Jáuregui en la fiscalía

El Diario, 29 de enero de 2023

 Luis Javier Valero Flores 

En el curso de un recrudecimiento de la sostenida ola homicida presente en la entidad, luego de una importante disminución en el número total de homicidios ocurrido entre pasada la mitad del 2012 y hasta mediados del 2015, que dio paso a la actual, si bien menor a la del período 2008-2011, y que iniciara al final del 2015, se recrudeciera en 2016 con la llegada de Javier Corral al gobierno y que en la actualidad se mantiene en una meseta muy alta, particularmente en Juárez -aunque no solamente-, el actual grupo gobernante decidió echar toda la carne al asador al nombrar a César Jáuregui Moreno como nuevo fiscal del estado.

Pocas veces -por lo menos en el último cuarto de siglo- el grupo gobernante en turno en Chihuahua, había decidido colocar en ese lugar a uno de sus principales operadores (algunos podríamos sostener que ha sido, hasta ahora, el más importante para la gobernadora Maru Campos), con lo que, sin duda, ha mandado un triple mensaje a los chihuahuenses:

Uno, que la inseguridad es el principal problema a considerar por ellos; dos, que es de tal grado que debieron echar mano de Jáuregui y, tres, lo más preocupante, que no cuentan con algún otro cuadro con las características necesarias para enfrentar desde la fiscalía lo que hoy sufrimos en Chihuahua.

Más aún, que en sentido contrario a lo propugnado por la oposición previa a la 4T, el nuevo fiscal de Chihuahua no posee característica alguna de aquellas pretensiones, la de otorgarle a las fiscalías el carácter de autónomas, para alejarlas de las filias y fobias de quienes ocuparan la titularidad del poder ejecutivo, en el ámbito federal y el estatal.

Generadora de una cierta dosis de esperanza, basada en que, precisamente por las credenciales políticas de quien tiene en su haber el manejo de la conflictividad más importante en Juárez, Chihuahua y Delicias, desde las secretarías de los ayuntamientos en las que se desempeñó, además de su extenso currículum estrictamente político, habrá que esperar un lapso razonable para evaluar su trabajo.

Va en sentido contrario a esa evaluación la designación del ex fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, como fiscal de la zona norte, que tiene como cabecera la urbe lideresa en homicidas en la entidad. 

Es una mala decisión, no sólo porque hubiese ocupado esa posición en el gobierno de César Duarte, sino porque su gestión no fue lo exitosa que ahora muchos pregonan y en muchos casos fue desastrosa.

Queda la percepción societaria que la ola homicida pasada disminuyó, o desapareció, a causa de varias causas, la principal, quizá, el agotamiento humano de las dos principales bandas criminales que se enfrentaron en Chihuahua a lo largo de esos años, los cárteles de Juárez y Sinaloa.

Aunque necesariamente deben evaluarse de manera conjunta, la seguridad pública y la procuración de justicia, y porque la primera va íntimamente ligada a los niveles de eficiencia en la segunda, sí es necesario evaluar esta última por separado.

Y se hace midiendo los niveles de impunidad prevalecientes y hoy, igual que en el 2010, los niveles son prácticamente los mismos, rondan el 92%; es decir, que de cada 100 delitos denunciados, sólo se investigan 95.

Esos son los parámetros que deberán medirse para evaluar adecuadamente, no sólo al nuevo fiscal, sino al gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, a quien la presidente de la Mesa Directiva del Congreso, la morenista, Adriana Terrazas, catalogó de persona “persona con mucho conocimiento del estado, y su presencia en la función pública garantiza mano dura”.

La gestión de Salas estuvo marcada por varios escándalos, además del emblemático asesinato de la activista Marisela Escobedo. Con Salas al frente, la fiscalía presentó a dos homicidas de la activista.

Sin siquiera decir que se habían equivocado, primero presentaron al “Wicked” como el asesino de Marisela y luego, ante el descrédito de tan irracional aseveración, ubicaron al “Payaso” como el verdadero homicida.

“El asesino de mi madre es Andy Alonso Barraza Bocanegra, no José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, como se afana en hacer creer el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Hace siete meses les entregamos fotografías y el nombre del verdadero homicida a la Fiscalía chihuahuense y a la Procuraduría General de la República (PGR). No sé por qué fabricaron un asesino”, declaró el hijo de Marisela, Juan Fraire Escobedo. (Nota de Patricia Dávila, Proceso, 21 de octubre de 2012).

“Con la detención de José Enrique Jiménez Zavala alias “El Wicked”, presuntamente perteneciente al grupo delictivo la Línea, realizada el pasado jueves en la colonia Haciendas del Valle en la ciudad de Chihuahua , la Fiscalía del Estado señala un segundo autor material de los hechos ocurridos el 16 diciembre de 2010”. (CEDEHM, 8 de octubre de 2012).

Incapaz de asimilar que no se aceptaran sin más sus determinaciones, y ante el rotundo rechazo de los familiares de Marisela a su resolución sobre el caso, en el que el hermano de Marisela siempre sostuvo que ni el Wicked, ni José Rodríguez Flores, “El Payaso”, eran los asesinos, sino el hermano de Sergio Barraza, Andy, Salas llegó a declarar que tanto la entonces activista Lucha Castro y el hijo de Marisela “sin ninguna base técnica y científica”, están “abogando por el presunto asesino de su madre Marisela Escobedo. Bueno, que se incorporen a la defensa de estos asesinos y que lo prueben en el modelo procesal”.

