El Diario, 28 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Apenas el domingo anterior lo escribíamos aquí: “Si faltara un elemento para reafirmar la percepción descrita líneas arriba, la renuncia, separación del cargo, o vacaciones del titular de la CIPOL, no hizo más que evidenciar el vacío que muchos ciudadanos perciben en el actual relevo gubernamental.
A cualquier circunstancia que obedezca la separación de Saúl Hernández de su cargo, en tanto la nueva estructura aprobada por el Congreso del Estado no se pusiera en marcha, pone en más grave riesgo la endeble seguridad pública existente en la entidad y muestra la necesidad de instalar nuevos esquemas institucionales para el relevo de las actividades centrales de la administración estatal. De ahí la preocupación acerca del vacío legal que norme el proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales y estatales. Y no solamente en lo referente a la documentación, sino a aspectos más importantes, como el de la seguridad pública, el financiero, protección civil y los relacionados con la seguridad social y la atención médica”.
Nos quedamos cortos ante los hechos de la madrugada del lunes en la ciudad de Chihuahua, cuando un grupo de hombres armados fue capaz de entrar por la puerta principal del complejo de instalaciones de la seguridad pública, comúnmente denominado como C-4, y disfrazados de elementos de la CIPOL robar decenas de armas largas.
El robo de armas largas no es lo único importante, sino el impresionante mensaje que le envían, no solamente a las autoridades, sino a la sociedad. Ante un hecho de tal naturaleza no es difícil llegar a la conclusión que El Diario había descrito en el memorable editorial del 19 de septiembre, –las “autoridades de facto” les llamó a los grupos criminales– y que ahora, tal parece, esa denominación debiera extenderse al resto de la entidad pues, que un grupo criminal realice tan escenográfica acción, precisamente en los actuales momentos en los que la seguridad pública, y más en el caso de instalaciones como las del C-4, debiera estar en alerta máxima, ilustra los grados de control del crimen organizado sobre las agrupaciones policiacas, mayores que los ejercidos por la autoridad legítima y legalmente constituida.
El hecho de que no ocurra así denota las enormes fallas estructurales de la seguridad pública, de verdadero escándalo y que viene a poner, nuevamente en boca de la opinión pública nacional –e internacional– a la entidad, ubicándola como la lideresa en hechos de esta índole, demostrativos de la enorme incapacidad, ya no sólo de los gobernantes locales, sino del conjunto del Estado mexicano, para combatir a la delincuencia, verdaderamente organizada.
Porque deberán señalarse las monumentales fallas de las autoridades estatales, incapaces de ofrecerle seguridad ¡Ni siquiera a las instalaciones de seguridad pública Pero también la falta de voluntad, de todo tipo, no solamente política, para que las agrupaciones estatales y federales logren acuerdos y actúen coordinadamente.
El asalto al C-4 muestra rampantemente que eso de la Operación Coordinada, u operación conjunta es sólo una ilusión. Por desgracia, errores de esa magnitud se miden en vidas y patrimonios familiares y sociales perdidos. De nada valdrá que, hoy mismo, en esta edición ya leamos las tronantes declaraciones de los actores políticos, achacándose unos a otros las responsabilidades.
No debemos ir muy lejos por las respuestas correctas, todos ellos son corresponsables. No han sido capaces de asumirse como hombres de Estado para entender que pueden tener mil discrepancias (que, para los fines generales, priístas y panistas mantienen programas semejantes y desde el punto de vista económico y social son pocas, muy pocas las diferencias entre ellos) y enfrentar con una estrategia adecuada la difícil situación por la que atravesamos.
Solo recordemos, para ubicar tales semejanzas, que años atrás se les escapó Crispín Borunda, en un traslado para recibir atención médica. Coincidentemente, ese día, al contrario de los otros traslados, los agentes de la CIPOL no contaron con el apoyo de fuerzas militares.
En la madrugada de ayer tampoco había resguardo militar en el C-4 ¿Por qué?
martes, 28 de septiembre de 2010
domingo, 26 de septiembre de 2010
De julio a octubre son muchos meses
El Diario, 26 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Vaya nuestro pésame a los familiares, amigos y compañeros de David Reyes Castro, prominente asesor de, prácticamente, todos los últimos gobernantes chihuahuenses emanados del PRI.
Los Tigres del Norte lo cantaron, hace ya muchos años, en uno de sus corridos más críticos (Al filo del reloj, canción integrante de uno de sus mejores álbumes, Corridos prohibidos –1989–), y quizá más “políticos”. En otro contexto, y refiriéndose al ambiente político de aquella época, la de cuando el PRI era el partido todopoderoso, deploraban el enorme lapso entre el último informe del presidente saliente y la toma de posesión del nuevo mandatario:
¿Cuántas horas tiene un año?
¿Y cuántas un sexenio?
De septiembre hasta diciembre
Las cuentas se pasan haciendo
Y ahí empiezan a olvidarse que
Son empleados del pueblo
No es ese el sentido de la presente reflexión, sino en el del sentido más amplio, referente a todo el quehacer gubernamental en períodos como el actual, cuando una administración termina y otra inicia.
En aquellos años –cuando el priismo gobernaba– entre octubre y diciembre del año anterior, y cuando ya el candidato presidencial del PRI viajaba por el país –en campaña, se decía– el presidente saliente designaba a un nuevo secretario de Hacienda. Se entendía que ese nombramiento se hacía de común acuerdo con el cuasi-presidente para evitar que el relevo significara un entorpecimiento de las tareas propias de esta dependencia y, sobre todo, para enviar a los inversionistas el mensaje de que se mantenía el control sobre todos los aspectos relacionados con las finanzas públicas y las variables financieras.
Durante muchos años pensamos que tales calendarios no eran tomados en cuenta por las bandas del crimen organizado. Quizá lo que ahora acontece en Chihuahua sea producto, no de ese espacio en el que las autoridades salientes dejan de tener el control (así sea subjetivamente) y las entrantes aún no lo toman, sino de la propia dinámica de tales grupos, en sus propósitos criminales y en la guerra que sostienen entre sí, y esa, vaya que sí es una auténtica conflagración bélica.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que en los más recientes meses la matazón se incrementó notablemente en la capital del estado, hasta llevarla a padecer, por lo menos hasta el mes de julio, una tasa de homicidios muy cercana a la de Juárez, y que después de esa fecha probablemente se haya incrementado, posiblemente al parejo de esta última urbe que, por lo demás, ha visto incrementarse dicha tasa a los más altos índices de su historia.
Así, si bien las ejecuciones en Juárez mantenían una tasa creciente durante los primeros seis meses, de tal modo que superarían las efectuadas el año anterior, a partir de julio la tragedia se ha incrementado grandemente en las dos principales urbes chihuahuenses.
Si faltara un elemento para reafirmar la percepción descrita líneas arriba, la renuncia, separación del cargo, o vacaciones del titular de la CIPOL no hizo más que evidenciar el vacío que muchos ciudadanos perciben en el actual relevo gubernamental.
A cualquier circunstancia que obedezca la separación de Saúl Hernández de su cargo, en tanto la nueva estructura aprobada por el Congreso del Estado no se pusiera en marcha, pone en más grave riesgo la endeble seguridad pública existente en la entidad y muestra la necesidad de instalar nuevos esquemas institucionales para el relevo de las actividades centrales de la administración estatal.
Más en las condiciones actuales, en las que la situación empieza a mostrar el enorme hartazgo de la sociedad ante la inoperancia de las instancias gubernamentales y que ha llevado a no pocos ciudadanos a la desesperación y a muchos más a la conclusión, dicen, de imitar lo que los ciudadanos de Ascensión realizaron para detener, y luego linchar, a dos de ocho secuestradores que habían asolado aquella región; o de los ciudadanos que han logrado enfrentar, con resultados exitosos para ellos, y funestos para los delincuentes, al victimar a sus asaltantes.
Ese es el camino, casi gritan, cientos, miles de ciudadanos hastiados de la incontenible ola delictiva, desatada a partir del recrudecimiento del enfrentamiento de las bandas criminales que se disputan la hegemonía en el territorio chihuahuense.
Importa reflexionar sobre la pertinencia de tal modo de afrontar a la delincuencia. Parte esencial lo constituye, no podía ser de otra manera, las características propias de aquella población, cuya acción se ha llegado al grado de calificar como propia de una rebelión.
Fue fruto de la desesperación, no de una respuesta organizada, pensada, ni trazada para que fuera de ese talante; más bien, como sucede en casi todos esos casos, en los que aún existe un entramado social muy sólido, derivado de vínculos familiares y sociales muy cercanos.
Más aún, la acción de los habitantes de Ascensión, a pesar de todo, se posibilitó por la presencia de los contingentes del Ejército y la Policía Federal (los mismos que, sostuvieron, más en el caso del último agrupamiento, protegía a los delincuentes) pues de la crónica de los hechos se desprende que los delincuentes volcaron al verse perseguidos por los militares.
Pero más allá de tales circunstancias, la detención de los secuestradores de Ascensión sólo vino a reafirmar las evidencias del hartazgo prevaleciente en la mayoría de los chihuahuenses, muestra del cual lo constituyó el editorial de El Diario del domingo anterior –¿Qué quieren de nosotros?– que se constituyó, caso inédito en nuestro entorno, en la nota principal de infinidad de medios de comunicación del mundo entero y que vino a confirmar la enorme incapacidad de los gobernantes mexicanos, de todos los niveles, para afrontar tan difícil circunstancia.
Fue de tal magnitud la denuncia ofrecida por ese editorial, y la consiguiente crítica, sobre todo al gobierno federal, principal responsable de la seguridad pública y de la seguridad nacional, que no se nos olvide, que la respuesta a tal postura del periódico debe mover a honda, muy honda preocupación.
Sí, porque que alguien intentara engañar a los directivos del periódico, simulando ser el dirigente nacional del PAN, César Nava, para hacer declaraciones tan desproporcionadas como las de que le había propuesto a Calderón pactar con el crimen organizado, no se circunscribe solamente a imitar el tono de voz de Nava, sino, sobre todo, a discurrir ideas de tal modo que haga creíble la imitación.
¿Quién, quienes están en esas condiciones? Da pavor imaginar quienes puedan ser los autores de tal engaño y que, por fortuna, El Diario, rápidamente, reconoció ser víctima de uno de tales proporciones.
Y encima de lo anterior, el relevo gubernamental, que ofrece infinidad de aportaciones a la picaresca nacional, de la cual son casi exclusivos aportadores los políticos, como el enfrentamiento de la mayoría de regidores priístas con el alcalde ¡priísta Reyes Ferriz y la terquedad de éste en poner en marcha un programa de transporte urbano; o el tumulto formado días atrás en las oficinas del municipio de la capital, de ciudadanos en busca de su despensa, y la rampante declaración de los funcionarios responsables de tal programa que culminaría en el mes de septiembre, y la prisa por aprobar el inicio de infinidad de obras municipales. Todo ello a quince días de dejar sus cargos.
De ahí la preocupación acerca del vacío legal que norme el proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales y estatales. Y no solamente en lo referente a la documentación, sino a aspectos más importantes, como el de la seguridad pública, el financiero, protección civil y los relacionados con la seguridad social y la atención médica.
En esos rubros debiera haber una especie de entrega “adelantada”, es decir, que el mandatario saliente removiera a los titulares de dependencias como la Procuraduría, (en adelante la Fiscalía General), Finanzas, Salud, Protección Civil y Obras Públicas, y que nombrara a quienes ya designara el mandatario triunfador de las elecciones, con lo que urgiría una modificación a la legislación electoral a fin de adelantar los plazos en que los tribunales de ese ámbito deban resolver las querellas y permitir, por tanto, el relevo gubernamental en mejores condiciones que las actuales.
Luis Javier Valero Flores
Vaya nuestro pésame a los familiares, amigos y compañeros de David Reyes Castro, prominente asesor de, prácticamente, todos los últimos gobernantes chihuahuenses emanados del PRI.
Los Tigres del Norte lo cantaron, hace ya muchos años, en uno de sus corridos más críticos (Al filo del reloj, canción integrante de uno de sus mejores álbumes, Corridos prohibidos –1989–), y quizá más “políticos”. En otro contexto, y refiriéndose al ambiente político de aquella época, la de cuando el PRI era el partido todopoderoso, deploraban el enorme lapso entre el último informe del presidente saliente y la toma de posesión del nuevo mandatario:
¿Cuántas horas tiene un año?
¿Y cuántas un sexenio?
De septiembre hasta diciembre
Las cuentas se pasan haciendo
Y ahí empiezan a olvidarse que
Son empleados del pueblo
No es ese el sentido de la presente reflexión, sino en el del sentido más amplio, referente a todo el quehacer gubernamental en períodos como el actual, cuando una administración termina y otra inicia.
En aquellos años –cuando el priismo gobernaba– entre octubre y diciembre del año anterior, y cuando ya el candidato presidencial del PRI viajaba por el país –en campaña, se decía– el presidente saliente designaba a un nuevo secretario de Hacienda. Se entendía que ese nombramiento se hacía de común acuerdo con el cuasi-presidente para evitar que el relevo significara un entorpecimiento de las tareas propias de esta dependencia y, sobre todo, para enviar a los inversionistas el mensaje de que se mantenía el control sobre todos los aspectos relacionados con las finanzas públicas y las variables financieras.
Durante muchos años pensamos que tales calendarios no eran tomados en cuenta por las bandas del crimen organizado. Quizá lo que ahora acontece en Chihuahua sea producto, no de ese espacio en el que las autoridades salientes dejan de tener el control (así sea subjetivamente) y las entrantes aún no lo toman, sino de la propia dinámica de tales grupos, en sus propósitos criminales y en la guerra que sostienen entre sí, y esa, vaya que sí es una auténtica conflagración bélica.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que en los más recientes meses la matazón se incrementó notablemente en la capital del estado, hasta llevarla a padecer, por lo menos hasta el mes de julio, una tasa de homicidios muy cercana a la de Juárez, y que después de esa fecha probablemente se haya incrementado, posiblemente al parejo de esta última urbe que, por lo demás, ha visto incrementarse dicha tasa a los más altos índices de su historia.
Así, si bien las ejecuciones en Juárez mantenían una tasa creciente durante los primeros seis meses, de tal modo que superarían las efectuadas el año anterior, a partir de julio la tragedia se ha incrementado grandemente en las dos principales urbes chihuahuenses.
Si faltara un elemento para reafirmar la percepción descrita líneas arriba, la renuncia, separación del cargo, o vacaciones del titular de la CIPOL no hizo más que evidenciar el vacío que muchos ciudadanos perciben en el actual relevo gubernamental.
A cualquier circunstancia que obedezca la separación de Saúl Hernández de su cargo, en tanto la nueva estructura aprobada por el Congreso del Estado no se pusiera en marcha, pone en más grave riesgo la endeble seguridad pública existente en la entidad y muestra la necesidad de instalar nuevos esquemas institucionales para el relevo de las actividades centrales de la administración estatal.
Más en las condiciones actuales, en las que la situación empieza a mostrar el enorme hartazgo de la sociedad ante la inoperancia de las instancias gubernamentales y que ha llevado a no pocos ciudadanos a la desesperación y a muchos más a la conclusión, dicen, de imitar lo que los ciudadanos de Ascensión realizaron para detener, y luego linchar, a dos de ocho secuestradores que habían asolado aquella región; o de los ciudadanos que han logrado enfrentar, con resultados exitosos para ellos, y funestos para los delincuentes, al victimar a sus asaltantes.
Ese es el camino, casi gritan, cientos, miles de ciudadanos hastiados de la incontenible ola delictiva, desatada a partir del recrudecimiento del enfrentamiento de las bandas criminales que se disputan la hegemonía en el territorio chihuahuense.
Importa reflexionar sobre la pertinencia de tal modo de afrontar a la delincuencia. Parte esencial lo constituye, no podía ser de otra manera, las características propias de aquella población, cuya acción se ha llegado al grado de calificar como propia de una rebelión.
Fue fruto de la desesperación, no de una respuesta organizada, pensada, ni trazada para que fuera de ese talante; más bien, como sucede en casi todos esos casos, en los que aún existe un entramado social muy sólido, derivado de vínculos familiares y sociales muy cercanos.
Más aún, la acción de los habitantes de Ascensión, a pesar de todo, se posibilitó por la presencia de los contingentes del Ejército y la Policía Federal (los mismos que, sostuvieron, más en el caso del último agrupamiento, protegía a los delincuentes) pues de la crónica de los hechos se desprende que los delincuentes volcaron al verse perseguidos por los militares.
Pero más allá de tales circunstancias, la detención de los secuestradores de Ascensión sólo vino a reafirmar las evidencias del hartazgo prevaleciente en la mayoría de los chihuahuenses, muestra del cual lo constituyó el editorial de El Diario del domingo anterior –¿Qué quieren de nosotros?– que se constituyó, caso inédito en nuestro entorno, en la nota principal de infinidad de medios de comunicación del mundo entero y que vino a confirmar la enorme incapacidad de los gobernantes mexicanos, de todos los niveles, para afrontar tan difícil circunstancia.
Fue de tal magnitud la denuncia ofrecida por ese editorial, y la consiguiente crítica, sobre todo al gobierno federal, principal responsable de la seguridad pública y de la seguridad nacional, que no se nos olvide, que la respuesta a tal postura del periódico debe mover a honda, muy honda preocupación.
Sí, porque que alguien intentara engañar a los directivos del periódico, simulando ser el dirigente nacional del PAN, César Nava, para hacer declaraciones tan desproporcionadas como las de que le había propuesto a Calderón pactar con el crimen organizado, no se circunscribe solamente a imitar el tono de voz de Nava, sino, sobre todo, a discurrir ideas de tal modo que haga creíble la imitación.
¿Quién, quienes están en esas condiciones? Da pavor imaginar quienes puedan ser los autores de tal engaño y que, por fortuna, El Diario, rápidamente, reconoció ser víctima de uno de tales proporciones.
Y encima de lo anterior, el relevo gubernamental, que ofrece infinidad de aportaciones a la picaresca nacional, de la cual son casi exclusivos aportadores los políticos, como el enfrentamiento de la mayoría de regidores priístas con el alcalde ¡priísta Reyes Ferriz y la terquedad de éste en poner en marcha un programa de transporte urbano; o el tumulto formado días atrás en las oficinas del municipio de la capital, de ciudadanos en busca de su despensa, y la rampante declaración de los funcionarios responsables de tal programa que culminaría en el mes de septiembre, y la prisa por aprobar el inicio de infinidad de obras municipales. Todo ello a quince días de dejar sus cargos.
De ahí la preocupación acerca del vacío legal que norme el proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales y estatales. Y no solamente en lo referente a la documentación, sino a aspectos más importantes, como el de la seguridad pública, el financiero, protección civil y los relacionados con la seguridad social y la atención médica.
En esos rubros debiera haber una especie de entrega “adelantada”, es decir, que el mandatario saliente removiera a los titulares de dependencias como la Procuraduría, (en adelante la Fiscalía General), Finanzas, Salud, Protección Civil y Obras Públicas, y que nombrara a quienes ya designara el mandatario triunfador de las elecciones, con lo que urgiría una modificación a la legislación electoral a fin de adelantar los plazos en que los tribunales de ese ámbito deban resolver las querellas y permitir, por tanto, el relevo gubernamental en mejores condiciones que las actuales.
jueves, 23 de septiembre de 2010
La rebelión de Ascensión
El Diario, 23 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Más dramática que el editorial de El Diario del domingo anterior, la acción de cientos de habitantes del municipio más alejado de la capital de Chihuahua mostró con extrema crudeza el hartazgo de una sociedad, extraordinariamente vejada por las bandas del crimen organizado y de la delincuencia común, que se siente indefensa, inerme y carente de autoridades legal y legítimamente constituidas que asuman una de sus principales obligaciones, la de otorgarle seguridad a sus bienes, personas y actividades.
¿Podemos festinar el linchamiento efectuado en contra de un grupo de secuestradores? Contundentemente, no. De ninguna manera, tanto por la reacción de los habitantes de Ascensión, ni por la causas de tal conducta.
El problema estriba, entre otros múltiples aspectos, en que una buena cantidad de los chihuahuenses han llegado a la conclusión que vale más armarse, enfrentar a los delincuentes, que esperar a la acción de las autoridades en la procuración de justicia.
Los mensajes son más que elocuentes, primero la emblemática masacre de Villas de Salvárcar, luego el asesinato del fotógrafo de El Diario, Luis Carlos Santiago Orozco y enseguida los editoriales de este matutino, constituyeron la cadena de señales del agotamiento de una sociedad harta de la inacción, o de la falta de inteligencia de quienes están al frente del Estado mexicano para afrontar la actual situación y, por encima de todo, la enorme corrupción de las estructuras gubernamentales.
