún, sin arriesgar absolutamente nada, se han beneficiado (justo es decirlo que la mayoría de los norteamericanos no, sino las más prósperas empresas) de los efectos del Tratado de Libre Comercio, que 16 años después ha mostrado impíamente sus desastrosas consecuencias y han erigido cuántas barreras se les han ocurrido para tratar de evitar que a su territorio lleguen las víctimas de la inequitativa relación sostenida por nuestro país con ellos.
Sólo ahora se dan cuenta que el esquema utilizado por Felipe Calderón para combatir al narcotráfico está agotado, y “acordaron ampliar la Iniciativa Mérida para convertirla de un apoyo militar y policiaco, en una estrategia social. Según funcionarios estadounidenses, el proyecto sería implementado primero en Juárez”. (Ibídem).
En el discurso podríamos encontrar razones para la esperanza, ambos gobiernos acordaron poner el énfasis en cuatro ejes: “la desarticulación de las organizaciones delictivas que actúan en los dos países; apoyo mutuo para fortalecer las instituciones de seguridad de ambos países; desarrollo de una frontera segura y competitiva para el siglo XXI; y el fortalecimiento de la cohesión social en comunidades de los dos países”.
Pero el problema del tráfico de drogas va más allá, o se cambian los términos de la relación y Estados Unidos se asume como el país con mayor desarrollo y pone en funcionamiento una política comercial, semejante a la aplicada por la comunidad europea a favor de España, Portugal y Grecia, que catapulte el desarrollo de México, o seguirán padeciendo los efectos, no sólo del trasiego de drogas, sino del agudo atraso económico de nuestro país…
Y los panistas deberán, fundamentalmente, cambiar los términos de la relación sostenida por sus antecesores en el gobierno, demostrando, con ello, que efectivamente nos trajeron el “cambio”.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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martes, 23 de marzo de 2010

Obesidad y fortunas

El Diario, 23 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Sabe usted en dónde inició su fortuna el desaparecido Carlos Hank González, ícono del priismo nacional, quien dijera que político pobre, era un pobre político?
Inimaginable. En la “tiendita” de la escuela en donde impartía clases de primaria en Santiago Tianguistenco, allá en el Estado de México. Ya luego ingresaría al afamado grupo de Atlacomulco, en donde participaría como alumno del fundador, Isidro Fabela y vería, muy joven, el crecimiento del único integrante de tal grupo que ha llegado a la presidencia de la república, Adolfo López Mateos.
Pero esa es otra historia, la de hoy tiene que ver con el anuncio, muy malo, efectuado por el secretario de Salud del Estado, Octavio Rodrigo Martínez Pérez, quien afirmó que el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en obesidad infantil, que en nuestra entidad cuatro de cada 10 niños padecen obesidad o sobrepeso y que por cada peso gastado en prevención, “nos ahorraríamos 8 en atención médica por las enfermedades que provocan la obesidad y el sobrepeso”. (Nota de Horacio Carrasco, El Diario, 19/III/03/10).
A tal realidad ha contribuido enormemente el astronómico crecimiento del consumo de los alimentos “chatarra”, que han originado un drástico cambio en los patrones alimenticios, motivado por la insaciable voracidad de las empresas fabricantes de los mismos, por puritita casualidad productoras, también, de los refrescos de cola de mayor venta en el mundo y, también, por casualidad, accionistas importantes de la mayor cadena de televisión en México.
Ante tales cifras, que no son de ahora, uno debería esperar la instrumentación de una serie de medidas, de todo tipo, para desmotivar tales patrones alimenticios. Otra es la realidad.
Ante los distintos intentos por normar la venta de esos alimentos en el interior de las escuelas públicas, siempre se ha respondido con el sambenito de que no se puede prohibir tal venta.
¿Qué impide a las autoridades escolares emitir un reglamento en el que se especifiquen las mercancías que se pueden vender en el “mall” de la escuela? ¿Acaso no existen normas, privadas, en algunos centros comerciales que impiden el establecimiento de giros comerciales no deseados por los impulsores de tales centros?
¿Por qué las autoridades educativas no pueden imponer tales restricciones si finalmente son una especie de concesiones las que permiten el funcionamiento de tales “tienditas”? ¿Será, acaso, porque, como lo planteó el presidente de la Federación Médica de Baja California, Renán González, en el II Simposio Internacional de Obesidad y Diabetes, celebrado en Juárez en abril del año pasado, “que a los directivos de las escuelas no les conviene retirar los puestos porque con la renta de éstos logran ganancias para llevar a cabo mejoras en las escuelas”? (Nota de Pedro Sánchez Briones, 20/IV/09).
En esa orientación, ante la posibilidad de aprobar la Ley para la Prevención y Erradicación de la Obesidad, que contempla la eliminación de la venta de refrescos en los planteles, la diputada Patricia Alamillo, presidenta de la Comisión de Salud, defendió la “autonomía” de las “tienditas”, no está ahí el problema, dijo, sino en “que no estamos educados para alimentarnos bien".
Más papistas que el mero mero, el diputado Pedro Reaza Ríos, integrante de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, aseveró que ¡en México existe el libre mercado! “por lo cual los diputados quedaron imposibilitados para evitar la venta de frituras y refrescos”, según nota de Jaime Armendáriz y Lourdes Díaz (El Diario, 28/II/09).
No son los únicos que han frenado la elaboración de la normatividad necesaria para erradicar tal lacra de las escuelas públicas, en el Congreso de la Unión se encuentran congeladas por lo menos cinco iniciativas de ley para regular la venta de comida chatarra en ellas. (Nota de Martha Elba Figueroa, 22/IV/09). Entre las iniciativas se contempla no solamente impedir la venta de esos alimentos sino, incluso, imponer sanciones por "vender y comercializar en las escuelas de niveles básico, secundaria, media superior y bachillerato bebidas carbonatadas que causen problemas de obesidad; así como permitir la publicidad que aliente el consumismo de alimentos y bebidas que no coadyuven a una dieta balanceada".
Como si fuera algo para presumir, la diputada Irma Patricia Alamillo Calvillo, informó que los diferentes ordenamientos en ese sentido no tendrían carácter prohibitivo, porque “todo lo que se prohíbe causa mayor atracción, más en menores de edad". (Nota de Silvia Macías, El Diario, 31/VIII/09).
¿Y entonces?
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domingo, 21 de marzo de 2010

Cicatrices, repetidores y retribuciones

El Diario, 21 de marzo de 2010
Qué llevó al PRI a optar por repetir como candidatos a las alcaldías de Juárez, Delicias y Cuauhtémoc a quienes ya lo habían sido? ¿Acaso sabrán –sobre preferencias electorales del momento– algo que los demás ignoramos? ¿Será que sus encuestas, al contrario de las realizadas y conocidas en los últimos meses del año pasado, muestran un acercamiento –riesgoso para los priístas– de los panistas en esas preferencias electorales?

