Preservación

El Diario, 27 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Por supuesto que el tema no es el de la preservación de la especie, pero sí el de la legalidad y del Estado de Derecho, algo que la mayoría de la ciudadanía mexicana -chihuahuense en particular- percibe como perdida y que se ha alzado como la principal causa de la inconmensurable pérdida de credibilidad gubernamental.

Los ciudadanos no creen en la existencia de la procuración y aplicación de justicia. No forma parte de las cualidades que le reconozcan a las autoridades. Eso explica el enorme escepticismo acerca de la identidad y de la detención del sábado anterior en Mazatlán.

Es de tal grado la incredulidad que la PGR debió salir a precisar que, según sus estudios, el detenido sí es Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

A las varias versiones existentes acerca de la detención -en un primer instante se“filtró” que había sido detenido en una fiesta, luego que sólo lo acompañaba el jefe de seguridad, hasta llegar a la última información, que en el departamento se encontraban su esposa y dos hijas- se le agregó un hecho inaceptable en el curso de cualquier investigación: La falta de preservación de la escena del crimen.

La exageración llegó cuando el conductor Carlos Loret de Mola, de Televisa, patrocinado por la Secretaría de Marina, tuvo la oportunidad de acceder al departamento donde fue detenido Guzmán Loera y hasta ofrecer una conferencia de prensa para informar acerca de la existencia, por ejemplo, de un chaleco y otros enseres.

Para entonces, no solamente la prensa mazatleca, sino infinidad de personas habían tenido acceso a las instalaciones y ninguna autoridad había establecido el consabido cerco de seguridad para preservar la escena del “crimen”.

¿No era necesario hacerlo?

Pues a la luz de la increíble falta de investigación del imperio de Guzmán, no.

¿Qué se podría encontrar en el departamento frente al mar? Infinidad de cosas que podrían servir para investigar, no solamente el nombre de sus guardias y sus rutas de escape, sino también la vasta red empresarial y financiera, necesaria para sustentar el poderío de su red criminal.

Vamos, hasta los aparatos telefónicos, alguna agenda, los restos de cabellos y otros restos que llevaran a las autoridades a determinar quienes habían acompañado hasta los últimos momentos al capo. O las llamadas realizadas para evitar la detención y, por supuesto, los destinatarios de esos telefonazos. Digo, solo como ejemplos.

Nada, ni en este departamento, ni en los lugares investigados en Culiacán los días previos a la detención, alguna autoridad tuvo la preocupación de preservar las escenas del crimen para posteriores investigaciones.

Y si eso ocurre, entonces las conclusiones ciudadanas son lógicas: No van, ni quieren, investigar.

Pueden pasarse días enteros, en cadena nacional, explicando lo inexplicable, y los gobernantes felicitando interminablemente al presidente Enrique Peña Nieto, pero mientras no se demuestre que la detención fue producto de la “inteligencia”, y queésta llevó al desmantelamiento de la red empresarial y financiera que hacía posible el funcionamiento de la maquinaria criminal, nos quedaremos con las frases expresadas por Ismael El Mayo Zambada a Julio Sherer: “Si me atrapan o me matan… Nada cambia… El problema del narco envuelve a millones. ¿Como dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí”. (Proceso, Abril 2010, reeditada en Proceso 1947, 23/II/14).

Por eso sorprende el curso de los acontecimientos de la reaprehensión de Guzmán, en comparación con los operativos celebrados en otras naciones, incluido EU, realizados para encarcelar a jefes del narcotráfico y sus bandas criminales, bueno, hasta le ponían distintas denominaciones y culminaban con una larga lista de empresas involucradas con los detenidos, así como de las vastas redes financieras y empresariales, y sus propiedades, no sólo en la nación originaria del detenido (os) sino en otras naciones.

La de ahora es como la detención de miles de acusados, detenidos a lo largo de los últimos años; se les acusa de la comisión de un y mil crímenes, pero nunca se devela la red económica que los hizo posible, ni de los lazos gubernamentales y financieros que hacen posible la existencia de este negocio criminal.

Vamos, sólo por ejemplificar: ¿Se han investigado las operaciones de compra de autos de lujo en las agencias automotrices de las principales ciudades, sedes de los principales grupos criminales existentes en México?

O más fácil aún ¿Se habrá investigado, en los miles de casos de homicidio, en los que los acusados revelaron su pertenencia a alguno de los cárteles, y en especial al de El Chapo?

Vamos, otro ejemplo: ¿La Fiscalía de Chihuahua ya le planteó a la PGR que Guzmán aparece en “algunas” indagatorias como responsable intelectual de la comisión de miles de homicidios en Chihuahua?

¿Por qué debemos discutir si lo pueden extraditar a EU?

Las respuestas están a la mano y no son nada esperanzadoras…

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¿Por qué hasta ahora?

El Diario, 23 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Si lo informado hasta ahora es cierto, Joaquín Guzmán Loera cumplió irrestrictamente con una de las máximas de los capos sinaloenses: Mazatlán es territorio ajeno a los enfrentamientos, es el lugar de esparcimiento de los nacidos allá y, por tanto, ahí no se dirimen los conflictos (salvo, claro está, de las excepciones) de las bandas criminales. 

Ahí fue detenido, en un condominio de capas medias altas de “La perla del Pacífico”, frente al mar y, según los testimonios, prácticamente sin guardias a su alrededor. ¡Ah, y sin la ostentación del inmenso poder que había alcanzado!

Llegó ahí huyendo de Culiacán, despojado de la protección de la que gozó a lo largo de más de una década, luego de convertirse en el principal instrumento de la salvaje “guerra”  de Felipe Calderón, lanzada en contra del tráfico de drogas.

Los saldos de ésta son infinitamente dolorosos, superiores, o semejantes a los padecidos por irakíes, afganos o colombianos.

La diferencia -no menor- es que allá, por lo menos, se enfrentaban columnas militares claramente identificadas; acá no, por momentos -y aún persiste- parece más bien una táctica de exterminio, en la que los jóvenes de los sectores más pobres de la población son simples instrumentos de las bandas criminales.

Los testimonios, las evidencias, los recuentos fueron infinitos a lo largo de más de una década. Desde su fuga de “Puente Grande”, el 20 de enero de 2001 -en lo que Vicente Fox denominó como uno de los “goles” que había recibido; el otro fue, según su versión, el atentado en contra del gobernador Patricio Martínez- hasta su presunta captura, el manto de la complicidad, del encubrimiento y de los increíbles niveles de corrupción gubernamental, fueron el signo distintivo del apogeo de la historia criminal de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Durante el sangriento sexenio de Felipe Calderón, fuimos testigos-víctimas del rafagueante fortalecimiento de su grupo criminal que, contra toda lógica, lo obtuvo a partir de enfrentar, prácticamente en todo el territorio nacional (por supuesto, con la excepción de las muy pocas entidades en las que el fenómeno criminal no se presentó) al resto de las bandas del narcotráfico.

Fuera en Tijuana, o en Michoacán, o en Guerrero, o Tamaulipas y Veracruz, o en Durango-Chihuahua y la región lagunera; o incluso en la natal Sinaloa, el esquema era el mismo, el grupo criminal “hegemónico” en la zona enfrentado a las huestes de Guzmán Loera, las que recibían, a ojos de la población, un muy “sospechoso” tratamiento.

Perdida la noción de ser los responsables de la conducción del país, los integrantes del gobierno encabezado por Felipe Calderón le entregaron al norteamericano el control de la política contra las drogas. Las agencias estadounidenses determinaron los pasos a seguir y llegaron al extremo de aplicar increíbles operaciones; con el objetivo, decían, de allegarse la información necesaria para la detención de los jefes del narcotráfico.

De ahí los millones de dólares entregados a hombres del Cártel de Sinaloa “para detectar las rutas del dinero”, afirmaban, o el más escandaloso, el “Rápido y furioso”, consistente en la entrega de miles de armas al Cártel de Sinaloa para detectar “las rutas del tráfico de armas”.

Por ello no sorprenden los rumores y las declaraciones del Procurador Jesús Murillo Karam y del Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, previas a la reciente reunión del Primer Ministro canadiense, Stephen Harper y los presidentes de EU y México, Barak Obama y Enrique Peña Nieto, que el gobierno de éste no había transigido con el norteamericano en aceptar que las agencias de ese país tuvieran la injerencia alcanzada en el sexenio de Calderón en el “combate” al narcotráfico. 

