domingo, 26 de diciembre de 2021

Ofensiva presidencial contra el INE



26 de diciembre de 2021 

Luis Javier Valero Flores El Diario, 

Es inconcebible e inaceptable.

Por medio de una buena cantidad de operaciones políticas, algunas de ellas recientes y otras desde el inicio del sexenio, todas bajo el cobijo del uso abusivo del poder, el presidente de la república se apresta a  asumir el control del órgano electoral, de frente a los procesos electorales, los locales de los años 2022-2023 y los federales del 2024.

López Obrador está efectuando lo que en distintos grados y tonos todos los presidentes de la república han efectuado. Siempre han tenido, o han hecho todo por alcanzarlo, el control del Poder Legislativo, aunque la fuerza de los partidos de la oposición y el apoyo popular que concitaban permitió el acotamiento del poder presidencial.

Igual ocurrió con el Poder Judicial Federal, aunque en este caso y en el de los organismos electorales se había instalado el mecanismo de  la designación por cuotas partidarias, procedimiento impuesto por las cúpulas partidarias, que de ese modo accedían a los requerimientos y seducción del régimen prevaleciente y que echaron por tierra el proceso de ciudadanización, sobre todo, de los organismos encargados de los procesos electorales y de la resolución de los conflictos derivados de ellos.

Como es lógico, todos esos procesos tuvieron altibajos. A pesar de ello, el país transitó por la ruta de la construcción de elecciones confiables y cometidas, al grado de que en las dos últimas dos décadas las alternancias partidarias se dieron en todos los niveles de gobierno y en prácticamente todo el territorio nacional.

Todo lo anterior tenía un objetivo esencial: Acotar el poder presidencial.

Hoy estamos frente al más riesgoso y serio proceso de la reinstalación del presidencialismo, sin acotamientos, ni contrapesos de ninguna especie; respaldado, además, por un inobjetable respaldo popular.

Dicho intento tiene un agravante, no existente en el pasado, que es el del involucramiento de las fuerzas armadas como soporte extra-constitucional del presidente de la república, en tareas y acciones que van más allá de sus facultades, entre las cuales la más destacada y más deplorable es la de la asunción de la seguridad pública, como prácticamente en ningún país en el mundo, en el que la tendencia es precisamente la contraria, es decir, entregarle a la sociedad y sus gobernantes civiles la seguridad pública.

Los antecesores de López Obrador, los directamente emanados del proceso revolucionario, y los inmediatos siguientes, paradójicamente, hicieron exactamente lo contrario que ahora hace el primer presidente de la república emanado de un partido de izquierda: Quitar a los militares del ejercicio del poder para que fueran, exclusivamente, los civiles, los responsables de las tareas públicas.

En esta tendencia se inscribe lo que ahora es una tangible y peligrosa realidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República a seis consejeros electorales por el acuerdo con el que decidieron posponer temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, que argumentaron la falta de presupuesto para efectuarla en la fecha señalada.

La denuncia incluye al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y otros delitos en agravio del servicio público por incumplir los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que se castiga hasta con 7 años de prisión.

Los consejeros denunciados son el presidente del INE Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala. Ellos son los 6 consejeros, de los 11 que integran el Consejo General, que votaron a favor de la posposición.

A partir de esta denuncia, la FGR puede pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de los consejeros electorales y ser procesados por esos delitos. De proceder, el INE se quedaría con sólo cinco integrantes, cuatro de ellos electos por el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La maniobra está completa. Puros morenistas son los encargados de concretarla.

El denunciante -presidente de la Cámara- fue el representante de Morena en el INE. 

Además, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, también designada a instancias de López Obrador.

Previamente a la presentación de la denuncia, las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, habían resuelto suspender el acuerdo tomado por la mayoría de los consejeros del INE, de aplazar la consulta de revocación de mandato por el recorte presupuestal del que fue objeto el órgano electoral.

Convenientemente, las ministras ligadas a Morena (Una fue la titular del SAT con AMLO y la otra es la esposa del constructor de cabecera del presidente, uno de sus mejores amigos) integran la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tienen facultades para emitir la resolución comentada ahora.

A esa coincidencia se suma el hecho de que el diputado morenista, rabioso crítico del INE, presidente de la Cámara de Diputados y con facultades para presentar denuncias; con el agravante de que, primero, la presentó sin consultar ni notificar a nadie y, luego, pretendió ocultarla el mayor tiempo posible.

Se sabe de la denuncia porque se “filtró” a la prensa.

De este modo, por la peor de las vías, la de las chicanas y del ejercicio autoritario del poder, los morenistas están cumpliendo al pie de la letra las instrucciones, deseos, sugerencias y demás del presidente, sin la participación de ningún contrapeso, ni constitucional, ni político, ni social.