El viernes anterior, El Diario se preguntaba, nos inquiría, cuestionaba a las autoridades, se dolía en conjunto con los chihuahuenses, de no tener a quién más recurrir, a quién reclamarle que no se le haya hecho ya. La respuesta vino de la manera más inesperada posible, del modo que muchos chihuahuenses consideraban no formaba parte de la “cultura” de estas tierras. La ofreció una comunidad pacífica por excelencia, atosigada en los últimos años por infinidad de eventos delictivos, con una creciente aparición de asesinatos, incluidas los de algunas mujeres y al que el clima de inseguridad había copado totalmente.
Como en todos los casos, el reclamo de sus habitantes llegó a niveles indecibles. Nada hicieron quienes tenían la obligación de hacerlo, ahora esa población es conocida mundialmente por uno de los hechos más lamentables posibles, el de que un pueblo harto toma la justicia en su mano y condena a la pena de muerte a unos delincuentes que, por otra parte, de acuerdo con lo informado por El Diario ayer, uno de ellos era habitante de esa población.
Doble tragedia vivió su madre, ante sus ojos murió su hijo, a quien uno de los entrevistados ubicó como un delincuente de muchos años atrás ¿Qué sociedad estaremos construyendo cuando hechos como los anteriores ocurren ahí en donde pensábamos que los valores tradicionales, de la sociedad y la familia, permanecían incólumes?
¿No será que esos valores debieron irse transformando para acoger la nueva mecánica de la sociedad actual? La modernización, la aparición de nuevos modelos de familia, la salvaje irrupción de las bandas del crimen organizado en la sociedad chihuahuense, y la desatención del Estado a sus tareas primigenias son excelente caldo de cultivo para la aparición de fenómenos como el que ahora comentamos.
Para enfrentarlos se requieren nuevas actitudes de los hombres de gobierno, una manera distinta de afrontar sus responsabilidades al frente de las instituciones públicas. Sirva de ejemplo, solamente, que mientras el mundo entero volteaba sus ojos a Chihuahua a causa de hechos tan lamentables, los nuevos legisladores locales se hundían en su burbuja y atendían un curso de aprendizaje de lo legislativo y no fueron capaces de emitir un solo pronunciamiento sobre la gravedad de la situación.
No son los únicos, sus homólogos federales se enfrascaban en dimes y diretes acerca de la congruencia democrática de Enrique Peña Nieto, y sus defensores se erigían en celosos guardianes, cuidando que ni una sola manta manchara el ropaje del que piensan puede ser su candidato. Exaltados, los diputados del PAN exigieron el respeto a su libertad de expresión. Nadie se acordó del periodista asesinado en Juárez.
Y luego se asombran del hartazgo de los de Ascensión.
Correo electrónico: aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Más dramática que el editorial de El Diario del domingo anterior, la acción de cientos de habitantes del municipio más alejado de la capital de Chihuahua mostró con extrema crudeza el hartazgo de una sociedad, extraordinariamente vejada por las bandas del crimen organizado y de la delincuencia común, que se siente indefensa, inerme y carente de autoridades legal y legítimamente constituidas que asuman una de sus principales obligaciones, la de otorgarle seguridad a sus bienes, personas y actividades.
¿Podemos festinar el linchamiento efectuado en contra de un grupo de secuestradores? Contundentemente, no. De ninguna manera, tanto por la reacción de los habitantes de Ascensión, ni por la causas de tal conducta.
El problema estriba, entre otros múltiples aspectos, en que una buena cantidad de los chihuahuenses han llegado a la conclusión que vale más armarse, enfrentar a los delincuentes, que esperar a la acción de las autoridades en la procuración de justicia.
Los mensajes son más que elocuentes, primero la emblemática masacre de Villas de Salvárcar, luego el asesinato del fotógrafo de El Diario, Luis Carlos Santiago Orozco y enseguida los editoriales de este matutino, constituyeron la cadena de señales del agotamiento de una sociedad harta de la inacción, o de la falta de inteligencia de quienes están al frente del Estado mexicano para afrontar la actual situación y, por encima de todo, la enorme corrupción de las estructuras gubernamentales.
El viernes anterior, El Diario se preguntaba, nos inquiría, cuestionaba a las autoridades, se dolía en conjunto con los chihuahuenses, de no tener a quién más recurrir, a quién reclamarle que no se le haya hecho ya. La respuesta vino de la manera más inesperada posible, del modo que muchos chihuahuenses consideraban no formaba parte de la “cultura” de estas tierras. La ofreció una comunidad pacífica por excelencia, atosigada en los últimos años por infinidad de eventos delictivos, con una creciente aparición de asesinatos, incluidas los de algunas mujeres y al que el clima de inseguridad había copado totalmente.
Como en todos los casos, el reclamo de sus habitantes llegó a niveles indecibles. Nada hicieron quienes tenían la obligación de hacerlo, ahora esa población es conocida mundialmente por uno de los hechos más lamentables posibles, el de que un pueblo harto toma la justicia en su mano y condena a la pena de muerte a unos delincuentes que, por otra parte, de acuerdo con lo informado por El Diario ayer, uno de ellos era habitante de esa población.
Doble tragedia vivió su madre, ante sus ojos murió su hijo, a quien uno de los entrevistados ubicó como un delincuente de muchos años atrás ¿Qué sociedad estaremos construyendo cuando hechos como los anteriores ocurren ahí en donde pensábamos que los valores tradicionales, de la sociedad y la familia, permanecían incólumes?
¿No será que esos valores debieron irse transformando para acoger la nueva mecánica de la sociedad actual? La modernización, la aparición de nuevos modelos de familia, la salvaje irrupción de las bandas del crimen organizado en la sociedad chihuahuense, y la desatención del Estado a sus tareas primigenias son excelente caldo de cultivo para la aparición de fenómenos como el que ahora comentamos.
Para enfrentarlos se requieren nuevas actitudes de los hombres de gobierno, una manera distinta de afrontar sus responsabilidades al frente de las instituciones públicas. Sirva de ejemplo, solamente, que mientras el mundo entero volteaba sus ojos a Chihuahua a causa de hechos tan lamentables, los nuevos legisladores locales se hundían en su burbuja y atendían un curso de aprendizaje de lo legislativo y no fueron capaces de emitir un solo pronunciamiento sobre la gravedad de la situación.
No son los únicos, sus homólogos federales se enfrascaban en dimes y diretes acerca de la congruencia democrática de Enrique Peña Nieto, y sus defensores se erigían en celosos guardianes, cuidando que ni una sola manta manchara el ropaje del que piensan puede ser su candidato. Exaltados, los diputados del PAN exigieron el respeto a su libertad de expresión. Nadie se acordó del periodista asesinado en Juárez.
Y luego se asombran del hartazgo de los de Ascensión.
Correo electrónico: aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
martes, 21 de septiembre de 2010
Contrastes
El Diario, 21 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Los hechos, acaecidos el fin de semana, mostraron, por desgracia, lo contrastante de la conducta de una buena parte de la clase política y la lacerante realidad vivida por los chihuahuenses. Mientras el mundo entero –y no es una frase– se conmovía ante el impactante editorial de El Diario, edición Juárez, del domingo –¿Qué quieren de nosotros? – la cúpula del PRI, partido mayoritario en la Cámara de Diputados, en las gubernaturas y las legislaturas estatales, líder de todas las encuestas presidenciables efectuadas en los últimos tres años, callaba ante el último asesinato emblemático ocurrido en la entidad, el del reportero gráfico de El Diario, Luis Carlos Santiago Orozco, y el agravamiento de la crisis de seguridad pública en Chihuahua.
Aún si no hubiese ocurrido tan lamentable asesinato, era políticamente correcto que instancia partidaria tan grande efectuase un serio pronunciamiento sobre la situación de Chihuahua, en lugar de ello, la presidenta Beatriz Paredes realizó un tibio, personalizado y breve pronunciamiento, en el que le expresaba su apoyo, reconocimiento y solidaridad, tanto al saliente gobernador, como al entrante.
Paredes alcanzó a decir que “el estado de Chihuahua merece el apoyo y la solidaridad de todos los mexicanos para vencer la adversidad... Reyes Baeza concluye una administración exitosa, cumplió y cumplió bien”; y al nuevo mandatario le dijo que “vamos a estar con él porque Chihuahua merece la solidaridad de todos los mexicanos para vencer la adversidad, que como bien lo ha dicho él (Duarte) es una situación que no fue creada por los chihuahuenses”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 20/9/10).
Inmersos en sus propios afanes, intereses, metas y conflictos, citados para felicitar a sus compañeros chihuahuenses, por los exitosos resultados alcanzados en las recientes elecciones, los dirigentes priístas, en la práctica, resbalaron al que ya era polémico editorial de El Diario, del viernes anterior, (¿A quién pedir justicia?) provocador de numerosos comentarios acerca de la gravedad de la situación en Juárez.
Desaprovechada la ocasión para que nos delinearan cuáles serían las líneas principales de un eventual gobierno federal, dirigido por priístas, para afrontar al crimen organizado al que El Diario le otorga, –por la omisión e incapacidad gubernamental– el carácter de “autoridades de facto en esta ciudad”, ahora sí deberán enfrentar la enorme –y bienvenida– avalancha de múltiples expresiones de apoyo y solidaridad a los chihuahuenses, y en particular a los juarenses, así como la infinidad de reclamos de la comunidad nacional e internacional.
Y es que, hasta en esas pocas frases de Paredes en relación con esta situación, mostró su preocupación, estrictamente politiquera –¡Y cómo la sufrimos por parte de priistas y panistas en la pasada campaña electoral – al afirmar, citando al gobernador electo, César Duarte, es un fenómeno que llegó de fuera.
Sí, nos llegó de fuera pero la respuesta debió ser, además de conjunta, oportuna, inteligente, integral, firme y creativa. Nada de eso ocurrió en los dos años y medio transcurridos a partir de la instrumentación de la Operación Coordinada Chihuahua, al mando de la cual, nos dijeron, estaban las autoridades civiles de nuestra entidad.
Nada de eso ocurrió, y ocurre en la todas las entidades en las que la violencia se ha abatido, la mayoría gobernada por militantes del PRI. Si ese era un fenómeno generalizado, que mereciera, por tanto, una respuesta semejante, nunca escuchamos una posición global de la dirigencia nacional priísta, que recogiera las propuestas, reclamos, quejas y soluciones propuestas por sus mandatarios estatales, antes bien lo generalizado fueron las frases en las que expresaron su apoyo a las medidas tomadas por Felipe Calderón y sólo hasta que la situación se tornó inmanejable, o la confrontación electoral llegó al extremo, escuchamos los reclamos de los priistas.
De ahí la esperanza del escribiente en escuchar de ellos, los dirigentes más importantes a nivel nacional, una postura que alentara alguna esperanza a quienes, a diario, enfrentamos las consecuencias de una guerra que, como lo dijo El Diario, no pedimos.
Luis Javier Valero Flores
Los hechos, acaecidos el fin de semana, mostraron, por desgracia, lo contrastante de la conducta de una buena parte de la clase política y la lacerante realidad vivida por los chihuahuenses. Mientras el mundo entero –y no es una frase– se conmovía ante el impactante editorial de El Diario, edición Juárez, del domingo –¿Qué quieren de nosotros? – la cúpula del PRI, partido mayoritario en la Cámara de Diputados, en las gubernaturas y las legislaturas estatales, líder de todas las encuestas presidenciables efectuadas en los últimos tres años, callaba ante el último asesinato emblemático ocurrido en la entidad, el del reportero gráfico de El Diario, Luis Carlos Santiago Orozco, y el agravamiento de la crisis de seguridad pública en Chihuahua.
Aún si no hubiese ocurrido tan lamentable asesinato, era políticamente correcto que instancia partidaria tan grande efectuase un serio pronunciamiento sobre la situación de Chihuahua, en lugar de ello, la presidenta Beatriz Paredes realizó un tibio, personalizado y breve pronunciamiento, en el que le expresaba su apoyo, reconocimiento y solidaridad, tanto al saliente gobernador, como al entrante.
Paredes alcanzó a decir que “el estado de Chihuahua merece el apoyo y la solidaridad de todos los mexicanos para vencer la adversidad... Reyes Baeza concluye una administración exitosa, cumplió y cumplió bien”; y al nuevo mandatario le dijo que “vamos a estar con él porque Chihuahua merece la solidaridad de todos los mexicanos para vencer la adversidad, que como bien lo ha dicho él (Duarte) es una situación que no fue creada por los chihuahuenses”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 20/9/10).
Inmersos en sus propios afanes, intereses, metas y conflictos, citados para felicitar a sus compañeros chihuahuenses, por los exitosos resultados alcanzados en las recientes elecciones, los dirigentes priístas, en la práctica, resbalaron al que ya era polémico editorial de El Diario, del viernes anterior, (¿A quién pedir justicia?) provocador de numerosos comentarios acerca de la gravedad de la situación en Juárez.
Desaprovechada la ocasión para que nos delinearan cuáles serían las líneas principales de un eventual gobierno federal, dirigido por priístas, para afrontar al crimen organizado al que El Diario le otorga, –por la omisión e incapacidad gubernamental– el carácter de “autoridades de facto en esta ciudad”, ahora sí deberán enfrentar la enorme –y bienvenida– avalancha de múltiples expresiones de apoyo y solidaridad a los chihuahuenses, y en particular a los juarenses, así como la infinidad de reclamos de la comunidad nacional e internacional.
Y es que, hasta en esas pocas frases de Paredes en relación con esta situación, mostró su preocupación, estrictamente politiquera –¡Y cómo la sufrimos por parte de priistas y panistas en la pasada campaña electoral – al afirmar, citando al gobernador electo, César Duarte, es un fenómeno que llegó de fuera.
Sí, nos llegó de fuera pero la respuesta debió ser, además de conjunta, oportuna, inteligente, integral, firme y creativa. Nada de eso ocurrió en los dos años y medio transcurridos a partir de la instrumentación de la Operación Coordinada Chihuahua, al mando de la cual, nos dijeron, estaban las autoridades civiles de nuestra entidad.
Nada de eso ocurrió, y ocurre en la todas las entidades en las que la violencia se ha abatido, la mayoría gobernada por militantes del PRI. Si ese era un fenómeno generalizado, que mereciera, por tanto, una respuesta semejante, nunca escuchamos una posición global de la dirigencia nacional priísta, que recogiera las propuestas, reclamos, quejas y soluciones propuestas por sus mandatarios estatales, antes bien lo generalizado fueron las frases en las que expresaron su apoyo a las medidas tomadas por Felipe Calderón y sólo hasta que la situación se tornó inmanejable, o la confrontación electoral llegó al extremo, escuchamos los reclamos de los priistas.
De ahí la esperanza del escribiente en escuchar de ellos, los dirigentes más importantes a nivel nacional, una postura que alentara alguna esperanza a quienes, a diario, enfrentamos las consecuencias de una guerra que, como lo dijo El Diario, no pedimos.
domingo, 19 de septiembre de 2010
Nada podemos festejar, todo debemos conmemorar
El Diario, 16 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Para los puntillosos. Del Diccionario de la Real Academia. Festejar: Celebrar algo con fiestas. Conmemorar: Hacer memoria o conmemoración. Más abundante en sus explicaciones, El Pequeño Larousse Ilustrado dice que festejos son “actos públicos de diversión”. Y que conmemorar significa “celebrar solemnemente el recuerdo de una persona o acontecimiento”.
Efectuar tales digresiones semánticas tienen como sustrato el elevado ánimo fiestero de la actual administración federal, sus rimbombantes discursos “patrióticos”, su encendida palabrería acerca de la valentía mostrada para evitar que los “malosos”, como diría otro no menos ridículo ocupante de Palacio Nacional (Ernesto Zedillo) y la pretendida intención del monopolio televisivo por difundir su propia versión telenovelada de la gesta independentista de doscientos años atrás.
¿De veras se está dispuesto a celebrar, congruentemente, la independencia de México?
¿Estamos en condiciones de festejar, no será la hora, mejor, de, solamente, conmemorar?
Estamos en condiciones similares a las que escribiera Pablo Neruda de su propia tierra, al describir que su patria ya no era mancillada por ejércitos ajenos, ni tenemos gobernantes foráneos, pero, decía, “mi patria está invadida”. Sí, porque ahora son otras las formas y caminos de la dependencia de las naciones.
Y es que en la actualidad, la del momento presente, sufrimos las consecuencias de tal situación, manifestadas en forma de la más severa crisis de seguridad pública jamás sufrida por la nación mexicana.
¿Cuántos retenes existen de la frontera mexicana con la guatemalteca, allá en el sur, para detener la oleada de migrantes centro y sudamericanos en su incesante búsqueda de acceder a territorio estadounidense? ¿Cuántas de esas instalaciones existen para detener (si a lo que hacen se le llama detener) el ingreso de drogas a los Estados Unidos?
¿Cuántos muertos llevamos para evitar que las drogas sigan fluyendo al mercado norteamericano?
Como lo han sostenido infinidad de analistas, escritores, académicos, periodistas, gente común y corriente, los gobiernos norteamericanos intentan todo, primordialmente la vía violenta, para impedir ese flujo… pero en territorios ajenos a ellos. Así, ellos ponen el mercado y los latinoamericanos los muertos. Impulsores de las estrategias policiacas para combatir al narcotráfico fuera de su territorio, son tolerantes en el intercambio comercial que se realiza dentro de sus fronteras.
Prestos a ayudar, patrocinar y exigir que se ponga un alto al comercio de armas en toda América Latina, promueven la más irracional de las libertades para la adquisición de ellas en su territorio.
Como marionetas, los gobiernos al sur del Río Bravo aceptan sus sugerencias, órdenes y dinero encaminados a esos fines. Luego se asustan, todos, cuando esa estrategia toca fondo y destruye la incipiente cultura de la legalidad en Latinoamérica.
Así, se rompen las vestiduras cuando la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, no hizo más que describir la actual situación de México cuando dijo la semana pasada que las bandas criminales han tejido una red muy bien organizada… y que se está convirtiendo en algo que nosotros consideramos una insurgencia… por ello (México) se mira cada vez más y más como era Colombia hace 20 años, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país, aunque no partes significativas”.
Y le cayeron encima, desde el Presidente Obama, hasta la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
Ahora sabemos toda la verdad acerca de los fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos para México, -que deberán aplicarse en el combate al narcotráfico- bajo la denominación de Iniciativa Mérida. No solamente nos obligaron (al gobierno mexicano ¿Lo obligaron?) a que las armas y vehículos aéreos y terrestres comprados con esos fondos debieran ser los determinados por las autoridades norteamericanas (y ya sabemos cómo se las gastaban los amigos del Presidente George W. Bush), incluyendo en sus instructivos, incluso, a qué empresas se deberían adquirir.
No solamente. Los fondos de la Iniciativa Mérida asignados a México están sujetos al escrutinio del gobierno norteamericano. Si los mexicanos ajustan su conducta a lo trazado por nuestros vecinos, entonces liberan los recursos económicos, de lo contrario, obviamente, no.
Entre las asignaturas que deben cursar los gobernantes federales mexicanos se incluye la del respeto a los derechos humanos por las fuerzas militares y policíacas federales. Si el escrutinio norteamericano las reprobara, entonces un 15% de los recursos no serían entregados a los mexicanos.
Así llegamos a los 200 años de independencia, como dijo Cajeme, el jefe yaqui: Antes como antes, ahora como ahora. Es decir, igual o “más pior”.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Para los puntillosos. Del Diccionario de la Real Academia. Festejar: Celebrar algo con fiestas. Conmemorar: Hacer memoria o conmemoración. Más abundante en sus explicaciones, El Pequeño Larousse Ilustrado dice que festejos son “actos públicos de diversión”. Y que conmemorar significa “celebrar solemnemente el recuerdo de una persona o acontecimiento”.
Efectuar tales digresiones semánticas tienen como sustrato el elevado ánimo fiestero de la actual administración federal, sus rimbombantes discursos “patrióticos”, su encendida palabrería acerca de la valentía mostrada para evitar que los “malosos”, como diría otro no menos ridículo ocupante de Palacio Nacional (Ernesto Zedillo) y la pretendida intención del monopolio televisivo por difundir su propia versión telenovelada de la gesta independentista de doscientos años atrás.
¿De veras se está dispuesto a celebrar, congruentemente, la independencia de México?
¿Estamos en condiciones de festejar, no será la hora, mejor, de, solamente, conmemorar?
