Ganaron los “No”

El Diario, 28 de noviembre de 2019

Luis Javier Valero Flores

En el primer ejercicio al amparo de la Ley de Participación Ciudadana, el plebiscito realizado en la capital del estado, que sometió a la decisión de la ciudadanía el proyecto de alumbrado público, propuesto por el Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Maru Campos, ganaron los “No”.

No se obtuvo el 10% de participación del electorado; por lo tanto la decisión no era vinculable, pero la alcaldesa Campos decidió acatar la decisión mayoritaria y, por lo tanto, el proyecto no se ejecutará, así, el Congreso del Estado no tiene, ya, materia de discusión.

Ante los resultados, el alcalde juarense Armando Cabada decidió no continuar con su propuesta y avanzar en la instrumentación de un nuevo plan, por etapas, ante la posibilidad de que un hipotético plebiscito en el antiguo Paso del Norte corriera la misma suerte que el de Chihuahua.

Luego, más allá de la justificada satisfacción de los promoventes del plebiscito, por el triunfo, obtenido a rajatabla, lo notable fue la baja participación ciudadana.

Podrán argüirse decenas de causas, seguramente todas válidas, pero lo cierto es que, nuevamente, factores como la falta de cultura democrática, la deficiencia comunicacional de los protagonistas del plebiscito, la exacerbación de algunos de los liderazgos, tanto del PAN, como del PAN, que sobajaron el nivel del debate y la salvaje oleada de ataques en las redes sociales hizo que muchos ciudadanos decidieran, ni siquiera, acercarse a los centros de votación.

Un factor más, negativo, fue la partidización del tema a votación, a causa  del involucramiento de varios protagonistas políticos cuya mira está puesta en 2021 y que muchos votantes advirtieron.

Entre las razones de la derrota del proyecto se arguyen, entre otros, a la supuesta fractura del partido gobernante en Chihuahua, en la que la dirigencia estatal, se acusa al gobernador Corral de alentarla, no se comprometió en virtud de que, dicen, el triunfo empoderaría a la alcaldesa. 

Por otra parte, las acusaciones acerca de la existencia de una muy importante operación del municipio para llevar personas a votar por el “Sí”, sin que ello involucrara mayormente a las estructuras partidistas, tanto municipales, como estatales podrían tener varias lecturas, la primera es que las dirigencias sí llamaron a votar y que la capacidad de movilización del panismo es notablemente inferior a la que se le presumía; o que, peor para los gobernantes del municipio, el panismo decidió no solamente no salir a votar, ni llamar a hacerlo, sino que, incluso, votaron por el “No”. 

Y no precisamente por oponerse al proyecto del municipio, sino por oponerse al proyecto político de Maru.

Pero si se suman todos esos factores, la conclusión es aún peor para los ánimos democratizadores pues resultaría que a muy pocos chihuahuenses les interesó tema tan vital, en el que, además, iba de por medio el primer ejercicio ciudadanizador en Chihuahua pues se trataba del primer plebiscito cuyos resultados serían vinculantes, esto es, que la autoridad emisora del proyecto en discusión estaba obligado a acatarla, en caso de que votara por lo menos el 10% del electorado.

Prevaleció, entre los votantes, como ha sido a lo largo de los más recientes años, el oponerse, el rechazar lo propuesto por los gobernantes, o la clase política, ahora fue para acompañar a un grupo de jóvenes, audaces, con una enorme capacidad de iniciativa y talentosos, que le aportaron a la contienda una frescura muy necesaria a la cosa pública, tan devaluada a causa de la clase política, toda, incluida la de reciente cuño, la de Morena en la entidad.

¿Es un triunfo de Morena? Es muy discutible.

¿Maru queda descartada de la contienda gubernamental? De bote pronto se puede decir que no, de todos modos aparece como la más adelantada del panismo para la candidatura y que, del mismo modo, el resultado no deja sentada la seguridad de que Morena pudiese ganar en la capital, habida cuenta que a diferencia del PAN, el resultado del plebiscito sólo indicaría que existe una fuerte presencia de Morena, pero que, igual que en la elección pasada, se le podría atribuir a la indudable fortaleza popular de López Obrador.

Más aún, las votaciones recibidas, son altas para el ejercicio de participación ciudadana, pero pocas para una elección constitucional, si tomamos en cuenta que votó solo una sexta parte (en números cerrados) de la elección del 2018, de la cual el “Sí” solo representó poco más de la décima parte de los votos obtenidos por Maru Campos en 2018.

En ese sentido, los votos del “No” representan poco más de la tercera parte de los obtenidos por el candidato de Morena a alcalde, Fernando Tiscareño.

El plebiscito evidenció, como si faltara saberlo, la enorme incapacidad del Poder Legislativo: Los diputados no fueron capaces de emitir una regulación para el plebiscito, que no contó con un verdadero entramado jurídico para garantizar a los ciudadanos la correcta emisión de su voto, luego de haberle otorgado la necesaria y suficiente información para decidir sobre asuntos que tienen una muy buena cantidad de carga técnica; la ausencia de la regulación sobre la equidad y la adecuación legal para la propaganda sobre el tema a discusión, entre otros muchos aspectos.

Lo dicho, ganaron los “No”.

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¿Nuevo amanecer insumiso?

El Diario, 24 de noviembre de 2019

Luis Javier Valero Flores

En medio de un ejemplar primer proceso plebiscitario, a celebrarse en la ciudad de Chihuahua, para que los habitantes de la capital resuelvan acerca del proyecto de alumbrado público propuesto por la actual administración municipal, encabezada por la panista María Eugenia Campos Galván, una nueva tormenta de carácter político se cierne sobre la entidad, generada por las declaraciones, tanto por el gobernador Javier Corral, como por el Secretario de Gobierno, Saúl Mesta, y Jorge Espinosa, Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, en el sentido de que no acatarán las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El anuncio efectuado lo hicieron a partir de su rechazo a los mecanismos de la elección de Rosario Piedra Ibarra, como nueva titular de la CNDH. 