Se dice que las presiones fueron muchas. Bueno, pues ahí está el resultado de la “Cumbre” de la semana pasada; los estadounidenses aportaron la información de la ubicación del jefe criminal más importante de la última década; los infantes de la Marina Nacional “los únicos confiables”, según los reportes de los funcionarios de EU, se encargaron del resto. Guzmán fue detenido y los primeros reportes de su detención se originaron en Washington, por medio de un “alto” funcionario del gobierno norteamericano, que filtró la información a la agencia norteamericana Associated Press y, seguramente, también a la cadena televisiva CNN.

Con ello, le ofrecieron al gobierno de Peña Nieto el más inesperado y mayor de los apoyos -obviamente, con las secuelas positivas que todos esperamos se deriven de esta detención- pues, por lo menos a la vista de la guerra de los cárteles a lo largo de 8 años, el encarcelamiento de Guzmán nos llevaría a pensar que la intensidad de los enfrentamientos disminuirá, luego de la previsible reacción en los días inmediatos, que puede convertirse en un nuevo baño de sangre, lo que de alguna manera ha ocurrido en el territorio chihuahuense en las últimas semanas, por supuesto que no al nivel de los años 2009-2011, pero que revela la profundidad de la degradación social y de los muy altos niveles de corrupción en la esfera gubernamental.

De ello da cuenta, como si necesitáramos un referente, la fuga de Guzmán Loera de la prisión de Puente Grande.

Contra la extendida versión de que se fugó en un carrito de la lavandería -la versión más conveniente para los funcionarios involucrados-, la periodista Anabel Hernández, basada en el expediente del caso, (“Los señores del narco”, Grijalbo, noviembre 2010) asegura que un día antes de la fuga llegó al penal el nuevo subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, a “investigar” las denuncias de corrupción en el penal, interpuestas, entre otras, por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Guadalupe Morfín. La “investigación” le ocupó escasos 41 minutos.

Justamente ese día, Guzmán Loera tuvo una“jornada particularmente activa” pues se sabía en el penal desde muchos días atrás que el capo se iría. “Eran tantas personas que querían despedirse de él que a las dos de la tarde Guzmán Loera no se presentó en el comedor del módulo tres a comer”. (Ibídem).

“… A pesar de la presencia del del subsecretario de seguridad pública, el comportamiento del Chapo siguió siendo cínico y despreocupado… Inmediatamente después de su partida (de Tello Peón), de manera irregular fueron vistas 15 personas de seguridad interna dentro del dormitorio del personal que, en vez de llevar el uniforme azul reglamentario, están vestidas como de seguridad externa de color negro”, igual al uniforme usado por Guzmán. 

Después de la salida del carrito de lavandería, El Chapo “fue visto adentro de la cárcel de máxima seguridad”. El penal contaba con sensores de calor y movimiento en todas las salidas y “… todos los vídeos de la visita de Tello Peón al penal de máxima seguridad, hasta el operativo implementado el 20 de enero, fueron borrados”.

“… después de su fuga, Joaquín Chapo Guzmán le ha contado sus cercanos, e incluso negociadores enviados por la presidencia la República, la verdadera historia sobre su fuga”, lo hizo “vestido con uniforme de la PFP y con el anonimato que dan los cascos o las capuchas usadas por los policías” fue sacado del penal acompañado por integrantes esa misma corporación, luego fue transportado en un vehículo oficial a varios kilómetros del penal. En algún punto del camino, el Chapo se bajó del auto y se subió al helicóptero que lo llevó a Nayarit. Ahí comenzó la verdadera leyenda de Joaquín Guzmán Loera”.

Y aparecen las coincidencias.

El Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, le ordenó la investigación al jefe de la Policía Judicial Federal ¡Que recaía en el ínclito Genaro García Luna! quien había sido el subordinado preferido de Tello Peón.

Luego sería el funcionario más importante de seguridad pública de Felipe Calderón y su gestión estaría marcada por las incesantes denuncias de la complicidad y favorecimiento al fortalecimiento del Cártel de Sinaloa.

Tello Peón, a su salida de la subsecretaría de Seguridad Pública, se convirtió en Director de Información de Cemex, el tercer corporativo cementerio más poderoso del mundo, luego sería rescatado por Calderón y sería nombrado Secretario Técnico, ni más ni menos que del ¡Consejo Nacional de Seguridad Pública!

Puras coincidencias.

En ese lapso, sólo para poner un ejemplo de su poder, las corporaciones criminales tenían la capacidad de difundir en mantas, cartulinas y bardas el mismo mensaje, simultáneamente en 70-80 ciudades.

Al mismo tiempo, un altísimo funcionario de las corporaciones de seguridad pública federal intentaba convencer a los principales líderes de opinión en Juárez de que la estrategia aplicada por el gobierno calderonista, en el caso específico del antiguo Paso del Norte era la indicada: Acabar con el Cártel de Juárez, que era, decía, el más débil, y una vez alcanzado ese objetivo sería más fácil “ir contra los otros”.

Reporteros, ciudadanos, fotógrafos, rescatistas, policías, etc., reportaban continuamente el esquema de una buena parte de las ejecuciones en Juárez. A una cuadra, o dos, del sitio de la ejecución siempre se ubicaba a algún vehículo, ya fuera militar o de las corporaciones federales y los recuentos de los detenidos en esa época arrojaban, siempre, el mismo balance, una muy evidente mayoría de los clasificados como integrantes del Cártel de Juárez por un marcado inferior número de los ligados al ahora detenido Guzmán.

Y todas las detenciones, al igual que la de Guzmán Loera, son semejantes. 

Por ningún lado aparecen las empresas, la innegable estructura financiera necesaria para soportar la complejidad, ya no solamente de las ejecuciones, sino para el pleno funcionamiento del resto de las actividades criminales de estos grupos, pero tampoco las investigaciones patrimoniales que nos lleven a develarlas, lo que nos lleva a la misma conclusión de Anabel Hernández y de Edgardo Buscaglia, que los jefes del narco, como Guzmán Loera, son solamente la parte aparente del vasto imperio criminal y que son, a lo sumo, jefes operativos de una vasta red criminal, con ramas multinacionales, propiedad de los que sí son, “Los señores del narco”.

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¿A quién se le ocurre?

El Diario, 20 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

A muchos -y sobre todo en la esfera oficial- les pareció una exageración que se planteara el modo en que en las distintas esferas de gobierno se perdiera la noción de los límites entre el partido y el gobierno y que se asumiera, con un claro concepto patrimonialista (ése, que creímos superado) que no había “problema” en que las dependencias gubernamentales, cada vez con más fuerza, realizaran trabajos partidarios, o que a sus empleados se les coaccionara a efectuarlos.

Con fuerza, parecía, crecía la noción que estábamos frente a la reconstrucción del Partido de Estado, aquel que eufemísticamente designó Carlos Salinas de Gortari como el “partido casi único”.

A la luz de los últimos acontecimientos en Chihuahua, tal percepción se fortalece casi a diario, con el pleno desconocimiento del marco jurídico vigente o, todavía más grave, que a pesar del conocimiento se viole flagrantemente.

Aún no nos recuperábamos del affaire de la directora de la Facultad de Contaduría de la Uach, cuando aceptó la “invitación” del Comité Municipal del PRI en Chihuahua, para desempeñarse al frente de la Comisión de Vinculación Profesional, cuando campante, el Oficial Mayor del municipio de Juárez, Alfredo Aguirre Carrete, informó que “Unos 120 empleados municipales autorizaron al gobierno local que les descuenten de su salario la cuota que deben aportar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para contribuir con su financiamiento… en su mayoría son jefes y directores generales de la actual Administración Municipal, pero la petición se extendió a otros niveles y supuestamente varios trabajadores aceptaron de manera voluntaria… aseguró que hasta el momento no tiene estimado el monto total de lo que el Municipio recauda para el PRI y que ya se ha entregado…”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 19/II/14)

Previamente, El Diario había informado de la inconformidad de algunos empleados porque se les descontó sin su autorización, ante lo cual, el funcionario municipal afirmó que “… Ya quedó claro este asunto, a los que se inconformaron, que fueron muy pocos, se les respetó su decisión de no aportar porque finalmente es un asunto de voluntad, ciertamente se pensó que todo mundo tendría la voluntad de apoyar la situación del partido, pero mejor se ofreció esa alternativa”. (Ibídem).

¡Órale! ¡Gracias por recordarles que tienen derecho a decidir que hacen con sus salarios!

No es todo, informó que “a petición del PRI se encargó de hacer el convenio con los empleados” y que la recomendación fue que aportaran el 5% de sus ingresos “o que ellos pusieran la cantidad… Es algo que ya quedó allanado, las inconformidades ya se dieron y ya se solucionaron y a los que no quieren no se les hará ningún descuento”. (Ibídem).