Recordemos. De acuerdo con aquellas encuestas, la ventaja del PRI sobre el PAN era superior a los 20 puntos, sin embargo, de aquellas fechas a la actual han transcurrido diversos eventos que pudieran incidir de manera importante en las preferencias electorales, de los cuales, destaca sobremanera lo ocurrido en Juárez a partir de la masacre de Villas de Salvárcar, a raíz de la cual se han celebrado tres reuniones de Felipe Calderón con representantes de la sociedad juarense. El otro hecho de importancia es la designación, en el PRI, de César Duarte y el triunfo de Carlos Borruel sobre Pablo Cuarón en el PAN.

En fin, por lo que haya sido, la cúpula priísta optó por la repetición de Héctor Murguía en Juárez, de Israel Beltrán en Cuauhtémoc y Héctor Baeza en Delicias, en lo que parece, en los tres casos, la decisión de ir por los votos más seguros en un entorno en el que puede vaticinarse una notoria baja participación electoral, quizá no con la pronunciada tendencia mostrada a lo largo de las últimas dos décadas. Es decir, pareciera que el priismo entendió que la elección la ganará el “voto duro”, esto es, el integrado por quienes votan por los candidatos del partido de su preferencia, independientemente de quienes sean los candidatos y/o quienes, en todas las encuestas, aseveran haber votado en las dos últimas elecciones por un partido determinado y que, además, se dicen identificados con tal agrupación política.

Y si esa es la apuesta de los priístas, la del panismo será, de acuerdo con lo expresado por el diputado local Roberto Lara en el acto de Carlos Reyes, apostarle al voto “switcher”, esto es, a los indecisos, sabedores de la mayor fuerza del voto duro priísta.

Más aún, pareciera que, ante las reformas electorales, los priístas optaron por aquellos candidatos capaces de “llevar” a sus votantes, es decir, con mayor fuerza territorial. Y con tales características los mencionados llevaban la delantera a sus adversarios internos. Más aún, Beltrán y Baeza culminaron sus anteriores gestiones con altos grados de aceptación entre sus gobernados y la percepción mayoritaria fue que habían efectuado buenas gestiones.

No ocurrió lo mismo con Murguía. Sus detractores y sus seguidores lo atacan y defienden con similar ímpetu y, al contrario de sus compañeros, deberá arrostrar el hecho de contar con elevados porcentajes de rechazo entre los electores (es decir, de quienes, ante la pregunta de por quién nunca votarían, lo señalan sin ninguna inducción). Tales porcentajes pueden no poner en riesgo su triunfo, piensan los estrategas priístas, pero su participación sin duda se convertirá en uno de los aspectos más controversiales de la actual campaña electoral.

Una cosa argumentan los impulsores de Murguía, su “vasta” obra pública. Ese argumento es usado –hay que notificarles– por el total de los alcaldes de esta década (hasta antes de la actual crisis económica y los “agujeros” fiscales de Agustín Carstens) de todo el país, pues su gestión coincidió con los elevados precios del petróleo y, por tanto, el beneficio recibido de los excedentes petroleros, y las reformas legales a la elaboración del presupuesto federal que permitieron el acceso de gobiernos estatales y municipios a una mayor proporción de los ingresos federales, los llevaron a contar con cifras inimaginadas antes.

¡Pero, además, cuántos son los priístas responsables de ocultar, o tratar de hacerlo, de los enormes agujeros negros del desempeño de Murguía en su más reciente actuación en un cargo público ejecutivo!

Si las designaciones de Israel Beltrán y Héctor Baeza tienen el sustento de ser buenos candidatos (por lo menos en el papel), además del hecho de no haber aparecido como fuertes impulsores de la precandidatura de alguno de los que se quedaron fuera de la competencia, la de los candidatos a diputados locales, ¡vaya que es un inmejorable intento de cicatrización, por lo menos las de los distritos de Juárez y Chihuahua! La distribución de candidaturas los abarcó a todos –o casi todos–.

Así, en los espacios de Juárez, Murguía, Reyes Ferriz y Valencia ubicaron a los suyos en la posibilidad de alcanzar una diputación (y aún falta el reparto de regidurías) y en los de Chihuahua es notorio el origen del respaldo de cada uno de los designados.

Fernando Mendoza, el dirigente municipal, a su trabajo le aunó –aunque así no fuera– el apoyo de Graciela Ortiz, Secretaria de Elecciones del Comité Nacional; Francisco Salcido viene impulsado por Doroteo Zapata, el sempiterno dirigente de la CTM; Liz Aguilera, hija de Gonzalo Aguilera, trae el respaldo del sector popular; a Alejandro Domínguez se le ha identificado como pieza del ex alcalde Alejandro Cano y Ricardo Boone llega con el respaldo unánime (así se dice en la cúpula priísta) de los radiodifusores.

Y en el caso de la alcaldía de la capital del estado, muy pocos se aventuraban a apostarle a cualquier otro diferente al ex dirigente estatal, Marco Adán Quezada quien, al parecer, además del impulso del Gobernador Reyes Baeza, contó con la opinión favorable de César Duarte. En el camino se quedó el actual Secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Carrera, a quien en los pasillos políticos –y en algunas columnas políticas de los periódicos digitales– se le ubicaba como la carta del candidato a gobernador.

Caso contrario lo fue el de Víctor Valencia, a quien no se le puede atribuir un mayor acercamiento con el candidato César Duarte y que podría reclamar no haber recibido la justa recompensa a su lealtad con el gobernador Reyes Baeza y su partido. Quizá su candidatura se cayó en la mañana siguiente a la masacre de Villas de Salvárcar.

En los más altos mandos del priismo y el gobierno estatal no se evaluó la importancia de tal matanza, –que a la postre se convirtió en la gota derramadora del hartazgo de la sociedad mexicana– y decidieron anunciar la definitiva separación de Valencia de la Secretaría de Seguridad (SSPE) y dar a conocer el nombre del sucesor, en tanto la opinión pública nacional e internacional se asombraba aún más por la gravedad de la masacre y ubicaba a la última de ellas como el parteaguas.

Pero independientemente de la evaluación que se deba hacer al desempeño de Valencia al frente de la SSPE, una cosa es altamente rescatable: Su lealtad a Reyes Baeza y a su gobierno, justo es reconocérselo, en tiempos en que muchos de nuestros políticos actúan, ahora más que nunca, midiendo de manera muy calculada los pasos que dan y los riesgos adquiridos; él aceptó dejar la representación del
gobierno estatal en Juárez por la muy riesgosa SSPE cuando ya la masacre de Juárez estaba en marcha.

Pudo rechazar el nombramiento de titular de la SSPE. No lo hizo. Sabía del enorme riesgo arrostrado al aceptar tal cargo, las consecuencias podían ser las que ahora presenciamos. Así fue.

Correr ese riesgo (más allá de las preferencias políticas y del balance de su desempeño en los distintos cargos a lo largo de su vida política) deberá reconocérsele. No hay muchos políticos que decidan correr tales riesgos, los pueden llevar, como es el caso, a perder la candidatura que más han anhelado.

Seguramente esta historia no termina aquí, hombre de partido, Valencia será ubicado en alguna otra responsabilidad y desde ahí, con toda seguridad, insistirá en alcanzar el puesto público que más le satisfaga.