Tal postura esconde una más criticable razón: La de no acatar las recomendaciones, no las que vaya a realizar la nueva presidente, sino las generadas a partir de sus propias acciones o, como en el caso de la emitida con motivo de la contaminación producida por la planta de Avalos, firmada por el anterior presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, contra el cual no pesa el señalamiento de los funcionarios del amanecer chihuahuense.

Las declaraciones del gobernador Corral son verdaderamente preocupantes (las del Secretario Mesta y el abogado Espinosa no lo son menos, sin embargo, al ser subordinados del primero se entienden en pleno concierto con el titular del Poder Ejecutivo) pues lo revelan totalmente contrario a lo mostrado, no sólo en los años previos a su ascenso al gobierno local, sino, incluso, ya en el ejercicio actual, cuando a resultas de la firma de un convenio con la CNDH, emitió una serie de opiniones totalmente contrarias a las que le escuchamos en los días recientes.

El gobernador Corral sostuvo que es irrelevante el desacato a la CNDH pues, sostuvo, las “recomendaciones de la CNDH, no son vinculantes, ninguna autoridad cae en desacato cuando no cumple o no acepta las recomendaciones”, pero resulta que los tribunales federales pueden resolver toda “controversia que se suscite… (por) I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;…”.

Por lo tanto, la CNDH tiene la facultad de presentar denuncias penales y administrativas en contra de cualquier autoridad que haya desacatado las recomendaciones del organismo derechohumanista, máxime si se tiene en cuenta que las recomendaciones son el fruto de largas y muy documentadas investigaciones, que en el mayor número de casos eran archivadas por las autoridades anteriores y que ahora estarán sujetas a un más riguroso escrutinio.

Es decir, que, además, de que la CNDH puede solicitar al Congreso de la Unión sea citada la autoridad que no haya acatado alguna recomendación, puede solicitarle a la Fiscalía General de la República se levanten las respectivas indagatorias debido a presuntas violaciones a los derechos humanos, de tal manera que no es tan “irrelevante” no acatar las recomendaciones del organismo derechohumanista.

Y los ejemplos sobran de la postura del gobierno de Chihuahua en desobedecer las recomendaciones de la CNDH. Para iniciar, ahí está el hecho de que el Estado incumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los cadáveres encontrados en el campo algodonero, noticia dada a conocer por el mismísimo entonces presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

A lo que se suma el hecho de que el organismo garante de los derechos humanos, en su último informe, “el del 2018, deja muy mal parada a la entidad, con liderazgo en homicidios de periodistas, defensores de derechos humanos y feminicidios”. (La columna, El Diario de Chihuahua, 22/XI/19).

Las luces de alerta sobre la actual administración están prendidas hace tiempo.

La tasa de feminicidios, del 2.47, es de las más altas a nivel nacional; igual ocurre en el rubro de los periodistas asesinados, aspecto en el que Chihuahua sólo es superado por “Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca”, así como en el de los derechohumanistas, en el que “del 2006 al 2018, 40 (han caído) a nivel nacional, 14 solamente en Chihuahua, donde destacan los primeros tres años del corralato”. (Ibídem).

Por ello, la desastrosa actuación de los senadores de Morena en la designación de Rosario Piedra se le presentó al gobernador de Chihuahua como una invaluable oportunidad de pretender (como siempre, de manera chabacana, oportunista y demagógica) aparecer como un acabado demócrata al momento de impugnar esa elección.

Porque, no hay duda, Rosario Piedra -más allá de sus méritos como activista de Eureka, la organización fundada por su madre, Rosario Ibarra, para reclamar a los desaparecidos en la guerra sucia de los 70’s- incumplió con un requisito constitucional: El de no haberse desempeñado como dirigente partidaria un año antes de su elección. Pidió licencia tardíamente al cargo de Consejera Nacional de Morena, su partido, del cual el Consejo es un órgano de dirigencia nacional.

Lo anterior, independientemente del hecho de que, más allá de que el número de boletas votadas en la elección de presidente de la CNDH fueran 114, y de que aparecieran un papel en blanco y un sobre y éstos no se contabilizaran como votos emitidos, lo cierto es que la lista de presentes de la Cámara de Senadores -único documento válido para certificar el número de senadores presentes en la sesión- arrojó la presencia de 118 senadores.

La norma constitucional establece que el presidente de la CNDH debe ser nombrado con el voto de las dos terceras partes de los senadores PRESENTES, no de los que hubiesen emitido su voto. Por tanto, el número mágico para Rosario Piedra era el de 79 votos a favor y sólo obtuvo 76.

Ante ese hecho, el gobierno de Querétaro, primero, y luego el de Chihuahua, anunciaron que no acatarán las recomendaciones de la CNDH en virtud de su “ilegitimidad”, en lugar de atacar jurídicamente el nombramiento, en virtud de su presunta inconstitucionalidad, algo que al final de la semana pareciera tomar forma en el grupo de senadores del PAN.

Las declaraciones de los funcionarios de Chihuahua encontraron una rápida y contundente respuesta de Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, quien sostuvo que “Todas las recomendaciones tienen que ser atendidas y la autoridad tiene la obligación de atenderlas,…  porque incluso incurren en desacato y probable juicio político, tienen que ser llamados a comparecer al Senado”. (Nota de Orlando Chávez / Gisela Reyes, El Diario de Chihuahua, 21/XI/19).

Pero el argumento de que no reconocerán a Piedra Ibarra se les presenta como una oportunidad de oro ante la emisión de una recomendación por demás emblemática de la CNDH (Elaborada y emitida por el anterior ombudsman, González Pérez), en la que los señalamientos son a los tres niveles de gobierno, derivados de la grave violación a los derechos humanos de los vecinos de la planta minera de Avalos, en la capital del estado, por una elevada y persistente contaminación, en la que la CNDH le ordena al gobierno estatal que reubique a las familias afectadas, además de un sinfín de acciones destinadas a remediar la contaminación de la zona.

La recomendación abre la posibilidad para que los exgobernadores Patricio Martínez, Reyes Baeza y Javier Corral puedan ser denunciados “por haber permitido la construcción de una unidad habitacional en las inmediaciones de la planta Ávalos, señaló la diputada presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, Rocío González Alonso”. (Nota de Alejandro Piñón, El Diario, 14/XI/19).