En estas frases se encuentra otro de los argumentos para deplorar su nombramiento. Al Wicked lo presentó la fiscalía como “confeso”, cuando esa calificación había sido desechada como la evidencia principal, fruto de la reforma penal que ya estaba en curso en Chihuahua.

Tan dio tumbos la fiscalía bajo Salas que luego patrocinaron al Wicked para que impartiera charlas a los jóvenes de Bachilleres, a fin de desalentarlos, supuestamente, de subirse a la senda criminal.

Removido del cargo, Salas fue denunciado por los delitos de denegación y retardo de la justicia y prevaricación en el caso de Marisela Escobedo.

Si hubiese que buscar algún antecedente de los motivos que llevaron a Jáuregui a nombrar a Salas, éste se remonta al 2013 cuando el ahora fiscal de Chihuahua y entonces líder del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, afirmó, ante la designación del sucesor de aquel y sustentar el porqué votaron a favor de Jorge González Nicolás como nuevo fiscal, que “Si decimos que Carlos Salas estaba en la dirección correcta, fue sin duda también el trabajo de González Nicolás, que antes de ocupar el cargo al que se le somete hoy, ocupaba la Fiscalía en Juárez”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 8 de octubre de 2013).

Chihuahua emergía de la terrible guerra de los bandos criminales, luego de estremecedores episodios de una apabullante ineficacia y abusos de poder de la totalidad de los agrupamientos dedicados a la seguridad pública, particularmente en Juárez, lo que llevó a esta ciudad y a Chihuahua a colocarse, por momentos, en los dos primeros lugares mundiales en el número de homicidios.

Hay otro aspecto que en el pasado era ambicionado por las fuerzas democráticas existentes en la oposición, que es el de necesaria lejanía del procurador de justicia respecto del titular del Poder Ejecutivo, es decir, el de la autonomía de la fiscalía.

Largamente argumentado tan sano propósito, hoy vive uno de sus peores momentos pues, por una parte la principal fuerza de la oposición -el PAN- no tiene la menor intención en hacerlo realidad en donde gobierna, y el partido que llegó respaldado por la mayor movilización ciudadana de la post revolución, va exactamente en el sentido contrario, el Fiscal General de la República es todo, menos autónomo.

El colmo lo fue la postura presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en la sesión en la que se nombró a Jáuregui. ¡Su argumento central fue que debía existir la necesaria distancia entre la gobernadora y el nuevo fiscal!

Que no debieran ser del mismo grupo político, que no fueran cercanos, políticamente, la gobernadora y el nuevo fiscal.

Ojalá hicieran extensiva esa postura al gobierno de la república. Tanto el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, como el fiscal de delitos electorales, Jose Agustín Ortiz Pinchetti, son de los funcionarios más cercanos al presidente López Obrador.

¡Aciagos tiempos los que vivimos!

Mientras que el impulso democrático de los mexicanos impulsó a la presidencia a un hombre en quien se depositaron los anhelos de democracia y justicia, reclamados por las fuerzas democráticas y de la izquierda democrática, la oposición, en lo que pareciera el juego de los espejos, hace exactamente lo que le reclama que no realiza quienes dirigen en la federación.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Corral, los episodios que le faltan

El Diario, 26 de enero de 2023

Luis Javier Valero Flores 

El ex gobernador Javier Corral pensó que al término de su mandato podría transitar por las calles de las ciudades de Chihuahua como si fuera cualquier ciudadano.

Ojalá fuera así.

A lo mejor creyó que en estas tierras “aldeanas” (en algún momento de su gobierno nos llamó a superar la cultura “aldeana”) el mal gobierno, al paso del tiempo, sería olvidado y, corteses y educados como son la mayoría de los chihuahuenses, no le harían pasar malos ratos.

Pero Corral, además de efectuar una muy mala administración, se dejó llevar, tanto por sus fobias, odios y sus ánimos autoritarios, como de su mesianismo, que lo llevó a violar flagrantemente la ley en la persecución de César Duarte y muchos de los funcionarios del gobierno del ballezano.

Estaba obligado a poner distancia de los ejercicios políticos de sus antecesores.

No lo hizo así; al contrario, como casi todos los anteriores puso al Poder Judicial bajo su férula. 

Nunca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había destituido al presidente de un Tribunal estatal. Fue el clímax del sometimiento de ese poder ante el gobernador Corral.

Llevó a la cárcel a muchos y los mantuvo ahí, a contracorriente de la ley.

No es que fueran inocentes, sino que las leyes con las que fueron enjuiciados no consideraban al robo de recursos públicos, efectuado por los gobernantes, como un delito grave y, por tanto, podían continuar sus procesos en libertad.

La exageración fue el caso de Maru Campos. Fue su retrato.

Tuvo en sus manos el tiempo, los recursos y las evidencias (las que, dijo, existían), pero no la llevó a la cárcel, porque no le convenía.

De la ahora gobernadora y su influencia electoral dependió, primero, su triunfo en la elección a gobernador en 2016 y, luego, en 2018, asegurarse que el PAN, su partido, obtuviera la mayoría en el Congreso del Estado.

