El Diario, 26 de noviembre de 2023
Luis Javier Valero Flores
Además de la incontenible ola de violencia existente en el país desde hace ya varios lustros, el país está inmerso en una verdadera pandemia social: La de la permanente agresión hacia las mujeres.
Cosa no menor es que en El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la clase política mexicana poco se detiene en este fenómeno, al cual debieran dedicarle el mayor de los esfuerzos y la totalidad de su atención, y todo ello transformarlo en políticas públicas y en crecientes partidas presupuestales, de todos los niveles de gobierno.
No será exagerado sostener que del modo con el que los gobiernos emanados a partir del 2024 aborden este tema dependerá el rumbo de la democracia mexicana.
No se trata de los discursos edulcorados emitidos con motivo de este día, junto con la gran o menor cantidad de eventos efectuados ayer, sino de lo que se haga, no sólo desde los gobiernos, sino desde la sociedad.
Podrá sostenerse válidamente que la influencia del crimen organizado es determinante, tanto en este fenómeno como en otros, igualmente violentos y desmadejadores del entramado social; pero no solo, la pandemia develó la magnitud de la tragedia existente ahí en donde creíamos estar más seguros, estar más seguras, el hogar:
«ONU: matan al día a 245 mujeres; hogar, el lugar más peligroso. ONU detalla que 133 fallecieron diariamente por la violencia a manos de integrante cercano a la familia, y a escala planetaria 89 mil fueron asesinadas en 2022». (Nota de Inder Bugarin, El Universal, 23/11/23).
Esa cifra es la más alta en décadas, que «contrasta con la tendencia global de homicidios, que en 2022 comenzó a retroceder después del pico de 2021». (Ibídem).
El incremento en el número de víctimas es evidente: «La base de datos de la ONU sobre homicidios intencionales muestra que en 2010 fueron asesinadas 2 mil 418 mujeres en México, para 2017 la cifra aumentó a 3 mil 430 y en 2021 alcanzó su pico, 4 mil». (Ibídem).
En ese reporte se asienta que la complejidad del fenómeno es extrema pues «Los riesgos de violencia de género y feminicidio aumentan a medida que nuestro mundo se ve inmerso en conflictos, emergencias humanitarias, crisis ambientales y económicas y desplazamientos». (Ibídem).
Son cifras que estremecen.
La sola exposición de datos devela la magnitud de la tragedia: «Según los datos oficiales, más de 10 mujeres son asesinadas al día en nuestro país; diariamente 54 mujeres, niñas y adolescentes son víctimas de violación; hay cerca de 12 mil mujeres desaparecidas. Incluso, durante estos cinco años de gobierno, se han contabilizado más de 1 millón de denuncias por violencia familiar. Nunca antes, se había vivido una violencia tan rapaz en México». (Artículo de Kenia López Rabadán, El Universal, 24/11/23).
La ahora extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, informó que se tiene registro de más de 111 mil personas reportadas como desaparecidas en el país. La funcionaria indicó que, de ese total, cerca de 28 mil son mujeres, niñas y adolescentes.
La impunidad campea en todo lo alto en el país. Solo 8 de cada 100 delitos sexuales cometidos se resuelven.
Es estrujante la realidad, ya no sólo la de las mujeres mexicanas, sino del trabajo de las instancias procuradoras de justicia y las administradoras de la justicia, esto es de las fiscalías y el Poder Judicial de todo el país.
De acuerdo con un trabajo auspiciado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de las 329 mil víctimas de delitos sexuales denunciados en los últimos diez años, «sólo 28 mil han conseguido una sentencia condenatoria, lo que significa que el 91% permanece en la sombra de la impunidad». (Nota de Valeria Durán y Ami Sosa, MCC, 23/11/23).
Del total de delitos sexuales casi la mitad fueron de violación (145 mil), pero a pesar del número de víctimas denunciantes, en casi una tercera parte de los casos (239 mil 251) no se iniciaron carpetas de investigación y solo «fueron detenidos más de 98 mil sospechosos pero solamente se logró dictar sentencia condenatoria en 28 mil 455 casos, mientras que se registraron tres mil 586 absoluciones». (Ibídem).
Cuando decenas y decenas de miles de mujeres salen a las calles en las fechas emblemáticas, a tratar de sensibilizar a la sociedad y a los gobernantes, tienen tras de sí una inmensa tragedia, sí colectiva, pero sobre todo personal, individual a más no poder, la de la agresión o agresiones sufridas a lo largo de sus vidas.
Es impresionante el halo de impunidad que rodea a estos delitos, lo que convierte a estos crímenes en un verdadero círculo delictivo que tiene a agravarse, también en lo colectivo, no sólo en lo individual.
Sirvan de parámetro el hecho de que para el delito de estupro, solo en el 1.73% de los casos se emitió una sentencia condenatoria irrevocable y a que en el mismo periodo se obtuvo sentencia condenatoria irrevocable solamente en el 11% de los delitos de violación, violación equiparada y violación impropia.