Sorprende la fuente de esta nota, se trata de una legisladora del blanquiazul, ligada a la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, quien sostuvo que “pese a que se sabía de la contaminación ambiental existente por los residuos minero-metalúrgicos de la Planta de Ávalos, entre ellos plomo y zinc, cuyos predios fueron adquiridos por el Gobierno del Estado de Chihuahua en 2004, se dio entrada a la construcción de esta colonia…”.

No iniciará bien el 2020 para el “Nuevo amanecer”.

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¿Y dónde quedó el árbitro electoral?

El Diario, 21 de noviembre de 2019

Luis Javier Valero Flores

Cuando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) convocó al plebiscito sobre el proyecto de alumbrado público del municipio de Chihuahua, pocos protagonistas o ciudadanos comunes alzaron la voz a causa del poco tiempo otorgado entre la convocatoria y la celebración de la votación. 

Lo ocurrido en las semanas posteriores a esa convocatoria, sobre la escasa preparación de las etapas previas, que incluyen la selección de los ciudadanos encargados de la recepción de la votación, de su capacitación como tales, así como el de la selección de los lugares de recepción de la votación fue, poco a poco, concitando la preocupación sobre la improvisación con la que se incumplía con los procedimientos previos necesarios para una adecuada preparación de la jornada electiva.

Parecía como si el órgano electoral no tuviese la experiencia necesaria, o que el marco regulatorio no existiese, o que a falta de éste lo pudiese proveer la muy abundante jurisprudencia electoral o, incluso, la muy vasta emisión de normas regulatorias emitidas en los años precedentes por los órganos electorales, tanto el local, como el federal.

Pero lo peor, y acaso lo más inquietante lo constituyó la forma en el que el organismo electoral se ausentó de una de las partes más importantes de cualquier comicio -y el plebiscito, vaya que cumple con creces esa calidad-: Garantizar la equidad entre los actores participantes.

Y no se trata solamente de proteger los derechos de los promoventes del plebiscito, sino el de otorgarle a la ciudadanía de la capital del estado los conocimientos necesarios para que ésta pudiese emitir su voto.

El IEE no creyó necesaria su participación -y regulación- en el aspecto del proselitismo y máxima difusión del asunto a decidir y permitió que la autoridad municipal emitiese la mayor propaganda posible a su postura, sin que hubiesen mecanismos regulatorios, emitidos por la autoridad electoral que le otorgasen equidad al proceso.

¿Dónde quedó la autoridad electoral en el plebiscito?

¿En qué pensarían los consejeros electorales?

En unas semanas, el IEE nos arrojó al pasado del México de los fraudes electorales, o en la que los órganos electorales actuaban como si no existiesen y todo dejaban hacer a los protagonistas en el pasado, que casi siempre sólo era el partido oficial. No existía autoridad electoral que normara y sancionara la celebración de comicios limpios y creíbles.

Si bien es cierto que los huecos dejados por los legisladores chihuahuenses en la Ley de Participación Ciudadana, en materia de certeza, equidad, preparación y capacitación personal; de la propaganda  permitida y que la norma debiera precisar quienes pueden difundir publicidad, así como los topes de la misma.

Igualmente, la precisión acerca de si la autoridad gubernamental puede contratar publicidad en medios electrónicos -algo que está prohibido a los partidos políticos y candidatos-; la fijación de partidas presupuestales a fin de que los promoventes de los plebiscitos puedan contratar, por sí, o por el órgano electoral; y sobre la publicidad acerca de los argumentos de los promoventes.

Del mismo modo, la emisión de la regulación necesaria a fin de que el órgano electoral garantice la debida publicidad sobre el tema materia del plebiscito.

Nada de lo anterior se hizo presente en el plebiscito sobre el proyecto del alumbrado público en el municipio de Chihuahua, de ahí que la inequidad se haya convertido en la principal característica del histórico ejercicio ciudadano.

Y la otra certidumbre es la de la desaparición del órgano electoral. 

De ninguna manera es positiva su primera participación en este tipo de ejercicios ciudadanos.

Hasta ahora…

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¿Todo estuvo mal en el pasado?

El Diario, 17 de noviembre de 2019

Luis Javier Valero Flores

La izquierda latinoamericana, en general, incluida ahora la mexicana, que ha llegado al poder, padece de un gran problema: No sabe que hacer en los regímenes en los que priva la democracia liberal.

Por supuesto no se plantea incapacidad para abordar la abultada agenda social, en ese aspecto califican con algo más que la medianía, pero en lo que se refiere a la construcción de un modelo democrático, diferente al vigente, pero al fin y al cabo continuador del actual, tropiezan, trastabillan con muchos aspectos de lo realizado, en el caso nuestro, por los sectores, no sólo de la izquierda, sino de otros estamentos democráticos.

En su agenda inmediata deberán plantearse las respuestas a preguntas como éstas: 

¿Todas las instituciones creadas a partir del desarrollo de nuevas formas de la democracia son “neoliberales”?

¿Deben mantenerse las instituciones existentes hasta antes de su arribo al poder? ¿Deberán reformarlas? ¿O sustituir, por los emanados de propias filas, a quienes las integran?

Más. ¿Todas las instituciones fueron negativas, o servidoras de las respectivas “mafias del poder”?

¿Qué hacer, por ejemplo, con los organismos electorales? ¿Cómo actuar frente a ellos? ¿Desaparecerlos? ¿Nombrar a personas cercanas a los nuevos gobernantes para que se hagan cargo de ellos?

Cuestiones como las anteriores se han catapultado a la discusión nacional, sobre todo a partir del escabroso proceso de la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de los evidentes incumplimientos legales para acceder a tal posición (No votó por ella la mayoría calificada, además de formar parte del Consejo Nacional de su partido, órgano de dirección de Morena).

Todos son cuestionamientos extremadamente inquietantes y se derivan, sí de las conductas y posturas de los nuevos gobernantes en México, pero también de dos de los iconos de la izquierda latinoamericana: Lula y Evo Morales.

En el caso de los dos últimos, además del sinfín de factores contribuyentes a su caída, defenestración o persecución, en los que, por supuesto, jugaron un papel determinante las cúpulas empresariales y la injerencia norteamericana, hay un factor poco tomado en cuenta: El arribo de millones de personas a un nuevo estadio económico, como resultado de los éxitos de sus gobiernos.

