El Diario, 29 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Ayer, al aprobar el Consejo Político Estatal del PRI elegir a su candidato al Gobierno del Estado por medio de una convención de delegados, probablemente ya se resolvió quien será el ungido. Si tal aserto fuera certero, seguramente César Duarte podría amanecerse con la certidumbre de que “el voto secreto” ya lo benefició. Por supuesto, hacer tal pronóstico resulta aventurado, pero a la luz de los antecedentes, del comportamiento de los aspirantes y de la tendencia general mostrada por los integrantes del máximo órgano de dirección priista en la entidad, ese podría ser resultado del cónclave del PRI.
Excesivamente preocupados por el mantenimiento de la unidad, por lo menos en el discurso, los priistas que hicieron uso de la palabra para proponer las asambleas de delegados esgrimieron como principal, y en ocasiones único argumento, el de mantener la unidad, hasta llegar el extremo, en el colmo de la subordinación política, de la frase usada por Oviedo Baca –el dirigente juvenil- de que sin unidad “el método sale sobrando”, o el de la delegada del Comité Nacional, Adela Cerezo, quien expresó que “un partido dividido no puede ser opción de gobierno”.
Pero tales preparativos y pronunciamientos podría salir sobrando si hacemos caso a la primera determinación aprobada por el Consejo priista: La de facultar a la dirigencia estatal a celebrar las alianzas electorales con los partidos que así acuerden.
De celebrarse tal eventualidad, entonces la designación ni siquiera pasaría por las asambleas de delegados sino que sería tomada por la dirigencia del PRI y adiós a todas las elucubraciones acerca de los márgenes de vida democrática en ese partido, que sigue mostrando, casi una década después de haber perdido la presidencia de la república, intactos los mecanismos de actuación de los órganos dirigentes y de funcionamiento de sus militantes: Todo debe arreglarse entre los de arriba y nosotros nomás acatamos.
Ahora, en la decisión del Consejo priista, el perdedor, aparentemente, es el ex secretario de Fomento Social, el también deliciense Oscar Villalobos, quien después de transitar durante la primera mitad del actual gobierno en la Secretaría de Desarrollo Municipal, es el único (bueno, fuera de Fernando Rodríguez Moreno) que participó activamente en la construcción de la candidatura de Reyes Baeza y se pronunció públicamente por la elección directa.
Ex integrante del grupo de Artemio Iglesias, fue elemento destacadísimo en la construcción de la candidatura de Reyes Baeza pues lideró a quienes se identificaban aún como parte de ese grupo, marginados del gobierno, de las candidaturas y de la dirigencia partidaria.
A diferencia de seis años atrás, ninguno de los ahora pretendientes al cargo puede ser señalado como el favorecido por el mandatario, a ninguno le podemos colgar la etiqueta de ser el favorito y, fuera de Fernando Rodríguez Moreno, el líder de los diputados locales, a ninguno se le puede considerar como miembro del grupo de Reyes Baeza.
Así, por tercera ocasión consecutiva, el gobernante chihuahuense deberá enfrentar el hecho de que el candidato de su partido no era el candidato deseado inicialmente por él, ni, además, que perteneciera a su grupo.
Así ahora, si bien todos los precandidatos (y tienen esa categoría independientemente de lo que diga el IEE y los tiempos legales de las precampañas) le guardan muy altas consideraciones a Reyes Baeza, la mayoría no se encuadran en el grupo de mayor confianza del deliciense.
Digámoslo claramente, la verdadera contienda política es entre tres, Héctor Murguía, César Duarte y Oscar Villalobos. El ex alcalde capitalino, Alejandro Cano, el actual de Juárez, Reyes Ferriz, y Fernando Rodríguez Moreno no son considerados por infinidad de priistas con los cuales el escribiente ha conversado como verdaderos candidatos, se les ubica, más bien, como elementos de disuasión y de atemperamiento de la confrontación que pudiera suscitarse entre los que sí han dicho, expresamente, buscar la gubernatura.
De todos ellos al que podría considerársele como el más alejado de Reyes Baeza sería al ex alcalde juarense, Héctor Murguía, pero de ninguna manera se le puede ubicar como adversario o disidente, al contrario, por lo menos públicamente, Reyes Baeza desplegó una intensísima actividad y fue factor esencial para elevar astronómicamente la inversión del gobierno estatal en la construcción de obra pública en Juárez mientras Murguía fue alcalde.
Y todos, eso sí, no podrán alegar haber sido obstaculizados por el mandatario, al contrario, a su sombra obtuvieron las últimas posiciones de poder, las mismas que les permitieron llegar hasta donde están el día de hoy, como aspirantes a sucederlo.
Pero seguramente Oscar Villalobos es quién podrá argumentar mayores méritos para hacerlo pues sus esfuerzos y sus capacidades organizativas le sirvieron a Reyes para llegar a Palacio de Gobierno, pero no se podrá quejar, luego del paso de Carlos Carrera por la más rimbombante de las secretarías, la que da lustre político-electoral, la de Fomento Social, Villalobos fue enviado allá a fin de que en el proceso construyese su candidatura; sin embargo, el síndrome de los familiares en las candidaturas hizo mella en la de Villalobos (por lo menos para el escribiente y decenas de priistas que, casi uniformemente, repetían -¿Otro de Delicias y, además, familiar? ¡No!-) y poco a poco le hizo perder “puntos” en la percepción popular y priista.
Otra es la trayectoria de los últimos años de César Duarte. Identificado plenamente con Patricio Martínez (siendo cierto o no, así se le percibía) gracias a las negociaciones de último momento de Heladio Ramírez, líder nacional de la CNC, para las elecciones del 2000, logró ubicarlo en el lugar 16 de la lista plurinominal del PRI, parecía destinado a sólo ocupar un lugar en ella, pero la catástrofe electoral de su partido le permitió acceder a la Cámara de Diputados, primero, y en 2004, al Congreso del Estado. En 2006, nuevamente a la primera, en la cual, en el último año, alcanzó la presidencia de la misma gracias a sus relaciones políticas personales y a la llegada, a la presidencia partidista, de Beatriz Paredes, ex lideresa de la CNC.
Ducho en la construcción de redes y relaciones políticas, Duarte fue uno de los más fuertes defensores del desaparecido líder campesino del noroeste Armando Villarreal y construyó una excelente relación con el grupo gobernante, reforzada por la siempre labor política de Mario Tarango, líder de los diputados locales en la primera mitad del sexenio de Reyes Baeza cuando coincidieron ahí.
Pareciera tener todo en la mano, salvo lo que pudiera efectuar el otro más fuerte de los aspirantes, Héctor Murguía. Sabedor de su enorme carisma con los sectores populares de la frontera, gracias a lo cual fue capaz de recuperar para el PRI la mayor ciudad chihuahuense, durante los años previos fue construyendo una red de apoyos en el resto de la entidad, hasta concitar la simpatía de la mayoría de los diputados locales y la de algunos integrantes del gabinete estatal; siempre trató de no aparecer como adversario o distinto a quienes gobiernan hoy Chihuahua, de quienes recibió un trato privilegiado en el cuidado de la revisión de las cuentas públicas de Juárez durante su mandato.
Jamás se le señaló deficiencia alguna por el Congreso del Estado, mucho menos alguna pequeña desviación, salvo el caso de la primer licitación del Camino Real, la vialidad, a la postre, más importante construida durante su gobierno. Salvo las denuncias de la oposición panista y de algunas organizaciones de la sociedad civil juarense, nada enturbió su mandato. Sólo hasta la llegada de Reyes Ferriz a la alcaldía, en 2007, se tuvo pleno conocimiento de algunas irregularidades cometidas en aquel trienio. Las deudas a los proveedores del municipio y la inutilidad del Camino Real, así como el generalizado rechazo a la construcción de la ciudad Vallina y las innumerables y millonarias canonjías concedidas a su propietario, fueron superadas por el escándalo desatado con motivo de la detención de Saulo Reyes, su último director de Seguridad Pública, por la policía norteamericana, cuando intentaba negociar la venta de un cargamento de mariguana.
Una cosa no podrá negar Murguía, (y seguramente se puede convertir, a la postre, en uno de los principales argumentos para no quedarse con la candidatura), su estrecha relación con el detenido en El Paso, desde los tiempos de la campaña electoral del 2004, pues Saulo Reyes fue uno de sus financieros. Al asumir la alcaldía, las empresas de éste fueron ampliamente beneficiadas por la administración municipal.
Mucho se ha insistido, y más a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la gubernatura del Estado de México, de la estrecha cercanía de Murguía con el poderoso grupo Atlacomulco al cual pertenece el publicitado aspirante presidencial. Por supuesto que no se puede soslayar tan importante vinculación, seguramente cierta pues aún se recuerda cuando en diciembre de 2004 la alcaldía juarense, dirigida por Murguía, permitió que la policía mexiquense escoltara a los paisanos originarios de aquella entidad, además de que por lo menos dos de los secretarios de seguridad pública de su administración -Marco Antonio Torres y Refugio Ruvalcaba- fueron cobijados por el gobierno mexiquense.
Sin embargo, se antoja difícil que un grupo, como el mexiquense se arriesgara a oponerse a la decisión –compartida- del gobernador de un estado y de la dirigente nacional priista para tratar de imponer al candidato de sus preferencias. Más aún, por si se olvidara, el chihuahuense más cercano al mencionado grupo es el actual senador Fernando Baeza.
El principal capital ostentado por Murguía para sustentar su candidatura era que en Juárez se podría alcanzar un triunfo inobjetable, tan contundente, que permitiría compensar las previsibles bajas votaciones en el resto de las principales ciudades de la entidad; sin embargo, los resultados de las elecciones federales de este año, en las que, en la práctica el PRI obtuvo la misma cantidad de votos en la capital que en Juárez, hizo añicos el argumento del juarense.
Pero no todo está resuelto. De acuerdo con todas las encuestas, las que hicieron públicos sus resultados, Murguía está adelante en las preferencias electorales.
Se podrán desestimar a la mayoría, pero el resultado de la efectuada por Mitofsky es un golpe político a las aspiraciones de Duarte, el cual sólo podría ser neutralizado si otros trabajos demoscópicos demostrasen que alguno de los factores negativos expuestos por la encuesta atribuida a la empresa Consultores y Marketing Político de Gisela Rubach –la elevada posibilidad de que el factor de rechazo a Murguía creciera tanto que neutralizara el diferencial a su favor- y entonces permitirle, como se aprecia, a la dirigencia partidista (la verdadera, la que tomará la decisión de ungir a alguien como el candidato de unidad en la convención de delegados) tomar la decisión más importante del gobierno de Reyes Baeza y favorecer al parralense.
domingo, 29 de noviembre de 2009
jueves, 26 de noviembre de 2009
Angustias
El Diario, 26 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Conforme se acercan los días en los que habrán de definirse métodos y aspirantes de los dos principales partidos para la elección de sus respectivos candidatos al Gobierno del Estado, se aprecian los estados de verdadera angustia de algunos de ellos y/o de sus equipos. El problema con ello es que se acercan, peligrosamente, a los límites de la violación al actual marco legal electoral.
El más notorio de todos los que públicamente aparecen como presuntos aspirantes a las candidaturas es el alcalde de la capital, el panista Carlos Borruel Baquera, a quien, por puritita casualidad, manos desconocidas (y seguramente ajenas al edil -¡ay, sí, cómo no!) ordenaron colocar varios espectaculares en la ciudad de Chihuahua con la portada de una revista en la que, dice tal medio, ya “están listos los candidatos al gobierno del Estado de Chihuahua” y establece que por el PAN es Carlos Borruel, cuya imagen –por puritita casualidad, también- ocupa la mitad de la portada. En el lugar que debiera ocupar el candidato del PRI se presenta una interrogación.
No es el único caso, la ahora famosa comida ofrecida por el poderoso empresario juarense, Federico de la Vega, al ex alcalde juarense, el priista Héctor Murguía, y la posterior publicación del evento en los matutinos de la capital, con la presentación de fotografías de destacados empresarios juarenses, se ubican en el límite de lo que podría ser considerado como actos anticipados de campaña.
Las angustias, los apretones y los golpes bajos salieron a la superficie. Las tronantes declaraciones del empresario licorero del antiguo Paso del Norte -de la Vega- en contra del alcalde Reyes Ferriz (ubicado de última hora como aspirante a la gubernatura, a pesar de que no se le conocían tales aspiraciones) evidenciaron la profundidad de los disensos y la dificultad del priismo para procesar la candidatura de unidad.
No son cualquier cosa las dichas por el empresario. Reproduzco el diálogo sostenido con la reportera Gabriela Minjares (El Diario, 20/XI/09) porque no tiene desperdicio:
“¿Cuál es el motivo de esta reunión? -Una unión empresarial es lo que estamos demostrando aquí.
¿Con qué fin? -Con el fin de promover el bienestar de Juárez, que se compongan las cosas, que salgan candidatos más honestos, más trabajadores, no tan inútiles como el que tenemos ahorita; honestos, que hagan obras, que reconstruyan Juárez, que pongan orden en la seguridad, todo lo que tú sabes mejor que yo.
¿A quién se refiere con los ‘inútiles que tenemos ahorita’? -A todos los de la Presidencia Municipal para abajo, todos.
¿Desde el presidente municipal? -Incluyéndolo. No... él es el primer inútil.
¿El protagonista del evento fue Murguía? -Su mensaje estuvo muy bien. Yo nomás lo presenté y él habló.
Este evento se da cuando el proceso electoral está en puerta, ¿esto es un respaldo suyo a las aspiraciones de Murguía? -Eso sí, definitivamente, claro que sí”.
Pero si las anteriores declaraciones levantaron ámpula, los espectaculares de Borruel podrían convertirse en elemento de definiciones electorales y la principal podría provenir del órgano electoral, el mismo que deberá marcar los límites para los hechos no contemplados por la legislación electoral y delimitar los límites de la propaganda política, pues lo ahora efectuado por los simpatizantes del alcalde Borruel es muy semejante a lo efectuado en la pasada campaña electoral federal por el Partido Verde al usar como propaganda la portada de la revista Vértigo, propiedad de Televisión Azteca, empresa a la que, también por pura casualidad, están ligados varios de los ahora diputados federales del PVEM.
Más aún, la revisión de las finanzas municipales de la capital deberá demostrar fehacientemente que no se destinaron recursos públicos a la revista usada para propagandizar la imagen del alcalde Borruel, mediante ardides claramente violatorios de las normas legales.
Lo dicho, las angustias son generadoras de la comisión de errores. Estos pueden convertirse, más pronto que tarde, en verdaderos quebraderos de cabeza para los partidos, sus candidatos y dirigentes, pero, sobre todo, forman parte de las cosas que un cada vez mayor número de ciudadanos va clasificando como los mecanismos usados para mantenerse en el poder, por el poder mismo, y nada más.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Conforme se acercan los días en los que habrán de definirse métodos y aspirantes de los dos principales partidos para la elección de sus respectivos candidatos al Gobierno del Estado, se aprecian los estados de verdadera angustia de algunos de ellos y/o de sus equipos. El problema con ello es que se acercan, peligrosamente, a los límites de la violación al actual marco legal electoral.
El más notorio de todos los que públicamente aparecen como presuntos aspirantes a las candidaturas es el alcalde de la capital, el panista Carlos Borruel Baquera, a quien, por puritita casualidad, manos desconocidas (y seguramente ajenas al edil -¡ay, sí, cómo no!) ordenaron colocar varios espectaculares en la ciudad de Chihuahua con la portada de una revista en la que, dice tal medio, ya “están listos los candidatos al gobierno del Estado de Chihuahua” y establece que por el PAN es Carlos Borruel, cuya imagen –por puritita casualidad, también- ocupa la mitad de la portada. En el lugar que debiera ocupar el candidato del PRI se presenta una interrogación.
No es el único caso, la ahora famosa comida ofrecida por el poderoso empresario juarense, Federico de la Vega, al ex alcalde juarense, el priista Héctor Murguía, y la posterior publicación del evento en los matutinos de la capital, con la presentación de fotografías de destacados empresarios juarenses, se ubican en el límite de lo que podría ser considerado como actos anticipados de campaña.
Las angustias, los apretones y los golpes bajos salieron a la superficie. Las tronantes declaraciones del empresario licorero del antiguo Paso del Norte -de la Vega- en contra del alcalde Reyes Ferriz (ubicado de última hora como aspirante a la gubernatura, a pesar de que no se le conocían tales aspiraciones) evidenciaron la profundidad de los disensos y la dificultad del priismo para procesar la candidatura de unidad.
No son cualquier cosa las dichas por el empresario. Reproduzco el diálogo sostenido con la reportera Gabriela Minjares (El Diario, 20/XI/09) porque no tiene desperdicio:
“¿Cuál es el motivo de esta reunión? -Una unión empresarial es lo que estamos demostrando aquí.
¿Con qué fin? -Con el fin de promover el bienestar de Juárez, que se compongan las cosas, que salgan candidatos más honestos, más trabajadores, no tan inútiles como el que tenemos ahorita; honestos, que hagan obras, que reconstruyan Juárez, que pongan orden en la seguridad, todo lo que tú sabes mejor que yo.
¿A quién se refiere con los ‘inútiles que tenemos ahorita’? -A todos los de la Presidencia Municipal para abajo, todos.
¿Desde el presidente municipal? -Incluyéndolo. No... él es el primer inútil.
¿El protagonista del evento fue Murguía? -Su mensaje estuvo muy bien. Yo nomás lo presenté y él habló.
Este evento se da cuando el proceso electoral está en puerta, ¿esto es un respaldo suyo a las aspiraciones de Murguía? -Eso sí, definitivamente, claro que sí”.
Pero si las anteriores declaraciones levantaron ámpula, los espectaculares de Borruel podrían convertirse en elemento de definiciones electorales y la principal podría provenir del órgano electoral, el mismo que deberá marcar los límites para los hechos no contemplados por la legislación electoral y delimitar los límites de la propaganda política, pues lo ahora efectuado por los simpatizantes del alcalde Borruel es muy semejante a lo efectuado en la pasada campaña electoral federal por el Partido Verde al usar como propaganda la portada de la revista Vértigo, propiedad de Televisión Azteca, empresa a la que, también por pura casualidad, están ligados varios de los ahora diputados federales del PVEM.
Más aún, la revisión de las finanzas municipales de la capital deberá demostrar fehacientemente que no se destinaron recursos públicos a la revista usada para propagandizar la imagen del alcalde Borruel, mediante ardides claramente violatorios de las normas legales.
Lo dicho, las angustias son generadoras de la comisión de errores. Estos pueden convertirse, más pronto que tarde, en verdaderos quebraderos de cabeza para los partidos, sus candidatos y dirigentes, pero, sobre todo, forman parte de las cosas que un cada vez mayor número de ciudadanos va clasificando como los mecanismos usados para mantenerse en el poder, por el poder mismo, y nada más.
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miércoles, 25 de noviembre de 2009
Sin sustento la guerra de Calderón
Aserto No. 76, Noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Dos de los protagonistas más importantes del gobierno de Vicente Fox elaboraron la más documentada (hasta ahora) crítica a la que puede considerarse la principal acción gubernamental de Felipe Calderón, la llamada “guerra” contra el narco.
Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores, y Rubén Aguilar, el vocero presidencial en el sexenio anterior, sin ambages señalan el origen de la decisión calderonista: Legitimarse ante lo que llaman supuesta derrota ante López Obrador. Una a una echan por tierra las argumentaciones del gobierno federal para llegar al extremo de prácticamente militarizar zonas enteras del país y llevar al país a una espiral de violencia extrema.
Los dos ex funcionario foxistas publicaron apenas el mes pasado el ensayo titulado “El narco: La guerra fallida”. Por considerarlo de extrema importancia para los chihuahuenses publicamos aquí los principales aspectos abordados por los autores.
“La conclusión de este texto, -dicen Castañeda y Aguilar- derivada del análisis de los argumentos esgrimidos por el gobierno para explicar/justificar/defender su decisión, es que la razón primordial de la declaración de la guerra del 11 de diciembre de 2006 fue política: Lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones”.
“… sostenemos que la consigna central de la comunicación oficial (“Para que la droga no llegue a tus hijos”) no se sostiene. México no ha pasado de tránsito a país de trasiego y consumo, tampoco ha aumentado de manera significativa la demanda de drogas, de acuerdo con las cifras del propio gobierno de Calderón. En segundo término, si la razón (para la guerra) era la eclosión de la violencia, a casi de tres años prevalece un clima de hostilidad superior al de antes, que venía declinando desde principios de los noventa.
(Por otro lado) la complicidad del narco con las autoridades municipales, estatales y federales no nació ayer, sino hace una eternidad… ni el supuesto tráfico de armas procedentes de Estados Unidos ni la demanda de sustancias ilícitas en ese país han contribuido a un mayor deterioro del que imperaba antes del gobierno de Calderón. La demanda estadounidense de estupefacientes ha permanecido estable a lo largo de estos 40 años y solo ha variado en su composición.
La sociedad estadounidense ha concluido, con razón, que el esfuerzo por reducir la demanda no vale la pena; se trata de una constante, no de una variable. (A su vez) Colombia ha logrado notables avances en la limitación de los daños colaterales provocados por el narcotráfico sin reducir la superficie sembrada de la hoja de coca, ni lograr un descenso de la producción y exportación de cocaína”.
Para apoyar su hipótesis, los autores recurren a las cifras gubernamentales: “Según la Encuesta Nacional de Adicciones (aplicada cada cinco años a partir de 1998) el porcentaje de la población urbana, entre 12 y 65 años, que reconoce haber probado alguna vez cualquier droga ilícita evolucionó así: 5.3% en 1998; 4.2 en 2002 y 5.5% en 2008. La encuesta del 2002 revela una suma de 307 mil personas adictas y para 2008, de 465 mil. Un incremento de menos de 6% al año en un país de 110 millones de habitantes representa apenas 0.4% de la población.
México se ubica en el rango de los países de bajo consumo. La ONU estima una prevalencia mundial de 4.2% (la población mayor de 15 años que informó haber consumido alguna droga durante el último año), en México el promedio es de 1.3%. A su vez, la Organización Mundial de la Salud calculó en 7.8% el índice mundial de incidencia, (esto es la población mayor a los 15 años que declara haber consumido alguna droga por lo menos una vez en su vida) superior al de México con 5.5%, y muy inferior al de Estados Unidos con 42%.
El gobierno aduce que México se ha convertido en un fuerte consumidor, donde ha crecido de manera alarmante el consumo de cocaína. Conviene cotejarlo con la prevalencia de otros países. En México fue de 0.3% en 2002 y de 0.4 en 2008, mientras que en Estados Unidos llegó a 2.5% en 2005 y a 2.8 en 2008.
Por otra parte, la prevalencia de drogas “nuevas”, de acuerdo con un estudio de la ONU de 2005, fue de 0.1% en México, de 1.8 en Estados Unidos, de 0.8 en Canadá, de 0.7 en Brasil y de 0.6 en Argentina y Venezuela”.
En los temas de mayor preocupación ubican a la mayor urbe chihuahuense, Juárez, a la cual ubican como una ciudad en la cual el consumo “casi duplica el promedio nacional y sufre 50% más de consumo que el resto de la región. Según un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría el consumo entre 1998 y 2005 pasó de 1.3% a 3.9 por ciento en esta ciudad”.
Otro de los aspectos centrales, el del precio y disponibilidad de las drogas, es abordado certeramente: “El precio de la cocaína ha disminuido a nivel mundial. Una razón nos la entrega la Junta Internacional de Fiscalización: el rendimiento promedio de una hectárea de cultivo de hoja de coca ha pasado de 4.7 a 7.3 kilos… la cantidad de cocaína disponible en el mundo se ha incrementado.
El precio al mayoreo, para Canadá fue de 33 mil dólares el kilo y en México de 7,900 dólares (para el DF)… en la frontera norte el precio oscilaba entre 12 y 15 mil dólares (en agosto de 2009, Genaro García Luna dio la cifra de 12 mil 500 dólares).
