domingo, 29 de abril de 2012
El ascenso de López Obrador
El Diario, 29 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
La primera visita a Chihuahua del candidato presidencial del Movimiento Progresista –nombre que adoptó la alianza de los partidos de izquierda, de la Revolución Democrática, del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)– Andrés Manuel López Obrador, se dio en condiciones verdaderamente halagüeñas.
Lo que para algunos existía desde hace meses, ahora se aprecia en la mayoría de las encuestas. Existe un ascenso en la preferencia electoral hacia el candidato de las izquierdas. En distintos círculos y medios se apreciaba que existía una inocultable tendencia favorable para el tabasqueño, incluso en círculos que en la pasada elección fueron acérrimos opositores a López Obrador.
Por lo menos para el escribiente era creciente el número de personas que expresaban su preferencia por el tabasqueño. Algo de eso parecían evidenciar los sondeos de El Diario (Juárez) en su página digital, uno de los cuales, con una votación de poco más de 10 mil personas mostraba a López Obrador con una ligera ventaja sobre la panista Josefina Vázquez Mota, por lo menos en ese sector de la población, mayoritariamente juarense, y radicado en la mayor de las urbes chihuahuenses.
El más reciente arrojó un resultado inusitado: 44.3% de los votos emitidos fueron para AMLO; 32 para Vázquez Mota y 20.2 para Peña Nieto.
Hoy es la nota principal del comportamiento electoral. El periódico Reforma reporta en la más reciente de sus encuestas que el ex jefe de gobierno ganó 10 puntos porcentuales en las preferencias electorales del norte del país, lo que viene a confirmar que la afluencia al mitin celebrado en Monterrey la semana anterior –con lleno absoluto en la Macroplaza de aquella ciudad– no era un hecho aislado.
Tal efecto se pudo apreciar, también, en el acto celebrado ayer en la capital chihuahuenses, con la asistencia de alrededor de 5 mil personas a una hora por demás inconveniente –2 de la tarde, a pleno sol primaveral, casi veraniego– y en la conferencia de prensa celebrada previamente en la que el tabasqueño dijo desconocer la propuesta de declarar un régimen fiscal especial, de excepción para Juárez, a causa de la emergencia de seguridad pública que ha contribuido mayormente al agravamiento de la crisis económica del antiguo Paso del Norte. Cuestionado acerca de la matazón en Juárez (y en el estado de Chihuahua) precisó que, de llegar a la presidencia, les dirá a los cárteles que ya no habrá impunidad, que se marcarán bien los límites entre la delincuencia y la autoridad, que los ciudadanos sí podrán apreciar donde termina una y empieza otra y que, al igual que cuando fue Jefe de Gobierno del DF, sostendrá una reunión diaria de seguridad pública, lo cual sugirió al gobernador de Chihuahua para enfrentar la actual situación.
Más aún, sostuvo que el Gobierno de la República se instalará cada quince días en Chihuahua para hacerle frente a la actual ola homicida.
Pero más allá del acto celebrado en la ciudad de Chihuahua, lo cierto es que los candidatos que se disputan el segundo lugar de las preferencias electorales, y como lo sostienen la mayoría de los analistas serios y no comprometidos con los poderes fácticos (en ese sentido sorprende el nivel de credibilidad, aún en personas de las capas medias que se jactan de estar bien informadas, de programas como el de “Tercer Grado”, integrado por los conductores estrellas del principal monopolio de la TV mexicana, propiedad de los hombres más poderosos de México) una parte importante de la estrategia a seguir en la campaña era el colocarse en ese lugar pues seguramente a partir de ahí nuevamente aparecería el fenómeno del voto útil y de ahí aspirar a disputarle el triunfo a quien aparece en el primer lugar de las preferencias electorales.
Así, tanto la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, como el del Movimiento Progresista, Andrés Manuel Lopez Obrador, jugarían a tratar de llegar al mes de mayo como el segundo lugar de las preferencias electorales y consolidar tal lugar en el debate del 6 de mayo, en lo que en términos chihuahuenses significaría que estaríamos, otra vez, ante una elección “parejera”.
El entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, fue de los primeros que lo dijo: Nuestro principal adversario es López Obrador. Hoy pareciera ser que sus palabras fueron premonitorias.
De acuerdo a casi todas las encuestas, de las principales empresas dedicadas a este tan lucrativo negocio en México, las preferencias electorales por Josefina Vázquez Mota tienen una ligera curva descendente, pero sostenida y, a su vez, la del candidato de las izquierdas está en una fase ascendente.
María de las Heras, la propietaria de una de las empresas, sin duda alguna, que mayor credibilidad tienen en esta materia, informó del resultado de la última de sus encuestas presidenciales la que arrojó dos hechos destacados: Es la primera empresa seria que ubica la ventaja de Peña Nieto en un dígito (al obtener 38.9%) y, segundo, reporta un empate técnico entre Vázquez Mota (30.6) y López Obrador (29.2).
Tal fenómeno se presenta a una semana de la celebración del primer debate presidencial. En algunos círculos se ha difundido la idea de que estos no han influido en el cambio de preferencias, sin embargo, un trabajo publicado en la revista Proceso por Jesús Cantú “Los debates, determinantes” (No. 1850, 15/IV/12) nos vino a recordar que es todo lo contrario, que bien manejado el postdebate puede influir grandemente. Así lo fue en el primero de ellos, el celebrado en 1994 entre Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Cevallos.
La percepción generalizada fue que el panista lo ganó y que eso le había redituado ubicarse en el primer lugar de las encuestas. Pero el queretano, de la manera más inexplicable, bajó el nivel y ritmo de su campaña, a tal grado que dos destacados panistas, Vicente Fox y Juan José Rodríguez Prats le reclamaron, al paso de los años, haber suspendido su campaña. Se rajó, llegó a decir el ex presidente Fox.
Luego, en el año 2000, con un comportamiento regular de Fox, pero ayudado por el pésimo desempeño de Francisco Labastida (que llegó con la táctica de quejarse de las descalificaciones que hacía Fox del PRI y de su persona –me dijo enano, me dijo vestida, se quejaría amargamente el sinaloense–) y el acartonamiento de Cuauhtémoc Cárdenas, la impresión fue que el panista había ganado el debate y eso le significó alcanzar a Labastida y en cuestión de unas semanas rebasarlo, a pesar de que Labastida había iniciado la campaña con una muy importante ventaja a su favor de mas de 15 puntos porcentuales.
Lo sucedido en los debates del 2006 también puede ubicarse en la misma línea de influencia sobre el resultado electoral: influyen, y si los márgenes de diferencia son mínimos, entonces su importancia se acrecienta. En el primero de ese año, aprovechando la ausencia de AMLO, Calderón lo alcanzó y rebasó y en el segundo el perredista logró empatar (si nos atenemos a los resultados electorales oficiales tan seriamente cuestionados) al atacar a Calderón con la acusación de corruptelas en el IFE a cargo de su cuñado Hildebrando Zavala.
Hoy el panorama es muy distinto, en cuestión de días veremos si se desploma definitivamente Vázquez Mota o, por el contrario, se confirmará que López Obrador no tuvo el suficiente empuje para acceder a la disputa por el poder.
Los antecedentes inmediatos y el despliegue de la campaña del tabasqueño apuntan a su favor: Es muy probable que en las próximas semanas, como lo han pronosticado muchos, apreciemos que la disputa presidencial se resuelva entre el priísta y el perredista.
martes, 24 de abril de 2012
Carrera del indio
El Diario, 24 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
No sé si tal expresión tenga otros orígenes, pero se refiere al hecho de que los descendientes de nuestros ancestros originarios de este continente siempre van en desventaja y deben remontarla a como dé lugar en medio de escenarios siempre contrarios.
Bueno, pues así colocó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a los hoy candidatos del PAN a las senadurías por Chihuahua, Javier Corral y Lucila Murguía de Arronte, al emitir su resolución el sábado anterior –21 de abril– es decir, 22 días después de iniciadas las campañas electorales.
¿Qué ocurrió para que transcurriera tanto tiempo para que lo resolviera?
La respuesta, puedo uno deducir, se encuentra en la inexplicable tardanza del Comité Nacional de Elecciones del PAN para entregar su dictamen al TEPJF –a fines de marzo–, y en la todavía más extraña conducta del Comité Estatal de ese partido para entregar la documentación requerida por el órgano jurisdiccional, lo que le causó, incluso, la aplicación de una sanción por el máximo organismo electoral del país.
Esos hechos, sumados a otros factores (la indudable hegemonía priísta en Chihuahua en los últimos tres procesos electorales, dos locales y uno federal y la caída de las preferencias electorales del blanquiazul) pueden llevar a que el partido gobernante en el país pueda sufrir un descalabro de incalculables dimensiones. Si el panismo se quejaba de haber sufrido una aplastante derrota en 2010 (que a la luz del comportamiento electoral no lo fue tanto a ojos del escribiente) lo que le puede ocurrir en 2012 será para poner a pensar a la mayoría de los panistas.
Más aún, la decisión del organismo electoral viene a sumarse a los factores anteriores, pues ahora queda documentada y convertida en sentencia la comisión de una gran cantidad de irregularidades en el partido que en el siglo XX mexicano casi fue sinónimo de honestidad y limpieza en la conducta política.
No podía ser peor el momento para que recibiera una especie de “certificación” de que en su interior las elecciones son un “cochinero”, es decir, que son prácticamente igual al resto de los partidos que celebran elecciones internas y que ahí la compra de votos, la coacción, el acarreo y el abandono de todas las prácticas democráticas son los rasgos principales, y que son comunes a otros partidos.
De ahí, entonces, que se prevea un panorama harto difícil para este partido y sus candidatos en la presente elección y que, si no fuera porque la inserción electoral de la izquierda en Chihuahua es bastante baja, uno podría concluir que es su oportunidad para desbancar al partido de la derecha blanquiazul del segundo lugar de las votaciones y entonces echar al bote de la basura la controversia del PAN acerca de la candidatura al Senado de la República pues en ella lo que estaba en disputa (y vaya qué disputa) estaba la primera fórmula de las candidaturas pues está casi asegurada la senaduría para quien fuera candidato del panismo en ese lugar.
Por eso la decisión de la dirigencia estatal panista de intentar ofrecer una imagen de unidad en la primera conferencia de prensa sostenida por Javier Corral el día de ayer, en lo que es el primer acto de su campaña, en espera de que los tiempos no se le echen encima pues en unos cuantos días deberá diseñar su propaganda y distribuirla en la entidad.
Un aspecto, quizá el que más atención ha recibido de numerosos analistas, y la reiterada crítica de Carlos Borruel, es el de la designación de Javier Corral, por encima de quienes ocuparon en los resultados electorales.
Quizá acríticamente, y por eso valga la pena detenerse en este asunto, es que la obtención de los dos primeros lugares en la votación ha sido catalogado por el TEPJF como ilegal, luego entonces no obtuvieron válidamente esa votación, razón por la cual, legalmente, no existe.
Lo que sí es un hecho es que en los centros de votación instalados en los locales del PAN, lugares en los que sólo podían votar los miembros del partido, Corral obtuvo la más alta votación, convirtiéndose así en el único parámetro válido, visible, mensurable, para determinar quién debería ser candidato a senador en primera fórmula.
Ahora, la incógnita estribará en saber si los equipos de Borruel y Pérez Cuéllar se sumarán a las campañas de su partido, no será fácil decidirlo y en ello le va la suerte al partido que en Chihuahua lo ha sido todo. Pero aquellos eran otros tiempos.
domingo, 22 de abril de 2012
Simples afanes recaudatorios
El Diario, 22 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
Cuando creemos –porque nos hacen creer– que ya superamos la etapa más sombría de la historia reciente de Chihuahua, nuevamente aparece el chicotazo de la violencia, cada vez más cercano y bestial.
El asesinato de quince personas el viernes por la noche en el Bar “Colorado” de la capital del Estado, y entre ellas a nuestros compañeros Javier Moya Muñoz y Héctor Javier Salinas Aguirre es, nuevamente, un severo llamado de atención, no sólo a las autoridades sino a la sociedad chihuahuense toda, de que la ola de violencia no se ha ido de nosotros y hace víctimas de manera indiscriminada; que cualquiera puede caer ante la capacidad de fuego de los señores de la muerte.
Podremos escuchar cientos de discursos del mundo oficial –con decenas de condolencias– pero lo único cierto es que la impunidad es el rasgo principal de la época que nos tocó vivir. La realidad es terca, bestial, extremadamente violenta y cruel.
Contra todos los discursos, en las calles de Chihuahua siguen circulando quienes no tienen respeto por ningún parámetro de las sociedades modernas, no tienen temor de nada; son ellos los dueños de vidas y obras; desprecian a las autoridades, se burlan de las más elementales normas de convivencia humana, sólo piensan en sus negocios, han perdido la noción primaria del ser humano –aquella, consistente en que para poder sobrevivir era necesario vivir en sociedad– y, como todos los tiranos de todas las épocas, piensan que su ley es la única valedera.