Tan resfriado está el ex secretario de SSPE que en su registro, Murguía le dedicó una frase pletórica de mensajes: “Víctor, donde estés te mandamos nuestro compromiso. Donde estés, Víctor te mandamos un aplauso, un saludo del corazón, pero sobre todo nuestro compromiso”, al mismo tiempo que reclamó la necesidad de la unidad del PRI algo que Reyes Baeza había elogiado al aseverar que lo destacable de la designación de Murguía era “que se había logrado un acuerdo de unidad”, pero al registro del ex alcalde juarense no acudió Valencia y todavía hasta la fecha no ha declarado cosa alguna a la prensa.

¿Habrá cicatrizado la herida?

viernes, 19 de marzo de 2010

La seguridad, ¿cuándo?

El Diario, 18 de marzo de 2010 
Luis Javier Valero Flores 
No es que echemos las campanas a vuelo al elogiar que, aunque pocas y tardadas, se lleven al cabo, o se anuncien la puesta en vigor de un conjunto de medidas emergentes por parte del gobierno federal; o que el pesimismo haga presa de nosotros.

Luego de escuchar a los funcionarios federales encargados de la seguridad pública en el país decir que las cifras delictivas van a la baja en el antiguo Paso del Norte, a contrapelo de la realidad y de lo acaecido en el resto de la entidad, y de que el principal funcionario responsable de la procuración de justicia –y no sólo eso, es, también, el principal responsable del combate al crimen organizado– solo atinara a repetir lo expresado por el Secretario de Seguridad Pública Federal, en la reunión del martes y las dos previas, sólo nos queda encomendarnos a la Magnífica, como diría mi abuela que, pobre, nunca se imaginó que se le ganaría al PRI y veríamos el desbarajuste actual, inmerso el país en la peor crisis de seguridad pública, quizá, de la historia.

La tercera reunión de Felipe Calderón “con la sociedad civil” juarense, como dicen las notas periodísticas, se convirtió, como la anterior, en la repetición cansina de los actos determinados por la inercia burocrática del gobierno federal. Es de alabarse –porque los contrastes son más notorios– que los funcionarios federales se sienten largas horas a escuchar y, por momentos, debatir así sea discretamente, con algunos ciudadanos representantes de organizaciones de la sociedad civil juarense.

También es de agradecerse –porque son tareas postergadas largas décadas– que anuncien la puesta en práctica de programas y obras, y el anuncio de otras; pero no nos desubiquemos, la mayor parte de lo anunciado el martes son, apenas, las acciones gubernamentales que funcionarios públicos con otra sensibilidad debieron haber puesto en funcionamiento largos años atrás y no hasta ahora que la crisis de seguridad pública detonó las otras crisis, la económica, la social, la anímica y las que se les antoje a los lectores anunciar, vamos, hasta la del actual régimen de partidos políticos.

¿Era necesaria la masacre de Villas de Salvárcar para dar origen a un programa de regularización de los carros “chuecos”? ¿O que sucediera tal tragedia para que nos anunciaran la próxima construcción de un hospital siquiátrico, o para beneficiar a 25 mil familias, ya sea con becas o pensiones alimenticias?

¿Se necesitaba que Chihuahua fuera el escenario para el asesinato de más de cinco mil personas a lo largo de dos años, para que Juárez recibiera la atención preferente del gobierno federal?

Como bien se ha señalado, de nada sirven las distintas medidas, obras y programas anunciados si antes no se soluciona el problema que atrajo hasta acá la atención de Felipe Calderón, y menos aún servirán si se repiten, para colmo, las actitudes gubernamentales de siempre.

Lo primero es lo primero. Los juarenses esperaban –y seguramente el resto de los chihuahuenses– que las medidas adoptadas por las autoridades policiales, judiciales y militares pusieran un cerco a la crisis de seguridad pública. No hay tal.

Ahora debemos lamentar, justamente en las horas previas a la llegada de Calderón de dos hechos escalofriantes –que lo son por la trascendencia de las víctimas, no porque sean entes superiores, y porque al sucederles a ellos ilustra la gravedad de la situación y la nula capacidad gubernamental para afrontarla–: los asesinatos de dos funcionarios del gobierno norteamericano y del cónyuge de otra empleada del mismo gobierno; así como el secuestro del hijo de Pablo Cuarón (a quien le enviamos por este conducto un fuerte abrazo) el ex precandidato del PAN al Gobierno del Estado ¡El partido en el gobierno!

Y si hubiera una expresión que ilustrara en dónde se encuentra el principal de los problemas de la inseguridad, la impunidad, son las palabras de María del Carmen Morales, madre de Juan Antonio Chávez Morales, estudiante de medicina de la UACJ, asesinado en diciembre del año pasado: “Yo me la he pasado investigando, tocando puertas a los vecinos donde mataron a mi hijo y me informan que las autoridades nunca han ido a preguntarles si vieron algo, si escucharon algo, a mi hijo lo mataron y exijo resultados”.
Asi?como?

martes, 16 de marzo de 2010

La tercera, aún peor

El Diario, 16 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
Confirmada hasta el mediodía de ayer la tercera visita de Felipe Calderón, con motivo de la crisis de seguridad pública en Juárez, -para evaluar el trabajo de las distintas dependencias federales y de los gobiernos locales a partir de la matanza de Villas de Salvárcar- se desarrollará en condiciones aún peores pues prácticamente ninguno de los fenómenos que se propusieron combatir de manera urgente ha disminuido; al contrario, la cifra de ejecutados continúa de manera creciente.
La situación se ha agravado, además, con el ingrediente explosivo aportado por el asesinato de dos funcionarios públicos norteamericanos (Lesley A. Enríquez y su esposo Arthur Redelf, este último oficial empleado en la cárcel del condado de El Paso) y el esposo de otra funcionaria consular del mismo gobierno estadounidense (el mexicano Jorge Alberto Salcido Ceniceros, esposo de una empleada del consulado), en los hechos, casi de manera simultánea.
Ambos atentados se cometieron cuando las víctimas fatales eran acompañadas de sus hijos y después de haber participado en una reunión en la casa de otro empleado del consulado.
No podía ser más dramática la evaluación: Una vez transcurridos casi dos meses, fracaso absoluto.
No sólo duele tal balance, afrontar la situación llevó a que los gobiernos de los tres niveles hayan debido desviar su atención del resto de sus actividades para enfocarse a los asuntos relacionados con la situación prevaleciente en Juárez. Y con los asesinatos de los funcionarios extranjeros, ahora tenemos concentrada en Juárez y Chihuahua la atención de la opinión pública internacional y nacional y, peor aún, la del gobierno norteamericano.
Ese es el contexto de la tercera visita de Felipe Calderón. No podía ser peor, la precede el anuncio del gobierno de Barack Obama autorizando que familiares de empleados consulares estadunidenses abandonen seis ciudades fronterizas mexicanas: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey y Matamoros.
La situación es peor, no sólo por los asesinatos descritos arriba, sino por las ya incontables ejecuciones practicadas en todo el estado en los días precedentes, en las que abundan las ejecuciones múltiples, y no sólo en Juárez. Además de las ocurridas en esa ciudad, deberemos sumar las acaecidas en Parral, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Creel y San Juanito. Lo ocurrido en las dos últimas localidades es gravísimo, prácticamente ocurrió lo mismo que en Villa Ahumada en mayo del 2008, cuando al poblado irrumpió un comando armado disparando contra distintas viviendas, sembrando el terror.
En tanto, de acuerdo con distintos reportes periodísticos, infinidad de agentes del FBI llegarán a Juárez para “colaborar” con las autoridades locales en las investigaciones para encontrar a los asesinos de los funcionarios norteamericanos.
En tal situación, sorprende la información atribuida a la Procuraduría de Justicia, en la cual se asienta que a unas horas de los hechos ya se le atribuya a integrantes de la banda “Los Aztecas” la autoría de los crímenes. Nadie tendría elementos para contradecir tal información, pero asaltan las dudas ¿Porqué en los casos más proditorios, de inmediato se tienen pistas y presuntos responsables? ¿Por qué no sucede lo mismo en los demás casos? ¿Por qué no tenemos la información, no sólo de quienes cometen los crímenes, sino, fundamentalmente, de quienes los ordenan y los financian?
Hechos como los ahora anotados echan por tierra las consabidas frases de los gobernantes (y no solo mexicanos, ahora también los norteamericanos, cuando se refieren a las acciones del gobierno federal en el combate al narcotráfico) de que el gobierno mexicano “libra una lucha sin cuartel” contra esas organizaciones, en la que han empleado a decenas de miles de soldados.
Pues serán muchos los esfuerzos (y más los mediáticos) de los gobernantes, pero los resultados no sólo son nulos, sino contrarios a lo que se dijo se buscaba ¿Qué hará falta para solucionar, o por lo menos atenuar, tan difícil situación?
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domingo, 14 de marzo de 2010