Todo por la ¿equivocada? concepción del presidente o su versión interesada acerca del proceso de revocación, utilizada por él para mantener en alto su calificación que, a su vez, le permita a Morena triunfar en todos los próximos procesos electorales y así consolidar la hegemonía política que por momentos parece abrumadora y que apunta, en casi todos los órdenes, a construir un ejercicio autoritario del poder, con el respaldo irrestricto de las fuerzas armadas.

No es un dato menor que quienes recaban las firmas para convocarla forman parte del aparato político de Morena y el gobierno, no se trata de quienes estuviesen hartos del ejercicio presidencial de AMLO, sino de sus seguidores.

Así, las decisiones del presidente se están cumpliendo, como lo ha exigido en público y privado, sin cambiarles, una sola coma.

El acuerdo de aplazamiento tomado por el INE fue con el argumento de que los recursos aprobados para ese fin son “insuficientes para llevar a cabo una consulta revocatoria confiable y de calidad, equiparable a una elección federal y con el mismo número de casillas de la pasada, como lo exigen la Constitución y su respectiva ley reglamentaria”.

La suspensión de la suspensión de la consulta estará firme hasta que el máximo tribunal del país resuelva el fondo de la controversia constitucional, en tanto, la denuncia puede surtir efectos y hasta podría iniciarse el proceso de desafuero constitucional.

En síntesis: Dos ministras de la Corte, allegadas al presidente integran la Comisión de Receso de la SCJN (por el período vacacional, para atender urgencias), decretan la suspensión de la decisión del INE; el presidente de la cámara, morenista, presenta denuncia ante la fiscalía especializada, también en manos de una morenista y, con ello, pretenden destituir a 6 consejeros, sustituirlos por otros morenistas -o cercanos al morenaje- y sumar los nuevos a los 4 que ya están en el INE, también morenistas.

De ese modo, López Obrador pretende apropiarse del control de los procesos electorales. 

Ninguno de los presidentes de la época de las elecciones competidas pretendió cosa semejante.

No porque no quisieran. 

A golpe de inmensos, frecuentes y numerosos fraudes electorales; de varios miles de muertos y heridos, de decenas de miles de encarcelados; de concurrir a procesos electorales en los que el factor común fue el del hostigamiento oficial, del uso de los recursos públicos en favor de los candidatos oficiales y del fortalecimiento de los cacicazgos regionales, es que la sociedad mexicana le arrancó al gobierno su control sobre las elecciones.

Hoy estamos frente al proceso contrario, los actuales gobernantes pretenden hacer lo que los gobiernos priistas tantos años efectuaron.

Lo paradójico es que los electores -y en general la ciudadanía- se enfrentan a dos PRI-AN-RD: El de adentro de Morena y el de afuera de este partido.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO) 

jueves, 23 de diciembre de 2021

Impostergable. Golpe de timón a la economía



El Diario, 23 de diciembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Las deformaciones de la estructura económica existente en la entidad y su falta de relación con la estructura educativa, de los niveles superiores; o, si se quiere plantear de otra manera, la falta de inserción del modelo educativo con la planta económica, causa, entre otros problemas, la falta de empleos para los egresados de las instituciones de educación superior del estado de Chihuahua, en niveles verdaderamente alarmantes.

Las consecuencias son dramáticas, además del desempleo, el subempleo, la migración y/o todas ellas, además de otras consecuencias sociales negativas.

Las cifras son ilustrativas: “En el periodo 2019-2020 sólo se generaron tres mil 474 empleos”.  (Nota de Manuel Quezada/El Diario, 19 diciembre 2021).

“La generación de empleos es insuficiente en el estado para el número de egresados de nivel superior, señaló la Plataforma de Inteligencia para la Competitividad del Sector Privado, quien estimó que hay una brecha de unos 22 mil 541 plazas con salarios esperados por los profesionistas de 3 a 4 salarios mínimos”, es decir, de entre 11 mil 902 a 15 mil 870 pesos mensuales. (Ibídem).

La brecha entre los egresados de las instituciones de educación superior y las plazas creadas en el mismo período es enorme, “en el periodo 2019-2020 egresaron 26 mil 015 estudiantes del nivel superior de entre 20 y 25 años en la entidad y sólo se generaron tres mil 474 empleos”. (Ibídem).

La pandemia no es la causante única de la tendencia negativa en el desempleo “ilustrado”, pues se mantiene, de acuerdo con la misma fuente,  en los años previos a la aparición y llegada del COVID 19 al país y la entidad, “la brecha de empleo para profesionistas, se va agrandando año con año”. (Ibídem).