Se equivocan, ellos y sus cómplices de afuera y adentro del mundo gubernamental, los chihuahuenses sabremos sobreponernos a quienes han hecho del delito su modus vivendi. Al decir esto, no nos referimos solamente a quienes cometen los bestiales asesinatos como el que ahora repudiamos enérgicamente sino también, y sobre todo, a quienes los ordenan, los financian, los alientan y a quienes tienen la obligación legal de combatirlos y nos arrojan, en lugar de resultados, información para que nuestra percepción cambie y lleguemos a creer que la crisis de seguridad pública ya se superó.
Porque da lo mismo si un compañero nuestro es ejecutado afuera de su domicilio, o si es en el interior de un bar, o en el local de su medio de comunicación. Igual sucede con los activistas sociales, ocurre lo mismo si es ejecutado en las calles de Nuevo Casas Grandes o a las puertas de Palacio de Gobierno, es decir, como les ha ocurrido a la abrumadora mayoría de quienes han caído en esta oleada homicida, abatidos por las balas asesinas: Nunca se sabe quiénes los asesinaron, ni quiénes ordenaron hacerlo.
Y mucho menos sus autores pagan por sus crímenes.
Como en todos los casos, no solamente porque entre las víctimas del episodio presente se encuentran periodistas, la exigencia es recurrente: Justicia.
Es tan impactante la masacre del Bar Colorado que hace aparecer como frívolo, o de poca monta el tema seleccionado para comentarlo hoy.
En medio de la “tormenta perfecta”, esto es, de una severa crisis económica y una no menos aguda crisis de seguridad pública, y cuando, justamente, para enfrentar los efectos de ambas, los más variados sectores de la sociedad juarense –y también, aunque más moderadamente, la chihuahuense– le han solicitado reiteradamente al gobierno federal se declare una emergencia fiscal en Juárez, el grupo gobernante ha resuelto encaminar sus esfuerzos a incrementar, a como dé lugar, los ingresos públicos a partir de la creación de nuevos impuestos o contribuciones especiales.
Las declaraciones de varios de los protagonistas más importantes del grupo hegemónico actual nos llaman a no preocuparnos, que sólo se cobrará el nuevo impuesto a los propietarios de lotes baldíos o de grandes extensiones de tierras que se vean beneficiadas por la construcción de alguna obra que conlleve el aumento de la plusvalía de los terrenos, el problema estriba en que tales explicaciones no tienen sustento en el texto de la reforma aprobada por el Congreso del Estado.
Héctor Arcelús, secretario del ayuntamiento juarense, dijo que “esos casos son exclusivamente para un gran inversionista que tiene grandes propiedades y que se ve beneficiado por una obra pública; entonces ahí sí tendríamos el derecho de buscar capitalizar algún recurso para el Municipio”.
Alejandro Domínguez, presidente del Congreso del estado: “Es una facultad que se da a los ayuntamientos para ir en contra de aquéllos quienes están especulando con la tierra”.
Igual lo dijo Marco Adán Quezada, alcalde de la capital: “Quienes pagan su parte de pavimentación quedan exentos de la Contribución Especial ya que ésta sólo se cobrará a los propietarios de lotes baldíos y de grandes extensiones de terreno que son beneficiados con la obra”.
El problema es que el texto de la reforma no dice nada de lo que arguyen:
“Artículo 166.- La contribución especial sobre obras en materia de urbanización, se pagará de conformidad con lo que se establezca en la autorización del Congreso del Estado para la derrama del costo de las obras, previa presentación por parte de los Ayuntamientos. Se entiende por obras de urbanización las relativas a:
I. Apertura y mejoramiento de las vías públicas; la seguridad del tránsito de vehículos y peatones y la construcción de plazas, jardines, parques y campos deportivos.
II. Pavimentación, repavimentación, reciclado, riego de sello y obras complementarias.
Ill. Banquetas, guarniciones y drenaje pluvial de las vías públicas.
IV. Instalaciones de alumbrado público.
V. Cualquier tipo de obra pública orientada a la integración, conservación, mejoramiento y crecimiento de las poblaciones del Municipio.
El crédito fiscal a cargo de cada beneficiario será calculado de manera equitativa, con base en las dimensiones y/o valor económico del inmueble objeto de la mejora, según lo determine la autorización del Congreso del Estado, de conformidad con lo presentado por el Ayuntamiento.
En todo caso, el importe líquido a cargo del contribuyente no podrá ser mayor al cincuenta por ciento de la plusvalía adquirida a consecuencia de la obra de urbanización”.
¿Dónde, dónde aparecen las propiedades citadas por los defensores de la nueva contribución? ¿Dónde se encuentra el texto de la ley que nos diga que ahora la autoridad municipal les cobrará a los propietarios de las grandes extensiones de tierra, de aquellos beneficiados de las grandes obras viales a construir en el futuro?
No está en la ley, lo que ahí aparece es la espada de Damocles. A cualquier propietario le podrán aumentar las contribuciones por la construcción de, por ejemplo, un parque público a una cuadra de su casa, o por la construcción de un distribuidor vial cercano a su propiedad. Por cualquier obra.
Más aún, como lo señalan distintos especialistas, esta nueva contribución implica una triple tributación porque se grava lo mismo que con el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Predial, de acuerdo con el fiscalista Alejandro Enríquez-Mariscal, socio del despacho de abogados BéndiksenLaw, quien, además, sostiene que no se le “puede cobrar a la población un gravamen por una ganancia que quizá no se dé nunca”. (Nota de Martín Coronado, El Diario, 19/IV/12)
Además, de darse el caso, como lo han sostenido los alcaldes de Juárez y Chihuahua, que a los “pobres no se les cobraría”, se violaría el principio de inequidad, pues “si no se le cobra el impuesto a los pobres o a las colonias marginadas, se está haciendo una distinción entre los ciudadanos que la ley no permite, al menos en la materia tributaria”. (Ibídem).
¿Para qué estirar tanto la cuerda?
Luis Javier Valero Flores
Cuando creemos –porque nos hacen creer– que ya superamos la etapa más sombría de la historia reciente de Chihuahua, nuevamente aparece el chicotazo de la violencia, cada vez más cercano y bestial.
El asesinato de quince personas el viernes por la noche en el Bar “Colorado” de la capital del Estado, y entre ellas a nuestros compañeros Javier Moya Muñoz y Héctor Javier Salinas Aguirre es, nuevamente, un severo llamado de atención, no sólo a las autoridades sino a la sociedad chihuahuense toda, de que la ola de violencia no se ha ido de nosotros y hace víctimas de manera indiscriminada; que cualquiera puede caer ante la capacidad de fuego de los señores de la muerte.
Podremos escuchar cientos de discursos del mundo oficial –con decenas de condolencias– pero lo único cierto es que la impunidad es el rasgo principal de la época que nos tocó vivir. La realidad es terca, bestial, extremadamente violenta y cruel.
Contra todos los discursos, en las calles de Chihuahua siguen circulando quienes no tienen respeto por ningún parámetro de las sociedades modernas, no tienen temor de nada; son ellos los dueños de vidas y obras; desprecian a las autoridades, se burlan de las más elementales normas de convivencia humana, sólo piensan en sus negocios, han perdido la noción primaria del ser humano –aquella, consistente en que para poder sobrevivir era necesario vivir en sociedad– y, como todos los tiranos de todas las épocas, piensan que su ley es la única valedera.
Se equivocan, ellos y sus cómplices de afuera y adentro del mundo gubernamental, los chihuahuenses sabremos sobreponernos a quienes han hecho del delito su modus vivendi. Al decir esto, no nos referimos solamente a quienes cometen los bestiales asesinatos como el que ahora repudiamos enérgicamente sino también, y sobre todo, a quienes los ordenan, los financian, los alientan y a quienes tienen la obligación legal de combatirlos y nos arrojan, en lugar de resultados, información para que nuestra percepción cambie y lleguemos a creer que la crisis de seguridad pública ya se superó.
Porque da lo mismo si un compañero nuestro es ejecutado afuera de su domicilio, o si es en el interior de un bar, o en el local de su medio de comunicación. Igual sucede con los activistas sociales, ocurre lo mismo si es ejecutado en las calles de Nuevo Casas Grandes o a las puertas de Palacio de Gobierno, es decir, como les ha ocurrido a la abrumadora mayoría de quienes han caído en esta oleada homicida, abatidos por las balas asesinas: Nunca se sabe quiénes los asesinaron, ni quiénes ordenaron hacerlo.
Y mucho menos sus autores pagan por sus crímenes.
Como en todos los casos, no solamente porque entre las víctimas del episodio presente se encuentran periodistas, la exigencia es recurrente: Justicia.
Es tan impactante la masacre del Bar Colorado que hace aparecer como frívolo, o de poca monta el tema seleccionado para comentarlo hoy.
En medio de la “tormenta perfecta”, esto es, de una severa crisis económica y una no menos aguda crisis de seguridad pública, y cuando, justamente, para enfrentar los efectos de ambas, los más variados sectores de la sociedad juarense –y también, aunque más moderadamente, la chihuahuense– le han solicitado reiteradamente al gobierno federal se declare una emergencia fiscal en Juárez, el grupo gobernante ha resuelto encaminar sus esfuerzos a incrementar, a como dé lugar, los ingresos públicos a partir de la creación de nuevos impuestos o contribuciones especiales.
Las declaraciones de varios de los protagonistas más importantes del grupo hegemónico actual nos llaman a no preocuparnos, que sólo se cobrará el nuevo impuesto a los propietarios de lotes baldíos o de grandes extensiones de tierras que se vean beneficiadas por la construcción de alguna obra que conlleve el aumento de la plusvalía de los terrenos, el problema estriba en que tales explicaciones no tienen sustento en el texto de la reforma aprobada por el Congreso del Estado.
Héctor Arcelús, secretario del ayuntamiento juarense, dijo que “esos casos son exclusivamente para un gran inversionista que tiene grandes propiedades y que se ve beneficiado por una obra pública; entonces ahí sí tendríamos el derecho de buscar capitalizar algún recurso para el Municipio”.
Alejandro Domínguez, presidente del Congreso del estado: “Es una facultad que se da a los ayuntamientos para ir en contra de aquéllos quienes están especulando con la tierra”.
Igual lo dijo Marco Adán Quezada, alcalde de la capital: “Quienes pagan su parte de pavimentación quedan exentos de la Contribución Especial ya que ésta sólo se cobrará a los propietarios de lotes baldíos y de grandes extensiones de terreno que son beneficiados con la obra”.
El problema es que el texto de la reforma no dice nada de lo que arguyen:
“Artículo 166.- La contribución especial sobre obras en materia de urbanización, se pagará de conformidad con lo que se establezca en la autorización del Congreso del Estado para la derrama del costo de las obras, previa presentación por parte de los Ayuntamientos. Se entiende por obras de urbanización las relativas a:
I. Apertura y mejoramiento de las vías públicas; la seguridad del tránsito de vehículos y peatones y la construcción de plazas, jardines, parques y campos deportivos.
II. Pavimentación, repavimentación, reciclado, riego de sello y obras complementarias.
Ill. Banquetas, guarniciones y drenaje pluvial de las vías públicas.
IV. Instalaciones de alumbrado público.
V. Cualquier tipo de obra pública orientada a la integración, conservación, mejoramiento y crecimiento de las poblaciones del Municipio.
El crédito fiscal a cargo de cada beneficiario será calculado de manera equitativa, con base en las dimensiones y/o valor económico del inmueble objeto de la mejora, según lo determine la autorización del Congreso del Estado, de conformidad con lo presentado por el Ayuntamiento.
En todo caso, el importe líquido a cargo del contribuyente no podrá ser mayor al cincuenta por ciento de la plusvalía adquirida a consecuencia de la obra de urbanización”.
¿Dónde, dónde aparecen las propiedades citadas por los defensores de la nueva contribución? ¿Dónde se encuentra el texto de la ley que nos diga que ahora la autoridad municipal les cobrará a los propietarios de las grandes extensiones de tierra, de aquellos beneficiados de las grandes obras viales a construir en el futuro?
No está en la ley, lo que ahí aparece es la espada de Damocles. A cualquier propietario le podrán aumentar las contribuciones por la construcción de, por ejemplo, un parque público a una cuadra de su casa, o por la construcción de un distribuidor vial cercano a su propiedad. Por cualquier obra.
Más aún, como lo señalan distintos especialistas, esta nueva contribución implica una triple tributación porque se grava lo mismo que con el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Predial, de acuerdo con el fiscalista Alejandro Enríquez-Mariscal, socio del despacho de abogados BéndiksenLaw, quien, además, sostiene que no se le “puede cobrar a la población un gravamen por una ganancia que quizá no se dé nunca”. (Nota de Martín Coronado, El Diario, 19/IV/12)
Además, de darse el caso, como lo han sostenido los alcaldes de Juárez y Chihuahua, que a los “pobres no se les cobraría”, se violaría el principio de inequidad, pues “si no se le cobra el impuesto a los pobres o a las colonias marginadas, se está haciendo una distinción entre los ciudadanos que la ley no permite, al menos en la materia tributaria”. (Ibídem).