Murguía, el “salvador” del PRI

El Diario, 14 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
Se sabía que, resuelta la candidatura al gobierno del estado, el punto conflictivo para el PRI chihuahuense sería la resolución sobre la alcaldía juarense pues la de la capital hacía tiempo tenía poseedor, el ex dirigente estatal Marco Adán Quezada.
No es de ahora, se sabe que el PRI juarense representa mayores grados de dificultad para sus dirigencias.
Más aún, la confrontación entre el actual alcalde y el ex alcalde Héctor Murguía, prácticamente desde el primer día de la gestión de Reyes Ferriz, contribuyó a la instalación de un ambiente de crispación en el partido gobernante de la ciudad más violenta del país.
A esa confrontación se sumaba la aportada por la pretensión del ex secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Víctor Valencia de los Santos, y las no menores del grupo de Reyes Ferriz por hacer de su secretario, Guillermo Dowell, el sucesor inmediato, así como la del ex diputado federal, Enrique Serrano.
En tal competencia, pocas semanas atrás empezó a manejarse la posibilidad de que Héctor Murguía repitiese como candidato. Muchos creímos lejana esa posibilidad ¡Cuánto nos equivocamos! ¡Cuánto habremos de lamentarlo si triunfase en las elecciones de julio próximo!
El ex alcalde, diputado federal con licencia renovada, es ahora el precandidato de “unidad” del PRI.
Nunca como ahora tenemos a la mano el ejemplo vívido de los argumentos esgrimidos por quienes abogan por la reelección inmediata de alcaldes y diputados. Dicen tales panegiristas que la ciudadanía podría calificar la gestión de tales funcionarios mediante la emisión de su voto, ratificando o negándole tal posibilidad al aspirante reeleccionista.
¿Quién cree realmente tal argumento, que no toma en cuenta la existencia de poderosas estructuras partidarias, de intereses, de poder económico y político, que harían trizas tal mecanismo “evaluador”, si tales poderes de facto pretenden imponer a uno de los suyos en tal y cual cargo?
En la decisión de quienes resuelven asuntos tan importantes, como la designación del candidato del partido en el poder en el municipio y el estado ¿Habrá prevalecido la evaluación del desempeño de Murguía, o simplemente el cálculo electoral de quien les puede garantizar el triunfo en el municipio, o, peor aún, el pago de facturas entre quienes fueron aspirantes a la gubernatura, el candidato, el gobernador y la dirigenta nacional?
¿Se acuerdan de la frase utilizada por la ínclita Beatriz Paredes? Así lo dijo: “A veces las candidaturas no son la única opción; hay diversos espacios... A veces, también, cuando el tiempo lo permite, gentes que no participaron en una etapa participan en otra”. (El Diario, nota de Silvia Macías, 23/XII/09).
¿De veras se piensa que la gestión de Héctor Murguía como alcalde fue buena? ¿O se trata simplemente del pago de facturas entre los integrantes de la clase política del tricolor?
Vamos, hasta electoralmente ¿Habrá argumentos válidos para suponer que el PRI no tendrá un desgaste importante, dado el elevado porcentaje de voto de rechazo? ¿O que los adversarios no usarán el argumento de la relación de Teto con el apresado Saulo Reyes, -por tráfico de drogas- el último de sus directores de seguridad pública, y uno de sus principales financieros, tal y como y lo hicieron en la campaña electoral federal del 2009?
Resulta ahora que, gracias a los “dedazos” en el PRI, de golpe y porrazo los elementos negativos que le impidieron a Teto acceder a la candidatura a la gubernatura ya no tienen el peso suficiente, o que desaparecieron como por arte de magia y, de repente, emergió como el priista que “salvará” a su partido en los comicios de julio próximo.
Más aún, de la noche a la mañana desaparecieron, a los ojos de quienes se supone toman las decisiones más importantes en el priismo, las hasta hace algunas semanas imperdonables faltas cometidas por el ex alcalde juarense al tratar de imponérseles como precandidato único a través de la presión de la fortuna económica de dos de los hombres más poderosos del antiguo Paso del Norte, Eloy Vallina y Federico de la Vega, quienes organizaron semejantes comelitones para anunciar su respaldo a Murguía.
Quizá no sea necesario repetir argumentos. Así lo escribimos el 13 de diciembre pasado: “¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Teto a buscar el apoyo público de dos de los más poderosos empresarios en el estado? ¿Qué le quisieron demostrar Federico de la Vega y Eloy Vallina a Reyes Baeza, a Beatriz Paredes, es decir, a quienes decidirán sobre quién recaerá la candidatura del PRI al Gobierno del Estado? ¿Que pueden lamentarlo si designan al equivocado y no los toman en cuenta? Ni duda cabe…
Si hubiera un dato contundente que así lo demostrara, lo otorgó Freddy de la Vega en su discurso en la comida convocada por él, y celebrada el pasado 20 de noviembre, cuando a los ahí reunidos les comunicó que año y medio atrás le había pedido la renuncia al alcalde juarense Reyes Ferriz. Los argumentos los externó ahí mismo: Son una bola de inútiles, todos, del presidente municipal pa´ bajo.
Eso lo dijo el empresario que por casi 40 años tuvo el monopolio de la distribución de la cerveza Carta Blanca en Juárez y la mayoría de los permisos de cantina, y quien además posee las más grandes cadenas de tiendas de distribución de bebidas alcohólicas en el antiguo Paso del Norte…”.
Y del otro poderoso empresario, Eloy Vallina, escribimos:
“Al término del sexenio anterior, doce días antes del término del mandato de Patricio, su gobierno le entregó cuatro millones 676 mil dólares por la compra de 212 hectáreas. La compra se efectuó antes de la publicación de la anulación del decreto expropiatorio sobre las casi dos mil hectáreas expropiadas al principio de ese sexenio. ¿Cómo podía el Gobierno del Estado comprar unas tierras que formalmente aún estaban bajo su dominio? Negocio redondo.
Luego llegaría a la alcaldía su amigo, su encomendado de antes y ahora, Teto Murguía. Ferviente impulsor de su candidatura, obtendría que el cabildo encabezado por éste, aprobara el proyecto ‘San Jerónimo’ y las administraciones de Murguía y la de Reyes Baeza invirtieron sumas millonarias en la conexión a Juárez de los servicios públicos, y lograran hasta la instalación de una planta maquiladora en esos terrenos, sin olvidar que ya para entonces, con la participación de una empresa constructora, propiedad de Carlos Slim, se iniciara la construcción de las obras hidráulicas sobre el complejo Conejos-Médanos.
Así, a los 140 millones de pesos gastados por el gobierno de Patricio Martínez en la construcción de la carretera Samalayuca-San Jerónimo, se le sumaron los 53 millones de pesos, costo de las 212 hectáreas, los mil millones empleados en la vía ‘Camino Real’ (y que coincidentemente tocó con su trazo propiedades de Yvasa y del ex alcalde Murguía, quien dijo había vendido esa propiedad a su cuñado) y los 80 millones que se están invirtiendo en la construcción del bulevar fronterizo, que conectará a Jerónimo con Ciudad Juárez a través de la zona de Anapra… Tales son los impulsores de la candidatura de Héctor Murguía”.
De los errores e ineficiencias de su mandato ya ni siquiera es necesario acudir a las informaciones proporcionadas por sus adversarios, por un lado, los hechos son más que tangibles y por el otro, los señalamientos del actual alcalde, José Reyes Ferriz, también emanado del PRI, acerca del enorme desbarajuste encontrado en la administración municipal, la incertidumbre acerca de la deuda heredada, la larga lista de proveedores del municipio a quienes se les debían ingentes sumas de dinero; el caos encontrado en la policía municipal; la sinrazón de la vialidad “Camino Real”; los constantes escándalos en los que la policía municipal era la protagonista. Todo ello aderezado con la suficiente dosis de populismo (ese sí, del bueno, del que le dio origen al concepto, esto es, el despilfarro de recursos públicos para ensalzar al funcionario que los tiene bajo su responsabilidad) y la concreción de una política pública destinada a favorecer a los más poderosos de la ciudad, como lo es la denominada “Ciudad Vallina”, proyecto que le ha costado, ya, a los juarenses, miles de millones de pesos, todo para beneficiar a un hombre y sus socios, pescados en ambos lados de los dos partidos importantes de la entidad.
La cúpula priista tenía la obligación, cívica, ciudadana, de proponerle a los juarenses (y por qué no decirlo, al total de los mexicanos, dada la importancia de Juárez en el actual contexto) una mejor fórmula, la ahora propuesta en la persona de Héctor Murguía está muy lejos de ello.
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jueves, 11 de marzo de 2010