Hay más, en su defensa, alegó que no era una acción ilegal, ni “tampoco representa una carga administrativa para el gobierno, porque de manera regular se lleva a cabo en varios niveles de gobierno y el procedimiento que se sigue es electrónico, a través de transferencias bancarias”. (Ibídem).

Además, dijo, que el resto de los partidos políticos y un sinnúmero de empresas pueden beneficiarse de tal procedimiento, como las vendedoras de muebles, de seguros de vida y servicios funerarios, “que se van pagando mediante la nómina”.

¡Ándele, además de los servicios que ofrece el municipio, también se encuentra el de cobrador de las empresas que así lo soliciten!

El problema, como siempre, estriba en encontrar el lugar en donde están esas facultades dentro de las otorgadas por la ley a esta instancia de gobierno.

¿Dónde, dónde está esa facultad de la tesorería del municipio para hacer descuentos a los empleados y luego transferir los recursos a empresas y partidos?

¿Dónde, que puede convertirse en el departamento de cobranza de empresas y partidos?

No basta con la firma del empleado ¿Y qué tal si un mes decide no pagar el abono del mueble, o de la cuota del partido? ¿Ante quien debe tramitar que le paguen, íntegro, su salario?

Podríamos hasta convenir que se pudiera aceptar en el caso de las empresas ¿Y qué tal si alguna de ellas pertenece a alguno de los funcionarios municipales? ¿Pero en el caso de los partidos? ¿No saben que violan la ley?

No termina ahí la cosa, la controversia no es con el escribiente, sino con el marco legal. 

El Código Penal del Estado de Chihuahua establece:

“Art. 261. Comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades:

…

II. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.

Art. 270. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al servidor público que:

Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo;…”.

A su vez, el Código Penal Federal establece en el artículo 407 lo siguiente:

“Se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

… 

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal”.

¿Habremos regresado al pasado y no nos hemos dado cuenta?

Bueno, es de tal magnitud el entuerto, que hasta al alcalde Enrique Serrano podrían fincárseles cargos que lo podrían llevar a la destitución.

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Autoengaño

El Diario, 18 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Tantas cosas han cambiado -para mal- en el país, y en el mundo, que las cosas “normales” del pasado hoy forman parte de las reliquias. Es de tal profundidad la transformación, y el peso de las grandes corporaciones transnacionales, que han logrado, hasta la adecuación de los conceptos, a fin de ofrecer, así sea solo estadísticamente, mejores e impactantes resultados en la economía.

Tal ocurre, en los días que corren, con dos datos que intentan hacernos creer lo profundamente benéfico de dos de los más profundos giros de la política económica de México, ocurridos en las últimas tres décadas.

A veinte años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), firmado por Carlos Salinas de Gortari, y a 30 de la implantación salvaje del neoliberalismo, a través de la “reconversión” industrial impulsada por el gobierno de Miguel de la Madrid, la élite gobernante no se cansa de ufanarse del “enorme” éxito de ambas medidas, que se refleja, dicen, en el desmesurado crecimiento de las exportaciones.

El problema estriba, como en el caso de la producción de riqueza, en su distribución. Efectivamente, en esas tres décadas las exportaciones mexicanas crecieron inconmensurablemente; también las aportadas por la industria maquiladora de exportación (IME).

Así, la participación de Chihuahua en esas cifras y tal actividad económica lo llevaron a constituirse en una de las “potencias” exportadoras del país. Como fue difundido ayer, en el año 2012 nuestra entidad aportó el 13% del total de las exportaciones nacionales, para convertirse en el estado líder, con un total de 41 mil 765 millones de dólares, de los cuales el 96.46% los aportó la industria “manufacturera” y el resto, “apenas” mil 480 millones de dólares, la industria minera no petrolera, según información del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Economía Federal.

¡Bien por los chihuahuenses! ¿Y entonces dónde se encuentra lo criticable?

Simples coincidencias. En el segundo lugar exportador se encuentra Baja California y luego Coahuila, Campeche y Nuevo León. “Estas cinco entidades concentran el 50 por ciento del valor total de las exportaciones”. (Comunicado del Gobierno de Chihuahua, 17/II/14). Explicable: Salvo Campeche -cuyas exportaciones son por el petróleo- en las otras 4 entidades se encuentra instalada más del 90% de la IME.

¿Dónde está la “todopoderosa” chihuahuense industria de transformación, responsable de tan halagüeñas cifras exportadoras? Prácticamente no existe ¡Ah, pero sí la industria maquiladora de exportación!

¿Y dónde está la pujante industria minera no petrolera, asentada en nuestra patria chica? Ah, po’s sólo la que extrae oro, plata y alguna otra cosa.

¡Bien por tan exitosa política económica! ¡Quiere decir que su población debe encontrarse en los primeros lugares de desarrollo social del país!

Hasta hace unos 20 años, mundialmente, las “exportaciones” de la maquiladora no se consideraban como parte del total de las exportaciones nacionales. Por una razón: La mayor parte de los insumos de esta industria eran fabricados en el extranjero y sólo se internaban para, precisamente, maquilar los productos, de tal manera que las mercancías finales no podían, decían todos los economistas y analistas del mundo, considerarse como productos de exportación del país sede de las plantas maquiladoras.

La situación no ha cambiado esencialmente. Los insumos locales de esa rama industrial, por lo menos la asentada en Chihuahua, apenas rebasan el 2% de los utilizados por el total de las plantas ubicadas en El Estado Grande, en contraste, por ejemplo, con el 20% aportado por la industria neolonesa a la maquiladora asentada allá.

Y esa es la diferencia que sí marca, pues la calidad de los empleos generados por la industria de transformación, y los montos salariales entre esa industria y los ofrecidos por la IME son abismales, amén de la generación de empleos secundarios de la primera.

¡Ah, pero ahora ya se consideran cifras y mercancías “mexicanas” de exportación!

Podremos, entonces, seguir ufanándonos de las millonarias cifras de la exportación de esa industria, pero no hay correlación con el desarrollo social, ni con el desarrollo educativo, pues los niveles académicos requeridos para laborar en la IME son apenas superiores a la educación primaria; por un lado, pero por el otro, el de los ingresos salariales, es aún peor el panorama pues un poco más del 40% de los trabajadores chihuahuenses ganan hasta dos salarios mínimos mensualizados, de ahí los graves problemas socioeconómicos padecidos por la entidad.

Y si tal es el panorama de la IME, el de la minería “no petrolera” es aún peor, los chihuahuenses nos apropiamos de una ínfima parte de la extraordinaria riqueza aúrea, la que sirve para engrosar las de por sí gruesas chequeras de los propietarios de las empresas que explotan el oro chihuahuense y que nos convierte en el primero, o segundo productor nacional de este metal pero cuyos beneficios son apenas superiores a los “espejitos” que los españoles de la colonia nos trajeron.

Así, podemos seguir enorgulleciéndonos de ser los primeros exportadores y de que las empresas asentadas en Chihuahua obtengan ganancias supermillonarias, mientras tales cifras no se reflejen en los estándares de vida de la mayoría de los chihuahuenses seguirán siendo solo eso, cifras.

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Inaudito

El Diario, 16 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

“El fenómeno violento que vive México está directamente ligado a la torpeza, la incapacidad y la corrupción del Estado mexicano”: E. Buscaglia, “Vacíos de poder en México”.

Arturo Gallegos Castrellón, alias “El Farmero”, presunto jerarca de la pandilla Barrio Azteca, ha sido sentenciado en El Paso por haber asesinado en Juárez, el 13 de marzo de 2010, a Lesley Ann Enríquez, empleada del Consulado de EU en Juárez y a su esposo, Arthur Redelf, oficial del Sheriff de El Paso, así como a Alberto Salcido Ceniceros, esposo de otra empleada del Consulado norteamericano en Juárez.

Le encontraron culpable, además, de otros once delitos.

Lo anterior es un supremo acto de connivencia con el crimen organizado. Los delitos fueron cometidos en territorio mexicano y solo hasta ahora las autoridades mexicanas -por cierto, ninguna chihuahuense- han expresado que se le “podría” seguir un proceso en nuestro país por los homicidios cometidos en México (sobre personal del Consulado norteamericano) por lo que debería ser juzgado aquí, antes que allá.

Pero es de tal fragilidad la procuración de justicia que hasta las más doctas opiniones aceptan como natural que este acusado, y otros, hayan sido procesados en EU. Lo más preocupante es que ese proceso, y la falta de los que deberían concretarse en Chihuahua, dejan incólume la estructura criminal a la que declararon pertenecer todos los acusados… y todos los testigos.

