domingo, 29 de diciembre de 2019

Vuelco histórico ¿Tendrá continuidad?


El Diario, 29 de diciembre de 2019
Luis Javier Valero Flores
Desearles, con tanta antelación, parabienes para el próximo año, se explica porque la noche vieja nos llegará el martes. 
Hoy pareciera ser mejor oportunidad para reflexionar sobre lo ocurrido en el año que nos deja y atisbar sobre el próximo.
A diferencia de la mayoría de las reflexiones publicadas, la de ahora estará más impregnada de las concepciones personales, personalísimas, pues resulta casi imposible realizar lo que en la mayor parte de los casos se ha podido hacer, esto es, poner distancia de los acontecimientos y de sus protagonistas para tratar de ofrecer una visión lo más imparcial que se puede.
Lo vivido en estos primeros trece meses del gobierno de López Obrador es impactante. 
No sólo casi desarticula al régimen de partidos existentes -los que siguen existiendo, pero casi en la marginalidad a la que eran sometidos los de la oposición al régimen de la presidencia imperial, en el priato-, sino que trajo al primer plano, de todos los sectores sociales, la discusión sobre la “cosa” pública.
Hoy todo mundo discute, a favor o en contra, acerca las acciones realizadas por el gobierno de la 4T.
Lo ocurrido en estos meses es avasallante. No todo lo realizado por AMLO debe recibir el beneplácito. Una certidumbre sí le queda al escribiente: La de que AMLO queda a deber en el cumplimiento de un programa de izquierda.
Solo hasta ahora, muchos de nosotros nos percatamos que AMLO no comparte muchos de los planteamientos de esa izquierda.
Más allá de tales diferencias hay una quizá más importante: La de que no se podrá efectuarse ninguna gran transformación democrática en el país si se les deja a los operadores del antiguo régimen tal tarea.
Eso ocurre hoy a lo largo de todo el país. 
Al grito de que había de sumarse a todos los que se opusieran a la continuidad del régimen se han abierto, en demasía, las puertas del ejercicio público a quienes solo cambiaron de bando en los últimos meses previos a la lección presidencial.
Que realizaran tal viraje no es malo, el problema es que, como ha ocurrido en el país desde fines del siglo pasado -con la llegada de la alternancia partidaria en el gobierno- una buena parte de la clase política decidió realizar una ruta itinerante que abarcaba a cuanto partido político se les atravesaba -siempre y cuando percibieran que podían ganar la siguiente elección en ese organismo-. 
Como no se les exigía mayor identificación programática con el nuevo partido, tan solo la posibilidad de ganar la contienda, las candidaturas de Morena, y los puestos de gobierno otorgados por el gobierno emanado de este partido, se han visto abarrotados -como si fuera la Basílica de Guadalupe en plena celebración de la virgen “morena”- de integrantes de todo tipo de la clase política.
¿Los que ahí estaban eran “castos y puros”? ¿Todos?
Por supuesto, no, pero los que llegaban lo hacían sin cambiar, ni sus concepciones políticas ni, peor, las formas de operar políticamente. 
El mejor reflejo de ello es lo que ocurre al interior de Morena, a lo largo de prácticamente todo el país: Las disputas por las candidaturas futuras, por los cargos públicos; las decisiones en los órganos legislativos y los escándalos protagonizados por legisladores y funcionarios públicos del morenaje son penosamente frecuentes.
Lo peor está en la descarnada disputa por la presidencia del Comité Nacional, a la que López Obrador debiera poner punto final.
Es un escándalo y una vergüenza para la militancia, sin duda, lo mejor  en el triunfo de López Obrador.
¿Y porqué AMLO debiera ponerle punto final? ¿Acaso no es una incongruencia plantear tal pretensión, habida cuenta de tanto que se combatió la conjunción del partido gobernante y el gobierno?
El problema es que López Obrador diseñó -y se le dejó hacer- a Morena como el instrumento para acceder a la presidencia. Su voz era la definitoria. Hoy que no está, los que se quedaron han sido incapaces de mantener una vida institucional como partido, fracturado el Comité Nacional exactamente por la mitad ha impedido el regreso a la institucionalidad y la elección de la dirigencia de Morena en todos los niveles.
Tal cosa sucede a un año de que deban designar los candidatos a la Cámara de Diputados, a catorce gubernaturas, a alrededor de mil alcaldías y cientos de diputados locales.
Así, a la tarea casi única para la que ha servido Morena, la electoral, está a punto de no servir ni para eso, menos para acompañar al gobierno de AMLO, como un partido que sirva de guía, de vigilante y de reflexión a quienes llegan a los puestos gubernamentales y no solamente como el panegirista de la 4T.
Bueno, ese partido, si AMLO no interviene, no les servirá para la principal de las tareas electorales, mantener la mayoría en la siguiente legislatura y podrán encontrar muy duros obstáculos para darle continuidad a los planes de gobierno de López Obrador.
Lo que pondrá en riesgo la continuidad de los rasgos más positivos del gobierno de Andrés Manuel, como el de la austeridad y en la lucha contra la corrupción, la cercanía al pueblo, la abrupta disminución de los privilegios de los funcionarios, el flujo de dinero a los sectores y zonas más pobres y la paulatina recuperación económica de estos sectores, que poco impactan en las cifras macroeconómicas, -por los montos en relación al total de la producción nacional- pero que sí influye en las tienditas de “la esquina”, de la colonia, del barrio, o de los pueblos más pequeños del país entero, que confirman el dato de que en alrededor de la mitad de los domicilios del país vive alguien beneficiario de alguno de los programas de Bienestar Social de la 4T.