El ascenso de esos millones a las capas medias, que trae aparejado una nueva forma de percibir los fenómenos político-sociales.

Es paradójico: 

En Brasil, más de 30 millones de pobres pasaron a las capas medias en el gobierno de Lula. Muchos de ellos no acompañaron, en los procesos electorales subsiguientes, a los candidatos del Partido de los Trabajadores (PT), el partido fundado por Lula. 

Además de los múltiples errores cometidos por los sucesores, acrecentados por un salvaje acoso de la derecha brasileña, llevaron a un enorme vuelco electoral de la mayoría de los ciudadanos. 

Le otorgaron el triunfo a la extrema derecha.

¿Por otra parte, cómo explicar el aumento del electorado que votó por la oposición al gobierno de Evo Morales, no obstante los indudables logros del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), más allá, o precisamente por eso, de los factores externos y de la radicalización del sector empresarial más derechista?

A pesar de todo, creció la oposición, incluso en sectores y organizaciones que le eran afines. 

Pudo quedarse con el poder, si hubiese obtenido las mayorías necesarias, en el referéndum del 2016 (que preguntó al electorado si el presidente y el vicepresidente se podían reelegir dos veces de manera consecutiva en el cual el “No”, obtuvo el 51.83% de la votación) y en las elecciones de octubre pasado, en las que deberá anotarse que emergió ganador, pero al “caerse” el sistema electrónico del proceso electoral, surgieron las dudas, justas, y acrecentadas por sus adversarios, sobre la certeza acerca de si obtuvo una ventaja de más de 10 puntos sobre el segundo lugar,  su suerte estaba echada.

A su vez, el gobierno de la 4T enfrenta, además del muy difícil entorno en materia de seguridad pública y de la crisis económica, la manera en que deberá abordar aspectos como los planteados arriba, que nos han explotado -literalmente- con motivo de la designación de Rosario Piedra Ibarra.

Ante las justificadas dudas desatadas acerca de la legalidad sobre su designación, las sobre reacciones de la oposición, en particular del PAN y las renuncias de cinco consejeros de la CNDH, deberemos sumarle las posturas emitidas por el presidente López Obrador, que condensan las respuestas a las interrogantes iniciales de estas reflexiones.

Sólo sirvieron para la simulación, ha dicho insistentemente. “… vean los antecedentes, se disfrazaban de sociedad civil cuando en realidad estaban participando abierta o encubiertamente a favor del régimen”, destacó.

Y descalificó todo el trabajo realizado por la CNDH.

Tiene parte de la razón, nada más. Ese organismo, es más que evidente, incumplió con su razón de ser, en muchísimos casos, pero también emitió recomendaciones (porque legalmente no podía hacer más) y valoraciones extremadamente ácidas para los gobiernos anteriores.

Lo denunciamos durante años, los gobernantes emanados del PRI, PAN y PRD hicieron todo por copar este organismo y otros que buscaban ser contrapesos al inmenso poder autoritario del presidencialismo de los gobiernos priistas creados con la intención de restarle espacios al poder.

La CNDH no es el resultado de los afanes de los neoliberales, sino de los miles de mexicanos que en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en la de la justicia, procurando el castigo a las autoridades abusivas y asesinas.

De allá venimos, por eso dolió hasta el alma la respuesta del presidente López Obrador, cuando dijo no conocer a Alberto Athié, consejero de la CNDH que renunció a causa del viciado proceso de designación de Rosario Piedra y que realizó una ejemplar lucha en contra de la pederastia clerical, encabezada por el Padre Maciel,  y las corruptelas y complicidades de la más alta jerarquía católica para protegerlo.

Durante décadas se buscó que quienes ascendieran a esos organismos “autónomos” no tuvieran nexos con el poder, por ello se insistía, tercamente, en la necesidad de que no hubiesen sido dirigentes de los partidos, ni de que poseyeran lazos afectivos y/o políticos con el gobernante y que, además de ser independientes, lo parecieran.

El gobernador Corral es el vivo ejemplo de lo que deplora López Obrador. 

En los discursos parlamentarios y/o gubernamentales y en los foros académicos, el gobernante chihuahuense es un entusiasta impulsor de los derechos de “tercera generación” -en pro de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la transparencia, de la regulación de la publicidad gubernamental, de la plena división de poderes, del respeto a los organismos autónomos, etc.- pero en los hechos es exactamente al revés. 

Compite seriamente con todos sus antecesores (por igual, priistas y panistas), a los cuales, en muchísimos aspectos, ha superado, en lo que es uno de los ejemplos más emblemáticos de la clase política, caracterizada esencialmente por el hecho de que sus dichos no concuerdan con sus acciones.

Parte de esos problemas empieza a mostrar la 4T. 

Un ejemplo de ello, doloroso en extremo para algunos de los más leales activistas de Morena, es el que una de las críticas más sustentadas en contra del gobernador Corral, del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, fue la de que en Chihuahua, bajo el gobierno del panista, no había cambiado nada, salvo el color de las casetas, todas son azules, dijo.

Ahora, en el gobierno de la 4T, todo es color guinda, el color del partido gobernante, Morena.

A la llegada de AMLO se pensó que ocurriría un proceso contrario al precedente. No es así en muchos casos, de ahí lo criticable de la designación en la CNDH, pero también en la de la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, propuesta por el presidente López Obrador, con evidentes lazos con el mandatario pues se trata de la esposa del constructor más cercano al presidente, José María Rioboó.

Pero igual ocurrió en el caso del senador Armando Guadiana, rico empresario de la industria carbonífera de Coahuila, nombrado presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores y que es propietario de “dos empresas dedicadas a la exploración de hidrocarburos y otras cuatro (que) gozan de acuerdos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con los que se amparan 40 solicitudes de extracción de gas de carbón para su venta a la CFE”. (Proceso 2197, 8/XII/18).

La izquierda está obligada a comportarse de manera radicalmente distinta a la de quienes gobernaron el país. 

No hacerlo será el principio de su catástrofe electoral y la posposición de la concreción de los sueños de la izquierda.