Actualmente, en México el gramo de coca cuesta en la calle entre 15 y 20 dólares, según su pureza; en Estados Unidos, a finales de 2008, el precio era de 200 dólares.
El otro argumento central de Felipe Calderón, el del aumento de la violencia de apabullado por Castañeda y Aguilar. Sostienen que el índice de homicidios iba a la baja hasta 2006 y que a partir de la declaración de guerra y la participación de las fuerzas armadas se elevó abruptamente.
“La falacia de la violencia
La segunda justificación esgrimida por el gobierno de Felipe Calderón para su declaración de guerra contra el crimen organizado radica en una extraña combinación de violencia, razón de estado y corrupción-penetración del narco en las esferas políticas.
La evolución de las cifras de homicidio anuales de 1997 a 2008. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población, el número de homicidios totales en 1998 fue de 33 mil 942; en 1999 de 33 mil 242; en el 2000 de 31 mil 704; en el 2001 de 31 mil 524; en el 2002 de 29 mil 67; en el 2003 de 28 mil 202; en el 2004 de 26 mil 668; en el 2005 de 25 mil 780; en el 2006 de 27 mil 160 y en el 2007 de 25 mil 129.
Si tomamos en cuenta el crecimiento de la población, la tendencia es claramente decreciente; per cápita, se trata de una caída de casi 20% sobre nueve años.
Igual sucede con los secuestros. En 1997 se produjeron mil 45 registros de secuestros ante agencias de ministerio público, en 1998 se presentaron 734; en 2002 433; en 2003, 436; en 2004, 334; y en 2005, 325 casos.
No había tal auge de la violencia o la inseguridad en México, ni siquiera los delitos menores: robo a transeúntes, robo de vehículos o robo en casas habitación”.
Más aún la percepción ciudadana acerca del incremento de la inseguridad no lo ubicaba en el narcotráfico pues en agosto de 2008 solo el 5% lo atribuía a tal fenómeno.
¿Y los resultados de la Operación México? Así lo dicen los mencionados autores: “… los resultados a casi tres años de distancia son simplemente indefendibles… Según Reforma, hasta agosto de 2009, se habían producido 16 mil 88 ejecuciones en los dos años y ocho meses del sexenio de Felipe Calderón. Para Milenio el dato es de 17 mil 952. Para 2007 fueron, de acuerdo con este periódico, 2 mil 773; para 2008 5 mil 685 y en los primeros ocho meses de 2009, 6 mil 300, un incremento de casi 50% sobre el mismo período del año anterior.
Entre los seis eventos frente a los que la ciudadanía manifiesta tener mayor miedo, no pintan obviamente ni el secuestro, ni el narcomenudeo, ni la violencia intranarcos o las decapitaciones. En otras palabras, si se trataba de infundirle a la ciudadanía una sensación de mayor seguridad, el fracaso es patente”.
“Las elecciones de la violencia
Ahora bien, la mejor prueba de la disonancia de las tesis gubernamentales con el sentir de los mexicanos reside en los resultados electorales del 5 de julio de 2009. No tanto en los porcentajes de votación o el número de diputados, sino en las motivaciones del voto detectadas por las encuestas de salida. En la de Consulta Mitofsky, en una proporción de más de dos a uno (65.8% versus 25.8), los votantes confesaron que su principal preocupación residía en los problemas económicos, no en la inseguridad.
Por otro lado, una encuesta conjunta de México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky, realizada entre marzo y mayo de 2009, reveló que tres de cada cuatro percibía un deterioro de seguridad a lo largo de de los 12 meses anteriores, mientras que sólo 24 por ciento apreciaba una mejora.
… no sabemos es si el desvío de droga y el debilitamiento de los narcotraficantes está teniendo lugar, si vamos por buen camino, ni cuándo llegaremos. Pero, sobre todo, a tres años del arranque de la guerra, desconocemos el costo del viaje y el destino final.
… (Calderón rechazó la tesis norteamericana del Estado fallido) pero luego insiste en que uno de los motivos para emprender la embestida contra el crimen organizado es la pérdida de control, poder y vigencia del Estado en determinadas partes del territorio nacional, justo las características incipientes de un Estado fallido.
… De nuevo, en esta materia, como en la del consumo de narcóticos en México, el quid reside en la diferencia: no es que no haya consumo hoy en México, ni que no exista corrupción, penetración y sustitución del Estado; el dilema consiste en determinar con precisión si hay más que antes, y si el hipotético incremento compensa el inmenso costo de la guerra”.
Al abordar esta parte, los autores enumeran los múltiples episodios previos, incluso desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en los que diversos gobernantes, federales y estatales fueron señalados de ser parte del engranaje de los cárteles. Rememoran las razones que llevaron a la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, infestada, dicen, de narcos; lo mismo sucedió, recuerdan, con la Policía Judicial Federal, renacida como Agencia Federal de Investigaciones “a su vez inservible”.
Entre los pasajes del pasado, rescatan la organización dirigida por Pablo Acosta, asentada, así dicen los autores, en el pueblo “bicicletero” de Ojinaga, y basados en un informe confidencial de la DEA, rescatado por Terrence E. Poppa en su obra Drug Lord, The Life and Death of a Mexican Kingpin, llegan a señalar que el cártel de Acosta recibía protección del gobierno de Chihuahua, encabezado por Oscar Ornelas y del general comandante de la zona militar de aquel entonces.
El ensayo de Castañeda y Aguilar luego aborda el asunto del tráfico de armas y la idea prevaleciente que las usadas por los narcotraficantes provienen de Estados Unidos.
“… en México podría haber entre 12 y 15 millones de armas, de las cuales un tercio es legal y está registrado… un estudio de la Auditoría Superior de la Federación estableció que existen 4 millones 500 mil armas legalmente registradas, incluido el millón de armas en manos de las Fuerzas Armadas y las policías… se estima en poco más de 2 millones el número de ciudadanos con autorización para portar armas, y que 17.6 de los hogares poseen una.
… los cárteles mexicanos podrían recurrir con mucha facilidad al contrabando de armas en Brasil, Paraguay, Argentina o Venezuela, y añadir a los cargamentos de coca una buena dotación de armas”.
Si en algún aspecto existen diferencias entre Estados Unidos, -dicen- al afrontar el problema de las drogas radica en que “La estrategia (entre ambos países) para enfrentar el desafío de la venta y consumo de drogas es distinta. El gobierno norteamericano asume, cada vez más, que se trata de un problema social cuya solución depende, en buena medida, de las instituciones de salud pública. El gobierno mexicano lo enfoca como un problema de seguridad; hacerle frente corresponde a sus fuerzas militares y policiacas.
El nuevo ‘zar antidrogas’ (Gil Kerlikowske, nombrado por Barak Obama) se desempeñó como jefe de la policía de Seattle; durante su gestión planteó que el reto de las drogas debía enfrentarse a través de la prevención y el fortalecimiento del tejido social, más que por el uso de la fuerza. Esa postura lo condujo a una actitud de cierta tolerancia frente a la posesión y el consumo”.
Kerlikwske llamó a descontinuar el uso del término de ‘guerra contra las drogas’, acuñado durante la administración Nixon. Ese concepto, “limita las herramientas y le dice a la gente que estamos en guerra contra ellos. Y lo que necesitamos es una política integral y efectiva”, que en su opinión exige: inteligencia interna, combatir el tráfico de armas y del dinero en efectivo, y atender el consumo no sólo desde el lado de la oferta sino también de la demanda.
Y en cuanto a la continua exigencia calderonista al gobierno de EEU, Aguilar y Castañeda sostienen que “existe un creciente consenso entre los estadounidenses de que la estrategia punitiva está destinada al fracaso y que no deben pagarse los costos que implica: muertos de ambos bandos, intranquilidad social, corrupción y uso ineficaz de los recursos públicos… Sabemos que Washington está dispuesto a apoyar, más con discursos que con hechos, la actual estrategia mexicana, pero no a seguirla. Es la manera de ‘exportar’ su conflicto interno”.
En cuanto a la legalización de las drogas, los autores sostienen: “Disponemos de elementos para sospechar que los estados (de EEUU) cuyas leyes permiten el consumo de mariguana bajo ciertas condiciones no han visto disparadas las tasas de consumo.
… Las encuestas sugieren ahora que más del 40% de los estadounidenses está a favor de legalizar la mariguana; entre los demócratas, el porcentaje asciende a más del 50…
En EEUU, entre todos los órdenes de gobierno, se gastan anualmente 44 mil millones de dólares en acciones contra las drogas: siete veces más de lo que se destina al tratamiento de las adicciones…
… como bien lo saben los psiquiatras responsables, existe un porcentaje más o menos fijo de cada sociedad estable que posee una proclividad (o patología, dirían algunos) a las adicciones de un tipo o de otro, y en particular a los estupefacientes. No ha disminuido y no va a disminuir. El reto de las sociedades consolidadas reside en administrar esa proclividad con el menor daño posible; el desafío para las sociedades en plena metamorfosis, como la mexicana, consiste en comprender su futuro ineludible, asumirlo y administrarlo.
Luego abordan los aspectos de la introducción y la distribución de las drogas y muestran las razones del porqué de la elevación del poderío de los cárteles mexicanos: ”En la década de los ochenta la mayor parte de la cocaína entraba a EEUU por Florida. A finales del siguiente decenio, 58% entraba vía Centroamérica-México, 30% por el Caribe y 11 en buques mercantes o vuelos comerciales directos… para el año 2000, 66% se encaminaba por el corredor Centroamérica-México, el Caribe 30… Para 2003, la proporción era de 77% a través del corredor; a partir del 2006 se empieza a decir que 90% pasa por la ruta Centroamérica-México.
… Informes de la DEA señalan que son ya 240 las ciudades que están bajo el control de los narcos mexicanos.
Acerca del precio de la droga, los autores sostienen que “a principios de los ochenta el gramo de cocaína costaba 600 dólares; al arranque de los noventa valía 260 dólares, pero de 2003 al 2007 el precio fluctuó entre los 122 y 145 dólares, con un nivel de pureza promedio de 75-80%. Empezó de nuevo a subir en 2008 para alcanzar los 182 dólares a finales de ese año, y 199 dólares al inicio del 2009”.
… no ha habido una reducción, ni de la demanda, ni de la oferta en general. Lo cual no descarta la posibilidad (la más deseable desde todos los puntos de vista) de que, aún si la demanda y la oferta de EEUU son estables, se haya producido una reducción de la oferta mexicana, sustituida por una oferta procedente de otros países.
… No existe entonces ninguna razón para pensar que la producción mexicana de heroína y mariguana y el tránsito de cocaína por nuestro país hacia EEUU hayan disminuido en estos tres años… existen algunos indicios de que quizás ha descendido el volumen de la oferta mexicana, pero muy difícilmente esto puede justificar los enormes recursos materiales y humanos gastados, el auge espectacular de la violencia y el terrible deterioro de la imagen de México en el mundo, provocado por la guerra contra el narco.
… Analistas estadounidenses consultados por los autores manifiestan sus dudas sobre las posibilidades de éxito de este tipo de políticas (las aplicadas por Calderón). Saben que el aumento momentáneo de los precios siempre trae consigo aunque no se quiera, un aumento de la violencia en las ciudades de EEUU, además de que el mercado siempre regresa a sus niveles históricos. Como lo señala la policía de Washington, D. C., “cuando hay la misma demanda y menos oferta” se radicaliza la competencia y aumenta la violencia en las calles.
… A las autoridades mexicanas les debe quedar claro que el gobierno de EEUU siempre les dará “palmaditas”, pero que nunca asumirá la corresponsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, por tres razones. Primero, no están dispuestos a pagar el costo de llevar la guerra al interior de su país, sobre todo si hay alguien que lo quiere hacer por ellos. Segundo, disponen de evidencias para comprobar que el enfoque punitivo está destinado al fracaso. En tercer término, piensan que el problema de las drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública que implica algún tipo de legalización, que en los hechos ya ocurre aunque no se le quiera llamar así.
¿Por qué dar, entonces, esta guerra, si nuestros vecinos caminan en otra dirección?
En la búsqueda de alternativas, Castañeda y Aguilar proponen sustituir los intentos de reducción de la demanda por la reducción del daño “…se trata de buscar formas en lo individual semejantes a la reducción de los daños colaterales en lo nacional: registro de heroinómanos, tratamiento de rehabilitación si alguien lo desea, opción de metadona si la buscan, recambio de jeringas usadas, verificación de la limpieza de las sustancias consumidas, detección de enfermedades inducidas”.
Y plantean varias medidas, entre las cuales se encuentran, en primer lugar, la legalización, siempre y cuando se realice también en los EEUU; la construcción de una policía nacional; sellar la frontera sur mediante el sellamiento del Istmo de Tehuantepec por tierra, mar y cielo y pactar verdaderos apoyos con los EEUU “con el fin de detener realmente los flujos financieros de EEUU a México y de México a EEUU, así como para desmantelar los circuitos financieros del narco. Para controlar y limitar el lavado de dinero (es imposible erradicarlo) se necesitaría sin duda una revisión de cuentas, una suspensión del sigilo bancario para ciertos casos; cruzar datos financieros mexicanos y estadounidenses con signos exteriores de riqueza, declaraciones de impuestos con declaraciones patrimoniales en ambos países, y transferencias financieras, no sólo de más de 10 mil dólares”.
Las conclusiones del ensayo son contundentes: “Las principales justificaciones para la guerra contra el narco no se sostienen”. Dicen que el consumo de drogas no aumenta, o que los aumentos son insignificantes; sostienen que el contubernio de las autoridades con el narco no es nueva, ni más grave que antes y recuerdan varios episodios del pasado que así lo demuestran; argumentan que el tráfico de armas de EEUU a nuestro país no justifica los elevados índices de violencia; no ha caído la demanda de drogas en EEUU y finalmente reafirman su dicho inicial: “A las preguntas obvias (¿A poco el gobierno no sabía todo esto? ¿Entonces por qué procedió como lo hizo?) Respondimos desde el principio: por motivos políticos, producto directo de la supuesta necesidad de legitimarse, al término de un proceso electoral cuestionado por los perdedores”.
Y concluyen: “El Estado mexicano no cuenta con una fuerza infinitamente superior a la del narco, no se vislumbra una estrategia de salida, no existe una definición de la victoria y, aunque subsiste el apoyo de la mayoría de los mexicanos, dicho respaldo es escéptico, lejano al terreno y difícilmente duradero”.
La obra termina citando el documento elaborado por los ex presidentes latinoamericanos Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria (Drogas y democracia, hacia un cambio de paradigma): “Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados… estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de la erradicación de las drogas. Por ello, romper el tabú, reconocer los errores de las políticas vigentes y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas… la cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad… (Por ello es preciso) evaluar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de mariguana para consumo personal con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica”.
Luis Javier Valero Flores
Dos de los protagonistas más importantes del gobierno de Vicente Fox elaboraron la más documentada (hasta ahora) crítica a la que puede considerarse la principal acción gubernamental de Felipe Calderón, la llamada “guerra” contra el narco.
Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores, y Rubén Aguilar, el vocero presidencial en el sexenio anterior, sin ambages señalan el origen de la decisión calderonista: Legitimarse ante lo que llaman supuesta derrota ante López Obrador. Una a una echan por tierra las argumentaciones del gobierno federal para llegar al extremo de prácticamente militarizar zonas enteras del país y llevar al país a una espiral de violencia extrema.
Los dos ex funcionario foxistas publicaron apenas el mes pasado el ensayo titulado “El narco: La guerra fallida”. Por considerarlo de extrema importancia para los chihuahuenses publicamos aquí los principales aspectos abordados por los autores.
“La conclusión de este texto, -dicen Castañeda y Aguilar- derivada del análisis de los argumentos esgrimidos por el gobierno para explicar/justificar/defender su decisión, es que la razón primordial de la declaración de la guerra del 11 de diciembre de 2006 fue política: Lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones”.
“… sostenemos que la consigna central de la comunicación oficial (“Para que la droga no llegue a tus hijos”) no se sostiene. México no ha pasado de tránsito a país de trasiego y consumo, tampoco ha aumentado de manera significativa la demanda de drogas, de acuerdo con las cifras del propio gobierno de Calderón. En segundo término, si la razón (para la guerra) era la eclosión de la violencia, a casi de tres años prevalece un clima de hostilidad superior al de antes, que venía declinando desde principios de los noventa.
(Por otro lado) la complicidad del narco con las autoridades municipales, estatales y federales no nació ayer, sino hace una eternidad… ni el supuesto tráfico de armas procedentes de Estados Unidos ni la demanda de sustancias ilícitas en ese país han contribuido a un mayor deterioro del que imperaba antes del gobierno de Calderón. La demanda estadounidense de estupefacientes ha permanecido estable a lo largo de estos 40 años y solo ha variado en su composición.
La sociedad estadounidense ha concluido, con razón, que el esfuerzo por reducir la demanda no vale la pena; se trata de una constante, no de una variable. (A su vez) Colombia ha logrado notables avances en la limitación de los daños colaterales provocados por el narcotráfico sin reducir la superficie sembrada de la hoja de coca, ni lograr un descenso de la producción y exportación de cocaína”.
Para apoyar su hipótesis, los autores recurren a las cifras gubernamentales: “Según la Encuesta Nacional de Adicciones (aplicada cada cinco años a partir de 1998) el porcentaje de la población urbana, entre 12 y 65 años, que reconoce haber probado alguna vez cualquier droga ilícita evolucionó así: 5.3% en 1998; 4.2 en 2002 y 5.5% en 2008. La encuesta del 2002 revela una suma de 307 mil personas adictas y para 2008, de 465 mil. Un incremento de menos de 6% al año en un país de 110 millones de habitantes representa apenas 0.4% de la población.
México se ubica en el rango de los países de bajo consumo. La ONU estima una prevalencia mundial de 4.2% (la población mayor de 15 años que informó haber consumido alguna droga durante el último año), en México el promedio es de 1.3%. A su vez, la Organización Mundial de la Salud calculó en 7.8% el índice mundial de incidencia, (esto es la población mayor a los 15 años que declara haber consumido alguna droga por lo menos una vez en su vida) superior al de México con 5.5%, y muy inferior al de Estados Unidos con 42%.
El gobierno aduce que México se ha convertido en un fuerte consumidor, donde ha crecido de manera alarmante el consumo de cocaína. Conviene cotejarlo con la prevalencia de otros países. En México fue de 0.3% en 2002 y de 0.4 en 2008, mientras que en Estados Unidos llegó a 2.5% en 2005 y a 2.8 en 2008.
Por otra parte, la prevalencia de drogas “nuevas”, de acuerdo con un estudio de la ONU de 2005, fue de 0.1% en México, de 1.8 en Estados Unidos, de 0.8 en Canadá, de 0.7 en Brasil y de 0.6 en Argentina y Venezuela”.
En los temas de mayor preocupación ubican a la mayor urbe chihuahuense, Juárez, a la cual ubican como una ciudad en la cual el consumo “casi duplica el promedio nacional y sufre 50% más de consumo que el resto de la región. Según un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría el consumo entre 1998 y 2005 pasó de 1.3% a 3.9 por ciento en esta ciudad”.
Otro de los aspectos centrales, el del precio y disponibilidad de las drogas, es abordado certeramente: “El precio de la cocaína ha disminuido a nivel mundial. Una razón nos la entrega la Junta Internacional de Fiscalización: el rendimiento promedio de una hectárea de cultivo de hoja de coca ha pasado de 4.7 a 7.3 kilos… la cantidad de cocaína disponible en el mundo se ha incrementado.
El precio al mayoreo, para Canadá fue de 33 mil dólares el kilo y en México de 7,900 dólares (para el DF)… en la frontera norte el precio oscilaba entre 12 y 15 mil dólares (en agosto de 2009, Genaro García Luna dio la cifra de 12 mil 500 dólares).
Actualmente, en México el gramo de coca cuesta en la calle entre 15 y 20 dólares, según su pureza; en Estados Unidos, a finales de 2008, el precio era de 200 dólares.
El otro argumento central de Felipe Calderón, el del aumento de la violencia de apabullado por Castañeda y Aguilar. Sostienen que el índice de homicidios iba a la baja hasta 2006 y que a partir de la declaración de guerra y la participación de las fuerzas armadas se elevó abruptamente.
“La falacia de la violencia
La segunda justificación esgrimida por el gobierno de Felipe Calderón para su declaración de guerra contra el crimen organizado radica en una extraña combinación de violencia, razón de estado y corrupción-penetración del narco en las esferas políticas.
La evolución de las cifras de homicidio anuales de 1997 a 2008. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población, el número de homicidios totales en 1998 fue de 33 mil 942; en 1999 de 33 mil 242; en el 2000 de 31 mil 704; en el 2001 de 31 mil 524; en el 2002 de 29 mil 67; en el 2003 de 28 mil 202; en el 2004 de 26 mil 668; en el 2005 de 25 mil 780; en el 2006 de 27 mil 160 y en el 2007 de 25 mil 129.
Si tomamos en cuenta el crecimiento de la población, la tendencia es claramente decreciente; per cápita, se trata de una caída de casi 20% sobre nueve años.
Igual sucede con los secuestros. En 1997 se produjeron mil 45 registros de secuestros ante agencias de ministerio público, en 1998 se presentaron 734; en 2002 433; en 2003, 436; en 2004, 334; y en 2005, 325 casos.
No había tal auge de la violencia o la inseguridad en México, ni siquiera los delitos menores: robo a transeúntes, robo de vehículos o robo en casas habitación”.
Más aún la percepción ciudadana acerca del incremento de la inseguridad no lo ubicaba en el narcotráfico pues en agosto de 2008 solo el 5% lo atribuía a tal fenómeno.
¿Y los resultados de la Operación México? Así lo dicen los mencionados autores: “… los resultados a casi tres años de distancia son simplemente indefendibles… Según Reforma, hasta agosto de 2009, se habían producido 16 mil 88 ejecuciones en los dos años y ocho meses del sexenio de Felipe Calderón. Para Milenio el dato es de 17 mil 952. Para 2007 fueron, de acuerdo con este periódico, 2 mil 773; para 2008 5 mil 685 y en los primeros ocho meses de 2009, 6 mil 300, un incremento de casi 50% sobre el mismo período del año anterior.
Entre los seis eventos frente a los que la ciudadanía manifiesta tener mayor miedo, no pintan obviamente ni el secuestro, ni el narcomenudeo, ni la violencia intranarcos o las decapitaciones. En otras palabras, si se trataba de infundirle a la ciudadanía una sensación de mayor seguridad, el fracaso es patente”.
“Las elecciones de la violencia
Ahora bien, la mejor prueba de la disonancia de las tesis gubernamentales con el sentir de los mexicanos reside en los resultados electorales del 5 de julio de 2009. No tanto en los porcentajes de votación o el número de diputados, sino en las motivaciones del voto detectadas por las encuestas de salida. En la de Consulta Mitofsky, en una proporción de más de dos a uno (65.8% versus 25.8), los votantes confesaron que su principal preocupación residía en los problemas económicos, no en la inseguridad.
Por otro lado, una encuesta conjunta de México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky, realizada entre marzo y mayo de 2009, reveló que tres de cada cuatro percibía un deterioro de seguridad a lo largo de de los 12 meses anteriores, mientras que sólo 24 por ciento apreciaba una mejora.
… no sabemos es si el desvío de droga y el debilitamiento de los narcotraficantes está teniendo lugar, si vamos por buen camino, ni cuándo llegaremos. Pero, sobre todo, a tres años del arranque de la guerra, desconocemos el costo del viaje y el destino final.
… (Calderón rechazó la tesis norteamericana del Estado fallido) pero luego insiste en que uno de los motivos para emprender la embestida contra el crimen organizado es la pérdida de control, poder y vigencia del Estado en determinadas partes del territorio nacional, justo las características incipientes de un Estado fallido.