¿Para qué estirar tanto la cuerda?
jueves, 19 de abril de 2012
Bochornoso
El Diario, 19 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
El episodio protagonizado por varios de los más importantes dirigentes partidistas y conductores de las campañas del PRI y el PAN el martes pasado fue un vergonzoso acto, quizá el más relevante de la actual campaña electoral, no tanto por la trascendencia en sí mismo, sino porque develó nítidamente los alcances de parte de la clase política mexicana.
Las intenciones parecían de lo mejor que habían escenificado en los tiempos de la plena competencia electoral. ¡Por fin dos de las principales agrupaciones políticas –las más importantes, una es la minoría más grande de la Cámara de Diputados, ejerce el poder en veinte entidades y su candidato va a la cabeza de las preferencias electorales y la otra dirige la administración federal y es la minoría mayor en la Cámara de Senadores– se atrevían a hacer lo que los políticos de otras latitudes, de todas las características, hacen normalmente: Debatir.
Nada de eso sucedió, al contrario, lo que hicieron fue mostrarnos sus verdaderos niveles.
Aquí se deben precisar bien las responsabilidades, a riesgo de que los defensores a ultranza del partido gobernante en el país acusen al escribiente de hacerle caso a sus “inclinaciones” políticas e ideológicas (como si alguien se pudiese desprender de ellas, por el contrario, quienes defienden –defendemos– nuestros puntos de vista en público debiéramos enorgullecernos del marco teórico mediante el cual podemos contribuir al análisis de nuestra cambiante realidad) pues me parece muy claro que la dirigencia del PAN le planteó al PRI establecer la llamada “mesa de la verdad” sin el ánimo de que se celebrara el debate, sólo con el afán de exhibir a este partido y mostrarle al país que su candidato es un mentiroso.
Tal maniobra evidenció su carencia de la suficiente vena democrática. Nunca se plantearon seriamente la celebración de un debate acerca de cosas tangibles y extraordinariamente importantes para los mexicanos, ni mostraron que estaban dispuestos a que el evento fuera de unas características tales que le permitieran a los ciudadanos apreciar en donde se encontraba la mentira acerca de las obras efectuadas por Enrique Peña Nieto, a su paso por el gobierno mexiquense.
Porque celebrar un acto de esas características significa otorgarle al conductor, en este caso el periodista Javier Solórzano, la real conducción del evento para que todos tuviéramos la confianza de que existía una opinión imparcial, que al momento de mostrar documentos existiera alguien que pudiera certificar la veracidad de lo ahí asentado. Nada de eso existió, la dirigencia del PAN se aferró a que el acto se realizara en un lugar sin condiciones para la celebración de un debate, en medio de las bases del PAN mexiquense –que ahora sabemos no son de las más educadas del país– y sin que Solórzano tuviese el mínimo de condiciones para conducir aquello. Y es que los panistas no esperaban que los priístas acudieran a ese evento, o que cedieran a las exigencias de los panistas de celebrarlo en el lugar en el que todo era azul, hasta la mesa.
Convocada para dilucidar si Peña Nieto cumplió su compromiso 127 de los 608 que hizo como gobernador del estado de México, que consistía en la ampliación a tres carriles de la vía López Mateos en la zona de Puente de Vigas, y que los priístas arguyeron se trataba de otra obra, sin capacidad las dos fuerzas políticas para ponerse de acuerdo en los temas a debatir, nos mostraron cuán lejos se encuentran de, por ejemplo, los políticos norteamericanos (y eso que no son un dechado de virtudes) pues éstos sí pueden convocarse, o aceptan ser convocados a cuantos debates se realizan (los precandidatos republicanos, por ejemplo, han debatido en más de una docena de veces) lo que muestra el primitivismo de nuestros políticos, muy en discordancia de los elevados salarios y las numerosas prebendas de que gozan, para ubicarlos como los de los mayores salarios en el mundo.
Y no se crean que se trataba de cualquier puñado de militantes, no, entre ellos estaban quienes han sido presidentes del Congreso de la Unión, gobernadores, secretarios particulares del presidente de la República, líderes del Senado, líderes de congresos locales, etc.
No hay, en esa élite, la suficiente vena democrática de la que tan urgido está el país.
¡Qué desgracia!
Luis Javier Valero Flores
El episodio protagonizado por varios de los más importantes dirigentes partidistas y conductores de las campañas del PRI y el PAN el martes pasado fue un vergonzoso acto, quizá el más relevante de la actual campaña electoral, no tanto por la trascendencia en sí mismo, sino porque develó nítidamente los alcances de parte de la clase política mexicana.
Las intenciones parecían de lo mejor que habían escenificado en los tiempos de la plena competencia electoral. ¡Por fin dos de las principales agrupaciones políticas –las más importantes, una es la minoría más grande de la Cámara de Diputados, ejerce el poder en veinte entidades y su candidato va a la cabeza de las preferencias electorales y la otra dirige la administración federal y es la minoría mayor en la Cámara de Senadores– se atrevían a hacer lo que los políticos de otras latitudes, de todas las características, hacen normalmente: Debatir.
Nada de eso sucedió, al contrario, lo que hicieron fue mostrarnos sus verdaderos niveles.
Aquí se deben precisar bien las responsabilidades, a riesgo de que los defensores a ultranza del partido gobernante en el país acusen al escribiente de hacerle caso a sus “inclinaciones” políticas e ideológicas (como si alguien se pudiese desprender de ellas, por el contrario, quienes defienden –defendemos– nuestros puntos de vista en público debiéramos enorgullecernos del marco teórico mediante el cual podemos contribuir al análisis de nuestra cambiante realidad) pues me parece muy claro que la dirigencia del PAN le planteó al PRI establecer la llamada “mesa de la verdad” sin el ánimo de que se celebrara el debate, sólo con el afán de exhibir a este partido y mostrarle al país que su candidato es un mentiroso.
Tal maniobra evidenció su carencia de la suficiente vena democrática. Nunca se plantearon seriamente la celebración de un debate acerca de cosas tangibles y extraordinariamente importantes para los mexicanos, ni mostraron que estaban dispuestos a que el evento fuera de unas características tales que le permitieran a los ciudadanos apreciar en donde se encontraba la mentira acerca de las obras efectuadas por Enrique Peña Nieto, a su paso por el gobierno mexiquense.
Porque celebrar un acto de esas características significa otorgarle al conductor, en este caso el periodista Javier Solórzano, la real conducción del evento para que todos tuviéramos la confianza de que existía una opinión imparcial, que al momento de mostrar documentos existiera alguien que pudiera certificar la veracidad de lo ahí asentado. Nada de eso existió, la dirigencia del PAN se aferró a que el acto se realizara en un lugar sin condiciones para la celebración de un debate, en medio de las bases del PAN mexiquense –que ahora sabemos no son de las más educadas del país– y sin que Solórzano tuviese el mínimo de condiciones para conducir aquello. Y es que los panistas no esperaban que los priístas acudieran a ese evento, o que cedieran a las exigencias de los panistas de celebrarlo en el lugar en el que todo era azul, hasta la mesa.
Convocada para dilucidar si Peña Nieto cumplió su compromiso 127 de los 608 que hizo como gobernador del estado de México, que consistía en la ampliación a tres carriles de la vía López Mateos en la zona de Puente de Vigas, y que los priístas arguyeron se trataba de otra obra, sin capacidad las dos fuerzas políticas para ponerse de acuerdo en los temas a debatir, nos mostraron cuán lejos se encuentran de, por ejemplo, los políticos norteamericanos (y eso que no son un dechado de virtudes) pues éstos sí pueden convocarse, o aceptan ser convocados a cuantos debates se realizan (los precandidatos republicanos, por ejemplo, han debatido en más de una docena de veces) lo que muestra el primitivismo de nuestros políticos, muy en discordancia de los elevados salarios y las numerosas prebendas de que gozan, para ubicarlos como los de los mayores salarios en el mundo.
Y no se crean que se trataba de cualquier puñado de militantes, no, entre ellos estaban quienes han sido presidentes del Congreso de la Unión, gobernadores, secretarios particulares del presidente de la República, líderes del Senado, líderes de congresos locales, etc.
No hay, en esa élite, la suficiente vena democrática de la que tan urgido está el país.
¡Qué desgracia!
martes, 17 de abril de 2012
Calderonlandia
El Diario, 17 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
Lanzados a la Internet como si fueran correos enviados por la ciudadanía común y corriente, sin liga alguna con los partidos, sus candidatos y sus campañas electorales, circulan una gran cantidad de mensajes enviados por correo electrónico en lo que es, sin duda, el inicio de la muy incisiva campaña del PAN, pletóricos de mentiras que, bien engarzadas llevan al común de los receptores de tales mensajes a concluir que contienen grandes verdades acerca de los logros de los gobiernos emanados de este partido y que los comparan tendenciosamente con los resultados de las administraciones emanadas del PRI, cometiendo el error de ubicar a los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, como si hubiesen sido, también, de este partido.
La primera mitad del mensaje hace un comparativo entre la deuda externa heredada por los gobiernos priístas, la inflación y el tipo de cambio con el dólar al final de cada administración y se ufanan de que México “tiene hoy las más grandes reservas (en dólares) en 70 años y sin deuda externa”.
Ahí se encuentra la primera de las mentiras, el país que dejará Calderón será uno en el que el crecimiento de la deuda pública superó los 5 billones 473 mil 698 millones de pesos al término de 2011, con un incremento de 168 por ciento durante los 11 años de gobiernos federales surgidos del Partido Acción Nacional (PAN), según informes divulgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, se ufanan de que la inflación, en el gobierno de Vicente Fox, fue del 4% anual y de haber llevado a contar con las mayores reservas en dólares ¿Y? Lo mejor de tales alegatos se encuentra en la defensa del actual sexenio. Dicen que ahora existe libertad absoluta en prensa, radio y TV, como si lo existente fuera gracias a estas administraciones y se olvidan del “decretazo”, es decir, la entrega a Televisa del tiempo del Estado, de las numerosas concesiones otorgadas a las empresas monopólicas de la radio y la televisión.
Dicen que ya hay “equidad de los tres poderes de la unión (ya se discute el presupuesto, por ejemplo) y para nada recuerdan las presiones de Calderón sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Florence Cassez y en el de la discusión de este organismo acerca de la ley para desenlazar el aborto en el DF y la de la que permitió el matrimonio y la adopción de infantes por homosexuales, sin contar la infinidad de episodios en los que la injerencia de la Presidencia de la República ha sido violatoria del marco legal; eso, sin contar que hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha decretado la indebida intromisión de Calderón en los procesos electorales.
Luego se enorgullecen (del mismo modo, como si fueran acciones efectuadas por el gobierno de Felipe Calderón) de que México pagó “TODA su deuda con el Fondo Monetario Internacional” y no informan que dejamos de tener deuda con el organismo internacional para adquirirla con la banca comercial extranjera ¡Nomás
Luego, en ese mismo orden de ideas, destacan la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como un logro del ¡PAN, porque ahora, en esta concepción patrimonialista, eso permite la “rendición de cuentas”. Sólo recordémosles que el penúltimo secretario de Educación, Alonso Lujambio, saltó de la presidencia del IFAI a ese cargo, funciones ocupadas en las que, por supuesto, nada contó la amistad con Calderón.
Pero sintámonos más sanos, el colmo, ahora el “cigarro y el alcohol ya no se anuncian por televisión. ¿Se han fijado?” No, po’s sí. Y luego, seguramente que jamás habrán pasado a recibir atención médica en las instituciones gubernamentales (no todas, por supuesto, hay excepciones) pues sostienen que el Seguro Popular otorga “un servicio eficiente y más barato, sin gastar en infraestructura con burócratas adicionales”.
Cansinamente repiten una letanía: No estamos peor que cuando el gobierno… “mataba estudiantes (‘68 y ‘71)”… “mataba a los periodistas (recuérdese el caso Buendía) o cerraba publicaciones que sacaban a la luz sus robos y sinvergüenzadas (Excélsior, Loret de Mola, Impacto, etc., etc.)”, sin que exista a lo largo de ese texto la menor crítica, o una referencia menor a alguno de los temas en los que el gobierno de Calderón hubiese fallado. Nada, todo lo contrario, en este sexenio, al igual que los precedentes de los priístas y de Vicente Fox, todo en México funciona a la perfección, no tenemos problemas, ya no hay casas con piso de tierra, no hay desempleados, los jóvenes ya no emigran, cada día hay menos pobres, etc.
Calderonlandia, pues.