LeBaron, un rosario de ineptitudes

El Diario, 14 de noviembre de 2019

Luis Javier Valero Flores

¿Cómo podrán explicar las autoridades estatales de Sonora y Chihuahua, y las federales, que los familiares de los asesinados llegaran al lugar del crimen antes que cualquier autoridad?

¿Cómo justificarán las autoridades militares el dicho del Gral. Homero Mendoza, Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien desconocer “el grado de violencia” existente en la zona en la que ocurrió la tragedia, y al mismo tiempo un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana demostraba la existencia de bandas criminales en la zona, incluyendo un detallado análisis de los jefes y áreas de influencia de los mismos?

¿Cómo, entonces, justificar la ausencia de las fuerzas del Estado mexicano en esa región?

Increíble.

¿De qué sirven, entonces, las reuniones diarias, en la capital del país, de los mandos de seguridad, civiles y militares? ¿Y las que se celebran con alguna frecuencia en las capitales de los estados y las cabeceras municipales más importantes de México?

¿Cómo es posible que un miembro de la familia LeBaron llegase primero al escenario de la masacre, saliendo de la capital chihuahuense y que ningún vehículo aéreo, estatal o federal -en este caso, civil o militar- pudiese llevar efectivos de las corporaciones estatales y/o federales ahí mismo a prestar ayuda a los sobrevivientes?

Lo anterior es sólo una parte de las enormes y numerosas omisiones cometidas por las autoridades de los estados de Sonora y Chihuahua, y las federales.

Las preguntas acerca de las cosas inexplicables ocurridas allá en los límites de Sonora y Chihuahua fluyen prácticamente desde los primeros momentos de la tragedia, sin que hasta la fecha tengamos algunas respuestas medianamente aceptables.

¿Por qué razón se presentó al lugar de la masacre el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard? ¿Acaso es un perito criminal? ¿Porqué no llegó acompañado, siquiera, por el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y los gobernadores de Sonora y Chihuahua, si es que querían enviar un mensaje tranquilizador al gobierno norteamericano?

¿En razón de qué se deja entrar un contingente del FBI -impresionante, de más de medio centenar de vehículos- para que participara en las investigaciones? ¿Quiere decir, por tanto, que las corporaciones nacionales, civiles y militares, no tienen capacidad para efectuar las indagatorias y peritajes necesarios para el esclarecimiento de los hechos de este tipo?

¡Híjole, qué cantidad de mensajes han enviado con motivo de estas acciones!

¿Porqué se asombran del éxodo de una parte de los habitantes de La Morita? ¡Lo están haciendo del mismo modo que una década atrás debieran hacer miles de habitantes del Valle de Juárez!

Y del mismo modo que entonces, la ineptitud de las autoridades, de todos los niveles, aunque entonces estatales y federales de diferente signo partidario, es la marca de la casa.

Pero los chihuahuenses estamos en peores condiciones. 

Todavía no asimilábamos la tragedia de Bavispe cuando ya se desataba el infierno en Juárez, que continuaría a lo largo de cuatro días en tanto que se desencadenaban las informaciones de la profundidad de la crisis de seguridad, ocurrida en el presente quinquenio -el de Javier Corral- con las cifras de feminicidios, de la incidencia de la violencia familiar, de los más de 7 mil ejecutados en ese período y de las fosas clandestinas en los tiros de mina de Aquiles Serdán.

Y ante esto último el Fiscal Peniche sólo atinó a aconsejar a los propietarios de las minas ¡Que las tapen!

Po’s sí, para que los sicarios no depositen ahí los cadáveres.

¿Se acuerdan de aquel juarense que colocó un anuncio: “Prohibido depositar basura en esta calle…. Y también cadáveres?

Así está el encargado de la procuración de justicia en Chihuahua, por pura casualidad Delegado de la PGR en la época en la que ocurrió la peor oleada homicida en Chihuahua y que, además, se trajo a su equipo a la fiscalía local y a la Comisión de Seguridad Estatal.

¿Le dirá algo, todo esto, al gobernador Corral?

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La toma de Juárez

El Diario, 10 de noviembre de 2019

Luis Javier Valero Flores

No hay duda. 

Los grupos criminales están en el control de la ciudad mayor de Chihuahua. Pueden no ejercerlo totalmente, pero tienen la suficiente fuerza como para mantener en vilo a la antigua Paso del Norte, en lo que es, tampoco a no dudarlo, un operativo terrorista, pues fue lanzado en contra de la población.

A lo largo de toda la administración de Javier Corral habían emprendido una feroz y salvaje ofensiva en contra de los aparatos policiales, especialmente en contra de las fuerzas estatales y desde el martes en acciones en contra de los ciudadanos, cosa que en muy puntuales ocasiones habían emprendido en los años precedentes.

Operación tan extendida -en tiempo y espacio- originada, de acuerdo con la versión del gobernador Corral, por la revisión de fuerzas federales, municipales y estatales al Cereso No. 3 de Juárez, pareciera no tener correlación con la realización de una revisión de la cual aún no dan a conocer sus resultados.

Y asombra que, de ser cierta esta versión, los grupos criminales reaccionen de tan enérgica manera, lo que podría llevar a inferir que, en todo caso, no se trata de una revisión más y que el operativo gubernamental tiene otras motivaciones, hasta desconocidas por la ciudadanía, víctima directa de las acciones de los grupos criminales. 

De cualquier modo, lo descollante es que nos asomamos a la fuerza real de los grupos criminales, igual que ocurrió en la pasada oleada violenta, en decenas de ciudades medianas y algunas de las mayores del país. 

Ante ello, la respuesta de los gobernantes, pésima. 

El gobernador Corral intentó por todos los medios minimizar los hechos, cuando prácticamente toda la población, a partir de la media tarde del martes se hundió en el pánico, cosa que duraría todavía hasta bien avanzado el viernes, frente a lo cual, el mandatario soltaría frases trilladas que sólo traen mayor preocupación ciudadana pues es más que evidente la intención de minusvaluar la grave situación por la que atraviesan los chihuahuenses.