Es de tal severidad de la crisis económica padecida que, al llegar al gobierno, la izquierda que enarboló durísimas críticas a las políticas neoliberales (incluido el mismísimo presidente López Obrador), ahora se ufana de que las finanzas “se mantienen estables”, frase que criticaron hasta el cansancio en los sexenios de los gobiernos panistas, pero que contrasta con el cero crecimiento en el año que termina, ¡El más bajo en décadas!
Mantener los indicadores financieros no es un logro menor, obtenido a base de darle continuidad, en términos generales, a la política económica de los gobiernos previos.
Puede que el país no sea más rico, pero una parte de la riqueza, la que puede derivarse del gasto gubernamental, se ha repartido un poco mejor a través de los programas dirigidos a los sectores más pobres, especialmente a los indígenas; y también con becas, programas de capacitación laboral, subsidios agrícolas y pagos a los ancianos. 
En ese sentido, a pesar de que llegue a una parte menor de los asalariados, el incremento al salario mínimo se alza como una de las medidas más justicieras y correctas en la ruta de la mejor distribución de la riqueza.
La austeridad llegó al gobierno, pero solamente al Poder Ejecutivo, los otros poderes y los organismos autónomos han mantenido en lo general el sistema de privilegios. 
El presidente recortó su propio salario, se negó a vivir en un enorme complejo presidencial y toma vuelos comerciales en clase turista. También redujo los privilegios de los funcionarios gubernamentales.
Las desventajas del plan de austeridad son los recortes presupuestarios, que hicieron que los hospitales se quedaran por un tiempo sin personal ni medicamentos. El responsable del departamento de Medio Ambiente se quejó públicamente de que su presupuesto para 2020 era menos de la mitad que en 2015. Además, hubo fuertes recortes en la judicatura, en la agencia electoral federal, en los organismos autónomos y en los rubros dirigidos a los programas de seguridad pública de las entidades y municipios.
Desde el período de transición AMLO decidió apoyar la renegociación del TLC impulsada por el presidente norteamericano y Peña Nieto. Lo que ahora ha firmado México -el TMEC- es, en la práctica, la continuidad del tratado firmado por Salinas de Gortari.
Ello representa la plena aceptación de que no emprenderá efectuar un replanteamiento de la política económica de México, vigente desde mediados del gobierno de Miguel de la Madrid, pero tampoco ha emprendido la profunda reforma fiscal que el país, y no solamente el de mejorar el sistema de recaudación vigente.
Quizá sea en el terreno de la política en donde aparezcan los rasgos más criticables del actual gobierno. 
Estamos ante la presencia de un gobernante que muy poco tolera la crítica y la oposición y que, además, incurre en la misma conducta de quienes han llegado a la presidencia de la república, por lo menos en los últimos 80 años: Querer gobernar sólo con los cercanos a él, incluso a pesar de las no pocas ocasiones en que los designados no colman los requerimientos profesionales para el encargo.
Asombran los constantes errores en la comunicación y su permanente conducta de descalificar a quienes rechazan sus decisiones, actos o políticas, generalizando constantemente, actitud que una buena parte de sus seguidores más fieles replican, como si estuviera exento de cometer errores en la conducción del país. En ese afán de descalificar acuñó una de las frases más famosas de estos días: Yo tengo otros datos, usada hasta para desmentir los datos del INEGI, dirigido por alguien designado por él.
En esa actitud de antagonizar y descalificar ha coincidido con sus adversarios -y con una parte de la población, no debe olvidarse que, si bien tiene calificaciones muy altas, alrededor del 60-65%, implica que una tercera parte de la población no aprueba su gobierno- en contribuir a la extrema polarización del país.
Y si en la economía no pintan bien las cosas, o por lo menos como lo prometía, en el rubro de la seguridad están peor. 
No se ha controlado la delincuencia y la violencia en México. La tasa de homicidios del país subió un 2% en los 10 primeros meses de su año en el poder. Pueden alegar que ya detuvo el ritmo de crecimiento de los últimos años, pero el número de homicidios, con facilidad, rebasará los 30 mil.
Con López Obrador, las detenciones de capos del narcotráfico bajaron y las incautaciones de cocaína, heroína y metanfetaminas se redujeron en sus 10 primeros meses en el cargo, frente al mismo periodo de años anteriores.
Curiosamente, en sus 255 ruedas de prensa desde el pasado 1 de diciembre, nunca ha tenido palabras tan contundentes hacia los narcotraficantes como las que ha dedicado a sus críticos ú opositores.
El problema es para los sucesores, no hay, hasta ahora, alguno de sus compañeros que concite la simpatía de quien ocupa Palacio Nacional, ni su partido -Morena- aparece como el instrumento político capaz de capitalizar lo realizado hasta ahora.
Tendrán serios problemas en el futuro cercano, si no cambian.