A cambio, intentó, con todos los recursos a su alcance, evitar que Campos se convirtiera, primero, en candidata al gobierno de Chihuahua y, segundo, en gobernadora.

Es imposible que ante sus apariciones públicas pudiera transitar tranquilamente por las calles de Chihuahua y que sus rivales políticos -al interior y fuera del PAN- no se hubiesen trazado cobrar las afrentas al menor descuido corralista.

Y eso se lo ofreció la inauguración “formal” de la librería, que había abierto sus puertas desde el 21 de diciembre, pero que clausuraron los inspectores del municipio ante la falta de varios permisos, acto efectuado precisamente momentos antes de esa inauguración.

Fue hecha -muy probablemente- a sabiendas del impacto negativo que podría generar para los actuales gobernantes, municipal y estatal.

Sí, pudo ser una impertinencia político-mediática, pero con todos los visos de que el ex gobernador no cumplió con todos los requisitos que debió cubrir.

Pero si este hecho mostró a Corral incapaz de asimilar lo que le puede ocurrir si transita por las ciudades chihuahuenses, sin que se le presenten hechos, por lo menos, incómodos, lo sucedido en el episodio en el que se hizo de palabras con el ex Síndico de la capital, integrante de una de las familias más ricas de la capital, Enrique Valles, a quien su gobierno acusó de corrupción, cargo del que fue liberado por los tribunales, le debería reforzar la idea de que tales incidentes se pueden repetir.

Es que muchos de quienes llevó a la cárcel van a los mismos restaurantes, clubes sociales, gimnasios, campos de golf y centros comerciales que le gustan a Corral.

Muy probablemente se repetirán esos episodios, a cual más de enojosos, muchos más, por supuesto, que el frío de las cárceles chihuahuenses.

¿Por qué cree, el paseño, que los expresidentes Calderón y Peña Nieto, y durante algún tiempo Salinas de Gortari, se fueron a vivir al extranjero?

Que no se le olvide que la mayoría de los chihuahuenses ya lo enjuiciaron, por eso perdió su candidato, Gustavo Madero.

A pesar de todas sus bravatas, tragó piedritas y se fue a buscar el cobijo presidencial.

No lo logró, porque López Obrador lo puso ante el espejo y le dijo que tenía doble acta de nacimiento, una nacional y otra extranjera.

Cosas de las incongruencias.

En su campaña presidencial, al llegar por el sur, el entonces candidato presidencial, en 2018, dijo muy claramente que en “Chihuahua no ha cambiado nada (bajo el gobierno de Corral), salvo el color de las casetas de las carreteras”.

Hoy, ese hombre lo defiende y sus corifeos lo replican acríticamente, pocos en el PAN y los más en ¡Morena!!!!

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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De fugas, mentiras y “complós”

El Diario, 22 de enero de 2023

Luis Javier Valero Flores 

Cuando aún quedan 17 reos por capturar, fugados del penal  3 de Juárez, una nueva revelación de los archivos dados a conocer por el grupo de activistas Guacamaya, arrojó un hallazgo estremecedor.

Desde abril del año pasado los mandos federales de la seguridad pública en el país tuvieron en sus manos las peticiones de la instancia estatal para enviar a cerca de 300 presos -federales y estatales- a otros penales, dada su extrema peligrosidad.

No se sabe de respuesta alguna del gobierno de la república a esas peticiones, sólo hasta que después de la fuga de los reos, en una mañanera, en la que el Secretario General, Luis Cresencio Sandoval González, declaró que del gobierno de Chihuahua no había ninguna petición “formal” del traslado de reos de ese penal.

¿Le mintieron, no le informaron, o mintió el general?

Es de una extrema gravedad el hecho, porque en cualquiera de las hipótesis, revela la gran incoordinación de los dos niveles de gobierno mayormente comprometidos en la seguridad de una de las entidades lideresas en inseguridad en el país; ni más ni menos que la entidad ocupante del cuarto lugar en el número de homicidios y la segunda o tercera por tasa, por cada 100 mil habitantes.

Además, al cúmulo de hechos, a cual más de deplorables,  extremadamente coincidentes y sospechosos, deberá sumárseles el de la indudable ejecución del principal reo evadido en las primeras horas del nuevo año, Ernesto Piñón (El Neto), cuyo certificado de defunción informa de la causa de muerte: Disparo en la nuca. (Información de la nota del Staff, El Diario de Juárez, 18/I/23).

¿Cómo pudo suceder eso, si los informes, tanto los oficiales, como diversos relatos, evidenciaron que El Neto, herido, era trasladado en la caja de una camioneta-patrulla de las fuerzas estatales y ahí murió, según dijeron los responsables de la dependencia chihuahuense?

¿Entonces, lo subieron a la camioneta cuando ya iba herido en la nuca? ¿Todavía vivo?

¿O lo recogieron después de que le habían disparado en la huida? ¿Le dispararon cuando ya estaba en la caja del vehículo?

En la medida que pasa el tiempo, todo se enreda en este asunto, ya fuere por la génesis del mismo, como en el desenlace… hasta ahora.