La violencia está contenida, declaró, pues “más bien son falsas amenazas. Lo que efectivamente tuvimos fue una reacción de los grupos que están o se sienten afectados por la medida de intervención que estamos en el Cereso tres de Ciudad Juárez”, y como si fuera alguien ajeno al gobierno, aseveró que “Se nos ha mencionado que ya hay mayor contención y afortunadamente como lo pueden comprobar ya el número de homicidios se redujo considerablemente a lo que fueron los otros días”.

¿Quien le mencionó que ya se contuvo la ofensiva criminal? Porque mientras eso declaraba, dos personas eran asesinadas, en tanto otra se reportaba lesionada con disparo de arma de fuego. Hasta apenas iniciada la mañana del viernes, la siniestra contabilidad ascendía a 26 ejecutados y 20 vehículos quemados desde el martes.

Pero no nos preocupemos. El presidente López Obrador afirmó que “No hay violencia en todo el país; está focalizada, en la mitad del país no se registran homicidios”, y afirmó que en “cinco estados se concentra 70% de los homicidios y no es en todas las entidades. Por ejemplo, en Baja California, es Tijuana, y en Chihuahua es Juárez”.

Si esa es la información que le hacen llegar en las reuniones diarias de seguridad, previas a las conferencias de prensa “mañaneras”, entonces es el momento de ponernos a temblar, porque al parecer ignoran la grave situación por la que atraviesa la capital del estado que, aunque no en la magnitud de Juárez, las cifras de homicidios de los últimos días deberían preocupar a los responsables de la seguridad pública en el país.

Por desgracia, no aparecen datos que nos llevaran a pensar que en el gobierno federal están dispuestos a efectuar ejercicios autocríticos. En la “mañanera” del viernes, frívolamente, el presidente López Obrador aseveró, ante las críticas a Alfonso Durazo, que “al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lo veo fortachón”.

Precisemos una cosa, con relación al presidente López Obrador: Tiene un grave problema de comunicación.

El escribiente sabe que afirmar semejante cosa concitará la crítica de más de uno, pero ¿Cómo es posible sostener que su estrategia de seguridad consiste en las frívolas frases de “abrazos, no balazos”, los “voy a denunciar con su mamá”, o la de que es la “hora del perdón”, o frases semejantes, si él insistió tercamente en transformar la cuarta parte de las fuerzas armadas en Guardia Nacional?

Si en el pasado reciente protestamos por la elevada militarización del combate a la violencia, ahora, el gobierno de la 4T decidió, de plano, incorporar al 25% de los elementos del ejército, la marina y el total del estado mayor presidencial a ese mismo propósito y chicanear, al designar como responsables de la GN a puros militares.

No, no guardan relación los dichos con los hechos, el problema es que, ni la disolución de la Policía Federal -realizada torpemente-, ni la incorporación de las fuerzas militares a las labores policiales, han producido resultados positivos, de tal modo que nos encaminamos al año más violento de la historia de México

Además, como si hubiesen cosas que presumir en la materia de seguridad pública, el presidente López Obrador afirmó que “no cambiará la estrategia de seguridad por los crímenes recientes” pues lo único que produjeron, dijo, fue despertar “los afanes autoritarios de uso de la fuerza” de sus adversarios. (Nota de Alonso Urrutia y Fabiola Martínez, La Jornada, 8/XI/19).

Pero en las declaraciones y posturas de ambos gobernantes, Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador, no se advierten datos que nos lleven a concluir que han armado una estrategia, que por fuerza deberá ser diferenciada, no sólo en cada entidad, sino dentro de éstas, por regiones o zonas de ellas y es que no puede ser la misma la aplicada en los dos más grandes centros urbanos de Chihuahua, que en las extensas zonas del estado en las que las bandas criminales tienen el control, ante las cuales sólo se actúa reactivamente, después de los hechos criminales, y solo durante escasas horas, o días después de ocurridos los crímenes se mantiene la presencia de los cuerpos policiales y/o militares en la zona de conflicto.

Luego, las cosas vuelven a la “normalidad”: La de las zonas de Madera y aledañas; de Cuauhtémoc y los municipios vecinos; las de varios municipios de la Tarahumara; en los corredores de Jiménez-Parral y Parral-Chihuahua. Del mismo modo, en algunas áreas de la capital en las que la incidencia homicida es marcadamente superior a la del resto de la ciudad y en Juárez y el Valle de Juárez.

Si estas zonas poseen un alto grado de peligrosidad ¿Cuál es la razón por la que no se ha puesto en vigor una vasta e inteligente operación, con participación de fuerzas de los tres niveles de gobierno, y con la utilización de todos los recursos tecnológicos que permitirían la localización de los convoyes -integrados, en muchas ocasiones, por decenas de vehículos- así como de las herramientas necesarias para detectar las operaciones financieras de las bandas criminales.

¿Acaso nadie, en el gobierno, se ha preguntado si la extrema bonanza existente en el “corredor comercial” de Rubio-Cuauhtémoc guarda relación con la operación productiva de la zona?

Del mismo modo ¿Cómo explicar el boom de la venta de automóviles en la capital del estado con la irrupción de varias nuevas y prósperas agencias de ventas automotrices?

Claro, con la precisión que las ventas de automóviles nuevos han sufrido una severa disminución, en la ciudad de Chihuahua, en los dos últimos años, lo que sí guarda relación con la disminución de las actividades productivas, relatadas por empresarios de todos los niveles económicos y de todas las ramas productivas que acusan el grave quebranto de la actividad económica.

Por otra parte, cunde en la población un justificado desasiego, originado por las expectativas despertadas por el gobierno de la 4T, que cifró sus esperanzas en la creación de la Guardia Nacional y que se pensaba sería uno de los factores para llevar a la baja a los índices criminales. 

No ha ocurrido así y la percepción generalizada es que la GN ha servido, sobre todo, para concretar la política migratoria exigida por el presidente Trump a México.

Vistas así las cosas, de ninguna manera podríamos calificar de “fortachón” al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Al contrario.

Y de Peniche y Aparicio, ni para qué hablar, son un completo fracaso ante el cual la irresponsabilidad del Gobernador Corral no tiene nombre.

Déjenlo en paz, por favor. 