… De nuevo, en esta materia, como en la del consumo de narcóticos en México, el quid reside en la diferencia: no es que no haya consumo hoy en México, ni que no exista corrupción, penetración y sustitución del Estado; el dilema consiste en determinar con precisión si hay más que antes, y si el hipotético incremento compensa el inmenso costo de la guerra”.
Al abordar esta parte, los autores enumeran los múltiples episodios previos, incluso desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en los que diversos gobernantes, federales y estatales fueron señalados de ser parte del engranaje de los cárteles. Rememoran las razones que llevaron a la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, infestada, dicen, de narcos; lo mismo sucedió, recuerdan, con la Policía Judicial Federal, renacida como Agencia Federal de Investigaciones “a su vez inservible”.
Entre los pasajes del pasado, rescatan la organización dirigida por Pablo Acosta, asentada, así dicen los autores, en el pueblo “bicicletero” de Ojinaga, y basados en un informe confidencial de la DEA, rescatado por Terrence E. Poppa en su obra Drug Lord, The Life and Death of a Mexican Kingpin, llegan a señalar que el cártel de Acosta recibía protección del gobierno de Chihuahua, encabezado por Oscar Ornelas y del general comandante de la zona militar de aquel entonces.
El ensayo de Castañeda y Aguilar luego aborda el asunto del tráfico de armas y la idea prevaleciente que las usadas por los narcotraficantes provienen de Estados Unidos.
“… en México podría haber entre 12 y 15 millones de armas, de las cuales un tercio es legal y está registrado… un estudio de la Auditoría Superior de la Federación estableció que existen 4 millones 500 mil armas legalmente registradas, incluido el millón de armas en manos de las Fuerzas Armadas y las policías… se estima en poco más de 2 millones el número de ciudadanos con autorización para portar armas, y que 17.6 de los hogares poseen una.
… los cárteles mexicanos podrían recurrir con mucha facilidad al contrabando de armas en Brasil, Paraguay, Argentina o Venezuela, y añadir a los cargamentos de coca una buena dotación de armas”.
Si en algún aspecto existen diferencias entre Estados Unidos, -dicen- al afrontar el problema de las drogas radica en que “La estrategia (entre ambos países) para enfrentar el desafío de la venta y consumo de drogas es distinta. El gobierno norteamericano asume, cada vez más, que se trata de un problema social cuya solución depende, en buena medida, de las instituciones de salud pública. El gobierno mexicano lo enfoca como un problema de seguridad; hacerle frente corresponde a sus fuerzas militares y policiacas.
El nuevo ‘zar antidrogas’ (Gil Kerlikowske, nombrado por Barak Obama) se desempeñó como jefe de la policía de Seattle; durante su gestión planteó que el reto de las drogas debía enfrentarse a través de la prevención y el fortalecimiento del tejido social, más que por el uso de la fuerza. Esa postura lo condujo a una actitud de cierta tolerancia frente a la posesión y el consumo”.
Kerlikwske llamó a descontinuar el uso del término de ‘guerra contra las drogas’, acuñado durante la administración Nixon. Ese concepto, “limita las herramientas y le dice a la gente que estamos en guerra contra ellos. Y lo que necesitamos es una política integral y efectiva”, que en su opinión exige: inteligencia interna, combatir el tráfico de armas y del dinero en efectivo, y atender el consumo no sólo desde el lado de la oferta sino también de la demanda.
Y en cuanto a la continua exigencia calderonista al gobierno de EEU, Aguilar y Castañeda sostienen que “existe un creciente consenso entre los estadounidenses de que la estrategia punitiva está destinada al fracaso y que no deben pagarse los costos que implica: muertos de ambos bandos, intranquilidad social, corrupción y uso ineficaz de los recursos públicos… Sabemos que Washington está dispuesto a apoyar, más con discursos que con hechos, la actual estrategia mexicana, pero no a seguirla. Es la manera de ‘exportar’ su conflicto interno”.
En cuanto a la legalización de las drogas, los autores sostienen: “Disponemos de elementos para sospechar que los estados (de EEUU) cuyas leyes permiten el consumo de mariguana bajo ciertas condiciones no han visto disparadas las tasas de consumo.
… Las encuestas sugieren ahora que más del 40% de los estadounidenses está a favor de legalizar la mariguana; entre los demócratas, el porcentaje asciende a más del 50…
En EEUU, entre todos los órdenes de gobierno, se gastan anualmente 44 mil millones de dólares en acciones contra las drogas: siete veces más de lo que se destina al tratamiento de las adicciones…
… como bien lo saben los psiquiatras responsables, existe un porcentaje más o menos fijo de cada sociedad estable que posee una proclividad (o patología, dirían algunos) a las adicciones de un tipo o de otro, y en particular a los estupefacientes. No ha disminuido y no va a disminuir. El reto de las sociedades consolidadas reside en administrar esa proclividad con el menor daño posible; el desafío para las sociedades en plena metamorfosis, como la mexicana, consiste en comprender su futuro ineludible, asumirlo y administrarlo.
Luego abordan los aspectos de la introducción y la distribución de las drogas y muestran las razones del porqué de la elevación del poderío de los cárteles mexicanos: ”En la década de los ochenta la mayor parte de la cocaína entraba a EEUU por Florida. A finales del siguiente decenio, 58% entraba vía Centroamérica-México, 30% por el Caribe y 11 en buques mercantes o vuelos comerciales directos… para el año 2000, 66% se encaminaba por el corredor Centroamérica-México, el Caribe 30… Para 2003, la proporción era de 77% a través del corredor; a partir del 2006 se empieza a decir que 90% pasa por la ruta Centroamérica-México.
… Informes de la DEA señalan que son ya 240 las ciudades que están bajo el control de los narcos mexicanos.
Acerca del precio de la droga, los autores sostienen que “a principios de los ochenta el gramo de cocaína costaba 600 dólares; al arranque de los noventa valía 260 dólares, pero de 2003 al 2007 el precio fluctuó entre los 122 y 145 dólares, con un nivel de pureza promedio de 75-80%. Empezó de nuevo a subir en 2008 para alcanzar los 182 dólares a finales de ese año, y 199 dólares al inicio del 2009”.
… no ha habido una reducción, ni de la demanda, ni de la oferta en general. Lo cual no descarta la posibilidad (la más deseable desde todos los puntos de vista) de que, aún si la demanda y la oferta de EEUU son estables, se haya producido una reducción de la oferta mexicana, sustituida por una oferta procedente de otros países.
… No existe entonces ninguna razón para pensar que la producción mexicana de heroína y mariguana y el tránsito de cocaína por nuestro país hacia EEUU hayan disminuido en estos tres años… existen algunos indicios de que quizás ha descendido el volumen de la oferta mexicana, pero muy difícilmente esto puede justificar los enormes recursos materiales y humanos gastados, el auge espectacular de la violencia y el terrible deterioro de la imagen de México en el mundo, provocado por la guerra contra el narco.
… Analistas estadounidenses consultados por los autores manifiestan sus dudas sobre las posibilidades de éxito de este tipo de políticas (las aplicadas por Calderón). Saben que el aumento momentáneo de los precios siempre trae consigo aunque no se quiera, un aumento de la violencia en las ciudades de EEUU, además de que el mercado siempre regresa a sus niveles históricos. Como lo señala la policía de Washington, D. C., “cuando hay la misma demanda y menos oferta” se radicaliza la competencia y aumenta la violencia en las calles.
… A las autoridades mexicanas les debe quedar claro que el gobierno de EEUU siempre les dará “palmaditas”, pero que nunca asumirá la corresponsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, por tres razones. Primero, no están dispuestos a pagar el costo de llevar la guerra al interior de su país, sobre todo si hay alguien que lo quiere hacer por ellos. Segundo, disponen de evidencias para comprobar que el enfoque punitivo está destinado al fracaso. En tercer término, piensan que el problema de las drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública que implica algún tipo de legalización, que en los hechos ya ocurre aunque no se le quiera llamar así.
¿Por qué dar, entonces, esta guerra, si nuestros vecinos caminan en otra dirección?
En la búsqueda de alternativas, Castañeda y Aguilar proponen sustituir los intentos de reducción de la demanda por la reducción del daño “…se trata de buscar formas en lo individual semejantes a la reducción de los daños colaterales en lo nacional: registro de heroinómanos, tratamiento de rehabilitación si alguien lo desea, opción de metadona si la buscan, recambio de jeringas usadas, verificación de la limpieza de las sustancias consumidas, detección de enfermedades inducidas”.
Y plantean varias medidas, entre las cuales se encuentran, en primer lugar, la legalización, siempre y cuando se realice también en los EEUU; la construcción de una policía nacional; sellar la frontera sur mediante el sellamiento del Istmo de Tehuantepec por tierra, mar y cielo y pactar verdaderos apoyos con los EEUU “con el fin de detener realmente los flujos financieros de EEUU a México y de México a EEUU, así como para desmantelar los circuitos financieros del narco. Para controlar y limitar el lavado de dinero (es imposible erradicarlo) se necesitaría sin duda una revisión de cuentas, una suspensión del sigilo bancario para ciertos casos; cruzar datos financieros mexicanos y estadounidenses con signos exteriores de riqueza, declaraciones de impuestos con declaraciones patrimoniales en ambos países, y transferencias financieras, no sólo de más de 10 mil dólares”.
Las conclusiones del ensayo son contundentes: “Las principales justificaciones para la guerra contra el narco no se sostienen”. Dicen que el consumo de drogas no aumenta, o que los aumentos son insignificantes; sostienen que el contubernio de las autoridades con el narco no es nueva, ni más grave que antes y recuerdan varios episodios del pasado que así lo demuestran; argumentan que el tráfico de armas de EEUU a nuestro país no justifica los elevados índices de violencia; no ha caído la demanda de drogas en EEUU y finalmente reafirman su dicho inicial: “A las preguntas obvias (¿A poco el gobierno no sabía todo esto? ¿Entonces por qué procedió como lo hizo?) Respondimos desde el principio: por motivos políticos, producto directo de la supuesta necesidad de legitimarse, al término de un proceso electoral cuestionado por los perdedores”.
Y concluyen: “El Estado mexicano no cuenta con una fuerza infinitamente superior a la del narco, no se vislumbra una estrategia de salida, no existe una definición de la victoria y, aunque subsiste el apoyo de la mayoría de los mexicanos, dicho respaldo es escéptico, lejano al terreno y difícilmente duradero”.
La obra termina citando el documento elaborado por los ex presidentes latinoamericanos Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria (Drogas y democracia, hacia un cambio de paradigma): “Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados… estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de la erradicación de las drogas. Por ello, romper el tabú, reconocer los errores de las políticas vigentes y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas… la cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad… (Por ello es preciso) evaluar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de mariguana para consumo personal con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica”.
Irma Campos
El Diario, 24 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Con plena solidaridad al amigo Ernesto Ramírez por la desaparición de su padre, Ernesto Ramírez Durán. Ya tendremos tiempo, algún jueves, de darle ánimos.
Imposible dejar de mencionarlo, son muchas las angustias, los apretones de las últimas horas en el priismo son estrujantes. El Consejo Estatal del PRI se reunirá el próximo sábado, con seguridad, para esa fecha ya se sabrá el mecanismo que usará el priismo para elegir a su candidato a la gubernatura y, aseguran algunos podría darse el hecho que para el mediodía del sábado ya se sepa quien disputará ser el sucesor de Reyes Baeza.
A ese tema, necesariamente, habremos de regresar. El otro asunto, es uno de dolor. La compañera Irma Campos Madrigal murió en la mañana del domingo víctima del flagelo de nuestra sociedad, (bueno, uno de ellos, el que ahora ha sido desbancado por la desquiciada ola homicida) el cáncer de mama.
Siendo todos los fallecimientos lamentables el de Irma toma tonos distintos y se convierte en uno de los de mayor tristeza porque fue de las mujeres que más tiempo, esfuerzo, dedicación, abnegación y terquedad le dedicó a defender los derechos de las mujeres.
Un episodio, comentado por su compañero de toda la vida, Jaime García Chávez, la retrata de cuerpo entero. Dice Jaime que poco después de casarse, le dijo a Irma que ya estaban en la casa de ambos y que él le ayudaría en el mantenimiento de la misma. La casa también es tuya, le dijo Irma, y como tal, tienes la obligación de mantenerla limpia.
O séase, igual que ella. Esa era Irma en la privacidad, ahora desvelada por quien la acompañó la mayor parte de la vida de ambos, convertidos en dos de las figuras míticas de la izquierda chihuahuense, ella empeñada en hacer que las políticas públicas contuviesen infinidad de aspectos que les garantizasen a las mujeres los mismos espacios que ejercían los hombres, y no hablamos, sólo, de los espacios políticos, no, sino de los de la casa, el centro de trabajo, los de los derechos políticos y sociales y, por supuesto, de los del ámbito económico en los que siempre estuvo presta a exigir de los patrones el pleno respeto a la legalidad laboral vigente y siempre aferrada a mejorarla en beneficio de las féminas.
En la parte final de su vida –ahora sabemos- participó entusiastamente, primero, en la ayuda a las mamás de las víctimas del feminicidio en Chihuahua y, luego, en la protesta, a todos los niveles, para obtener de la opinión pública nacional e internacional la necesaria atención al tema que luego se conocería mundialmente como el de Las muertas de Juárez, máxime cuando esa tragedia abarcó a poco más de una decena de familias de la capital del estado.
Irma, al lado de otras no menos empeñosas y tercas lideresas derechohumanistas y feministas de las dos principales urbes chihuahuenses, dio origen a las “Mujeres de negro”. Aún la recuerdo cuando planearon aquella primera marcha de Chihuahua a Juárez para colocar la cruz en el puente fronterizo del centro del antiguo Paso del Norte. Hervían de actividad y entusiasmo cuando diseñaban hasta el atuendo –que luego se haría de fama mundial- con el que nacería este singular grupo y cuyas protestas hicieron que el mundo volteara –literalmente- sus ojos a Juárez y Chihuahua y repudiaran la indolencia y la corrupción de las autoridades locales, así como su ineptitud y apatía para esclarecer los crímenes en contra de las mujeres.
Ninguno de los que participaron al lado de Irma y Jaime podrán recordar alguna actividad política sustantiva en la que estuvieran separados; pasarán muchos años para que se nos borren las imágenes de ambos caminando por las carreteras de Chihuahua en la marcha de las mujeres de negro; o afiebrados, asoleados en la Plaza Hidalgo, tercos en obtener las más de 20 mil firmas de chihuahuenses, exigiendo la creación de una nueva forma de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos a través de la creación del Tribunal de Cuentas, que era su propuesta
El tiempo pasó, los crímenes, -con las características de los acaecidos desde principios de la década anterior y hasta principios de la actual- cesaron, no así los derivados de la violencia intrafamiliar y las mujeres de negro persistían en obtener respuestas de las autoridades. Ahí participó Irma, ya enferma pero con la entereza y la dureza (en ocasiones) de siempre.
Lo hizo hasta el último de sus días.
También la recordaremos por lo “claridosa” que era; no siempre decía las cosas precisamente con dulzura. También eso le agradeceremos –se lo agradecemos. Por todas esas cosas, muchos le recordaremos.
Luis Javier Valero Flores
Con plena solidaridad al amigo Ernesto Ramírez por la desaparición de su padre, Ernesto Ramírez Durán. Ya tendremos tiempo, algún jueves, de darle ánimos.
Imposible dejar de mencionarlo, son muchas las angustias, los apretones de las últimas horas en el priismo son estrujantes. El Consejo Estatal del PRI se reunirá el próximo sábado, con seguridad, para esa fecha ya se sabrá el mecanismo que usará el priismo para elegir a su candidato a la gubernatura y, aseguran algunos podría darse el hecho que para el mediodía del sábado ya se sepa quien disputará ser el sucesor de Reyes Baeza.
A ese tema, necesariamente, habremos de regresar. El otro asunto, es uno de dolor. La compañera Irma Campos Madrigal murió en la mañana del domingo víctima del flagelo de nuestra sociedad, (bueno, uno de ellos, el que ahora ha sido desbancado por la desquiciada ola homicida) el cáncer de mama.
Siendo todos los fallecimientos lamentables el de Irma toma tonos distintos y se convierte en uno de los de mayor tristeza porque fue de las mujeres que más tiempo, esfuerzo, dedicación, abnegación y terquedad le dedicó a defender los derechos de las mujeres.
Un episodio, comentado por su compañero de toda la vida, Jaime García Chávez, la retrata de cuerpo entero. Dice Jaime que poco después de casarse, le dijo a Irma que ya estaban en la casa de ambos y que él le ayudaría en el mantenimiento de la misma. La casa también es tuya, le dijo Irma, y como tal, tienes la obligación de mantenerla limpia.
O séase, igual que ella. Esa era Irma en la privacidad, ahora desvelada por quien la acompañó la mayor parte de la vida de ambos, convertidos en dos de las figuras míticas de la izquierda chihuahuense, ella empeñada en hacer que las políticas públicas contuviesen infinidad de aspectos que les garantizasen a las mujeres los mismos espacios que ejercían los hombres, y no hablamos, sólo, de los espacios políticos, no, sino de los de la casa, el centro de trabajo, los de los derechos políticos y sociales y, por supuesto, de los del ámbito económico en los que siempre estuvo presta a exigir de los patrones el pleno respeto a la legalidad laboral vigente y siempre aferrada a mejorarla en beneficio de las féminas.
En la parte final de su vida –ahora sabemos- participó entusiastamente, primero, en la ayuda a las mamás de las víctimas del feminicidio en Chihuahua y, luego, en la protesta, a todos los niveles, para obtener de la opinión pública nacional e internacional la necesaria atención al tema que luego se conocería mundialmente como el de Las muertas de Juárez, máxime cuando esa tragedia abarcó a poco más de una decena de familias de la capital del estado.
Irma, al lado de otras no menos empeñosas y tercas lideresas derechohumanistas y feministas de las dos principales urbes chihuahuenses, dio origen a las “Mujeres de negro”. Aún la recuerdo cuando planearon aquella primera marcha de Chihuahua a Juárez para colocar la cruz en el puente fronterizo del centro del antiguo Paso del Norte. Hervían de actividad y entusiasmo cuando diseñaban hasta el atuendo –que luego se haría de fama mundial- con el que nacería este singular grupo y cuyas protestas hicieron que el mundo volteara –literalmente- sus ojos a Juárez y Chihuahua y repudiaran la indolencia y la corrupción de las autoridades locales, así como su ineptitud y apatía para esclarecer los crímenes en contra de las mujeres.
Ninguno de los que participaron al lado de Irma y Jaime podrán recordar alguna actividad política sustantiva en la que estuvieran separados; pasarán muchos años para que se nos borren las imágenes de ambos caminando por las carreteras de Chihuahua en la marcha de las mujeres de negro; o afiebrados, asoleados en la Plaza Hidalgo, tercos en obtener las más de 20 mil firmas de chihuahuenses, exigiendo la creación de una nueva forma de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos a través de la creación del Tribunal de Cuentas, que era su propuesta
El tiempo pasó, los crímenes, -con las características de los acaecidos desde principios de la década anterior y hasta principios de la actual- cesaron, no así los derivados de la violencia intrafamiliar y las mujeres de negro persistían en obtener respuestas de las autoridades. Ahí participó Irma, ya enferma pero con la entereza y la dureza (en ocasiones) de siempre.
Lo hizo hasta el último de sus días.
También la recordaremos por lo “claridosa” que era; no siempre decía las cosas precisamente con dulzura. También eso le agradeceremos –se lo agradecemos. Por todas esas cosas, muchos le recordaremos.
90 años del comunismo en México
El Diario, 22 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
¡Las cosas que pasan en México! A casi veinte años de haber desaparecido el Partido Comunista Mexicano (PCM) –en 1981, al dar origen junto a otras cuatro organizaciones políticas, al Partido Socialista Unificado de México (PSUM)- hete aquí que diversos grupos de ex militantes comunistas decidieron celebrar los 90 años del nacimiento de su partido.
Tal celebración, a la luz del pragmatismo hoy vigente en la clase política, no pareciera tener mayor relevancia, ni sentido dirían algunos de los adversarios de esta corriente ideológica. ¿Existe tal postura política? dirán otros, no sin un toque de ligera, o pesada animadversión hacia quienes profesan tal militancia ideológica y/o política.
Pues sí, existen, y sus raíces, a pesar de la lejanía temporal, seguirán incrementándose al paso de los años; la corriente socialista es una expresión política vigente en el mundo y, por puritita casualidad, es la tendencia gobernante en prácticamente todo el sur del continente americano y la izquierda no socialista gobierna en la mayor parte de los países de Europa y muchos de Africa y Asia.
Las explicaciones para justificar la percepción generalizada en el norte de México, de que la izquierda socialista y la comunista dejaron de existir (sus expresiones electorales, a las que se referirá el escribiente en adelante, sin dejar de lado la existencia de otras agrupaciones de esa tendencia política que no participan, ni les interesa, la lucha electoral, entre ellas señaladamente las agrupaciones guerrilleras –obviamente- y otras como el Partido de los Comunistas [de México] y el Partido Comunista de México, marxista-leninista) podríamos encontrarlas en que al decidir participar en las contiendas electorales, se dejaron de lado las banderas ideológicas, no se debatieron ideas del socialismo ni el comunismo al seno del movimiento democrático que le dio origen al PRD y, por otro lado, el PAN, al encabezar en el norte de México, de manera destacada, la lucha electoral desde la oposición, fue ganando los espacios ideológicos en la sociedad, especialmente la chihuahuense impulsando fuertemente con ello las tendencias conservadoras, ayudada, tal tendencia, por el indudable dejo conservador adquirido en estos años por el PRI.
Así, durante casi ya tres décadas –desde principios de la década de los 80’s- el pensamiento de izquierda prácticamente ya no permeó en la sociedad chihuahuense, la misma que fue escenario y protagonista de una intensa lucha político-electoral por el poder en nuestra entidad entre priistas y panistas. Fue de tal magnitud que las propuestas y los principios de la izquierda socialista o comunista casi se pierden en el Estado Grande.
Y ese es el mérito de los esforzados ex militantes del PCM en Chihuahua por celebrar el aniversario, no sin extraordinarias dosis de nostalgia, avivadas por el canto siempre bello de Archi Paz en la memorable sesión celebrada ayer en el Teatro de Cámara de la capital del estado.
Sin lugar a duda se puede afirmar que el México contemporáneo no se podría explicar sin la participación del PCM, sus militantes, a pesar de las difíciles condiciones en las que lucharon, no siempre, para las nuevas generaciones, debemos decirlo, la lucha política se circunscribió a las contiendas electorales; en el México de hace apenas dos décadas (y en algunas regiones y sectores de la población aún persiste el atraso, el autoritarismo y la represión) ser de oposición, y más declararse comunista era arriesgarse a sufrir serios inconvenientes.
El PCM es el partido histórico de la izquierda mexicana. Su desaparición en 1981 fue para dar origen, al lado del Partido del Pueblo Mexicano, dirigido por Alejandro Gascón Mercado y fruto de una escisión del Partido Popular Socialista (PPS) en 1976, tras el fraude electoral cometido en perjuicio de éste en las elecciones a gobernador de 1975); el Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS), dirigido por ex miembros del PCM, entre ellos los históricos líderes Miguel Angel Velasco y Alberto Sánchez Cárdenas; el Partido Socialista Revolucionario (dirigido por Roberto Jaramillo, ex miembro del PPS) y el Movimiento de Acción Popular, integrado por numerosos universitarios y destacados intelectuales, entre ellos Rolando Cordera, Carlos Pereyra, José Woldenberg, Arnaldo Córdova, Adolfo Sánchez y Antonio Gershenson.