Detalladas de ese modo las cifras, que revelan, así sea con frialdad la magnitud de la tragedia sufrida por las mujeres, hay otras que nos ilustran nítidamente la profundidad de los niveles de violencia existente en la sociedad, en este caso, de la chihuahuense, inmersa en una aparente oleada violenta que uno podría imaginarse tiene sus momentos críticos, pero que, por el contrario, nos muestran un severo agravamiento del deterioro social.
Esto queda evidenciado por las extremas características de muchos crímenes perpetrados en la entidad a tal grado que Chihuahua encabeza en el país el número de asesinatos atroces al que aporta el 13% nacional: «… de enero a septiembre de este año; destacan la tortura, homicidios de mujeres con crueldad extrema y violación agravada, Reporte de Causa Común». (Nota de Sandra Rodríguez / El Diario de Juárez, 25/10/23).
Tal clasificación la otorga el hecho de que haya el «uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo», para matar «un alto número de personas», a población vulnerable o de interés político o para «provocar terror». (Ibídem).
Son hechos que debieran llevarnos a hacer mucho más de lo que ahora hacemos pues en esos terribles datos se cuentan «al menos 192 de tortura, 65 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 25 masacres (muerte de tres personas o más en un mismo hecho)». (Ibídem).
Para ponerse a temblar, según Luis Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común, quien, al detallar tales crímenes nos lleva a una estrujan realidad pues de esos asesinatos «24 crímenes (fueron) con mutilación o descuartizamiento, 19 personas calcinadas, 16 asesinatos de niños y adolescentes y 28 violaciones agravadas, para un total de 560 víctimas, la cuarta cifra más alta del país». (Ibídem).
No es todo, quizá lo más preocupante es que el investigador sostiene, que «… buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales». (Ibídem).
Nos debe preocupar más porque en esas atrocidades van incluidas la violencia de género, la familiar, la comunitaria y la social, reveladas en el informe de la organización «Atrocidades y eventos de alto impacto enero-septiembre 2023». (Ibídem).
Según la encuesta que abarca de octubre de 2022 a septiembre de este año, un 14.4% de hogares en la ciudad capital reportaron denuncias de violencia en el hogar. Ciudad Juárez y Chihuahua ocupan ocupan el sexto y séptimo lugar a nivel nacional en la presentación de denuncias de violencia intrafamiliar». (Nota de Velvet González, El Heraldo de Chihuahua, 7/8/23).
Todo lo anterior revela que tenemos un verdadero problema social, que nos atañe a todos, que va más allá del arraigo o no de las bandas criminales, que revela con toda crudeza la ausencia de la procuración y aplicación de la justicia; que debiera ser uno de los temas centrales de las propuestas de quienes ahora se desgañitan por mostrarnos su inveterada «voluntad de servicio a la sociedad».
No, mientras no se detenga esta despiadada agresión contra las mujeres, solo por el hecho de serlo; de considerarlas inferiores o que su papel es el de servir a los hombres, o de minimizar sus quejas, peticiones o denuncias, no habrá progreso, ni régimen democrático.
Más en concreto, mientras no se dé seguimiento a las denuncias de hostigamiento, acoso, violación, golpes, discriminación en contra de ellas, no podremos hablar del desarrollo democrático de la sociedad.
Por ello deberá exigírseles a candidatos y partidos los planes y programas tendientes a cambiar tal entorno, que pudieran iniciar por lo más evidente, el del modo en que las fiscalías reciben y tratan las denuncias.
¿A qué esperar a que nuevamente el 8 de marzo próximo algunas mujeres pierdan el miedo -o tengan menos miedo- para hacer sus denuncias en las paredes de los edificios públicos más emblemáticos?
Solo para ejemplificar lo alejados que se encuentran los gobernantes -de todos los colores, algunos más que otros, obviamente- ahí está el más reciente caso del hombre que asesinó a su ex pareja, a dos semanas de salir de la cárcel, luego de purgar una sentencia del juicio abreviado por agredir a quien fuera su mujer, a quien amenazó matarla, desde entonces.
La víctima había aceptado, para que se efectuara el juicio abreviado, una indemnización de ¡16 mil pesos!.
El fulano purgó la condena y luego cumplió su amenaza.
No hay, en la legislación mexicana, lo necesario para que una institución gubernamental le dé seguimiento a la vida de las personas que purgaron una condena y evalúe si dejaron de ser personas riesgosas para la sociedad o, mejor aún, si lograron insertarse nuevamente en la sociedad.
No hay, tampoco, ni la instancia, ni la autoridad que pudiera ejercer tal papel en el caso de los agresores de mujeres.
Pero tampoco la acción concertada, continuada, permanente, de profundo calado, del Estado Mexicano, de todos los niveles de gobierno, para incidir en esto que es una verdadera pandemia social que debiera afrontarse desde todos los flancos.
Al contrario.
Los programas destinados a una vida libre de violencia para las mujeres, la salud materna y los programas de INMUJERES representaron menos del 10% del presupuesto total del Anexo de Igualdad de género en el Proyecto del Presupuesto del Egresos de la Federación para este año.
¿Así cómo?
Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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