Mientras Juárez se sumía en la desesperación, su gobernador acudía, presuroso, a premiar a los ganadores del torneo de golf del Club Campestre local.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Culiacanazo en Juárez. No pasa nada

El Diario, 7 de noviembre de 2019

Luis Javier Valero Flores

Pasmados aún por la masacre de la familia LeBaron, la mayoría de los habitantes de las dos principales ciudades chihuahuenses regresaron aterrorizados a los escenarios de la anterior escalada violenta del 2008-2012.

En un hecho sin precedentes -por la magnitud y la presentación en tan breve tiempo- Juárez se vio envuelto, durante la tarde y noche del martes, en una oleada de violencia que motivó la puesta en vigor del “código rojo” de las corporaciones estatales de seguridad, en la que el principal mensaje fue el llamado a la población a no salir de sus casas.

En tres hechos diferentes seis personas fueron ejecutadas con disparos de armas de fuego e incineradas en sus vehículos, tres de ellos en uno solo; otros dos en otro y el sexto en su respectivo vehículo. 

A continuación, a lo largo de la noche, las instalaciones del gobierno de Chihuahua y la fiscalía Zona Norte fueron atacadas, también a balazos, además de la incineración de 16 vehículos, la mayor parte de ellos camiones de transporte urbano, además de la ejecución de otras tres personas, para un total de nueve en ese día.

Por añadidura, en las redes sociales, mediante las cuales los juarenses se informaban y alertaban del riesgo mayor que se corría en las primeras horas de la noche del martes, se conoció de un supuesto mensaje del grupo criminal en el que anunciaba que en adelante serían castigados los criminales asentados en el antiguo Paso del Norte.

De ese modo, la ciudad fue tomada por los criminales, en tanto las fuerzas policiales se acuartelaban. 

Al amanecer, se realizó un cateo al Cereso 3 de Juárez, celebrado exitosamente diría el gobernador Corral, quien, al tiempo que informaba de esto, desmentía que se hubiesen presentado balaceras en Juárez y que entre los objetivos de ellas hubiesen sido los edificios del gobierno de Chihuahua. 

Pero mientras eso declaraba, cuadrillas de trabajadores estatales reparaban los cristales de la Fiscalía en los que se apreciaban nítidamente los orificios producidos por los proyectiles.

¡Aquí no pasa nada!

Al mismo tiempo, la capital del estado se cimbraba al ocurrir el asesinato de 14 personas en las últimas 48 horas, en las que, además, un bar fuera atacado mediante una bomba molotov.

Sin embargo, lo que puede ser una “simple” coincidencia con la masacre de la familia LeBaron, puede no serlo tanto si resultara cierta la información ofrecida por el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, quien le atribuyó a la organización delictiva de 'La Línea', la autoría del asesinato colectivo de dicha familia, pero sin esclarecer los motivos de tan salvaje atentado, en virtud de la existencia de varios testimonios de los sobrevivientes en el sentido de que los sicarios tuvieron frente a sí a sus víctimas, todas mujeres o niños, razón por la que está descartada, de plano, la “confusión”.

Así, el terror ocurrido en un desértico paraje de las llanuras entre Sonora y Chihuahua, se presentó también en la principal ciudad fronteriza de México, del mismo modo que en Culiacán durante el “fallido” operativo para detener a Ovidio Guzmán, con lo que dramáticamente los cárteles criminales le han mostrado a la sociedad mexicana su enorme poderío, frente al cual las autoridades aparecen totalmente superadas.

Por si fuera poco, en otra zona rural de Chihuahua, en el municipio de Bocoyna, un grupo de sicarios abandonó cuatro cadáveres en la funeraria de San Juanito.

Mención aparte merece el gobernante chihuahuense, Javier Corral. 

Primero se tardó más de 10 horas en enviar un mensaje por Twitter en relación con la masacre de los LeBaron, y luego, ante las plenas evidencias del terror desatado en Juárez, mintió descaradamente al negar que se hubiesen presentado las balaceras, tras minimizar el hecho de que fuesen incendiados 16 vehículos, entre camiones y autos particulares, amén de que uno de los camiones fuera incendiado con trabajadores a bordo, los que resultaron con quemaduras de primero y segundo grado, además de un ataque a un edificio contiguo a las instalaciones de la Fiscalía estatal, de acuerdo con reportes oficiales.

¡Aquí no pasa nada!

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Morena, se agotan los tiempos

El Diario, 3 de noviembre de 2019

Luis Javier Valero Flores

Impetuosos, avasalladores; los acontecimientos se desgranan abrumadoramente en los tiempos de la 4T. Uno tras otro se abalanzan y tornan obsoletos los inmediatamente anteriores.

A los devastadores resultados de la batalla de Culiacán, se ha sumado la desastrosa elección del partido gobernante, Morena, a la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ha dado una tremenda estocada, al determinar la revocación del proceso de renovación interna, por unanimidad.

Tan impactantes acontecimientos se suceden uno tras otro. Así ha sido de este modo en los últimos años y particularmente en los dos años más recientes. 

Es lógico, estamos en los albores del desmantelamiento del anterior régimen, que se debe, sí, a la decisión del grupo gobernante, pero también a la inercia de la sociedad mexicana que ha sido capaz, tan sólo en el curso de dos décadas, de derrotar electoralmente al régimen del partido hegemónico, luego al del partido casi único, e instalar la época de las elecciones competidas y luego casi borrar electoralmente a los partidos del régimen.

Nos equivocaremos si concluimos que por fuerza la actual situación tenderá indefectiblemente a la instauración de un régimen democrático consolidado, con la existencia de un sistema de partidos estables, elecciones plenamente confiables y con un accionar gubernamental basado en la más completa apertura, transparente y con el acompañamiento de una estructura institucional, de órganos autónomos, fiscalizadores y vigilantes del quehacer gubernamental, que en el camino de la derrota del viejo estado de cosas los mexicanos fuimos construyendo y defendiendo de los afanes controladores de las fuerzas del régimen autoritario del pasado reciente.

Dos son los principales problemas que deberá afrontar la 4T; de su éxito en ellos dependerá en grado sumo el futuro de Morena y, por supuesto, del país.