Luego el PSUM daría origen al Partido Mexicano Socialista al fusionarse con el Partido Mexicano de los Trabajadores de Heberto Castillo y otras tres organizaciones. Al sobrevenir la fractura en el PRI y la conformación de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el ’87, Heberto Castillo, a la sazón candidato presidencial del PMS, propone a su partido sumarse a la del hijo del Gral. Cárdenas. Tal hecho dio pie a la fundación, en 1989, del PRD.
Ahí permanecen algunos de sus dirigentes históricos y seguramente muchos de los viejos militantes comunistas aún existentes.
En septiembre de 1919 se celebró el Primer Congreso Nacional Socialista del Partido Socialista Mexicano. Unas semanas después, y a requerimiento de la Internacional Comunista (que en esos años agrupaba a todos los partidos comunistas) debieron celebrar una conferencia extraordinaria, en ella, y para respaldar el Manifiesto del Primer Congreso de la Internacional Comunista decidieron cambiar el nombre del partido por el de Comunista Mexicano. En el acto fue leído un mensaje del Secretariado Internacional Comunista, redactado por Mijail Borodin. Así nació, el 24 de noviembre de 1919, el Partido Comunista Mexicano.
Su historia no está exenta de errores, indecisiones, equívocos y sectarismo pero el balance general no le podría ser más generoso. Durante la década de los 20’s sus integrantes fueron protagonistas de memorables luchas campesinas, obreras y los mejores artistas, sobre todo los pintores, se destacaron universalmente. Al nombre del PCM están indisolublemente ligados David Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo y Clemente Orozco.
Pero también los dirigentes agrarios Socorro Rivera en Chihuahua y J. Guadalupe Rodríguez en Durango. Luego, en el curso de las décadas siguientes otros líderes campesinos comunistas aparecerían y dirigirían infinidad de acciones a favor de los campesinos y su eterna lucha por acceder a un pedazo de tierra, que en aquellos años esa era la lucha principal en el campo mexicano.
De esa pléyade formarían parte José Viezca, luego, junto con Ramón Danzós Palomino y muchos más, fundadores de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
Los comunistas formarían parte central del surgimiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), uno de ellos, Miguel Angel Velasco, sería el primer Secretario de Organización de la más poderosa organización sindical jamás existida en el país y en ella los comunistas eran uno de los grupos más influyentes.
Las diferencias entre los comunistas y Lombardo Toledano, y la obcecación de Fidel Velázquez por hacerse de la conducción de la agrupación sindical obligaron a los primeros a salir de la CTM. Luego, Velázquez también expulsaría a Lombardo y haría de la central sindical el baluarte del PRI durante largas seis décadas.
El PCM fue declarado ilegal en 1929. En 1935, bajo el régimen del presidente Lázaro Cárdenas del Río, recuperó su registro como partido legal y en 1940 nuevamente volvió a la clandestinidad.
Ubicado en la esfera de las fuerzas revolucionarias del México de principios del siglo XX, el PCM apoyó a prácticamente todos los candidatos a la presidencia de la república impulsados por el bloque revolucionario. Así, impulsó las candidaturas de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Las excepciones en esa primera etapa fueron cuando postuló a Pedro Rodríguez Triana en las elecciones de 1929 y a Hernán Laborde en 1934, en contra de las candidaturas de Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas.
A partir de 1952 tal tendencia cambiaría al postular a Vicente Lombardo Toledano, el fundador de la CTM, como su candidato presidencial. Luego, postularían en 1958, sin registro, a un dirigente campesino (sin la certeza, creo se apellidaba Hernández) y luego, también sin registro electoral, en 1964 a otro destacado líder campesino, Ramón Danzós Palomino.
Perseguido el PCM por el gobierno diazordacista, no postuló candidato presidencial en 1970 pues la mitad de su dirigencia nacional permanecía en la cárcel y la otra había pasado a la clandestinidad. De ahí salieron para postular como candidato presidencial al líder ferrocarrilero Valentín Campa en 1976, sin registro también, pero en condiciones radicalmente distintas pues tal candidatura logró concitar la celebración de infinidad de reuniones y mítines en las principales ciudades del país y culminar con un multitudinario cierre de campaña en la Arena México, repleta hasta los topes de hombres y mujeres identificados no sólo con las siglas sino con el ideario de los comunistas.
Como fruto de la hasta ahora desconocida guerra sucia desatada en la década de los 70’s y de la presencia inocultable del PCM y de otras menores agrupaciones políticas, el régimen de López Portillo decidió lanzar la reforma política que le permitió al PCM participar con su propio registro electoral en las elecciones de 1979, al lado de las agrupaciones que posteriormente le dieran origen al PSUM, bajo la denominación de Coalición de Izquierda. Por primera ocasión, los dirigentes más connotados de la izquierda mexicana se convirtieron en diputados federales de la LII Legislatura y le imprimieron una indudable valía a los debates de la Cámara de Diputados.
Inmerso el partido en la discusión mundial acerca de la injerencia de la Unión Soviética en la vida de los partidos comunistas, y de la influencia de su gobernante hasta mediados de la década de los 50’s, José Stalin, el Partido Comunista Mexicano fue derivando a posiciones cada vez más independientes y opuestas al estalinismo en su interior, crecientes a la muerte de Stalin y al proceso de desestalinización en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y el grupo dirigente de los 60’s y los 70’s, encabezado por Arnoldo Martínez Verdugo, logró imponer sus ideas de transformar al Partido Comunista en un partido democrático en favor de la opción electoral en México, de ahí su arribo a la fundación del Partido Socialista Unificado de México, antecedente directo del PRD, el partido gobernante en la capital del país y cuyo último candidato presidencial casi logra obtener el triunfo en las urnas.
De esta fuente emergió el partido más importante de la izquierda mexicana; reflexionar sobre los errores cometidos, las rutas no seguidas y las alianzas no concretadas, deberá ser parte esencial de quienes ahora celebran el nonagésimo aniversario del Partido Comunista Mexicano, también de quienes abrevamos en el marxismo y un día pensamos en asaltar el cielo, para construir la utopía…
Luis Javier Valero Flores
¡Las cosas que pasan en México! A casi veinte años de haber desaparecido el Partido Comunista Mexicano (PCM) –en 1981, al dar origen junto a otras cuatro organizaciones políticas, al Partido Socialista Unificado de México (PSUM)- hete aquí que diversos grupos de ex militantes comunistas decidieron celebrar los 90 años del nacimiento de su partido.
Tal celebración, a la luz del pragmatismo hoy vigente en la clase política, no pareciera tener mayor relevancia, ni sentido dirían algunos de los adversarios de esta corriente ideológica. ¿Existe tal postura política? dirán otros, no sin un toque de ligera, o pesada animadversión hacia quienes profesan tal militancia ideológica y/o política.
Pues sí, existen, y sus raíces, a pesar de la lejanía temporal, seguirán incrementándose al paso de los años; la corriente socialista es una expresión política vigente en el mundo y, por puritita casualidad, es la tendencia gobernante en prácticamente todo el sur del continente americano y la izquierda no socialista gobierna en la mayor parte de los países de Europa y muchos de Africa y Asia.
Las explicaciones para justificar la percepción generalizada en el norte de México, de que la izquierda socialista y la comunista dejaron de existir (sus expresiones electorales, a las que se referirá el escribiente en adelante, sin dejar de lado la existencia de otras agrupaciones de esa tendencia política que no participan, ni les interesa, la lucha electoral, entre ellas señaladamente las agrupaciones guerrilleras –obviamente- y otras como el Partido de los Comunistas [de México] y el Partido Comunista de México, marxista-leninista) podríamos encontrarlas en que al decidir participar en las contiendas electorales, se dejaron de lado las banderas ideológicas, no se debatieron ideas del socialismo ni el comunismo al seno del movimiento democrático que le dio origen al PRD y, por otro lado, el PAN, al encabezar en el norte de México, de manera destacada, la lucha electoral desde la oposición, fue ganando los espacios ideológicos en la sociedad, especialmente la chihuahuense impulsando fuertemente con ello las tendencias conservadoras, ayudada, tal tendencia, por el indudable dejo conservador adquirido en estos años por el PRI.
Así, durante casi ya tres décadas –desde principios de la década de los 80’s- el pensamiento de izquierda prácticamente ya no permeó en la sociedad chihuahuense, la misma que fue escenario y protagonista de una intensa lucha político-electoral por el poder en nuestra entidad entre priistas y panistas. Fue de tal magnitud que las propuestas y los principios de la izquierda socialista o comunista casi se pierden en el Estado Grande.
Y ese es el mérito de los esforzados ex militantes del PCM en Chihuahua por celebrar el aniversario, no sin extraordinarias dosis de nostalgia, avivadas por el canto siempre bello de Archi Paz en la memorable sesión celebrada ayer en el Teatro de Cámara de la capital del estado.
Sin lugar a duda se puede afirmar que el México contemporáneo no se podría explicar sin la participación del PCM, sus militantes, a pesar de las difíciles condiciones en las que lucharon, no siempre, para las nuevas generaciones, debemos decirlo, la lucha política se circunscribió a las contiendas electorales; en el México de hace apenas dos décadas (y en algunas regiones y sectores de la población aún persiste el atraso, el autoritarismo y la represión) ser de oposición, y más declararse comunista era arriesgarse a sufrir serios inconvenientes.
El PCM es el partido histórico de la izquierda mexicana. Su desaparición en 1981 fue para dar origen, al lado del Partido del Pueblo Mexicano, dirigido por Alejandro Gascón Mercado y fruto de una escisión del Partido Popular Socialista (PPS) en 1976, tras el fraude electoral cometido en perjuicio de éste en las elecciones a gobernador de 1975); el Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS), dirigido por ex miembros del PCM, entre ellos los históricos líderes Miguel Angel Velasco y Alberto Sánchez Cárdenas; el Partido Socialista Revolucionario (dirigido por Roberto Jaramillo, ex miembro del PPS) y el Movimiento de Acción Popular, integrado por numerosos universitarios y destacados intelectuales, entre ellos Rolando Cordera, Carlos Pereyra, José Woldenberg, Arnaldo Córdova, Adolfo Sánchez y Antonio Gershenson.
Luego el PSUM daría origen al Partido Mexicano Socialista al fusionarse con el Partido Mexicano de los Trabajadores de Heberto Castillo y otras tres organizaciones. Al sobrevenir la fractura en el PRI y la conformación de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el ’87, Heberto Castillo, a la sazón candidato presidencial del PMS, propone a su partido sumarse a la del hijo del Gral. Cárdenas. Tal hecho dio pie a la fundación, en 1989, del PRD.
Ahí permanecen algunos de sus dirigentes históricos y seguramente muchos de los viejos militantes comunistas aún existentes.
En septiembre de 1919 se celebró el Primer Congreso Nacional Socialista del Partido Socialista Mexicano. Unas semanas después, y a requerimiento de la Internacional Comunista (que en esos años agrupaba a todos los partidos comunistas) debieron celebrar una conferencia extraordinaria, en ella, y para respaldar el Manifiesto del Primer Congreso de la Internacional Comunista decidieron cambiar el nombre del partido por el de Comunista Mexicano. En el acto fue leído un mensaje del Secretariado Internacional Comunista, redactado por Mijail Borodin. Así nació, el 24 de noviembre de 1919, el Partido Comunista Mexicano.
Su historia no está exenta de errores, indecisiones, equívocos y sectarismo pero el balance general no le podría ser más generoso. Durante la década de los 20’s sus integrantes fueron protagonistas de memorables luchas campesinas, obreras y los mejores artistas, sobre todo los pintores, se destacaron universalmente. Al nombre del PCM están indisolublemente ligados David Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo y Clemente Orozco.
Pero también los dirigentes agrarios Socorro Rivera en Chihuahua y J. Guadalupe Rodríguez en Durango. Luego, en el curso de las décadas siguientes otros líderes campesinos comunistas aparecerían y dirigirían infinidad de acciones a favor de los campesinos y su eterna lucha por acceder a un pedazo de tierra, que en aquellos años esa era la lucha principal en el campo mexicano.
De esa pléyade formarían parte José Viezca, luego, junto con Ramón Danzós Palomino y muchos más, fundadores de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
Los comunistas formarían parte central del surgimiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), uno de ellos, Miguel Angel Velasco, sería el primer Secretario de Organización de la más poderosa organización sindical jamás existida en el país y en ella los comunistas eran uno de los grupos más influyentes.
Las diferencias entre los comunistas y Lombardo Toledano, y la obcecación de Fidel Velázquez por hacerse de la conducción de la agrupación sindical obligaron a los primeros a salir de la CTM. Luego, Velázquez también expulsaría a Lombardo y haría de la central sindical el baluarte del PRI durante largas seis décadas.
El PCM fue declarado ilegal en 1929. En 1935, bajo el régimen del presidente Lázaro Cárdenas del Río, recuperó su registro como partido legal y en 1940 nuevamente volvió a la clandestinidad.
Ubicado en la esfera de las fuerzas revolucionarias del México de principios del siglo XX, el PCM apoyó a prácticamente todos los candidatos a la presidencia de la república impulsados por el bloque revolucionario. Así, impulsó las candidaturas de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Las excepciones en esa primera etapa fueron cuando postuló a Pedro Rodríguez Triana en las elecciones de 1929 y a Hernán Laborde en 1934, en contra de las candidaturas de Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas.
A partir de 1952 tal tendencia cambiaría al postular a Vicente Lombardo Toledano, el fundador de la CTM, como su candidato presidencial. Luego, postularían en 1958, sin registro, a un dirigente campesino (sin la certeza, creo se apellidaba Hernández) y luego, también sin registro electoral, en 1964 a otro destacado líder campesino, Ramón Danzós Palomino.
Perseguido el PCM por el gobierno diazordacista, no postuló candidato presidencial en 1970 pues la mitad de su dirigencia nacional permanecía en la cárcel y la otra había pasado a la clandestinidad. De ahí salieron para postular como candidato presidencial al líder ferrocarrilero Valentín Campa en 1976, sin registro también, pero en condiciones radicalmente distintas pues tal candidatura logró concitar la celebración de infinidad de reuniones y mítines en las principales ciudades del país y culminar con un multitudinario cierre de campaña en la Arena México, repleta hasta los topes de hombres y mujeres identificados no sólo con las siglas sino con el ideario de los comunistas.
Como fruto de la hasta ahora desconocida guerra sucia desatada en la década de los 70’s y de la presencia inocultable del PCM y de otras menores agrupaciones políticas, el régimen de López Portillo decidió lanzar la reforma política que le permitió al PCM participar con su propio registro electoral en las elecciones de 1979, al lado de las agrupaciones que posteriormente le dieran origen al PSUM, bajo la denominación de Coalición de Izquierda. Por primera ocasión, los dirigentes más connotados de la izquierda mexicana se convirtieron en diputados federales de la LII Legislatura y le imprimieron una indudable valía a los debates de la Cámara de Diputados.
Inmerso el partido en la discusión mundial acerca de la injerencia de la Unión Soviética en la vida de los partidos comunistas, y de la influencia de su gobernante hasta mediados de la década de los 50’s, José Stalin, el Partido Comunista Mexicano fue derivando a posiciones cada vez más independientes y opuestas al estalinismo en su interior, crecientes a la muerte de Stalin y al proceso de desestalinización en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y el grupo dirigente de los 60’s y los 70’s, encabezado por Arnoldo Martínez Verdugo, logró imponer sus ideas de transformar al Partido Comunista en un partido democrático en favor de la opción electoral en México, de ahí su arribo a la fundación del Partido Socialista Unificado de México, antecedente directo del PRD, el partido gobernante en la capital del país y cuyo último candidato presidencial casi logra obtener el triunfo en las urnas.
De esta fuente emergió el partido más importante de la izquierda mexicana; reflexionar sobre los errores cometidos, las rutas no seguidas y las alianzas no concretadas, deberá ser parte esencial de quienes ahora celebran el nonagésimo aniversario del Partido Comunista Mexicano, también de quienes abrevamos en el marxismo y un día pensamos en asaltar el cielo, para construir la utopía…
jueves, 19 de noviembre de 2009
Una hora
El Diario, 19 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
¿Se imagina el desgaste personal, para no cuantificar el gasto ocasionado por el traslado de un elevado funcionario de la federación? ¿Se imagina usted emplear tres horas –mínimo- en trasladarse al Estado Grande y permanecer en esta entidad poco más de una hora, de mal humor (evidente) y taciturno, tiempo empleado en acudir a la inauguración de la planta de motores Ford?
¿Para qué efectuar tantos gastos, personales y monetarios, si sólo se acudirá a un acto –importante sin duda alguna- pero que en el desarrollo de la visita a tierras chihuahuenses el contacto con los habitantes de ellas se reducirá al intercambio de algunas frases con el gobernador Reyes Baeza?
Vamos, fue concebida de tal manera la visita de Calderón que ni siquiera fue invitado a ella el alcalde de la ciudad más violenta del mundo, Reyes Ferriz, ni, por supuesto, estaba contemplado abordar la difícil situación de los habitantes de Juárez.
Tanta insensibilidad pasma. En lugar de abordar los asuntos que más importan a los chihuahuenses –el desempleo, la aguda crisis y la inseguridad pública-, reunirse con los principales actores de la localidad, escuchar los reclamos y opiniones de los representantes de la sociedad y evaluar los programas de su gobierno enfocados a atender la problemática chihuahuense, Calderón prefirió proferir un discurso enfocado a explicarles a los oyentes las bondades de un motor a diesel (¡en plena etapa en la que todas las armadoras en el mundo emplean sus mejores recursos y empleados en poner en marcha los vehículos eléctricos, sabedoras que el petróleo, pronto, pronto, se acabará!) como si fuera el especialista en tales maquinarias.
¡Ah, y además, prometer hacer un “uso austero, eficaz y transparente del presupuesto” e impulsar programas dirigidos a los pobres, “prioridad de su gobierno”, dijo, y llamar a “no aflojar el paso”!
Todo lo anterior, exactamente cuando la Cámara de Diputados disminuyó drásticamente el presupuesto a todos los órganos encargados de fiscalizar el ejercicio del gasto público, a pesar de los mentirosos reclamos de los senadores de su partido en el sentido de que a los gobernadores nadie los vigilará, como si no supieran que la Auditoría Superior de la Federación está obligada a fiscalizar todos los recursos de origen federal, ejercidos por los estados, municipios y demás entes receptores de los mismos.
Incluyó un llamado a los actores políticos y económicos a sumar esfuerzos “para construir el entorno de estabilidad y de crecimiento de la economía mexicana”.
Pero ¿Cómo compaginar tales frases con la realidad, la nuestra, aceptada, además, hasta por el mismo Calderón, esto es, que somos la entidad que más empleos ha perdido (lo hemos dicho hasta la saciedad, por el modelo productivo, fincado hegemónicamente en la industria maquiladora, llamada eufemísticamente de exportación) y la número uno en ejecuciones y no es capaz de sentarse con los chihuahuenses, ya no a discutir las posibles soluciones, sino a escucharlos?
¡Valiente manera de gobernar! Si es que a eso se le puede llamar gobernar…
COMUNISTAS DE FIESTA.- El sábado próximo, los chihuahuenses que fueron miembros del desaparecido Partido Comunista Mexicano celebrarán el 90º aniversario de la fundación de este partido. Cosas de la vida, un destacado grupo de militantes de esa causa se dieron a la tarea, con mucho de nostalgia pero también con muchas ganas de discutir (lo que nunca, diría Erasto Olmos) acerca del significado del PCM en la vida del país y ¿Por qué no? Definir, como ellos lo dicen en su invitación a los actos, el ¿Qué sigue?
La fiesta arrancará con una ofrenda floral en el Altar de la Patria a las 8 de la mañana; luego, a las 9, en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra de la capital del estado efectuarán el acto solemne de conmemoración y a continuación un panel sobre la historia de ese partido en nuestra entidad. Después de tales eventos continuarán con una asamblea (Po’s cómo no) en que habrán de discutir de todo y que, con toda seguridad, será de un gran interés pues los comunistas siempre se caracterizaron por una elevada capacidad de razonamiento. Ahí nos veremos.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
¿Se imagina el desgaste personal, para no cuantificar el gasto ocasionado por el traslado de un elevado funcionario de la federación? ¿Se imagina usted emplear tres horas –mínimo- en trasladarse al Estado Grande y permanecer en esta entidad poco más de una hora, de mal humor (evidente) y taciturno, tiempo empleado en acudir a la inauguración de la planta de motores Ford?
¿Para qué efectuar tantos gastos, personales y monetarios, si sólo se acudirá a un acto –importante sin duda alguna- pero que en el desarrollo de la visita a tierras chihuahuenses el contacto con los habitantes de ellas se reducirá al intercambio de algunas frases con el gobernador Reyes Baeza?
Vamos, fue concebida de tal manera la visita de Calderón que ni siquiera fue invitado a ella el alcalde de la ciudad más violenta del mundo, Reyes Ferriz, ni, por supuesto, estaba contemplado abordar la difícil situación de los habitantes de Juárez.
Tanta insensibilidad pasma. En lugar de abordar los asuntos que más importan a los chihuahuenses –el desempleo, la aguda crisis y la inseguridad pública-, reunirse con los principales actores de la localidad, escuchar los reclamos y opiniones de los representantes de la sociedad y evaluar los programas de su gobierno enfocados a atender la problemática chihuahuense, Calderón prefirió proferir un discurso enfocado a explicarles a los oyentes las bondades de un motor a diesel (¡en plena etapa en la que todas las armadoras en el mundo emplean sus mejores recursos y empleados en poner en marcha los vehículos eléctricos, sabedoras que el petróleo, pronto, pronto, se acabará!) como si fuera el especialista en tales maquinarias.
¡Ah, y además, prometer hacer un “uso austero, eficaz y transparente del presupuesto” e impulsar programas dirigidos a los pobres, “prioridad de su gobierno”, dijo, y llamar a “no aflojar el paso”!
Todo lo anterior, exactamente cuando la Cámara de Diputados disminuyó drásticamente el presupuesto a todos los órganos encargados de fiscalizar el ejercicio del gasto público, a pesar de los mentirosos reclamos de los senadores de su partido en el sentido de que a los gobernadores nadie los vigilará, como si no supieran que la Auditoría Superior de la Federación está obligada a fiscalizar todos los recursos de origen federal, ejercidos por los estados, municipios y demás entes receptores de los mismos.
Incluyó un llamado a los actores políticos y económicos a sumar esfuerzos “para construir el entorno de estabilidad y de crecimiento de la economía mexicana”.
Pero ¿Cómo compaginar tales frases con la realidad, la nuestra, aceptada, además, hasta por el mismo Calderón, esto es, que somos la entidad que más empleos ha perdido (lo hemos dicho hasta la saciedad, por el modelo productivo, fincado hegemónicamente en la industria maquiladora, llamada eufemísticamente de exportación) y la número uno en ejecuciones y no es capaz de sentarse con los chihuahuenses, ya no a discutir las posibles soluciones, sino a escucharlos?
¡Valiente manera de gobernar! Si es que a eso se le puede llamar gobernar…
COMUNISTAS DE FIESTA.- El sábado próximo, los chihuahuenses que fueron miembros del desaparecido Partido Comunista Mexicano celebrarán el 90º aniversario de la fundación de este partido. Cosas de la vida, un destacado grupo de militantes de esa causa se dieron a la tarea, con mucho de nostalgia pero también con muchas ganas de discutir (lo que nunca, diría Erasto Olmos) acerca del significado del PCM en la vida del país y ¿Por qué no? Definir, como ellos lo dicen en su invitación a los actos, el ¿Qué sigue?