Factor central en el estado lo constituye el comportamiento de la economía juarense, pues De 2019 a 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de Ciudad Juárez a precios constantes cayó 11.33%, mientras que el per cápita disminuyó 13.5 a consecuencia de la pandemia… (al pasar) de 227 mil 491 millones de pesos en 2019 a 201 mil 689 millones de pesos”. (Nota de Iris González El Diario de Juárez, 14/XII/21).

Tal caída se contrapone a lo ocurrido en la capital del estado, en la que “de acuerdo con los datos de ese organismo, en el caso de la ciudad de Chihuahua el PIB per cápita aumentó un 6.65%. En 2019 la cifra fue de 130 mil 191 pesos, mientras que en 2020 subió a 138 mil 845. Según el INEGI, durante el 2020 el PIB del estado de Chihuahua se contrajo un 5.9% a consecuencia de la pandemia de COVID-19”. (Ibídem).

Con esas estadísticas se vuelve nítida la tragedia de los chihuahuenses con estudios superiores pues constituyeron el 53% de los desocupados a causa de la pandemia, además de que “el 90% tiene experiencia laboral”. (Nota de Karina Rodríguez, El Heraldo de Chihuahua,  24/XI/21).

No se trata solamente de que son este tipo de egresados los desempleados, sino de que la absoluta mayoría son los más jóvenes ya que, por ejemplo, en el municipio de Chihuahua, “El 3% de los desocupados son de 65 años y más; el 24% de 45 a 64 años; el 34 de 15 a 24 años; y el 39% corresponde al grupo de los 25 a 44 años”. (Ibídem).

Todo lo anterior es solamente un reflejo de la actual situación, la que se ha agravado en el último quinquenio, por lo menos, y que obedece a una estructura y política económicas urgidas de un cambio radical que posibiliten el acceso de los chihuahuenses más y mejor educados a las fuentes de empleo, las que, además, deberán ser mejor remuneradas de lo  que lo son en la actualidad pues Chihuahua ocupa el último lugar nacional  en la remuneración del empleo formal.

Pueden ser muchas las fórmulas, una es esencial, urge crear la industria que le aporte más insumos a la industria maquiladora instalada en el estado, así como el de incursionar en otras áreas industriales e iniciar el camino de dejar de ser, solamente, la entidad que aporta mano de obra barata a la industria maquiladora, de lo contrario seguiremos siendo una de las entidades que mayor exportación hacen de mano de obra “ilustrada”.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO) 

domingo, 19 de diciembre de 2021

Deuda ¿Hay otras opciones?



- Signos de distensión política nacional ¿Prevalecerán?

Luis Javier Valero Flores 

El Diario, 19 de diciembre de 2021

La realidad se impone, no es una frase, en prácticamente toda la cosa pública, especialmente en la financiera.

La política neoliberal prevaleciente en el mundo, que ha empoderado como nunca a las élites financieras, al grado de someter a pueblos y gobiernos, a los que obliga a adoptar y aplicar esquemas económicos que en última instancia favorecen salvajemente el enriquecimiento de los oligopolios, hace presa, obviamente, a los gobiernos locales, impedidos de elaborar una política económica que los convirtiera en instancias “insumisas” frente al poder de los centros financieros.

Dentro de esa política tienen un valor central las deudas de las naciones y los estados, en este caso prácticamente todos endeudados, en algunos casos, a niveles insuperables.

Y no es solamente la aplicación de las recetas neoliberales. 

En los últimos 20 años casi todos los gobernantes estatales, responsables de una gigantesca corrupción, endeudaron a la mayoría de las entidades, comprometiendo gravemente las finanzas al muy largo plazo, con todas las consecuencias sociales y políticas.

Por ello no es extraño que López Obrador y Morena ganaran casi todas las elecciones del ’18 a la fecha y que en todas las encuestas se coloquen en el primer lugar de las preferencias ciudadanas electorales, incluso en las presidenciales del 2024.

Pero en lo financiero y lo social, poco margen de maniobra tienen los gobernantes recién llegados. 

Todos, emergidos de todos los partidos, deberán aplicar las mismas recetas, porque no hay de otra; estarán obligados, unos más que otros, a renegociar las deudas para prolongar los plazos y con ello obtener algunos recursos extras; a intentar obtener mejores tasas de interés con sus acreedores; a inventar, o impuestos o beneficiarse de la modificación o ampliación en el cobro de algunos derechos, y los que puedan, como es el caso de Chihuahua, a renegociar la deuda carretera o la de los puentes fronterizos.