 Desde abril del año pasado, tanto los mandos superiores de la   Guardia Nacional, como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tuvieron en sus manos la petición del gobierno chihuahuense, dirigido por Maru Campos, del traslado de casi 300 reos peligrosos de aquel penal a otros, ya fueren del estado, o del resto del país.

Tal revelación echa por tierra las aseveraciones del general Sandoval, en las que achacó toda la responsabilidad al gobierno del Estado, por no haber solicitado, en tiempo y forma, ese mismo traslado, con lo que, dijo, se crearon las bases para la presentación del motín y la fuga de 29 reos de alta peligrosidad. 

Pero, de ser ciertas las informaciones reveladas por Guacamaya Leaks, arrojarían otro aspecto no menos siniestro y preocupante, el de que con esa información en sus manos, la mesa de seguridad, presidida por el presidente, la desechó y, una de dos, o la desestimó o, simplemente la ignoró; y no quisiéramos, ni siquiera especular, que los altos mandos de seguridad pública jugaron a que las condiciones de inseguridad en ese penal crecieran aún más, para, luego, ya con la crisis en curso, achacarle al gobierno panista de Chihuahua toda la responsabilidad.

¡Híjole!

¡Qué más quisiéramos que no fuera cierta la premisa aquella de que en política las coincidencias no existen!

Y menos si se toma en cuenta que la información del hackeo la difundió el periódico capitalino Reforma, al que, un día y otro también, el presidente lo declara uno de sus principales adversarios.

“Ignoró Gral. Bucio alertas de fuga en penal de Chihuahua”, cabeceó el periódico de marras el miércoles pasado. 

“El nuevo subsecretario de Seguridad Pública (que sustituye a Ricardo Mejía Verdeja, de negro historial en Chihuahua, a causa del conflicto del agua de las presas en 2020), Luis Rodríguez Bucio, fue alertado entre abril y mayo de 2022, cuando encabezaba la Guardia Nacional, sobre la crisis en el sistema carcelario de Chihuahua y la amenaza de un posible rescate violento de reos en el penal 3 de Ciudad Juárez.

“Tres oficios del Gobierno de Chihuahua, obtenidos por Guacamaya Leaks, y de los cuales al menos dos fueron dirigidos al General Rodríguez Bucio, evidencian que la Federación sabía de las condiciones precarias de los penales estatales y la necesidad de trasladar a reos peligrosos, antes de que ocurriera la fuga del pasado 1 de enero”. (Nota de redacción, Grupo Reforma, 18/I/23).

Los tres documentos fueron firmados por Luis Alfonso Harris, ex director general del sistema penitenciario estatal, quien fue cesado el 11 de enero, tras la fuga violenta de 30 reos del Centro de Readaptación Social Número 3 en Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 17 muertos.

El 1 de abril de 2022, Harris envió el Oficio FGEPYRS/1756/2022 al Comisionado del Órgano de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad federal, José Ángel Ávila, mediante el cual realizó una solicitud "extra urgente" para trasladar a casi 300 reos a penales federales.

Harris proporcionó información específica sobre cada uno de esos internos, como grupo delictivo, delitos y situación procesal, y reportó que implicaban un riesgo para la integridad física y la gobernabilidad de los penales de Chihuahua, de acuerdo con los documentos de Guacamaya Leaks.

"Presentan problemas con la figura de autoridad, buscando burlar la seguridad del centro penitenciario en el que se encuentran y así poder ingresar objetos y sustancias prohibidas. Además, han sido identificados líderes de grupos criminales y/o pandillas", detalló.

El 8 de abril, Harris envió al General Rodríguez Bucio un oficio, en seguimiento a otro fechado el 6 de abril, en el cual agregaba otros datos que sustentaban el traslado “extraurgente” de varios reos e insistía en que tenían detectada “la presencia de procesados y sentenciados que mantienen vínculos con organizaciones de la delincuencia como el Cártel de Sinaloa, La Empresa, Aztecas, Mexicles, La Línea, Los Paisas, Sureños y Artistas Asesinos”.

Entre ellos estaba Ernesto Piñón De la Cruz.

Escribía Harris: ”Su permanencia en los Centros Penitenciarios de esta entidad implica un riesgo para la seguridad física de los mismos y, por ende, se ve vulnerada la paz, seguridad y gobernabilidad de los centros penitenciarios del Estado de Chihuahua”.

Lo sorprendente es que, con todos esos antecedentes, las autoridades estatales no hubiesen hecho las aclaraciones debidas ante las afirmaciones del Secretario de la Defensa y despidiesen al jefe de los penales -Harris- cuando éste sí hizo la tarea que le correspondía, por lo menos en cuanto a las peticiones, pero con una muy obscura conducta en la existencia de los privilegios y artículos ilegales encontrados en las celdas en las que estaba recluido El Neto.

Y este es otro tema por demás criticable y lamentable, por mucha que haya sido la peligrosidad de este delincuente.

Días atrás, la artera ejecución de dos jóvenes jimenenses, a manos y armas de elementos de la Guardia Nacional, desató una muy extendida crítica hacia los uniformados.

A su vez, por las evidencias conocidas recientemente, aparentemente El Neto fue ajusticiado en la caja de una camioneta de la policía estatal cuando ya se encontraba detenido, herido y esposado.