Luis Javier Valero Flores
Lanzados a la Internet como si fueran correos enviados por la ciudadanía común y corriente, sin liga alguna con los partidos, sus candidatos y sus campañas electorales, circulan una gran cantidad de mensajes enviados por correo electrónico en lo que es, sin duda, el inicio de la muy incisiva campaña del PAN, pletóricos de mentiras que, bien engarzadas llevan al común de los receptores de tales mensajes a concluir que contienen grandes verdades acerca de los logros de los gobiernos emanados de este partido y que los comparan tendenciosamente con los resultados de las administraciones emanadas del PRI, cometiendo el error de ubicar a los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, como si hubiesen sido, también, de este partido.
La primera mitad del mensaje hace un comparativo entre la deuda externa heredada por los gobiernos priístas, la inflación y el tipo de cambio con el dólar al final de cada administración y se ufanan de que México “tiene hoy las más grandes reservas (en dólares) en 70 años y sin deuda externa”.
Ahí se encuentra la primera de las mentiras, el país que dejará Calderón será uno en el que el crecimiento de la deuda pública superó los 5 billones 473 mil 698 millones de pesos al término de 2011, con un incremento de 168 por ciento durante los 11 años de gobiernos federales surgidos del Partido Acción Nacional (PAN), según informes divulgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, se ufanan de que la inflación, en el gobierno de Vicente Fox, fue del 4% anual y de haber llevado a contar con las mayores reservas en dólares ¿Y? Lo mejor de tales alegatos se encuentra en la defensa del actual sexenio. Dicen que ahora existe libertad absoluta en prensa, radio y TV, como si lo existente fuera gracias a estas administraciones y se olvidan del “decretazo”, es decir, la entrega a Televisa del tiempo del Estado, de las numerosas concesiones otorgadas a las empresas monopólicas de la radio y la televisión.
Dicen que ya hay “equidad de los tres poderes de la unión (ya se discute el presupuesto, por ejemplo) y para nada recuerdan las presiones de Calderón sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Florence Cassez y en el de la discusión de este organismo acerca de la ley para desenlazar el aborto en el DF y la de la que permitió el matrimonio y la adopción de infantes por homosexuales, sin contar la infinidad de episodios en los que la injerencia de la Presidencia de la República ha sido violatoria del marco legal; eso, sin contar que hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha decretado la indebida intromisión de Calderón en los procesos electorales.
Luego se enorgullecen (del mismo modo, como si fueran acciones efectuadas por el gobierno de Felipe Calderón) de que México pagó “TODA su deuda con el Fondo Monetario Internacional” y no informan que dejamos de tener deuda con el organismo internacional para adquirirla con la banca comercial extranjera ¡Nomás
Luego, en ese mismo orden de ideas, destacan la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como un logro del ¡PAN, porque ahora, en esta concepción patrimonialista, eso permite la “rendición de cuentas”. Sólo recordémosles que el penúltimo secretario de Educación, Alonso Lujambio, saltó de la presidencia del IFAI a ese cargo, funciones ocupadas en las que, por supuesto, nada contó la amistad con Calderón.
Pero sintámonos más sanos, el colmo, ahora el “cigarro y el alcohol ya no se anuncian por televisión. ¿Se han fijado?” No, po’s sí. Y luego, seguramente que jamás habrán pasado a recibir atención médica en las instituciones gubernamentales (no todas, por supuesto, hay excepciones) pues sostienen que el Seguro Popular otorga “un servicio eficiente y más barato, sin gastar en infraestructura con burócratas adicionales”.
Cansinamente repiten una letanía: No estamos peor que cuando el gobierno… “mataba estudiantes (‘68 y ‘71)”… “mataba a los periodistas (recuérdese el caso Buendía) o cerraba publicaciones que sacaban a la luz sus robos y sinvergüenzadas (Excélsior, Loret de Mola, Impacto, etc., etc.)”, sin que exista a lo largo de ese texto la menor crítica, o una referencia menor a alguno de los temas en los que el gobierno de Calderón hubiese fallado. Nada, todo lo contrario, en este sexenio, al igual que los precedentes de los priístas y de Vicente Fox, todo en México funciona a la perfección, no tenemos problemas, ya no hay casas con piso de tierra, no hay desempleados, los jóvenes ya no emigran, cada día hay menos pobres, etc.
Calderonlandia, pues.
domingo, 15 de abril de 2012
Pemex, tema central de la disputa presidencial
El Diario, 15 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
No aparece en la agenda político-electoral como uno de los temas que aborden los candidatos con la importancia que, de ganar, sus gobiernos le otorgarían, básicamente porque los candidatos del PRI y el PAN coinciden en lo que harían con el más importante de los recursos naturales de México.
No es un asunto menor, la orientación de sus propuestas entraña un grave peligro para la soberanía nacional, y no se trata solamente de lo estrictamente conceptual, sino porque en pocos temas como éste, al común de la gente le queda más clara la asociación de la soberanía con el de la pérdida de la riqueza nacional, hecho que repercute directamente en su vida cotidiana.
Más aún, porque en temas como el del petróleo, varios de los reputados como los más prestigiados líderes de opinión, especialmente los del duopolio de la televisión, muestran diáfanamente la defensa que hacen de los intereses de quienes pretenden entregar a los consorcios privados, particularmente los extranjeros (tan fuertemente ligados a los nacionales, porque en nuestra época el capital prácticamente ya no tiene patria) las riquezas nacionales.
Por ello importa detenerse en la propuesta realizada por el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador acerca de este energético, vital para la economía mexicana, tanto, que representa la aportación que hace al erario federal, alrededor del 30%, pero cuya importancia en la economía va más allá de tan elevado porcentaje del presupuesto federal.
Y es que la defensa realizada por quienes son las voces de los grupos económicos propietarios de las cadenas televisivas –literalmente, los más poderosos hombres de empresa del país– llega a niveles de verdadero primitivismo. Pocas veces el escribiente se detiene a polemizar con otros colaboradores editorialistas –quiera o no el autor de la otra opinión– pero en esta ocasión, por la importancia de su columna, por los espacios ocupados en la televisión y por los conceptos expresados, vale la pena detenerse.
Días atrás, el columnista Sergio Sarmiento (“AMLO y Pemex”, El Diario, 10/IV/12) criticó la propuesta de López Obrador porque este planteó centralmente que en un gobierno dirigido por él se disminuiría drásticamente –por supuesto no de la noche a la mañana– la venta de petróleo crudo, para poner el acento en la industrialización del hidrocarburo. Pues bien, Sarmiento criticó acremente que se hiciera la apuesta a dejar de lado, en su opinión, la parte más “rentable” de esta industria que es, aduce, la exportación de petróleo crudo, para poner el acento en la refinación y en el procesamiento de “toda la materia prima, todo el petróleo crudo, para darle valor agregado y generar utilidades y empleos en el país”.
Contra esa propuesta se lanza el editorialista estrella de Tv Azteca diciendo que la construcción de las refinerías propuestas por el tabasqueño dejaría sin recursos económicos al erario federal y califica tal propuesta como “simplista”, cuando cualquier persona medianamente enterada de las cosas económicas sabría que la riqueza estriba en el valor agregado a las materias primas.
Tan peregrina forma de pensar es lo que ha convertido al país en importador neto, prácticamente de todo, incluidos los alimentos y, por tanto, en deudor histórico, con una balanza comercial negativa y a expensas de los vaivenes de los más poderosos intereses económicos del mundo.
El mensaje de Sarmiento –compartido por infinidad de personas que carecen de los elementos necesarios para razonar bien su opinión, al contrario del periodista mencionado– es el de que “Pemex… debe concentrar sus esfuerzos en la producción de crudo. La refinación debe recibir solamente la inversión indispensable; de hecho, lo ideal sería dejarla en manos de empresas privadas con capacidad de obtener utilidades en un negocio sólo rentable con altos volúmenes y una gran eficiencia. Pemex debe invertir en actividades más rentables, en las que su ineficiencia y el exceso de personal que carga no pesan realmente”.
¿Y todo por qué?
Pues porque López Obrador lanzó su propuesta energética en forma de decálogo que contiene ejes por demás interesantes en esta materia pues propone la construcción de cinco nuevas refinerías (“para dejar de importar 500 mil barriles diarios de combustibles, que significa erogar, en esta compra de combustibles, 26 mil millones de dólares al año”); integrar toda la industria petrolera (precisamente lo que existía cuando Pemex se convirtió en el motor de la transformación industrial de México) “desde la exploración, la perforación, la producción de crudo y gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica, para utilizar toda la cadena de valor del sector energético”; invertir en la exploración “para mantener estables las reservas probadas de petróleo, con una tasa de reposición del 100 por ciento; la reconstrucción de las plantas petroquímicas, la construcción de la planta productora de fertilizantes en el país; operar a “toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos a empresas extranjeras”; dar prioridad en compras y en contratación de servicios que demanda el sector energético a empresas nacionales; invertir nuevamente en la investigación y el desarrollo tecnológico del sector energético; la instalación de “un programa nacional de transición energética para disminuir, de inmediato, la dependencia de combustibles fósiles y de recursos no renovables” y “limpiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de corrupción y de esta forma se financiará gran parte de la inversión que demanda la industria petrolera y eléctrica del país”.
La propuesta del candidato de las izquierdas va al corazón de la enorme corrupción en la que es, sin duda alguna, la principal de las empresas mexicanas y a la que permanentemente se le ha pretendido reencauzar al sector privado, no conformes con la enorme riqueza generada por la industria petroquímica secundaria, ejemplo de lo cual es el tema de las compras efectuadas por Pemex y la CFE, que sólo en el 20% lo hacen a las empresas nacionales, al contrario de Petrobras –la empresa brasileña que tanto elogian los actuales gobernantes en su afán de convencer a los mexicanos que el camino es la privatización, pero que se cuidan de no difundir cifras tan contrarias a sus concepciones que por ley debe hacer el 80 por ciento de sus compras a empresas nacionales, lo que ha catapultado a la industria brasileña ligada al petróleo y se ha convertido en parte fundamental del milagro económico realizado por este país, con crecimientos anuales superiores al 7% durante varios periodos consecutivos, especialmente los de los gobiernos de izquierda.
Aspecto central de la propuesta lopezobradorista lo constituye el hecho de que, al contrario del resto de los contendientes a la presidencia, está planteando hacer con Pemex lo que el resto de los países productores de petróleo están haciendo con su industria, las están convirtiendo en parte estratégica de su desarrollo y están revirtiendo los diversos procesos de privatización para convertirlas, nuevamente, en industrias nacionales, en el peor de los casos, o en empresas nacionalizadas.
De ese modo, ni los árabes, ni los nigerianos, ni los venezolanos; vamos, ni los ingleses y, por supuesto, los norteamericanos, están apostándole a entregar a empresas ajenas sus riquezas petroleras.
Todo lo contrario.
Así y todo, todavía hay quienes defienden ardorosamente que entreguemos nuestra riqueza a las poderosas empresas del orbe ¿En qué planeta vivirán?
Luis Javier Valero Flores
No aparece en la agenda político-electoral como uno de los temas que aborden los candidatos con la importancia que, de ganar, sus gobiernos le otorgarían, básicamente porque los candidatos del PRI y el PAN coinciden en lo que harían con el más importante de los recursos naturales de México.
No es un asunto menor, la orientación de sus propuestas entraña un grave peligro para la soberanía nacional, y no se trata solamente de lo estrictamente conceptual, sino porque en pocos temas como éste, al común de la gente le queda más clara la asociación de la soberanía con el de la pérdida de la riqueza nacional, hecho que repercute directamente en su vida cotidiana.
Más aún, porque en temas como el del petróleo, varios de los reputados como los más prestigiados líderes de opinión, especialmente los del duopolio de la televisión, muestran diáfanamente la defensa que hacen de los intereses de quienes pretenden entregar a los consorcios privados, particularmente los extranjeros (tan fuertemente ligados a los nacionales, porque en nuestra época el capital prácticamente ya no tiene patria) las riquezas nacionales.
Por ello importa detenerse en la propuesta realizada por el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador acerca de este energético, vital para la economía mexicana, tanto, que representa la aportación que hace al erario federal, alrededor del 30%, pero cuya importancia en la economía va más allá de tan elevado porcentaje del presupuesto federal.
Y es que la defensa realizada por quienes son las voces de los grupos económicos propietarios de las cadenas televisivas –literalmente, los más poderosos hombres de empresa del país– llega a niveles de verdadero primitivismo. Pocas veces el escribiente se detiene a polemizar con otros colaboradores editorialistas –quiera o no el autor de la otra opinión– pero en esta ocasión, por la importancia de su columna, por los espacios ocupados en la televisión y por los conceptos expresados, vale la pena detenerse.