La fiesta arrancará con una ofrenda floral en el Altar de la Patria a las 8 de la mañana; luego, a las 9, en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra de la capital del estado efectuarán el acto solemne de conmemoración y a continuación un panel sobre la historia de ese partido en nuestra entidad. Después de tales eventos continuarán con una asamblea (Po’s cómo no) en que habrán de discutir de todo y que, con toda seguridad, será de un gran interés pues los comunistas siempre se caracterizaron por una elevada capacidad de razonamiento. Ahí nos veremos.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
martes, 17 de noviembre de 2009
Las deudas de Calderón
El Diario, 17 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
¿Qué más se puede agregar, si nada sirve aparentemente en esta salvaje oleada homicida? ¿Qué podemos decir ante los bestiales asesinatos de dos niños y seis mujeres –lo cual no le quita bestialidad a los asesinatos cometidos en contra de varones- y los siniestros mensajes lanzados entre sí por los integrantes de los grupos del crimen organizado, en los que se amenazan con eliminar hasta a los miembros de sus respectivas familias?
¿Qué más podemos agregar, que ayude a disminuir el clima de impunidad prevaleciente, si quienes debieran ser los primeros garantes de la legalidad la violan flagrantemente, tal y como queda demostrado en el lamentable “incidente”, aún confuso, en el que muriera acribillado el agente del Ministerio Público Federal Miguel Ángel Meneses Maciel, quien fue asesinado en un retén establecido por una Base de Operaciones Mixtas (BOM) el pasado 3 de noviembre en Chihuahua?
Y se afirma lo anterior porque se ha iniciado juicio penal a elementos de las policías locales por tales hechos, pero a los elementos del ejército mexicano, participantes de los hechos, se les ha sacado de la entidad y se les ha canalizado a la justicia militar, en otro episodio de la violación del marco legal constitucional, pues quienes participaron en los hechos eran ciudadanos mexicanos y los militares involucrados deberían responder de sus actos ante las autoridades correspondientes, dice la Constitución, y estas son las del fuero civil, pues que sepamos aún no se decreta por el Congreso de la Unión el estado de excepción, es decir, el estado de guerra en el que debería aplicarse el fuero militar.
Por desgracia, otra vez, las autoridades civiles declinan de sus competencias y se subordinan a la élite militar que dirige las actividades del calderonismo en contra del crimen organizado.
No quede duda, dadas las lamentables condiciones en que se encuentran los organismos policiales, hasta los críticos de la participación del ejército en tales tareas, aceptamos ese hecho, pero siempre se enfatizó en la necesidad de que se hiciera bajo el más estricto apego a la ley.
Por desgracia, esa no ha sido la realidad. Con una muy inquietante frecuencia, se repiten los episodios en los que elementos de las fuerzas armadas participan en hechos delictivos, o violentos, en los que el factor común es la confusión, el caos y la falta de veracidad en los reportes y en el ocultamiento o alteración de las evidencias criminales en el lugar de los hechos y en el rápido ocultamiento de los elementos de las fuerzas armadas “para ser juzgados por la autoridad militar correspondiente”, se dice en los boletines de prensa con una muy lamentable frecuencia.
Así, lo que fue señalado en su momento como enormes riesgos para la sociedad y las fuerzas armadas –el fracaso en el combate al narco, el incremento de las violaciones a los derechos humanos, el aumento de la impunidad y el descrédito de los mílites- es hoy una lacerante realidad.
Ni disminuyó el número de ejecuciones –al contrario, se incrementó-; ni se afectó al tráfico de estupefacientes; ni disminuyó el consumo de drogas; ni se mejoró la seguridad pública; y por el contrario, se dispararon todos los índices delictivos, la sensación de inseguridad e impotencia societaria se incrementaron, aparecieron por decenas las quejas en contra del ejército y se elevó el número de casos en los que la violación a la legalidad vigente deben acreditársele a la autoridad.
Tal es el panorama con el que deberá encontrarse Felipe Calderón hoy –si es que no cancela su visita a la capital del estado- y del que debiera responder. Su principal apuesta en materia de seguridad pública ha sido un sonoro fracaso. El problema estriba en que de ese fracaso se ha derivado una tragedia multitudinaria.
El dolor de quienes han perdido a alguno de sus familiares, o de quienes han visto caer a uno de los suyos en el negocio o el consumo de las drogas, sin ninguna otra acción del Estado más que la de incrementar su fuerza de fuego, es inconmensurable.
Más aún, quedan pendientes infinidad de asesinatos de víctimas totalmente ajenas a la batalla de los cárteles y a la “guerra” de Calderón, entre ellos, destacadamente el de nuestro compañero Armando Rodríguez, al que su secretario de Gobernación se comprometió a escalerecer.
De ello deberá responder Calderón.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
¿Qué más se puede agregar, si nada sirve aparentemente en esta salvaje oleada homicida? ¿Qué podemos decir ante los bestiales asesinatos de dos niños y seis mujeres –lo cual no le quita bestialidad a los asesinatos cometidos en contra de varones- y los siniestros mensajes lanzados entre sí por los integrantes de los grupos del crimen organizado, en los que se amenazan con eliminar hasta a los miembros de sus respectivas familias?
¿Qué más podemos agregar, que ayude a disminuir el clima de impunidad prevaleciente, si quienes debieran ser los primeros garantes de la legalidad la violan flagrantemente, tal y como queda demostrado en el lamentable “incidente”, aún confuso, en el que muriera acribillado el agente del Ministerio Público Federal Miguel Ángel Meneses Maciel, quien fue asesinado en un retén establecido por una Base de Operaciones Mixtas (BOM) el pasado 3 de noviembre en Chihuahua?
Y se afirma lo anterior porque se ha iniciado juicio penal a elementos de las policías locales por tales hechos, pero a los elementos del ejército mexicano, participantes de los hechos, se les ha sacado de la entidad y se les ha canalizado a la justicia militar, en otro episodio de la violación del marco legal constitucional, pues quienes participaron en los hechos eran ciudadanos mexicanos y los militares involucrados deberían responder de sus actos ante las autoridades correspondientes, dice la Constitución, y estas son las del fuero civil, pues que sepamos aún no se decreta por el Congreso de la Unión el estado de excepción, es decir, el estado de guerra en el que debería aplicarse el fuero militar.
Por desgracia, otra vez, las autoridades civiles declinan de sus competencias y se subordinan a la élite militar que dirige las actividades del calderonismo en contra del crimen organizado.
No quede duda, dadas las lamentables condiciones en que se encuentran los organismos policiales, hasta los críticos de la participación del ejército en tales tareas, aceptamos ese hecho, pero siempre se enfatizó en la necesidad de que se hiciera bajo el más estricto apego a la ley.
Por desgracia, esa no ha sido la realidad. Con una muy inquietante frecuencia, se repiten los episodios en los que elementos de las fuerzas armadas participan en hechos delictivos, o violentos, en los que el factor común es la confusión, el caos y la falta de veracidad en los reportes y en el ocultamiento o alteración de las evidencias criminales en el lugar de los hechos y en el rápido ocultamiento de los elementos de las fuerzas armadas “para ser juzgados por la autoridad militar correspondiente”, se dice en los boletines de prensa con una muy lamentable frecuencia.
Así, lo que fue señalado en su momento como enormes riesgos para la sociedad y las fuerzas armadas –el fracaso en el combate al narco, el incremento de las violaciones a los derechos humanos, el aumento de la impunidad y el descrédito de los mílites- es hoy una lacerante realidad.
Ni disminuyó el número de ejecuciones –al contrario, se incrementó-; ni se afectó al tráfico de estupefacientes; ni disminuyó el consumo de drogas; ni se mejoró la seguridad pública; y por el contrario, se dispararon todos los índices delictivos, la sensación de inseguridad e impotencia societaria se incrementaron, aparecieron por decenas las quejas en contra del ejército y se elevó el número de casos en los que la violación a la legalidad vigente deben acreditársele a la autoridad.
Tal es el panorama con el que deberá encontrarse Felipe Calderón hoy –si es que no cancela su visita a la capital del estado- y del que debiera responder. Su principal apuesta en materia de seguridad pública ha sido un sonoro fracaso. El problema estriba en que de ese fracaso se ha derivado una tragedia multitudinaria.
El dolor de quienes han perdido a alguno de sus familiares, o de quienes han visto caer a uno de los suyos en el negocio o el consumo de las drogas, sin ninguna otra acción del Estado más que la de incrementar su fuerza de fuego, es inconmensurable.
Más aún, quedan pendientes infinidad de asesinatos de víctimas totalmente ajenas a la batalla de los cárteles y a la “guerra” de Calderón, entre ellos, destacadamente el de nuestro compañero Armando Rodríguez, al que su secretario de Gobernación se comprometió a escalerecer.
De ello deberá responder Calderón.
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lunes, 16 de noviembre de 2009
Ichitaip, otra oportunidad
El Diario, 15 de Noviembre 2009
Luis Javier Valero Flores
La elección de quienes sustituirán a los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) que concluyeron su encargo (Thlié Carlos Macías, Rodolfo Sandoval y Rodrigo Ramírez Tarango) se puede convertir en otra oportunidad para que el grupo gobernante enmiende lo hecho hasta ahora, negativamente, en materia de transparencia y la preservación del derecho al acceso a la información en Chihuahua.
Criticado acremente, el proceso del cual emergieron, no sólo quienes se van, sino el total de los consejeros del organismo encargado de velar por el cabal cumplimiento de la transparencia, en lo que lo central fue la negociación y el reparto por cuotas partidarias de quienes integraban entonces las fuerzas parlamentarias, puede repetirse nuevamente y echar por la borda, otra vez, la honda y extendida aspiración ciudadana a contar con organismos integrados por ciudadanos distantes de los partidos políticos.
Por desgracia, casi desde el principio se apreciaron las consecuencias, funestas para la preservación del derecho a la información, de tal forma de integrar al Consejo del Ichitaip. El final fue peor. Durante los últimos meses, una mayoría de consejeros –los que se van- fueron estableciendo una serie de criterios contrarios al espíritu y letra de las iniciativas que le dieron origen al ordenamiento estatal en esta materia.
Más aún, casi como un albazo se pretendió, al cuarto para las doce, aprobar la reelección de los consejeros de transparencia, en un clarísimo intento de reelegir a quienes se convirtieron en este tramo en los mejores defensores y preservadores de la opacidad gubernamental.
Así, Thlié Carlos Macías y Rodolfo Sandoval, identificados con el PRI, y Rodrigo Ramírez con el PAN (quien venía de ser el vocero del grupo parlamentario de ese partido en el Congreso local) aprobaron en el período que la primera fue presidenta del organismo una serie de resoluciones en las que se le daba la razón a los sujetos obligados (las dependencias gubernamentales o entes receptores de recursos públicos) para negar la información solicitada. Basados en una serie de falacias aprobaron, por ejemplo, que la información relativa a los salarios de los académicos de la Uach, o que las licencias solicitadas por Guillermo Márquez y Alejandro Cano, para alejarse de sus cargos en el gabinete estatal para buscar las candidaturas a las diputaciones federales, serían entregadas en las oficinas de las dependencias señaladas, por no contar con copias en otro medio que no fuera el del papel impreso.
Esa fue la tendencia, y no sólo en el caso de las oficinas gubernamentales, cuando un ciudadano requirió los gastos efectuados al interior del PRD, la oficina de transparencia de este partido contestó que sí se las podían mostrar, pero en las oficinas partidarias. Tal argumento fue apoyado por la mayoría de los consejeros señalados.
Conocido es el episodio en el cual la presidenta Carlos Macías decidió, por su cuenta inicialmente, retirar de las páginas de internet los salarios de los funcionarios de varias dependencias del gobierno estatal y las de los funcionarios del Ichitaip. La argumentación fue existía un clima de inseguridad creciente en la entidad y volvía riesgoso para esos funcionarios que se supieran sus ingresos como funcionarios públicos.
La verdad –dirían los amigos- ni necesitamos asomarnos al internet para saber que los gobernantes ganan mucho dinero, así que una prevención como esa salía sobrando. Pero no era una manifestación aislada, al contrario, formaba parte de la concepción que priva en los consejeros salientes, su intención fue, no la de preservar, impulsar la tendencia a transparentar el ejercicio público, sino a encontrar mecanismos para proteger la opacidad gubernamental.
Otro, en el que se solicitaba conocer de manera desglosada las remuneraciones de los titulares de las secretarías de Desarrollo Comercial, Fomento Social, Finanzas, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y Cultura, Planeación y Evaluación y de la Contraloría, “el Consejo General confirmó las respuestas otorgadas luego de obtener la mayoría de votos”. Esto es, ratificar la negativa a entregar la respuesta a través del medio electrónico; tal información, decían los sujetos obligados, está a su disposición en las oficinas centrales de las dependencias respectivas.
Más aún, los criterios adoptados por la mayoría del Consejo General del Ichitaip inciden directamente en los principales ejes rectores del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y ayudan a eludir la obligación de quienes ejercen recursos públicos, a transparentar el ejercicio de ellos.
Ahora mismo, en el proceso de selección de los aspirantes (el total presenta un examen, de ellos, una comisión de selección, integrada por representantes de los tres poderes, designará a un grupo de 20 candidatos; enseguida, la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado seleccionará a 10 y de ellos el pleno legislativo elegirá a los tres nuevos consejeros y sus respectivos suplentes a más tardar el 15 de diciembre del 2009) las dudas pesan en el proceso electivo.
En el mismo se ha desatado una polémica. Los priistas pretenden no hacer públicos los resultados de todos los que presenten el examen de conocimientos –es que puede haber un académico reconocido reprobado y el daño a su prestigio puede ser grande, dicen- y con ello se vulneran otros derecho, el de la ciudadanía, y el de los aspirantes, pues puede darse el caso que se elija a alguno de ellos con calificaciones por debajo de quienes fueron desechados.
Y es que, de acuerdo con la información disponible, la composición de los aspirantes puede llevarnos a pretender que el proceso sea lo más transparente posible pues de los noventa y un aspirantes, doce trabajan actualmente en ese organismo; cuatro son periodistas, incluyendo al vocero del Ichitaip; varios son catedráticos de la UACh, así como integrantes de las barras y colegios de abogados; y otros más actualmente trabajan en áreas jurídicas de diversas dependencias del gobierno estatal.
Nos piden los legisladores que les tengamos confianza, que no actuarán con dolo en la selección de los consejeros. El problema es que para eso son las normas, para no actuar discrecionalmente, para actuar de manera transparente en materia de ejercicio gubernamental y que sea la sociedad la que, teniendo acceso a la información, evalúe si los funcionarios de gobierno actúan apegados a la ley y al espíritu que le dio origen a la misma.
Más aún, transparentar todos los resultados le abonaría al Poder Legislativo mayor credibilidad, dadas las bajísimos niveles alcanzados por sus integrantes entre la población, máxime si aún no se olvida el más reciente episodio de opacidad, o de franca tendencia en ese sentido, consistente en la negativa de la mayoría de los diputados a aprobar una reforma a la ley de transparencia, elaborada por los diputados Arturo Zubía, del PAN y presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, y Víctor Quintana, del PRD, para que fuera modificado el artículo 21 a fin de que las dependencias de gobierno publiquen sus sueldos en medios electrónicos, de manera “obligatoria” y no como actualmente dice la ley “preferentemente”, pretexto usado por los consejeros del Ichitaip cuyo ejercicio concluye, para no obligar a dependencias gubernamentales a publicar en las páginas de transparencia sus salarios.
El otro antecedente preocupante, para el ánimo de quienes aspiran a contar con un Ichitaip con plena independencia y estricto apego al cumplimiento de la ley de transparencia es el de la pretendida modificación a la misma para aprobar la reelección. La iniciativa fue presentada por el diputado priista Jesús Armando Muñoz Ponce, quien no forma parte de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado. Muñoz Ponce entregó esa iniciativa en la última sesión de la Diputación Permanente del período anterior, a fin de que pasara inadvertida.
La propuesta sólo fue anunciada, no fue leída en sesión, como se realiza normalmente, y de inmediato fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales. ¡Oh magia del poder! En tan solo sólo nueve días la iniciativa atravesó todo el trámite legislativo. El dictamen aprobatorio ya estaba listo en ese lapso, al contrario de infinidad de iniciativas de ley “congeladas”.
Según la versión sostenida por el editorial de El Diario, edición Chihuahua, (10/X/09) diputados priistas habían informado de la existencia de un acuerdo previo con el PAN para aprobar la reelección, sin embargo, por alguna razón éstos se desistieron y con ello se frustró la intentona reeleccionista pues para aprobar tal modificación se requiere lo hagan dos terceras partes de los legisladores.
La razón que se esgrimió en ese editorial es que, al elegirse a tres nuevos consejeros, la presidencia del organismo debería recaer en Claudia Alonso o Fernando Lino Bencomo, ambos inconvenientes “al PRI debido a que Alonso es de tendencia izquierdista y Lino Bencomo, después de que el instituto reprobó en la evaluación nacional de transparencia cuando él fue presidente, prácticamente se volvió independiente de los intereses del PRI”.
De este modo, casi al terminar su gestión, el gobernador Reyes Baeza, líder del grupo gobernante, tiene sobre sus hombros otra responsabilidad, no menor, que es la de darle sustento a sus frases y promesas de los tiempos de la campaña electoral, cuando sostenía que Chihuahua contaría con uno de los mejores instrumentos de transparencia y acceso a la información, el problema es que a la hora de gobernar no se trata solamente de los textos de la ley, se necesita, y mucho, de la plena correspondencia entre el espíritu de la reforma legal y las convicciones de quienes tienen –tendrán- la obligación de convertir tales promesas en plena realidad del Chihuahua del siglo XXI y así salirle al paso a hechos, como el denunciado por el diputado perredista, Víctor Quintana, quien sostiene que ya “están negociados” quiénes se convertirán , a partir de mediados de diciembre, en consejeros del Ichitaip.
No sólo se trataba de obtener que el funcionamiento gubernamental adquiriera la necesaria transparencia, como un mecanismo paralelo de la rendición de cuentas, sino que se adquiriese plena conciencia que el quehacer gubernamental debería ser accesible a todos los integrantes de la sociedad y a ésta se le garantizase tal derecho desde los órganos de transparencia.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
La elección de quienes sustituirán a los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) que concluyeron su encargo (Thlié Carlos Macías, Rodolfo Sandoval y Rodrigo Ramírez Tarango) se puede convertir en otra oportunidad para que el grupo gobernante enmiende lo hecho hasta ahora, negativamente, en materia de transparencia y la preservación del derecho al acceso a la información en Chihuahua.
Criticado acremente, el proceso del cual emergieron, no sólo quienes se van, sino el total de los consejeros del organismo encargado de velar por el cabal cumplimiento de la transparencia, en lo que lo central fue la negociación y el reparto por cuotas partidarias de quienes integraban entonces las fuerzas parlamentarias, puede repetirse nuevamente y echar por la borda, otra vez, la honda y extendida aspiración ciudadana a contar con organismos integrados por ciudadanos distantes de los partidos políticos.
Por desgracia, casi desde el principio se apreciaron las consecuencias, funestas para la preservación del derecho a la información, de tal forma de integrar al Consejo del Ichitaip. El final fue peor. Durante los últimos meses, una mayoría de consejeros –los que se van- fueron estableciendo una serie de criterios contrarios al espíritu y letra de las iniciativas que le dieron origen al ordenamiento estatal en esta materia.
Más aún, casi como un albazo se pretendió, al cuarto para las doce, aprobar la reelección de los consejeros de transparencia, en un clarísimo intento de reelegir a quienes se convirtieron en este tramo en los mejores defensores y preservadores de la opacidad gubernamental.
Así, Thlié Carlos Macías y Rodolfo Sandoval, identificados con el PRI, y Rodrigo Ramírez con el PAN (quien venía de ser el vocero del grupo parlamentario de ese partido en el Congreso local) aprobaron en el período que la primera fue presidenta del organismo una serie de resoluciones en las que se le daba la razón a los sujetos obligados (las dependencias gubernamentales o entes receptores de recursos públicos) para negar la información solicitada. Basados en una serie de falacias aprobaron, por ejemplo, que la información relativa a los salarios de los académicos de la Uach, o que las licencias solicitadas por Guillermo Márquez y Alejandro Cano, para alejarse de sus cargos en el gabinete estatal para buscar las candidaturas a las diputaciones federales, serían entregadas en las oficinas de las dependencias señaladas, por no contar con copias en otro medio que no fuera el del papel impreso.
Esa fue la tendencia, y no sólo en el caso de las oficinas gubernamentales, cuando un ciudadano requirió los gastos efectuados al interior del PRD, la oficina de transparencia de este partido contestó que sí se las podían mostrar, pero en las oficinas partidarias. Tal argumento fue apoyado por la mayoría de los consejeros señalados.
Conocido es el episodio en el cual la presidenta Carlos Macías decidió, por su cuenta inicialmente, retirar de las páginas de internet los salarios de los funcionarios de varias dependencias del gobierno estatal y las de los funcionarios del Ichitaip. La argumentación fue existía un clima de inseguridad creciente en la entidad y volvía riesgoso para esos funcionarios que se supieran sus ingresos como funcionarios públicos.
La verdad –dirían los amigos- ni necesitamos asomarnos al internet para saber que los gobernantes ganan mucho dinero, así que una prevención como esa salía sobrando. Pero no era una manifestación aislada, al contrario, formaba parte de la concepción que priva en los consejeros salientes, su intención fue, no la de preservar, impulsar la tendencia a transparentar el ejercicio público, sino a encontrar mecanismos para proteger la opacidad gubernamental.
Otro, en el que se solicitaba conocer de manera desglosada las remuneraciones de los titulares de las secretarías de Desarrollo Comercial, Fomento Social, Finanzas, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y Cultura, Planeación y Evaluación y de la Contraloría, “el Consejo General confirmó las respuestas otorgadas luego de obtener la mayoría de votos”. Esto es, ratificar la negativa a entregar la respuesta a través del medio electrónico; tal información, decían los sujetos obligados, está a su disposición en las oficinas centrales de las dependencias respectivas.
Más aún, los criterios adoptados por la mayoría del Consejo General del Ichitaip inciden directamente en los principales ejes rectores del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y ayudan a eludir la obligación de quienes ejercen recursos públicos, a transparentar el ejercicio de ellos.
Ahora mismo, en el proceso de selección de los aspirantes (el total presenta un examen, de ellos, una comisión de selección, integrada por representantes de los tres poderes, designará a un grupo de 20 candidatos; enseguida, la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado seleccionará a 10 y de ellos el pleno legislativo elegirá a los tres nuevos consejeros y sus respectivos suplentes a más tardar el 15 de diciembre del 2009) las dudas pesan en el proceso electivo.
En el mismo se ha desatado una polémica. Los priistas pretenden no hacer públicos los resultados de todos los que presenten el examen de conocimientos –es que puede haber un académico reconocido reprobado y el daño a su prestigio puede ser grande, dicen- y con ello se vulneran otros derecho, el de la ciudadanía, y el de los aspirantes, pues puede darse el caso que se elija a alguno de ellos con calificaciones por debajo de quienes fueron desechados.
Y es que, de acuerdo con la información disponible, la composición de los aspirantes puede llevarnos a pretender que el proceso sea lo más transparente posible pues de los noventa y un aspirantes, doce trabajan actualmente en ese organismo; cuatro son periodistas, incluyendo al vocero del Ichitaip; varios son catedráticos de la UACh, así como integrantes de las barras y colegios de abogados; y otros más actualmente trabajan en áreas jurídicas de diversas dependencias del gobierno estatal.
Nos piden los legisladores que les tengamos confianza, que no actuarán con dolo en la selección de los consejeros. El problema es que para eso son las normas, para no actuar discrecionalmente, para actuar de manera transparente en materia de ejercicio gubernamental y que sea la sociedad la que, teniendo acceso a la información, evalúe si los funcionarios de gobierno actúan apegados a la ley y al espíritu que le dio origen a la misma.
Más aún, transparentar todos los resultados le abonaría al Poder Legislativo mayor credibilidad, dadas las bajísimos niveles alcanzados por sus integrantes entre la población, máxime si aún no se olvida el más reciente episodio de opacidad, o de franca tendencia en ese sentido, consistente en la negativa de la mayoría de los diputados a aprobar una reforma a la ley de transparencia, elaborada por los diputados Arturo Zubía, del PAN y presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, y Víctor Quintana, del PRD, para que fuera modificado el artículo 21 a fin de que las dependencias de gobierno publiquen sus sueldos en medios electrónicos, de manera “obligatoria” y no como actualmente dice la ley “preferentemente”, pretexto usado por los consejeros del Ichitaip cuyo ejercicio concluye, para no obligar a dependencias gubernamentales a publicar en las páginas de transparencia sus salarios.