Y, claro, aplicar distintos mecanismos de ajuste presupuestario, pero sin dañar la estructura del aparato gubernamental, ni restringir el gasto destinado a obra, ni servicios, y claramente orientados a disminuir la nómina de los mandos superiores. 

Todos estamos de acuerdo en la disminución de los salarios de los mandos superiores, en la desaparición de las plazas inútiles, de todas las dependencias, y en el recorte a otras; pero los ahorros, por lo menos con la experiencia de los aplicados en el sexenio de Duarte y Corral, ambos con sendos programas “de austeridad”, generaron, en el mejor de los casos, ahorros del orden de los mil millones de pesos, claramente insuficientes para la dimensión del problema financiero que arrostramos.

Cualquier otro rubro en el que se restrinja el gasto gubernamental incidirá, indefectiblemente, en la economía del estado, pues la inyección de esos recursos es muy importante para el conjunto de las actividades económicas locales.

Pero ¿Hay otra manera?

Visto de esa manera, lo propuesto por el gobierno de Maru Campos explora todos los instrumentos anteriores y obtiene varios miles de millones de pesos y relanza la deuda -en muchos casos- hasta los años 2046-2047 y, de acuerdo con las versiones de los gobernantes, con un mejoramiento de las tasas de interés.

Pero, otra vez el entorno afectará seriamente. El aumento del 10% de los ingresos del gobierno estatal, 12 mil millones de pesos (mmdp) más,  quedará reducido, merced a la inflación del 7.3%, a un modesto crecimiento presupuestario, que apenas será superior al crecimiento de la población en el año, y en medio de las consecuencias del lento crecimiento económico, tanto el del 2019, como el de los dos años de la pandemia configuran un sombrío panorama para el próximo año.

Y aun nos falta superar la 4a. ola del COVID y/o la variante Omicron.

Por ello, es gratificante saber que el próximo año, el gobierno ya no dependerá de los créditos a corto plazo y que, ojalá así sea, las medidas aprobadas, incidan positivamente, y que consisten en un crédito de largo plazo con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por mil mdp, que en la versión gubernamental, se pagarán del crecimiento del FAFEF “que se tuvo este año, lo que llevará a que la disminución del FAFEF no será menor a lo recibido en el 2020”.

Además, un crédito de largo plazo con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) por 500 millones de pesos, “para destinarlo a los objetivos propios de este fondo”.

Y un refinanciamiento de la bursatilización y diferentes adeudos anteriores y nuevos de largo plazo, con entidades financieras públicas y privadas por 8 mil millones de pesos, más 4 mil millones de nuevos créditos a corto plazo (contratados en el presente año, como fruto del caos financiero dejado por el gobierno de Javier Corral que, además, había gastado lo correspondiente a las participaciones federales de octubre y noviembre), lo que, aparentemente, llevaría a que la deuda creciera en 12 mdp, pero que en realidad, los de corto plazo, deberán pagarse en el curso del 2022 y los otros, se diferirán a 20 años.

Además, incluye la autorización de dos créditos a corto plazo y la emisión de certificados bursátiles por 19 mil 600 millones de pesos derivados de la deuda carretera, que se pagarían a 25 años con los ingresos de 9 tramos carreteros de peaje. Con el refinanciamiento se ahorrarían 3 mmdp a obtener a partir de 2023. Con esto, se ampliaría la mayor parte del endeudamiento carretero hasta el año 2047.

Esto es, que los ingresos del peaje anuales -del orden de los 2 mmdp- se comprometerán hasta esa fecha. El estado sólo podrá acceder a los excedentes derivados del crecimiento económico que incide directamente en el crecimiento del flujo vehicular en las carreteras de peaje.

En la actualidad, se paga un 13% del monto total anual de la deuda carretera, producto del 7% de inflación, más un interés fijo de 5.95%, a la que deberá agregarse el adeudo con Banobras, de 666 mdp, que se renegociará y se liquidará hasta el 2032.

Y otra por 989 mdp del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

Otro crédito del mismo fideicomiso es con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) por 537 mdp, que creció en 30 millones durante el último año. Con la reestructuración se liberarán mil millones de pesos al año.

Igualmente, la deuda contraída por la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI) por 264 millones de pesos que se reestructuró con una tasa sensiblemente inferior.



Por ley, los dictámenes relacionados con esquemas de financiamiento y refinanciamiento deben contar con la mayoría calificada en el Congreso del Estado, pero, además, y es lo destacable, deberán ser aprobados, lpor la Secretaría de Hacienda, es decir, el equipo del presidente López Obrador.

Por supuesto que hay aspectos que debieron revaluarse por la mayoría legislativa, especialmente los que inciden más en los sectores poblacionales más agredidos por la pandemia, como el costo de las placas y el derecho de uso vehicular.