Días atrás, el columnista Sergio Sarmiento (“AMLO y Pemex”, El Diario, 10/IV/12) criticó la propuesta de López Obrador porque este planteó centralmente que en un gobierno dirigido por él se disminuiría drásticamente –por supuesto no de la noche a la mañana– la venta de petróleo crudo, para poner el acento en la industrialización del hidrocarburo. Pues bien, Sarmiento criticó acremente que se hiciera la apuesta a dejar de lado, en su opinión, la parte más “rentable” de esta industria que es, aduce, la exportación de petróleo crudo, para poner el acento en la refinación y en el procesamiento de “toda la materia prima, todo el petróleo crudo, para darle valor agregado y generar utilidades y empleos en el país”.
Contra esa propuesta se lanza el editorialista estrella de Tv Azteca diciendo que la construcción de las refinerías propuestas por el tabasqueño dejaría sin recursos económicos al erario federal y califica tal propuesta como “simplista”, cuando cualquier persona medianamente enterada de las cosas económicas sabría que la riqueza estriba en el valor agregado a las materias primas.
Tan peregrina forma de pensar es lo que ha convertido al país en importador neto, prácticamente de todo, incluidos los alimentos y, por tanto, en deudor histórico, con una balanza comercial negativa y a expensas de los vaivenes de los más poderosos intereses económicos del mundo.
El mensaje de Sarmiento –compartido por infinidad de personas que carecen de los elementos necesarios para razonar bien su opinión, al contrario del periodista mencionado– es el de que “Pemex… debe concentrar sus esfuerzos en la producción de crudo. La refinación debe recibir solamente la inversión indispensable; de hecho, lo ideal sería dejarla en manos de empresas privadas con capacidad de obtener utilidades en un negocio sólo rentable con altos volúmenes y una gran eficiencia. Pemex debe invertir en actividades más rentables, en las que su ineficiencia y el exceso de personal que carga no pesan realmente”.
¿Y todo por qué?
Pues porque López Obrador lanzó su propuesta energética en forma de decálogo que contiene ejes por demás interesantes en esta materia pues propone la construcción de cinco nuevas refinerías (“para dejar de importar 500 mil barriles diarios de combustibles, que significa erogar, en esta compra de combustibles, 26 mil millones de dólares al año”); integrar toda la industria petrolera (precisamente lo que existía cuando Pemex se convirtió en el motor de la transformación industrial de México) “desde la exploración, la perforación, la producción de crudo y gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica, para utilizar toda la cadena de valor del sector energético”; invertir en la exploración “para mantener estables las reservas probadas de petróleo, con una tasa de reposición del 100 por ciento; la reconstrucción de las plantas petroquímicas, la construcción de la planta productora de fertilizantes en el país; operar a “toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos a empresas extranjeras”; dar prioridad en compras y en contratación de servicios que demanda el sector energético a empresas nacionales; invertir nuevamente en la investigación y el desarrollo tecnológico del sector energético; la instalación de “un programa nacional de transición energética para disminuir, de inmediato, la dependencia de combustibles fósiles y de recursos no renovables” y “limpiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de corrupción y de esta forma se financiará gran parte de la inversión que demanda la industria petrolera y eléctrica del país”.
La propuesta del candidato de las izquierdas va al corazón de la enorme corrupción en la que es, sin duda alguna, la principal de las empresas mexicanas y a la que permanentemente se le ha pretendido reencauzar al sector privado, no conformes con la enorme riqueza generada por la industria petroquímica secundaria, ejemplo de lo cual es el tema de las compras efectuadas por Pemex y la CFE, que sólo en el 20% lo hacen a las empresas nacionales, al contrario de Petrobras –la empresa brasileña que tanto elogian los actuales gobernantes en su afán de convencer a los mexicanos que el camino es la privatización, pero que se cuidan de no difundir cifras tan contrarias a sus concepciones que por ley debe hacer el 80 por ciento de sus compras a empresas nacionales, lo que ha catapultado a la industria brasileña ligada al petróleo y se ha convertido en parte fundamental del milagro económico realizado por este país, con crecimientos anuales superiores al 7% durante varios periodos consecutivos, especialmente los de los gobiernos de izquierda.
Aspecto central de la propuesta lopezobradorista lo constituye el hecho de que, al contrario del resto de los contendientes a la presidencia, está planteando hacer con Pemex lo que el resto de los países productores de petróleo están haciendo con su industria, las están convirtiendo en parte estratégica de su desarrollo y están revirtiendo los diversos procesos de privatización para convertirlas, nuevamente, en industrias nacionales, en el peor de los casos, o en empresas nacionalizadas.
De ese modo, ni los árabes, ni los nigerianos, ni los venezolanos; vamos, ni los ingleses y, por supuesto, los norteamericanos, están apostándole a entregar a empresas ajenas sus riquezas petroleras.
Todo lo contrario.
Así y todo, todavía hay quienes defienden ardorosamente que entreguemos nuestra riqueza a las poderosas empresas del orbe ¿En qué planeta vivirán?
Reforma penal inaceptable
El Diario, 12 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
El día de ayer -seguramente- la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados habrá discutido y aprobado un dictamen sobre reformas al Código Federal de Procedimientos Penales en el que, básicamente, se permitirán detenciones sin orden de aprehensión, incluso para delitos graves, constituyéndose, de aprobarse en el pleno de dicho organismo legislativo, en uno de los peores retrocesos en materia de legislación penal en la historia del país.
Lo peor es que las dos principales fuerzas políticas nacionales están coincidiendo en tales propósitos -PRI y PAN- en lo que puede ser el inicio de una contrarreforma en todos los ámbitos de la vida política y social de México pues al grito de combatir al crimen organizado y a la delincuencia común, desatada no por carencias en materia legislativa penal, están poniendo las bases para la creación de un estado policiaco, del mismo modo que lo intentó hacer George W. Bush en los Estados Unidos a raíz del ataque a las Torres Gemelas y de las guerras en Irak y Afganistán -creadas para satisfacer las necesidades económicas de la industria bélica norteamericana, cuyos principales ejecutivos se encontraban en posiciones claves de ese gobierno- y que, por desgracia, logró avanzar, permitiendo, a partir de entonces, serias violaciones a los derechos humanos y las garantías constitucionales hasta entonces vigentes en el vecino país.
Del mismo modo, el dueto PRI-PAN, incapaces de afrontar la creciente ola delictiva en México, solo atinan a endurecer el marco legal penal vigente, como medida, dicen, para desalentar la comisión de delitos, como si hiciera falta modificarlo para mejorar la procuración de justicia.
Esa no es la solución, se los han -hemos- dicho en todos los tonos, todas las voces críticas (por analíticas) del país, todos los especialistas y hemos advertido del peligro de sentar las bases de un régimen policiaco, fincado en la hegemonía de las fuerzas armadas, que ahora se hacen cargo de las tareas policiacas en la mayor parte de las entidades mayormente sometidas a la ola delictiva y a la guerra de los cárteles de las drogas.
Y es que priistas y panistas le apuestan a un fenómeno: A la desesperación de la gente por la falta de control de la delincuencia, lo que genera, de inmediato, una corriente de simpatía ciudadana hacia el incremento de las penas -que los maten, o los refundan en la cárcel, es la expresión más frecuente al abordar este tipo de temas- sin ver que tales reformas se convertirán, ni siquiera debemos ir muy lejos, en francos limitantes para la sociedad mexicana y en claros instrumentos para que las fuerzas del Estado se conviertan en verdaderos represores de la ciudadanía, así como en aliados incondicionales del crimen organizado.
Porque las causas del incremento delictivo no se encuentran en la falta de un adecuado marco legal, bastaría con que se aprehendieran a los delincuentes y les aplicaran las sanciones vigentes hasta antes del 2007 y, por supuesto, aplicando una política social que impulsara el desarrollo social, para que hubiésemos abortado el estallido criminal que, por supuesto, tiene un factor criminógeno, pero que encontró un excelente caldo de cultivo en una sociedad depauperizada, con salvajes índices de desempleo y con una brutal pérdida del poder adquisitivo -lo calcula el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM en un 42% en lo que va del sexenio de Felipe Calderón- y en una desorbitada decisión gubernamental de lanzarse a "combatir" al crimen organizado a partir de diciembre de 2006, sin más estrategia que -voy pa'lante y no me muevo-.
Mas aún, y eso no se ha evaluado adecuadamente, sobre todo por los gobiernos norteamericanos, tan preocupados por la ola violenta en México, el importantísimo factor que constituye el hecho de haber casi cerrado la frontera al cruce de inmigrantes -que en el sexenio de Fox promedió medio millón anual- y que en el actual sexenio ha sido abatido brutalmente, lo que ha llevado a cientos de miles de jóvenes a no tener expectativa alguna, ya ni siquiera la migración "al otro lado", y estar sujetos a todas las proposiciones que generen alguna mínima ganancia, en un país -el suyo- que no es capaz de ofrecerles opción alguna.
Ahora aprobarán una ley que le permitirá a las fuerzas policiacas -igual que lo hace ahora, pero que era penado por la legislación- detener prácticamente a todos los que deseen, y acusarlos de cualquier tipo de delitos. Asentar lo anterior no tiene nada de extraordinario, durante años -décadas- esa fue la forma en que se actuaba, de ahí que muchos impulsamos la reforma penal que desaparecía la declaración como reina de las acusaciones, y que, por tanto, tenía la intención de erradicar la tortura como medio para arrancar las declaraciones autoinculpatorias.
Así, gracias a que unos están a punto de irse del gobierno y a que otros están acariciando la idea de llegar, y sueñan con un esquema policiaco a modo, muchas de las demandas de paz y justicia de los mexicanos se irán al baúl de los sueños durante un rato.
Pero no existe el destino manifiesto, deben existir reservas democráticas en el seno de la sociedad mexicana -y de los partidos- para impedir tales retrocesos.
Luis Javier Valero Flores
El día de ayer -seguramente- la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados habrá discutido y aprobado un dictamen sobre reformas al Código Federal de Procedimientos Penales en el que, básicamente, se permitirán detenciones sin orden de aprehensión, incluso para delitos graves, constituyéndose, de aprobarse en el pleno de dicho organismo legislativo, en uno de los peores retrocesos en materia de legislación penal en la historia del país.
Lo peor es que las dos principales fuerzas políticas nacionales están coincidiendo en tales propósitos -PRI y PAN- en lo que puede ser el inicio de una contrarreforma en todos los ámbitos de la vida política y social de México pues al grito de combatir al crimen organizado y a la delincuencia común, desatada no por carencias en materia legislativa penal, están poniendo las bases para la creación de un estado policiaco, del mismo modo que lo intentó hacer George W. Bush en los Estados Unidos a raíz del ataque a las Torres Gemelas y de las guerras en Irak y Afganistán -creadas para satisfacer las necesidades económicas de la industria bélica norteamericana, cuyos principales ejecutivos se encontraban en posiciones claves de ese gobierno- y que, por desgracia, logró avanzar, permitiendo, a partir de entonces, serias violaciones a los derechos humanos y las garantías constitucionales hasta entonces vigentes en el vecino país.
Del mismo modo, el dueto PRI-PAN, incapaces de afrontar la creciente ola delictiva en México, solo atinan a endurecer el marco legal penal vigente, como medida, dicen, para desalentar la comisión de delitos, como si hiciera falta modificarlo para mejorar la procuración de justicia.
Esa no es la solución, se los han -hemos- dicho en todos los tonos, todas las voces críticas (por analíticas) del país, todos los especialistas y hemos advertido del peligro de sentar las bases de un régimen policiaco, fincado en la hegemonía de las fuerzas armadas, que ahora se hacen cargo de las tareas policiacas en la mayor parte de las entidades mayormente sometidas a la ola delictiva y a la guerra de los cárteles de las drogas.
Y es que priistas y panistas le apuestan a un fenómeno: A la desesperación de la gente por la falta de control de la delincuencia, lo que genera, de inmediato, una corriente de simpatía ciudadana hacia el incremento de las penas -que los maten, o los refundan en la cárcel, es la expresión más frecuente al abordar este tipo de temas- sin ver que tales reformas se convertirán, ni siquiera debemos ir muy lejos, en francos limitantes para la sociedad mexicana y en claros instrumentos para que las fuerzas del Estado se conviertan en verdaderos represores de la ciudadanía, así como en aliados incondicionales del crimen organizado.
Porque las causas del incremento delictivo no se encuentran en la falta de un adecuado marco legal, bastaría con que se aprehendieran a los delincuentes y les aplicaran las sanciones vigentes hasta antes del 2007 y, por supuesto, aplicando una política social que impulsara el desarrollo social, para que hubiésemos abortado el estallido criminal que, por supuesto, tiene un factor criminógeno, pero que encontró un excelente caldo de cultivo en una sociedad depauperizada, con salvajes índices de desempleo y con una brutal pérdida del poder adquisitivo -lo calcula el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM en un 42% en lo que va del sexenio de Felipe Calderón- y en una desorbitada decisión gubernamental de lanzarse a "combatir" al crimen organizado a partir de diciembre de 2006, sin más estrategia que -voy pa'lante y no me muevo-.