El balazo en la nuca del detenido es incompatible con la versión oficial de que lo trasladaban a un hospital y/o a las instalaciones de la corporación juarense. Si el balazo en la nuca lo recibió poco antes, o poco después del choque de su vehículo, entonces lo más seguro es que los uniformados lo encontraron muerto ¿Para qué subir el cadáver a la caja de su vehículo?

Las respuestas son obvias, también la previsible ilegalidad.

Habrá gente que justifique tal ejecución, el problema es que la sociedad no puede dejar al criterio de funcionarios públicos que no están capacitados para determinar en qué casos sí es permisible y en otros no y, lo peor, es que no tienen facultades legales para hacerlo.

Baste decir que nadie está facultado para hacerlo, está prohibido, nadie puede asesinar a una persona y menos alegar que fue en el desempeño de sus funciones.

De lo contrario ¿Quién cerrará la puerta?

Para ello, la autoridad ministerial deberá efectuar las indagatorias pertinentes que revelen el origen de las heridas, el arma ejecutora, las condiciones en que recibió ese disparo y el autor, para exculparlo o, por el contrario, procesarlo.

Esa es solamente una de las tareas a las que deberá enfrentar el nuevo fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.

No está fácil, menos si se toma en cuenta lo que aquí pareciera evidenciarse: La real incoordinación entre los mandos estatales y los federales, según muestran los archivos de Guacamaya, y el número de homicidios ocurridos en Chihuahua en la gestión de López Obrador, “8 mil 321, lo que ubica a la entidad en el cuarto lugar a nivel nacional”. (Nota de Miguel Ángel Silva/Alejandra Chávez, El Diario, 21/I/23).

De ellos, “durante 2022 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnps) contabilizó en el territorio estatal mil 655 asesinatos”. (Nota de Miguel Ángel Silva/ El Diario, El Diario de Chihuahua, 21/I/23).

Las cifras aportadas por esa dependencia demuestran, a pesar del elevado número de homicidios, una sostenida tendencia a la baja: 

“En 2021, el Sesnsp reportó un total de 2 mil 059 homicidios; en 2020 fueron 2 mil 296; en 2019 se registraron 2 mil 179 y en diciembre de 2018 hubo 132”. (Ibídem).

Hay más, la diferencia entre las cifras proporcionadas por la instancia federal y la estatal es de mil 638 homicidios dolosos más en la segunda que en la primera.

Cierto, los homicidios son del orden común, pero ante la fortaleza del crimen organizado, de cuyas actividades se generan la mayoría de los homicidios, la concurrencia de los esfuerzos de la instancia federal y la estatal podría ser uno de los principales factores para enfrentar la ola homicida, por ello, las filtraciones son de la más elevada preocupación.

¿Podrán actuar coordinadamente?

Las filtraciones de los Guacamaya no hacen más que ponerlos frente al espejo.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Se atrinchera

El Diario, 19 de enero de 2023

 Luis Javier Valero Flores 

   Guardarse, protegerse, mantenerse en una posición o en una actitud con tenacidad exagerada: RAE

En lo que fue el primer gran reacomodo del equipo de la gobernadora Maru Campos se advierten dos grandes rasgos -además de los que se le pudieran añadir a movimientos tan importantes en el gabinete del Gobierno de Chihuahua-, a saber: Primero, el reconocimiento implícito de fallas cometidas en el tiempo de su gestión y, segundo, el acuerpamiento con los de mayor confianza.

Maru recurrió a rodearse, en el mayor número de puestos, de los más importantes, por quienes se han desempeñado con ella en la función pública, o electoral, en los años recientes, entre ellos por Mario Vázquez, a quien se le había ubicado en el no menos importante cargo, en el Congreso del Estado y a Carla Rivas, ahora diputada local con licencia, quien se había mantenido en las cercanías o en las entrañas del equipo gobernante.

No es el caso de Santiago de la Peña, cuya cercanía con Campos es por otras razones, más del ámbito personal, pero igualmente destacables, en función de la confianza existente entre ellos.

Destacan dos movimientos a cual más de importantes. 

Por un lado, la remoción del fiscal Roberto Fierro y el nombramiento en su lugar de uno de los dos más destacados operadores políticos del equipo gobernante, César Jáuregui, lo que generó la llegada al grupo maruquista de quien se había desempeñado eficientemente como secretario del ayuntamiento capitalino, Santiago de la Peña, con lo que se coloca, en un santiamén, en el escalón más alto de su carrera curricular en la función pública.

No sin razón se le podría ubicar, desde ya, como una de las cartas que tendría a la mano la simbiosis local del PAN-PRI en la sucesión del 2027, ya que, contando con un añejo pedigree, de los militantes del viejo partido, del viejo régimen, que mejor se ha acoplado a los nuevos tiempos en los que el blanquiazul se ha convertido en el partido más importante de la oposición en el país y en los momentos en los que, prácticamente todo, en el mundo de la política, tienen que ver con la sucesión presidencial del ’24.

Si bien ya teníamos en el tablero serios antecedentes, en la actual administración, de que las cosas en seguridad pública no funcionaban bien -por segundo año consecutivo en el 6o. lugar nacional en el número de homicidios y en el tercero o cuarto en la tasa por cada 100 mil habitantes- el motín fuga del penal 3 de Juárez en la alborada del año, hacía insostenible la estancia de Roberto Fierro en la fiscalía.