El incremento al Impuesto Sobre Nómina, aunque lesivo para la mayoría de las empresas, no es aumento que incida en la competitividad, ni se convertirá en factor que las afecte y sí, por el contrario, elevará los ingresos presupuestarios en mil 987 mdp, casi 50% más que el presente año.

A nadie nos gusta la situación financiera por la que atravesamos, pero sin la corresponsabilidad de los gobernantes de los ámbitos federal y estatal menos se atenuarán los efectos de la misma. 

Por lo que se infiere del denominado paquete financiero, se puede concluir que es el resultado de las negociaciones entre ambas partes, igual a lo que está ocurriendo en casi todas las entidades que renovaron los poderes locales en el 2021.

Enhorabuena, era más que necesario.

—o—

Distintos eventos celebrados en los días recientes parecieran abonar al ánimo de distensión política, que pudiera ir en sentido contrario a lo prevaleciente en el país desde la asunción de López Obrador a la presidencia.

Esa confrontación, esa degradación del nivel y tono de la discusión política alcanzó su mayor grado en la discusión de los proyectos de ingresos y presupuesto de egresos de la federación para el 2022.

Sin embargo, la realidad se ha impuesto, tanto a los ánimos beligerantes presidenciales, como a los propios de las fuerzas opositoras.

Y la realidad, hoy, a pesar de las elevadas calificaciones presidenciales, muestra un nuevo entorno político que los está obligando a atenuar sus ataques.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

domingo, 12 de diciembre de 2021

Mensajes, acuerdos, promesas ¿Nueva relación?



 “No tenemos comunicación reciente con él (Javier Corral), no descartamos que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él; tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él a una gente con rectitud, una persona inteligente, con criterio propio, y rebelde, y eso a mí me simpatiza, bastante”. AMLO.

El Diario, 12 de diciembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Una visita cargada de símbolos, de mensajes, pletórica de lo que la clase política mexicana es pródiga: Risas, sonrisas, saludos afectuosos, peticiones, coincidencias de reciente cuño, olvido de agravios recientes, elogios mutuos, pronunciamientos en favor de la construcción de nuevas civilidades y mensajes presidenciales a la oposición en clara contradicción a sus dichos de prácticamente todas las mañaneras.

Contradicción central en los protocolos de los actos del presidente: En tanto nadie -salvo la jefa de gobierno de la Cd. de México, Claudia Sheinbaum, y ahora el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla- usa frente al presidente el cubrebocas y, por supuesto, éste tampoco, la exigencia del equipo de Presidencia es que los reporteros, ni cuando hacen uso de la palabra en la mañanera, se quiten el cubrebocas.

La visita del presidente López Obrador a Chihuahua, el viernes, fue al más puro estilo del tabasqueño: Varios actos protocolarios, la infaltable mañanera y cero reuniones con los ciudadanos, organizaciones de éstos, o representantes populares.

Fuera de la gobernadora Campos, de los alcaldes Bonilla, de Chihuahua, y de Cruz Pérez Cuéllar, de Juárez, el presidente no escuchó más voces chihuahuenses que las escasas de los reporteros de la localidad que pudieron preguntarle en las conferencias de prensa.

De ahí en más, no concedió oportunidad alguna a que los inversionistas de Aras le expusieran su problema; ni que los jubilados del magisterio le plantearan su preocupación acerca de las pensiones, tasadas en UMA’s, en lugar de salarios mínimos, como es su pretensión; ni que los agroproductores le plantearan sus problemas, los de siempre, y los generados por la política gubernamental reciente.

Nada, el presidente no escucha a nadie, por lo menos en Chihuahua en las ocasiones que ha estado aquí.

Vino a instalar una comisión que se encargará de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los activistas y opositores del Estado mexicano, de 1965 a 1990, pero nada dijo de la inmensa tragedia que asola a la entidad en la que más de 20 mil personas han desaparecido, -desde la última década del siglo XX y lo que va del presente siglo- la mayor parte de ellas a manos de las bandas del crimen organizado.

¿Porqué no entrevistarse con las organizaciones que a lo largo de tres décadas han aparecido, integradas por las mamás -especialmente- de las mujeres desaparecidas, o de los hombres que el crimen organizado ha “levantado” en ese tiempo?

¿Porqué hasta 1990? ¿Porqué no incluir el período de mayor número de violaciones a los derechos humanos, homicidios y desapariciones en el país, esto es, hasta 2018, por lo menos?



Porque es muy importante esclarecer la elevada responsabilidad de los gobiernos de la república en el período de la guerra sucia, en la que sus fuerzas policiacas y armadas causaron infinidad de agravios y delitos, pero lo ocurrido a partir de 1990, especialmente del 2009 a la fecha, es infinitamente peor.