Contratos de “amor”

El Diario, 11 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
En medio de un mar de incertidumbres, a causa de los procesos designatorios de sus precandidatos de “unidad” a las alcaldías, fundamentalmente a la juarense, con la sorpresiva unción del ex alcalde y diputado federal, Héctor Murguía, la semana pasada la mayoría priista en el Congreso coincidió con sus compañeros panistas en uno de los asuntos más “importantes” para el rumbo de la nación: Las bodas homosexuales.
¡Híjole!
En un brillante momento de la actual legislatura, preocupados por el “virus” homosexual y lésbico que asola al país, nuestros legisladores se dieron el tiempo necesario –a propuesta del diputado panista, Roberto Lara- para secundar los llamados de la cúpula de la iglesia católica e hicieron una fervorosa exhortación “a los 30 congresos estatales para que el matrimonio civil sólo pueda concretarse entre hombres y mujeres” y de esa manera impedir que tan letal y contagioso virus pueda asentarse entre nosotros, los “muy hombres” y “muy mujeres” del Estado Grande.
¡Válgame!
Y luego nos asombramos de los pactos, ya no tan secretos, entre priistas y panistas para aprobar el presupuesto federal a cambio de impedir alianzas electorales.
Los mexicanos enfrentamos una realidad: Las diferencias ideológicas entre los militantes de ambos partidos –por supuesto en mayor proporción entre sus dirigentes- son cada vez menores, o de plano, inexistentes. En un primer orden, las coincidencias se dieron en el terreno económico, de ahí la amplísima coincidencia y aprobación de los panistas a las reformas económicas de la época de Miguel de la Madrid –la llamada reconversión industrial, de cuando decidimos abandonar el fortalecimiento de la industria de transformación para convertirnos en país de maquiladoras- y luego a las promovidas por Salinas de Gortari, cuando se reprivatizaron la mayoría de las empresas y se afianzó el modelo neoliberal, con todas sus consecuencias, las mismas que ahora sufrimos.
Pero si las coincidencias en lo económico se afinaban, en el terreno estrictamente de lo ideológico, y no hablamos del discurso, tan “cargado” a la izquierda de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, sino en el terreno de los hechos, es decir, de la aprobación y concreción de las políticas públicas, paulatinamente desaparecían las fronteras.
En tales especulaciones no abordamos las coincidencias en el terreno de la política, es muy claro que hace rato las diferencias no existen, y de ellas dan cuenta los numerosos priistas que alegremente, cuando no son ungidos candidatos, se transforman en candidatos de Acción Nacional, y no digamos las coincidencias en el terreno de la educación, lo que explica, también, la alianza de los panistas con Elba Esther Gordillo.
Pero tales coincidencias son aún mayores en el norte del país. Si se aborda algún asunto de los que cimbran las concepciones morales-religiosas más conservadoras, priistas y panistas reaccionan casi de idéntica manera. Además, ambos agrupamientos intentan ganarse las simpatías de la élite católica.
Justo es reconocer que en algunos casos las coincidencias no tienen pretensiones políticas, sino que se derivan de sus concepciones ideológico-políticas. Tal parece ser la explicación del asunto abordado ahora. El problema estriba en que tal concepción es absolutamente excluyente e intolerante. De un plumazo se pretende “desaparecer” una inquietante realidad, por supuesto, inquietante para quienes no tienen la capacidad para entender que la sociedad mexicana es tremendamente plural y que todas sus minorías deberán ser tratadas de manera equitativa y justa, esto es, sin discriminación alguna.
En la sesión del 2 de enero, (en la que se aprobó tal exhortación) los priistas anunciaron que se podía discutir la posibilidad de la creación de una nueva figura –la de los contratos de “amor”- pues, así lo dijeron, “el matrimonio, como contrato civil, debe darse entre un hombre y una mujer”, a pesar de que meses atrás, en la pasada legislatura, también de mayoría priista, no aprobaran la creación de la figura de las sociedades de convivencia.
Tal decisión implica que se aceptaría, por esa mayoría, la existencia legal de tal tipo de parejas, pero de ninguna manera se les podría otorgarle los privilegios y obligaciones que adquiere una pareja heterosexual. Es decir, sí, pero no.
Que se quieran, pero hasta ahí.
Y luego dicen que no se parecen…
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martes, 9 de marzo de 2010