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sábado, 28 de diciembre de 2019

Chamizal: ¿Lo perderán nuevamente los juarenses?


Aserto.mx, 28 de diciembre de 2019
Luis Javier Valero Flores
“El estadio de futbol para el club Bravos de Ciudad Juárez, está contemplado dentro del proyecto de rescate del parque El Chamizal que fue planteado al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a desarrollar con inversión privada, dio a conocer el gobernador del estado, Javier Corral Jurado… contempla áreas recreativas y de convivencia en las que se plantea una inversión pública de 2 mil millones de pesos, refirió el mandatario”. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario, 10/X/17).
La construcción del nuevo estadio, aseguró, sería a través de una inversión público-privado en el que participen empresarios y grupos.

Podrán negarlo una y otra vez, pero una cosa es cierta, una parte importante del parque El Chamizal será entregado -por la vía del comodato- a una empresa de las más poderosas familias del antiguo Paso del Norte.
Es de no creerse. 
Por unanimidad, el cabildo juarense acordó entregarle a la empresa, propiedad de la empresaria y funcionaria estatal, Alejandra de la Vega, el Club de Futbol Bravos de Juárez, poco más de 16 mil 400 metros cuadrados, como parte del proyecto del “Parque Lineal El Chamizal”, anunciado dos años atrás por el gobernador Javier Corral.
Según el mandatario chihuahuense el proyecto sería financiado tanto por el gobierno estatal como el federal, aunque la mayor de las cargas será para el gobierno de la 4T.
Tanto los funcionarios estatales -incluido hasta el Director del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, Sergio Madero Villanueva-, como el alcalde Armando Cabada y el Delegado de los Programas del gobierno Federal, Juan Carlos Loera, han negado que se trate de una privatización, como lo plantean -y se oponen- más de 9 mil personas, a través de una petición de change.org, en el camino de solicitarle al Instituto Estatal Electoral (IEE), la celebración de un plebiscito para intentar echar abajo la determinación del cabildo de Juárez.
Ante las denuncias del agrónomo juarense Daniel Delgadillo Díaz, quien también es integrante de la asociación ambientalista “Árboles en Resistencia”, de que se pretende cobrar por ingresar a algunas de las áreas del parque, el alcalde Cabada afirmó: 
“El proyecto de rehabilitación de El Chamizal contempla concesionar algunos servicios que se puedan ofrecer dentro del parque a fin de hacerlo autosustentable para que el lugar cuente con mantenimiento… Aseguró que no se pretende privatizar el parque público ni que haya áreas restringidas o que se tenga que pagar para tener acceso a ellas. ‘Jamás se ha hablado de privatizar absolutamente nada, probablemente algunos servicios que se dieran dentro del parque, pero no va haber áreas restringidas que se tendrá que pagar para entrar a esas áreas, es un proyecto novedoso, ambicioso’, aseguró”. (Nota de Araly Castañón, El Diario, 23/XII/19).
Es decir, sí se cobrará.
Más aún, al anunciar la aprobación del proyecto en el cabildo, Bravos Juárez anunció, como parte de los beneficios que prestará por las áreas recibidas en comodato por el ayuntamiento, en las que funcionará una escuela de futbol de Bravos, el otorgamiento de “hasta 500 becas para jugadores de futbol”. 
Y si se habla de otorgar becas, obviamente implica que el acceso a esas instalaciones tendrá un costo, cuyos ingresos lo serán para la empresa futbolera y no para el ayuntamiento, lo que resulta en un muy importante subsidio del municipio de Juárez a las empresas de Alejandra de la Vega.
Y ante la afirmación de Jorge Santos, iniciador de la petición de Change.org, de que a los visitantes del parque se les cobrará, el autor del proyecto, ahora convertido en Secretario de Desarrollo Urbano del gobierno de Chihuahua, Luis Felipe Siqueiros Falomir, respondió a las preguntas de la prensa que “jamás se ha planteado”. (Nota de Javier Olmos, El Diario, 24/XII/19).
Falomir es autor del plan maestro que ahora se pretende ejecutar. Lo realizó en marzo del año pasado “a un costo de 4.1 millones de pesos (por) la empresa Taller de Consultoría Urbana…”. (Ibídem).
En ese mar de contradicciones, el nuevo titular de la Coordinación de Comunicación Social, el juarense Manuel del Castillo, declaró que “el proyecto final aún no está terminado, se trabaja en forma conjunta Municipio, Estado y Federación. Las posibilidades de construcción, operación y diseño aún no está terminado (sic)”. (Ibídem).
Es de no entenderse ¿Por fin, existe o no el plan maestro?
A su vez, el Delegado Juan Carlos Loera declaró que las acusaciones de los opositores al proyecto, “son ‘fake news’, son campañas ociosas, malas interpretaciones y malos deseos de algunos funcionarios que no les gusta que estemos coordinados y buscan cualquier coyuntura para informar de manera inadecuada”. (Nota de Pavel Juárez,  El Diario, 27/XII/19).
Dijo, además, que no hay para El Chamizal ningún proyecto de privatización o incluso concesionar espacios, “habrá algunas obras a cargo del Gobierno del Estado para mejorar, pero de ninguna manera algo concreto para privatizar o concesionar ni el parque temático ni afectación en áreas verdes”. (Ibídem).
Al contrario de las declaraciones de los funcionarios gubernamentales, el dirigente de la organización civil Árboles en Resistencia, Daniel Delgadillo, declaró “que el ingreso de vehículos a El Chamizal quedaría cancelado de manera total de llevarse a cabo el proyecto del Gobierno del Estado”. (Ibídem).
Delgadillo sostiene que se construirá un estacionamiento de paga y que “el acceso al parque será a través de un sistema de transporte con cobro, concesionado a una empresa”. (Ibídem).
Por si fuera poco, el Ayuntamiento autorizó también que el personal administrativo del club de futbol compartiera las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ), pese a que es un edificio gubernamental.
Una contradicción más. 
En tanto que los regidores de Morena en el cabildo juarense votaron a favor del comodato, la Síndica, también de Morena, Leticia Ortega, definió tal aprobación como “la de efectuar un negocio privado con dinero público con beneficios muy limitados para los juarenses”. (Nota de Luis Villagrana, Norte Digital, 21/XII/19).
Una más. “El 4 de octubre, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció el desvío de 100 millones de pesos del Plan Especial Juárez para la construcción de un estadio de futbol para Bravos del FC Juárez”. (Ibídem).
Otra. El vicepresidente administrativo de FC Juárez Bravos, Rodrigo Cuarón, afirmó que también se rehabilitarán las canchas con una inversión superior a los 10 millones de pesos. 
¿Acaso no dijeron que sería una inversión pública de 2 mil 500 millones de pesos? ¿O será que los empresarios aportarán solo 10 mdp?
No hay, no puede haber duda, se trata de privatizar una parte del Chamizal y de financiar con dinero público los negocios privados.

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El espíritu “cristiano” de la Operación Justicia