Por supuesto que hay enormes diferencias entre ambos grupos de víctimas y violaciones a los derechos humanos. Los de la “Guerra sucia” eran combatientes, la mayoría, enemigos del régimen vigente, al que intentaban transformar.

En cambio, las víctimas de la parte final del siglo XX y lo que va del presente, son víctimas de la oleada criminal presente en el país.

Le hace falta a Andrés Manuel López Obrador sentarse a conversar -y no sólo en Chihuahua- con quienes gobierna. 

Está bien que lo haga con los gobernantes emanados de otros partidos; eso, siempre será bienvenido, pero hace falta lo otro, la interacción del mandatario con los gobernados, a lo mejor le servirá para cambiar sus opiniones preconcebidas sobre muchos asuntos en los que, está demostrado -y está lejos de su alcance, de cualquiera- no tiene, ni la información suficiente, ni los conocimientos necesarios para dilucidar los gravísimos problemas que aquejan a los mexicanos, y en especial a los chihuahuenses.

No basta con repetir las viejas fórmulas de la historia local -que siempre será bueno enaltecerlas- y que la gobernadora Maru Campos, astutamente, usó en su discurso sabiendo que tales menciones son de las cosas que más le agradan al presidente. Pero no bastan para gobernar.

A pesar de todo -o precisamente por eso- es de aplaudirse la nueva relación entre el presidente y la gobernadora, construida desde la etapa de gobernadora electa. 

Seguramente ha contado, en el cambio de talante del presidente, la cercanía cada vez mayor de las elecciones presidenciales del ’24, la personalidad del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la de la mandataria chihuahuense.

Es evidente que el presidente pretende distensionar el clima político, de ahí su anuencia, primero, al acuerdo Maru-Augusto López sobre el agua y luego la de autorizar la reunión de Santiago Creel con el secretario de Gobernación, para establecer una nueva relación entre el gobierno y la principal oposición, la del PAN.

Ahí deberá enmarcarse la actitud presidencial hacia la mandataria chihuahuense que, a lo mejor, traerá algunos atenuantes a los graves problemas que padece la entidad.

Seguridad es el tema que más les duele a los de la 4T, por eso celebraron la reunión de seguridad en la capital del estado, con la presencia de todo el gabinete de seguridad, integrado casi exclusivamente por militares, con la excepción de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.

Los informes que debieran hacer los policías encargados de la seguridad pública, ahora los rinden los más altos jefes militares, como si el país estuviese inmerso en una guerra.



Hay razones de peso para la celebración de tal reunión y la adopción de medidas que enfrenten la crisis de inseguridad existente en el estado, que desde hace 15 años se ubica dentro de los primeros 5 estados con el mayor número de homicidios y que, en el actual gobierno federal, se encuentra en el lugar número tres, por la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

El Gral. Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, brilla como estelar en ese escenario, en el que todos lo obedecen como el jefe militar que es del país, incluido el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien hipotéticamente no debiera ser subordinado de Sandoval, sino de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.

El gobierno de la 4T le hizo fraude a la ley, la de la Guardia Nacional, pues en lugar de poner en manos de civiles la seguridad pública, como exige la legislación, los tratados internacionales y la Constitución, además de los especialistas de todo el orbe, en materia de seguridad pública y de derechos humanos, ahora todo está en manos de las fuerzas armadas las que, y es lo más lamentable, han fracasado, por lo menos hasta la mitad del sexenio, en el combate a la inseguridad y al crimen organizado, responsable de la mayor cantidad de delitos violentos, particularmente los homicidios, que rebasan los 107 mil en el actual sexenio.

El logro del gobierno federal en esta materia, y es correcto, es que el ritmo de crecimiento de las cifras homicidas se ha detenido, pero que de todos modos mantiene un leve crecimiento.

Asombra el hecho de que en el estado están ubicados 8 mil 784  elementos de las fuerzas armadas, en un número muy semejante al que el gobierno de Felipe Calderón concentró en Chihuahua, entre soldados y policías federales, en la época más aciaga de la entidad en la que las ejecuciones, los secuestros, los robos de vehículos a mano armada y las extorsiones alcanzaron las cifras más altas de toda la historia local, y los resultados son similares: Fracaso absoluto.

Hubo más material para comentar, pero llamó la atención la postura presidencial, a partir de la pregunta de una reportera de la ciudad de Chihuahua, en la que el presidente elogió al ex gobernador Javier Corral, al que, incluso, dijo, podía llamar al gobierno federal.