Mas aún, y eso no se ha evaluado adecuadamente, sobre todo por los gobiernos norteamericanos, tan preocupados por la ola violenta en México, el importantísimo factor que constituye el hecho de haber casi cerrado la frontera al cruce de inmigrantes -que en el sexenio de Fox promedió medio millón anual- y que en el actual sexenio ha sido abatido brutalmente, lo que ha llevado a cientos de miles de jóvenes a no tener expectativa alguna, ya ni siquiera la migración "al otro lado", y estar sujetos a todas las proposiciones que generen alguna mínima ganancia, en un país -el suyo- que no es capaz de ofrecerles opción alguna.
Ahora aprobarán una ley que le permitirá a las fuerzas policiacas -igual que lo hace ahora, pero que era penado por la legislación- detener prácticamente a todos los que deseen, y acusarlos de cualquier tipo de delitos. Asentar lo anterior no tiene nada de extraordinario, durante años -décadas- esa fue la forma en que se actuaba, de ahí que muchos impulsamos la reforma penal que desaparecía la declaración como reina de las acusaciones, y que, por tanto, tenía la intención de erradicar la tortura como medio para arrancar las declaraciones autoinculpatorias.
Así, gracias a que unos están a punto de irse del gobierno y a que otros están acariciando la idea de llegar, y sueñan con un esquema policiaco a modo, muchas de las demandas de paz y justicia de los mexicanos se irán al baúl de los sueños durante un rato.
Pero no existe el destino manifiesto, deben existir reservas democráticas en el seno de la sociedad mexicana -y de los partidos- para impedir tales retrocesos.
Diego, la extradición vergonzante
El Diario, 10 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
La detención y extradición de José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, es uno de los casos más vergonzosos de la aplicación de justicia de la actual administración federal, en la que está involucrado, por desgracia también, una parte del Poder Judicial Federal.
Acusado de ser el autor de la masacre de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar y la detonación de un coche-bomba en la zona Centro de la ciudad, así como del asesinato de otros 13 jóvenes en una vivienda de Horizontes del Sur, del homicidio de 19 personas en el centro de rehabilitación “Fe y Vida” de la capital del estado, además de ordenar el homicidio de Sandra Ivonne Salas García, subprocuradora de Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia estatal, entre otros, entre ellos, el del ser el autor intelectual del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón “El Choco” y, sobre todo, de los asesinatos de Lesley Ann Enríquez, empleada del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como de su esposo Arthur Redelfs, oficial de la Cárcel del Condado de El Paso, y de Jorge Salcido Ceniceros, marido de otra empleada consular, así como de otros 1,500 asesinatos, delitos, todos, cometidos en territorio nacional, por los cuales debió ser procesado en nuestro país, y después, una vez cumplida la sentencia -si es que podría cumplirla- y satisfechos los requisitos de la extradición, ser enviados al país vecino.
Nada de eso ocurrió, al contrario, en la peor de las opacidades, el gobierno ocultó, primero, la forma en que fue detenido, luego, la manera en que sería procesado, en un vergonzoso episodio en el que los dos niveles de gobierno -el federal y el estatal- se arrojaron lo que parecía una papa caliente, y finalmente, al tiempo que la justicia federal, por fin, quien se haría cargo del procesamiento de quien fuera considerado uno de los peores criminales del país, nos venimos a enterar que ya había sido "extraditado" a Estados Unidos, con lo cual, como bien lo asentó la columna de El Diario "Los reporteros" el domingo anterior, se volvió imposible de cumplir la aplicación de justicia en los casos señalados líneas arriba.
Y debemos decirlo enfáticamente, todos los crímenes por los cuales es procesado en Estados Unidos fueron cometidos en territorio nacional, inlcuidos los de los funcionarios consulares norteamericanos. Bonitos nos veríamos si los asesinatos cometidos en nuestro país, en contra de nacionales de otros países, resolviéramos que fueran juzgados en sus respectivas naciones (nomás por preguntar ¿Por qué no hacen lo mismo, por ejemplo, con la francesa Florence Cassez, y la juzgan allá, en Francia, por los delitos cometidos en México? ¡Ah, pero es que no se trata de una norteamericana, o de un mexicano que haya cometido delitos en contra de ciudadanos norteamericanos!) ¡Qué triste situación, que un gobierno nacional ceda tan amplias franjas de soberanía nacional, demostrando, en los hechos, que solo obedece, cual títere, los mandatos de un gobierno ajeno al nuestro, y con ello, evidencia que la estrategia aplicada en México no fue elaborada en nuestro país.
Peor aún, al igual que las autoridades mexicanas, las norteamericanas tienen como única evidencia de la comisión de los delitos cometidos presuntamente por Acosta Hernández, solamente sus declaraciones, las que, en un juicio imparcial darían pie a su liberación, por eso se lo llevaron, para que no gozara de la posibilidad de defenderse y demostrar que varias de las acusaciones fueron realizadas solamente para publicitar, malamente, los supuestos éxitos de la "guerra" de Felipe Calderón en contra del narcotráfico.
Ahora está peor, la actual administración entrega a Estados Unidos a los presuntos delincuentes para impedir que se sepa la verdad y se aplique la justicia, tan buscada por cientos, miles de agraviados. Nada de eso importa para una administración que perdió, no solo la brújula sino, también, la vergüenza.
Luis Javier Valero Flores
La detención y extradición de José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, es uno de los casos más vergonzosos de la aplicación de justicia de la actual administración federal, en la que está involucrado, por desgracia también, una parte del Poder Judicial Federal.
Acusado de ser el autor de la masacre de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar y la detonación de un coche-bomba en la zona Centro de la ciudad, así como del asesinato de otros 13 jóvenes en una vivienda de Horizontes del Sur, del homicidio de 19 personas en el centro de rehabilitación “Fe y Vida” de la capital del estado, además de ordenar el homicidio de Sandra Ivonne Salas García, subprocuradora de Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia estatal, entre otros, entre ellos, el del ser el autor intelectual del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón “El Choco” y, sobre todo, de los asesinatos de Lesley Ann Enríquez, empleada del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como de su esposo Arthur Redelfs, oficial de la Cárcel del Condado de El Paso, y de Jorge Salcido Ceniceros, marido de otra empleada consular, así como de otros 1,500 asesinatos, delitos, todos, cometidos en territorio nacional, por los cuales debió ser procesado en nuestro país, y después, una vez cumplida la sentencia -si es que podría cumplirla- y satisfechos los requisitos de la extradición, ser enviados al país vecino.
Nada de eso ocurrió, al contrario, en la peor de las opacidades, el gobierno ocultó, primero, la forma en que fue detenido, luego, la manera en que sería procesado, en un vergonzoso episodio en el que los dos niveles de gobierno -el federal y el estatal- se arrojaron lo que parecía una papa caliente, y finalmente, al tiempo que la justicia federal, por fin, quien se haría cargo del procesamiento de quien fuera considerado uno de los peores criminales del país, nos venimos a enterar que ya había sido "extraditado" a Estados Unidos, con lo cual, como bien lo asentó la columna de El Diario "Los reporteros" el domingo anterior, se volvió imposible de cumplir la aplicación de justicia en los casos señalados líneas arriba.
Y debemos decirlo enfáticamente, todos los crímenes por los cuales es procesado en Estados Unidos fueron cometidos en territorio nacional, inlcuidos los de los funcionarios consulares norteamericanos. Bonitos nos veríamos si los asesinatos cometidos en nuestro país, en contra de nacionales de otros países, resolviéramos que fueran juzgados en sus respectivas naciones (nomás por preguntar ¿Por qué no hacen lo mismo, por ejemplo, con la francesa Florence Cassez, y la juzgan allá, en Francia, por los delitos cometidos en México? ¡Ah, pero es que no se trata de una norteamericana, o de un mexicano que haya cometido delitos en contra de ciudadanos norteamericanos!) ¡Qué triste situación, que un gobierno nacional ceda tan amplias franjas de soberanía nacional, demostrando, en los hechos, que solo obedece, cual títere, los mandatos de un gobierno ajeno al nuestro, y con ello, evidencia que la estrategia aplicada en México no fue elaborada en nuestro país.
Peor aún, al igual que las autoridades mexicanas, las norteamericanas tienen como única evidencia de la comisión de los delitos cometidos presuntamente por Acosta Hernández, solamente sus declaraciones, las que, en un juicio imparcial darían pie a su liberación, por eso se lo llevaron, para que no gozara de la posibilidad de defenderse y demostrar que varias de las acusaciones fueron realizadas solamente para publicitar, malamente, los supuestos éxitos de la "guerra" de Felipe Calderón en contra del narcotráfico.
Ahora está peor, la actual administración entrega a Estados Unidos a los presuntos delincuentes para impedir que se sepa la verdad y se aplique la justicia, tan buscada por cientos, miles de agraviados. Nada de eso importa para una administración que perdió, no solo la brújula sino, también, la vergüenza.
Peña Nieto, desilusión extrema
El Diario, 5 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
Probablemente no a todos, ni en todos los temas, pero en lo referente a seguridad pública, tema por el cual el equipo del priista resolvió efectuar un acto, a tan temprana edad de la campaña, en la ciudad que es, por desgracia, emblemática en el tema de la seguridad pública y el fracaso de las políticas gubernamentales en el combate al narcotráfico.
Se suponía que aquí, en el acto del domingo anterior, presentaría -por lo menos así lo creímos muchos- el programa, el plan, la concepción, el catálogo, o lo que fuera, pero completo, integral, de lo que su gobierno, de triunfar, haría en esta materia, aquí, en el antiguo Paso del Norte, y por extensión, en el resto del país, por lo menos en la mitad de él, asolado como está por el flagelo de la violencia, pero nada de eso, lo presentado por el candidato líder de las encuestas dista mucho de ser tal, todo lo contrario, la propuesta presentada por Peña Nieto el domingo anterior ofende a la comunidad juarense y a la chihuahuense en lo general.
Y es que reducir la política de seguridad pública de un eventual gobierno suyo a dos propuestas tan elementales como la de crear un Frente Nacional contra la violencia y a la creación de academias regionales para las policías, para enfrentar la impreparación y la corrupción de las agrupaciones policiacas, no resiste el menor de los análisis.
Es, para decir en pocas palabras, mucho menos que lo realizado por la actual administración federal, la que le apostó a una estrategia equivocada, hoy todos lo podemos decir, pero que fue capaz de enviar durante largos meses a tropas federales, tanto del ejército, como de la policía federal en cantidades superiores a la de una decena de miles. Más aún, con toda y la demagogia de un régimen incapaz de reconocer las grandes fallas en el desarrollo social, tuvo capacidad para, por lo menos, reconocer que exista un grave deterioro social -al que se le denomina pérdida del tejido social, como si lo existente previamente tuviera características elogiables- y empleara algunos cuantos miles de millones de pesos en programas que tuvieron intención de contribuir a la recomposición de la sociedad juarense, pero que no ha tenido la voluntad política para extenderle a Juárez un régimen de excepción fiscal para afrontar la emergencia económica generada por la crisis de seguridad pública.
En lugar de ello, como si no se hubiese gastado una enorme fortuna en seguridad pública en el actual sexenio, prometió incrementar el gasto hasta el triple de ese gasto, pero ni una palabra en temas como la prevención y el tratamiento de las adicciones.
Para el candidato del PRI todo eso no existió, mostrando un enorme descuido, imperdonable para quien aspira a la máxima responsabilidad civil en México.
Además, y teniendo como referencia el episodio de la presentación de su libro en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara -en el que no supo el nombre de tres libros con sus respectivos autores- muestra que su participación en ellos van acompañados de grados increíbles de descuido, de parte de él y de su equipo, pues uno supondría que para llegar a eventos como los referidos lo haría con un mínimo de preparación, y en el caso del acto en Juárez, con la presentación de una propuesta ambiciosa, pero en el que, incluso, estuvo pletórico de errores de dicción "a tropezones" diría la nota del periódico Reforma.
Vamos, pudo, por lo menos presentar la elaborada por los especialistas invitados a los actos en los que participaron Peña Nieto y Manlio Beltrones en la etapa previa a la designación del candidato.
Y si hiciera falta, ya en el colmo de las ganas de acopiar simpatías, pudiera haber presentado la tesis en materia de seguridad pública elaborada a partir de la convocatoria de la Unam, y que encabezara el hoy desaparecido Jorge Carpizo, que es, con mucho, la mejor y más completa propuesta para enfrentar la crisis de seguridad pública en México y que partió de las condiciones concretas del país.
Nada de eso, todo apunta a que en el equipo del priista ya es presa del exceso de confianza, que lo revelado por las encuestas es la realidad electoral, que nada la cambiará y que muy poco importa cuales sean las propuestas, de todos modos los electores votarán por el mexiquense.