Bueno, es de tal precariedad nuestra confianza en la aplicación de justicia que, para lograr testimonios incriminatorios en contra de Gallegos Castrellón, las autoridades norteamericanas ¡Le perdonaron la comisión de por lo menos otros 800 homicidios y a uno de los testigos de cargo, 23 homicidios, todos cometidos en México y en agravio de mexicanos!

¡Y ninguna autoridad ha iniciado los procesos legales que debería para traer a México a esos testigos-sicarios a que respondan de tales homicidios!

El gobernador César Duarte ha expresado su inconformidad a tales mecanismos, calificó como inaceptable que se compense a criminales con beneficios “extraordinarios” por parte de Estados Unidos. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 14/II/14).

“Es un tema que necesitamos conocer, en realidad si hubo trato de esa naturaleza sería inaceptable que se compense a criminales con actos de esa naturaleza”, dijo, y en su declaración podrían encontrarse elementos que nos podrían llevar a pensar que sí estarían en disposición de iniciar los procedimientos legales que llevaran a colocar ante los tribunales mexicanos a quienes han declarado la comisión de una parte importante de los crímenes ocurridos en Juárez, postura a la que se sumó el alcalde juarense, Enrique Serrano, aunque éste abogó por pedirle a la cancillería haga “un exhorto fuerte porque el tratamiento especial a delincuentes juzgados en ese país a cambio de información, lanza señales que no son convenientes para Juárez”.

Ahora sólo resta esperar que la Fiscalía General del Estado, concrete tal rechazo y le exija a las autoridades norteamericanas -vía extradición- le sea entregado tal sentenciado, en virtud de que la declaración del acusado forma parte de un proceso legal ante las cortes estadounidenses y de ninguna manera los acuerdos celebrados entre éste y las autoridades de aquel país lo eximen de ser castigado por la comisión de tales crímenes, sobre los cuales los norteamericanos no tienen jurisdicción, a menos, claro está, que las autoridades mexicanas ya la acepten.

A eso nos opondremos terminantemente y deberá exigirse -las actuales autoridades judiciales deberían- la inmediata investigación de los procesos de extradición -si es que los hubo- o de entrega de algunos de los testigos-acusados a los norteamericanos, en lo que es el peor acto de pérdida de soberanía en todo un siglo por autoridad mexicana alguna.

Muchos podrán argumentar a favor de que las cosas ocurran como en el caso aquí comentado. Nada más lejos de lo que nos conviene como sociedad. 

¿Vamos a esperar que sólo los asesinatos de empleados del gobierno norteamericano se resuelvan?

No es cualquier cosa lo que nos está ocurriendo. El entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, acusaron a Gallegos Castrellón de ser el responsable del “80 por ciento de las muertes de los últimos 15 meses (2009-2010) en Ciudad Juárez”, pues se le acredita -y ahora en evidencias aparentemente irrefutables, como las grabaciones hechas por la DEA de los operativos criminales de los acusados, presentadas en el juicio recientemente terminado- ser el principal operador de “La Línea” y no develar, de modo alguno, la vasta estructura financiera necesaria para llevar al cabo tal cúmulo de operaciones y, al mismo tiempo, mantener intacta la operación de introducción de droga a los EU.

¿De veras podremos creerles que un grupo de sicarios, por su cuenta, fue capaz, sin el apoyo logístico de organizaciones empresariales, de sostener tan cruenta y prolongada guerra?

Este episodio constituye un ejemplo paradigmático de lo que el especialista en análisis sobre el crimen organizado, Edgardo Buscaglia, describe en su obra “Vacíos de Poder en México” cuando sostiene que “… una de las tantas caras que tiene la inacabada transición mexicana es la existencia de un sistema judicial descoordinado y sin dientes que no puede controlar, ni castigar de verdad las manifestaciones antisociales…” y que tampoco está en capacidad de ufanarse de obtener éxito en el combate a la criminalidad en su fase más violenta, la de las ejecuciones, pues “… dado el colapso del sistema judicial, el Estado mexicano no posee la capacidad de dilucidar qué proporción de los homicidios está vinculada o no con grupos criminales” porque, dice, “las tasas de homicidios disminuyen bajo dos supuestos: un más efectivo sistema judicial punitivo o preventivo (ambas condiciones claramente ausentes en México) o una consolidación de grupos criminales dividiéndose territorios y mercados en ‘orden’ bajo la tutela de un Estado cautivo e impotente. En otras palabras: pax mafiosa…”.

Quizá ahí se encuentren las explicaciones de lo que ahora vivimos. Gallegos Castrellón fue hallado culpable de los 11 cargos que enfrenta ante la justicia estadounidense, entre los que se encuentran “lavado” de dinero, delincuencia organizada y confabulación para distribuir drogas, “la decisión del jurado se dio a pesar de que el acusado se había declarado no culpable y la defensa argumentara que los testigos presentados fueron pagados con documentos migratorios” y podría enfrentar 10 cadenas perpetuas. (Nota de Luis Chaparro, El Diario de El Paso, 14/II/14).

Pero para llegar a tal sentencia, las autoridades norteamericanas usaron todo el arsenal de “estímulos” para obtener confesiones, suponemos muchas de ellas a modo: “Miguel Nevárez, alias ‘Lentes’, uno de los testigos principales contra Arturo Gallegos Castrellón, acusado del triple homicidio del caso Consulado, dijo que le fueron eliminados 23 cargos por homicidios a cambio de cooperar con el Gobierno de Estados Unidos”. El acusado informó que lo amenazaron. "Me dijeron que si yo no cooperaba iban a deportar a un familiar mío que está aquí legalmente”. (Nota de Luis Chaparro, El Diario de El Paso, 12/II/14).

Además, le retiraron las acusaciones por participar en los atentados con un coche-bomba. Confiado, afirmó que "Yo no tengo ningún cargo ni acusación formal en México”, y además le ofrecieron otorgarles residencia permanente a cuatro familiares suyos. (Ibídem).

En el juicio, el defensor de Gallegos Castrellón detalló algunos de los homicidios confesados por Nevárez, todos cometidos en Juárez. Resultado de lo anterior, el gobierno norteamericano “ha otorgado más de 20 documentos de residencia permanente –‘green cards’–, y una naturalización a familiares de los testigos. Asimismo, ha desembolsado alrededor de 220 mil dólares libres de impuestos y ha pactado tres reducciones de condenas mayores para quienes han dado su testimonio inculpando a ‘El Farmero”. (Nota de Luis Chaparro, El Diario de El Paso,  | 2014-02-13 | 23:29

Es impresionante: “Documentos mostrados a El Diario de El Paso por una fuente federal exhiben que Chávez, arrestado en julio de 2010, y quien confesó el homicidio de al menos 800 personas en Ciudad Juárez, incluyendo el multihomicidio de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, obtuvo a cambio de su declaración la residencia permanente estadounidense para tres de sus familiares y para él mismo”. Además, su familia recibió 92 mil dólares en cinco pagos libres de impuestos por parte de una agencia federal estadounidense. (Ibídem).

Siendo todo lo anterior altamente criticable, desde todos los puntos de vista, no sólo de la formalidad legal y de la renuncia del Estado mexicano a su responsabilidad en la persecución del delito, hay otra faceta aún más inquietante: La participación de las agencias norteamericanas en las bandas criminales en lo más alto de la ola homicida.

Ahora sabemos que no solamente proveyeron de armas a una de las bandas mediante el operativo de “Rápido y furioso”, que embarcaron cantidades hasta ahora desconocidas de dinero para “seguirle” la pista a las redes financieras de los grupos criminales, sino que de 2010 a mediados de 2012 estaban en el control de las conversaciones -en tiempo real- de los integrantes del “Barrio Azteca” y “La Línea”, además de videograbaciones, a través de la participación de un especialista en radiocomunicaciones -denominado como “E.Q.”- quien “recibió de la Agencia Antidrogas (DEA) más de 125 mil dólares libres de impuestos a cambio de su cooperación para aprehender a los acusados en el caso, al tiempo que recibía más de 500 dólares mensuales por continuar trabajando con el Barrio Azteca. Obtuvo, además de la propia, cuatro residencias permanentes estadounidenses para miembros de su familia”.

Pero no todo está perdido, luego de la sentencia a Gallegos Castrellón, el delegado estatal de Procuraduría General de la República (PGR), César Peniche Espejel, informó que aquel será regresado a México, luego del proceso penal del triple homicidio, para que responda de cargos en México por delincuencia organizada. 