Estamos en condiciones similares a las que escribiera Pablo Neruda de su propia tierra, al describir que su patria ya no era mancillada por ejércitos ajenos, ni tenemos gobernantes foráneos, pero, decía, “mi patria está invadida”. Sí, porque ahora son otras las formas y caminos de la dependencia de las naciones.
Y es que en la actualidad, la del momento presente, sufrimos las consecuencias de tal situación, manifestadas en forma de la más severa crisis de seguridad pública jamás sufrida por la nación mexicana.
¿Cuántos retenes existen de la frontera mexicana con la guatemalteca, allá en el sur, para detener la oleada de migrantes centro y sudamericanos en su incesante búsqueda de acceder a territorio estadounidense? ¿Cuántas de esas instalaciones existen para detener (si a lo que hacen se le llama detener) el ingreso de drogas a los Estados Unidos?
¿Cuántos muertos llevamos para evitar que las drogas sigan fluyendo al mercado norteamericano?
Como lo han sostenido infinidad de analistas, escritores, académicos, periodistas, gente común y corriente, los gobiernos norteamericanos intentan todo, primordialmente la vía violenta, para impedir ese flujo… pero en territorios ajenos a ellos. Así, ellos ponen el mercado y los latinoamericanos los muertos. Impulsores de las estrategias policiacas para combatir al narcotráfico fuera de su territorio, son tolerantes en el intercambio comercial que se realiza dentro de sus fronteras.
Prestos a ayudar, patrocinar y exigir que se ponga un alto al comercio de armas en toda América Latina, promueven la más irracional de las libertades para la adquisición de ellas en su territorio.
Como marionetas, los gobiernos al sur del Río Bravo aceptan sus sugerencias, órdenes y dinero encaminados a esos fines. Luego se asustan, todos, cuando esa estrategia toca fondo y destruye la incipiente cultura de la legalidad en Latinoamérica.
Así, se rompen las vestiduras cuando la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, no hizo más que describir la actual situación de México cuando dijo la semana pasada que las bandas criminales han tejido una red muy bien organizada… y que se está convirtiendo en algo que nosotros consideramos una insurgencia… por ello (México) se mira cada vez más y más como era Colombia hace 20 años, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país, aunque no partes significativas”.
Y le cayeron encima, desde el Presidente Obama, hasta la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
Ahora sabemos toda la verdad acerca de los fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos para México, -que deberán aplicarse en el combate al narcotráfico- bajo la denominación de Iniciativa Mérida. No solamente nos obligaron (al gobierno mexicano ¿Lo obligaron?) a que las armas y vehículos aéreos y terrestres comprados con esos fondos debieran ser los determinados por las autoridades norteamericanas (y ya sabemos cómo se las gastaban los amigos del Presidente George W. Bush), incluyendo en sus instructivos, incluso, a qué empresas se deberían adquirir.
No solamente. Los fondos de la Iniciativa Mérida asignados a México están sujetos al escrutinio del gobierno norteamericano. Si los mexicanos ajustan su conducta a lo trazado por nuestros vecinos, entonces liberan los recursos económicos, de lo contrario, obviamente, no.
Entre las asignaturas que deben cursar los gobernantes federales mexicanos se incluye la del respeto a los derechos humanos por las fuerzas militares y policíacas federales. Si el escrutinio norteamericano las reprobara, entonces un 15% de los recursos no serían entregados a los mexicanos.
Así llegamos a los 200 años de independencia, como dijo Cajeme, el jefe yaqui: Antes como antes, ahora como ahora. Es decir, igual o “más pior”.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
La ruta correcta
El Diario, 14 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Pocas son las noticias, y las oportunidades ofrecidas por quienes gobiernan, que sirven para ensalzar la gestión de alguno de los funcionarios gubernamentales. Pocos son los programas –por supuesto, a los ojos del escribiente- puestos en marcha para enfrentar la tormenta perfecta padecida por los chihuahuenses (Dice Gabriel Simental que tal es el nombre que debiera recibir la convergencia de crisis de seguridad pública y crisis económica sufrida por nosotros en el curso de los últimos tres años).
Todos los gobernantes, cada vez que se necesita deslindar teóricamente, sobre todo el de la inseguridad, se desviven en ubicar el origen en la pérdida del “tejido social”. En Juárez, los funcionarios federales de la última década han puesto en marcha por lo menos dos programas “integrales” para abordar tal problema. Nada se ha cambiado en la urbe fronteriza mexicana más poblada, al contrario, como tradicionalmente ha ocurrido, se ha convertido no sólo en la ciudad de paso hacia “el otro lado”, sino que, también, durante tres décadas se convirtió en algo así como una válvula de escape a la miseria y desempleo de otras regiones del país.
Ningún gobierno federal se ha hecho cargo de tal problema. Y para enfrentar al crimen organizado, ya cuando no tienen necesidad de hablar ante las cámaras, micrófonos y auditorios, entonces lo único que aprueban es la elevación de los presupuestos destinados a los agrupamientos policiacos y militares.
Pero hete aquí que el jueves anterior, el vapuleado alcalde juarense (que, además, ahora nos avisa que fue llamado para participar en el gobierno de César Duarte) inauguró la Unidad Municipal de Atención a las Adicciones (UMAA). Según su versión, será centro de rehabilitación más grande de América Latina; se encuentra, además, en el lugar que antes fue el Tribunal para Menores. Cuenta con 60 camas, repartidas a partes iguales entre hombres y mujeres. Ahí “Los pacientes recibirán servicios de tratamiento médicos y psicológicos, así como también terapéuticos y de rehabilitación, todo lo que requiere el consumidor de drogas, desde consulta externa hasta centro de día, atendiéndose no sólo al individuo sino también a su familia a través de terapias de grupo”. (Nota de Berenice Gaytán, EL DIARIO, 12/9/10)
Al contrario, por lo menos en las intenciones expresadas, de lo sucedido en muchas clínicas privadas orientadas en tales propósitos, en la UMAA se aplicarán tratamientos a base de metadona, con la impartición de terapia psicológica, individual y de pareja además de establecerse, también, tratamientos para “adicciones al alcohol, cocaína, pastillas y otros enervantes”.
Como lo expresan infinidad de personas, víctimas de la adicción, o de la adicción de alguno de sus familiares, la voluntad del enfermo es primordial para intentar salir del infierno. “Es lo primero, porque si no hay voluntad no va a llegar uno más que a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, de andar perdido robando para ver cómo consigue uno más droga”, le expresó uno de los pacientes de la UMAA a la reportera.
El centro de rehabilitación lleva como nombre el del renombrado especialista en enfermedades infectocontagiosas, Jesús Kumate, ex Secretario de Salud y atenderá a unas 500 ó 600 personas diariamente.
Esfuerzos como el relatado, coincidentemente en la urbe más violenta del mundo y una de las que ha tenido los incrementos más importantes en consumo de drogas, por desgracia no van aparejados con las visiones de quienes tienen las principales responsabilidades en la conducción del país.
Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presupuesto de egresos propuesto por la Secretaría de Hacienda, a nombre de Felipe Calderón, para abordar la crisis de seguridad pública plantea los mayores incrementos, en sus presupuestos, de la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, en detrimento de los destinados a Comunicaciones y Transportes, Educación, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Social.
¿Contemplará recursos a esfuerzos como el ahora relatado? ¿Se llegará a entender que antes de gastar ingentes recursos en “rescatar” a la banca -16 mil 664.8 millones de pesos pide Calderón para 2011, cantidad superior al gasto en cultura, o investigación científica, agropecuario o para el desarrollo sustentable- se necesita invertir en la prevención de las adicciones y en la rehabilitación de decenas de miles de víctimas de las drogas, y que hacerlo de ese modo es la mejor política de prevención de delitos?
Bueno….
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Pocas son las noticias, y las oportunidades ofrecidas por quienes gobiernan, que sirven para ensalzar la gestión de alguno de los funcionarios gubernamentales. Pocos son los programas –por supuesto, a los ojos del escribiente- puestos en marcha para enfrentar la tormenta perfecta padecida por los chihuahuenses (Dice Gabriel Simental que tal es el nombre que debiera recibir la convergencia de crisis de seguridad pública y crisis económica sufrida por nosotros en el curso de los últimos tres años).
Todos los gobernantes, cada vez que se necesita deslindar teóricamente, sobre todo el de la inseguridad, se desviven en ubicar el origen en la pérdida del “tejido social”. En Juárez, los funcionarios federales de la última década han puesto en marcha por lo menos dos programas “integrales” para abordar tal problema. Nada se ha cambiado en la urbe fronteriza mexicana más poblada, al contrario, como tradicionalmente ha ocurrido, se ha convertido no sólo en la ciudad de paso hacia “el otro lado”, sino que, también, durante tres décadas se convirtió en algo así como una válvula de escape a la miseria y desempleo de otras regiones del país.
Ningún gobierno federal se ha hecho cargo de tal problema. Y para enfrentar al crimen organizado, ya cuando no tienen necesidad de hablar ante las cámaras, micrófonos y auditorios, entonces lo único que aprueban es la elevación de los presupuestos destinados a los agrupamientos policiacos y militares.
Pero hete aquí que el jueves anterior, el vapuleado alcalde juarense (que, además, ahora nos avisa que fue llamado para participar en el gobierno de César Duarte) inauguró la Unidad Municipal de Atención a las Adicciones (UMAA). Según su versión, será centro de rehabilitación más grande de América Latina; se encuentra, además, en el lugar que antes fue el Tribunal para Menores. Cuenta con 60 camas, repartidas a partes iguales entre hombres y mujeres. Ahí “Los pacientes recibirán servicios de tratamiento médicos y psicológicos, así como también terapéuticos y de rehabilitación, todo lo que requiere el consumidor de drogas, desde consulta externa hasta centro de día, atendiéndose no sólo al individuo sino también a su familia a través de terapias de grupo”. (Nota de Berenice Gaytán, EL DIARIO, 12/9/10)
Al contrario, por lo menos en las intenciones expresadas, de lo sucedido en muchas clínicas privadas orientadas en tales propósitos, en la UMAA se aplicarán tratamientos a base de metadona, con la impartición de terapia psicológica, individual y de pareja además de establecerse, también, tratamientos para “adicciones al alcohol, cocaína, pastillas y otros enervantes”.
Como lo expresan infinidad de personas, víctimas de la adicción, o de la adicción de alguno de sus familiares, la voluntad del enfermo es primordial para intentar salir del infierno. “Es lo primero, porque si no hay voluntad no va a llegar uno más que a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, de andar perdido robando para ver cómo consigue uno más droga”, le expresó uno de los pacientes de la UMAA a la reportera.
El centro de rehabilitación lleva como nombre el del renombrado especialista en enfermedades infectocontagiosas, Jesús Kumate, ex Secretario de Salud y atenderá a unas 500 ó 600 personas diariamente.
Esfuerzos como el relatado, coincidentemente en la urbe más violenta del mundo y una de las que ha tenido los incrementos más importantes en consumo de drogas, por desgracia no van aparejados con las visiones de quienes tienen las principales responsabilidades en la conducción del país.
Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presupuesto de egresos propuesto por la Secretaría de Hacienda, a nombre de Felipe Calderón, para abordar la crisis de seguridad pública plantea los mayores incrementos, en sus presupuestos, de la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, en detrimento de los destinados a Comunicaciones y Transportes, Educación, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Social.
¿Contemplará recursos a esfuerzos como el ahora relatado? ¿Se llegará a entender que antes de gastar ingentes recursos en “rescatar” a la banca -16 mil 664.8 millones de pesos pide Calderón para 2011, cantidad superior al gasto en cultura, o investigación científica, agropecuario o para el desarrollo sustentable- se necesita invertir en la prevención de las adicciones y en la rehabilitación de decenas de miles de víctimas de las drogas, y que hacerlo de ese modo es la mejor política de prevención de delitos?
Bueno….
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Peña Nieto, lo mismo de siempre
El Diario, 19 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Negro destino el de una sociedad en la que los sicarios de todos los bandos –y de quienes no pertenecen a ninguno– son quienes imponen la ley, la suya, y los que tienen la responsabilidad de hacerla prevalecer son incapaces de hacerlo. Triste realidad la del Juárez de hoy en la que sus comunicadores son víctimas, fatales en el peor de los casos, de tan grande incapacidad. Días negros pues en tanto otros periodistas deben salir del país ante los elevados riesgos que afrontan
Nunca como ahora es tan desgarrador el grito de impotencia de una sociedad, como el usado por El Diario: “¿A quién le reclamamos que no lo hayamos hecho ya?”, para lamentarse por el indignante asesinato de nuestro compañero Luis Carlos de Santiago Orozco y la salvaje agresión a Carlos Sánchez, también reportero gráfico de El Diario de Juárez.
Tan desgarradores hechos se celebran en tanto el priismo nacional se apresta a recuperar lo que creyeron durante muchos años propiedad exclusiva y festivamente celebraban la reunión de su máximo órgano de dirección nacional, en reconocimiento a sus compañeros, que lograron mantener la gubernatura y recuperar la capital del estado.
Sin embargo, los integrantes del platillo principal de tal reunión no acudieron. Ni Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, ni Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores priístas, hicieron acto de presencia.
A casi dos años de la elección presidencial, el mexiquense encabeza todas las encuestas, incluida la más reciente de Consulta Mitofsky –la de agosto– con el 51% de las preferencias, seguido de dos sorpresivos protagonistas, Andrés Manuel López Obrador con el 16%, y Santiago Creel con el 15%.
Tales resultados guardan alguna semejanza con los obtenidos, en el mismo mes, por el periódico Reforma pues en la encuesta de este diario Enrique Peña Nieto del PRI obtiene el 43% de las preferencias electorales, por el 24 de AMLO y 15 por ciento del panista Santiago Creel.
Tales resultados son de llamar la atención pues a pesar de la multimillonaria campaña mediática lanzada por el priísta mexiquense, la aparición en los porcentajes mencionados del aún perredista y del panista, habla de que, de ninguna manera, está todo resuelto en las elecciones del 2012.
Faltan aún muchas cosas por verse, una de ellas la del aireamiento de los inmensos recursos usados por el mexiquense en la publicidad, particularmente la televisiva. No es sólo que se publicite sino los oscuros arreglos a los que llegó con los propietarios del duopolio televisivo. En una extraordinaria obra, –“Si yo fuera Presidente”, Grijalbo 2009– continuidad de sus trabajos en la revista Proceso, el reportero Jenaro Villamil, revela el inescrupuloso mecanismo para hacerle creer a los mexicanos que la candidatura de Peña Nieto y su práctica unción como nuevo presidente en 2012 es ineluctable.
Integrante del grupo Atlacomulco, que diera origen un antiguo Secretario de Relaciones Exteriores, Isidro Fabela, y al que tanto ayudó a vertebrarse el desaparecido Carlos Hank González, Peña Nieto gastó, según Villamil, en los primeros cuatro años de su gobierno, 3 mil 500 millones de pesos en publicidad en la televisión.
Tesorero con Emilio Chuayffet, se convirtió en el muy poderoso Secretario de Administración con Arturo Montiel, su tío, al igual que Alfredo del Mazo, otro de los poderosísimos integrantes del grupo. En 2004 fue líder del Congreso, y desde ahí, primero, encubrió las corruptelas de Montiel pues con sus indicaciones se le aprobaron las cuentas públicas, a pesar de las denuncias de la ex esposa de Montiel acerca de la no poca riqueza de su impulsor.
Coincidencias de la vida, el delegado del CEN del PRI en las elecciones de las que surgió como ganador Peña, fue el hoy Secretario General de ese órgano, el ex gobernador hidalguense, Jesús Murillo Karam, su mentor se decía entonces.
Iniciado el proceso para hacer las reformas electorales, sobre todo las destinadas a prohibir la propaganda política en radio y televisión, a las que tanto se opuso Peña Nieto, el Senado de la República ordenó un monitoreo de la televisión. El resultado fue incontrastable. Le supieron pagar. Entre el 1º de septiembre y el 15 de diciembre de 2007, lapso en el que se aprobaron, en el principal noticiero de Televisa transmitieron 700 notas de Peña Nieto.
Un año después, entre agosto y diciembre de 2008, en el mismo noticiero se le dedicaron a Peña Nieto 23 minutos 21 segundos, “de los cuales, 43% fueron infomerciales” con su imagen y 57% notas informativas relacionadas con su gobierno. En el mismo lapso, Marcelo Ebrard recibió menos de la mitad, 10 minutos 20 segundos y Fidel Herrera, gobernante veracruzano, siete minutos 10 segundos.
Pero si Televisa fue pródiga, Tv Azteca fue exagerada. En el mismo lapso, Peña recibió ¡50 minutos 36 segundos en el noticiero Hechos de la Noche
Además, en ninguno de ellos se presentó una nota que “lo despeinara” o se le cuestionara y aparece, siempre, como una “voz sabia y sensata”. Desde febrero de 2009, su noviazgo con Angélica Rivera fue motivo para que apareciera, ya no solamente en los noticiarios, sino también en los programas de revista. Todo se vale, hasta casi aparecer como integrante de la “Perra Brava”, la pintoresca porra del equipo de futbol Toluca, caracterizada por la exhibición de abultados vientres masculinos.
Tal política mediática le ha servido para enmascarar asuntos tan polémicos como la acerba crítica de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los desmanes policiacos desatados contra los habitantes de San Salvador Atenco, en especial las violaciones tumultuarias efectuadas en contra de las mujeres detenidas por la policía mexiquense.
Todo en aras del rating, el dispendio es brutal, sirva como ejemplo solamente un caso. Días antes del 19 de septiembre de 2007, Peña inauguró el alumbrado de una calle de Tezoyuca, con valor de 100 mil pesos. Al día siguiente, en un segmento comercial del canal 2 de Televisa, apareció su imagen, con un costo comercial de 350 mil.
Pero tal estrategia fue concebida desde el inicio de su mandato. Tenía como objetivo proyectarlo como candidato del PRI en 2011. Así, acordó con Televisa un contrato, en 2006, por valor de 742 millones de pesos, para ese año. El monto fue creciente cada año y el esquema fue el mismo. Todos los espacios de Televisa serían aprovechados para “posicionar” al mandatario mexiquense.
Villamil publicó los datos usados por el escribiente ahora. Peña Nieto pagó 180 notas informativas en los noticieros, tres reportajes de la serie “Los reporteros”, seis entrevistas en varios noticieros y tres programas en el programa “Zona abierta”, del periodista Héctor Aguilar Camín, destacado porrista de Carlos Salinas de Gortari.
Y si usted pregunta en cuales noticieros y programas, nada más haga memoria y en todos los que se le ocurran estaban –está– pagada la presencia del mexiquense.
Pero si hiciera falta presencia, el contrato incluía publicidad en todos los medios impresos propiedad de Televisa: Eres, Furia Musical, Cosmopolitan, Vanidades, Muy Interesante, Conozca Más, Caras, Teleguía y Tv y Novelas.
La tendencia a la elevación de los gastos en publicidad siempre fue creciente. En 2009, mientras se abatía lo peor de la crisis y el gasto social disminuía 5.6%, el de Comunicación Pública creció 18% en comparación con el de 2008.
Egresado de la Universidad Panamericana, emblema del Opus Dei, una de las organizaciones más conservadoras de la iglesia católica, no ha vacilado en hacer todo lo necesario para evitar una derrota en las elecciones a gobernador del próximo año. Si debiéramos buscar a otro de los responsables de la elevación de impuestos, ese es Peña Nieto. Líder de los 40 diputados federales de su estado, es, además, dirigente de una cantidad semejante de legisladores de otras entidades, y su Secretario de Gobierno fue uno de los firmantes del acuerdo, entre el PRI y el gobierno de Felipe Calderón, mediante el cual el PAN no realizaría alianzas con el PRD y a cambio el PRI aprobaría el incremento del IVA del 15 al 16%.
Violado el pacto, debió salir del gobierno federal Fernando Gómez Mont.
Ahora se lo cobrarán. El PRI ya propuso bajar el IVA al 15% y Peña ordenó la derogación de la legislación electoral que permitía la celebración de candidaturas comunes, intentando con ello evitar que panistas y perredistas, vistas las dificultades para concretar una alianza, pactaran una candidatura común, figura semejante a la usada por César Duarte para concitar el apoyo del PT y Convergencia.
Y luego nos dicen que se renovaron, que aprendieron de los errores del pasado, que ya no lo volverán a hacer, que representan los mejores valores democráticos del México del siglo XXI.
¿Con ese candidato y esos métodos pretenden convencer al país?