De alianzas y confidencialidades

El Diario, 9 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
Pasan los días y el escándalo de los pactos anti-aliancistas de priistas y panistas –in crescendo- muestra a plenitud las verdaderas concepciones de los principales dirigentes del PRI y del PAN.
Una de ellas fue la mostrada por el dirigente nacional del blanquiazul, César Nava, quien en el curso de la semana le mintió al país sin pudor alguno y, como si fuera la justificación para todas sus mentiras, usó el argumento de que el PRI había gobernado más de 70 años por medio de corruptelas.
Más aún, defendió la confidencialidad de los tratos sostenidos con el PRI por encima del interés público, evidenciando, así, cuán poca importancia le merecen los asuntos públicos, y en sus pactos, ya no en lo oscurito, sino bajo los reflectores de una oficina pública, ni más ni menos que la encargada del gobierno de la república, se comprometieron los recursos de toda la nación a cambio de preservarle la posibilidad del triunfo electoral al más adelantado de los aspirantes presidenciales.
¡Y todo con la firma de un convenio, como si fueran tinterillos cualquieras y con la participación del Secretario de Gobierno del Estado de México! ¿En calidad de qué facultad o responsabilidad legal participó este último? ¿En calidad de coordinador de campaña de Peña Nieto? ¿Y tal convenio lo firmaron en horas de oficina? ¿Acaso con ello no violan la ley, tanto Gómez Mont como el funcionario mexiquense?
¿Puede haber una cosa más pública que el ejercicio de la administración pública? ¿Cuándo lo entenderán nuestros gobernantes, cualquiera que sea el color partidario, y especialmente priistas y panistas que ahora ocultan acuerdos relacionados con el principal de los patrimonios de los ciudadanos como lo es su voto?
Pero en esta feria de actitudes, poses y concepciones cínicas ¿En qué papel dejan priistas y panistas a los otros partidos, especialmente al PRD? ¿Que los pueden usar, o no, en el momento y lugar que quieren los partidotes, en particular el PAN, ahora sí, ahora no? ¡Qué papelote!
Y todo porque en aras de alcanzar el poder político nuestros partidos han dado –y seguirán dando- un lamentable espectáculo. No hay programa político alguno para justificar sus alianzas, mucho menos coincidencias ideológicas; el partido que en una elección se alió con uno de los “partidotes”, en la siguiente busca la alianza con el otro. Y ese fenómeno se multiplica en las elecciones estatales. Así, el PRD busca la alianza con el PAN en distintas entidades, justamente con el partido que es su antípoda, no en la lucha contra el “caciquismo” de los priistas, sino en la conformación de un proyecto de nación, que eso fue la elección presidencial del 2006.
Sin embargo, ahora en Oaxaca se juntan las dos expresiones partidarias que tuvieron una mayor confrontación alrededor del conflicto que ninguno de ellos protagonizó –el de las organizaciones integrantes de la APPO- y que el gobierno federal, del PAN, con sus omisiones y acciones, en la práctica, confrontó y, por tanto, apoyó al actual gobernador, del PRI.
En tal escenario ¿Cómo se justificaría una alianza de un pretendido partido de izquierda –el PRD- con el partido gobernante en el país, máxime en el momento que se desvelan sus vergonzosos tratos con el PRI, para mantenerse, ambos, en el poder?
¿Y en Durango, cómo justificar ese objetivo anticaciquil si a quien postularon es un hombre estrechamente ligado al ex gobernador Maximiliano Silerio, uno de los más poderosos priistas en esa entidad?
¿Bajo qué programa político se efectúan tales alianzas? N’ombre, no pidan tanto.
Y la oleada crítica de las alianzas entre panistas y perredistas olvida las efectuadas entre el PRI y el Panal, el Verde Ecologista y el PT.
¿Cómo justifica el PANAL que en Chihuahua se alía con el PRI y en Veracruz con el PAN?
¿Y el Verde? Ese no tiene problemas, es una franquicia que se alquila al mejor postor, literalmente, y no sólo a los partidos en el gobierno, también a los poderes fácticos, especialmente a las dos empresas televisivas, y hasta impulsa, sin vergüenza alguna, que sus diputadas federales renuncien para dar lugar a sus suplentes varones.
¿Y el PRI tomará como parte de su programa la instalación de la pena de muerte, como propone el Verde?
¡Cuánta desvergüenza!
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domingo, 7 de marzo de 2010

Pifias y podredumbre electorales

El Diario, 7 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
“¿Hasta dónde llega tal coqueteo? ¿Cuáles serán las consecuencias del coqueteo –indudablemente más allá de lo personal- entre personajes tan poderosos como Beatriz Paredes y Fernando Gómez Mont?
En tanto la clase política se devanea entre sí, un país agraviado como el que más, debe presenciar escenas como ésta”: Asertijo, Aserto 76, noviembre de 2009