El Diario, 26 de diciembre de 2019
Luis Javier Valero Flores
Sólo la correcta impartición de la justicia podrá resolver si los últimos detenidos por el Nuevo Amanecer, el empresario parralense Otto Valles Baca, y el ex Secretario General del duartismo, Raymundo Romero, son culpables de los delitos que les imputa la Fiscalía General del Estado.
Tal aserto puede extenderse, sin duda alguna, al total de los procesados por el gobierno de Javier Corral, incluido en esta segmentación al mismísimo ex gobernador César Duarte. 
Llegar a esa conclusión, a pesar de la extendida percepción de que la mayoría de los funcionarios de aquel gobierno sí fueron responsables de la comisión de innumerables delitos contra la administración pública, se ha fortalecido aún más -y a pesar de que ese aserto es la premisa esencial de la concepción de la justicia- en virtud del inescrupuloso manejo que el gobierno de Javier Corral ha hecho de las acusaciones en contra de todos ellos.
Y es que en la mayoría de los casos, el gobierno corralista ha cometido infinidad de tropelías jurídicas -con la plena y vergonzosa complicidad de los encargados de la aplicación de la justicia- que en la mayor parte de los casos los tribunales federales le otorgan -ú otorgarán- la razón a la defensa de los indiciados.
Son de tal magnitud que hasta el mismo gobernador Corral ha debido correr la versión que puede darse el caso de que el ex gobernador Duarte no sea detenido.
¡Corral acepta que la principal motivación que llevó a la mayoría de los votantes a hacerlo por él será una promesa incumplida!
Partamos del hecho de que la legislación vigente para combatir las corruptelas -hasta antes de las modificaciones legales impulsadas por el gobierno de López Obrador, pero que sólo son del ámbito federal- los delitos cometidos en contra del patrimonio público eran considerados como delitos no graves. 
¿Cómo esperar que la clase política legislara severamente en contra de los delitos que pudiesen cometer los que tenían monopolizado el ejercicio del poder? 
¿Cómo podíamos esperar que legislaran en contra de sí mismos?
Por todo lo anterior, y siempre que se hace necesario, ya sea para combatir las críticas generadas por algún desaguisado de su administración o por el descubrimiento de las corruptelas cometidas por sus subalternos, o por las frecuentes y disparatadas frivolidades de Corral, con alguna frecuencia, coincidentemente, la fiscalía de Chihuahua da a conocer al aseguramiento de algún bien de César Duarte o, como en los presentes casos, las detenciones de Otto Valles y de Raymundo Romero, justamente cuando las críticas crecen desmesuradamente a raíz de la aprobación del presupuesto estatal para el 2020, que conlleva dos aspectos por demás criticables: 
El déficit de casi 6 mil millones de pesos y la fraudulenta pretensión de intentar convertir deuda de corto plazo, en deuda de largo plazo, por un monto superior a los 3 mil millones de pesos.
Ahora, en el colmo del buen manejo de la oportunidad, el gobierno “humanista” del Nuevo Amanecer decidió detener el 24 de diciembre al ex secretario Romero.
¡La investigación del corralismo se tardó más de 3 años en llegar a la conclusión de que era presunto responsable de la comisión de unos delitos que, por el monto y características de la obra en la que presuntamente se cometieron los ilícitos, era de los casos que, de inmediato, debieron llamar la atención de los puntillosos, capaces e imparciales investigadores de las corruptelas cometidas en el sexenio anterior!
¿Se imaginan la dinámica del grupo gobernante, y su líder, en la noche del 24 de diciembre, debieron combinar la emisión de mensajes navideños con la recepción de los informes de la detención de Romero y su presentación ante las autoridades correspondientes?
El colmo, para Corral y allegados, es que hagan lo que hagan, no cambia, para nada, la percepción generalizada de que su gobierno es un fracaso.

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Una más: ¡Bono de productividad para los diputados!

Aserto.mx, 23 de diciembre de 2019
Luis Javier Valero Flores
Lo que ahora ocurre en el Congreso del Estado no tiene parangón. Asentar tal cosa implica haber tomado en cuenta los excesos realizados en el pasado, que no han sido pocos, ni menores, pero lo que ahora hacen  los actuales diputados   es, de veras, inmenso.
De entrada, la nómina creció un inconmensurable 50% ¡En tan solo dos años!, al pasar de 400 a 600 empleados. 
Luego, a pesar de los reiterados discursos del grupo gobernante de haber impulsado y realizado una política de plena austeridad presupuestal, el gasto para el 2020 se incrementó en 100 millones de pesos más, que representa alrededor del 25% ¡Una cuarta parte de incremento, de un año a otro y que es un 40% superior al gasto ejercido en 2016, el último de César Duarte!
No tienen llenadera -ni modo de dejar pasar tan esclarecedora expresión popular- pues los diputados recién recibieron ¡El colmo! Un ¡Bono de productividad!
Si ya tal hecho es altamente criticable, el monto lo magnifica de un modo escandaloso pues asciende a la sorprendente cantidad de mil 700 pesos!
Si hubiese sido al revés, que fuera de decenas de miles de pesos, indignaría por la voracidad sin límites mostrada por todos los diputados, de todos los partidos, pero el hecho de que el bono de productividad ascienda a un monto menor a los 2 mil pesos los retrata de cuerpo completo.
Dispuestos a aprovechar hasta más allá de los límites el último de los centavos que les otorga desempeñarse como diputados, muestran, quizá, su peor cara, la de la extrema mezquindad y la de la total incongruencia, de muchos de los diputados, que llaman, exhortan, exigen sea aprobada la máxima austeridad gubernamental, pero no son pocos capaces de alzar la voz, oponerse y renunciar, en el peor de los casos, a los innumerables privilegios de la clase política, a la que parecen sumarse con singular alegría.
Porque hay otro aspecto. El de la explicación otorgada para el estratosférico incremento al presupuesto del Congreso. Argumentan que es para pagar los impuestos de los diputados, entre ellos, de manera señalada el del Impuesto Sobre la Renta.
Sí, para evitar que los señores diputados paguen ISR, como cualquier ciudadano, ellos mismos aprueban aumentar el presupuesto que les permitirá eludir el pago de impuestos.
Así, a los múltiples arrimadijos que reciben los diputados, que al final del año suman cientos de miles de pesos para cada uno, súmele la exención de impuestos que reciben. ¡Ah, y como no hay que dejar ni una sola, po’s también el bono de productividad!

¡Viva la república, gritan eufóricos los diputados de Chihuahua! ¡Y más en las fiestas navideñas!