La mención de Corral denotó que puede inferirse que AMLO sí lo llegó a considerar como posible ocupante de una posición en el gobierno federal, en un evidente despropósito del presidente.

No hay nada, en el balance gubernamental de Corral, que lo haga merecedor de un premio como ésos.

Por otro lado, López Obrador es incapaz de romper con las prácticas del viejo régimen, el que tenía como una de sus normas premiar en el extranjero a algunos de sus “mejor portados”. 

Así, AMLO pretende nombrar como embajadores a algunos de los exgobernadores de la oposición. 

Se arriesga mucho ¿Y qué tal que algunos de ellos deba enfrentar a la justicia como resultado de sus corruptelas en el gobierno?

Asombran algunos morenistas. 

Con tal de aprobar la conducta presidencial, en lo que sea, son capaces de lanzar frases como la del coordinador parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, que aprobó el hecho de que pudiese ser llamado Corral al gobierno de AMLO, en aras, dijo, de la pluralidad política.

¡Híjole!

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

jueves, 9 de diciembre de 2021

AMLO, visita en medio de la conflictividad social chihuahuense



El Diario, 9 de diciembre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

No podía ser peor el entorno en el cual el presidente López Obrador regresa a la capital de Chihuahua, por la mañana del viernes (aunque llegará por la tarde-noche de hoy) y a Juárez por la tarde de ese mismo día.

Más de 20 mil chihuahuenses están inmersos en un inmenso fraude (más allá de la denominación que alcance jurídicamente) orquestado y ejecutado por la empresa Aras. 

Las repercusiones de este robo llegarán muy lejos; alcanza a otras cinco entidades, por lo menos, y en el cual, por omisión, podrá acusarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Involucrará, con seguridad, a otras autoridades, de todo tipo.

El escándalo ha impregnado de muy justificadas suspicacias la actuación de funcionarios federales (los de las dependencias señaladas), pero también de funcionarios locales, si es que se logra demostrar que ante la presentación de denuncias por los afectados, funcionarios federales y estatales dieron largas a darle curso a ellas.

Por otro lado, Chihuahua llega, como hace 15 años, ubicada como una de las entidades ubicadas en el top cinco con el mayor número de homicidios.

Han pasado los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y la mitad del presente. Mandatarios de 3 partidos distintos y la tragedia, la violencia, la colusión, la impunidad y la injusticia permanecen incólumes.

Además, tal oleada se ha presentado en los gobiernos de Reyes Baeza, César Duarte, Javier Corral y los escasos meses de la actual, Maru Campos.

Las estrategias aplicadas para enfrentarla -si es que lo han hecho- han fracasado estrepitosamente; hemos visto de todo, la mayor parte de ellas centradas en el aprovechamiento de las fuerzas militares, hasta llegar a la transformación de éstas en la Guardia Nacional, cuyas tácticas y estrategias no difieren de las usadas por los ejércitos en los conflictos armados, pero que escasa utilidad tienen para combatir -es evidente el fracaso- al crimen organizado, principal causa de los elevados índices criminales.

Más aún, la llegada del presidente López Obrador se da cuando tres de las organizaciones derechohumanistas con mayor trabajo efectuado en nuestra entidad (el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y 30 años CEJIL) han denunciado el incumplimiento del Estado Mexicano en los casos Alvarado Espinoza y Otros” y el de Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco”, sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).

La primera de ellas implica a mandos y elementos de las Fuerzas Armadas, por la desaparición de tres chihuahuenses, los jóvenes Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado, vistos por última vez el 29 de diciembre del 2009, residentes del ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura y quienes fueron aprehendidos y desaparecidos por elementos del ejército mexicano, cuya responsabilidad acreditó la CIDH.

En estos hechos la CIDH acreditó el encubrimiento, a los responsables, del general Jens Pedro Lohmann Iturburu, recientemente designado titular de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), -la empresa estatal encargada de la fabricación, traslado y distribución de medicamentos-, quien se desempeñaba en la fecha de los hechos como Comandante de la Guarnición Militar de Puerto Palomas y que tuvo conocimiento de la desaparición de los jóvenes a manos de militares.

A esos temas volveremos, porque forman parte fundamental de lo que debiera abordar y resolver el presidente mañana, junto con lo que debiera ser el epílogo de la lucha por La Boquilla: La excarcelación del dirigente de los productores, Andrés Valles, así como la reparación de los daños causados a la familia Torres Silva, más allá de que el asesinato de Jessica Silva aún se mantiene en la más viva opacidad, así como la evidente injusticia que implica el hecho de que aún se mantengan congeladas, por la UIF, las cuentas personales de Salvador Alcántar, el dirigente estatal de los usuarios de los distritos de riego.