El 1 de octubre del año pasado, el periódico capitalino La Jornada publicó una fotografía en primera plana. En ella, apostados en el balcón de Palacio de Gobierno de Morelia, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, lanza una coqueta mirada al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Eran los días de la firma de los acuerdos que ahora provocan el repudio nacional.
Difícil tomar la decisión sobre cual tema abordar, tan pródiga fue la semana de eventos, hechos y situaciones a cual más de lamentables, que tienen como fondo la lucha electoral y la salvaje disputa por el poder, echadas a un lado la ética y el compromiso ciudadano por quienes aspiran –no todos, es justo reconocer- a ocupar los principales cargos públicos en el país y la entidad.
Descuella por encima de todos los hechos de la semana, el escándalo acerca de los convenios entre priistas y panistas, en los cuales, como si fuera un mercado cualquiera, intercambiaron votos legislativos a cambio de no efectuar alianzas electorales en los comicios estatales.
Tal acuerdo era –creíamos- para las elecciones de Oaxaca. No se comprendía que el PRI invirtiera tanto para impedir la alianza opositora en esa entidad, si bien importante en el número total de votos para los priistas en cualquier elección, se antojaba desmesurada “tamañota” inversión.
Ahora sabemos cuál fue el verdadero cambalache: El Estado de México. Ni más ni menos que el PAN de Calderón decidió, en aras de contar con suficientes recursos económicos, (para ejercerlos a placer en dos años de intensa actividad electoral, 2010 y 2012) ayudar a pavimentarle el camino al aspirante presidencial priista más fuerte, también promovido por Televisa, por la vía de comprometerse a no efectuar alianza con partido alguno en los comicios del próximo año y así Enrique Peña Nieto pudiera presumir, al término de su gestión, el triunfo de alguno de los suyos en la gubernatura y él encaminarse sin mayores complicaciones a la candidatura presidencial del PRI.
Cinismo puro.
Pero es de tal hediondez ese trato, que hasta Manlio Fabio Beltrones ya protestó. Lógico, la presidenta de su partido, a espaldas (dicen) de sus compañeros senadores, pero sobre todo sin el conocimiento de Beltrones, decidió “ayudarle” a su amigo Peña Nieto. La pura “grilla” pues, y ante eso, es lógico el enojo y deslinde del sonorense que sueña con la candidatura presidencial para el 2012.
Pero éste también miente ¿Se acuerdan que la mayoría de los senadores del PRI decidieron, o abstenerse, o retirarse del recinto legislativo en la votación de la aprobación de la ley de ingresos, para que los senadores panistas, ya solos frente a los del PRD, PT y Convergencia, fueran mayoría? ¡Ah, cuánto deshonor!
Y luego el papelón de Fernando Gómez Mont. El señor viene a decirnos –a ratificar lo dicho semanas atrás- que él no tiene porqué rendirle cuentas de todos los asuntos a Calderón, olvidando que es, a final de cuentas, un simple secretario. Nadie le va a creer que en un asunto de la envergadura como la elección del Estado de México, o la aprobación del presupuesto del presente año, no fueran asuntos del interés de Calderón y que de su resolución le podía informar ¡tres o cuatro meses después! ¡Cuánta desvergüenza! ¡Y todavía se enoja con los reporteros cuando estos le preguntan lo lógico!
¿Con qué autoridad podrá, en adelante, plantarse con cualquier grupo de ciudadanos, si todos sabemos que es un auténtico mercachifle, negociador de querellas judiciales?
¿Y los legisladores priistas, los chihuahuenses que se comprometieron a no aumentar impuestos, que se desgarraron las vestiduras en la campaña previa prometiéndonos que velarían en todo momento por nuestros intereses, que entendían las graves circunstancias económicas por las que pasamos los mexicanos?
¿Se atreverán a desmentir lo afirmado por Francisco Rojas, su líder parlamentario, quien dijo que las negociaciones fueron hechas del conocimiento de todos los diputados federales, es decir, que sabían del vil y vulgar cambalache, todo en aras de despejarle el camino a quien muchos de ellos consideran, ya, su candidato presidencial?
¿Cómo le responderán a sus electores, a la ciudadanía toda?
¡Viva la podredumbre!
Y luego nos hacen constantes llamados a participar “en la toma de decisiones”, a votar, a no “dejar en manos de otros” las decisiones, pero ¿Así cómo? Más aún, los partidos, con su fuerza, con sus arreglos, con su actitud contraria a los intereses ciudadanos, convierten –o tratan de convertir- a los organismos electorales en sus zonas de control a los que les encomiendan, entre otras tareas, ¡la de convencer a los electores a votar!
Ahora ya lo sabemos a ciencia cierta, los ciudadanos tienen como uno de sus principales argumentos, para no ir a votar, la disociación entre los dichos y los hechos de políticos y gobernantes, así lo evidencian los estudios sobre el abstencionismo ordenados por el IEE a la Uach, la Uacj y el Colegio de Chihuahua. El otro argumento, expresado por no pocos ciudadanos encuestados, es el de que la actividad de los políticos no tiene como objetivo central satisfacer las necesidades ciudadanas.
No hay necesidad de ir muy lejos para encontrar otros argumentos para deplorar la conducta de quienes conducen la administración pública. Tan sólo, para ejemplificar, vayamos a los métodos de designación de los funcionarios electorales, especialmente los integrantes de las asambleas electorales municipales, realizada 8 días atrás. Cuesta trabajo aceptar que el Consejo General del IEE, y su presidente, Fernando Herrera, hayan designado, como presidente de la Asamblea Municipal Electoral, a un hombre tan ligado al PRI como lo es Ramón Serna Grajeda, en una decisión que, lo debieron prever los consejeros electores, concitaría el rechazo de amplios sectores del PAN, por puritita casualidad partido gobernante del municipio en el cual conducirá las elecciones Serna Grajeda, y que ya dio pie a la protesta institucionalizada del PAN, en voz de sus dirigencias municipal y estatal.
Claro que no son tan ajenos, ni tan inocentes los panistas. Durante lustros, priistas y panistas se han repartido –lo vio bien, se han repartido- los puestos en los órganos electorales. Ahora no fue la excepción y los resultados seguramente no satisficieron a alguno de los grupos del blanquiazul y se les hizo muy grande la concesión de otorgarle la presidencia del órgano electoral municipal a un hombre tan cercano a Víctor Silva, aspirante a la candidatura priista a la alcaldía de la capital del estado en el muy cercano 2007.
No es un asunto menor, tal y como va hasta ahora el proceso electoral, derivado de las nuevas regulaciones, es previsible que las denuncias, de supuestas o reales violaciones cometidas por los partidos, se desgranen en la campaña electoral, a juzgar por las presentadas hasta la fecha. De ahí la importancia de contar con un juez electoral que concite confianza a todas las fuerzas participantes, en particular a las que están en condiciones de disputar el triunfo en la entidad y los municipios más poblados y muy especialmente en la capital del estado, que puede convertirse en el foco rojo de las elecciones del presente año.
Por eso la preocupación acerca de tal nombramiento, quizá uno de los pocos asuntos importantes criticables a la gestión del Presidente Consejero del IEE, Fernando Herrera, a quien no se le puede achacar el total de la responsabilidad, la misma que deberán asumir el resto de los consejeros y que Serna –y quienes esperarían una conducta facciosa de su parte- está obligado a demostrar que puede ejercer una función pública (si se mantiene en el cargo) de una manera ajena a sus filias y fobias políticas personales.
Tan escabroso asunto –el segundo de los abordados el día de hoy- nos confirma en la convicción de establecer los mecanismos necesarios para evitar que los ciudadanos ligados a los partidos coopten a los organismos “ciudadanizados”, de lo contrario, seguiremos por esta pendiente de descrédito popular hacia todo lo político y sobrevendrá la crisis que nos falta, la política, pero la de las buenas, la estructural, en la que todo puede suceder, no sólo La Revolución, como lo pudieran plantear quienes le apuestan a la izquierda y que, tal y como se ven las cosas ahora, podría profundizarse la derechización del país.
De ese tamaño es la responsabilidad, no sólo de la dirigencia priista, también de los panistas interesados, realmente, en la existencia de un régimen de libertades y democracia.
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jueves, 4 de marzo de 2010

No aceptar esta “normalidad”