Agréguese el asesinato de los sacerdotes jesuitas y del guía turístico en Cerocahui.

La olla de corrupción de esa cárcel era incompatible con la permanencia, no sólo de Fierro, sino de prácticamente todos los mandos de la fiscalía estatal en Juárez. 

Su permanencia era, a pesar de los hallazgos dados a conocer por el periódico capitalino Reforma, a partir del estudio de los documentos difundidos por los Guacamaya Leaks, en los que se demuestra que la fiscalía chihuahuense solicitó a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (del ámbito federal), muy temprano en 2022, el traslado de 300 reos federales de elevada peligrosidad, a otros penales con mejores niveles de seguridad, el incremento constante en los índices homicidas justificaban la puesta en marcha de mecanismos que deberían incluir la remoción de Fierro.

Queda en el aire la idoneidad de Jáuregui en ese puesto, no obstante su larga experiencia en el “manejo” de las crisis y problemas a los que debió enfrentarse en su larga experiencia como secretario de los tres ayuntamientos más importantes de la entidad, Juárez, Delicias y Chihuahua.

Deberá desplegar toda su experiencia y capacidad para enfrentar uno de los flagelos más serios a los que se han enfrentado los gobernantes chihuahuenses de las últimas dos décadas, la inseguridad, en una tarea en la que los gobernantes de Chihuahua están en franca desventaja, no sólo en materia de equipamiento, número de elementos, logística, inteligencia, pero, sobre todo, por la ausencia de una real coordinación con el gobierno federal, de lo que ha adolecido la entidad pues, por una razón o por otra, los sucesivos gobiernos de la república no se han coordinado con los estatales, o al revés, que también ha ocurrido, y no tan infrecuentemente como se deseara.

Y como ocurre en casi todos los equipos gobernantes, quienes llegan a los puestos arriban con escasa experiencia en ellos; podrán, como en el pasado, en el régimen del “partido casi único”, en el que, por virtud de la designación del titular del Poder Ejecutivo en turno, los “agraciados” cumplían con todos los requerimientos que el cargo exigía.

A lo mejor eso ocurre en todas las democracias del mundo y algunos estemos apostando a algo simplemente irrealizable.

El domingo volvemos a lo que ha sido materia frecuente, los problemas de la seguridad pública en Chihuahua, ahora agravados.

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De cárceles, corruptelas e ineptitudes

El Diario, 15 de enero de 2023

Luis Javier Valero Flores 

La cloaca del penal 3 de Juárez, destapada a partir de la fuga de “Neto” y otros reos, pareciera no tener fondo, ni sólo antecedente inmediato, en cuya génesis no podrá quedar, ni mando carcelario, ni gobernante local a salvo.

Lo peor, que sólo es el reflejo de la crisis de inseguridad por la que atravesamos y en la que la crisis carcelaria es, solamente, una parte.

Ante crisis tan profunda, a la Guardia Nacional (GN) ni siquiera podría catalogársele como insuficiente; a estas alturas de la actual administración podríamos asentar que ha sido absolutamente incapaz en las tareas para las que fue diseñada.

Ni ha combatido eficazmente la delincuencia, ni ha contribuido a la disminución de los índices delictivos, ni se ha convertido en la sólida y capaz policía federal necesaria para el país.

La última evidencia de la carencia de un proyecto de seguridad pública, viable, certero, de largo plazo del gobierno de López Obrador, es la decisión de enviar a 6 mil elementos de la GN a cuidar el Metro de la CdMx ¡Casi el triple de soldados asignados al estado de Chihuahua!

La capital del país, al igual que Chihuahua, se ha ubicado dentro del grupo de las 10 entidades con el mayor número de homicidios, sin embargo, con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los homicidios cometidos entre enero y septiembre del 2022, en tanto que en Chihuahua ascendían a 1 mil 508, en la CdMx habían asesinado a 564.

Pero allá tenían destinados 13 mil elementos de la GN, y ahora más los 6 mil del Metro, contra 2 mil 600 elementos acantonados en Chihuahua, con lo que la CDMx contará con casi 7 veces más soldados allá, con apenas poco más de la tercera parte de los muertos de acá!

Suponiendo que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tuviese razón en su afirmación de que “han sucedido cosas muy extrañas” en los cada vez más frecuentes “incidentes” en el Metro, de muy poco servirá apostar a miles de elementos ahí y no efectuar una adecuada, científica y sustentada investigación para confirmar el dicho de la gobernante.

¿Porqué no desplegar a los de la GN en combatir los cientos de asaltos al transporte urbano de la zona conurbada de la CdMx y el Edomex a esa tarea, más acorde a los objetivos de la corporación?

Hay otro aspecto de la seguridad pública, competencia tanto del  orden federal, como del estatal, el de las cárceles, epicentro de un gran número de los delitos que se cometen a diario nacionalmente.

El penal 3 de Juárez es uno de ellos, pero solamente uno, probablemente uno de los emblemáticos -a lo largo de varios años y bajo la administración de gobernantes emanados de los tres partidos que mayormente han ejercido el poder en los tres niveles de gobierno, PRI, PAN y Morena- y cuyos constantes escándalos, generados por los frecuentes episodios de extrema violencia ahí presentados.