Además, a pesar del porcentaje de chihuahuenses vacunados, la entidad la encontrará López Obrador en medio de un repunte de la pandemia, ante el cual lo procedente, de manera inmediata, es la vacunación de los niños y jóvenes, además de la aplicación de la tercera dosis a los adultos mayores, antes de que Chihuahua sufra un nuevo embate del COVID .

Y por si faltaran temas, sin duda que el gobierno del estado -y los chihuahuenses- requieren de la cooperación del gobierno federal en el tema de las finanzas estatales.

No son pocos, ni menores los problemas a los que debiera enfrentarse el presidente López Obrador.

Ojalá resolviera a favor.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

jueves, 2 de diciembre de 2021

Corral ¿Qué le hicieron al dinero?



El Diario, 2 de diciembre de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

La información fluyó por tres vías. Primero fue la gobernadora Maru Campos, luego el auditor Héctor Acosta y, finalmente, la publicación periodística (Nota de Javier Olmos, El Diario de Juárez, 01 diciembre 2021).

Es de escándalo. Costaron casi 700 mdp los créditos de corto plazo del gobierno de Javier Corral.

El reportero revisó losResultados de Procesos Competitivos de Obligaciones a Corto Plazo” de la Secretaría de Hacienda, que muestran la contratación de “35 de estos empréstitos por un monto total de 15 mil 420 millones de pesos”. (Ibídem).

Se contrataron con tasas de interés de hasta 12.56%, casi el doble de los contratados por la actual administración, con un promedio de 7%.

El costo de tales créditos alcanzó la fabulosa cifra de 692 millones de pesos en intereses, más las comisiones, del orden de los 92 millones de pesos, por la contratación de tres créditos contratados en 2020 y uno registrado en 2019.

El procedimiento lo relató la gobernadora: Consistió en lanzar licitaciones para la contratación de tales créditos en plazos no mayores a una semana, con lo que las tasas obtenidas eran de las más altas del mercado, con las consiguientes pingües ganancias para los tramitadores de los créditos, tanto del lado del gobierno del estado, como de las empresas otorgantes de los créditos.

Salvo algún crédito, del total de los obtenidos por el gobierno de Javier Corral, todos se contrataron en tasas por encima de los niveles del mercado, con un añadido, informado por El Diario, consistente en que “la administración corralista nunca (entregó) informes del destino de estos créditos, más allá de las afirmaciones de que se usaron para 'cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.

A su vez, el gobierno de Campos “acumula 3 mil millones de pesos solicitados en préstamos de corto plazo, que tienen la finalidad de solventar problemas de liquidez financiera”. (Ibídem).

Luego, la gobernadora aseveró la existencia de una “mano pachona”, lo que generó “posibles beneficios para terceros”.

A tales expresiones se sumó la Auditoría Superior del Estado (ASE), que anunció la revisión “del estatus final de las condiciones de contratación de la deuda durante el quinquenio del ex Gobernador Javier Corral”, y nos ofrecerá, a la luz del trabajo de la ASE, “un panorama completo de las condiciones del total de pasivos acumulados en los 5 años de la administración anterior, las tasas de interés pagadas y el cumplimiento legal de los procedimientos de contratación”. (Comunicado de la ASE, 1/XII/21).

Pero las frases utilizadas por la mandataria no dejan lugar a dudas.

“Alguien estuvo detrás del negocio”, sostuvo, lo que implica, sin lugar a dudas, una revisión, no solo de la Secretaría de la Función Pública, dependencia bajo su cargo, sino de la ASE, organismo vinculado al Congreso del Estado y de cuyas investigaciones se podrán desprender un cúmulo de consecuencias, no solo administrativas, sino penales, que podrían constituirse en los primeros actos de este corte, que pueden terminar con el fincamiento de cargos en contra de varios de los más altos funcionarios de la administración pasada.

Y es que el caos financiero dejado por el gobierno del “Nuevo Amanecer” ha dejado, además, una gran incógnita: ¿Qué le hicieron al dinero?

Pidieron prestado un titipuchal de dinero; no entregaron las cuotas de Pensiones Civiles; le escamotearon dinero a la Cruz Roja, a Ficosec, al CRET; a las universidades, al Congreso del Estado y, además, usaron las participaciones federales de octubre, noviembre y ¿diciembre?, obligando, de ese modo, a la actual administración a los empréstitos de corto plazo y a la adopción de una serie de medidas presupuestales para el próximo año (que habremos de analizar la próxima semana) y a una reestructuración de los adeudos, que implicarán comprometer recursos estatales a muy largo plazo.

¡Un verdadero desastre financiero!

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)