El Diario, 4 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
Son tantos los asesinatos, tanta la sangre, la sevicia, la crueldad y la sinrazón, que dolerse por uno más pudiera parecer hasta fuera de la normalidad ¿A quién le puede importar el asesinato de un abogado más, como tantos otros han caído, víctimas de la ola de salvajismo desencadenada en nuestra entidad?
¿Tiene justificación exigir –ante quien sabe quién- la investigación de los hechos, el esclarecimiento del homicidio y el castigo a los culpables? ¿Habrá alguna autoridad que escuche y atienda tales exigencias?
Queda, solamente, el reclamo hacia la sociedad, de donde suponemos, creemos, deberá venir la urgente ola establecedora del estado de derecho, hoy ausente de Chihuahua.
Porque, subidos en la guerra de los cárteles del narco, los otros conflictos sociales se hacen presentes y de vez en cuando –por desgracia, más frecuentemente de lo deseado- nos muestran su cara violenta, ya sea porque la tensión a su interior en eso concluyó, o porque los defensores de los privilegios para unos cuantos creen adecuado el ambiente social para quitarse algunos problemas de encima.
Esa pareciera ser la explicación al asesinato del abogado Ernesto Rábago, destacado defensor de los derechos de los pueblos indios de Chihuahua, y en particular de los integrantes de las comunidades indígenas de Baqueachi y Wawacherare, en el municipio de Carichí y quien fuera victimado el lunes por la noche en su despacho de la ciudad de Chihuahua. Rábago, al lado de su esposa, la también abogada Estela Ángeles Mondragón, representaban a los integrantes del ejido Baqueachi (100% indígenas rarámuris) en contra de supuestos ejidatarios que pretendían apropiarse de las tierras ejidales.
Resuelta la controversia por la vía legal a favor del ejido desde el año pasado “hubo amenazas a los abogados, al padre redentorista Ignacio Becerra párroco de Carichí y a los líderes indígenas de la comunidad por parte de quienes interpusieron la demanda”, establecen en su relato de los hechos las organizaciones derechohumanistas, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC (Cosydhac) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C (Cedehm) quienes, además, han solicitado que el Gobierno Estatal investigue, “aclare y detenga de manera inmediata a los culpables del homicidio de Ernesto Rábago Martínez; la protección y seguridad a la Lic. Estela Ángeles Mondragón y a su hija; la protección y seguridad a la comunidad de Baqueachi y la inmediata detención a “la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos y que a la brevedad sea invitada y nos visite en Chihuahua la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Sra. Margaret Sekaggya para dar testimonio” de la situación por la que atraviesan los defensores de derechos humanos en Chihuahua.
Y es que los antecedentes inmediatos de las agresiones a los abogados Rábago y Angeles son escalofriantes. Apenas dos semanas atrás la hija de la Lic. Angeles fue baleada, y en marzo de 2009, el despacho de los defensores indígenas fue incendiado intencionalmente. En ambos casos, los abogados se quejaron de una deficiente acción de las autoridades, llegando al caso, establecieron, de que éstas esgrimieron que la agresión a la hija de la Lic. Angeles tenía relación con el crimen organizado.
Son muchas las coincidencias alrededor de la controversia por los terrenos ejidales. El 5 de febrero de 2010, los abogados dieron a conocer a la prensa las resoluciones del Tribunal Colegiado, Primero y Segundo en materia Penal y Administrativa, que obligaba a los caciques a restituir las tierras a la comunidad. Ese pareciera ser el principal de los antecedentes en busca de los asesinos de Rábago y que, en el ambiente de plena impunidad hoy reinante en Chihuahua, les permitiera evadir la acción de la justicia y así concretar su objetivo de despojar a los rarámuris.
Tan solo por ese carácter –cuán poco pedimos ya en este ambiente de terror- los gobernantes estatales debieran no sólo encontrar a los culpables de este lamentabilísimo homicidio, sino tutelar los derechos de los indígenas y asumir frente a ellos compromisos más allá, incluso, de los derivados de sus facultades legales y en la práctica entender que la situación prevaleciente en Juárez, por desgracia, abarca a amplísimas franjas del territorio estatal.
Porque de ninguna manera podemos aceptar esta “normalidad” homicida.
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martes, 2 de marzo de 2010

Desde dos distintas pistas

El Diario, 2 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
Fin de semana de febril actividad política con resultados medianamente previsibles vivimos los chihuahuenses. No obstante el creciente rechazo de la mayoría de los ciudadanos a la política y a los partidos políticos, de todos modos lo que efectúen atrae la atención de casi todos los ciudadanos (independientemente de su decisión de votar o no) y ya sea por el rechazo a ellos, o por su afinidad, lo que hagan priistas y panistas, ocupa el centro de esa atención pues se trata de los agrupamientos políticos que por ya casi tres décadas ocupan las principales posiciones del poder político en Chihuahua.
En tanto el PRI celebraba una festiva toma de protesta de su candidato a gobernador –César Duarte- el PAN efectuaba una elección abierta con una mayor participación, en el número de votantes, que seis años atrás, pero disminuida en el porcentaje del total del electorado de la entidad y con la presencia (por lo menos hasta el cierre de esta nota) de muy escasos indicios de irregularidades.
Lo relevante de la jornada dominical del PAN estriba en tres aspectos: La primera, el previsible triunfo de Borruel; la cuantía de los votos obtenidos por Pablo Cuarón (Más de 25 mil) frente a los 36 mil de Carlos Borruel, a pesar de haber sido una precandidatura prácticamente desconocida hacia fuera las filas del blanquiazul, lo que habla, por tanto, de la fuerza de la oposición interna hacia el ahora cuasi candidato panista (habrá que esperar el dictamen oficial del órgano interno electoral) y, por otro lado, la negativa de Pablo Cuarón a reconocer la victoria de Borruel, en espera, dijo, de analizar los resultados “atípicos” presentados en algunos municipios.
Pero tal actitud, de comprobarse la comisión de irregularidades, deberá luchar a contracorriente pues las dirigencias nacional y estatal, y la comisión electoral estatal del PAN ya reconocieron la ventaja incuestionable de Borruel y en la práctica ya lo reconocieron como su candidato.
Le quedan, pues, largas horas de tensa espera al panismo en tanto Pablo Cuarón y su equipo resuelve el camino a seguir. Puede ser el de la confrontación –en el rescate de los principios del PAN y la limpieza de su vida interna, (como lo han expresado varios de los cuaronistas, Javier Corral, Francisco Barrio y Miguel Jurado entre ellos) o la negociación, sin arriar las banderas principistas enarboladas, a fin de presentar un frente unido en la campaña electoral.
En tal ambiente, corre la percepción de que Cuarón podría ser una buena carta en la disputa por la alcaldía juarense y estaría en la mesa de las discusiones la distribución de otras posiciones, entre ellas las diputaciones plurinominales (que propuso Borruel desaparecerlas) y las candidaturas a las alcaldías. Pero ante tales posibles escenarios, Cuarón manifestó repetidamente que no buscaría otras posiciones. Esperemos.
En tanto, César Duarte culminó su precampaña de manera apoteósica, rodeado del fervor priista que se dio vuelo en un gimnasio Manuel Bernardo Aguirre lleno hasta los topes y con todos –o casi todos- los activistas y dirigentes ahí reunidos. Bueno, hasta el precandidato perdedor del 2004, Víctor Anchondo, asistió al catártico acto priista -¿Regresaría al PRI?- Así como el total de los precandidatos perdedores del actual proceso.
Dos temas ocuparon el lugar central de las preocupaciones en el discurso de Duarte, ambas estrechamente ligadas: La crisis de seguridad pública y Juárez.
Si hubiera que darle un carácter ordinal a las ovaciones priistas, -fuera de las lógicas otorgadas a su ahora candidato- la principal se la llevaría Reyes Baeza, a quien el priismo le otorgaría, por esa vía, un cálido reconocimiento; y la que fuera motivada por los priistas juarenses, secundada por todo el auditorio, con un estridente “¡Juárez, Juárez!” en plena aceptación de la importancia que el priismo le otorga a la mayor de las urbes chihuahuenses.
Pero ahora el priismo deberá afrontar otro riesgo, que puede constituirse en el principal de sus problemas: La definición de la candidatura a la alcaldía juarense, pues en las otras puede salir más o menos airoso.
Y ese sí que es un problema mayor.
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