La crisis carcelaria en el país se ha recrudecido en el actual sexenio: “Al menos seis fugas de reos han ocurrido en penales estatales; un centenar de delincuentes han huido. Además, se ha registrado el asesinato de 36 custodios e internos… el registro de hechos violentos en diferentes penales del país incluye 26 motines con incendio de mobiliario, instalaciones y enfrentamientos sangrientos entre bandas antagónicas del crimen organizado”. (Nota de Benito Jiménez y Antonio Baranda/Agencia Reforma, 04 enero 2023).

En todos los casos ha sido igual, -como en el penal de Juárez- luego de los hechos violentos, de las fugas y enfrentamientos, las autoridades investigan, buscan y encuentran cosas parecidas, infinidad de armas cortas y largas, drogas, dinero en efectivo, celulares y celdas acondicionadas con mobiliarios especial y televisores.

Pero hay factores atribuibles a las autoridades. Entre 2015 y 2018, mientras se implementaba el nuevo sistema penal acusatorio, “el número de personas privadas de la libertad pasó de 247 mil 488 a 197 mil 988. Al mismo tiempo, los espacios disponibles pasaron de 208 mil 905 a 217 mil 580 (bit.ly/3vy3VJs)”. (Idem).

Eso cambió con la llegada de las reformas punitivistas. 

A partir de 2019 la población penitenciaria nacional pasó de 197 mil 988 a 226 mil 916. “Pero no hubo en paralelo un crecimiento de los espacios: para mediados de 2022, había un poco menos (217 mil129) que los disponibles a finales de 2018 (217 mil 580)”. (Idem).

Algo semejante ocurrió en el penal de Juarez. El número de espacios aumentó 3.7% entre noviembre de 2018 y noviembre de 2022. Pero en el mismo periodo, el número de internos creció 24.7%.

Además, descontando el efecto inflacionario, el presupuesto ejercido en los centros penitenciarios estatales disminuyó 4.7% entre 2018 y 2021, al mismo tiempo que las aportaciones federales a los estados, para el fortalecimiento del sistema penitenciario, cayeron 11.9% en términos reales entre 2018 y 2022.

¿Estábamos bien en esta materia antes de AMLO? No, pero cuatro años después, el sistema sigue sin reformarse y ahora con una sobrepoblación creciente y recursos presupuestales a la baja.

Además, la corrupción carcelaria se mantiene, o es peor.

Por todo lo anterior, importa detenerse en el caso del penal juarense. En él Ernesto Piñón de la Cruz “El Neto” ingresó en 2009, cuando era municipal. A partir del 2011 pasa al estado, bajo Duarte.

De acuerdo con distintas informaciones, en 2014 recibió una certificación de la Asociación Americana de Correccionales y se tomó la decisión de concentrar en este penal a secuestradores, extorsionadores y multihomicidas.

Luego, el gobierno de Javier Corral regresó a sus lugares de origen a secuestradores, extorsionadores y multihomicidas, entre ellos a “El Neto” y en 2020 cerraron el penal federal No. 9, con lo que enviaron a los reos al CERESO Estatal No. 3 de Juárez.

Una fuente de la revista Proceso, al que identifica como un “abogado, que participa en las corporaciones de seguridad pública en al menos dos niveles de gobierno”, y que actualmente trabaja para el gobierno federal, afirma, lo que ya ha sido corroborado por las autoridades, luego de la fuga de El Neto, que “por la aduana del Cereso entran todo tipo de armas, aparatos electrónicos, teléfonos, tabletas, laptops y todo tipo de radiocomunicación, todo tipo de drogas y alcohol”.

A su juicio, asevera, “el error de la fuga de El Neto, es que el gobierno del estado no emitió de inmediato una ficha de captura con datos generales y fotografías de los presos fugados”, eso, dijo, “es inadmisible y evidencia complicidad el hecho de que la primera ficha se emitiera a las corporaciones de seguridad en la ciudad y el estado 10 horas después de que terminara el motín”.

Hasta el 5 de enero se dio la lista definitiva con un margen de error de más/menos 10 internos. "Esto es inadmisible en cualquier gobierno!”.

Otra pifia es que hasta las 5 de la tarde del 5 de enero no se había notificado a las autoridades de Estados Unidos.

“Estos testimonios echan por tierra el gran hallazgo del que presumió el general Sandoval de las celdas VIP. Por el contrario, exhiben la indolencia de las corporaciones, como la Sedena, Guardia Nacional, y de la gobernadora Maru Campos, que ignoraron lo que durante décadas ha madurado en el penal… De hecho fue la segunda tentativa de fuga del Neto. Ya lo había intentado en agosto de 2021. Aun así, la Sedena no desactivó su célula en el exterior del penal, ni al interior lo hizo la gobernadora”. (Nota de Patricia Dávila, Proceso 2410, 8/I/23).

Desalienta saber que a pesar de la realización de infinidad de reuniones de seguridad, con la presencia de los mandos y representantes de todas las corporaciones y niveles de los gobiernos federal y estatal, no hubiesen considerado como un asunto prioritario desactivar a las células criminales existentes en los penales estatales, en los que evidentemente también tiene responsabilidad el gobierno federal.