domingo, 22 de diciembre de 2019

Nativos y con arraigo


El Diario, 22 de diciembre de 2019
Luis Javier Valero Flores
Hace muchos años, en plena época del partido hegemónico en el país, los habitantes de Baja California Sur elevaron una petición al presidente y al PRI: Que por favor el próximo candidato a la gubernatura fuera nativo y con arraigo, que ya no enviaran como abanderado priista a un político más, nacido fuera de BCS y sin conocimiento alguno de lo que ocurría en aquella tranquila entidad, que por entonces hasta los ciclones trataban con benevolencia.
Y es que en la práctica nada cambió al dejar de ser “Territorio” y convertirse en un “Estado Libre y Soberano”. El presidente seguía nombrando a sus amigos como gobernadores, o candidatos y como el PRI arrasaba en cada elección, pues más valía mejor pedirle que, por lo menos, enviara a alguien que hubiese nacido en el territorio sudcaliforniano, y tuviera arraigo.
Seguramente luego les pasó como lo que ocurrió en todo el país. Los gobernantes cada vez fueron más malos, independientemente de su origen o si tenían arraigo en la entidad. Aunque esta última característica, indudablemente que cuenta, y mucho, en el desempeño de los que ocupan un cargo público.
Tan larga disertación tiene un motivante: La presentación de la iniciativa del gobernador Corral para quitar el requisito, a fin de ocupar el cargo de Secretario del gabinete estatal, o el de Fiscal, de haber nacido en Chihuahua, o en caso contrario, contar con una residencia mínima de cinco años en la entidad.
El grupo gobernante quiso aprovechar la propuesta de dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción -cosa que está bien, si esa autonomía se le otorga, también, a la Fiscalía General- y se hicieran los nombramientos bajo los nuevos formatos de designación, que por lo menos incluyeran la designación, por mayoría calificada del Congreso del Estado.
Pero aprovechando el resquicio, ahora resulta que para ocupar los más altos cargos de la administración pública, en el Poder Ejecutivo, bastará con que el gobernador los designe y sin que, por lo menos, los beneficiarios de tales nombramientos tengan un mínimo de conocimientos del territorio en el que van a ayudarle a gobernar al mandatario y sin, aspecto mucho más importante, que la sociedad chihuahuense tenga conocimiento de tales funcionarios.
Hay, en tal propuesta, una cosa más allá del tufo: Una concepción burocrática del modo en que se debe gobernar, y de quienes deben gobernar.
La iniciativa, y el Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, sostienen que los requisitos en vías de abolición “no tienen sentido, pues la administración pública exige gente preparada y capaz para desempeñar el puesto y esto no va ligado a su lugar de nacimiento o de residencia”.
¡Que alguien les diga que la preparación y la capacidad incluyen el conocimiento de la cosa en la que van a trabajar! ¡Y que esa cosa que van gobernar es la administración pública de los chihuahuenses!
¿Pero qué podemos esperar de un gobernante que, la verdad, no atina una?
Es probable que más de uno, ante los desplantes del gobernador Corral, llegara a pensar igual que los sudcalifornianos: ¡Que nos manden uno, o nativo, o con arraigo!
Aunque la experiencia del sexenio anterior sería, también, para rechazar a los muy arraigados a esta tierra que, ya lo vimos, les da por querer comprar todas las tierras y ranchos desplegados ante su vista.
Ahora Corral pretende traer a la entidad, para gobernar, a ciudadanos que no nacieron aquí, o que no cuentan con el necesario arraigo para hacerlo.
A veces pareciera ser exagerada la crítica expresada en estos espacios al gobernador del “Amanecer”. 
Ojalá así fuera.
La semana que termina es una que quisiera olvidar el mandatario chihuahuense. Probablemente sea la peor de su gestión y no solamente para él en lo personal, sino para la entidad. Y en este caso no tanto por la magnitud de las tragedias acaecidas, sino porque los actos criticables del gobernador develan en toda su dimensión las carencias que posee para gobernar y las graves consecuencias que esto acarrea al estado de Chihuahua.
La semana se inició con la información proporcionada por el gobierno federal acerca de las asistencias de los gobernadores a las diarias reuniones de seguridad celebradas en sus respectivas plazas. 
Corral, el mandatario de la entidad que ha ocupado uno de los cinco primeros lugares en homicidios a lo largo de más de una década, apenas acudió al 16% de las 263 reuniones celebradas. Asistió solamente a 36, mientras los homicidios en Chihuahua se incrementaron 15% en el presente año.
La revelación de la información desató la ira del gobernante chihuahuense y sostuvo que “no es adecuado que el Gobierno federal pretenda politizar el tema de seguridad”, además de tildar de “absurdo” que se pretenda calificar de esa manera su esfuerzo. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua, 17/XII/19).
Y si bien se podría sostener que la sola asistencia de los gobernadores a las reuniones no garantiza la obtención de resultados positivos, también es cierto, contrariamente a lo sostenido por el gobernador de Guanajuato, que asistir a recibir un informe pormenorizado de los hechos presentados a lo largo del día anterior, sí sirve a los gobernantes para tener el mapa de lo que ocurre en la entidad que gobiernan.
Ahora bien, si el gobernador de Yucatán no asiste a las reuniones, probablemente no pase nada pues esa entidad posee la tasa más baja de todos los índices delictivos, pero ese lujo no se lo puede permitir el gobernador de Chihuahua.
Los chihuahuenses agradeceríamos que este tema fuera el de las más altas prioridades de Javier Corral. Pudiera ser que si lo sea pero lo mostrado a lo largo de la gestión no abona en ese sentido
Las evidencias brotan por doquier. El martes, Daniel y Julián LeBaron, se quejaron en el noticiero nocturno de Milenio que, hasta la fecha, el gobernador Corral ni siquiera se había comunicado con las familias de las víctimas de la masacre de Bavispe.
Episodios de este tipo son innumerables, vamos, ni siquiera algo elemental como lo es el mostrarle solidaridad a las familias de los innumerables policías asesinados por los criminales o el de expresar preocupación ante los crecientes episodios homicidas ocurridos en la entidad bajo su gestión, como el de la masacre en la que asesinaron a cuatro mujeres en Juárez, o el secuestro del empresario deliciense, o los ataques a los conductores de la plataforma Didí en Chihuahua, etc.
No, no hay un mínimo de sensibilidad en Palacio de Gobierno, nadie que acompañe a los chihuahuenses caídos en la desgracia.
Ilustra nítidamente lo anterior un episodio ocurrido varios meses atrás. Mientras el gobernador Corral jugaba tenis desde temprana hora en la Ciudad Deportiva de la capital chihuahuense, varios portales digitales informaron de la celebración de una terrible balacera ocurrida entre Parral y Jiménez, que había iniciado alrededor de las 3 de la mañana. A las 7 de la mañana, grupos de criminales atacaron a uno de policías estatales asesinando a cinco de ellos.
A pesar de la gravedad de la situación y de la caída de los policías, el mandatario no fue interrumpido en su práctica deportiva, a la que, no cabe duda, tiene derecho. Sin embargo, es sabido que ha ordenado a sus subalternos que no se le interrumpa mientras practica esas aficiones lúdicas.
Por otra parte, si bien pudiera argüir que de poco sirviera su presencia en las reuniones, es indudable que le permitiría constatar la inocultable ineficiencia de los funcionarios a los que les encomendó la seguridad pública de la entidad.
Pero las imprevisiones, la incapacidad para articular acciones de gobierno nos inundan a diario.
Cuando ya se aprestaban los diputados a aprobar el presupuesto del gobierno para el 2020, el gobernador envió al Congreso la iniciativa para otorgarle autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, ¡Pero sin que tales propuestas y dependencias estuvieran contempladas con presupuesto propio!
Al cuarto para las doce, el gobierno de Chihuahua propuso cambios fundamentales en la materia que más problemas tenemos, con un nivel de improvisación verdaderamente increíble. 
¡Y luego se enoja porque lo “balconean” en la mañanera del presidente!
Pero aún no se recuperaba del golpe mañanero que le propinaron, cuando el Juez Federal Tercero de Distrito, Juan Fernando Luévano, le ordenó al gobernador Javier Corral devolviese el iPhone decomisado ilegalmente por sus guardias al obedecer las órdenes que les dió, sólo porque el reportero Gabriel Venzor lo había fotografiado jugando tenis en las canchas públicas de la Ciudad Deportiva de Chihuahua.
“Se concede la suspensión (provisional) para que el gobernador en respeto al derecho a la difusión de opiniones, noticias, ideas y de manera general a la libertad de prensa, gire las órdenes conducentes a fin de gestionar la devolución del teléfono celular”, dice la resolución.
Es probable que mañana se celebre la audiencia incidental, en donde se resolverá si se mantiene la medida provisional, la convierte en definitiva o es revocada.
Y mientras esto pasaba, los diputados del PAN y sus transitorios aliados aprobaron el presupuesto 2020, que contiene verdaderos monstruos financieros, como el de aprobar que un crédito de corto plazo, de más de 3 mil millones de pesos, se haya aprobado por el Congreso, lo que es una enorme chicanada financiera y que en estricto sentido no tendría porqué ser aprobado por el Congreso y que, a pesar de tal maniobra, el presupuesto 2020 tiene un descomunal déficit de 5 mil millones de pesos, a pesar de las dos reestructuraciones de la deuda aprobadas por los diputados.
De nada sirvieron.
¡Sin duda, son un desastre al frente del gobierno de Chihuahua!