El otro antecedente preocupante, para el ánimo de quienes aspiran a contar con un Ichitaip con plena independencia y estricto apego al cumplimiento de la ley de transparencia es el de la pretendida modificación a la misma para aprobar la reelección. La iniciativa fue presentada por el diputado priista Jesús Armando Muñoz Ponce, quien no forma parte de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado. Muñoz Ponce entregó esa iniciativa en la última sesión de la Diputación Permanente del período anterior, a fin de que pasara inadvertida.
La propuesta sólo fue anunciada, no fue leída en sesión, como se realiza normalmente, y de inmediato fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales. ¡Oh magia del poder! En tan solo sólo nueve días la iniciativa atravesó todo el trámite legislativo. El dictamen aprobatorio ya estaba listo en ese lapso, al contrario de infinidad de iniciativas de ley “congeladas”.
Según la versión sostenida por el editorial de El Diario, edición Chihuahua, (10/X/09) diputados priistas habían informado de la existencia de un acuerdo previo con el PAN para aprobar la reelección, sin embargo, por alguna razón éstos se desistieron y con ello se frustró la intentona reeleccionista pues para aprobar tal modificación se requiere lo hagan dos terceras partes de los legisladores.
La razón que se esgrimió en ese editorial es que, al elegirse a tres nuevos consejeros, la presidencia del organismo debería recaer en Claudia Alonso o Fernando Lino Bencomo, ambos inconvenientes “al PRI debido a que Alonso es de tendencia izquierdista y Lino Bencomo, después de que el instituto reprobó en la evaluación nacional de transparencia cuando él fue presidente, prácticamente se volvió independiente de los intereses del PRI”.
De este modo, casi al terminar su gestión, el gobernador Reyes Baeza, líder del grupo gobernante, tiene sobre sus hombros otra responsabilidad, no menor, que es la de darle sustento a sus frases y promesas de los tiempos de la campaña electoral, cuando sostenía que Chihuahua contaría con uno de los mejores instrumentos de transparencia y acceso a la información, el problema es que a la hora de gobernar no se trata solamente de los textos de la ley, se necesita, y mucho, de la plena correspondencia entre el espíritu de la reforma legal y las convicciones de quienes tienen –tendrán- la obligación de convertir tales promesas en plena realidad del Chihuahua del siglo XXI y así salirle al paso a hechos, como el denunciado por el diputado perredista, Víctor Quintana, quien sostiene que ya “están negociados” quiénes se convertirán , a partir de mediados de diciembre, en consejeros del Ichitaip.
No sólo se trataba de obtener que el funcionamiento gubernamental adquiriera la necesaria transparencia, como un mecanismo paralelo de la rendición de cuentas, sino que se adquiriese plena conciencia que el quehacer gubernamental debería ser accesible a todos los integrantes de la sociedad y a ésta se le garantizase tal derecho desde los órganos de transparencia.
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viernes, 13 de noviembre de 2009
"Con usted hasta la ignominia"
El Diario, 12 de noviembre 2009
Luis Javier Valero Flores
Nunca será ocioso recordar las frases de los burócratas porfiristas. Le dijeron de todo a Porfirio Díaz, para ensalzarlo; la más conocida de tales frases fue aquella que le dijeran –“con usted, Señor Presidente, hasta la ignominia”. O aquella otra, seguramente fruto de la creatividad popular en la que le achacaban a Díaz preguntarle la hora a uno de sus subordinados y que éste le respondiera: “La que usted diga, Señor Presidente”.
Tal conducta fue acremente criticada por el panismo a lo largo de 61 años, hasta antes de llegar a la Presidencia de la República. A partir del 2000, con una lamentable frecuencia nos llevan a recordar las frases de los políticos porfiristas de hace un siglo.
Así, nuevamente la senadora chihuahuense Teresa Ortuño se ha metido en camisa de once varas a causa de sus declaraciones. No bien termina de salir del episodio anterior, en el que prácticamente señaló al gobernador del Estado, José Reyes Baeza, de estar coludido con el narcotráfico –por comisión u omisión, diría hace no mucho- el martes se convirtió en el centro de acres críticas, a consecuencia de sus expresiones con motivo de la intención gubernamental de disminuir el presupuesto federal a la educación.
En la propuesta de egresos de la federación, enviada a la Cámara de Diputados (que, debemos recordar, es la única facultada para resolver en tal asunto) para su discusión y aprobación, Felipe Calderón propuso disminuir el presupuesto asignado a la educación se contempla disminuirlo en 4 mil 712 millones y a la educación superior en otros 7 mil millones de pesos. (Los que sumados al recorte sufrido por las instituciones de educación superior en el presente año, abrirían un tremendo boquete a sus finanzas, por lo que el secretario general de la ANUIES, Rafael López Castañares, solicitó a Hacienda revertir tal propuesta y asignarles 14 mmdp para garantizar “la operación de las universidades en el año 2010”. Nota de El Universal, 24/X/09).
Tal intención ha recibido el unánime rechazo de los rectores y directores de las instituciones de educación superior.
Pero los responsables de los máximos niveles de educación en el país se llevaron una muy académica respuesta de la senadora Teresa Ortuño, por casualidad Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores:
“No me vengan con esa demagogia de que no pueden apretarse el cinturón…, porque aunque la educación, el desarrollo social y la salud son temas prioritarios, perdónenme, donde quiera hay grasita y se puede cortar grasita sin llegar al músculo ni al hueso… no se vale echarle la pelotita a Calderón… No, no, no. No me vengan a, ¿cómo dice?: donde lloran ahí está el muerto. No, no; el dinero hace falta, pero no sirve de nada si no hay pasión, si no hay compromiso, si no hay decisión, si no hay vocación, si se pretende medrar y se busca que siempre se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”.
Y le cayó el elogio, por supuesto del Secretario de Educación, Alonso Lujambio, ex presidente del Instituto Federal de Transparencia y por puritita casualidad, amigo personal de Felipe Calderón, quien dijo que “gente como Teresa Ortuño prestigia la política”, y le agradeció su “inteligencia, entusiasmo y pasión”.
Pero las últimas frases de la senadora son de llamar la atención. Ni más ni menos señaló a los rectores de todas las universidades, UNAM y UAM incluidas, así como a los directivos de la asociación de todas las instituciones de educación superior, de medrar, además de ser faltos de pasión, vocación y compromiso, todo por no estar de acuerdo con la disminución del presupuesto a la educación.
A pesar de lo evidente, de lo obvio, Lujambio insistió en decir que “este gobierno, por ninguna circunstancia, por ningún motivo, ha dejado de considerar absolutamente prioritaria la educación superior de México”. Pues sí, a lo mejor la consideran prioritaria, pero le disminuyen el dinero a la educación.
¿Cómo compaginar las frases de la senadora Ortuño con la pretendida aspiración de asignar a educación el 8% del PIB, o con la “preocupación” blanquiazul de que vivimos una crisis de valores, entre ellos los de la educación, si se disminuye, en términos reales, por lo menos el 8% a la educación?
Por lo menos debieran contenerse al momento de expresar cosas como las que le dieron origen al tema abordado ahora.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Nunca será ocioso recordar las frases de los burócratas porfiristas. Le dijeron de todo a Porfirio Díaz, para ensalzarlo; la más conocida de tales frases fue aquella que le dijeran –“con usted, Señor Presidente, hasta la ignominia”. O aquella otra, seguramente fruto de la creatividad popular en la que le achacaban a Díaz preguntarle la hora a uno de sus subordinados y que éste le respondiera: “La que usted diga, Señor Presidente”.
Tal conducta fue acremente criticada por el panismo a lo largo de 61 años, hasta antes de llegar a la Presidencia de la República. A partir del 2000, con una lamentable frecuencia nos llevan a recordar las frases de los políticos porfiristas de hace un siglo.
Así, nuevamente la senadora chihuahuense Teresa Ortuño se ha metido en camisa de once varas a causa de sus declaraciones. No bien termina de salir del episodio anterior, en el que prácticamente señaló al gobernador del Estado, José Reyes Baeza, de estar coludido con el narcotráfico –por comisión u omisión, diría hace no mucho- el martes se convirtió en el centro de acres críticas, a consecuencia de sus expresiones con motivo de la intención gubernamental de disminuir el presupuesto federal a la educación.
En la propuesta de egresos de la federación, enviada a la Cámara de Diputados (que, debemos recordar, es la única facultada para resolver en tal asunto) para su discusión y aprobación, Felipe Calderón propuso disminuir el presupuesto asignado a la educación se contempla disminuirlo en 4 mil 712 millones y a la educación superior en otros 7 mil millones de pesos. (Los que sumados al recorte sufrido por las instituciones de educación superior en el presente año, abrirían un tremendo boquete a sus finanzas, por lo que el secretario general de la ANUIES, Rafael López Castañares, solicitó a Hacienda revertir tal propuesta y asignarles 14 mmdp para garantizar “la operación de las universidades en el año 2010”. Nota de El Universal, 24/X/09).
Tal intención ha recibido el unánime rechazo de los rectores y directores de las instituciones de educación superior.
Pero los responsables de los máximos niveles de educación en el país se llevaron una muy académica respuesta de la senadora Teresa Ortuño, por casualidad Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores:
“No me vengan con esa demagogia de que no pueden apretarse el cinturón…, porque aunque la educación, el desarrollo social y la salud son temas prioritarios, perdónenme, donde quiera hay grasita y se puede cortar grasita sin llegar al músculo ni al hueso… no se vale echarle la pelotita a Calderón… No, no, no. No me vengan a, ¿cómo dice?: donde lloran ahí está el muerto. No, no; el dinero hace falta, pero no sirve de nada si no hay pasión, si no hay compromiso, si no hay decisión, si no hay vocación, si se pretende medrar y se busca que siempre se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”.
Y le cayó el elogio, por supuesto del Secretario de Educación, Alonso Lujambio, ex presidente del Instituto Federal de Transparencia y por puritita casualidad, amigo personal de Felipe Calderón, quien dijo que “gente como Teresa Ortuño prestigia la política”, y le agradeció su “inteligencia, entusiasmo y pasión”.
Pero las últimas frases de la senadora son de llamar la atención. Ni más ni menos señaló a los rectores de todas las universidades, UNAM y UAM incluidas, así como a los directivos de la asociación de todas las instituciones de educación superior, de medrar, además de ser faltos de pasión, vocación y compromiso, todo por no estar de acuerdo con la disminución del presupuesto a la educación.
A pesar de lo evidente, de lo obvio, Lujambio insistió en decir que “este gobierno, por ninguna circunstancia, por ningún motivo, ha dejado de considerar absolutamente prioritaria la educación superior de México”. Pues sí, a lo mejor la consideran prioritaria, pero le disminuyen el dinero a la educación.
¿Cómo compaginar las frases de la senadora Ortuño con la pretendida aspiración de asignar a educación el 8% del PIB, o con la “preocupación” blanquiazul de que vivimos una crisis de valores, entre ellos los de la educación, si se disminuye, en términos reales, por lo menos el 8% a la educación?
Por lo menos debieran contenerse al momento de expresar cosas como las que le dieron origen al tema abordado ahora.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Por "amor a México"
El Diario, 10 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Imposible pasarlo por alto, de confirmarse tan nefasto y nefando arreglo, el partido que gozara, durante décadas, de una elevada respetabilidad moral, el PAN, la habrá perdido irremisiblemente en aras de mantenerse en el poder, a costa de lo que sea tal y como lo hacía –lo hace- su criticado adversario, el PRI.
Peor, de tal información se desprende una terrible conclusión: El partido que enarboló las banderas de la congruencia moral, de la honestidad, de la limpieza en el ejercicio de la función pública, que vilipendió tercamente las corruptelas del partido casi único de la mayor parte del siglo XX, en menos de dos sexenios se trocó en lo que tanto había criticado.
Al grito de equiparar los salarios de los funcionarios de élite de la iniciativa privada con los de la función pública, en medio de la opulencia generada por los precios petroleros, se elevaron, no sólo los salarios de la más alta burocracia, sino que la incrementaron en casi el doble del número de sus integrantes.
Según esta información, el PRI habría aceptado aprobar el paquetazo fiscal (elevación del IVA y del ISR, así como la exención fiscal durante dos años a las empresas que accedieran al triple play mediante el uso de telefonía móvil, etc.) a cambio de reducir el tamaño de la élite “dorada” –así le llamaron- de la burocracia federal. (Nota de Ciro Pérez Silva, La Jornada, 9/XI/09).
El PRI ordenó, según esta información, efectuar una investigación del estado real de los puestos federales de los primeros niveles. El resultado es estrujador, indignante, la calificación es una sola: Se sirvieron con la cuchara grande quienes nos dijeron que al acceder por primera ocasión al gobierno federal, “lo hacían por amor a México”, según pontificara en aquel primer momento, Vicente Fox.
Pues no. A lo mejor sí, pero su amor por México está contabilizado en muchos pesos y muchos centavos, podríamos asegurar que casi se vació el padrón del blanquiazul en las nóminas del gobierno federal, de ahí que el Consejo Nacional del PAN contenga en más del 70% funcionarios de la administración federal.
Este es el resultado de la investigación: Al iniciar Fox, sólo existía el nivel de Secretario de Estado (por supuesto en el pago) para los titulares de esas dependencias o de los titulares de las paraestatales. Hoy existen 762 puestos con el mismo nivel salarial y similares prestaciones; de tener 89 puestos homologados a nivel de subsecretario se pasó a mil 11; de 69 jefes de unidad en 2000, el gobierno federal creó mil 212 nuevas plazas con el mismo nivel.
A su vez, las plazas con sueldos de directores generales adjuntos crecieron en las dos administraciones panistas a 5 mil 448; las de directores de áreas, aumentaron a 33 mil 981.
Tal élite –blanquiazul- cuenta, a costa del erario federal, con seguro de gastos médicos mayores y que juntos, salarios y seguros, nos cuestan cerca de 7 mil millones de pesos anuales. Además, poseen un fondo de ahorro, en el que por cada peso que aporta el funcionario, el gobierno le entrega otro peso. Tal graciosidad nos cuesta la friolera de 12 mil millones de pesos ¡Nada!
Por si fuera poco, tan sofisticada clase política emplea multimillonarios recursos económicos del presupuesto de la federación para pagar personal de oficina, asesores externos, teléfonos celulares, gastos de representación, choferes y vehículos… ah, y los celulares.
Fox y Calderón elevaron la alta burocracia en un 48.5 por ciento, lo que ha costado a la nación, en estos años del “cambio” azul, un gasto acumulado de 722 mil 700 millones de pesos, equivalente al doble del “hoyo” producido a las finanzas públicas por la crisis económica y a casi el 90% de lo eludido por las más grandes 400 empresas privadas del país, según la información proporcionada por una de las fuentes más lejanas de ser calificadas como perteneciente, o simpatizante, de la izquierda, o menos aún, de ser catalogada como “populista”, o de ¡Horror al crimen! Ser cercana al “Peje”; sí, ni más ni menos que la Secretaría de Hacienda.
Ni pa’ onde hacerse, les perdonan impuestos a los más ricos, se reparten los dineros públicos que es un contento, nos elevan los impuestos de todo tipo y encima nos llaman a votar por ellos ¡Hábrase visto!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
Imposible pasarlo por alto, de confirmarse tan nefasto y nefando arreglo, el partido que gozara, durante décadas, de una elevada respetabilidad moral, el PAN, la habrá perdido irremisiblemente en aras de mantenerse en el poder, a costa de lo que sea tal y como lo hacía –lo hace- su criticado adversario, el PRI.
Peor, de tal información se desprende una terrible conclusión: El partido que enarboló las banderas de la congruencia moral, de la honestidad, de la limpieza en el ejercicio de la función pública, que vilipendió tercamente las corruptelas del partido casi único de la mayor parte del siglo XX, en menos de dos sexenios se trocó en lo que tanto había criticado.
Al grito de equiparar los salarios de los funcionarios de élite de la iniciativa privada con los de la función pública, en medio de la opulencia generada por los precios petroleros, se elevaron, no sólo los salarios de la más alta burocracia, sino que la incrementaron en casi el doble del número de sus integrantes.
Según esta información, el PRI habría aceptado aprobar el paquetazo fiscal (elevación del IVA y del ISR, así como la exención fiscal durante dos años a las empresas que accedieran al triple play mediante el uso de telefonía móvil, etc.) a cambio de reducir el tamaño de la élite “dorada” –así le llamaron- de la burocracia federal. (Nota de Ciro Pérez Silva, La Jornada, 9/XI/09).
El PRI ordenó, según esta información, efectuar una investigación del estado real de los puestos federales de los primeros niveles. El resultado es estrujador, indignante, la calificación es una sola: Se sirvieron con la cuchara grande quienes nos dijeron que al acceder por primera ocasión al gobierno federal, “lo hacían por amor a México”, según pontificara en aquel primer momento, Vicente Fox.
Pues no. A lo mejor sí, pero su amor por México está contabilizado en muchos pesos y muchos centavos, podríamos asegurar que casi se vació el padrón del blanquiazul en las nóminas del gobierno federal, de ahí que el Consejo Nacional del PAN contenga en más del 70% funcionarios de la administración federal.
Este es el resultado de la investigación: Al iniciar Fox, sólo existía el nivel de Secretario de Estado (por supuesto en el pago) para los titulares de esas dependencias o de los titulares de las paraestatales. Hoy existen 762 puestos con el mismo nivel salarial y similares prestaciones; de tener 89 puestos homologados a nivel de subsecretario se pasó a mil 11; de 69 jefes de unidad en 2000, el gobierno federal creó mil 212 nuevas plazas con el mismo nivel.
A su vez, las plazas con sueldos de directores generales adjuntos crecieron en las dos administraciones panistas a 5 mil 448; las de directores de áreas, aumentaron a 33 mil 981.
Tal élite –blanquiazul- cuenta, a costa del erario federal, con seguro de gastos médicos mayores y que juntos, salarios y seguros, nos cuestan cerca de 7 mil millones de pesos anuales. Además, poseen un fondo de ahorro, en el que por cada peso que aporta el funcionario, el gobierno le entrega otro peso. Tal graciosidad nos cuesta la friolera de 12 mil millones de pesos ¡Nada!
Por si fuera poco, tan sofisticada clase política emplea multimillonarios recursos económicos del presupuesto de la federación para pagar personal de oficina, asesores externos, teléfonos celulares, gastos de representación, choferes y vehículos… ah, y los celulares.
Fox y Calderón elevaron la alta burocracia en un 48.5 por ciento, lo que ha costado a la nación, en estos años del “cambio” azul, un gasto acumulado de 722 mil 700 millones de pesos, equivalente al doble del “hoyo” producido a las finanzas públicas por la crisis económica y a casi el 90% de lo eludido por las más grandes 400 empresas privadas del país, según la información proporcionada por una de las fuentes más lejanas de ser calificadas como perteneciente, o simpatizante, de la izquierda, o menos aún, de ser catalogada como “populista”, o de ¡Horror al crimen! Ser cercana al “Peje”; sí, ni más ni menos que la Secretaría de Hacienda.
Ni pa’ onde hacerse, les perdonan impuestos a los más ricos, se reparten los dineros públicos que es un contento, nos elevan los impuestos de todo tipo y encima nos llaman a votar por ellos ¡Hábrase visto!
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domingo, 8 de noviembre de 2009
Destapes oficializados
El Diario, 8 de noviembre 2009
Luis Javier Valero Flores
A la memoria de Carmen Nájera Cruz, mi suegra, a quien lloramos sus hijos, nietos, sobrinos, tíos, hermanos y esposo. La recordaremos, siempre, cantando, alegre, echada pa’lante, decidora, punzante, y eternamente amorosa, dando y recibiendo amor a raudales. La extrañaremos –la extrañamos- y la recordaremos con mucha alegría, con mucha música, como vivió. En su memoria siempre será necesario contar con un mariachi.
No siempre podían los políticos aspirar a recibir tal trato amoroso de parte de ella, y menos en los tiempos actuales.
El “destape” de Oscar Villalobos, al momento de anunciar su renuncia a la Secretaría de Fomento Social le movió el tapete a toda la clase política de la entidad, llevó a que otro protagonista, Carlos Borruel, el alcalde capitalino, debiera adelantar los movimientos en pos de su candidatura, obligó a que el Presidente del órgano electoral, Fernando Herrera Martínez, saliera de la discrecionalidad con la que había actuado hasta la fecha para señalarle a los eventuales aspirantes a los cargos de elección popular “que aún no son los tiempos de hacer actos de campaña” y advertirles acerca de la posibilidad de ser sancionados por la realización de actos anticipados de campaña y logró que el PAN anunciara que está estudiando la posibilidad de denunciar al ex secretario estatal precisamente por la comisión de esa presunta ilegalidad electoral.
Por si fuera poco, la pre-renuncia (sí, porque Villalobos anunció el martes que renunciaría el viernes) llevó a que uno de los más fuertes aspirantes al mismo puesto, el ex diputado federal César Duarte, efectuara las que parecen ser las primeras declaraciones medianamente críticas a alguno de sus adversarios internos en pos de la candidatura al gobierno estatal.
Más aún, al desvelar claramente sus pretensiones, obligó a que los demás aspirantes movieran sus piezas y que aparecieran por lo menos dos encuestas en las que, la de Mitofsky, el ex alcalde juarense, Héctor Murguía, aparece claramente al frente de las preferencias electorales; y otra, la de Consultores y Marketing Político de Gisela Rubach, empresa a la que se le atribuye la autoría de las encuestas encargadas por la dirigencia priista, y por medio de la cual se le atribuyen ventajas a César Duarte para ser el abanderado priista en las elecciones del próximo año.
Además, tales ejercicios demoscópicos sacaron a la luz la realidad (por lo menos la mostrada por estas encuestas) de las preferencias electorales al interior del PAN pues en ellas aparece en primer lugar, con una mediana ventaja (en las preferencias al interior del PAN) del diputado federal Javier Corral, por encima del alcalde Borruel y del senador Gustavo Madero… y arderá Troya en el PAN estatal.
Por encima de lo anterior, ambos ejercicios muestran que si las elecciones se efectuaran hoy (fueron levantadas en los primeros días de octubre) el PRI tendría una más que cómoda ventaja sobre el PAN de más de 20 puntos porcentuales.
Por lo pronto, el adelantamiento de Villalobos obligó al alcalde de Chihuahua, el panista Carlos Borruel, a acelerar los tiempos –por lo menos los públicamente expresados- en que anunciará su pretensión de buscar la candidatura del blanquiazul. Tal conducta fue evidenciada por las actividades desplegadas en la semana por el presidente municipal suplente, el empresario Alvaro Madero quien se presentó como nuevo alcalde ante los policías municipales durante el cambio de lista, así como por las más de dos horas empleadas en reunirse con el jefe de la dependencia, según informó el portal capitalino, La Opción.
Fueron tantas las actividades desarrolladas por los aspirantes que obligaron a Fernando Herrera Martínez, el presidente consejero del IEE, a llamarles la atención y, previsor, antes de que le caiga el mundo encima con las denuncias presentadas por los partidos, los llamó a recordar el nuevo marco legal electoral: “Actividades que por su naturaleza (todos los preparativos de precampaña), deben de estar exentas de difusión pública, ello en espera de los tiempos legales… El Instituto Estatal Electoral es el garante de que dichos procesos se desarrollen acorde a la legislación y también es el facultado para dar consecuencia a los actos que se vulneren, fincando las responsabilidades conducentes a los partidos políticos, precandidatos o aspirantes”.