Luis Javier Valero Flores
Negro destino el de una sociedad en la que los sicarios de todos los bandos –y de quienes no pertenecen a ninguno– son quienes imponen la ley, la suya, y los que tienen la responsabilidad de hacerla prevalecer son incapaces de hacerlo. Triste realidad la del Juárez de hoy en la que sus comunicadores son víctimas, fatales en el peor de los casos, de tan grande incapacidad. Días negros pues en tanto otros periodistas deben salir del país ante los elevados riesgos que afrontan
Nunca como ahora es tan desgarrador el grito de impotencia de una sociedad, como el usado por El Diario: “¿A quién le reclamamos que no lo hayamos hecho ya?”, para lamentarse por el indignante asesinato de nuestro compañero Luis Carlos de Santiago Orozco y la salvaje agresión a Carlos Sánchez, también reportero gráfico de El Diario de Juárez.
Tan desgarradores hechos se celebran en tanto el priismo nacional se apresta a recuperar lo que creyeron durante muchos años propiedad exclusiva y festivamente celebraban la reunión de su máximo órgano de dirección nacional, en reconocimiento a sus compañeros, que lograron mantener la gubernatura y recuperar la capital del estado.
Sin embargo, los integrantes del platillo principal de tal reunión no acudieron. Ni Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, ni Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores priístas, hicieron acto de presencia.
A casi dos años de la elección presidencial, el mexiquense encabeza todas las encuestas, incluida la más reciente de Consulta Mitofsky –la de agosto– con el 51% de las preferencias, seguido de dos sorpresivos protagonistas, Andrés Manuel López Obrador con el 16%, y Santiago Creel con el 15%.
Tales resultados guardan alguna semejanza con los obtenidos, en el mismo mes, por el periódico Reforma pues en la encuesta de este diario Enrique Peña Nieto del PRI obtiene el 43% de las preferencias electorales, por el 24 de AMLO y 15 por ciento del panista Santiago Creel.
Tales resultados son de llamar la atención pues a pesar de la multimillonaria campaña mediática lanzada por el priísta mexiquense, la aparición en los porcentajes mencionados del aún perredista y del panista, habla de que, de ninguna manera, está todo resuelto en las elecciones del 2012.
Faltan aún muchas cosas por verse, una de ellas la del aireamiento de los inmensos recursos usados por el mexiquense en la publicidad, particularmente la televisiva. No es sólo que se publicite sino los oscuros arreglos a los que llegó con los propietarios del duopolio televisivo. En una extraordinaria obra, –“Si yo fuera Presidente”, Grijalbo 2009– continuidad de sus trabajos en la revista Proceso, el reportero Jenaro Villamil, revela el inescrupuloso mecanismo para hacerle creer a los mexicanos que la candidatura de Peña Nieto y su práctica unción como nuevo presidente en 2012 es ineluctable.
Integrante del grupo Atlacomulco, que diera origen un antiguo Secretario de Relaciones Exteriores, Isidro Fabela, y al que tanto ayudó a vertebrarse el desaparecido Carlos Hank González, Peña Nieto gastó, según Villamil, en los primeros cuatro años de su gobierno, 3 mil 500 millones de pesos en publicidad en la televisión.
Tesorero con Emilio Chuayffet, se convirtió en el muy poderoso Secretario de Administración con Arturo Montiel, su tío, al igual que Alfredo del Mazo, otro de los poderosísimos integrantes del grupo. En 2004 fue líder del Congreso, y desde ahí, primero, encubrió las corruptelas de Montiel pues con sus indicaciones se le aprobaron las cuentas públicas, a pesar de las denuncias de la ex esposa de Montiel acerca de la no poca riqueza de su impulsor.
Coincidencias de la vida, el delegado del CEN del PRI en las elecciones de las que surgió como ganador Peña, fue el hoy Secretario General de ese órgano, el ex gobernador hidalguense, Jesús Murillo Karam, su mentor se decía entonces.
Iniciado el proceso para hacer las reformas electorales, sobre todo las destinadas a prohibir la propaganda política en radio y televisión, a las que tanto se opuso Peña Nieto, el Senado de la República ordenó un monitoreo de la televisión. El resultado fue incontrastable. Le supieron pagar. Entre el 1º de septiembre y el 15 de diciembre de 2007, lapso en el que se aprobaron, en el principal noticiero de Televisa transmitieron 700 notas de Peña Nieto.
Un año después, entre agosto y diciembre de 2008, en el mismo noticiero se le dedicaron a Peña Nieto 23 minutos 21 segundos, “de los cuales, 43% fueron infomerciales” con su imagen y 57% notas informativas relacionadas con su gobierno. En el mismo lapso, Marcelo Ebrard recibió menos de la mitad, 10 minutos 20 segundos y Fidel Herrera, gobernante veracruzano, siete minutos 10 segundos.
Pero si Televisa fue pródiga, Tv Azteca fue exagerada. En el mismo lapso, Peña recibió ¡50 minutos 36 segundos en el noticiero Hechos de la Noche
Además, en ninguno de ellos se presentó una nota que “lo despeinara” o se le cuestionara y aparece, siempre, como una “voz sabia y sensata”. Desde febrero de 2009, su noviazgo con Angélica Rivera fue motivo para que apareciera, ya no solamente en los noticiarios, sino también en los programas de revista. Todo se vale, hasta casi aparecer como integrante de la “Perra Brava”, la pintoresca porra del equipo de futbol Toluca, caracterizada por la exhibición de abultados vientres masculinos.
Tal política mediática le ha servido para enmascarar asuntos tan polémicos como la acerba crítica de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los desmanes policiacos desatados contra los habitantes de San Salvador Atenco, en especial las violaciones tumultuarias efectuadas en contra de las mujeres detenidas por la policía mexiquense.
Todo en aras del rating, el dispendio es brutal, sirva como ejemplo solamente un caso. Días antes del 19 de septiembre de 2007, Peña inauguró el alumbrado de una calle de Tezoyuca, con valor de 100 mil pesos. Al día siguiente, en un segmento comercial del canal 2 de Televisa, apareció su imagen, con un costo comercial de 350 mil.
Pero tal estrategia fue concebida desde el inicio de su mandato. Tenía como objetivo proyectarlo como candidato del PRI en 2011. Así, acordó con Televisa un contrato, en 2006, por valor de 742 millones de pesos, para ese año. El monto fue creciente cada año y el esquema fue el mismo. Todos los espacios de Televisa serían aprovechados para “posicionar” al mandatario mexiquense.
Villamil publicó los datos usados por el escribiente ahora. Peña Nieto pagó 180 notas informativas en los noticieros, tres reportajes de la serie “Los reporteros”, seis entrevistas en varios noticieros y tres programas en el programa “Zona abierta”, del periodista Héctor Aguilar Camín, destacado porrista de Carlos Salinas de Gortari.
Y si usted pregunta en cuales noticieros y programas, nada más haga memoria y en todos los que se le ocurran estaban –está– pagada la presencia del mexiquense.
Pero si hiciera falta presencia, el contrato incluía publicidad en todos los medios impresos propiedad de Televisa: Eres, Furia Musical, Cosmopolitan, Vanidades, Muy Interesante, Conozca Más, Caras, Teleguía y Tv y Novelas.
La tendencia a la elevación de los gastos en publicidad siempre fue creciente. En 2009, mientras se abatía lo peor de la crisis y el gasto social disminuía 5.6%, el de Comunicación Pública creció 18% en comparación con el de 2008.
Egresado de la Universidad Panamericana, emblema del Opus Dei, una de las organizaciones más conservadoras de la iglesia católica, no ha vacilado en hacer todo lo necesario para evitar una derrota en las elecciones a gobernador del próximo año. Si debiéramos buscar a otro de los responsables de la elevación de impuestos, ese es Peña Nieto. Líder de los 40 diputados federales de su estado, es, además, dirigente de una cantidad semejante de legisladores de otras entidades, y su Secretario de Gobierno fue uno de los firmantes del acuerdo, entre el PRI y el gobierno de Felipe Calderón, mediante el cual el PAN no realizaría alianzas con el PRD y a cambio el PRI aprobaría el incremento del IVA del 15 al 16%.
Violado el pacto, debió salir del gobierno federal Fernando Gómez Mont.
Ahora se lo cobrarán. El PRI ya propuso bajar el IVA al 15% y Peña ordenó la derogación de la legislación electoral que permitía la celebración de candidaturas comunes, intentando con ello evitar que panistas y perredistas, vistas las dificultades para concretar una alianza, pactaran una candidatura común, figura semejante a la usada por César Duarte para concitar el apoyo del PT y Convergencia.
Y luego nos dicen que se renovaron, que aprendieron de los errores del pasado, que ya no lo volverán a hacer, que representan los mejores valores democráticos del México del siglo XXI.
¿Con ese candidato y esos métodos pretenden convencer al país?
domingo, 12 de septiembre de 2010
¡Qué espectáculo!
El Diario, 12 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Tarde, por un lamentable descuido, expreso mi pesar por el fallecimiento de Héctor Salayandía, luego militante de la izquierda chihuahuense, integrante, en su tiempo, del Partido Comunista Mexicano. A sus familiares, amigos y compañeros mi más sentido pésame. Dolió su partida.
Peor final no podría tener el sexenio de José Reyes Baeza Terrazas, por lo menos en lo político. El espectáculo ofrecido por integrantes de los tres poderes es verdaderamente lamentable. Pero en ese concurso, lo protagonizado por algunos integrantes del Poder Legislativo y por el titular del Judicial, se llevaron las palmas.
Los dimes y diretes, las acusaciones cruzadas entre abogados, las reformas y las contrareformas legislativas, todo a consecuencia de aprobar con premura las propuestas duartistas, convertidas en iniciativas de ley, para reformar una buena cantidad del marco legislativo en materia de procuración de justicia, y las acusaciones de “trajes a la medida”, nepotismo e improvisación ocuparon los lugares centrales de los medios de comunicación –y quién sabe si de la mayoría de los chihuahuenses-.
Si algo debemos lamentar es lo desvelado en el Poder Judicial. Ante las acusaciones de nepotismo, efectuadas, primero publicadas en El Diario, y luego reforzadas por un grupo de abogados –entre ellos un ex representante jurídico de Gobierno del Estado en tiempos de Patricio Martínez y un ex subprocurador- en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Rodolfo Acosta Muñoz, las reacciones develaron infinidad de cosas a cual más de repudiables.
Ante las acusaciones, aparecieron sendos desplegados, firmados por decenas de abogados, a favor de Acosta Muñoz, descalificados por los denunciantes por haber sido, dijeron, inducidos por ser parte de los beneficiarios, y por haberse incubado al interior del Poder Judicial.
Pero al cúmulo de señalamientos de los denunciantes, Acosta respondió de tal modo que desveló, si bien no lo estrictamente criticado por los abogados –nepotismo, al dar ocupación a sus parientes desde el puesto que ocupa hoy- sino la forma en que se ha ido construyendo la burocracia de los niveles más altos en el ámbito estatal, esto es, a partir de las recomendaciones de sus familiares que funcionarios de unas dependencias efectúan a los de otras, precisamente para evadir la ley, y para -¡Oh, bendito ADN, tan terco en reproducirse, diría Don Carlos García Gutiérrez- reproducirse en el seno de la burocracia, o de los primeros niveles de gobierno.
Quizá no sabía lo que decía, o bien, les parece tan natural que no se dan cuenta de lo desmesurado que ocurran fenómenos como los relatados aquí. Don Rodolfo fue dando las fechas en las que cada uno de sus familiares ingresó al Poder Judicial, mientras él ocupaba la Dirección de la Facultad de Derecho, una diputación por el PRI, la rectoría de la Uach, la Dirección General del Colegio de Bachilleres y luego, a partir del 2005, magistrado del STJE, cargo en el que, asegura, ningún familiar ingresó al Poder Judicial.
Puede no haber movido un solo dedo a favor de sus parientes, pero concita muuucho sospechosismo que tantos familiares suyos ascendieran en el Poder Judicial mientras él se desempeñaba en cargos de primera importancia en el ámbito del partido gobernante.
Pero si fuera el único caso podría considerarse como una excepción; por desgracia no es así, no son pocos los hijos de destacados integrantes de la clase política que obtienen tempranos acomodos en la estructura burocrática estatal y que, de ese modo, inician largas y fructíferas carreras profesionales. Es que es el ADN, siempre presto a reproducirse.
Y de todo da la mata, ahí están los casos de varios de los detractores, en los que alguno de sus vástagos se desempeñan en la administración municipal, o estatal, o que, como lo hizo Acosta, al tratar de descalificar a sus descalificadores, mostró un talante verdaderamente menor para las dimensiones políticas y profesionales acorde con las máximas responsabilidades en la aplicación de justicia en la entidad.
Son todo un compendio las descalificaciones que hace Acosta de sus acusadores. Señaló al actual director de la Facultad de Derecho de la Uach, Rubén Portillo Acosta, como el autor de los ataques en su contra. Lo acusó de practicar el nepotismo, “pues tiene en la nómina de esa institución a su esposa, Flor Aidé Sánchez, y a su hermano Julio César Portillo”; además, dijo, de nombrar como maestro a un hijo de “la magistrada Jurado y su esposo, el licenciado Chavero, así como a otro licenciado de apellido Flores Legarda quien lo ha atacado en reiteradas ocasiones”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 9/9/10).
Luego acusó al Lic. Villasana de nunca pararse “a dar clases”. Y de Oscar Castrejón, ex subprocurador, deploró que se ostente como representante en Chihuahua del llamado “Gobierno Legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y “dijo que tiene dos asuntos pendientes de desacato a la autoridad”. (Ibídem).
Pero las acusaciones de nepotismo y los deslindes acerca de ese asunto, que en el fondo tienen como sustento la reelección, o no, de Acosta Muñoz, palidecen ante la picaresca presentada en el Poder Legislativo a raíz de la aprobación de la Coordinación para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. La aprobaron porque así nos la mandaron, dijeron los diputados -¡Increíble- del PAN, pero luego de informarle –fuera de libreta, es decir escondiéndose- a El Diario que ese puesto lo había pedido “como un favor personal”, el líder de los diputados priístas, Fernando Rodríguez Moreno, para, a continuación, en la práctica, desdecirse y luego, igual que todos, que el gobernador Reyes Baeza, que la mayoría priísta, ante la avalancha de críticas, dar marcha atrás a algo que Víctor Quintana se los señaló desde el principio.
Así, antes de que se publique en el periódico oficial, es decir, antes de que sea legal la creación del comisionado, ya recibieron la contrapropuesta del gobernador Reyes Baeza.
Pero de todos, el papel más lamentable fue el del diputado Antonio López, quien, al inquirírsele por la aprobación de tales reformar, sin empacho declaró: “Yo no soy borrego, y creo que mis compañeros tampoco, para andar en el limbo a ver qué pasa, o a ver lo que se decide al fin de cuentas”.
Para, a continuación, justificarse de brillantísima manera: “… así nos mandaron las reformas, así las aprobamos…”.
¿Y el papel de legisladores, y más, los de oposición, es que no están ahí para revisar si las cosas se hacen bien?
Por otra parte, se sabía, se intuía, un enfriamiento de las relaciones entre Reyes Baeza y Rodríguez Moreno, no porque tuviese interés generalizado el estado de sus relaciones, sino por las responsabilidades que poseen; ahora casi lo sabemos, a juzgar por las secas respuestas del líder parlamentario, en las que, ante los cuestionamientos, éste envió a los reporteros a preguntarle al gobernador.
¿Y los denunciantes qué? Algo debe haber de fondo pues cinco ex presidentes del Colegio de Abogados afirmaron que “hace cinco meses (el Colegio) denunció ante el diputado Fernando Álvarez Monge todas las irregularidades del Poder Judicial que hoy se ventilan públicamente, legislador que tristemente mintió a la prensa recientemente declarando que desconocía la situación del Poder Judicial”. Pidieron, entre otras cosas, la “Revisión del nepotismo existente en el Poder Judicial del Estado, específicamente del presidente Lic. Rodolfo Acosta Muñoz”, la derogación del cargo, motivo de las querellas de la última decena y la perla del pastel: Que el Congreso se pronuncie por la “no reelección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia”.
Ya encarrerados, los abogados denunciantes pidieron la desaparición de la sindicatura y del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) como si sus denuncias y la última desaparición guardaran congruencia entre sí.
¿Cómo pedir la desaparición de la sindicatura si ésta se ha convertido, por lo menos en los casos en que el síndico proviene de partido distinto al del presidente municipal, en un formidable contrapeso a las presuntas corruptelas de los alcaldes?
Del mismo modo ¿Cómo piden la desaparición de un organismo, garante del derecho al acceso a la información pública? Pidan, en todo caso, la remoción de sus actuales consejeros y mecanismos distintos para evitar la partidización de sus nombramientos, pero de ahí a exigir la desaparición del organismo como tal es una verdadera agresión a lo poco avanzado en materia de transparencia.
¿A dónde iremos a parar?
NOTA UNO. En el acuerdo de las fracciones parlamentarias, si lo hubo, según fuentes del columnista, el aún diputado panista, Roberto Lara, no participó, pero ese es tema de otra entrega.
ASERTO RADIO.- A nuestros lectores, con júbilo, les anunciamos que a partir del lunes 20 de septiembre iniciaremos las transmisiones, de 6 a 7 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, de ASERTO Radio, a través de Antena 760. Escúchenos en el 760 de AM, o por internet en www.antena760.com
Luis Javier Valero Flores
Tarde, por un lamentable descuido, expreso mi pesar por el fallecimiento de Héctor Salayandía, luego militante de la izquierda chihuahuense, integrante, en su tiempo, del Partido Comunista Mexicano. A sus familiares, amigos y compañeros mi más sentido pésame. Dolió su partida.
Peor final no podría tener el sexenio de José Reyes Baeza Terrazas, por lo menos en lo político. El espectáculo ofrecido por integrantes de los tres poderes es verdaderamente lamentable. Pero en ese concurso, lo protagonizado por algunos integrantes del Poder Legislativo y por el titular del Judicial, se llevaron las palmas.
Los dimes y diretes, las acusaciones cruzadas entre abogados, las reformas y las contrareformas legislativas, todo a consecuencia de aprobar con premura las propuestas duartistas, convertidas en iniciativas de ley, para reformar una buena cantidad del marco legislativo en materia de procuración de justicia, y las acusaciones de “trajes a la medida”, nepotismo e improvisación ocuparon los lugares centrales de los medios de comunicación –y quién sabe si de la mayoría de los chihuahuenses-.
Si algo debemos lamentar es lo desvelado en el Poder Judicial. Ante las acusaciones de nepotismo, efectuadas, primero publicadas en El Diario, y luego reforzadas por un grupo de abogados –entre ellos un ex representante jurídico de Gobierno del Estado en tiempos de Patricio Martínez y un ex subprocurador- en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Rodolfo Acosta Muñoz, las reacciones develaron infinidad de cosas a cual más de repudiables.
Ante las acusaciones, aparecieron sendos desplegados, firmados por decenas de abogados, a favor de Acosta Muñoz, descalificados por los denunciantes por haber sido, dijeron, inducidos por ser parte de los beneficiarios, y por haberse incubado al interior del Poder Judicial.
Pero al cúmulo de señalamientos de los denunciantes, Acosta respondió de tal modo que desveló, si bien no lo estrictamente criticado por los abogados –nepotismo, al dar ocupación a sus parientes desde el puesto que ocupa hoy- sino la forma en que se ha ido construyendo la burocracia de los niveles más altos en el ámbito estatal, esto es, a partir de las recomendaciones de sus familiares que funcionarios de unas dependencias efectúan a los de otras, precisamente para evadir la ley, y para -¡Oh, bendito ADN, tan terco en reproducirse, diría Don Carlos García Gutiérrez- reproducirse en el seno de la burocracia, o de los primeros niveles de gobierno.
Quizá no sabía lo que decía, o bien, les parece tan natural que no se dan cuenta de lo desmesurado que ocurran fenómenos como los relatados aquí. Don Rodolfo fue dando las fechas en las que cada uno de sus familiares ingresó al Poder Judicial, mientras él ocupaba la Dirección de la Facultad de Derecho, una diputación por el PRI, la rectoría de la Uach, la Dirección General del Colegio de Bachilleres y luego, a partir del 2005, magistrado del STJE, cargo en el que, asegura, ningún familiar ingresó al Poder Judicial.
Puede no haber movido un solo dedo a favor de sus parientes, pero concita muuucho sospechosismo que tantos familiares suyos ascendieran en el Poder Judicial mientras él se desempeñaba en cargos de primera importancia en el ámbito del partido gobernante.
Pero si fuera el único caso podría considerarse como una excepción; por desgracia no es así, no son pocos los hijos de destacados integrantes de la clase política que obtienen tempranos acomodos en la estructura burocrática estatal y que, de ese modo, inician largas y fructíferas carreras profesionales. Es que es el ADN, siempre presto a reproducirse.