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jueves, 19 de diciembre de 2019

Lo que faltaba. No pagan aguinaldo de jubilados


El Diario, 19 de diciembre de 2019
Luis Javier Valero Flores
Por doquier hacen agua las finanzas del gobierno del Nuevo Amanecer. 
A la gravísima situación de la deuda estatal -que nos sorprenderá al inicio del nuevo año, tanto por la deuda a proveedores, como por el monto de la deuda de corto plazo- deberá sumársele los compromisos incumplidos con algunos de los gremios locales, algo que ha sido corriente a lo largo de la administración de Javier Corral.
Además, a la evidente ineficacia de este gobierno en el manejo de las finanzas públicas -dando por descontado que recibieron un desastre, al cual, hasta ahora, no supieron como enfrentar- se suma otro hecho, ese sí al alcance de los integrantes del grupo gobernante, consistente en la enorme torpeza para relacionarse con los sectores sociales afectados y al cúmulo de mentiras con las cuales han intentado, casi sin variaciones, apaciguar los enconados ánimos con los cuales llegan a las negociaciones los afectados por las distintas razones que los han llevado a plantear sus requerimientos al gobierno estatal.
Ahora les tocó a los jubilados y pensionados de la Sección 42, a quienes no les han cubierto el aguinaldo correspondiente. Ante las demandas de grupos de trabajadores de Chihuahua, Juárez, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, tanto el gobernador Javier Corral, como el Director de Pensiones Civiles, Alberto José Herrera González, condicionaron el pago a la llegada de los recursos federales, pues, dijo éste último, “depende de la Secretaria de Hacienda federal la entrega a Chihuahua de los recursos que le corresponden por participaciones”.
Por su parte, el gobernador Corral adujo estar a la espera de “un apoyo federal para sortear este pago” para lo cual informó que lo planteará al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Para resolver la falta de pago a los cerca de 10 mil jubilados y pensionados hace falta un monto cercano a los mil millones de pesos. Si no hay apoyo federal, dijo Corral, recurrirá al préstamo de corto plazo de mil 800 millones de pesos.
Pero el gobernador Corral sabe que desde la asunción de AMLO ya no existe la partida existente en el sexenio de Peña Nieto Parra cubrir las necesidades de fin de año de los gobiernos estatales, así que por más que insista ante Hacienda, no habrá recursos federales con este motivo, a menos que acepte le adelanten algún porcentaje de las participaciones federales del 2020, que le descontarán puntualmente el próximo año, tal y como ocurrió en el presente.
Y ahí radica la mentira del Contador Herrera González, quien fue más lejos en las falacias, al sostener que estaban esperando la llegada de las participaciones federales de este año.
Para no desentonar, el líder de la Sección 42, Ever Avitia, anunció -el mismo día de las declaraciones de Corral y de Herrera González- que ya existía un acuerdo con las autoridades para pagar los aguinaldos el viernes 20, como dice la ley, adujo, sin parar mientes que este pago siempre les llegaba a los trabajadores el 15 de diciembre. 
Pero qué importa, los trabajadores jubilados y pensionados pueden esperar, ya les llegará su dinero...
No saben administrar sus recursos y ahora quieren hacernos creer que es culpa del Gobierno Federal.
Las argumentaciones de Corral y Herrera González faltan a la verdad, si partimos de lo preceptuado en la Ley de Coordinación Fiscal, la que establece en el Artículo 27-A, II Párrafo, que “Los gobiernos de las entidades federativas cubrirán, con cargo a sus propios ingresos, las erogaciones en materia de servicios personales de las plazas distintas a las señaladas en la fracción anterior, incluyendo el incremento salarial y de prestaciones correspondiente a dichas plazas”.
Es decir, que el gobierno estatal no tiene por qué argüir la falta de participaciones federales para cubrir el pago de los aguinaldos, lo que denota, una vez más, la absoluta falta de previsión de los actuales administradores estatales pues al cierre del año, lo sabe cualquier contador medianamente informado de las finanzas estatales, deberá contar con las previsiones económicas necesarias para afrontar los compromisos del pago de aguinaldos de los trabajadores del gobierno estatal, así como, y es de la mayor exigencia, de los jubilados y pensionados, sector social aún más vulnerable.
¿Con base en qué pueden salirles con que se esperen a que lleguen los recursos federales?
Ahora va a resultar que la 4T también tiene la culpa de las imprevisiones del gobierno de Corral.
¡Válgame…!
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

lunes, 16 de diciembre de 2019

Al cuarto para las doce, ocurrencia de Corral para crear la Secretaría de Seguridad Pública