Ajá…

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La influenza y la política

El Diario, 13 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Flaco favor le hizo -por si faltara- a la actividad política (que es, fundamentalmente, todo lo relacionado con la administración pública, es decir, un titipuchal de cosas) el médico Gumaro Barrios Gallegos, vocero técnico de la Secretaría de la Salud, al afirmar, en la conferencia de prensa realizada el día de ayer, celebrada para dar cuenta de la situación acerca de la influenza, que el “virus es un tema médico que debe ser tomado por especialistas y no permitir que se den tintes políticos”.

Pero la flacura es peor si tomamos en cuenta que apenas un día antes de tales declaraciones, su jefe, el titular de la dependencia, Basilio Ildefonso Barrios Salas, no fue capaz de informarle con precisión al Poder Legislativo acerca de la presencia de una enfermedad que no es epidemia, ni pandemia, ni nada que se le parezca, -sino todo lo contrario- en tanto que por doquier nos inundan los relatos de la aparición de numerosos casos de personas con afecciones respiratorias, algunas de las cuales han fallecido a causa de la complicación de tales cuadros, que luego se clasifican por esas autoridades como “neumonías atípicas”.

Pero el especialista, suponemos, en materia de salud, le entró a un terreno que, también suponemos, no es el suyo, al afirmar que “… La influenza es un tema que debe ser tomado por especialistas y no con tintes políticos, porque sabemos de diputados que quieren opinar sobre números de casos o citan alarmas, pero carecen de toda preparación para evaluar procedimientos o para determinar si un caso es positivo a influenza o algún otro padecimiento; no queremos que haya malinformación (sic) a la población”. (Comunicado de prensa del Gobierno de Chihuahua, 12/II/14).

Ya encarrerado, solicitó a la sociedad “no dejarse engañar con falsos pronósticos o números que carecen de todo sustento médico”. (Ibídem).

Eso está bien, pero ¿Entonces porqué el doctor Basilio Barrios no fue capaz de informarle a la sociedad -por la vía de hacerlo a los diputados y los medios de comunicación que dieron cuenta de su comparecencia, largamente pospuesta- con precisión, de los datos, no solamente de la influenza, sino de los casos de neumonía, cualesquiera que fuera su causa, y de poner ejemplos, los más paradigmáticos, para que la sociedad, ante la claridad de la información, no desconfiara de las instituciones de salud?

Pero no, en la reunión con los legisladores -y estaban presentes todos los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria, es decir, el gobierno del Congreso- el titular de Salud “se limitó a reiterar las disposiciones preventivas para evitar el contagio del virus de la influenza y presumió la campaña iniciada por la Secretaría de Salud en redes sociales, no obstante evadió los cuestionamientos sobre las cifras reales de padecimientos en el territorio chihuahuense. Al término de la junta, el propio funcionario optó por evadir las preguntas de los medios de comunicación”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 11/II/14).

Y cuando se habla de los casos paradigmáticos, para los integrantes del gremio periodístico de la capital chihuahuense, ahí está como tal el deceso de la periodista Carmen Miguel, quien podría haber sido víctima de la influenza, y no solamente de una neumonía “atípica”.

Más aún, al abordar todos los días la situación sobre la influenza, aparentemente, intencionalmente se deja de lado la de las neumonías, que ha causado hasta el momento 140 decesos, tan solo en el primer mes del año, en tanto que el año anterior produjeron 504 fallecimientos, de un total de “alrededor de 2 mil casos de neumonía o bronconeumonía”, según informó el doctor Gumaro Barrios, Subdirector del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. (Nota de El Diario de Chihuahua, 11/II/14).

Porque si esta estadística -la de los casos de neumonía- es la que está causando la alarma en la población, entonces es el momento de que las autoridades alerten, pongan en funcionamiento los protocolos necesarios para poner un alto a la presentación de estos casos… e informen con veracidad. 

No es poca cosa la que tendrían que informar, especialmente si las cepas bacterianas -de ser cierta tal información del propio Dr. Barrios- causantes de la mayoría de los fallecimientos a causa de la neumonía, son controlables, si son sensibles a los antibióticos más comunes, si requieren un tratamiento más particularizado, si es necesaria la puesta en vigor de una más enfática campaña de prevención del tratamiento de los cuadros de gripe común -y de los de influenza-, es decir, para decirlo en términos del Dr. Gumaro Barrios, que difundieran los aspectos médicos de una situación como la que hoy vivimos… y deje de meterse en política… o entendiera que su actividad, es profundamente política.

Digo…

COMPAÑIA Y SOLIDARIDAD.- No hay nada más antinatural que los hijos emprendan el camino sin retorno antes que sus padres. No basta la más infinita comprensión para entender el dolor de los padres cuando eso sucede, de ahí nuestra más sentida condolencia al amigo y compañero, Esteban Salmón Paredes, por la irreparable pérdida de su hijo Esteban.

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Familia: Vientos de cambios

El Diario, 11 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

O cambian, o cambian, pareciera ser el mensaje que desde todos los ámbitos envía la moderna sociedad chihuahuense a la élite gobernante -concepto en el que englobamos no solamente a la clase política- y que, aparentemente, empata con los procesos sociales presentes en la mayor parte de las naciones.

Pero tales transformaciones deberán, primero, darse en el ámbito de las concepciones de una buena parte de la sociedad, fundamentalmente en lo referente a la capacidad de tolerar a los diferentes, que son, somos a final de cuentas, todos.

Manifestaciones en ese sentido pareciera dar la Iglesia Católica con el cuestionario que el Papa Francisco ha enviado a sus feligreses, en el que solicita su opinión sobre varios de los temas más controversiales (para esa iglesia) en los que, ostensiblemente, se ha quedado rezagada y que serán parte de los materiales del “Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia”, a desarrollarse del 5 al 9 de octubre próximo en la ciudad del Vaticano, en el que “abordarán el matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción de hijos; de los separados y divorciados vueltos a casar y su deseo por recibir nuevamente la comunión; el control natal y la anticoncepción, entre otros”, así como el aborto. (Nota de El Diario de Chihuahua, 9/II/14).

Nadie podría interpretar tal encuesta como la evidencia de que el catolicismo cambiará sus posturas, pero el hecho de hacer tal ejercicio es prueba de que, por lo menos, se ha decidido consultar a sus feligreses, acto en el que, con toda seguridad, han influido los escándalos en los que se han visto envueltos muchos de los sacerdotes, en todos los niveles de la conservadora jerarquía eclesiástica, por los casos de pedofilia y la violación de la abstinencia sexual (en este caso la de sus ministros en el mundo occidental) de muchos de sus sacerdotes que han corroído hasta sus cimientos a esta iglesia.

Esas concepciones, compartidas por muchos integrantes de la clase política mexicana son el principal impedimento para que se adopten políticas públicas cuyo elemento central sea la de evitar la discriminación, o que se adopten nuevas normatividades que tengan como eje la profunda transformación de la sociedad, en lo general, y de la familia en lo particular.

Varían las cifras, pero por lo menos en las últimas semanas se ha sabido de la existencia de varias parejas homosexuales que se ampararon en contra de la negativa del Registro Civil del Estado de Chihuahua a celebrar el matrimonio entre ellos. En esa condición se encuentran tres parejas que se ampararon en Juárez.

Tal información la proporcionó el director estatal, César Ramírez Franco, quien agregó que los fallos serán positivos para aquellas, por lo cual estarán en condiciones de acudir a cualquiera de las oficialías del registro civil a casarse, en virtud de que el Gobierno de Chihuahua no pedirá la revisión de los amparos concedidos.

Así lo decidieron hace meses en la más elevada esfera de la toma de decisiones de Chihuahua. No impugnarán los amparos, casarán a los solicitantes, pero no reformarán la ley a fin de dar cabida a esa nueva figura.

No es tan aperturista la postura del gobierno, saben bien que si impugnaran los amparos los casos llegarían a la Suprema Corte de Justicia y ésta resolvería ordenándole al Congreso de Chihuahua la inmediata reforma del marco legal para que se contemple que el matrimonio debe ser “entre dos personas”, y ya, no esperar a que termine el sexenio y que el “otro”, el que siga, cargue con el sambenito de haber promovido la legislación sobre matrimonios homosexuales.

Y matrimonio, no cualquier otra chicanada, la resolución de la SCJN es tajante y bastante explícita.

La pregunta, obvia, es entonces ¿Y porque no se evitan, y le evitan a algunos de sus gobernados, independientemente del número y de sus preferencias sexuales, el apurado trago de entablar un juicio contra el Gobierno de Chihuahua, con el consecuente costo social y económico?

