¡No!

El Diario, 5 de diciembre de 2012. Luis Javier Valero Flores Ante la propuesta declarativa, realizada el lunes por el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, en el sentido de instaurar la pena de muerte a los secuestradores que asesinen a sus víctimas, no puede haber posturas mediatizantes. El mundo avanza en otro sentido. Va en el camino de desterrar la pena de muerte para quienes delinquen, a sabiendas de que las conductas perniciosas se explican a partir de los escenarios sociales propicios para ellas, o como fruto de graves trastornos de la conducta que se deben tratar no punitivamente. El mundo civilizado construyó la concepción de que la rehabilitación de los seres humanos era posible; llegó a esa conclusión no sólo por la vía de las creencias religiosas, sino también como fruto del desarrollo humano, que eleva y preserva cada vez mejor, con cada generación, los derechos de las personas y las colectividades. Los hombres del gobierno, para superar tal clasificación y arribar a la categoría de estadistas, de hombres de Estado, en nuestros tiempos, deberán ser profundamente humanistas; no se puede dirigir una colectividad sin esa característica; deberán apartarse de las atracciones momentáneas, sea por la intención de aparecer más sensible a los peores reclamos de la sociedad, o por las exigencias electorales del momento. De ahí que nuestro país, al igual que la absoluta mayoría de las naciones, haya suscrito diversos documentos en el ámbito internacional para evitar que los gobernantes, en un momento de explicable desesperación, o de injustificable pretensión electoral, desearan modificar el sentido cada vez más humanista de las legislaciones en materia penal. Desafortunadamente, nuestro gobernador, con alguna frecuencia –y lo insólito es que lo haga cuando su gobierno presume de la abrupta disminución de la incidencia delictiva– ha mostrado su aquiescencia a la instauración de la pena de muerte. Hace pocos días lo manifestó –muchos creímos que era una manera de aceptar de buen grado el elogio– al comentar las declaraciones de la señora Guadalupe Villa, hija del Gral. Francisco Villa, en las cuales lo equiparaba al más polémico de los revolucionarios, pero “nomás lo único que le falta es colgar a los que matan”, frases ante las cuales el mandatario de Chihuahua respondió que “en los tiempos de Villa colgaban... en estos tiempos, si esa práctica la ley lo permitiera, haríamos lo mismo”, frase que acompañó al final con una carcajada. No fueron expresiones bromistas, ayer, el Gobierno del Estado envió un boletín de prensa en el que Duarte le propone al Congreso del Estado que se haga de manera formal la solicitud para llevar adelante tal medida, a pesar de la legislación nacional y de los tratados internacionales firmados por México. Lo repetiremos hasta el cansancio, la oleada delictiva deriva de la impunidad y la desigualdad social, de la corrupción generalizada y de, por tanto, de una enorme desconfianza societaria hacia las instituciones gubernamentales, hacia el Estado mexicano en su conjunto ¿Se resolverá con la instauración de la pena capital, tal y como hacían los hombres de la edad media? La criminalidad no cede, ni desaparecerá merced a la puesta en vigor de tales medidas.