Mal por ellos, mal para el país, porque, de ganar, ha mostrado cual es el empaque real de quien nos hace ver a cada momento que es producto de la mercadotecnia.
Luis Javier Valero Flores
Probablemente no a todos, ni en todos los temas, pero en lo referente a seguridad pública, tema por el cual el equipo del priista resolvió efectuar un acto, a tan temprana edad de la campaña, en la ciudad que es, por desgracia, emblemática en el tema de la seguridad pública y el fracaso de las políticas gubernamentales en el combate al narcotráfico.
Se suponía que aquí, en el acto del domingo anterior, presentaría -por lo menos así lo creímos muchos- el programa, el plan, la concepción, el catálogo, o lo que fuera, pero completo, integral, de lo que su gobierno, de triunfar, haría en esta materia, aquí, en el antiguo Paso del Norte, y por extensión, en el resto del país, por lo menos en la mitad de él, asolado como está por el flagelo de la violencia, pero nada de eso, lo presentado por el candidato líder de las encuestas dista mucho de ser tal, todo lo contrario, la propuesta presentada por Peña Nieto el domingo anterior ofende a la comunidad juarense y a la chihuahuense en lo general.
Y es que reducir la política de seguridad pública de un eventual gobierno suyo a dos propuestas tan elementales como la de crear un Frente Nacional contra la violencia y a la creación de academias regionales para las policías, para enfrentar la impreparación y la corrupción de las agrupaciones policiacas, no resiste el menor de los análisis.
Es, para decir en pocas palabras, mucho menos que lo realizado por la actual administración federal, la que le apostó a una estrategia equivocada, hoy todos lo podemos decir, pero que fue capaz de enviar durante largos meses a tropas federales, tanto del ejército, como de la policía federal en cantidades superiores a la de una decena de miles. Más aún, con toda y la demagogia de un régimen incapaz de reconocer las grandes fallas en el desarrollo social, tuvo capacidad para, por lo menos, reconocer que exista un grave deterioro social -al que se le denomina pérdida del tejido social, como si lo existente previamente tuviera características elogiables- y empleara algunos cuantos miles de millones de pesos en programas que tuvieron intención de contribuir a la recomposición de la sociedad juarense, pero que no ha tenido la voluntad política para extenderle a Juárez un régimen de excepción fiscal para afrontar la emergencia económica generada por la crisis de seguridad pública.
En lugar de ello, como si no se hubiese gastado una enorme fortuna en seguridad pública en el actual sexenio, prometió incrementar el gasto hasta el triple de ese gasto, pero ni una palabra en temas como la prevención y el tratamiento de las adicciones.
Para el candidato del PRI todo eso no existió, mostrando un enorme descuido, imperdonable para quien aspira a la máxima responsabilidad civil en México.
Además, y teniendo como referencia el episodio de la presentación de su libro en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara -en el que no supo el nombre de tres libros con sus respectivos autores- muestra que su participación en ellos van acompañados de grados increíbles de descuido, de parte de él y de su equipo, pues uno supondría que para llegar a eventos como los referidos lo haría con un mínimo de preparación, y en el caso del acto en Juárez, con la presentación de una propuesta ambiciosa, pero en el que, incluso, estuvo pletórico de errores de dicción "a tropezones" diría la nota del periódico Reforma.
Vamos, pudo, por lo menos presentar la elaborada por los especialistas invitados a los actos en los que participaron Peña Nieto y Manlio Beltrones en la etapa previa a la designación del candidato.
Y si hiciera falta, ya en el colmo de las ganas de acopiar simpatías, pudiera haber presentado la tesis en materia de seguridad pública elaborada a partir de la convocatoria de la Unam, y que encabezara el hoy desaparecido Jorge Carpizo, que es, con mucho, la mejor y más completa propuesta para enfrentar la crisis de seguridad pública en México y que partió de las condiciones concretas del país.
Nada de eso, todo apunta a que en el equipo del priista ya es presa del exceso de confianza, que lo revelado por las encuestas es la realidad electoral, que nada la cambiará y que muy poco importa cuales sean las propuestas, de todos modos los electores votarán por el mexiquense.
Mal por ellos, mal para el país, porque, de ganar, ha mostrado cual es el empaque real de quien nos hace ver a cada momento que es producto de la mercadotecnia.
martes, 3 de abril de 2012
Narcotráfico, tema evadido
El Diario, 3 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
La frase del subsecretario de Estado de Estados Unidos, encargado del tema del narcotráfico internacional, William Brownfield, acerca de considerar a Juárez como la ciudad más violenta de México, del hemisferio y posiblemente del mundo entero –que desató virulentas descalificaciones, sobre todo del mundo oficial– no es la única destacable de las varias lanzadas por este funcionario norteamericano.
Una de ellas –o más bien dicho, varias– ilustraron muy claramente la real política seguida por el gobierno norteamericano, contraria absolutamente a la que le ordenan seguir a los países subordinados. En tanto se desgañitan con sus vecinos para que éstos detengan el flujo de drogas y migrantes, ellos se hacen de la vista “gorda” con la distribución de la droga y su venta en todo el territorio estadounidense, y si hay necesidad de afrontar a los barones de la droga y sus ejércitos, él habla de aplicar la misma táctica experimentada en Colombia, y si fracasara “No tenemos que alcanzar el paraíso para alcanzar el éxito. Lo único que tenemos que hacer es encarecer entre un 5 por ciento y un 10 por ciento el negocio (del narcotráfico). Cuando logremos eso, las leyes económicas entrarán en juego y los narcos tendrán que irse a otra parte”. ¿Cómo dijo? ¿A dónde se irán los narcos si el mercado mayor está allá?”
Bueno, pues tal manera de incidir en el tráfico de drogas, a partir de las leyes económicas no ha tenido éxito, a juzgar por los reportes del precio de las drogas en las calles norteamericanas, en las que, se dice, ha disminuido y ha aumentado la oferta.
Como si no tuviera relación con ello, nos encontramos con la existencia de alrededor de 50 mil ejecutados en el sexenio, y la detención o eliminación, como dijo Felipe Calderón, de la mayor parte de los “capos”, sin que haya disminuido un ápice la guerra de los cárteles de la droga.
Si eso sucede con quienes tienen la posibilidad de influir grandemente en el mundo de las drogas, otro tanto pasa en quienes aspiran a la Presidencia de la República, que solo alcanzan a esbozar mínimos aspectos de la lucha contra la adicción a las drogas.
En realidad evaden el tema, hablan solamente de la reconstrucción del tejido social, de afrontar los retos del rezago social, del saneamiento de las corporaciones, y ahora de crear academias regionales de policía, como lo hiciera el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, pero no abordan los aspectos de un programa, de una campaña y los organismos creados dirigidos a la atención de la adicción a las drogas y al aspecto que más dolor ha traído, el de las ejecuciones.
Efectivamente, tenemos un grave problema de fractura social, de enormes rezagos, de pobreza infinita, y eso fortalece a las bandas criminales pues la mano de obra –y, además, intercambiable, barata, inmensa– la tiene a la mano y a pasto, pero no explica el fracaso total en el combate al narcotráfico, y no de ahora solamente, y el brutal incremento del salvajismo con el que se eliminan unos a otros, los integrantes de las bandas criminales.
¿Qué van a hacer con el narcotráfico? Esa es la pregunta que nos deben los candidatos a la Presidencia de la República, y deberán delinear la estrategia completa que llevarían al cabo, de triunfar, porque todos hablan de sanear a las policías, de rehacer el tejido social, pero no hay uno que nos explique seria, detallada, creíblemente, de sus acciones para enfrentarlo, ¿o acaso seguirán la política norteamericana, aplicada allá en su territorio? ¿O la política norteamericana, diseñada allá, para aplicarse acá, como lo devela el funcionario norteamericano?
O, mejor aún ¿aplicarán, por fin, una estrategia diseñada y aplicada por los mexicanos, pensando en los beneficios que les traería a los habitantes de este país, y no, como hasta ahora se ha hecho, pensando en los de allende el río grande?
Luis Javier Valero Flores
La frase del subsecretario de Estado de Estados Unidos, encargado del tema del narcotráfico internacional, William Brownfield, acerca de considerar a Juárez como la ciudad más violenta de México, del hemisferio y posiblemente del mundo entero –que desató virulentas descalificaciones, sobre todo del mundo oficial– no es la única destacable de las varias lanzadas por este funcionario norteamericano.
Una de ellas –o más bien dicho, varias– ilustraron muy claramente la real política seguida por el gobierno norteamericano, contraria absolutamente a la que le ordenan seguir a los países subordinados. En tanto se desgañitan con sus vecinos para que éstos detengan el flujo de drogas y migrantes, ellos se hacen de la vista “gorda” con la distribución de la droga y su venta en todo el territorio estadounidense, y si hay necesidad de afrontar a los barones de la droga y sus ejércitos, él habla de aplicar la misma táctica experimentada en Colombia, y si fracasara “No tenemos que alcanzar el paraíso para alcanzar el éxito. Lo único que tenemos que hacer es encarecer entre un 5 por ciento y un 10 por ciento el negocio (del narcotráfico). Cuando logremos eso, las leyes económicas entrarán en juego y los narcos tendrán que irse a otra parte”. ¿Cómo dijo? ¿A dónde se irán los narcos si el mercado mayor está allá?”
Bueno, pues tal manera de incidir en el tráfico de drogas, a partir de las leyes económicas no ha tenido éxito, a juzgar por los reportes del precio de las drogas en las calles norteamericanas, en las que, se dice, ha disminuido y ha aumentado la oferta.
Como si no tuviera relación con ello, nos encontramos con la existencia de alrededor de 50 mil ejecutados en el sexenio, y la detención o eliminación, como dijo Felipe Calderón, de la mayor parte de los “capos”, sin que haya disminuido un ápice la guerra de los cárteles de la droga.
Si eso sucede con quienes tienen la posibilidad de influir grandemente en el mundo de las drogas, otro tanto pasa en quienes aspiran a la Presidencia de la República, que solo alcanzan a esbozar mínimos aspectos de la lucha contra la adicción a las drogas.
En realidad evaden el tema, hablan solamente de la reconstrucción del tejido social, de afrontar los retos del rezago social, del saneamiento de las corporaciones, y ahora de crear academias regionales de policía, como lo hiciera el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, pero no abordan los aspectos de un programa, de una campaña y los organismos creados dirigidos a la atención de la adicción a las drogas y al aspecto que más dolor ha traído, el de las ejecuciones.
Efectivamente, tenemos un grave problema de fractura social, de enormes rezagos, de pobreza infinita, y eso fortalece a las bandas criminales pues la mano de obra –y, además, intercambiable, barata, inmensa– la tiene a la mano y a pasto, pero no explica el fracaso total en el combate al narcotráfico, y no de ahora solamente, y el brutal incremento del salvajismo con el que se eliminan unos a otros, los integrantes de las bandas criminales.
¿Qué van a hacer con el narcotráfico? Esa es la pregunta que nos deben los candidatos a la Presidencia de la República, y deberán delinear la estrategia completa que llevarían al cabo, de triunfar, porque todos hablan de sanear a las policías, de rehacer el tejido social, pero no hay uno que nos explique seria, detallada, creíblemente, de sus acciones para enfrentarlo, ¿o acaso seguirán la política norteamericana, aplicada allá en su territorio? ¿O la política norteamericana, diseñada allá, para aplicarse acá, como lo devela el funcionario norteamericano?
O, mejor aún ¿aplicarán, por fin, una estrategia diseñada y aplicada por los mexicanos, pensando en los beneficios que les traería a los habitantes de este país, y no, como hasta ahora se ha hecho, pensando en los de allende el río grande?
domingo, 1 de abril de 2012
Pavimento y deudas trascendentes
El Diario, 1 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
Sí, con toda seguridad el arranque de las campañas sería un asunto más importante, o acaso más buscado por la mayoría de la población, y con razón, pues está en juego el rumbo del país durante los próximos seis años, y después de lo vivido en los dos últimos sexenios –sin que por ello se olviden los anteriores a éstos, y que son quienes causaron la última docena– dan ganas de hacer hasta todo lo humanamente posible por evitar un sexenio de las características del que ya termina, pero hay asuntos que por su trascendencia local, acaso con una repercusión más directa sobre la vida de millón y medio de personas –quizá un poco menos, debido a la migración juarense– y que obligan a una urgente reflexión.
Se encuentra detenida en el Congreso del Estado la aprobación a Juárez del endeudamiento por 2 mil millones de pesos para hacer frente a una obra que en el mejor de los casos no ha transitado por la transparencia en sus objetivos, alcances, características y beneficiarios.