DOLOROSAS OMISIONES.- En la colaboración del pasado jueves, al hacer el recuento de las víctimas fatales, caídas bajo el fuego de elementos de la GN en Chihuahua, no incluí el asesinato del joven Juan Carlos Medina, quien fue acribillado al cruzar el puente fronterizo con El Paso.

Por otra parte, el General jefe de la GN en el estado, Víctor Fernández Mondragón, ha insistido ante sus superiores que los jóvenes  jimenenses acribillados dispararon antes. No hay pruebas de eso, lo que hay es la evidencia gráfica de que el tercer ocupante de la camioneta corrió y que, por lo menos uno de la GN, le disparó cuando se encontraba de espaldas. 

¿Con base en qué ordenamiento legal, reglamentario, de protocolo, disuasivo, o de grave riesgo le disparó? 

Lo hizo porque no están capacitados como policías, que ante una situación extrema actúan como soldados y, éstos, lo que hacen es eliminar al “adversario”.

Eso hicieron.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

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Van tres

El Diario, 12 de enero de 2023

Luis Javier Valero Flores 

Con una cada vez mayor frecuencia los episodios en los que los elementos de la Guardia Nacional reaccionan de acuerdo con los parámetros militares aumentan.

Luego de casi 4 años de haber sido creada para sustituir a la antigua Policía Federal, para convertirse en la policía “confiable”, que el país necesitaba, según las palabras del presidente López Obrador, con las que argumentó su creación, lo que hoy vemos es que de la capacitación policiaca que se les daría a los integrantes de la nueva agrupación no hay ni asomo.

No sólo por la increíble lentitud con la que se capacitan a los integrantes, se supone que solamente un poco más del 20% del total la han recibido, sino por los hechos.

De lo anterior da cuenta el episodio sucedido el 1 de enero en las inmediaciones de Jiménez, en el cual fueron abatidos dos jóvenes por elementos de la Guardia Nacional.

Con ellos, el número de chihuahuenses abatidos en confusas situaciones asciende a tres. 

Todos recibieron los disparos terminales completamente inermes. 

En el último de los eventos, con una saña difícil de aceptar en cualquier persona, mucho menos cuando quienes la utilizan son elementos de las agrupaciones encargadas de velar por el respeto a la ley.

Pueden argüirse infinidad de cosas, pero el asunto debió ser de la competencia inmediata de la Fiscal General del Estado, debido a que fueron dos homicidios, que como todos son del orden común, pero que al ser los presuntos responsables, integrantes de una corporación federal y, además, por utilizar armas reservadas al uso de las fuerzas militares, este asunto debería ser de la competencia del ámbito federal y en este momento del proceso, de ninguna manera de la Guardia Nacional, sino de la Fiscalía General de la República.

Las muertes de Mauro Miguel R. S., de 24 años y de Luis Fernando M. B., de 20 años, ambos con domicilio en Jiménez, se suman a la de Jessica Silva, caída bajo las balas de la Guardia Nacional, luego del enfrentamiento entre agricultores y la corporación cuasi militar en la Guerra de La Boquilla del 2020.

En ambos eventos hay un patrón: Los elementos de la GN no recurrieron a la disuasión, como es su obligación; al contrario, obraron como lo hacen todas las corporaciones militares, utilizando el máximo de sus recursos para ABATIR al presunto responsable de los supuestos delitos que han esgrimido en los dos incidentes.

El sucedido en las inmediaciones de Jiménez es absolutamente inaceptable.

Aceptando la versión de la GN, consistente en que los jóvenes no se detuvieron en el retén instalado y que al huir dispararon en contra de los militares, lo que obligó a estos a repeler el ataque y luego de algunos kilómetros por la carretera con rumbo a Torreón, los disparos de los mílites causaron que el chofer de la camioneta se saliera de la carretera y se detuviera -en ese momento, un tercer ocupante de la misma la abandona y huye-, pero una vez detenido el vehículo de los jóvenes fueron sometidos a una salvaje, brutal, desmedida descarga de proyectiles de los militares.

Si así fueron los hechos, si los jóvenes huían de un retén -seguramente temerosos de ser detenidos pues según la versión oficial el vehículo había sido robado en 2021- y pudieron haber disparado ¿Porqué no perseguirlos y efectuar disparos disuasivos, como lo hacen todas las corporaciones policiacas respetuosas de los protocolos policiacos y luego detenerlos?

La conducta de los militares -al lanzar decenas de disparos, en la idea de que nadie quedara vivo después ellas- despierta todas las suspicacias del mundo ¿Acaso no deseaban que los jóvenes dieran su versión de los hechos y que se informara de la evidente conducta ilícita de los uniformados?

¿O, por otro lado, que pudieran develar algunas de las explicaciones del porqué esa zona de la entidad -el tramo Jiménez a Parral- ha sido permanentemente, en los últimos 10 años, escenario de cruentos enfrentamientos?

A los hechos se suma un factor más, la extremada, airada respuesta de la población, que haciéndose eco de los familiares, afirman que en la camioneta abatida no se encontraron ni armas ni droga. Lo que corrobora uno de los militares en uno de los videos profusamente difundidos: “No traían nada, güey”, al dirigirse a uno de sus compañeros.

Aparentemente los asesinados carecían de antecedentes penales.

Ya poco importa, en las cuentas de la GN en Chihuahua son 3 sus víctimas fatales, en condiciones de una franca ilegalidad.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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