Y de todo da la mata, ahí están los casos de varios de los detractores, en los que alguno de sus vástagos se desempeñan en la administración municipal, o estatal, o que, como lo hizo Acosta, al tratar de descalificar a sus descalificadores, mostró un talante verdaderamente menor para las dimensiones políticas y profesionales acorde con las máximas responsabilidades en la aplicación de justicia en la entidad.
Son todo un compendio las descalificaciones que hace Acosta de sus acusadores. Señaló al actual director de la Facultad de Derecho de la Uach, Rubén Portillo Acosta, como el autor de los ataques en su contra. Lo acusó de practicar el nepotismo, “pues tiene en la nómina de esa institución a su esposa, Flor Aidé Sánchez, y a su hermano Julio César Portillo”; además, dijo, de nombrar como maestro a un hijo de “la magistrada Jurado y su esposo, el licenciado Chavero, así como a otro licenciado de apellido Flores Legarda quien lo ha atacado en reiteradas ocasiones”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 9/9/10).
Luego acusó al Lic. Villasana de nunca pararse “a dar clases”. Y de Oscar Castrejón, ex subprocurador, deploró que se ostente como representante en Chihuahua del llamado “Gobierno Legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y “dijo que tiene dos asuntos pendientes de desacato a la autoridad”. (Ibídem).
Pero las acusaciones de nepotismo y los deslindes acerca de ese asunto, que en el fondo tienen como sustento la reelección, o no, de Acosta Muñoz, palidecen ante la picaresca presentada en el Poder Legislativo a raíz de la aprobación de la Coordinación para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. La aprobaron porque así nos la mandaron, dijeron los diputados -¡Increíble- del PAN, pero luego de informarle –fuera de libreta, es decir escondiéndose- a El Diario que ese puesto lo había pedido “como un favor personal”, el líder de los diputados priístas, Fernando Rodríguez Moreno, para, a continuación, en la práctica, desdecirse y luego, igual que todos, que el gobernador Reyes Baeza, que la mayoría priísta, ante la avalancha de críticas, dar marcha atrás a algo que Víctor Quintana se los señaló desde el principio.
Así, antes de que se publique en el periódico oficial, es decir, antes de que sea legal la creación del comisionado, ya recibieron la contrapropuesta del gobernador Reyes Baeza.
Pero de todos, el papel más lamentable fue el del diputado Antonio López, quien, al inquirírsele por la aprobación de tales reformar, sin empacho declaró: “Yo no soy borrego, y creo que mis compañeros tampoco, para andar en el limbo a ver qué pasa, o a ver lo que se decide al fin de cuentas”.
Para, a continuación, justificarse de brillantísima manera: “… así nos mandaron las reformas, así las aprobamos…”.
¿Y el papel de legisladores, y más, los de oposición, es que no están ahí para revisar si las cosas se hacen bien?
Por otra parte, se sabía, se intuía, un enfriamiento de las relaciones entre Reyes Baeza y Rodríguez Moreno, no porque tuviese interés generalizado el estado de sus relaciones, sino por las responsabilidades que poseen; ahora casi lo sabemos, a juzgar por las secas respuestas del líder parlamentario, en las que, ante los cuestionamientos, éste envió a los reporteros a preguntarle al gobernador.
¿Y los denunciantes qué? Algo debe haber de fondo pues cinco ex presidentes del Colegio de Abogados afirmaron que “hace cinco meses (el Colegio) denunció ante el diputado Fernando Álvarez Monge todas las irregularidades del Poder Judicial que hoy se ventilan públicamente, legislador que tristemente mintió a la prensa recientemente declarando que desconocía la situación del Poder Judicial”. Pidieron, entre otras cosas, la “Revisión del nepotismo existente en el Poder Judicial del Estado, específicamente del presidente Lic. Rodolfo Acosta Muñoz”, la derogación del cargo, motivo de las querellas de la última decena y la perla del pastel: Que el Congreso se pronuncie por la “no reelección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia”.
Ya encarrerados, los abogados denunciantes pidieron la desaparición de la sindicatura y del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) como si sus denuncias y la última desaparición guardaran congruencia entre sí.
¿Cómo pedir la desaparición de la sindicatura si ésta se ha convertido, por lo menos en los casos en que el síndico proviene de partido distinto al del presidente municipal, en un formidable contrapeso a las presuntas corruptelas de los alcaldes?
Del mismo modo ¿Cómo piden la desaparición de un organismo, garante del derecho al acceso a la información pública? Pidan, en todo caso, la remoción de sus actuales consejeros y mecanismos distintos para evitar la partidización de sus nombramientos, pero de ahí a exigir la desaparición del organismo como tal es una verdadera agresión a lo poco avanzado en materia de transparencia.
¿A dónde iremos a parar?
NOTA UNO. En el acuerdo de las fracciones parlamentarias, si lo hubo, según fuentes del columnista, el aún diputado panista, Roberto Lara, no participó, pero ese es tema de otra entrega.
ASERTO RADIO.- A nuestros lectores, con júbilo, les anunciamos que a partir del lunes 20 de septiembre iniciaremos las transmisiones, de 6 a 7 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, de ASERTO Radio, a través de Antena 760. Escúchenos en el 760 de AM, o por internet en www.antena760.com
jueves, 9 de septiembre de 2010
Gestores irredentos
El Diario, 9 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Desatada como casi nunca, alcanzada una importancia tal que sólo fue superada en la etapa colonial, la actividad minera en Chihuahua adquirió, en últimos ocho o nueve años, un crecimiento extraordinario, pero, como en el pasado, con las mismas características de los dos siglos anteriores, es decir, que el territorio chihuahuense se ha convertido, solamente, en el lugar de extracción de los minerales, sin que los habitantes de los terrenos disfruten más allá de muy pocas compensaciones por rentar sus tierras a fin de que poderosas empresas transnacionales exploten el oro, la plata y otros metales.
Y ya sin la obligación, a partir del sexenio “dorado” –para los monopolios extranjeros– de Carlos Salinas de Gortari, en el cual se derogaron todas las disposiciones impositivas para la explotación minera, especialmente la de exportación.
Así, como hace 300 o 400 años, de tierra chihuahuense siguen saliendo fantásticas cantidades de oro –nos mantenemos, en casi toda la actual década, en el primero o segundo lugar nacional en producción de este metal– y quienes se enriquecen con las ganancias de tan redituable negocio no son los chihuahuenses, sino las gigantescas empresas extranjeras, particularmente las canadienses, que han hecho del territorio nacional el eje de su acelerado crecimiento económico.
No sólo, huyendo de la legislación de su país, que prohíbe la explotación áurea con el método de la lixiviación con cianuro, este se ha convertido en el método preferido en nuestro país. Chihuahua no es la excepción y los problemas generados por este método han despertado, de manera, intermitente, las quejas de los pobladores de los lugares donde se explota el oro.
No es el único problema generado por la intención de explotar las minas de oro, el otro son las continuas controversias desatadas entre la empresa minera y los dueños del terreno donde se ubica la explotación minera. Ese ha sido el caso de la mina de Huizopa, ubicada en el pueblo de Dolores, municipio de Madera.
Pero no contentos con obtener pingües ganancias, los empresarios canadienses se han dado a la tarea de aparecer como benefactores del estado y los pobladores. En varias ocasiones han celebrado eventos en los que deciden donar al gobierno del Estado cantidades ínfimas –para el poderío económico de la empresa– para la realización de algunas obras.
El colmo sucedió días atrás cuando, con bombo y platillos, anunciaron que, alegremente, Marcos Pineda Portela, gerente de Relaciones Comunitarias de la Minera Dolores, acompañado del presidente municipal electo de Madera, Gilberto Estrada, —asistieron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de México para gestionar la electrificación para cuatro comunidades rurales, entre ellas Arroyo Amplio en el ejido Huizopa, puesto que aún se encuentran sin el servicio de energía, informaron—, según informó la reportera Lourdes Díaz (El Diario, 5/9/10).
El funcionario minero, en el colmo de la desfachatez, declaró que “la electrificación es indispensable para Dolores’’. ¡Qué lejos quedaron los tiempos en que el ‘‘Magnate de la Plata’’, fue capaz de llevar a Batopilas la primera planta generadora de energía eléctrica en Chihuahua Pareciera que en el pasado se pensaba que quien debía ‘‘subsidiar’’ la producción minera debía ser la empresa minera y no el Estado Mexicano.
No es lo único, ya puestos en el plan de gestores de tiempo completo, ambos funcionarios, el de la empresa privada y el que en pocos días tomará posesión de su cargo, acudieron, también, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a gestionar “la construcción de dos puentes así como la ampliación de la carretera que comunica a Madera con Dolores, donde actualmente es una brecha que no sirve para el tránsito de vehículos grandes, doble remolque o carga pesada debido a que es meramente una brecha de un solo carril”.
Es decir, vamos a decirle a ‘‘papá gobierno’’ que nos construya las rutas de acceso para extraer el metal pues en los presupuestos de la empresa no existen tales rubros.
Pero, preocupados por la gente, tales caminos se gestionaron para que “la gente pueda trasladar el ganado y venderlo en Madera”.
¡Bien por ellos ¡Debemos elogiar suficientemente tal grado de preocupación
Lástima, seguimos cambiando nuestro oro por espejitos, como hace 500 años.
Luis Javier Valero Flores
Desatada como casi nunca, alcanzada una importancia tal que sólo fue superada en la etapa colonial, la actividad minera en Chihuahua adquirió, en últimos ocho o nueve años, un crecimiento extraordinario, pero, como en el pasado, con las mismas características de los dos siglos anteriores, es decir, que el territorio chihuahuense se ha convertido, solamente, en el lugar de extracción de los minerales, sin que los habitantes de los terrenos disfruten más allá de muy pocas compensaciones por rentar sus tierras a fin de que poderosas empresas transnacionales exploten el oro, la plata y otros metales.
Y ya sin la obligación, a partir del sexenio “dorado” –para los monopolios extranjeros– de Carlos Salinas de Gortari, en el cual se derogaron todas las disposiciones impositivas para la explotación minera, especialmente la de exportación.
Así, como hace 300 o 400 años, de tierra chihuahuense siguen saliendo fantásticas cantidades de oro –nos mantenemos, en casi toda la actual década, en el primero o segundo lugar nacional en producción de este metal– y quienes se enriquecen con las ganancias de tan redituable negocio no son los chihuahuenses, sino las gigantescas empresas extranjeras, particularmente las canadienses, que han hecho del territorio nacional el eje de su acelerado crecimiento económico.
No sólo, huyendo de la legislación de su país, que prohíbe la explotación áurea con el método de la lixiviación con cianuro, este se ha convertido en el método preferido en nuestro país. Chihuahua no es la excepción y los problemas generados por este método han despertado, de manera, intermitente, las quejas de los pobladores de los lugares donde se explota el oro.
No es el único problema generado por la intención de explotar las minas de oro, el otro son las continuas controversias desatadas entre la empresa minera y los dueños del terreno donde se ubica la explotación minera. Ese ha sido el caso de la mina de Huizopa, ubicada en el pueblo de Dolores, municipio de Madera.
Pero no contentos con obtener pingües ganancias, los empresarios canadienses se han dado a la tarea de aparecer como benefactores del estado y los pobladores. En varias ocasiones han celebrado eventos en los que deciden donar al gobierno del Estado cantidades ínfimas –para el poderío económico de la empresa– para la realización de algunas obras.
El colmo sucedió días atrás cuando, con bombo y platillos, anunciaron que, alegremente, Marcos Pineda Portela, gerente de Relaciones Comunitarias de la Minera Dolores, acompañado del presidente municipal electo de Madera, Gilberto Estrada, —asistieron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de México para gestionar la electrificación para cuatro comunidades rurales, entre ellas Arroyo Amplio en el ejido Huizopa, puesto que aún se encuentran sin el servicio de energía, informaron—, según informó la reportera Lourdes Díaz (El Diario, 5/9/10).
El funcionario minero, en el colmo de la desfachatez, declaró que “la electrificación es indispensable para Dolores’’. ¡Qué lejos quedaron los tiempos en que el ‘‘Magnate de la Plata’’, fue capaz de llevar a Batopilas la primera planta generadora de energía eléctrica en Chihuahua Pareciera que en el pasado se pensaba que quien debía ‘‘subsidiar’’ la producción minera debía ser la empresa minera y no el Estado Mexicano.
No es lo único, ya puestos en el plan de gestores de tiempo completo, ambos funcionarios, el de la empresa privada y el que en pocos días tomará posesión de su cargo, acudieron, también, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a gestionar “la construcción de dos puentes así como la ampliación de la carretera que comunica a Madera con Dolores, donde actualmente es una brecha que no sirve para el tránsito de vehículos grandes, doble remolque o carga pesada debido a que es meramente una brecha de un solo carril”.
Es decir, vamos a decirle a ‘‘papá gobierno’’ que nos construya las rutas de acceso para extraer el metal pues en los presupuestos de la empresa no existen tales rubros.
Pero, preocupados por la gente, tales caminos se gestionaron para que “la gente pueda trasladar el ganado y venderlo en Madera”.
¡Bien por ellos ¡Debemos elogiar suficientemente tal grado de preocupación
Lástima, seguimos cambiando nuestro oro por espejitos, como hace 500 años.
La cara de la derrota
Aserto No. 85, agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
Iban exactamente en sentido contrario, en tanto uno poco a poco iba sumando apoyos y simpatías, se consolidaba como indefectible; por el otro lado, su candidatura se cimentaba en lastres, ánimos heridos, sin incorporar nuevas voluntades e iba dejando, como se dice en el argot político, “puros cadáveres”, al tiempo que, desde su mismo partido le acusaban por haber, decían, “secuestrado” la candidatura al Gobierno del Estado.
Esas eran las sendas por las que viajaron, el candidato priista, César Duarte, y el aspirante del PAN, Carlos Borruel. Iban en sentidos totalmente opuestos. Lo mismo sucedía con sus partidos. En tanto el PRI avanzaba en la percepción de que podría ser el absoluto triunfador de la jornada comicial del 4 de julio en catorce entidades –el llamado súper domingo-, el PAN hacía agua en todos lados. No solamente en Chihuahua se apreciaba un declive de las simpatías electorales por el partido gobernante.
La crisis de seguridad pública, percibida nacionalmente como de factura federal, atribuida por la mayoría de los ciudadanos a Felipe Calderón, golpeó en la línea de flotación al PAN.
Más aún, los factores locales hicieron mella en el duro electorado del blanquiazul en la entidad. La derrota en las elecciones federales del 2009 fue tan solo un presagio. Ese año el panismo, por unos cuantos votos, logró triunfar en uno de sus dos más importantes bastiones en Chihuahua, orgullo del panismo nacional, el distrito 3 de Juárez; el otro, el 6 de Chihuahua había caído estrepitosamente y uno de sus más recientes liderazgos estatales, el del ex alcalde Juan Blanco, había caído dolorosamente, víctima de la acusación de un fraude de cinco millones de pesos.
Fue de tal magnitud la derrota panista que obligó a los dos más fuertes aspirantes, el senador Gustavo Madero, y el mencionado Blanco, a retirarse de la contienda. Así, de la noche a la mañana, el grupo hegemónico en el PAN estatal –el dirigido por su presidente, Cruz Pérez Cuéllar, perdió a su abanderado –Madero- y a su segunda opción; debió, por tanto, negociar con la segunda fuerza (por lo menos aparentemente) en el estado y aceptar la candidatura del alcalde. A este, sus cercanos, hacía tiempo le habían endulzado el oído y hecho creer que estaba en condiciones de ganar la contienda constitucional.
La aparición de Pablo Cuarón, como insólito e imprevisto precandidato puso a prueba al equipo de Borruel y lo mostró en su verdadera fuerza. No le fue bien, puso en evidencia el elevado número de militantes panistas descontentos con su labor y su candidatura. Y no sólo en lo práctico, también en el terreno de la ética política había dejado muchas cosas por desear entre sus compañeros. El no haber terminado ninguno de los cargos de elección popular seguramente le acarreó no pocas críticas en su partido.
Nada de eso importó, veía cercana la silla principal de Palacio de Gobierno, objetivo en el cual soñaban todos los integrantes de su familia, poco importaban los escándalos protagonizados por el primogénito y los señalamientos periodísticos acerca de los recursos públicos puestos a disposición del vástago. También quedaron atrás –para ellos- las críticas acerca de la foto oficial del alcalde –toda la familia Borruel Macías- y el tufo nepotista por ella despertado.
Nada importaba para la élite borruelista. Las acusaciones de los priistas hacia su administración municipal, que daban cuenta del enorme descontento social a causa del deficiente alumbrado público, de los parques abandonados, de la ineficacia de la policía municipal, del crecimiento desmesurado de la delincuencia en la ciudad, todo formaba parte, decían, de la desesperación de los priistas por su muy “previsible derrota”.
Y mientras eso argumentaba, el estado se hundía en la vorágine de la violencia y las ejecuciones interminables, así como el crecimiento de las extorsiones, los asaltos a mano armada y los secuestros.
Nada de lo anterior pudo echar atrás, ni siquiera con el uso de promesas y estratagemas de campaña, consistentes en prometer un sinnúmero de prebendas sociales, todas calificadas de populistas en su momento por ellos mismos, cuando las presentó Andrés Manuel López Obrador, en 2006.
Luego, la promesa de derogar la tenencia funcionó sólo unos días, que el candidato priista se apresuró en salirle al frente y proponer cosa semejante, no obstante que durante varias semanas el panista insistió en acusarlo de “piratearle” las propuestas.
Tampoco funcionó.
Al final de la campaña, la derrota era previsible, la sensación de que el candidato del PRI podía ganar permeó en toda la sociedad, el segundo debate vino a confirmar en sus conclusiones a los pocos electores que aún permanecían indecisos, de los muy pocos que asistieron a las urnas, y por último, la aparición de Pablo Cuarón al lado de Duarte, primero, y la de Juan Blanco casi inmediatamente después, le dio la puntilla a una campaña que siempre dio la impresión de no concitar demasiada emoción al electorado.
No todos los panistas estaban de acuerdo con la candidatura de Borruel, ahora sabemos que tampoco una buena parte de los electores blanquiazules, la derrota de López por más de 55 mil votos a manos de Marco Adán Quezada así lo denota.
Enfrente, el camino fue al revés. Duarte concitó el apoyo de la dirigencia nacional de su partido, y la del coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, para erigirse en presidente de la mesa directiva de ese órgano parlamentario. Tal hecho le generó muy grandes expectativas. Tenía a su favor el hecho de haberse desempeñado durante varios años como dirigente estatal de la CNC, organización de la que también emergió Beatriz Paredes.
Fue de tal fuerza el apoyo obtenido en el centro del país por Duarte que algunos priistas, en la confidencialidad, afirman que le fue impuesto a Reyes Baeza.
Tal protagonismo le generó una posición de privilegio, con la que fue tejiendo apoyos regionales y sociales. Al final, la torpeza política de los empresarios Federico de la Vega y Eloy Vallina, al empujar groseramente a favor de Héctor Murguía, venció las últimas resistencias en Palacio de Gobierno a su candidatura. En el camino se había quedado Oscar Villalobos, el más señalado como el posible favorito de Reyes Baeza, el gobernador, para designarlo como su sucesor; también Fernando Rodríguez Moreno, el coordinador de los diputados locales, pero que en la parte final de la competencia se apreciaba cierto distanciamiento del gobernante, a juzgar por la marginación que se veía de todas las posiciones repartidas por el ungido candidato del PRI.
Reyes Ferriz, el alcalde juarense, y Alejandro Cano, el ex alcalde y diputado federal, quizá, solo habían jugado el papel de acompañantes del proceso, el primero para neutralizar la fuerza de Murguía y el segundo para obtener el respaldo del empresariado.
Pero todos le alzaron la mano a Duarte. No sucedió así en el PAN.
Las acciones de Felipe Calderón, su protagonismo electoral y su desmedida participación en la vida interna del PAN; los resultados de su gobierno, la confrontación con el PRI, el empeoramiento de la seguridad pública y el agravamiento de la crisis económica, además de celebrarse por primera ocasión tantas elecciones locales, fueron llevando poco a poco a la conformación de lo que puede denominarse como un referéndum sobre el gobierno federal.
Sería el tercero que, por la vía de los hechos, se celebraba en el país. En el 2000, la elección se convirtió en una suerte de referéndum hacia la continuación del PRI en el gobierno. Ese año, la mayoría de los mexicanos decidió terminar con los gobiernos nacionales emanados del PRI, en eso consistió, finalmente, el eje de la propuesta de Vicente Fox. Prometió acabar con las alimañas, las tepocatas y las víboras prietas. La mayoría del electorado –relativamente- le creyó.