Nada va a cambiar, para mal, en el Estado Grande si así procedieran, salvo que las concepciones personales, religiosas, sean las que presidan los actos de quienes gobiernan y no, como debiera ser, la búsqueda del buen gobierno sobre la sociedad, más allá de las incontables diferencias existentes en ella, pero que deberán tratarse, por lo menos así lo esperamos todos, bajo el rasero de la ley y la no discriminación.

Por supuesto que para ello se necesita, también, asimilar, abrevar una gran cantidad de Tolerancia que le permita a la élite gobernante aceptar la nueva realidad de la sociedad chihuahuense, en cuanto a los niveles de Tolerancia, modernidad y aceptación de los llamados derechos de tercera generación, algo que hasta los elementos más receptivos de la jerarquía eclesiástica, como el Padre Dizán Vázquez, deberán aceptar, quien alertó acerca del “avance gay” debido a la pasividad, afirmó, de la sociedad.

Y llamó a la sociedad a evitar tal avance, en una especie de cruzada pues, afirmó, ante ese avance “es importante que las mayorías en contra de estas uniones hagan algo”, debido a que, sostiene, este tipo de relación es contra natura “lo cual es corroborado por las consecuencias tanto en la salud física y psicológica que tienen quienes practican ese tipo de relaciones” (sic), a las que se debe proteger “contra un daño grave que la medicina ha probado que existe”. (Nota de Paloma Sánchez Martín, El Heraldo de Chihuahua, 5/II/14).

Bueno, pues así lo dijo.

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Impunidad incurable

El Diario, 9 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Sin duda alguna que atacar el fenómeno de la delincuencia -y de la ola homicida preferentemente- deberá abordarse desde las más variadas vertientes, que necesariamente deberán contemplar el manejo del tráfico de drogas de una manera radicalmente distinta a la hasta ahora usada; pero todas las estrategias usadas, o las que debieran emplearse, atraviesan por el principal problema existente en el país en el tema de la procuración de justicia, el de la impunidad.

A pesar de las optimistas expresiones de la cúpula gobernante en Chihuahua, elogiada por sus similares del ámbito nacional, en el sentido de que en la entidad, y sobre todo en Juárez, han disminuido contundentemente las cifras delictivas (algo que nadie ha refutado, porque es un fenómeno que se aprecia en la calle, referente sin igual) el comportamiento de las curvas delictivas, como debiera esperarse de una comunidad con las características geo-socio-económicas del antiguo Paso del Norte, no sigue el patrón que las autoridades -y la sociedad- deseáramos.

Ante la oleada homicida de los primeros días de febrero, el Gobernador César Duarte encabezó una reunión de seguridad en Juárez para afrontar el hecho de la presentación de 17 ejecuciones en el mes (hasta el sábado 8), lo que haría un promedio de 2 diarios, cifra que al proyectarla al año llevaría la cuenta a más de 700 homicidios, inferior al número presentado en 2012 y casi al doble del año 2007, lo que pondría la tasa a 56 homicidios por cada 100 mil habitantes (Pccmh), también duplicando las más altas tasas en el mundo, y muy lejos de las sociedad desarrolladas agrupadas en la OCDE que mantiene promedios por debajo de los 3 Pccmh, es decir, ¡Casi 20 veces más que en aquel mundo!

Y como siempre, como lo han hecho a lo largo de ya casi 5 décadas, el titular de la Fiscalía General del Estado presentó como evidencias de los “avances” en el combate al tráfico de drogas, el hecho de que se “aseguraron” más de 4 toneladas de mariguana en los últimos días en el Valle de Juárez.

 Pero tales manifestaciones optimistas palidecen frente a la siniestra realidad de la procuración de justicia y, por consiguiente, ante los niveles de impunidad prevalecientes en Juárez y el Valle de Juárez y que, además, no son muy distintos a los presentados en el resto de la entidad… y en el país, para nuestra desgracia.

Dos memorables trabajos periodísticos dan cuenta de dicho fenómeno.

Las “cabezas” de El Diario de esos días fueron impactantes: “Impunes aquí 7 de cada 10 asesinatos del año pasado”. (Nota del Staff, Con información de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 19/I/14).

“Quedan impunes miles de crímenes en la ciudad”, (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 5/II/14).

La primera de ellas, en plena etapa de remisión de la ola homicida, hacía énfasis en el escaso número de homicidios en vías de resolución, “Durante este periodo (el año 2013), los tribunales de Garantía únicamente resolvieron la situación jurídica de 136 acusados del delito de homicidio de los 485 que se registraron en la ciudad”, de acuerdo con los datos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). (Ibídem).

De las 485 personas asesinadas el año anterior, la fiscalía presentó ante los jueces a “35 personas sospechosas de homicidio simple, a 91 presuntos responsables de homicidio agravado y calificado y a otros 10 acusados de homicidio en riña”, es decir, por lo menos en esa fase de los procesos, sólo se había resuelto el 28% de los crímenes.

A estas cifras aún debemos descontar a aquellos acusados que demuestren en los tribunales no ser los culpables, o que la única evidencia en su contra sea la declaración autoinculpatoria (como antes, como siempre, cuando bastaba con declararlo “asesino confeso”) y entonces los niveles de impunidad crecerán exponencialmente.

A estas preocupantes cifras, el abogado Héctor González Mocken, presidente estatal de la Confederación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, le agrega otro factor, igualmente demostrativo de los elevados niveles de ineficiencia en la procuración de justicia, el de la escasa capacidad investigadora de las agrupaciones policiacas y ministeriales pues, dice, la mayoría de las detenciones se realizan dentro del término de flagrancia. (Ibídem).

Sin embargo, el 16 de enero, el Fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás, había afirmado ante las autoridades federales que “Ciudad Juárez mantiene el más alto índice de asuntos resueltos en materia de homicidios, tenemos un 41 por ciento de los homicidios resueltos en el 2013, ese fue el porcentaje final. Y me puede decir que es menos de la mitad, pero recordemos que en el 2010 teníamos un 1.6 por ciento de casos resueltos”.

Pero una investigación más amplia acerca de los niveles de impunidad en esta misma región, a lo largo de una década, arroja cifras de espanto: “Sólo en el 2% de los asesinatos cometidos en los últimos diez años se ha sentenciado a los supuestos responsables”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 5/II/14).

“Como ningún otro municipio en el país, Juárez tiene registrados 11 mil 598 asesinatos de 2003 a 2013, revelan datos de la Fiscalía General del Estado, obtenidos a través de Transparencia. De ese histórico número, 10 mil 340 carpetas se encuentran en estatus de ‘investigación’. Además, en 670 archivos existen acusados y sólo en 206 casos judicializados un Tribunal de Garantía dictó sentencia, destaca el informe. Es decir, sólo el 1.9% de los asesinatos de la última década han sido investigados y el probable responsable sentenciado”. (Ibídem).

Al sumar los asesinatos cometidos en los municipios del Valle de Juárez (Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero) la cifra asciende a 11 mil 939. (Ibídem).

Las cifras oficiales de homicidios cometidos en la década, son las siguientes: En 2004, 208 personas; 2005, 241; 2006, 261; 2007, 337; 2008, mil 600; 2009, 2 mil 675; 2010, 3 mil 158; 2011 concluyó con mil 970; 2012, 803 y 2013, 535. 

En ese lapso, miles de jóvenes de dos generaciones fueron abatidos. Del total, 9 mil 603 eran menores de los 40 años, es decir, el 80% de las víctimas. De ellas, “620 (eran) niños y adolescentes; en 5 mil 586 de las víctimas sus edades oscilaban entre los 18 y 30 años. Asimismo, 3 mil 397 victimados tenían de 31 a 40 años…”. (Ibídem).

De ese modo, podremos encomiar distintas medidas puestas en vigor para abatir la criminalidad, como la de ofrecer la cobertura universal a los aspirantes a la educación media superior y superior, y los distintos programas sociales de los gobiernos de los tres niveles, pero si la impunidad es el principal rasgo de la procuración de justicia en Chihuahua, muy poco avanzaremos en el abatimiento de las cifras delictivas; si quienes cometen delitos de manera consuetudinaria tienen la certeza de que existen muy pocas posibilidades de ser castigados, lo seguirán haciendo, y otros seguirán ese ejemplo.

Máxime si esta sociedad, la suya, a la que no se sienten pertenecer, no les ofrece opciones de ninguna especie; entonces no hay elección, como lo dicen muchos de los jóvenes involucrados en el crimen organizado, más vale unos cuantos años con todos los lujos que les pueden proporcionar las actividades delictivas, a vivir sin la expectativa de una vida digna que, afirman, no es vida.