Aserto.mx, 16 de diciembre de 2019
Luis Javier Valero Flores
En medio de una profunda crisis de seguridad pública, con más de 7 mil ejecutados a lo largo de su administración, el gobernador Javier Corral anunció la presentación de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Chihuahua a fin de crear la Secretaría de Seguridad Pública y quitarle esta facultad a la actual Fiscalía General del Estado.
La reforma, dijo, para reforzar su argumentación, es similar a lo que ocurre en el ámbito federal. Y como si la estrategia para combatir los índices delictivos hubiese funcionado en su gestión , el gobernador expresó que “Ya estamos en condiciones de llevar a cabo esa separación funcional operativa y jerárquica”, además de que, sostuvo, la “reforma atiende a un análisis muy importante del fenómeno delictivo como de tareas de prevención”.
Es extremadamente inquietante la propuesta realizada por el gobernador; revela con toda amplitud la extrema incapacidad del mandatario para encabezar los esfuerzos de las corporaciones estatales en el combate al crimen, ya no pidamos al crimen organizado. 
Sus primeras frases en la presentación de su iniciativa lo revelan ¿En qué sustenta su afirmación de que “ya estamos en condición” ¿Quiere decir que el gobernador de Chihuahua no se ha percatado de la gravedad de la situación en materia de seguridad pública? 
¿De donde obtiene la percepción de que se ha mejorado, tanto el combate a la delincuencia, como la preparación de las fuerzas locales para enfrentar a la delincuencia organizada? ¿Acaso no se ha dado cuenta del agobio homicida que sufren los elementos de las fuerzas estatales, sin duda la corporación policiaca que más víctimas le aporta al total de la salvaje ofensiva de los criminales en contra de las corporaciones policiacas en lo que va del sexenio?
Presentada de improviso, la iniciativa de cambiar la estructura de la Fiscalía General del Estado, para quitarle la atribución de la seguridad pública en el estado, no tiene, públicamente, un sustento; no hay elementos previos, de discusiones en los colegios de abogados, en la academia, el algún foro de seguridad, que nos lleven a pensar que la propuesta de Corral es mejor que lo existente.

No, da la impresión de que estamos frente a una gravísima ocurrencia del mandatario chihuahuense, que hasta ahora pareciera como ajeno a la grave circunstancia de inseguridad del estado.