Seis años después, ante la cercana posibilidad de que la izquierda accediera al poder, las otras fuerzas, las políticas y las fácticas, convocaron a lo que el mismo candidato del PRI, Roberto Madrazo, consideró una especie de referéndum acerca de tal. El panista y AMLO se dividieron los triunfos estatales.
La elección del 4 de julio se convirtió, en la práctica, en el referéndum sobre el gobierno de Calderón.
La confirmación a la activa participación de Calderón la aportó, sorpresivamente, el IFE, órgano que dictaminó que el mensaje emitido por cadena nacional el 15 de junio, con el pretexto que debía comunicarle al país algunas consideraciones sobre seguridad nacional, violaba la ley electoral.
Casi todo intentó el gobierno federal para evitar la derrota electoral. A tres días de las elecciones, sin que hubiese motivo alguno para hacerlo, con todas las características de un desesperado intento –igual que el mensaje del 15 de junio- por imbuir en el electorado impresiones positivas hacia su labor, anunció una serie de hechos presumiblemente positivos de la economía nacional, como el de que se crearon 500 mil empleos, al tiempo que cinco secretarios de Estado se apresuraron a presentarse en Juárez para efectuar “un balance del avance de los programas federales del ‘Todos somos Juárez”.
Pero después de las elecciones no han regresado ¡Cuánta torpeza!
Tres aspectos, todos negativos, destacan de las campañas recién terminadas: El fortalecimiento del bipartidismo en Chihuahua; el olvido de la agenda de la transición de los candidatos de los dos partidos más fuertes en Chihuahua, y la desmedida participación de los empresarios en el financiamiento de las campañas.
¿Dónde quedó el compromiso de desmantelar las estructuras del viejo régimen, existente hasta el año 2000? ¿Dónde, el del más amplio respeto a la vida sindical y el abandono de las prácticas corporativas del pasado?
Dos son las principales conclusiones inmediatas de las elecciones del 4 de julio: El rechazo mayoritario a la gestión de Felipe Calderón en todo el país y el creciente abstencionismo en las entidades con mayores índices de violencia.
No de otra forma podemos leer los resultados de la denominada jornada de “súper domingo”, en la que fue convocado el 39% del padrón electoral del país a elegir a doce gobernadores. La derrota del PAN, el partido gobernante, es estrepitosa, no la atenúa, ni siquiera, el triunfo de las coaliciones del PAN y PRD en los estados de Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y la cerrada lucha en Veracruz y Durango.
Las más dolorosas derrotas para el panismo, seguramente serán en Aguascalientes y Baja California. En la primera, además de perder la gubernatura, luego de doce años de gobierno ininterrumpido, perdieron todas las alcaldías y la mayoría en el Congreso. En Baja California perdieron la totalidad de las alcaldías y la legislatura local, luego de gobernar dieciocho años de ser mayoría hegemónica.
A nivel local, la derrota panista puede paliarse parcialmente por los triunfos en las alcaldías, entre los municipios más importantes gobernará Delicias, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Guachochi; y el PRI lo hará en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Madera.
César Duarte, obtuvo una aplastante victoria sobre Carlos Borruel al lograr una votación 16.4% superior a la del panista, así como el mayor diferencial de votos jamás alcanzado por candidato alguno en la era de la plena competencia electoral, pues su ventaja es de casi 177 mil votos, es decir, más de la votación alcanzada por alguno de los candidatos triunfadores a las alcaldías de Juárez y Chihuahua. Los números son contundentes. Borruel obtuvo 423 mil 409 votos (39.13%) y César Duarte 600 mil 345 (55.54%), por 21 mil 607 del perredista Luis Adolfo Orozco (1.99%).
A pesar de todo, la participación electoral no llegó a las cifras esperadas por los más pesimistas y rebasó el 40%: 41.4, aunque, como es natural, que sólo 4 de cada 10 ciudadanos acudan a votar debiera preocupar seriamente a la clase política.
Más aún, Duarte gana en 59 de los 67 municipios, pero no pierde en ninguno de los más poblados de la entidad. Sin embargo, el PRI perdió 26 municipios, 23 a manos del PAN, dos del PRD y Carichí frente a la alianza PAN-PRD.
A su vez, los candidatos priistas a las diputaciones sólo perdieron en un distrito de Juárez, de los 14 en los que postularon, solos, a candidatos; y en la alianza con el Panal y el Verde, otro en esa misma ciudad, de los 8 distritos en que participaron juntos. Así, el PRI, solo, ganó en 13 distritos y con la alianza, otros 7. De estos, uno de los candidatos pertenece al PANAL.
Si así quedaran las cosas, el PRI no obtendría diputación pluri, el PAN y el PANAL 3, el Verde 2 y una para PT y PRD. Entonces, ya por partidos, al momento de integrar los grupos parlamentarios, el PRI tendría 19 diputados, el PAN 6, el PANAL 4, PT 1 y PRD 1.
Ante ese panorama, de tan contundente triunfo del candidato a gobernador, sorprenden varios hechos, el principal de ellos, el elevado número de derrotas municipales del PRI, y acaso ligado a otro, el de la sorpresiva alta votación alcanzada por el PAN en la mayor parte de los municipios con población preponderantemente rural, sobre todo en la elección de alcaldes, pero no solo.
Carlos Borruel ganó la elección en los municipios de Allende, Bocoyna, Coyame, Santa Isabel, Julimes, Ocampo, Satevó y Uruachi y obtuvo elevadas votaciones, casi iguales a las e Duarte en Balleza, Batopilas, Coronado, la Cruz, Chínipas, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe DB, Matachí, Moris, Nonoava, San Francisco de Borja y Valle de Zaragoza, con lo que se acabó (por lo menos para esta elección) con el mito del voto “verde”, no por ecologista, sino porque era el voto de las zonas rurales, generalmente elevado a favor de los candidatos priistas.
Además, tomando en cuenta a los municipios más poblados, el PAN gobernará Delicias, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Guachochi y el PRI lo hará en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Madera.
Pero tales resultados deberán explicarse. Una primera conclusión podría ser la de que, mayoritariamente, los chihuahuenses no le achacan al gobierno estatal la principal de las responsabilidades en la crisis de seguridad pública, algo a lo que le apostaron, y mucho, los panistas, nomás recordemos las declaraciones de diversos actores del PAN, incluido el mismo Borruel, o más atrás las de la senadora Teresa Ortuño en contra del gobernador Reyes Baeza, o las gravísimas acusaciones del candidato panista a la alcaldía juarense, César Jáuregui, en contra de su adversario, Héctor Murguía.
En ese aspecto, el comportamiento de electorado chihuahuense no es distinto al del resto del país, pero seguramente que contaron otros factores, el primero, que a pesar de todo, en todas las evaluaciones practicadas, el gobierno de Reyes Baeza sale bien calificado, y segundo, los antecedentes personales de Duarte, sobre todo los derivados de su prolongado tránsito como dirigente social, en la dirigencia de la CNC y en la participación, al lado de otras organizaciones en la lucha por obtener mejores tarifas de energía eléctrica para el campo.
Tales factores resaltan más al comparar sus resultados con los obtenidos por sus candidatos a las alcaldías, lo que hace suponer una mala designación en esos puestos.
Luis Javier Valero Flores
Iban exactamente en sentido contrario, en tanto uno poco a poco iba sumando apoyos y simpatías, se consolidaba como indefectible; por el otro lado, su candidatura se cimentaba en lastres, ánimos heridos, sin incorporar nuevas voluntades e iba dejando, como se dice en el argot político, “puros cadáveres”, al tiempo que, desde su mismo partido le acusaban por haber, decían, “secuestrado” la candidatura al Gobierno del Estado.
Esas eran las sendas por las que viajaron, el candidato priista, César Duarte, y el aspirante del PAN, Carlos Borruel. Iban en sentidos totalmente opuestos. Lo mismo sucedía con sus partidos. En tanto el PRI avanzaba en la percepción de que podría ser el absoluto triunfador de la jornada comicial del 4 de julio en catorce entidades –el llamado súper domingo-, el PAN hacía agua en todos lados. No solamente en Chihuahua se apreciaba un declive de las simpatías electorales por el partido gobernante.
La crisis de seguridad pública, percibida nacionalmente como de factura federal, atribuida por la mayoría de los ciudadanos a Felipe Calderón, golpeó en la línea de flotación al PAN.
Más aún, los factores locales hicieron mella en el duro electorado del blanquiazul en la entidad. La derrota en las elecciones federales del 2009 fue tan solo un presagio. Ese año el panismo, por unos cuantos votos, logró triunfar en uno de sus dos más importantes bastiones en Chihuahua, orgullo del panismo nacional, el distrito 3 de Juárez; el otro, el 6 de Chihuahua había caído estrepitosamente y uno de sus más recientes liderazgos estatales, el del ex alcalde Juan Blanco, había caído dolorosamente, víctima de la acusación de un fraude de cinco millones de pesos.
Fue de tal magnitud la derrota panista que obligó a los dos más fuertes aspirantes, el senador Gustavo Madero, y el mencionado Blanco, a retirarse de la contienda. Así, de la noche a la mañana, el grupo hegemónico en el PAN estatal –el dirigido por su presidente, Cruz Pérez Cuéllar, perdió a su abanderado –Madero- y a su segunda opción; debió, por tanto, negociar con la segunda fuerza (por lo menos aparentemente) en el estado y aceptar la candidatura del alcalde. A este, sus cercanos, hacía tiempo le habían endulzado el oído y hecho creer que estaba en condiciones de ganar la contienda constitucional.
La aparición de Pablo Cuarón, como insólito e imprevisto precandidato puso a prueba al equipo de Borruel y lo mostró en su verdadera fuerza. No le fue bien, puso en evidencia el elevado número de militantes panistas descontentos con su labor y su candidatura. Y no sólo en lo práctico, también en el terreno de la ética política había dejado muchas cosas por desear entre sus compañeros. El no haber terminado ninguno de los cargos de elección popular seguramente le acarreó no pocas críticas en su partido.
Nada de eso importó, veía cercana la silla principal de Palacio de Gobierno, objetivo en el cual soñaban todos los integrantes de su familia, poco importaban los escándalos protagonizados por el primogénito y los señalamientos periodísticos acerca de los recursos públicos puestos a disposición del vástago. También quedaron atrás –para ellos- las críticas acerca de la foto oficial del alcalde –toda la familia Borruel Macías- y el tufo nepotista por ella despertado.
Nada importaba para la élite borruelista. Las acusaciones de los priistas hacia su administración municipal, que daban cuenta del enorme descontento social a causa del deficiente alumbrado público, de los parques abandonados, de la ineficacia de la policía municipal, del crecimiento desmesurado de la delincuencia en la ciudad, todo formaba parte, decían, de la desesperación de los priistas por su muy “previsible derrota”.
Y mientras eso argumentaba, el estado se hundía en la vorágine de la violencia y las ejecuciones interminables, así como el crecimiento de las extorsiones, los asaltos a mano armada y los secuestros.
Nada de lo anterior pudo echar atrás, ni siquiera con el uso de promesas y estratagemas de campaña, consistentes en prometer un sinnúmero de prebendas sociales, todas calificadas de populistas en su momento por ellos mismos, cuando las presentó Andrés Manuel López Obrador, en 2006.
Luego, la promesa de derogar la tenencia funcionó sólo unos días, que el candidato priista se apresuró en salirle al frente y proponer cosa semejante, no obstante que durante varias semanas el panista insistió en acusarlo de “piratearle” las propuestas.
Tampoco funcionó.
Al final de la campaña, la derrota era previsible, la sensación de que el candidato del PRI podía ganar permeó en toda la sociedad, el segundo debate vino a confirmar en sus conclusiones a los pocos electores que aún permanecían indecisos, de los muy pocos que asistieron a las urnas, y por último, la aparición de Pablo Cuarón al lado de Duarte, primero, y la de Juan Blanco casi inmediatamente después, le dio la puntilla a una campaña que siempre dio la impresión de no concitar demasiada emoción al electorado.
No todos los panistas estaban de acuerdo con la candidatura de Borruel, ahora sabemos que tampoco una buena parte de los electores blanquiazules, la derrota de López por más de 55 mil votos a manos de Marco Adán Quezada así lo denota.
Enfrente, el camino fue al revés. Duarte concitó el apoyo de la dirigencia nacional de su partido, y la del coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, para erigirse en presidente de la mesa directiva de ese órgano parlamentario. Tal hecho le generó muy grandes expectativas. Tenía a su favor el hecho de haberse desempeñado durante varios años como dirigente estatal de la CNC, organización de la que también emergió Beatriz Paredes.
Fue de tal fuerza el apoyo obtenido en el centro del país por Duarte que algunos priistas, en la confidencialidad, afirman que le fue impuesto a Reyes Baeza.
Tal protagonismo le generó una posición de privilegio, con la que fue tejiendo apoyos regionales y sociales. Al final, la torpeza política de los empresarios Federico de la Vega y Eloy Vallina, al empujar groseramente a favor de Héctor Murguía, venció las últimas resistencias en Palacio de Gobierno a su candidatura. En el camino se había quedado Oscar Villalobos, el más señalado como el posible favorito de Reyes Baeza, el gobernador, para designarlo como su sucesor; también Fernando Rodríguez Moreno, el coordinador de los diputados locales, pero que en la parte final de la competencia se apreciaba cierto distanciamiento del gobernante, a juzgar por la marginación que se veía de todas las posiciones repartidas por el ungido candidato del PRI.
Reyes Ferriz, el alcalde juarense, y Alejandro Cano, el ex alcalde y diputado federal, quizá, solo habían jugado el papel de acompañantes del proceso, el primero para neutralizar la fuerza de Murguía y el segundo para obtener el respaldo del empresariado.
Pero todos le alzaron la mano a Duarte. No sucedió así en el PAN.
Las acciones de Felipe Calderón, su protagonismo electoral y su desmedida participación en la vida interna del PAN; los resultados de su gobierno, la confrontación con el PRI, el empeoramiento de la seguridad pública y el agravamiento de la crisis económica, además de celebrarse por primera ocasión tantas elecciones locales, fueron llevando poco a poco a la conformación de lo que puede denominarse como un referéndum sobre el gobierno federal.
Sería el tercero que, por la vía de los hechos, se celebraba en el país. En el 2000, la elección se convirtió en una suerte de referéndum hacia la continuación del PRI en el gobierno. Ese año, la mayoría de los mexicanos decidió terminar con los gobiernos nacionales emanados del PRI, en eso consistió, finalmente, el eje de la propuesta de Vicente Fox. Prometió acabar con las alimañas, las tepocatas y las víboras prietas. La mayoría del electorado –relativamente- le creyó.
Seis años después, ante la cercana posibilidad de que la izquierda accediera al poder, las otras fuerzas, las políticas y las fácticas, convocaron a lo que el mismo candidato del PRI, Roberto Madrazo, consideró una especie de referéndum acerca de tal. El panista y AMLO se dividieron los triunfos estatales.
La elección del 4 de julio se convirtió, en la práctica, en el referéndum sobre el gobierno de Calderón.
La confirmación a la activa participación de Calderón la aportó, sorpresivamente, el IFE, órgano que dictaminó que el mensaje emitido por cadena nacional el 15 de junio, con el pretexto que debía comunicarle al país algunas consideraciones sobre seguridad nacional, violaba la ley electoral.
Casi todo intentó el gobierno federal para evitar la derrota electoral. A tres días de las elecciones, sin que hubiese motivo alguno para hacerlo, con todas las características de un desesperado intento –igual que el mensaje del 15 de junio- por imbuir en el electorado impresiones positivas hacia su labor, anunció una serie de hechos presumiblemente positivos de la economía nacional, como el de que se crearon 500 mil empleos, al tiempo que cinco secretarios de Estado se apresuraron a presentarse en Juárez para efectuar “un balance del avance de los programas federales del ‘Todos somos Juárez”.
Pero después de las elecciones no han regresado ¡Cuánta torpeza!
Tres aspectos, todos negativos, destacan de las campañas recién terminadas: El fortalecimiento del bipartidismo en Chihuahua; el olvido de la agenda de la transición de los candidatos de los dos partidos más fuertes en Chihuahua, y la desmedida participación de los empresarios en el financiamiento de las campañas.
¿Dónde quedó el compromiso de desmantelar las estructuras del viejo régimen, existente hasta el año 2000? ¿Dónde, el del más amplio respeto a la vida sindical y el abandono de las prácticas corporativas del pasado?
Dos son las principales conclusiones inmediatas de las elecciones del 4 de julio: El rechazo mayoritario a la gestión de Felipe Calderón en todo el país y el creciente abstencionismo en las entidades con mayores índices de violencia.
No de otra forma podemos leer los resultados de la denominada jornada de “súper domingo”, en la que fue convocado el 39% del padrón electoral del país a elegir a doce gobernadores. La derrota del PAN, el partido gobernante, es estrepitosa, no la atenúa, ni siquiera, el triunfo de las coaliciones del PAN y PRD en los estados de Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y la cerrada lucha en Veracruz y Durango.
Las más dolorosas derrotas para el panismo, seguramente serán en Aguascalientes y Baja California. En la primera, además de perder la gubernatura, luego de doce años de gobierno ininterrumpido, perdieron todas las alcaldías y la mayoría en el Congreso. En Baja California perdieron la totalidad de las alcaldías y la legislatura local, luego de gobernar dieciocho años de ser mayoría hegemónica.
A nivel local, la derrota panista puede paliarse parcialmente por los triunfos en las alcaldías, entre los municipios más importantes gobernará Delicias, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Guachochi; y el PRI lo hará en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Madera.
César Duarte, obtuvo una aplastante victoria sobre Carlos Borruel al lograr una votación 16.4% superior a la del panista, así como el mayor diferencial de votos jamás alcanzado por candidato alguno en la era de la plena competencia electoral, pues su ventaja es de casi 177 mil votos, es decir, más de la votación alcanzada por alguno de los candidatos triunfadores a las alcaldías de Juárez y Chihuahua. Los números son contundentes. Borruel obtuvo 423 mil 409 votos (39.13%) y César Duarte 600 mil 345 (55.54%), por 21 mil 607 del perredista Luis Adolfo Orozco (1.99%).
A pesar de todo, la participación electoral no llegó a las cifras esperadas por los más pesimistas y rebasó el 40%: 41.4, aunque, como es natural, que sólo 4 de cada 10 ciudadanos acudan a votar debiera preocupar seriamente a la clase política.
Más aún, Duarte gana en 59 de los 67 municipios, pero no pierde en ninguno de los más poblados de la entidad. Sin embargo, el PRI perdió 26 municipios, 23 a manos del PAN, dos del PRD y Carichí frente a la alianza PAN-PRD.
A su vez, los candidatos priistas a las diputaciones sólo perdieron en un distrito de Juárez, de los 14 en los que postularon, solos, a candidatos; y en la alianza con el Panal y el Verde, otro en esa misma ciudad, de los 8 distritos en que participaron juntos. Así, el PRI, solo, ganó en 13 distritos y con la alianza, otros 7. De estos, uno de los candidatos pertenece al PANAL.
Si así quedaran las cosas, el PRI no obtendría diputación pluri, el PAN y el PANAL 3, el Verde 2 y una para PT y PRD. Entonces, ya por partidos, al momento de integrar los grupos parlamentarios, el PRI tendría 19 diputados, el PAN 6, el PANAL 4, PT 1 y PRD 1.
Ante ese panorama, de tan contundente triunfo del candidato a gobernador, sorprenden varios hechos, el principal de ellos, el elevado número de derrotas municipales del PRI, y acaso ligado a otro, el de la sorpresiva alta votación alcanzada por el PAN en la mayor parte de los municipios con población preponderantemente rural, sobre todo en la elección de alcaldes, pero no solo.
Carlos Borruel ganó la elección en los municipios de Allende, Bocoyna, Coyame, Santa Isabel, Julimes, Ocampo, Satevó y Uruachi y obtuvo elevadas votaciones, casi iguales a las e Duarte en Balleza, Batopilas, Coronado, la Cruz, Chínipas, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe DB, Matachí, Moris, Nonoava, San Francisco de Borja y Valle de Zaragoza, con lo que se acabó (por lo menos para esta elección) con el mito del voto “verde”, no por ecologista, sino porque era el voto de las zonas rurales, generalmente elevado a favor de los candidatos priistas.
Además, tomando en cuenta a los municipios más poblados, el PAN gobernará Delicias, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Guachochi y el PRI lo hará en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Madera.