En cambio, si, como ocurre en las sociedades desarrolladas, existe la certeza casi plena de que la comisión de un delito implica la aplicación de una sanción, entonces habremos empezado el camino del abatimiento de las cifras delictivas.

Y todo ello sin abordar el otro factor generador de éste y otros muchos fenómenos a cual más de perniciosos, el de la profunda desigualdad socioeconómica de la sociedad mexicana del siglo XXI.

No le faltaba razón al político más repudiado de la élite política y de no pocos integrantes de las capas medias de la población, Andrés Manuel López Obrador, cuando pregonaba en la campaña presidencial del 2006: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Basta con darse una vueltecita por los penales de Chihuahua, el pobrerío los puebla.

CARGOS.- El PRI municipal de Chihuahua designó a Liliana Álvarez, directora de la Facultad de Administración de la Uach, como coordinadora de “Vinculación con profesionistas”.

A este paso, con tal inercia ¿Quien de los rectores, Enrique Seáñez Sáenz, de la Uach, o Ricardo Duarte, de la Uacj, será el encargado estatal de esa coordinación priista?

Debiéramos desenterrar una de las frases de Ernesto Zedillo: Que exista la “sana” distancia entre el gobierno y el partido. Y en ello las autoridades universitarias debieran dar el ejemplo.

Digo, porque hay cada caso que nos pone a temblar…

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Justicia extraterritorial

El Diario, 6 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Fluye la información de manera constante, prácticamente todos los medios de comunicación dan cuenta de los detalles de los hechos por los que es procesado Arturo Gallegos Castrellón, alias “El Farmero”, presunto jerarca de la pandilla Barrio Azteca, y nadie -salvo la “cabeza” de El Diario: “En EP lo juzgan por asesinato, aquí ni orden de arresto tiene”- se ha detenido a cuestionar el porqué un hombre -junto a otras tres decenas- es procesado en El Paso, acusado de haber asesinado en Juárez, el 13 de marzo de 2010, a Lesley Ann Enríquez, empleada del Consulado de EU en Juárez y a su esposo, Arthur Redelf, oficial del Sheriff de El Paso, así como a Alberto Salcido Ceniceros, esposo de otra empleada del Consulado norteamericano en Juárez en dos hechos aislados, pero, según las autoridades de México y EU, relacionados.

¿Acaso el territorio estadounidense se extendió hasta la antigua Paso del Norte? ¿Acaso las autoridades norteamericanas ya tienen jurisdicción sobre el territorio y autoridades mexicanas? ¿Desde cuándo?

No es cualquier cosa lo que ahora se plantea, no es solamente un reclamo  ante la pérdida de soberanía y de la increíble sumisión de las autoridades mexicanas,  de todos los niveles, sino una angustiada alerta ante lo que es un supremo acto de connivencia con el crimen organizado.

Muchos podrán argumentar a favor de que las cosas ocurran como en el caso aquí comentado. Nada más lejos de lo que nos conviene como sociedad ¿Vamos a esperar que sólo los asesinatos de empleados del gobierno norteamericano se resuelvan?

¡Lo increíble! Arturo Gallegos Castrellón, “fue señalado públicamente por la Policía Federal como participante en el asesinato de una empleada consular, la masacre de Villas de Salvárcar y el asesinato de cinco agentes federales, (y) en esta ciudad no existe una sola orden de arresto en su contra”, según la información proporcionada a la reportera por el vocero de la Fiscalía General de la zona norte, Arturo Sandoval Figón. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 4/II/14).

A pesar de que los delitos se habían cometido en territorio mexicano, el gobierno lo extraditó a EU; les quemaba. Pero mientras lo extraditaban, lo acusaron de mil y un delitos. 

¿Entonces, por qué lo entregaron a las autoridades norteamericanas?

Ni más ni menos que el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, lo acusaron de ser el responsable del “80 por ciento de las muertes de los últimos 15 meses (2009-2010) en Ciudad Juárez”, (Ibídem).

No sólo eso, aseguraron que también era el responsable de la masacre de Villas de Salvárcar “y de la muerte de cinco agentes federales”. Como única evidencia para sostener tales acusaciones, los funcionarios adujeron las declaraciones autoinculpatorias del acusado.

Pero, “Al menos en el caso de Villas de Salvárcar su nombre no aparece en la versión pública de la carpeta de investigación” (Ibídem), ni la FGE ha solicitado ninguna orden de aprehensión.

Cosas de la vida… criminal, a Gallegos le adjudicaron, esos mismos funcionarios, ser el encargado de toda la organización de Los Aztecas en Ciudad Juárez, jefe de todos los sectores, de todos los responsables de cada uno de los siete sectores que hay en la ciudad, es decir, que por medio de él pasan todas las instrucciones de homicidios que se generan en Ciudad Juárez”.

Bueno, vamos a creerles, si tal organización, o cualquier otra, tiene esa capacidad ¿En dónde están las empresas necesarias para financiar tales operaciones? ¿Con qué dinero compraron las armas usadas en la guerra de los cárteles? ¿De veras podremos aceptar que un grupo de sicarios, por su cuenta, fue capaz, sin el apoyo logístico de organizaciones empresariales, de sostener tan cruenta y prolongada guerra?

De ahí la preocupación acerca de los montajes mediáticos en los procesos criminales; a Gallegos lo pueden juzgar allá, o acá; pueden llegar hasta a encontrarlo culpable de todos los asesinatos mencionados, el problema estriba en que la estructura que dicen dirigía, sin él, también funciona, de ahí la premura porque lo juzgaran allá, de ahí la subordinación ante las agencias de EU… y no sólo de las agrupaciones policiacas.

¡Ah, pero ya se aprestan a celebrar con toda pompa el centenario de la Constitución!

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Atípicas

El Diario, 4 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

La angustia, el desazón, la incertidumbre y los rumores corren en velocidad rafagueante, las noticias acerca de secciones hospitalarias dedicadas íntegramente a la atención de pacientes afectados de la influenza impronunciable son apabullantes, al igual de las que hablan de amigos y conocidos afectados del mismo mal.

Frente a ello, el Secretario de Salud no existe mediáticamente, en su lugar -y se agradece- aparecen el subdirector de epidemiología de la Secretaria de Salud Gumaro Barrios Gallegos, y otros funcionarios; peor aún, el integrante del gabinete duartista no es capaz, ni siquiera, de asistir a una reunión con los diputados de la Comisión de Salud, ni a explicarle a la sociedad, ni a los diputados, el porqué de su inasistencia. Por default, el gobernador Duarte debió salir a los medios y anunciar que no hay una situación de grave riesgo.

Sin embargo, las noticias reales son más preocupantes que los rumores: La oficial del Registro Civil en Delicias, Elsa Carrasco Porras, anunció que en tan solo los primeros 28 días del año se habían registrado, en esa ciudad, 45 decesos a causa de “neumonía”.

Así, al anuncio de la aplicación de la vacuna en el Parque Central de Juárez, miles acudieron a la convocatoria, lo que denota la existencia de un estado de verdadera y honda preocupación en amplias capas de la población, ante la cual se aprecian muy pocas acciones gubernamentales de prevención y de la aplicación de un protocolo para una situación como la existente, no puede desestimarse, en ese sentido, la aplicación de la vacuna a más de 550 mil chihuahuenses; lo que evidencia la preocupación de la sociedad sobre la enfermedad.

Convengamos con las autoridades que no hay una situación de elevado riesgo de contagio de la Influenza AH1N1, ¿Pero qué podrían informarnos de la elevada incidencia de la neumonía “atípica”, que está causando, acaso, más estragos que la impronunciable?

Pongamos nada más como ejemplo de que estamos frente a una situación irregular -“atípica”, en el lenguaje oficial- las coincidencias: ¿Qué tantas probabilidades habría de que enfermasen al mismo tiempo -o casi- un ex alcalde capitalino, su esposa, el anterior secretario del ayuntamiento, el delegado del Issste, un alto funcionario federal y muchos conocidos del entorno personal en esta situación de no-epidemia?

Y si tal ejercicio lo hacen los lectores, entonces estaremos ante la verdadera magnitud de esta no-epidemia para las autoridades, pero que está incidiendo de manera tal que las direcciones de las escuelas -y sus maestros- se han organizado para enfrentar de mejor modo la actual situación en la cual se agradecen los intentos de los funcionarios de la Secretaría de Salud por hacernos creer que la situación está resuelta, porque se contabilizan apenas dos días en los que no hay reportes de más decesos a causa de la influenza, pero sí del reporte de 2 casos nuevos, con lo que suman 53 en el estado. “El reporte oficial de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud indica que en lo que va del año van 11 defunciones por influenza en el estado, que se suman a dos decesos registrados por el virus en diciembre 2013”. (Nota de Iván Lucio Alvillar, El Diario, 3/II/14).