La presentación de las encuestas, quizá como respuesta al acto de Villalobos, logró el efecto deseado pues le quitó los reflectores al ex secretario y llevó a que la opinión pública centrara su atención a los posibles escenarios electorales del próximo año. Según el sondeo septembrino de Consultores y Marketing Político de Gisela Rubach, el candidato del PRI debe quedar entre Héctor Murguía y César Duarte. La encuesta muestra que la percepción de ambos personajes como el “mejor candidato del PRI a la gubernatura” es de 17% para CDJ y 22% para HML. El 27% no favorece a ninguno de los candidatos contendientes, y el 19% no contesta.
Sin embargo, deberá anotarse que la encuesta efectuada por esta empresa es telefónica, lo que la lleva a tener un menor margen de certeza pues la entidad no tiene una cobertura de más del 70% de domicilios con teléfono, razón la cual un importante sector de la población no es tomado en cuenta en el levantamiento de opiniones.
Otro es el ejercicio de Consulta Mitofsky. Dice la encuesta que el PRI tiene la primera posición en cuanto a la identificación con el partido al obtener 42% de los simpatizantes, “le sigue el panismo que tiene 19% de partidarios. En tanto 30% de los residentes en el estado no manifiesta simpatía alguna por los partidos existentes”.
En cuanto a los niveles de rechazo, también el PRI va adelante al obtener el más bajo con 16%, PVEM el 18 y PAN 20 por ciento; los tres muy por debajo de los mostrados por el otro bloque de partidos, al encabezar, como es de suponerse en una entidad en la que las posiciones conservadoras han ganado amplios espacios en la sociedad, el PRD los niveles de rechazo con el 44%, el PT 37% y Convergencia con el 28%. Nueva Alianza se queda a mitad de la tabla con el 24.
“Basada en las fuerzas partidistas, -dice el reporte- la preferencia electoral para gobernador de Chihuahua, en estos momentos favorece al PRI con el 41% de la intención de voto, superando claramente al PAN que capta el 19% de los apoyos, aunque el 31% de los ciudadanos aún no define el sentido de su voto”.
Así, como se ha informado ampliamente en la semana, de acuerdo con esta encuesta, tomando la opinión del electorado en general, Javier Corral encabeza las preferencias al interior del PAN con el 28% de las simpatías, seguido por el alcalde capitalino Carlos Borruel con el 19% y lejano, el senador Gustavo Madero con el 9%.
Si el mismo sondeo se limita a los panistas la diferencia a favor de Corral disminuye a sólo 6 puntos.
En el caso de la candidatura del PRI, Héctor Murguía tiene la ventaja en la preferencia ciudadana con el 24.5% de las menciones a su favor, después se ubica Alejandro Cano (16.9%), Cesar Duarte (11.3%) y José Reyes (7.7%)”. Cuando se les preguntó a los priistas, Héctor Murguía obtuvo 32.6%, Cano 16.7, Duarte 12.7 y Reyes Ferriz 8.6%. En ambos segmentos de población Oscar Villalobos obtuvo 5% y Fernando Rodríguez Moreno, el líder de los legisladores locales, no alcanza el 1% de las preferencias electorales de esta encuesta.
Necesitado de ubicarse en las preferencias electorales, el ex Secretario de Fomento Social, Oscar Villalobos, cual si fuera un acto de precampaña (que no solo se trata de actos proselitistas en los que expresamente se pide el voto para determinado candidato) en el evento que anunció su renuncia –es decir, la maniobra para tener dos momentos políticos en la semana, el del anuncio y el de la renuncia- dio conocer un balance de su desempeño al frente de la Secretaría de Desarrollo Municipal en los que logró “consolidar una relación de respeto y colaboración con las autoridades de los 67 municipios del Estado”.
Y luego pasa a calificar su trabajo, lo llama “trascendental esfuerzo” mediante el cual se logró que los municipios aprovecharan las ventajas de la modernidad informática, además de lograr que se les extendieran varios premios a la mayoría de los municipios y la elevación de los ingresos propios. Enseguida enumeró los logros obtenidos a su paso por la Secretaría de Fomento Social.
De acuerdo con su versión, los subsidios otorgados por la más poderosa de las secretarías se distribuyeron “con transparencia, equidad, y un verdadero sentido de justicia social”. ¿Antes no?
Prolijo en logros, el informe de Villalobos tuvo el inconveniente de efectuarse en medio de las críticas a la duplicidad de funciones realizadas por la secretaría a su cargo y las desempeñadas al frente de la organización Opción Valores por Chihuahua (que, como se ha repetido insistentemente, lleva las iniciales del aspirante a la gubernatura). De inmediato recibió las críticas del ex diputado César Duarte, quien, para no perder el paso en la carrera mediática, aseguró ir adelante en las preferencias electorales, y expresó que “no se puede presionar o imponer nuestras ideas al partido”.
Interrogado acerca de las encuestas a su favor, afirmó que “dos encuestadoras muy sólidas del país muestran nuestra ventaja, particularmente en la ciudad de Chihuahua, en el Sur del estado, en el Noroeste y que estamos con una competencia real en Ciudad Juárez”. (Nota de Silvia Macías, El Diario, 4/XI/09).
El destape de Villalobos será estudiado por el PAN a fin de, si así lo creen, denunciarlo como un acto anticipado de campaña. “… por haberse destapado a la candidatura por la gubernatura del Estado en tiempos y horas laborales, pero sobre todo por hacerlo en las instalaciones de Palacio de Gobierno”.
Pragmatismo puro el de nuestra clase política. Villalobos inició su alocución lanzando una frase que bien podría retratarla a toda: “El valor de un acto se juzga por su oportunidad”. ¿No por su justeza? ¿No por sus objetivos? ¿No por sus beneficios sociales? ¿No por su valía moral? No, solo por su oportunidad.
Lástima, a lo largo de toda su trayectoria el también deliciense había cosechado simpatías, ahora ha dejado cosas por desear, entre ellas la congruencia política. Así como no dejó el cargo desde el momento en que dio a conocer la fundación de su organización (y el escribiente no se cansará de repetirlo, del mismo modo que el gobernador mexiquense, Ernesto Peña Nieto, lo hace, y en tales acciones el aspirante presidencial no recoge elogios por la ética mostrada) para aprovechar la similitud de funciones de la dependencia púbica y la organización social, ambas bajo su conducción, también intentó aprovechar los recursos públicos a su favor al anunciar su renuncia en Palacio de Gobierno y no, como debería hacerlo, por medio de una simple carta, como lo hacen la casi totalidad de los funcionarios públicos.
¡Ah pero se trataba de dar la impresión, con el acto de pre-renuncia y los mensajes enviados masivamente a los celulares de multitud de chihuahuenses, de ser el “escogido” por el ocupante principal de Palacio de Gobierno!
En ambos eventos se trataba de enviar el mensaje de que había pleno acuerdo con Reyes Baeza para su renuncia a fin de intentar sucederlo. El mensaje a los celulares no tiene desperdicio en ese sentido: “Oscar Villalobos ACUERDA (mayúsculas de LJVF) con el Sr. Gobernador su renuncia a Fomento Social. Competirá por la gubernatura a 2010. Propone elegir al candidato por consulta a la base”.
¿También acordó con el gobernador el nacimiento de su organización, el lugar del anuncio de la renuncia y el momento en que lo haría?
Y hasta en el hecho de enviar mensajes escritos Villalobos se ha metido en camisa de once varas ¿Dónde obtuvieron la base de datos que le permitió enviarlos a tantos y tan disímbolos destinatarios? ¿No se abre, con esta acción, una veta de irregularidades electorales?
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Luis Javier Valero Flores
A la memoria de Carmen Nájera Cruz, mi suegra, a quien lloramos sus hijos, nietos, sobrinos, tíos, hermanos y esposo. La recordaremos, siempre, cantando, alegre, echada pa’lante, decidora, punzante, y eternamente amorosa, dando y recibiendo amor a raudales. La extrañaremos –la extrañamos- y la recordaremos con mucha alegría, con mucha música, como vivió. En su memoria siempre será necesario contar con un mariachi.
No siempre podían los políticos aspirar a recibir tal trato amoroso de parte de ella, y menos en los tiempos actuales.
El “destape” de Oscar Villalobos, al momento de anunciar su renuncia a la Secretaría de Fomento Social le movió el tapete a toda la clase política de la entidad, llevó a que otro protagonista, Carlos Borruel, el alcalde capitalino, debiera adelantar los movimientos en pos de su candidatura, obligó a que el Presidente del órgano electoral, Fernando Herrera Martínez, saliera de la discrecionalidad con la que había actuado hasta la fecha para señalarle a los eventuales aspirantes a los cargos de elección popular “que aún no son los tiempos de hacer actos de campaña” y advertirles acerca de la posibilidad de ser sancionados por la realización de actos anticipados de campaña y logró que el PAN anunciara que está estudiando la posibilidad de denunciar al ex secretario estatal precisamente por la comisión de esa presunta ilegalidad electoral.
Por si fuera poco, la pre-renuncia (sí, porque Villalobos anunció el martes que renunciaría el viernes) llevó a que uno de los más fuertes aspirantes al mismo puesto, el ex diputado federal César Duarte, efectuara las que parecen ser las primeras declaraciones medianamente críticas a alguno de sus adversarios internos en pos de la candidatura al gobierno estatal.
Más aún, al desvelar claramente sus pretensiones, obligó a que los demás aspirantes movieran sus piezas y que aparecieran por lo menos dos encuestas en las que, la de Mitofsky, el ex alcalde juarense, Héctor Murguía, aparece claramente al frente de las preferencias electorales; y otra, la de Consultores y Marketing Político de Gisela Rubach, empresa a la que se le atribuye la autoría de las encuestas encargadas por la dirigencia priista, y por medio de la cual se le atribuyen ventajas a César Duarte para ser el abanderado priista en las elecciones del próximo año.
Además, tales ejercicios demoscópicos sacaron a la luz la realidad (por lo menos la mostrada por estas encuestas) de las preferencias electorales al interior del PAN pues en ellas aparece en primer lugar, con una mediana ventaja (en las preferencias al interior del PAN) del diputado federal Javier Corral, por encima del alcalde Borruel y del senador Gustavo Madero… y arderá Troya en el PAN estatal.
Por encima de lo anterior, ambos ejercicios muestran que si las elecciones se efectuaran hoy (fueron levantadas en los primeros días de octubre) el PRI tendría una más que cómoda ventaja sobre el PAN de más de 20 puntos porcentuales.
Por lo pronto, el adelantamiento de Villalobos obligó al alcalde de Chihuahua, el panista Carlos Borruel, a acelerar los tiempos –por lo menos los públicamente expresados- en que anunciará su pretensión de buscar la candidatura del blanquiazul. Tal conducta fue evidenciada por las actividades desplegadas en la semana por el presidente municipal suplente, el empresario Alvaro Madero quien se presentó como nuevo alcalde ante los policías municipales durante el cambio de lista, así como por las más de dos horas empleadas en reunirse con el jefe de la dependencia, según informó el portal capitalino, La Opción.
Fueron tantas las actividades desarrolladas por los aspirantes que obligaron a Fernando Herrera Martínez, el presidente consejero del IEE, a llamarles la atención y, previsor, antes de que le caiga el mundo encima con las denuncias presentadas por los partidos, los llamó a recordar el nuevo marco legal electoral: “Actividades que por su naturaleza (todos los preparativos de precampaña), deben de estar exentas de difusión pública, ello en espera de los tiempos legales… El Instituto Estatal Electoral es el garante de que dichos procesos se desarrollen acorde a la legislación y también es el facultado para dar consecuencia a los actos que se vulneren, fincando las responsabilidades conducentes a los partidos políticos, precandidatos o aspirantes”.
La presentación de las encuestas, quizá como respuesta al acto de Villalobos, logró el efecto deseado pues le quitó los reflectores al ex secretario y llevó a que la opinión pública centrara su atención a los posibles escenarios electorales del próximo año. Según el sondeo septembrino de Consultores y Marketing Político de Gisela Rubach, el candidato del PRI debe quedar entre Héctor Murguía y César Duarte. La encuesta muestra que la percepción de ambos personajes como el “mejor candidato del PRI a la gubernatura” es de 17% para CDJ y 22% para HML. El 27% no favorece a ninguno de los candidatos contendientes, y el 19% no contesta.
Sin embargo, deberá anotarse que la encuesta efectuada por esta empresa es telefónica, lo que la lleva a tener un menor margen de certeza pues la entidad no tiene una cobertura de más del 70% de domicilios con teléfono, razón la cual un importante sector de la población no es tomado en cuenta en el levantamiento de opiniones.
Otro es el ejercicio de Consulta Mitofsky. Dice la encuesta que el PRI tiene la primera posición en cuanto a la identificación con el partido al obtener 42% de los simpatizantes, “le sigue el panismo que tiene 19% de partidarios. En tanto 30% de los residentes en el estado no manifiesta simpatía alguna por los partidos existentes”.
En cuanto a los niveles de rechazo, también el PRI va adelante al obtener el más bajo con 16%, PVEM el 18 y PAN 20 por ciento; los tres muy por debajo de los mostrados por el otro bloque de partidos, al encabezar, como es de suponerse en una entidad en la que las posiciones conservadoras han ganado amplios espacios en la sociedad, el PRD los niveles de rechazo con el 44%, el PT 37% y Convergencia con el 28%. Nueva Alianza se queda a mitad de la tabla con el 24.
“Basada en las fuerzas partidistas, -dice el reporte- la preferencia electoral para gobernador de Chihuahua, en estos momentos favorece al PRI con el 41% de la intención de voto, superando claramente al PAN que capta el 19% de los apoyos, aunque el 31% de los ciudadanos aún no define el sentido de su voto”.
Así, como se ha informado ampliamente en la semana, de acuerdo con esta encuesta, tomando la opinión del electorado en general, Javier Corral encabeza las preferencias al interior del PAN con el 28% de las simpatías, seguido por el alcalde capitalino Carlos Borruel con el 19% y lejano, el senador Gustavo Madero con el 9%.
Si el mismo sondeo se limita a los panistas la diferencia a favor de Corral disminuye a sólo 6 puntos.
En el caso de la candidatura del PRI, Héctor Murguía tiene la ventaja en la preferencia ciudadana con el 24.5% de las menciones a su favor, después se ubica Alejandro Cano (16.9%), Cesar Duarte (11.3%) y José Reyes (7.7%)”. Cuando se les preguntó a los priistas, Héctor Murguía obtuvo 32.6%, Cano 16.7, Duarte 12.7 y Reyes Ferriz 8.6%. En ambos segmentos de población Oscar Villalobos obtuvo 5% y Fernando Rodríguez Moreno, el líder de los legisladores locales, no alcanza el 1% de las preferencias electorales de esta encuesta.
Necesitado de ubicarse en las preferencias electorales, el ex Secretario de Fomento Social, Oscar Villalobos, cual si fuera un acto de precampaña (que no solo se trata de actos proselitistas en los que expresamente se pide el voto para determinado candidato) en el evento que anunció su renuncia –es decir, la maniobra para tener dos momentos políticos en la semana, el del anuncio y el de la renuncia- dio conocer un balance de su desempeño al frente de la Secretaría de Desarrollo Municipal en los que logró “consolidar una relación de respeto y colaboración con las autoridades de los 67 municipios del Estado”.
Y luego pasa a calificar su trabajo, lo llama “trascendental esfuerzo” mediante el cual se logró que los municipios aprovecharan las ventajas de la modernidad informática, además de lograr que se les extendieran varios premios a la mayoría de los municipios y la elevación de los ingresos propios. Enseguida enumeró los logros obtenidos a su paso por la Secretaría de Fomento Social.
De acuerdo con su versión, los subsidios otorgados por la más poderosa de las secretarías se distribuyeron “con transparencia, equidad, y un verdadero sentido de justicia social”. ¿Antes no?
Prolijo en logros, el informe de Villalobos tuvo el inconveniente de efectuarse en medio de las críticas a la duplicidad de funciones realizadas por la secretaría a su cargo y las desempeñadas al frente de la organización Opción Valores por Chihuahua (que, como se ha repetido insistentemente, lleva las iniciales del aspirante a la gubernatura). De inmediato recibió las críticas del ex diputado César Duarte, quien, para no perder el paso en la carrera mediática, aseguró ir adelante en las preferencias electorales, y expresó que “no se puede presionar o imponer nuestras ideas al partido”.
Interrogado acerca de las encuestas a su favor, afirmó que “dos encuestadoras muy sólidas del país muestran nuestra ventaja, particularmente en la ciudad de Chihuahua, en el Sur del estado, en el Noroeste y que estamos con una competencia real en Ciudad Juárez”. (Nota de Silvia Macías, El Diario, 4/XI/09).
El destape de Villalobos será estudiado por el PAN a fin de, si así lo creen, denunciarlo como un acto anticipado de campaña. “… por haberse destapado a la candidatura por la gubernatura del Estado en tiempos y horas laborales, pero sobre todo por hacerlo en las instalaciones de Palacio de Gobierno”.
Pragmatismo puro el de nuestra clase política. Villalobos inició su alocución lanzando una frase que bien podría retratarla a toda: “El valor de un acto se juzga por su oportunidad”. ¿No por su justeza? ¿No por sus objetivos? ¿No por sus beneficios sociales? ¿No por su valía moral? No, solo por su oportunidad.
Lástima, a lo largo de toda su trayectoria el también deliciense había cosechado simpatías, ahora ha dejado cosas por desear, entre ellas la congruencia política. Así como no dejó el cargo desde el momento en que dio a conocer la fundación de su organización (y el escribiente no se cansará de repetirlo, del mismo modo que el gobernador mexiquense, Ernesto Peña Nieto, lo hace, y en tales acciones el aspirante presidencial no recoge elogios por la ética mostrada) para aprovechar la similitud de funciones de la dependencia púbica y la organización social, ambas bajo su conducción, también intentó aprovechar los recursos públicos a su favor al anunciar su renuncia en Palacio de Gobierno y no, como debería hacerlo, por medio de una simple carta, como lo hacen la casi totalidad de los funcionarios públicos.
¡Ah pero se trataba de dar la impresión, con el acto de pre-renuncia y los mensajes enviados masivamente a los celulares de multitud de chihuahuenses, de ser el “escogido” por el ocupante principal de Palacio de Gobierno!
En ambos eventos se trataba de enviar el mensaje de que había pleno acuerdo con Reyes Baeza para su renuncia a fin de intentar sucederlo. El mensaje a los celulares no tiene desperdicio en ese sentido: “Oscar Villalobos ACUERDA (mayúsculas de LJVF) con el Sr. Gobernador su renuncia a Fomento Social. Competirá por la gubernatura a 2010. Propone elegir al candidato por consulta a la base”.
¿También acordó con el gobernador el nacimiento de su organización, el lugar del anuncio de la renuncia y el momento en que lo haría?
Y hasta en el hecho de enviar mensajes escritos Villalobos se ha metido en camisa de once varas ¿Dónde obtuvieron la base de datos que le permitió enviarlos a tantos y tan disímbolos destinatarios? ¿No se abre, con esta acción, una veta de irregularidades electorales?
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
sábado, 7 de noviembre de 2009
Lo que faltaba, escuadrones de la muerte
El Diario, 5 de noviembre 2009
Luis Javier Valero Flores
No hay vuelta de hoja, las terribles declaraciones del alcalde de San Pedro Garza García, el panista Mauricio Fernández Garza, en las que informó de la ejecución de cuatro personas, -presuntamente secuestradores- por lo menos cuatro horas antes de su hallazgo por las autoridades del DF, casi seis horas antes de su identificación por esas autoridades y cuya muerte ocurrió entre 48 y 72 antes del hallazgo, es la mejor evidencia que el alcalde participa de la comisión de un delito.
No es cualquier delito, sus declaraciones mueven a honda preocupación pues de ellas puede derivarse que estaba plenamente informado de la comisión de un delito, que pudo participar en él y antes de informar a la ciudadanía de ello debió avisarle a la autoridad correspondiente… y a los padres y familiares de los caídos, cualesquiera que fuera su estatus legal y las actividades que desempeñase.
No bastó lo anterior, en los días siguientes, al tratar de explicar lo inexplicable, Mauricio Fernández Garza reiteró que creará un grupo de inteligencia y un “equipo rudo”, cuya actuación no está prevista en ley alguna, para obligar al crimen organizado “a largarse del municipio por las buenas o por las malas”.
Fue más allá, aclaró que se tomarían atribuciones por fuera de la ley –me voy a brincar las trancas, dijo- en lo que pudiera ser la primera manifestación de algún funcionario gubernamental en reconocer ser partícipe de una parte del fenómeno que nos faltaba en el país.
Ya en la década pasada, en el antiguo Paso del Norte, cuando los números de ejecutados eran infinitamente menores a los actuales, un fenómeno semejante probablemente sufrimos los chihuahuenses, las desapariciones forzadas, que en el lenguaje del norte de México recibieron su denominación más justa: Los levantados.
En aquellos años hubo no pocas informaciones en las que predominaban algunos rasgos, tan preocupantes como los ahora desatados con motivo de las declaraciones de Fernández, algunos de los cuales consistían, en una buena parte de los casos, en que los comandos “levantadores” vestían uniformes del ejército o de la policía federal (entonces la PGR) y los movimientos del comando para efectuar su tarea eran perfectamente sincronizados, como si el lazo común fuera un evidente adiestramiento militar.
Pero si preocupa la existencia de tales grupos, más lo hacen las declaraciones de los panistas en el gobierno; además de la de Fernández Garza, el martes se sumaron las del ex precandidato presidencial del PAN, y ahora senador de la república, además de destacado consejero ciudadano del IFE a mitad de los 90’s, Santiago Creel, quien calificó como “muy loable que un presidente municipal tenga esa convicción y esa determinación de acabar con el crimen, particularmente, en su municipio, pero también habría que tener muy en cuenta cuáles son las facultades de los presidentes municipales, de los gobiernos estatales y de la federación” y reconoció al presidente municipal por “tomar al toro por los cuernos”.
Más aún, en tan lamentables hechos, Fernández Garza no se quedó solo, afirmó que “Cuando a mí me llegó la información yo le pregunté al gobernador (el priista Rodrigo Medina). Me dijo que sí, que él también había recibido información al respecto”. ¿O sea, entre ambos tienen una evidente liga que les permite acceder a tan puntual información? Se podría deducir, por tanto, que estamos ante la posibilidad de una acción concertada entre el gobernador y el alcalde, orientada, fundamentalmente, a romper el orden legal vigente.
¡Y Fernández Garza lo hacía, precisamente, el día que juraba, otra vez, respetar y hacer respetar la ley!
Así, el círculo parece completarse: Calderón permite emplear al ejército en actividades fuera de su ámbito legal (por lo menos sin que tal acción fuese aprobada mediante los mecanismos contenidos en la norma constitucional) y luego, desde el poder, se organiza a grupos extralegales ¿Ese es el fenómeno al que asistimos ahora?
Por el bien de la Nación, antes de que sea demasiado tarde, todas las autoridades involucradas deberán informar, creíblemente, del presente caso, de ello dependen muchas cosas, una de ellas, esencial, la plena vigencia del estado de derecho que nos dimos.
PD.- Mil disculpas a los lectores del escribiente, por razones fuera de nuestra capacidad no apareció la colaboración del martes anterior, lo siento.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
No hay vuelta de hoja, las terribles declaraciones del alcalde de San Pedro Garza García, el panista Mauricio Fernández Garza, en las que informó de la ejecución de cuatro personas, -presuntamente secuestradores- por lo menos cuatro horas antes de su hallazgo por las autoridades del DF, casi seis horas antes de su identificación por esas autoridades y cuya muerte ocurrió entre 48 y 72 antes del hallazgo, es la mejor evidencia que el alcalde participa de la comisión de un delito.