La seguridad pública y la economía, aparte de otros no menores problemas, son los mayores retos de la sociedad mexicana. En ambos, las expectativas no son halagüeñas, tanto por el comportamiento de ambos fenómenos, como por las políticas implantadas por el nuevo grupo gobernante.

Precisamente por lo rafagueante e importancia de lo ocurrido en las últimas semanas alrededor del partido gobernante, Morena, y por el papel que puede jugar en los próximos años, además de la profundidad de la crisis que padece y la extremada injerencia de los organismos electorales en la vida interna de los partidos, es que la polémica y frustrante conferencia de prensa en la que el presidente López Obrador y su gabinete de seguridad intentaron explicarle al país el fallido operativo de Culiacán, será abordada la próxima semana, si otros acontecimientos a cual más de importantes no nos impiden reflexionar sobre este episodio, sin duda el evento más ilustrativo de la fuerza e implantación del crimen organizado en la sociedad mexicana y de lo equivocada de la estrategia usada a lo largo de las últimas dos décadas para combatirlo, cuyas consecuencias afronta el país, con el evidente agravamiento de la crisis de inseguridad, que ha arrojado el mayor número de víctimas de la violencia que el país haya sufrido en la historia.

Y esa estrategia, con variantes, es la usada por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y la actual administración. No son los únicos gobiernos que la han aplicado, es una estrategia instrumentada en prácticamente todo el mundo, ante cuyos resultados la ONU ha llamado a rediscutirla globalmente.

Una cosa sí es pertinente anotar: La evidente contradicción entre los dichos del presidente López Obrador y la estrategia de su gobierno en el combate a los elevados índices delictivos. Sí, pues a los frívolos comentarios de que los delincuentes serán acusados ante sus mamás o sus abuelitas -que le han generado infinidad de justificadas críticas- se contrapone la decisión de combatir al crimen organizado con la activa participación de las fuerzas armadas, transformadas en la base de la Guardia Nacional y cuyos resultados aún no se aprecian, ni en un sentido, ni otro.

En ese contexto, la decisión del TEPJF de anular las elecciones, al dejar sin efectos el padrón electoral de Morena utilizado para la elección interna, actualizado hasta el 20 de noviembre de 2017 y que dejó fuera de la elección a quienes se hubiesen afiliado hasta el mes de agosto de 2018, fecha límite para tomarlos en cuenta, de acuerdo con los estatutos del partido, lo ha sumido en la peor de la sima de su crisis, por momentos aparentemente terminales a raíz de la disputa por la dirigencia nacional y sus contrapartes locales, en la totalidad de las entidades del país.

El tribunal ordenó la reposición de la elección en la que podrán participar  todos los militantes que solicitaron su afiliación a Morena hasta agosto de 2018.

La decisión de la máxima autoridad jurisdiccional electoral coincidió en la argumentación usada por la presidente en funciones, Yeidckol Polevnsky, de que debería acatarse el acuerdo 33 del Instituto Nacional Electoral (INE), que obliga a los partidos políticos a depurar sus padrones.

Así, el fondo político que había llevado a restringir el número de electores, el de que todos los recién llegados a Morena, atraídos por los crecientes números favorables a López Obrador en las encuestas previas a la elección constitucional, procedentes de prácticamente todos los partidos, y muchos de ellos con roles protagónicos en ellos, incluso con actitudes y conductas contrarias al tabasqueño y su causa, no fueran a influir determinantemente en la designación de Morena y con ello “apoderarse” de la dirigencia para ir en contra de los postulados originales de este movimiento, fue derrotado por la determinación del TEPJF.

Evidencias de tal confrontación las produjeron abundantemente, hasta llegar al extremo de que el Comité Nacional, fragmentado exactamente por la mitad, emitió, cada una de las partes, posicionamientos totalmente contrarios en plena marcha de la elección nacional, pues mientras la presidente Polevnsky decretaba la suspensión de la elección -sin facultades estatutarias para ello- la otra mitad del Comité Nacional y la Comisión de Honor y Justicia llamaban a la continuación del proceso, en medio de una muy probable maniobra saboteadora en una buena cantidad de las asambleas distritales, en las que las manifestaciones violentas fueron preocupantemente numerosas.

A pesar de ello, se realizaron exitosamente poco más de 200, de las 300 asambleas, algunas de ellas de manera ejemplar, como la del distrito 4 de Juárez, efectuada a la intemperie, luego de encontrarse clausurado el local en que debería desarrollarse.

Pero la confrontación entre Polevnsky y la aparentemente favorita de la mayoría de los militantes de Morena, Bertha Luján, fue escalando hasta el grado que el mismísimo López Obrador, luego de que la presidente Polevnsky fuera acusada de intentar manipular las elecciones, llamó a los militantes de Morena a no dejarse manipular “por nadie”.

En ese ambiente, la aparición del coordinador de los diputados federales, Mario Delgado, -también aspirante a la dirigencia nacional- aparentemente al frente de un numeroso grupo de supuestos militantes, no registrados en la asamblea, y llegados tardíamente, intentó participar en esa asamblea, a pesar de no estar registrado en ese distrito, le aunó no pocos ingredientes de seria rispidez a la elección.

Así, la incertidumbre política será la característica principal en Morena, pues en la elección que deberá realizarse en alrededor de tres meses, participarán casi el total de sus militantes, si es que el padrón a usar deberá ser de los afiliados hasta agosto de 2018, o todos, si es que el padrón será el de los afiliados hasta diciembre de este año.

Más allá de lo anterior, lo descollante de la actual situación es la intensa confrontación interna, que por momentos recuerda la ocurrida en todos los partidos políticos existentes hasta ahora -por supuesto, también de los desaparecidos- en la que la disputa por el poder ha sido la premisa principal, o casi única, y en la que Morena -si bien, como en casi todos los casos de los partidos de izquierda, existe una mayoría de militantes nobles, esforzados y desinteresados- ha mostrado a una capa dirigente portadora de los peores defectos de la clase política mexicana.

Llegar al poder le costó mucho, no sólo a los actuales militantes de Morena, sino al total de la sociedad como para que a unos cuantos meses de su arribo al poder echen todo por la borda.

Deberán demostrarle a los mexicanos que sí son diferentes.

Nos lo deben.

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