Inicialmente fue dada a conocer como el proyecto para disminuir el rezago en materia de pavimentación de la mayor de las urbes chihuahuenses, pero al momento de ser presentado y defendido ante el Congreso, precisamente por el alcalde Héctor Murguía, cambió para ser uno de movilidad urbana que contempla la construcción de puentes y la pavimentación de arterias principales y secundarias, en una cantidad equivalente al 5% del déficit actual de 47 por ciento, de acuerdo con la versión del diputado panista, Jaime Beltrán del Río, secretario de la Comisión de Presupuesto.
Y cuando todo apuntaba a una rápida aprobación, resulta que los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado no lograron un acuerdo. La fracción panista adujo, para no aprobar tal proyecto, la opacidad acerca del costo del metro cuadrado del pavimento y el cobro que se le haría los dueños de los predios beneficiados pues, aseveraron, se estaría violando la ley al no cobrarles la pavimentación. Con el ánimo de transparentar tal obra, Beltrán del Río solicitó la lista de los dueños de los predios beneficiarios de la pavimentación y demás obras a realizar.
La sorpresa la constituyó la coincidencia, en las dudas del panista, de la diputada priísta Liz Aguilera García, no aclaradas con las intervenciones del alcalde juarense, Héctor Murguía, quien, en este punto, solo atinó a argumentar que “nosotros dijimos que vamos a aprovechar esa magnífica negociación que hizo el gobernador del Estado con la productora más grande de cemento en Chihuahua, y que a partir de ahí, del costo del cemento que lo vamos a adquirir a lo que el gobernador negoció, vamos a empezar a incrementar lo que cuesta construir la ciudad”.
La complejidad de la operación financiera proporciona, además, más sombras de opacidad al proyecto. De acuerdo con esto, la empresa ganadora de la licitación sería obligada, de acuerdo con la versión del alcalde, a subcontratar “a la mayoría de los constructores de Juárez, para que la derrama económica se quede en la ciudad y se generen empleos”, en lo que es un notable cambio al proyecto inicial, planteado por la administración municipal a pocos meses de su asunción, pues en aquel entonces se habló de que una empresa recibiría el crédito, construiría la obra y le cobraría al gobierno municipal, a lo largo de 20 años, poco más de 200 millones de pesos anuales, que para los hechos es prácticamente lo mismo pues lo que está discutiendo el Congreso del Estado es equivalente.
El problema estriba en que esa cantidad, analizada, representa la tercera parte del gasto de inversión del ayuntamiento juarense y es, en la práctica, un proyecto bien distinto al esbozado a principios de la actual administración juarense pues, en voz del alcalde Murguía “… este proyecto se enfoca en la conectividad para potenciar los activos ya invertidos, como por ejemplo el periférico global; en la medida en que tengamos mejor movilidad, tendremos más capacidad competitiva, esto tiene que ver también con pares viales y el proyecto de transporte, le van a dar gran potencialidad económica a Ciudad Juárez”.
Lo que nada tiene que ver con el rezago en materia de pavimentación, de la que hablaron meses atrás y con la cual lograron la aprobación de amplios sectores de la población. Hoy todo se reduce a un nuevo proyecto semejante al que los priístas, cuando no tenían la conducción del municipio, criticaron acremente, esto es, que los gobiernos panistas privilegiaron la modernización de las zonas en donde se encontraba asentada la industria maquiladora, lo que logró colocar a Juárez como el paraíso mundial de esta rama de la economía, con las devastadoras consecuencias que hoy sufrimos.
Bueno, pues pasaron los años y ahora se pretende renovar tal equipamiento urbano, para darle “capacidad competitiva” a Juárez, igual que antes, y dejar al resto de la población en similares condiciones, es decir, que el 45% de la ciudad se quede sin pavimento y, todos, endeudados a más de 20 años… para entonces el pavimento habrá terminado su vida productiva y deberá renovarse, otra vez en términos parecidos a los de ahora.
¡Ah, pero todos seguirán pagando el impuesto predial, cuyo fin principal, se decía, era para la pavimentación de la ciudad
Lo afirmó categóricamente el alcalde Murguía Lardizábal, los recursos obtenidos por el endeudamiento “no estarán enfocados a pavimentar calles de colonias”, porque “está en marcha un programa de pavimentación en coordinación con la Federación, mediante el que se apoya a colonias periféricas de extrema pobreza, por medio del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, y por primera vez, por lo menos en público, apareció uno de los talantes desconocidos del alcalde, al que se le achaca su empatía con los juarenses más pobres.
Dijo que “en estas colonias (las del rezago, es decir, las más pobres) siempre se quejan de pavimento, drenaje, luz, falta de oportunidades, de falta de educación, pero eso pasa no sólo en Juárez sino en cualquier ciudad del país y del mundo”. ¡Ah, pos sí
Nada más que ninguna otra ciudad del mundo recibe, ya no solamente de los gobernantes norteamericanos –como la declaró el Subsecretario de Estado para el narcotráfico internacional, William Brownfield– sino de múltiples organismos internacionales, oficiales o no, el triste galardón de ocupar uno de los primeros sitios en criminalidad, que en esos niveles, por desgracia, los grados de diferencia son prácticamente inexistentes.
El proyecto compromete por lo menos a 5 administraciones que se verán limitadas para cumplir con otras necesidades que pudieran implicar un nuevo financiamiento, pues deberán pagar 220 millones anualmente hasta totalizar cerca de 4 mil millones de pesos.
No es el único punto francamente oscuro. El 40% del proyecto incluye obras que le darán viabilidad y funcionalidad al libramiento Camino Real, sobre el cual se construirán cuatro puentes, privilegiando de ese modo al tráfico hacia la zona de San Jerónimo, en lugar de construir otros acaso más necesarios.
¡¿Ah, pero se acuerdan de la Ciudad Vallina?
El cabildo aprobó el proyecto más de un año atrás, el 13 de diciembre de 2011, y si no se ha aprobado es porque en la silla principal de Palacio no se han convencido de las bondades del proyecto, y porque seguramente algunos interesados en ocupar la del Teto Murguía, tampoco aprueban que los siguientes cinco alcaldes lleguen con tan drástica disminución en el gasto de inversión del municipio.
Luis Javier Valero Flores
Sí, con toda seguridad el arranque de las campañas sería un asunto más importante, o acaso más buscado por la mayoría de la población, y con razón, pues está en juego el rumbo del país durante los próximos seis años, y después de lo vivido en los dos últimos sexenios –sin que por ello se olviden los anteriores a éstos, y que son quienes causaron la última docena– dan ganas de hacer hasta todo lo humanamente posible por evitar un sexenio de las características del que ya termina, pero hay asuntos que por su trascendencia local, acaso con una repercusión más directa sobre la vida de millón y medio de personas –quizá un poco menos, debido a la migración juarense– y que obligan a una urgente reflexión.
Se encuentra detenida en el Congreso del Estado la aprobación a Juárez del endeudamiento por 2 mil millones de pesos para hacer frente a una obra que en el mejor de los casos no ha transitado por la transparencia en sus objetivos, alcances, características y beneficiarios.
Inicialmente fue dada a conocer como el proyecto para disminuir el rezago en materia de pavimentación de la mayor de las urbes chihuahuenses, pero al momento de ser presentado y defendido ante el Congreso, precisamente por el alcalde Héctor Murguía, cambió para ser uno de movilidad urbana que contempla la construcción de puentes y la pavimentación de arterias principales y secundarias, en una cantidad equivalente al 5% del déficit actual de 47 por ciento, de acuerdo con la versión del diputado panista, Jaime Beltrán del Río, secretario de la Comisión de Presupuesto.
Y cuando todo apuntaba a una rápida aprobación, resulta que los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado no lograron un acuerdo. La fracción panista adujo, para no aprobar tal proyecto, la opacidad acerca del costo del metro cuadrado del pavimento y el cobro que se le haría los dueños de los predios beneficiados pues, aseveraron, se estaría violando la ley al no cobrarles la pavimentación. Con el ánimo de transparentar tal obra, Beltrán del Río solicitó la lista de los dueños de los predios beneficiarios de la pavimentación y demás obras a realizar.
La sorpresa la constituyó la coincidencia, en las dudas del panista, de la diputada priísta Liz Aguilera García, no aclaradas con las intervenciones del alcalde juarense, Héctor Murguía, quien, en este punto, solo atinó a argumentar que “nosotros dijimos que vamos a aprovechar esa magnífica negociación que hizo el gobernador del Estado con la productora más grande de cemento en Chihuahua, y que a partir de ahí, del costo del cemento que lo vamos a adquirir a lo que el gobernador negoció, vamos a empezar a incrementar lo que cuesta construir la ciudad”.
La complejidad de la operación financiera proporciona, además, más sombras de opacidad al proyecto. De acuerdo con esto, la empresa ganadora de la licitación sería obligada, de acuerdo con la versión del alcalde, a subcontratar “a la mayoría de los constructores de Juárez, para que la derrama económica se quede en la ciudad y se generen empleos”, en lo que es un notable cambio al proyecto inicial, planteado por la administración municipal a pocos meses de su asunción, pues en aquel entonces se habló de que una empresa recibiría el crédito, construiría la obra y le cobraría al gobierno municipal, a lo largo de 20 años, poco más de 200 millones de pesos anuales, que para los hechos es prácticamente lo mismo pues lo que está discutiendo el Congreso del Estado es equivalente.
El problema estriba en que esa cantidad, analizada, representa la tercera parte del gasto de inversión del ayuntamiento juarense y es, en la práctica, un proyecto bien distinto al esbozado a principios de la actual administración juarense pues, en voz del alcalde Murguía “… este proyecto se enfoca en la conectividad para potenciar los activos ya invertidos, como por ejemplo el periférico global; en la medida en que tengamos mejor movilidad, tendremos más capacidad competitiva, esto tiene que ver también con pares viales y el proyecto de transporte, le van a dar gran potencialidad económica a Ciudad Juárez”.
Lo que nada tiene que ver con el rezago en materia de pavimentación, de la que hablaron meses atrás y con la cual lograron la aprobación de amplios sectores de la población. Hoy todo se reduce a un nuevo proyecto semejante al que los priístas, cuando no tenían la conducción del municipio, criticaron acremente, esto es, que los gobiernos panistas privilegiaron la modernización de las zonas en donde se encontraba asentada la industria maquiladora, lo que logró colocar a Juárez como el paraíso mundial de esta rama de la economía, con las devastadoras consecuencias que hoy sufrimos.
Bueno, pues pasaron los años y ahora se pretende renovar tal equipamiento urbano, para darle “capacidad competitiva” a Juárez, igual que antes, y dejar al resto de la población en similares condiciones, es decir, que el 45% de la ciudad se quede sin pavimento y, todos, endeudados a más de 20 años… para entonces el pavimento habrá terminado su vida productiva y deberá renovarse, otra vez en términos parecidos a los de ahora.
¡Ah, pero todos seguirán pagando el impuesto predial, cuyo fin principal, se decía, era para la pavimentación de la ciudad
Lo afirmó categóricamente el alcalde Murguía Lardizábal, los recursos obtenidos por el endeudamiento “no estarán enfocados a pavimentar calles de colonias”, porque “está en marcha un programa de pavimentación en coordinación con la Federación, mediante el que se apoya a colonias periféricas de extrema pobreza, por medio del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, y por primera vez, por lo menos en público, apareció uno de los talantes desconocidos del alcalde, al que se le achaca su empatía con los juarenses más pobres.
Dijo que “en estas colonias (las del rezago, es decir, las más pobres) siempre se quejan de pavimento, drenaje, luz, falta de oportunidades, de falta de educación, pero eso pasa no sólo en Juárez sino en cualquier ciudad del país y del mundo”. ¡Ah, pos sí
Nada más que ninguna otra ciudad del mundo recibe, ya no solamente de los gobernantes norteamericanos –como la declaró el Subsecretario de Estado para el narcotráfico internacional, William Brownfield– sino de múltiples organismos internacionales, oficiales o no, el triste galardón de ocupar uno de los primeros sitios en criminalidad, que en esos niveles, por desgracia, los grados de diferencia son prácticamente inexistentes.
El proyecto compromete por lo menos a 5 administraciones que se verán limitadas para cumplir con otras necesidades que pudieran implicar un nuevo financiamiento, pues deberán pagar 220 millones anualmente hasta totalizar cerca de 4 mil millones de pesos.
No es el único punto francamente oscuro. El 40% del proyecto incluye obras que le darán viabilidad y funcionalidad al libramiento Camino Real, sobre el cual se construirán cuatro puentes, privilegiando de ese modo al tráfico hacia la zona de San Jerónimo, en lugar de construir otros acaso más necesarios.
¡¿Ah, pero se acuerdan de la Ciudad Vallina?
El cabildo aprobó el proyecto más de un año atrás, el 13 de diciembre de 2011, y si no se ha aprobado es porque en la silla principal de Palacio no se han convencido de las bondades del proyecto, y porque seguramente algunos interesados en ocupar la del Teto Murguía, tampoco aprueban que los siguientes cinco alcaldes lleguen con tan drástica disminución en el gasto de inversión del municipio.
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