domingo, 15 de diciembre de 2019

En Juárez favorecieron al Cártel de Sinaloa


El Diario, 15 de diciembre de 2019
Luis Javier Valero Flores
Las evidencias estaban en todas las acciones policíacas y militares de aquella época, la que, por todas las vivencias de hoy, parece regresar al antiguo Paso del Norte, nuevamente colocado en una de las ciudades más violentas del país.
Hoy será más nítida la justeza de la apreciación de algunos analistas y de varios de los especialistas en criminalidad, que alertamos acerca de la salvaje estrategia aplicada en Juárez durante el gobierno de Felipe Calderón: Favorecer en todo y por todo al Cártel de Sinaloa.
La detención de Genaro García Luna puede develar en toda su dimensión dicha estrategia, aplicada con el pleno conocimiento de las agencias del gobierno norteamericano. 
Se trataba, decían en aquellos aciagos días, de “ayudar” a que ganara uno de los grupos criminales -el Cártel de Sinaloa- para, una vez destruido su adversario, el Cártel de Juárez, poder dirigir todas sus baterías al grupo prevaleciente.
Pero resulta que tal estrategia la aplicaron en todo el país. El grupo criminal que aparentemente dirigía El Chapo Guzmán se convirtió en el principal adversario del resto de ellos en todo el país. Así, en Tijuana la rivalidad fue con lo que quedaba del Cártel de los Arellano Félix; en Tamaulipas se enfrentó al Cártel del Golfo; en Morelos y Guerrero a los Leyva Beltrán, etc.
La bomba desatada con motivo de su detención puede poner al descubierto que, aprovechándose de tal estrategia -si es que fuera tal-, García Luna se benefició directamente de ello, junto con un indefinido e indeterminado número de funcionarios federales y estatales pues solamente con esa participación es como puede entenderse la creación de las vastas e intrincadas redes del crimen organizado.
Las declaraciones de El Chapo Guzmán, las de varios de los testigos protegidos y las que haga García Luna, pueden desembocar en el señalamiento en contra de los ex presidentes Fox y Calderón y algunos de quienes los acompañaron en la función pública.
De la probable responsabilidad del ex presidente Calderón dan cuenta las declaraciones de Javier Herrera Valles, el ex responsable de la Operación Coordinada Michoacán, puesto en marcha en diciembre de 2006: “Calderón tenía conocimiento de las imputaciones, de todas las arbitrariedades que estaba cometiendo Genaro García Luna y por vergüenza no debería dar declaraciones para defenderlo”. (Entrevista con Carmen Aristegui, 12/XII/19).
Pero, más allá de las implicaciones político-electorales, las que se generen en el ámbito policiaco y jurídico pueden convertirse en -ojalá- el shock que el sistema político mexicano necesitaba para afrontar con éxito la gravísima crisis de inseguridad que padece el país, en la que la degradación social, generada por el crimen, amenaza con llevarnos al abismo.
De ahí que deba precisarse el indudable papel protagónico que por desgracia jugó Chihuahua, y en él, destacadamente, Juárez, durante el período en el que Genaro García Luna fue el hombre más poderoso en materia de seguridad pública en México.
Si bien todos los grupos criminales en el país sufrieron un salvaje y descomunal ataque del Cártel de Sinaloa, la principal rivalidad se dió en Juárez. 
Durante aquel periodo se presentaron en Juárez el mayor número de homicidios en el país (10 mil 672 personas asesinadas en el sexenio de Calderón, (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 12/XII/19) a pesar de la presencia de miles de elementos de las fuerzas armadas y la policía federal. O precisamente por ello.
Las cifras de detenciones -incluso presumidas por el mismísimo García Luna y varios de sus más cercanos colaboradores- ilustran claramente la existencia de tal estrategia, (acabar con uno de los grupos, coincidentemente siempre el opuesto al de Sinaloa) la que, incluso, fue presumida en varios de los informes que daban los jefes de las fuerzas policiacas federales, todos bajo el mando del poderoso Secretario de Seguridad Pública de Calderón, y antes, en el gobierno de Vicente Fox, Director de la Agencia Federal de Investigación, los dos cargos directamente involucrados en el combate al crimen organizado.
En esa época se dio a conocer que “El Diario encontró que en el documento titulado ‘Detenciones relevantes en Ciudad Juárez al 31 de julio de 2011’ se informa ‘que, de los 357 aprehendidos que dijeron pertenecer a alguna de las organizaciones criminales que se disputan Juárez, 288 eran integrantes del Cártel de Juárez o La Línea, mientras que sólo 69 pertenecían al Cártel de Sinaloa”.
Las evidencias de tal favorecimiento aparecían por todas partes: “El comisionado de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas, dio a conocer que del 5 de abril de 2010 al 3 de octubre de 2011, elementos de esa corporación detuvieron en esta frontera a 322 narcotraficantes y sicarios ligados al cártel de Juárez y a 86 del cártel de Sinaloa o Pacífico”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada,  5/X/2011).
Un reporte de la Policía Federal indica que desde abril de 2010, cuando asumió la seguridad en Ciudad Juárez, fueron detenidos “221 supuestos integrantes del grupo denominado La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez que dirige Vicente Carrillo Fuentes, entre quienes se encuentra José Antonio Acosta Hernández, El Diego… Además han sido arrestados 62 integrantes de la banda Los Aztecas, también al servicio del cártel de Juárez”. (Ignacio Alzaga, Milenio, 8/II/11).
En contra parte, solo habían detenido, en el mismo período, a un total de 44 supuestos integrantes de “la agrupación autodenominada Gente Nueva y de Los Mexicles… A estos se les identifica con el cártel del Pacífico (Sinaloa) y como enemigos de La Línea y Los Aztecas”. (Ibídem).
La percepción de la existencia de tal favorecimiento también la tenía el entonces Cónsul General de Estados Unidos en Juárez, Raymond McGrath, que en un cable de comunicación oficial de 2009, “difundido por WikiLeaks y publicado por El Diario”, (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 12/XII/19) informó que “La opinión generalizada es que el Ejército se siente cómodo permitiendo a los cárteles de Sinaloa y Juárez minar cada uno la fuerza del otro en su lucha por controlar la ‘plaza’ (con la consecuente teoría de que al Ejército le gustaría ver ganar al Cártel de Sinaloa)”.
La estrategia, sin duda, era dictada por el gobierno norteamericano (“Estrategia antinarco dictada por EU”, LJVF, El Diario, 14/VIII/2011), el que ahora no puede declararse ajeno a lo sucedido en México en más de una década:
En 2011, el influyente periódico norteamericano, The New York Times, informó de la existencia de un centro de inteligencia en una base militar mexicana, ubicada en el norte de México (Nota de Ginger Thompson, 8/VIII/11).
“Los agentes de EU no sólo aportan información e inteligencia, sino que RECOLECTAN INFORMACIÓN y PLANEAN OPERACIONES, y están elaborando la mejor manera de eludir las leyes mexicanas ¡ayudados, en esta tarea también, por las autoridades mexicanas!”
Más. “Estados Unidos ha entrenado a casi 4 mil 500 nuevos agentes de la Policía Federal y ha ayudado a intervenir las líneas telefónicas, a controlar a los informantes y a interrogar a los sospechosos”. Es decir, el cártel de Juárez no mentía cuando amenazó a los “gringos de la DEA”, en las bardas aparecidas en la capital del estado en aquella época.
Por todos lados aparecen las evidencias de la existencia de tal estrategia.
Tales informaciones coinciden con la opinión de Edgardo Buscaglia, quien afirmó que la apuesta del gobierno era consolidar a un grupo criminal. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 6/VIII/11).
“El Gobierno federal mexicano le está apostando a la consolidación de un solo grupo criminal, y no porque los funcionarios necesariamente reciban sobornos, sino porque están convencidos de que la consolidación de un solo grupo, por definición, va a bajar los niveles de violencia visible con alto impacto social. Entonces, ellos, en el caso de Chihuahua, le han dado a Sinaloa una luz verde”. (“Estrategia antinarco dictada por EU”, LJVF, El Diario, 14/VIII/2011).
Esta versión coincide con la que muy altos funcionarios del Gobierno federal de Calderón, en materia de seguridad pública, manejaron como eje central de su actuación.
De los beneficios de tal estrategia intentaron convencer hasta varios de los integrantes de la Mesa de Seguridad, instituida por el gobierno de Calderón a raíz de la masacre de Villas de Salvárcar, a los que pidieron se sumaran a la estrategia elaborada por los jefes de la seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón, que ¡Oh, extraordinaria coincidencia! empata con las acusaciones que ahora le hace el gobierno norteamericano a García Luna, de favorecer al Cártel de Sinaloa.
Pero esa estrategia permite la “institucionalización de una mafia en el poder”, aseveró Buscaglia, pues “te bajan los homicidios, pero la ciudadanía sigue cautiva, en su patrimonio y en su vida, de un grupo criminal que está controlando todos los resortes del poder”. (Ibídem). 
Ante realidades tan apabullantes, las preguntas brotan solas: ¿Por qué la droga fluye normalmente, independientemente de las batallas y masacres ejecutadas por los grupos criminales,  –y hasta mejor y más confiable en las calles de EU, como si nada hubiese pasado? 
¿Quién controla, de veras, el tráfico de drogas?
No son las únicas interrogantes, una de ellas es la de los extremadamente elevados niveles de impunidad: 
“De 5 mil detenidos por homicidio entre 2008 y 2011, sólo 426 resultaron con nexo con el narco y de ellos se desconoce cuántos han recibido condenas impuestas por un juez”. (Rolando Herrera, Reforma, 27/IV/2012).

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