Pero tales resultados deberán explicarse. Una primera conclusión podría ser la de que, mayoritariamente, los chihuahuenses no le achacan al gobierno estatal la principal de las responsabilidades en la crisis de seguridad pública, algo a lo que le apostaron, y mucho, los panistas, nomás recordemos las declaraciones de diversos actores del PAN, incluido el mismo Borruel, o más atrás las de la senadora Teresa Ortuño en contra del gobernador Reyes Baeza, o las gravísimas acusaciones del candidato panista a la alcaldía juarense, César Jáuregui, en contra de su adversario, Héctor Murguía.
En ese aspecto, el comportamiento de electorado chihuahuense no es distinto al del resto del país, pero seguramente que contaron otros factores, el primero, que a pesar de todo, en todas las evaluaciones practicadas, el gobierno de Reyes Baeza sale bien calificado, y segundo, los antecedentes personales de Duarte, sobre todo los derivados de su prolongado tránsito como dirigente social, en la dirigencia de la CNC y en la participación, al lado de otras organizaciones en la lucha por obtener mejores tarifas de energía eléctrica para el campo.
Tales factores resaltan más al comparar sus resultados con los obtenidos por sus candidatos a las alcaldías, lo que hace suponer una mala designación en esos puestos.
Cuotas escolares y promesas de campaña
Editorial de Aserto No. 85
Agosto de 2010
Una vez terminadas las campañas electorales y las vacaciones de verano, miles de chihuahuenses podrán constatar, ya, si las promesas de campaña tienen sustento y si guardan congruencia nuestros políticos.
Durante la misma, el candidato a la gubernatura del PAN prometió que de triunfar ya no se cobrarían las cuotas escolares. A tal propuesta, desde el Gobierno del Estado se le respondió diciendo que no existía presupuesto estatal para el mantenimiento de las instituciones escolares, por lo que, si fuéramos buenos entendedores, se daba luz verde para que las agrupaciones de padres de familia, puestos de acuerdo con no pocos directores de escuelas, sintieran que habría algo así como manga ancha al cobro de esto que se ha ido convirtiendo en uno de los principales problemas del inicio de actividades escolares.
El problema es real, pero la salida ofrecida hasta ahora por las autoridades (de todos los partidos, salvo el perredista del DF, no así en otras entidades gobernadas por este partido) a la falta de recursos económicos para equipar y dar mantenimiento a los edificios escolares, ha sido la de hacerse de la vista gorda a fin de que las agrupaciones de padres de familia cobren las cuotas escolares y entreguen los recursos recabados a las direcciones y se efectúen las mejoras necesarias.
La existencia de tal anomalía echa por tierra la existencia de la educación gratuita, la impartida por el Estado, provoca la aparición de numerosas irregularidades en el manejo de recursos, además de la posibilidad de contubernios entre directores de escuelas y dirigentes de las agrupaciones.
Además, exime al Estado de la obligación de impartir la gratuidad de la educación, no basta, y ese es el concepto esencial, con pagarles los salarios a los maestros para que se cumpla con tal obligatoriedad, ahora mismo, cuando se discute la necesidad de establecer escuelas de tiempo completo, de alargar los horarios ¿Deben ser los padres de familia los que construyan las instalaciones necesarias para las actividades que deberán desarrollarse en planteles de ese tipo?
De ninguna manera, y ahí es en donde ubicamos las responsabilidades de quienes buscaron la máxima posición pública en la entidad, y la de sus compañeros pues en esa búsqueda no iban solos, las propuestas efectuadas en la campaña fueron respaldadas por su partido, pero no solamente hasta que los ungieran funcionarios públicos, y dicha responsabilidad no competía solamente a los nuevos sino al total de sus funcionarios, incluidos, como es lógico, a los actuales.
Y de ninguno de ellos, pero tampoco de los que proceden del grupo mayoritario, hemos escuchado que habrán de cumplir con tales compromisos, por lo menos de proponerlos en el órgano legislativo para que éste, en la discusión del presupuesto 2011, resuelva en consecuencia.
No hacerlo significará que tales eran las promesas de campaña, con las cuales no se comprometen los nuevos funcionarios, emanados de cualquiera de los partidos, pues si se trata de establecer la agenda gubernamental y la legislativa para el siguiente período, no hay que buscar mucho, ahóndese en las propuestas de campaña de los candidatos al gobierno estatal y la encontraremos. Hacerlo es abonarle al camino de alcanzar la necesaria credibilidad que los políticos debieran tener en la población.
Pero si optan por lo contrario, tres años más tarde nos encontraremos en una faceta más aguda aún de desapego ciudadano a las tareas gubernamentales y el abstencionismo crecerá, algo que, por lo menos en sus discursos, los políticos repudian y se han comprometido a trabajar para disminuirlo.
Y lo más grave no será eso, sino que la disminución de recursos a los planteles escolares irá minando la capacidad académica y se obligará al aumento de las cuotas escolares y la gratuidad de la enseñanza será una mera utopía.
Agosto de 2010
Una vez terminadas las campañas electorales y las vacaciones de verano, miles de chihuahuenses podrán constatar, ya, si las promesas de campaña tienen sustento y si guardan congruencia nuestros políticos.
Durante la misma, el candidato a la gubernatura del PAN prometió que de triunfar ya no se cobrarían las cuotas escolares. A tal propuesta, desde el Gobierno del Estado se le respondió diciendo que no existía presupuesto estatal para el mantenimiento de las instituciones escolares, por lo que, si fuéramos buenos entendedores, se daba luz verde para que las agrupaciones de padres de familia, puestos de acuerdo con no pocos directores de escuelas, sintieran que habría algo así como manga ancha al cobro de esto que se ha ido convirtiendo en uno de los principales problemas del inicio de actividades escolares.
El problema es real, pero la salida ofrecida hasta ahora por las autoridades (de todos los partidos, salvo el perredista del DF, no así en otras entidades gobernadas por este partido) a la falta de recursos económicos para equipar y dar mantenimiento a los edificios escolares, ha sido la de hacerse de la vista gorda a fin de que las agrupaciones de padres de familia cobren las cuotas escolares y entreguen los recursos recabados a las direcciones y se efectúen las mejoras necesarias.
La existencia de tal anomalía echa por tierra la existencia de la educación gratuita, la impartida por el Estado, provoca la aparición de numerosas irregularidades en el manejo de recursos, además de la posibilidad de contubernios entre directores de escuelas y dirigentes de las agrupaciones.
Además, exime al Estado de la obligación de impartir la gratuidad de la educación, no basta, y ese es el concepto esencial, con pagarles los salarios a los maestros para que se cumpla con tal obligatoriedad, ahora mismo, cuando se discute la necesidad de establecer escuelas de tiempo completo, de alargar los horarios ¿Deben ser los padres de familia los que construyan las instalaciones necesarias para las actividades que deberán desarrollarse en planteles de ese tipo?
De ninguna manera, y ahí es en donde ubicamos las responsabilidades de quienes buscaron la máxima posición pública en la entidad, y la de sus compañeros pues en esa búsqueda no iban solos, las propuestas efectuadas en la campaña fueron respaldadas por su partido, pero no solamente hasta que los ungieran funcionarios públicos, y dicha responsabilidad no competía solamente a los nuevos sino al total de sus funcionarios, incluidos, como es lógico, a los actuales.
Y de ninguno de ellos, pero tampoco de los que proceden del grupo mayoritario, hemos escuchado que habrán de cumplir con tales compromisos, por lo menos de proponerlos en el órgano legislativo para que éste, en la discusión del presupuesto 2011, resuelva en consecuencia.
No hacerlo significará que tales eran las promesas de campaña, con las cuales no se comprometen los nuevos funcionarios, emanados de cualquiera de los partidos, pues si se trata de establecer la agenda gubernamental y la legislativa para el siguiente período, no hay que buscar mucho, ahóndese en las propuestas de campaña de los candidatos al gobierno estatal y la encontraremos. Hacerlo es abonarle al camino de alcanzar la necesaria credibilidad que los políticos debieran tener en la población.
Pero si optan por lo contrario, tres años más tarde nos encontraremos en una faceta más aguda aún de desapego ciudadano a las tareas gubernamentales y el abstencionismo crecerá, algo que, por lo menos en sus discursos, los políticos repudian y se han comprometido a trabajar para disminuirlo.
Y lo más grave no será eso, sino que la disminución de recursos a los planteles escolares irá minando la capacidad académica y se obligará al aumento de las cuotas escolares y la gratuidad de la enseñanza será una mera utopía.
martes, 7 de septiembre de 2010
Atlacomulco al ataque
El Diario, 7 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Ahora resulta que las alianzas del PAN y el PRD han matado más gente que las guerras de los cárteles del narcotráfico en México y la que dice sostener la administración federal en contra del crimen organizado.
A partir del domingo debemos cuidarnos, al salir a la calle, de no encontrarnos a un panista y a un perredista juntos, pongámonos alerta, son más peligrosos que los sicarios.
Sí, porque el mensaje central del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, en su quinto informe de gobierno consistió en decirnos que “la delincuencia no es el único riesgo que enfrenta el país… Hay otra grave amenaza: la lucha del poder por el poder mismo que promueve una democracia sin contenido y que por el sólo fin de obtener el poder se negocian alianzas entre proyectos antagónicos generando con ello confusión y desconfianza en la política”.
¡Híjole, a lo que llega el hombre que se apresta a asaltar la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, apadrinado por el monopolio televisivo, después de violar flagrantemente la ley electoral durante meses y meses, derrochando los recursos públicos del Gobierno del Estado de México
¿Así que oponerse a los triunfos del PRI es semejante a lo realizado por las bandas criminales a lo largo de los últimos, casi, cuatro años?
Pues sí, y si esa alianza se pacta en la entidad mexiquense, peor.
Pero si esas frases, y sobre todo esa concepción, son verdaderamente lamentables –y preocupantes– lo más malo sucedió enseguida: la abrumadora mayoría de quienes asistieron a ese acto –por supuesto, priistas– le endilgaron el más atronador de los aplausos.
No podía ser de otro modo, el penúltimo informe del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se convirtió en el mejor de sus aparadores para darle el empujón más fuerte a su precandidatura –cuando aún mantenga el control sobre el presupuesto más elevado a los que tienen acceso los mandatarios estatales–. Al rendir su Quinto Informe de Gobierno, marcado por la presencia de prácticamente toda la clase política que se precie de ser “alguien” en ese mundo, Peña Nieto se dio el lujo de pontificar.
Dijo que la falta de congruencia en la negociación de coaliciones entre visiones antagónicas conduce al autoritarismo, reduce las opciones y lesiona el espíritu de libertad, pues, advirtió, “no se puede convocar a la unidad de propósitos y al mismo tiempo actuar por consignas o intereses particulares”.
O sea, los otros no pueden luchar por el poder, por el poder mismo –¿Cómo, si nosotros tenemos la franquicia, y tenemos la exclusividad?
No fueron las únicas frases dignas de ingresar a la picaresca de la política mexicana, después de criticar severamente a las administraciones panistas –a las que tanto han ayudado al aprobarles todas las reformas regresivas propuestas por éstas–, dijo que para superar “la parálisis en que se encuentra México, el proyecto de futuro no pasa por la restauración del viejo régimen”. Más bien, añadió, la nación tiene la gran oportunidad de rediseñarse, de cambiar a fondo, de dejar atrás viejas fórmulas y estilos anacrónicos “por lo que es imprescindible vencer inercias y emprender las transformaciones que los mexicanos exigen”.
Nadie, desde el mundo de la democracia, puede objetar que el PRI regrese a Los Pinos si lo hace a través de un proceso democrático, pero lo muy objetable son los modos de acceder a las candidaturas, al gobierno y a las muy criticables formas de gobernar de Peña, integrante, como prácticamente todos los gobernadores mexiquenses de las últimas tres décadas, del grupo Atlacomulco.
Dijo que el proyecto de futuro no pasa por “la restauración del viejo régimen”. Pues no, puede resultar como las versiones de la película Matrix, reloaded, o para decirlo en términos de Monterroso, despertamos, y el dinosaurio ya estaba tecnologizado, se comunicaba por Twitter, aparecía en Facebook y se casaba con una de las estrellas del canal que las tenía todas en su padrón.
Sólo que ahora ya sabemos que, quienes dirigen esas empresas televisivas son los mismos que eluden el pago de impuestos, obtienen las más elevadas ganancias del orbe, patrocinan candidatos, imponen gobernantes y funcionarios y, encima, norman qué cosas deben ver los mexicanos en la tele.
A aplaudirle al retoño de tales intereses se dio cita lo más granado de la política mexicana, especialmente la priísta.
¡Válgame¡
Luis Javier Valero Flores
Ahora resulta que las alianzas del PAN y el PRD han matado más gente que las guerras de los cárteles del narcotráfico en México y la que dice sostener la administración federal en contra del crimen organizado.
A partir del domingo debemos cuidarnos, al salir a la calle, de no encontrarnos a un panista y a un perredista juntos, pongámonos alerta, son más peligrosos que los sicarios.
Sí, porque el mensaje central del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, en su quinto informe de gobierno consistió en decirnos que “la delincuencia no es el único riesgo que enfrenta el país… Hay otra grave amenaza: la lucha del poder por el poder mismo que promueve una democracia sin contenido y que por el sólo fin de obtener el poder se negocian alianzas entre proyectos antagónicos generando con ello confusión y desconfianza en la política”.
¡Híjole, a lo que llega el hombre que se apresta a asaltar la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, apadrinado por el monopolio televisivo, después de violar flagrantemente la ley electoral durante meses y meses, derrochando los recursos públicos del Gobierno del Estado de México
¿Así que oponerse a los triunfos del PRI es semejante a lo realizado por las bandas criminales a lo largo de los últimos, casi, cuatro años?
Pues sí, y si esa alianza se pacta en la entidad mexiquense, peor.
Pero si esas frases, y sobre todo esa concepción, son verdaderamente lamentables –y preocupantes– lo más malo sucedió enseguida: la abrumadora mayoría de quienes asistieron a ese acto –por supuesto, priistas– le endilgaron el más atronador de los aplausos.
No podía ser de otro modo, el penúltimo informe del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se convirtió en el mejor de sus aparadores para darle el empujón más fuerte a su precandidatura –cuando aún mantenga el control sobre el presupuesto más elevado a los que tienen acceso los mandatarios estatales–. Al rendir su Quinto Informe de Gobierno, marcado por la presencia de prácticamente toda la clase política que se precie de ser “alguien” en ese mundo, Peña Nieto se dio el lujo de pontificar.
Dijo que la falta de congruencia en la negociación de coaliciones entre visiones antagónicas conduce al autoritarismo, reduce las opciones y lesiona el espíritu de libertad, pues, advirtió, “no se puede convocar a la unidad de propósitos y al mismo tiempo actuar por consignas o intereses particulares”.
O sea, los otros no pueden luchar por el poder, por el poder mismo –¿Cómo, si nosotros tenemos la franquicia, y tenemos la exclusividad?
No fueron las únicas frases dignas de ingresar a la picaresca de la política mexicana, después de criticar severamente a las administraciones panistas –a las que tanto han ayudado al aprobarles todas las reformas regresivas propuestas por éstas–, dijo que para superar “la parálisis en que se encuentra México, el proyecto de futuro no pasa por la restauración del viejo régimen”. Más bien, añadió, la nación tiene la gran oportunidad de rediseñarse, de cambiar a fondo, de dejar atrás viejas fórmulas y estilos anacrónicos “por lo que es imprescindible vencer inercias y emprender las transformaciones que los mexicanos exigen”.
Nadie, desde el mundo de la democracia, puede objetar que el PRI regrese a Los Pinos si lo hace a través de un proceso democrático, pero lo muy objetable son los modos de acceder a las candidaturas, al gobierno y a las muy criticables formas de gobernar de Peña, integrante, como prácticamente todos los gobernadores mexiquenses de las últimas tres décadas, del grupo Atlacomulco.
Dijo que el proyecto de futuro no pasa por “la restauración del viejo régimen”. Pues no, puede resultar como las versiones de la película Matrix, reloaded, o para decirlo en términos de Monterroso, despertamos, y el dinosaurio ya estaba tecnologizado, se comunicaba por Twitter, aparecía en Facebook y se casaba con una de las estrellas del canal que las tenía todas en su padrón.
Sólo que ahora ya sabemos que, quienes dirigen esas empresas televisivas son los mismos que eluden el pago de impuestos, obtienen las más elevadas ganancias del orbe, patrocinan candidatos, imponen gobernantes y funcionarios y, encima, norman qué cosas deben ver los mexicanos en la tele.
A aplaudirle al retoño de tales intereses se dio cita lo más granado de la política mexicana, especialmente la priísta.
¡Válgame¡
domingo, 5 de septiembre de 2010
Dimensiones políticas
El Diario, 5 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
En su alocución con motivo del 4º informe, Felipe Calderón habló de los tamaños políticos de quienes protagonizaron los cambios sociales más importantes en la historia de México. Llamó a asumir los retos de ahora, e implícitamente, se arrogó las dimensiones necesarias para enfrentarlos.
El país se le deshace en las manos y él se preocupa de convocar, personalmente, a reuniones para dirimir quién será el candidato presidencial del PAN, según lo declaró rampantemente Juan Molinar Horcasitas, Secretario de Comunicaciones y Transportes.
El problema es que no pareciera ser el único de la clase gobernante que denota las graves carencias para gobernar bien en los actuales momentos.
El 1º de septiembre nos amanecimos con el fenómeno que faltaba en la cadena de sucesos demostrativos de la enorme incapacidad de los gobernantes para superar la actual crisis de seguridad pública, particularmente en Juárez, la aparición de una crisis política, así sea mini.
Literalmente, a unas horas de entregar el mando municipal juarense, el alcalde Reyes Ferriz enfrenta la oposición, de la mayoría del cabildo, con la particularidad de que en ella van, a su vez, la mayor parte de los regidores de su partido, incluido el coordinador de los ediles, Leopoldo Canizales, quienes han impulsado la realización de una auditoría a la obra de la introducción del transporte semimasivo, cuya inauguración plantea el alcalde celebrar en el curso de los últimos días de su gestión.
En la sesión extraordinaria, celebrada el miércoles, priístas y panistas se pusieron de acuerdo, no tan solo en aprobar la cancelación de la inauguración, sino en denostar a Reyes Ferriz, a quien Canizales llamó el “peor presidente de la historia dentro de su propio partido”, además de reafirmar lo que su compañero, Arturo Domínguez, había propuesto, exigirle que renunciara a su cargo “para que pueda seguir la buena marcha del Ayuntamiento”. Frases tan lapidarias fueron, de inmediato, secundadas por los ediles del blanquiazul.
Ahora el alcalde ha promovido la anulación del decreto del cabildo ¡para proseguir con la inauguración y la difusión publicitaria de la obra y detener la auditoría motivo de la querella entre quienes pertenecen al mismo partido, pero que ahora sabemos son de distinto, muy distinto grupo y empiezan a cobrarse no tan viejas facturas!
El problema está en que, para aprobar la petición de nulidad del acuerdo aprobado en la sesión extraordinaria, promovida por el alcalde, deberá ser ratificada por el cabildo el próximo jueves, a escasos treinta días de la asunción de un nuevo gobierno, por casualidad, encabezado por quien Reyes Ferriz criticó severamente.
El alcalde se negó, al principio de su gestión, a reconocer las deudas del ahora presidente municipal electo, Héctor Murguía, quien había informado, al término de la anterior administración, que la deuda del municipio no rebasaba los 30 millones de pesos.
Reyes Ferriz acreditó que ascendía a poco más de las 3 centenas. Era de tal magnitud que debió recurrir al Congreso del Estado a que éste le aprobase un endeudamiento superior a la capacidad de pago durante su gestión. En tanto, las críticas de los nuevos gobernantes aumentaron y se sumaron a quienes acusaron a la administración de Murguía de múltiples fallas, desaciertos y presunción de corruptelas.
Ahora, Reyes Ferriz debe enfrentar a los regidores de su propio partido, quienes hacen todo por congraciarse con el alcalde electo y argumenta que los regidores no tienen facultades para cambiar una decisión que considera estrictamente administrativa.
Cuestionado acerca del origen del diferendo, Ferriz respondió no saber si se trataba de cuestiones políticas. “Seguramente. No sé, bueno si lo sé, pero no quiero hacer comentarios’, respondió”. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario, 3/9/10).
No necesitaba declarar el origen de un diferendo tan grande y tan desproporcionado, dados los tiempos que vive la administración municipal juarense, ilustrativos de los tamaños de quienes tienen la responsabilidad de dirigir la administración pública de la ciudad que ha superado, por tercer año consecutivo, las escalofriantes cifras de homicidios (que la lleva a una tasa por encima de los 170 por cada 100 mil habitantes).