Los reportes en aquel sentido proceden de distintas fuentes y modos: “Ahorita el mayor problema que se tiene en la Sierra no es la Influenza, sino la neumonía atípica y gripas complicadas, no tenemos ningún dato corroborado de que haya influenza en la Sierra, sin embargo sí tenemos información de los padecimientos antes mencionados”, afirmó el diputado Rosemberg Loera Chaparro a varios medios de la capital al fin de la semana anterior.

Es de tal magnitud que hasta el 15 de enero la delegación estatal del IMSS había reportado un total de 4 mil 488 citas médicas por Infecciones Respiratorias Agudas padecidas mayoritariamente por adultos mayores y niños de ambos sexos.

Sin embargo, apenas ayer, Barrios Gallegos anunció que por segundo día consecutivo no se presentaron defunciones a causa de la influenza, ni se validaron nuevos casos confirmados o sospechosos de esa enfermedad, amén de la aplicación de 577 mil vacunas, y afirmó que la tendencia “en los últimos días ha ido a la baja”.

¿Será?

¿Por qué razón, en lugar de dejar que de manera incoordinada, sin el trazo de líneas de conducta, sin la aplicación de un protocolo, se dejó que fueran las distintas instancias de la sociedad civil las que aplicaran medidas preventivas, más allá de la aplicación de la vacuna?

Son preguntas que merecen respuestas.

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¡Viva la partidocracia!

El Diario, 2 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

El viernes se dio un paso más en la regresión democrática del país. Se promulgó la reforma electoral promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto. 

El colmo: En el curso de la misma ceremonia de promulgación, el mexiquense anunció una reforma a esa que estaba poniendo en vigor.

Dos son las rasgos distintivos de tal regresión: La aprobación de la reelección inmediata de legisladores y alcaldes y la creación del Instituto Nacional de Elecciones, en sustitución del IFE. 

Hay, por supuesto, otras modificaciones que debieran ser analizadas y algunas de ellas hasta bien justipreciadas, pero las dos mencionadas acaparan la atención porque ambas van en el mismo sentido, el del fortalecimiento de los partidos, y dentro de ellos, a las élites.

A partir del 2015 los legisladores que sean electos en esos comicios, tanto de los congresos locales, como los diputados federales, podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, mientras que los presidentes municipales, regidores y síndicos podrán hacerlo sólo por un periodo.

A su vez, los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, a partir de la elección de 2018.

Lejos de entregarle la decisión a los ciudadanos, como pregonan los panegiristas de la reforma, en todos los casos “la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”. (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario de Juárez, 31/I/14).

Es decir, si un alcalde o un legislador ya no gozara de las “simpatías” de la cúpula dirigente de su partido y ésta lo excluyera de la candidatura, ya próximo el término de su mandato, no podría intentar la reelección pues los señores de los partidos pusieron ese candado, -o vas con nosotros, o el abismo.

El colmo es que los dirigentes de los partidos políticos nos quieran hacer creer que con la reelección inmediata “estamos ante la mayor reforma constitucional realizada en nuestro país en materia del fortalecimiento del Poder Legislativo”, como ardorosamente afirmó Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional (PAN).

No se midió Don Gustavo, calificó como un “triunfo histórico de los mexicanos que el Poder Legislativo sea fuerte y profesional, para que sean los ciudadanos los que juzguen el trabajo de cada diputado, de cada alcalde, y que tengan el poder de decidir su remoción o su permanencia en el cargo”. (Ibídem).

¿Se imaginan a los presidentes municipales, o a los diputados, vueltos locos en busca de la reelección? ¿Alcanzaremos a imaginar el caudal de recursos públicos puestos a disposición de los funcionarios, que harán todo con tal de permanecer en el cargo?

¿En qué país viven los dirigentes y legisladores de los partidos cuando resolvieron favorecer la reelección inmediata de los diputados y senadores, si éstos son los funcionarios con las menores simpatías ciudadanas?

¡Ah, es que es un enorme avance de las conquistas ciudadanas! Híjole…

Siendo lo más importante -o quizá, en la óptica del escribiente, lo más negativo- otras reformas aprobadas no han merecido la atención debida. Algunas de ellas pueden convertirse en pasos adelante en la conformación de un nuevo régimen político, quizá, ojalá, en vías de convertirse en uno parlamentario.

En esa tesitura podríamos ubicar a la decisión de otorgar la equidad de género en las candidaturas, el establecimiento de los gobiernos de coalición, la creación y autonomía de la Fiscalía General de la República y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

No podría decirse lo mismo en la transformación del Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral, que es una intolerable regresión al viejo centralismo que caracterizó al régimen político mexicano hasta antes del año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la república.

Es lo insólito, conformamos una república federal y ahora un órgano centralizado designará a los funcionarios electorales de las entidades y a los integrantes de unos órganos jurisdiccionales de todos los estados del país, los miembros de los tribunales electorales.

Sin embargo, algunas reformas estrictamente electorales deberán justipreciarse, como la del establecimiento de un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.

En este apartado, los legisladores priistas, en la discusión de la reforma electoral, no aceptaron cambiar la palabra “comprar” por “adquirir”, tiempos en radio y tv, en lo que fue una evidente intención de dejar abierta la posibilidad para que los partidos lo hicieran y no fueran sancionados, pues tal concepto implicaba tener que demostrar la existencia de documentos del acuerdo comercial. De ahí la propuesta de Peña Nieto, que recoge la postura de los diputados del PAN y PRD.

También prevé que el Presidente de la República tenga la posibilidad de establecer un Gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso, con programas respaldados por la mayoría parlamentaria, lo que abre el camino -ojalá sea corto- a la conformación de un régimen parlamentario con la desaparición de la Cámara de Senadores y la posibilidad de que los partidos que conformen mayoría en el Parlamento pudieran nombrar al gobierno, sobre la base de un programa común.

A su vez, en otra modificación trascendental, el nombramiento de la mayoría de los secretarios de estado deberá ser ratificado por el Senado.

En esa misma tesitura, la PGR se transformará en la Fiscalía Nacional de la República a partir del 1 de diciembre de 2018 y contará con autonomía constitucional. El objetivo es conseguir “una política de procuración de justicia eficaz y de largo plazo”, lo que permitiría, en teoría, que tal dependencia ya no estuviera supeditada a las órdenes del presidente de la república, como ha ocurrido hasta ahora, y cuyo momento cumbre ocurrió en el sexenio anterior cuando el Presidente Felipe Calderón dio lugar al “michoacanazo”, nombre que se dio a la detención de más de una cincuentena de funcionarios públicos, acusados de vínculos con el crimen organizado.

Todos están libres hoy; no les demostraron nada, lo que pasa es la hermana del presidente era la aspirante a la gubernatura y había que sembrar la sospecha de que priistas y perredistas estaban coludidos con el narcotráfico.

La elección del Fiscal General es inédita, por lo menos en el ámbito nacional, e implica una pérdida de poderes extraconstitucionales del Presidente de la República ya que el Senado deberá enviar un listado con 10 nombres al Presidente para elegir tres candidatos, lo regrese al Senado y éste elija al fiscal a través de una votación por los dos terceras partes de los Senadores.

Y, como siempre, las aportaciones a la picaresca nacional: Madero desmintió que la aprobación de la reforma electoral haya sido a cambio de la energética, eso “es falso: el PAN propuso y apoyó ambas reformas por nuestro auténtico convencimiento de que ambas son indispensables para nuestro país”. (Nota de Georgina Saldierna y Roberto Garduño, La Jornada, 1/II/14).

¡Todavía resuenan las múltiples frases emitidas por él y otros dirigentes panistas diciendo exactamente que no aprobarían nada sin que antes se aprobara lo que ahora niega Madero!

Y para que no se dude del concepto en que ubica al mexiquense, dijo: “Nunca las reformas habían avanzado tanto y como en ninguna época de México un Presidente de la República ha logrado contar con tanta disposición y colaboración de la oposición, como el Presidente Enrique Peña Nieto. Esta disposición y esta colaboración lo obliga a honrar su palabra y el espíritu de las reformas constitucionales en las leyes secundarias que están por venir”. (Nota de Leslie Gómez, Reforma, 1/II/14).

Ajá…

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