No es cualquier delito, sus declaraciones mueven a honda preocupación pues de ellas puede derivarse que estaba plenamente informado de la comisión de un delito, que pudo participar en él y antes de informar a la ciudadanía de ello debió avisarle a la autoridad correspondiente… y a los padres y familiares de los caídos, cualesquiera que fuera su estatus legal y las actividades que desempeñase.
No bastó lo anterior, en los días siguientes, al tratar de explicar lo inexplicable, Mauricio Fernández Garza reiteró que creará un grupo de inteligencia y un “equipo rudo”, cuya actuación no está prevista en ley alguna, para obligar al crimen organizado “a largarse del municipio por las buenas o por las malas”.
Fue más allá, aclaró que se tomarían atribuciones por fuera de la ley –me voy a brincar las trancas, dijo- en lo que pudiera ser la primera manifestación de algún funcionario gubernamental en reconocer ser partícipe de una parte del fenómeno que nos faltaba en el país.
Ya en la década pasada, en el antiguo Paso del Norte, cuando los números de ejecutados eran infinitamente menores a los actuales, un fenómeno semejante probablemente sufrimos los chihuahuenses, las desapariciones forzadas, que en el lenguaje del norte de México recibieron su denominación más justa: Los levantados.
En aquellos años hubo no pocas informaciones en las que predominaban algunos rasgos, tan preocupantes como los ahora desatados con motivo de las declaraciones de Fernández, algunos de los cuales consistían, en una buena parte de los casos, en que los comandos “levantadores” vestían uniformes del ejército o de la policía federal (entonces la PGR) y los movimientos del comando para efectuar su tarea eran perfectamente sincronizados, como si el lazo común fuera un evidente adiestramiento militar.
Pero si preocupa la existencia de tales grupos, más lo hacen las declaraciones de los panistas en el gobierno; además de la de Fernández Garza, el martes se sumaron las del ex precandidato presidencial del PAN, y ahora senador de la república, además de destacado consejero ciudadano del IFE a mitad de los 90’s, Santiago Creel, quien calificó como “muy loable que un presidente municipal tenga esa convicción y esa determinación de acabar con el crimen, particularmente, en su municipio, pero también habría que tener muy en cuenta cuáles son las facultades de los presidentes municipales, de los gobiernos estatales y de la federación” y reconoció al presidente municipal por “tomar al toro por los cuernos”.
Más aún, en tan lamentables hechos, Fernández Garza no se quedó solo, afirmó que “Cuando a mí me llegó la información yo le pregunté al gobernador (el priista Rodrigo Medina). Me dijo que sí, que él también había recibido información al respecto”. ¿O sea, entre ambos tienen una evidente liga que les permite acceder a tan puntual información? Se podría deducir, por tanto, que estamos ante la posibilidad de una acción concertada entre el gobernador y el alcalde, orientada, fundamentalmente, a romper el orden legal vigente.
¡Y Fernández Garza lo hacía, precisamente, el día que juraba, otra vez, respetar y hacer respetar la ley!
Así, el círculo parece completarse: Calderón permite emplear al ejército en actividades fuera de su ámbito legal (por lo menos sin que tal acción fuese aprobada mediante los mecanismos contenidos en la norma constitucional) y luego, desde el poder, se organiza a grupos extralegales ¿Ese es el fenómeno al que asistimos ahora?
Por el bien de la Nación, antes de que sea demasiado tarde, todas las autoridades involucradas deberán informar, creíblemente, del presente caso, de ello dependen muchas cosas, una de ellas, esencial, la plena vigencia del estado de derecho que nos dimos.
PD.- Mil disculpas a los lectores del escribiente, por razones fuera de nuestra capacidad no apareció la colaboración del martes anterior, lo siento.
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domingo, 1 de noviembre de 2009
No tienen vergüenza
El Diario, 1o de noviembre 2009
Luis Javier Valero Flores
En sus primeros ochenta años a Lucila Flores, que es mi madre, sí señores… y, además, autora del título de este trabajo, pa’ que vean donde se encuentra la autoría intelectual
Chicanadas, cinismo, ira, impotencia y, por si fuera poco, más ira a causa de la pretensión de los senadores priistas por hacernos creer que ellos no aprobaron, finalmente, el paquete fiscal que elevó el IVA y mantuvo incólumes los privilegios fiscales a los señorones de México.
Como si fuera una vil jugarreta, aplicada a párvulos, los senadores priistas resolvieron, abstenerse como grupo parlamentario en la votación del paquete fiscal (en especial, el del aumento al IVA) y dejar, por tanto, en mayoría a los senadores del PAN, coludidos con los del Verde, y de esa manera superar a los senadores de PRD, PC y PT.
Son de antología los priistas, sí, pues los senadores panistas, a pesar de los pataleos de última hora, realizados no porque no quisieran aprobar el paquetazo sino porque no querían quedarse solos en su aprobación y pretendían que el “costo político”, la frase más usada por la clase política mexicana en estos días, también fuera asumido por los priistas.
Al final surtió efectos la negociación. Para no cargar con tan indeseable mercancía –los costos políticos- el PRI ¡Oh, maravilla de ingenio político! Resolvió que la mayoría de sus senadores abandonaran el salón de sesiones al momento de votar y dejar solamente a diez de ellos para que, en el caso de la rebelión de algunos senadores panistas, el bloque aprobador del paquetazo lo sacara adelante. Como se aseguró la votación disciplinadita de la absoluta mayoría de los panistas (como antes, en el viejo régimen priista), entonces los priistas presentes en el salón votaron por la abstención, es decir, ni a favor, ni en contra, sino todo lo contrario.
Dan pena ajena. Si no fueran tan dañinos darían lastima.
¿A quién creen engañar? Está tan fácil de desmenuzar tal conducta ¿A qué país pretenden engañar? ¡Ah, cómo nos desprecian! ¡Ah como insultan a la inteligencia de un pueblo siempre presto a volver a creer en sus políticos cada campaña!
¡Cuánto escándalo, cuánto desgarrarse las vestiduras en los días previos de que no aprobarían el paquetazo! ¿Así pretenden ir a elecciones en doce entidades el año próximo, diez de ellas a gobernador? ¿Creen que la gente no les increpará, no les reclamará sus incumplidas promesas de actuar siempre a favor de los intereses de la mayoría?
¿Creerán los senadores Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Fernando Baeza, María de los Angeles Moreno y demás que la gente se tragará el cuento de que ellos no aprobaron tan irracionales medidas?
¿Acaso los legisladores federales priistas chihuahuenses no recordaron los continuos reclamos de la ciudadanía, en la pasada campaña electoral, casi en cada ocasión que se encontraban al ex alcalde panista de la capital, Juan Blanco, en los que le increpaban -¿Y los cinco millones?
Ni duda tengan, dirigentes y candidatos priistas, en la campaña electoral, y antes en la precampaña, con la cuesta de enero encima, con la inflación de inicios de año, con la abrupta disminución de empleos y el aumento de los impuestos –cobro de predial mediante- los reclamos de la ciudadanía serán cosa de todos los días, serán perseguidos constantemente por ellos, sin necesidad de que fuerza alguna los organice; serán manifestaciones naturales a la extremada insensibilidad mostrada en las posturas ahora enjuiciadas.
53 senadores se manifestaron a favor del incremento y 28 (incluyendo a la senadora panista Lázara Nelly González) lo hicieron en contra, en tanto que ocho se abstuvieron. Previamente, hasta una comida les ofreció Felipe Calderón a los senadores de su partido para “convencerlos” de votar la que era, finalmente, su propuesta. Tanto Calderón como funcionarios de la Secretaría de Hacienda, les hablaron de la “debacle financiera” que se daría en el país si no se aprobaba el aumento del IVA.
La presión llegó, incluso, a que Calderón les hablase personalmente a los senadores panistas reacios al paquetazo.
Sin embargo, una cosa no concuerda (entre otras muchas), el jueves, en un acto en el que inusitadamente Calderón regañó a los empresarios –por pagar solamente el 1.7 % de sus utilidades- afirmó que el hoyo fiscal para el próximo año sería, no de los 300 mil millones de pesos (mmdp) como habían afirmado los días anteriores, sino de casi 400 mmdp y por el paquetazo sólo alcanzarán a recaudar poco más de 100 mmdp ¿Entonces?
Sin duda todas las manifestaciones de los senadores, del PRI y del PAN van directitas a los anales de la picaresca mexicana.
La preocupación fundamental de los senadores de ambos grupos políticos (por supuesto también de sus respectivas dirigencias y fundamentalmente de los suspirantes para el 2012) era el costo político derivado de la aprobación. Quien mejor lo reflejó fue, coincidentemente, un senador chihuahuense, el juarense Ramón Galindo, si el PRI no vota, -dijo- “nosotros tampoco, aunque no haya IVA”.
Fue en ese lapso, de cuando advirtieron, una parte de los senadores blanquiazules, que no aprobarían el paquetazo cuando patalearon, regañaron a Madero, a Carstens (a éste porque hizo aparecer al gobierno federal como el autor intelectual de los aumentos fiscales), no porque pensaran en las dificultades que le provocarían a la mayoría de la población, sino porque se negaban a asumir el “costo político”, por eso declaraban, enfáticos, que si el PRI no votaba a favor del paquetazo, tampoco ellos.
¡Cuánto amor a la patria! Ninguna preocupación por el país, solamente la derivada de los costos políticos, el no cargar con la crítica popular por tales medidas, contrarias a todas las efectuadas por el resto de los países desarrolladas, en particular a las adoptadas por el gobierno norteamericano, las mismas que le han permitido a los estadounidenses tener un incremento del 3.5% del PIB en el último trimestre, aplicando una política anticíclica en la que lo predominante fueron la disminución de impuestos a los trabajadores, empleados, pequeñas y medianas empresas; disminución de las tasas de intereses bancarios, a las de tarjetas de crédito, financiamientos a los grandes grupos corporativos y bancarios con una mayoritaria vigilancia gubernamental sobre todos ellos.
Sobre los senadores panistas se ejercieron todas las presiones del mundo, incluida una comida con Felipe Calderón (para que no quede duda acerca de la paternidad de las medidas aprobadas), a pesar de las desesperadas frases de algunos senadores del blanquiazul, finalmente desdeñadas, como la de Ricardo García Cervantes: “No debemos equivocarnos, nuestra lealtad es con el pueblo”.
Algunos priístas anunciaron que votarían en contra, como el sinaloense Mario López Valdez, a quien el Congreso de su estado le pidió no aprobara ningún gravamen que implique menoscabo de la economía de familias desprotegida. ¿Y ahora qué van a decirle a sus representados?
En ese mar de desconciertos e incongruencias, hasta Calderón, (a quien Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, los ex funcionarios del gabinete de Vicente Fox, le intensos afanes obsesivos por legitimarse ante la constante deslegitimación de sus opositores por la “supuesta” derrota en 2006) se lanzó en una increíble campaña denostadora de los empresarios, a quienes acusó de pagar sólo el 1.7 por ciento de impuestos. “No se les piden sacrificios extremos ni que aporten más que un dentista o un empleado” les dijo a los tiburones de la empresa privada. Luego, ridículamente, se desdijo ante las múltiples quejas y desmentidos de todos los organismos empresariales y los más destacados integrantes de tal gremio, el más beneficiado en lo que para ellos México es un verdadero paraíso fiscal.
“Está bien que los empresarios tengan actividades filantrópicas, patrocinen eventos deportivos y culturales y nos regalen equipos médicos, pero también que paguen aunque sea una parte de los impuestos… Lo que me parece inaceptable es que haya grandes corporativos que le exigen al gobierno que recorte su gasto, y el gobierno lo recorta; que le exigen al gobierno que ponga impuestos sobre alimentos y medicinas de la gente más pobre, pero a la hora de ver sus cifras, en promedio pagan 1.7 por ciento durante varios años. Esto ya no puede ser”, les diría, en un remedo de las semejantes expresiones usadas por Andrés Manuel López Obrador a lo largo de ya casi cuatro años, en un discurso que hizo recordar el pronunciado ante los 300 Líderes más influyentes de México, en septiembre de 2007, cuando les reprochó que habían construido fortunas sobre la sangre y dolor de los mexicanos. Y rechazó las acusaciones del PRI, acerca del aumento de los mandos medios y superiores en la administración pública federal.
Y funciona tan bien el aparato gubernamental que al día siguiente, el Secretario de Hacienda le enmendó la plana a Calderón, al enfatizar que los empresarios pagan sus impuestos de acuerdo con el marco legal y que, incluso, la recaudación fiscal obtenida de ese gremio representa el 35% del total.
Al momento de redactar la presente colaboración editorial aún restaba por aprobarse el resto del paquetazo. Podrán aprobar lo que sea pero el daño ya está hecho, y no sólo a la endeble economía popular, también a los escasos niveles de credibilidad ciudadana sobre la clase política, los partidos y los gobernantes.
Por lo menos, ahora sí, le hicieron caso a la propuesta de exentar del pago de ISR a las personas físicas que ganen hasta seis salarios mínimos, equivalente a 10 mil 298.35 pesos mensuales, en lugar de los cuatro mini-salarios aprobado por la Cámara de Diputados y a la propuesta de Francisco Labastida para que en el régimen de consolidación fiscal las empresas paguen sus impuestos diferidos en cinco años.
Sólo nos falta, ahora, el espectáculo de verlos, a todos, tratar de justificar las medidas, de endosárselas a los de enfrente, tratando de adjudicarles “el costo político” a sus oponentes y, por supuesto, intentando sacar la mejor tajada de los recursos presupuestarios aprobados.
No se necesita tanta ciencia para concluir que la recaudación será menor a la esperada por nuestros “genios” fiscales y a que la emergencia económica se acentuará, salvo ¡Bendita dependencia de la economía norteamericana! que nuestros vecinos poco a poco empiecen a dejar atrás la profunda crisis económica, pero los costos que deberán pagar los mexicanos serán altísimos ¿Y eso qué importancia tiene para la cúpula dominante?
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Luis Javier Valero Flores
En sus primeros ochenta años a Lucila Flores, que es mi madre, sí señores… y, además, autora del título de este trabajo, pa’ que vean donde se encuentra la autoría intelectual
Chicanadas, cinismo, ira, impotencia y, por si fuera poco, más ira a causa de la pretensión de los senadores priistas por hacernos creer que ellos no aprobaron, finalmente, el paquete fiscal que elevó el IVA y mantuvo incólumes los privilegios fiscales a los señorones de México.
Como si fuera una vil jugarreta, aplicada a párvulos, los senadores priistas resolvieron, abstenerse como grupo parlamentario en la votación del paquete fiscal (en especial, el del aumento al IVA) y dejar, por tanto, en mayoría a los senadores del PAN, coludidos con los del Verde, y de esa manera superar a los senadores de PRD, PC y PT.
Son de antología los priistas, sí, pues los senadores panistas, a pesar de los pataleos de última hora, realizados no porque no quisieran aprobar el paquetazo sino porque no querían quedarse solos en su aprobación y pretendían que el “costo político”, la frase más usada por la clase política mexicana en estos días, también fuera asumido por los priistas.
Al final surtió efectos la negociación. Para no cargar con tan indeseable mercancía –los costos políticos- el PRI ¡Oh, maravilla de ingenio político! Resolvió que la mayoría de sus senadores abandonaran el salón de sesiones al momento de votar y dejar solamente a diez de ellos para que, en el caso de la rebelión de algunos senadores panistas, el bloque aprobador del paquetazo lo sacara adelante. Como se aseguró la votación disciplinadita de la absoluta mayoría de los panistas (como antes, en el viejo régimen priista), entonces los priistas presentes en el salón votaron por la abstención, es decir, ni a favor, ni en contra, sino todo lo contrario.
Dan pena ajena. Si no fueran tan dañinos darían lastima.
¿A quién creen engañar? Está tan fácil de desmenuzar tal conducta ¿A qué país pretenden engañar? ¡Ah, cómo nos desprecian! ¡Ah como insultan a la inteligencia de un pueblo siempre presto a volver a creer en sus políticos cada campaña!
¡Cuánto escándalo, cuánto desgarrarse las vestiduras en los días previos de que no aprobarían el paquetazo! ¿Así pretenden ir a elecciones en doce entidades el año próximo, diez de ellas a gobernador? ¿Creen que la gente no les increpará, no les reclamará sus incumplidas promesas de actuar siempre a favor de los intereses de la mayoría?
¿Creerán los senadores Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Fernando Baeza, María de los Angeles Moreno y demás que la gente se tragará el cuento de que ellos no aprobaron tan irracionales medidas?
¿Acaso los legisladores federales priistas chihuahuenses no recordaron los continuos reclamos de la ciudadanía, en la pasada campaña electoral, casi en cada ocasión que se encontraban al ex alcalde panista de la capital, Juan Blanco, en los que le increpaban -¿Y los cinco millones?
Ni duda tengan, dirigentes y candidatos priistas, en la campaña electoral, y antes en la precampaña, con la cuesta de enero encima, con la inflación de inicios de año, con la abrupta disminución de empleos y el aumento de los impuestos –cobro de predial mediante- los reclamos de la ciudadanía serán cosa de todos los días, serán perseguidos constantemente por ellos, sin necesidad de que fuerza alguna los organice; serán manifestaciones naturales a la extremada insensibilidad mostrada en las posturas ahora enjuiciadas.
53 senadores se manifestaron a favor del incremento y 28 (incluyendo a la senadora panista Lázara Nelly González) lo hicieron en contra, en tanto que ocho se abstuvieron. Previamente, hasta una comida les ofreció Felipe Calderón a los senadores de su partido para “convencerlos” de votar la que era, finalmente, su propuesta. Tanto Calderón como funcionarios de la Secretaría de Hacienda, les hablaron de la “debacle financiera” que se daría en el país si no se aprobaba el aumento del IVA.
La presión llegó, incluso, a que Calderón les hablase personalmente a los senadores panistas reacios al paquetazo.
Sin embargo, una cosa no concuerda (entre otras muchas), el jueves, en un acto en el que inusitadamente Calderón regañó a los empresarios –por pagar solamente el 1.7 % de sus utilidades- afirmó que el hoyo fiscal para el próximo año sería, no de los 300 mil millones de pesos (mmdp) como habían afirmado los días anteriores, sino de casi 400 mmdp y por el paquetazo sólo alcanzarán a recaudar poco más de 100 mmdp ¿Entonces?
Sin duda todas las manifestaciones de los senadores, del PRI y del PAN van directitas a los anales de la picaresca mexicana.
La preocupación fundamental de los senadores de ambos grupos políticos (por supuesto también de sus respectivas dirigencias y fundamentalmente de los suspirantes para el 2012) era el costo político derivado de la aprobación. Quien mejor lo reflejó fue, coincidentemente, un senador chihuahuense, el juarense Ramón Galindo, si el PRI no vota, -dijo- “nosotros tampoco, aunque no haya IVA”.
Fue en ese lapso, de cuando advirtieron, una parte de los senadores blanquiazules, que no aprobarían el paquetazo cuando patalearon, regañaron a Madero, a Carstens (a éste porque hizo aparecer al gobierno federal como el autor intelectual de los aumentos fiscales), no porque pensaran en las dificultades que le provocarían a la mayoría de la población, sino porque se negaban a asumir el “costo político”, por eso declaraban, enfáticos, que si el PRI no votaba a favor del paquetazo, tampoco ellos.
¡Cuánto amor a la patria! Ninguna preocupación por el país, solamente la derivada de los costos políticos, el no cargar con la crítica popular por tales medidas, contrarias a todas las efectuadas por el resto de los países desarrolladas, en particular a las adoptadas por el gobierno norteamericano, las mismas que le han permitido a los estadounidenses tener un incremento del 3.5% del PIB en el último trimestre, aplicando una política anticíclica en la que lo predominante fueron la disminución de impuestos a los trabajadores, empleados, pequeñas y medianas empresas; disminución de las tasas de intereses bancarios, a las de tarjetas de crédito, financiamientos a los grandes grupos corporativos y bancarios con una mayoritaria vigilancia gubernamental sobre todos ellos.
Sobre los senadores panistas se ejercieron todas las presiones del mundo, incluida una comida con Felipe Calderón (para que no quede duda acerca de la paternidad de las medidas aprobadas), a pesar de las desesperadas frases de algunos senadores del blanquiazul, finalmente desdeñadas, como la de Ricardo García Cervantes: “No debemos equivocarnos, nuestra lealtad es con el pueblo”.
Algunos priístas anunciaron que votarían en contra, como el sinaloense Mario López Valdez, a quien el Congreso de su estado le pidió no aprobara ningún gravamen que implique menoscabo de la economía de familias desprotegida. ¿Y ahora qué van a decirle a sus representados?
En ese mar de desconciertos e incongruencias, hasta Calderón, (a quien Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, los ex funcionarios del gabinete de Vicente Fox, le intensos afanes obsesivos por legitimarse ante la constante deslegitimación de sus opositores por la “supuesta” derrota en 2006) se lanzó en una increíble campaña denostadora de los empresarios, a quienes acusó de pagar sólo el 1.7 por ciento de impuestos. “No se les piden sacrificios extremos ni que aporten más que un dentista o un empleado” les dijo a los tiburones de la empresa privada. Luego, ridículamente, se desdijo ante las múltiples quejas y desmentidos de todos los organismos empresariales y los más destacados integrantes de tal gremio, el más beneficiado en lo que para ellos México es un verdadero paraíso fiscal.
“Está bien que los empresarios tengan actividades filantrópicas, patrocinen eventos deportivos y culturales y nos regalen equipos médicos, pero también que paguen aunque sea una parte de los impuestos… Lo que me parece inaceptable es que haya grandes corporativos que le exigen al gobierno que recorte su gasto, y el gobierno lo recorta; que le exigen al gobierno que ponga impuestos sobre alimentos y medicinas de la gente más pobre, pero a la hora de ver sus cifras, en promedio pagan 1.7 por ciento durante varios años. Esto ya no puede ser”, les diría, en un remedo de las semejantes expresiones usadas por Andrés Manuel López Obrador a lo largo de ya casi cuatro años, en un discurso que hizo recordar el pronunciado ante los 300 Líderes más influyentes de México, en septiembre de 2007, cuando les reprochó que habían construido fortunas sobre la sangre y dolor de los mexicanos. Y rechazó las acusaciones del PRI, acerca del aumento de los mandos medios y superiores en la administración pública federal.
Y funciona tan bien el aparato gubernamental que al día siguiente, el Secretario de Hacienda le enmendó la plana a Calderón, al enfatizar que los empresarios pagan sus impuestos de acuerdo con el marco legal y que, incluso, la recaudación fiscal obtenida de ese gremio representa el 35% del total.
Al momento de redactar la presente colaboración editorial aún restaba por aprobarse el resto del paquetazo. Podrán aprobar lo que sea pero el daño ya está hecho, y no sólo a la endeble economía popular, también a los escasos niveles de credibilidad ciudadana sobre la clase política, los partidos y los gobernantes.
Por lo menos, ahora sí, le hicieron caso a la propuesta de exentar del pago de ISR a las personas físicas que ganen hasta seis salarios mínimos, equivalente a 10 mil 298.35 pesos mensuales, en lugar de los cuatro mini-salarios aprobado por la Cámara de Diputados y a la propuesta de Francisco Labastida para que en el régimen de consolidación fiscal las empresas paguen sus impuestos diferidos en cinco años.
Sólo nos falta, ahora, el espectáculo de verlos, a todos, tratar de justificar las medidas, de endosárselas a los de enfrente, tratando de adjudicarles “el costo político” a sus oponentes y, por supuesto, intentando sacar la mejor tajada de los recursos presupuestarios aprobados.
No se necesita tanta ciencia para concluir que la recaudación será menor a la esperada por nuestros “genios” fiscales y a que la emergencia económica se acentuará, salvo ¡Bendita dependencia de la economía norteamericana! que nuestros vecinos poco a poco empiecen a dejar atrás la profunda crisis económica, pero los costos que deberán pagar los mexicanos serán altísimos ¿Y eso qué importancia tiene para la cúpula dominante?
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