En repetidas ocasiones hemos expresado la necesidad de que, ante circunstancias tan difíciles, la altura de miras de los gobernantes es condición indispensable para hacerles frente. Este episodio nos lleva al pesimismo pues nos muestra de qué modo unos y otros sólo piensan en el cobro de viejas rencillas, y de ninguna manera en la necesaria convergencia para sacar a Juárez de la gravísima situación en la que se encuentra.
Pero si en Juárez así se las gastan los gobernantes municipales, los salientes y los entrantes, lo sucedido en el Congreso del Estado en el curso de la semana, acerca de la creación de un puesto en el Supremo Tribunal de Justicia y de la aprobación de las reformas administrativas impulsadas por César Duarte, a cambio de la aprobación de las cuentas públicas de la administración de Carlos Borruel y la práctica exculpación del diputado panista con licencia, Roberto Lara, por las supuestas irregularidades encontradas en su actuación como funcionario de la administración municipal de Juan Blanco, nos llevarían a concluir que pocos son los espacios para el optimismo.
Y el momento es de lo más delicado. Muchos suponían que el tiempo entre la elección de los nuevos gobernantes y su asunción no era tomada en cuenta por quienes tienen bajo su conducción a las bandas criminales. Deberán cambiar tal concepción, la criminalidad, por lo menos en la ciudad de Chihuahua, creció a niveles por momentos desesperantes.
Ahora dicen las autoridades prejudiciales que la mayoría de los detenidos, acusados de robo de automóviles y de la oleada reciente de extorsiones, pertenecen a “La Línea”. De ser cierta tal aseveración, significaría que el relajamiento por el término de la gestión de Reyes Baeza se convirtió en una coyuntura ampliamente aprovechada por quienes han asolado a los chihuahuenses de manera indecible en los últimos tres años.
De ahí la importancia de la aclaración de las informaciones surgidas a raíz de la aprobación de las reformas administrativas, que incluyen las concernientes a la creación de la Fiscalía General del Estado.
Igual que seis años atrás, la mayoría de las fuerzas políticas en la entidad le concedieron a Reyes Baeza un tiempo de gracia y le aprobaron las reformas propuestas por éste. De ahí la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y el mecanismo para la elección de la persona que ocupara la Procuraduría de Justicia. Así ahora, todas las fuerzas le concedieron tal beneficio a César Duarte, a pesar de las críticas opositoras planteadas en la campaña electoral.
Tienen razón, tanto el diputado perredista Víctor Quintana –en pedir una mayor reflexión y más tiempo para que se analizaran tales reformas–, como quienes arguyeron que las propuestas de Duarte fueron avaladas por la contundente votación obtenida por el parralense, pero en cualquiera de los casos el tiempo y la instrumentación de las reformas demostrarán su validez o no, lo que es difícil de aceptar es la negociación de las cuentas públicas y la creación de un puesto como el anunciado, pues más allá de que sea cierta la versión de que sería para el actual coordinador de los diputados priístas, Fernando Rodríguez Moreno, es injustificable, tanto por las supuestas funciones que desempeñaría quien lo ocupara, como las elevadas canonjías de todo tipo, derivadas de las características aprobadas en la reforma y, además, flaco favor se le haría al todavía líder legislativo a quien tanto se le ha zarandeado.
Hágase bien la pregunta ¿Para qué se necesita la “Coordinación para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”?
¿Qué mamotreto es ese? ¿Acaso no basta con las numerosas dependencias de la nueva Fiscalía General? ¿O de las funciones de quien se desempeña como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia? En plenos tiempos de escasez, en el inicio de un gobierno que tantos recursos necesita para emplearlos en los múltiples proyectos propuestos en la campaña electoral ¿Para qué gastar en más burocracia, acaso no debería irse en sentido contrario?
Por otra parte, la veracidad de los rumores desatados con motivo de las reformas propuestas por Duarte, acerca de la aprobación de las cuentas públicas, deberán encontrar su confirmación en ese hecho. Confirmar una u otra cosa nos llevará, aunque no fuere así, a la confirmación de ambas y a otra conclusión, la de que las fuerzas políticas gobernantes podrían negociar todo, independientemente del daño que se le infrinja al erario, es decir, al dinero de todos los chihuahuenses; todo, en aras de mantener el status quo, pero el de ellos; en tanto, la entidad se derrumba, literalmente.
Luis Javier Valero Flores
En su alocución con motivo del 4º informe, Felipe Calderón habló de los tamaños políticos de quienes protagonizaron los cambios sociales más importantes en la historia de México. Llamó a asumir los retos de ahora, e implícitamente, se arrogó las dimensiones necesarias para enfrentarlos.
El país se le deshace en las manos y él se preocupa de convocar, personalmente, a reuniones para dirimir quién será el candidato presidencial del PAN, según lo declaró rampantemente Juan Molinar Horcasitas, Secretario de Comunicaciones y Transportes.
El problema es que no pareciera ser el único de la clase gobernante que denota las graves carencias para gobernar bien en los actuales momentos.
El 1º de septiembre nos amanecimos con el fenómeno que faltaba en la cadena de sucesos demostrativos de la enorme incapacidad de los gobernantes para superar la actual crisis de seguridad pública, particularmente en Juárez, la aparición de una crisis política, así sea mini.
Literalmente, a unas horas de entregar el mando municipal juarense, el alcalde Reyes Ferriz enfrenta la oposición, de la mayoría del cabildo, con la particularidad de que en ella van, a su vez, la mayor parte de los regidores de su partido, incluido el coordinador de los ediles, Leopoldo Canizales, quienes han impulsado la realización de una auditoría a la obra de la introducción del transporte semimasivo, cuya inauguración plantea el alcalde celebrar en el curso de los últimos días de su gestión.
En la sesión extraordinaria, celebrada el miércoles, priístas y panistas se pusieron de acuerdo, no tan solo en aprobar la cancelación de la inauguración, sino en denostar a Reyes Ferriz, a quien Canizales llamó el “peor presidente de la historia dentro de su propio partido”, además de reafirmar lo que su compañero, Arturo Domínguez, había propuesto, exigirle que renunciara a su cargo “para que pueda seguir la buena marcha del Ayuntamiento”. Frases tan lapidarias fueron, de inmediato, secundadas por los ediles del blanquiazul.
Ahora el alcalde ha promovido la anulación del decreto del cabildo ¡para proseguir con la inauguración y la difusión publicitaria de la obra y detener la auditoría motivo de la querella entre quienes pertenecen al mismo partido, pero que ahora sabemos son de distinto, muy distinto grupo y empiezan a cobrarse no tan viejas facturas!
El problema está en que, para aprobar la petición de nulidad del acuerdo aprobado en la sesión extraordinaria, promovida por el alcalde, deberá ser ratificada por el cabildo el próximo jueves, a escasos treinta días de la asunción de un nuevo gobierno, por casualidad, encabezado por quien Reyes Ferriz criticó severamente.
El alcalde se negó, al principio de su gestión, a reconocer las deudas del ahora presidente municipal electo, Héctor Murguía, quien había informado, al término de la anterior administración, que la deuda del municipio no rebasaba los 30 millones de pesos.
Reyes Ferriz acreditó que ascendía a poco más de las 3 centenas. Era de tal magnitud que debió recurrir al Congreso del Estado a que éste le aprobase un endeudamiento superior a la capacidad de pago durante su gestión. En tanto, las críticas de los nuevos gobernantes aumentaron y se sumaron a quienes acusaron a la administración de Murguía de múltiples fallas, desaciertos y presunción de corruptelas.
Ahora, Reyes Ferriz debe enfrentar a los regidores de su propio partido, quienes hacen todo por congraciarse con el alcalde electo y argumenta que los regidores no tienen facultades para cambiar una decisión que considera estrictamente administrativa.
Cuestionado acerca del origen del diferendo, Ferriz respondió no saber si se trataba de cuestiones políticas. “Seguramente. No sé, bueno si lo sé, pero no quiero hacer comentarios’, respondió”. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario, 3/9/10).
No necesitaba declarar el origen de un diferendo tan grande y tan desproporcionado, dados los tiempos que vive la administración municipal juarense, ilustrativos de los tamaños de quienes tienen la responsabilidad de dirigir la administración pública de la ciudad que ha superado, por tercer año consecutivo, las escalofriantes cifras de homicidios (que la lleva a una tasa por encima de los 170 por cada 100 mil habitantes).
En repetidas ocasiones hemos expresado la necesidad de que, ante circunstancias tan difíciles, la altura de miras de los gobernantes es condición indispensable para hacerles frente. Este episodio nos lleva al pesimismo pues nos muestra de qué modo unos y otros sólo piensan en el cobro de viejas rencillas, y de ninguna manera en la necesaria convergencia para sacar a Juárez de la gravísima situación en la que se encuentra.
Pero si en Juárez así se las gastan los gobernantes municipales, los salientes y los entrantes, lo sucedido en el Congreso del Estado en el curso de la semana, acerca de la creación de un puesto en el Supremo Tribunal de Justicia y de la aprobación de las reformas administrativas impulsadas por César Duarte, a cambio de la aprobación de las cuentas públicas de la administración de Carlos Borruel y la práctica exculpación del diputado panista con licencia, Roberto Lara, por las supuestas irregularidades encontradas en su actuación como funcionario de la administración municipal de Juan Blanco, nos llevarían a concluir que pocos son los espacios para el optimismo.
Y el momento es de lo más delicado. Muchos suponían que el tiempo entre la elección de los nuevos gobernantes y su asunción no era tomada en cuenta por quienes tienen bajo su conducción a las bandas criminales. Deberán cambiar tal concepción, la criminalidad, por lo menos en la ciudad de Chihuahua, creció a niveles por momentos desesperantes.
Ahora dicen las autoridades prejudiciales que la mayoría de los detenidos, acusados de robo de automóviles y de la oleada reciente de extorsiones, pertenecen a “La Línea”. De ser cierta tal aseveración, significaría que el relajamiento por el término de la gestión de Reyes Baeza se convirtió en una coyuntura ampliamente aprovechada por quienes han asolado a los chihuahuenses de manera indecible en los últimos tres años.
De ahí la importancia de la aclaración de las informaciones surgidas a raíz de la aprobación de las reformas administrativas, que incluyen las concernientes a la creación de la Fiscalía General del Estado.
Igual que seis años atrás, la mayoría de las fuerzas políticas en la entidad le concedieron a Reyes Baeza un tiempo de gracia y le aprobaron las reformas propuestas por éste. De ahí la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y el mecanismo para la elección de la persona que ocupara la Procuraduría de Justicia. Así ahora, todas las fuerzas le concedieron tal beneficio a César Duarte, a pesar de las críticas opositoras planteadas en la campaña electoral.
Tienen razón, tanto el diputado perredista Víctor Quintana –en pedir una mayor reflexión y más tiempo para que se analizaran tales reformas–, como quienes arguyeron que las propuestas de Duarte fueron avaladas por la contundente votación obtenida por el parralense, pero en cualquiera de los casos el tiempo y la instrumentación de las reformas demostrarán su validez o no, lo que es difícil de aceptar es la negociación de las cuentas públicas y la creación de un puesto como el anunciado, pues más allá de que sea cierta la versión de que sería para el actual coordinador de los diputados priístas, Fernando Rodríguez Moreno, es injustificable, tanto por las supuestas funciones que desempeñaría quien lo ocupara, como las elevadas canonjías de todo tipo, derivadas de las características aprobadas en la reforma y, además, flaco favor se le haría al todavía líder legislativo a quien tanto se le ha zarandeado.
Hágase bien la pregunta ¿Para qué se necesita la “Coordinación para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”?
¿Qué mamotreto es ese? ¿Acaso no basta con las numerosas dependencias de la nueva Fiscalía General? ¿O de las funciones de quien se desempeña como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia? En plenos tiempos de escasez, en el inicio de un gobierno que tantos recursos necesita para emplearlos en los múltiples proyectos propuestos en la campaña electoral ¿Para qué gastar en más burocracia, acaso no debería irse en sentido contrario?
Por otra parte, la veracidad de los rumores desatados con motivo de las reformas propuestas por Duarte, acerca de la aprobación de las cuentas públicas, deberán encontrar su confirmación en ese hecho. Confirmar una u otra cosa nos llevará, aunque no fuere así, a la confirmación de ambas y a otra conclusión, la de que las fuerzas políticas gobernantes podrían negociar todo, independientemente del daño que se le infrinja al erario, es decir, al dinero de todos los chihuahuenses; todo, en aras de mantener el status quo, pero el de ellos; en tanto, la entidad se derrumba, literalmente.
jueves, 2 de septiembre de 2010
Sin informe ni debate
El Diario, 2 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Se ha preguntado qué hace Felipe Calderón en los actos, cuando hablan los otros oradores y él se dedica a manipular su teléfono celular? Ahora ya lo sabemos, está inscrito en uno de los sitios de redes sociales existentes en la internet, en el denominado Twitter.
En ese sitio, de la manera más frívola posible dio a conocer, primero que nadie, la detención de “la Barbie”, así lo escribió. Luego se sabría por los canales oficiales que había sido detenido Édgar Valdez, a quien apodan de ese modo y de quien se refiere Calderón, olvidando que de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral de la Federación, y sólo por eso, tiene la encomienda de desempeñar el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal.
Al día siguiente, por el mismo mecanismo, como si fuera un internauta más, preocupado de dar a conocer cada uno de sus pasos, tal y como lo hacen millones de personas para dirigirse a sus amigos y conocidos, que de esa manera les informan de sus movimientos, aspiraciones, estados de ánimo, quebrantos anímicos, etc., así, de ese modo, Calderón informa de sus movimientos: “Salí de reunión con el gabinete de seguridad. Salgo a Veracruz a ver los problemas de las inundaciones”.
Detenerse en tales detalles viene al caso porque si en el pasado Vicente Fox llegó a ensalzar el hecho de no leer periódicos, pero finalmente preocupado por aparecer en todos los medios, ahora Felipe Calderón llega al exceso e incursiona en las redes sociales simulando con ello que informa acerca de sus actividades pues da cuenta, según su concepción de lo “trascendente”, a través de su cuenta en Twitter.
Por desgracia ahora sufrimos los efectos de la “complacencia” (así lo dijeron recientemente connotados priístas) del PRI con los presidentes emanados del PAN. Comprometidos, los panistas, en terminar con la fiesta-informe presidencial, impulsaron la reforma a fin de que, en adelante, el Presidente de la República ya no tuviese la obligación de acudir ante el Congreso a presentar personalmente el informe acerca del estado que guarda la administración pública.
Así, del boato de la fiesta priísta por excelencia se pasó al no menos cómodo trámite de enviar a un funcionario de la administración federal a entregarle al presidente de la Cámara de Diputados el informe, sin que se pusiese en vigor la necesaria reforma que obligase al Presidente a dar cuenta de sus actos ante el Congreso de la Unión a través de un auténtico debate con quienes son, a final de cuentas, los representantes de la sociedad.
Nada, se dejó en plena libertad a los mandatarios a ya no sufrir personalmente los reclamos de los legisladores, sobre todo de los de oposición y a cambio lanzar, de día y de noche, por todos los medios posibles, mensajes publicitarios, que son eso, precisamente, publicitarios y de ninguna manera informativos y culminar tal actividad con la celebración de un acto que evoca, de lejos, la fiesta presidencial de antaño. Pero los legisladores priístas, terminados los tiempos de la complacencia, dicen, ahora sí, de frente a las elecciones presidenciales del 2012 exigen, sin proponer una ley que obligue al Presidente, cualesquiera que éste sea, a debatir con los integrantes del Poder Legislativo.
Y tratan de presionar mediáticamente, ahí está Manlio Fabio Beltrones, ubicado ya en la presidencia del Senado, que la usará para intentar el asalto a la candidatura priísta, exigiendo endemoniadamente que Calderón acuda a presentarse ante el Congreso de la Unión a informar de su gestión. Y es el presidente del Senado ¿Por qué no propone una ley que modifique el engendro del cual son coautores?
¡Ah, es que ya se imaginan en poder de la silla presidencial! Pero entonces, júrenlo, si es que llegan, no van a exigirle a uno de sus compañeros de partido que comparezca a informar ante los diputados y senadores.
En tanto, en virtud de que no se ponen de acuerdo priístas y perredistas (y de éstos, los contrarios a López Obrador y que son, por puritita casualidad, los que estuvieron de acuerdo en no impedirle a Calderón el ingreso al recinto legislativo, en la toma de posesión el 1º de diciembre de 2006) en el reparto de posiciones en la Cámara de Diputados, ni siquiera discursos de las distintas fracciones parlamentarias hubo en la entrega del informe.
En tanto, la gobernabilidad se extingue, de mucho en mucho.
Luis Javier Valero Flores
¿Se ha preguntado qué hace Felipe Calderón en los actos, cuando hablan los otros oradores y él se dedica a manipular su teléfono celular? Ahora ya lo sabemos, está inscrito en uno de los sitios de redes sociales existentes en la internet, en el denominado Twitter.
En ese sitio, de la manera más frívola posible dio a conocer, primero que nadie, la detención de “la Barbie”, así lo escribió. Luego se sabría por los canales oficiales que había sido detenido Édgar Valdez, a quien apodan de ese modo y de quien se refiere Calderón, olvidando que de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral de la Federación, y sólo por eso, tiene la encomienda de desempeñar el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal.
Al día siguiente, por el mismo mecanismo, como si fuera un internauta más, preocupado de dar a conocer cada uno de sus pasos, tal y como lo hacen millones de personas para dirigirse a sus amigos y conocidos, que de esa manera les informan de sus movimientos, aspiraciones, estados de ánimo, quebrantos anímicos, etc., así, de ese modo, Calderón informa de sus movimientos: “Salí de reunión con el gabinete de seguridad. Salgo a Veracruz a ver los problemas de las inundaciones”.
Detenerse en tales detalles viene al caso porque si en el pasado Vicente Fox llegó a ensalzar el hecho de no leer periódicos, pero finalmente preocupado por aparecer en todos los medios, ahora Felipe Calderón llega al exceso e incursiona en las redes sociales simulando con ello que informa acerca de sus actividades pues da cuenta, según su concepción de lo “trascendente”, a través de su cuenta en Twitter.
Por desgracia ahora sufrimos los efectos de la “complacencia” (así lo dijeron recientemente connotados priístas) del PRI con los presidentes emanados del PAN. Comprometidos, los panistas, en terminar con la fiesta-informe presidencial, impulsaron la reforma a fin de que, en adelante, el Presidente de la República ya no tuviese la obligación de acudir ante el Congreso a presentar personalmente el informe acerca del estado que guarda la administración pública.
Así, del boato de la fiesta priísta por excelencia se pasó al no menos cómodo trámite de enviar a un funcionario de la administración federal a entregarle al presidente de la Cámara de Diputados el informe, sin que se pusiese en vigor la necesaria reforma que obligase al Presidente a dar cuenta de sus actos ante el Congreso de la Unión a través de un auténtico debate con quienes son, a final de cuentas, los representantes de la sociedad.
Nada, se dejó en plena libertad a los mandatarios a ya no sufrir personalmente los reclamos de los legisladores, sobre todo de los de oposición y a cambio lanzar, de día y de noche, por todos los medios posibles, mensajes publicitarios, que son eso, precisamente, publicitarios y de ninguna manera informativos y culminar tal actividad con la celebración de un acto que evoca, de lejos, la fiesta presidencial de antaño. Pero los legisladores priístas, terminados los tiempos de la complacencia, dicen, ahora sí, de frente a las elecciones presidenciales del 2012 exigen, sin proponer una ley que obligue al Presidente, cualesquiera que éste sea, a debatir con los integrantes del Poder Legislativo.
Y tratan de presionar mediáticamente, ahí está Manlio Fabio Beltrones, ubicado ya en la presidencia del Senado, que la usará para intentar el asalto a la candidatura priísta, exigiendo endemoniadamente que Calderón acuda a presentarse ante el Congreso de la Unión a informar de su gestión. Y es el presidente del Senado ¿Por qué no propone una ley que modifique el engendro del cual son coautores?
¡Ah, es que ya se imaginan en poder de la silla presidencial! Pero entonces, júrenlo, si es que llegan, no van a exigirle a uno de sus compañeros de partido que comparezca a informar ante los diputados y senadores.
En tanto, en virtud de que no se ponen de acuerdo priístas y perredistas (y de éstos, los contrarios a López Obrador y que son, por puritita casualidad, los que estuvieron de acuerdo en no impedirle a Calderón el ingreso al recinto legislativo, en la toma de posesión el 1º de diciembre de 2006) en el reparto de posiciones en la Cámara de Diputados, ni siquiera discursos de las distintas fracciones parlamentarias hubo en la entrega del informe.
En tanto, la gobernabilidad se extingue, de mucho en mucho.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)