domingo, 30 de diciembre de 2012

2012 ¿Para el olvido?

El Diario, 30 de diciembre de 2012. Luis Javier Valero Flores El año 2012, como casi todos, deja saldos positivos y negativos para la sociedad. Rasgo central del año que termina es el hecho de que la distancia entre los más favorecidos y los menos se ensanchó, a pesar de toda la parafernalia discursiva de los gobiernos panistas. Dejaron más pobres, más pobres, y menos ricos, pero más ricos; en pocas palabras, la concentración de la riqueza se elevó en la docena blanquiazul. Más aún, la ofensiva mediática del gobierno en contra de los distintos gobiernos estatales, por el salvaje incremento de las deudas estatales, era, al parecer por los resultados de su gobierno, una mascarada para encubrir el inexplicable incremento de la deuda de México. Durante más de un sexenio, el discurso del panismo vuelto gobierno, se centró en su habilidad para impedir la aparición de una crisis económica -como las que producían cada sexenio los gobiernos priistas- y de dejar "finanzas sanas". El resultado es catastrófico, la deuda total asciende a 3 billones 567 mil millones de pesos (mmdp) y la deuda externa llegó a 123 mil millones de dólares (mmdd), con el agravante que en el sexenio anterior se incrementó en más del 150%. No importa, nos repitieron a lo largo del sexenio, tenemos las reservas más altas de la historia y las crisis "de fuera" no nos afectarán; no pasa nada, nos espetó el ahora flamante Director General del Banco de México, Agustín Carstens, a quien heredaron a la flamante administración priista que, justo es decirlo, también los priistas aprobaron tal nombramiento. Ahora deberemos afrontar las consecuencias de tal política económica y destinar crecientes sumas al pago del endeudamiento, al que deberemos sumarle, aún, el pago de intereses del Fobaproa, lo que hace un total, de pago de deuda pública, de 336 mil 807 millones de pesos para el 2013, de un presupuesto de casi 4 billones de pesos (3 billones, 931 mil 289 millones de pesos) lo que significa aportar, al pago de deuda, el 10%, cantidad superior al presupuesto de la CFE, casi el doble de la aportada al Issste y superior, por más de 50 mmdp, a lo destinado a la educación pública. Sin duda que el hecho relevante del año que termina es la contienda electoral y el cuestionado triunfo del priista Enrique Peña Nieto, quien superó por un escaso margen -tomando en cuenta la mayoría de las previsiones de principios de año- al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, que sorprendentemente superó a la candidata del partido gubernamental, Josefina Vázquez Mota, envuelta en una crisis sin precedentes de su partido, agobiado por el errático ejercicio de gobierno de Calderón, que sumió al país en una ola de sangre agravante de la debilidad de la economía, y develó crudamente cuánto dependía de las enormes sumas procedentes del tráfico de drogas -cuyo monto varía de acuerdo con las fuentes, aunque el ahora flamante secretario de Relaciones Exteriores, José Meade, asegurara, no hace mucho, que ascendía, el ingreso, a poco más de 11 mmdd al año- apreciable nítidamente en una notoria disminución de las actividades comerciales en amplias zonas del país, especialmente en el norte; fenómenos, todos, que agravaron o revelaron con toda su crudeza la fragilidad institucional, generada, por donde se le vea, por la increíble corrupción gubernamental a la que contribuye una clase política voraz como ninguna otra y quien no atina a comprender que es parte sustancial de los problemas. En tal situación asumió el nuevo gobierno. Sorprendió al país al proponer junto a los otros dos partidos mayoritarios la firma del "Pacto por México", descalificado de inmediato por López Obrador, quien lo hizo, a juzgar por sus expresiones, no por el contenido en sí, sino por la calidad política de quien lo propone. El Pacto contiene aspectos extremadamente cuestionables, pero con planteamientos que revelan, primero, la necesidad del nuevo grupo gobernante por legitimarse a través de la concesión al PAN y PRD de aspectos programáticos de estos y, segundo, por tratar de alcanzar una mayoría legislativa que le permita gobernar, de ahí la propuesta de aprobar los necesarios cambios legales que den paso, de manera institucional, al establecimiento de un gobierno de coalición. La integración del gabinete de Peña Nieto dejó, sin embargo, mensajes muy importantes, el primero, que iba a gobernar sólo con los suyos, es decir, con los mexiquenses, que el reparto del poder al interior del priismo ya se había hecho con la designación de los coordinadores parlamentarios, Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados, y la de Emilio Gamboa Patrón en la de senadores. Además, el gabinete gubernamental incluyó al PRI, a tal conclusión lleva la designación de otro ex gobernador mexiquense, César Camacho, en la presidencia nacional. Segundo, que los hombres y mujeres más cercanos al ex presidente Carlos Salinas de Gortari tendrían -tienen- lugares de preferencia en el retorno del PRI. Otros son los escenarios locales, César Duarte se encuentra, ya entrado al tercer año de su mandato, como se afirmaba en los tiempos del partido casi único, al cenit de su poder, cuyo ejercicio será evaluado de manera indirecta en los comicios del año entrante, pero a los que llega en una novedosa situación, si bien esperada, ansiada por él, -la de una presidencia de la república en manos de un priista- le obligará a efectuar todas las jugadas políticas, de importancia, tomando en cuenta la opinión del nuevo grupo gobernante, coincidiendo, discrepando, incluso disputando pues, no obstante los buenos tratos y las relaciones existentes, se trata de asuntos del poder y en ellos, como todo mundo sabe, la terca realidad se impone. Dominante el PRI en Chihuahua, se podría asegurar que tendrá unas elecciones tranquilas; estarán al alcance de su mano, casi por quinta ocasión consecutiva, (el casi lo otorgan los triunfos panistas en Juárez en '98, 2001 y 2002) en la mayor parte de las alcaldías más pobladas de la entidad y la mayoría legislativa -la que posee desde 1995-, aunque todavía es temprano para saber si el excesivo control gubernamental ejercido por Duarte le podría ocasionar la pérdida de los suficientes electores como para que el panismo le dispute la alcaldía de la capital y algunos distritos, más allá del 03 de Juárez. Pero independientemente de los resultados electorales, atravesamos por una seria crisis regresiva -que, por otra parte, no es exclusiva de Chihuahua- en materia de avances o consolidación de aspectos de la inacabada transición democrática. El grupo gobernante avanzó más en la partidización de los procesos electivos de los órganos ciudadanizados y adquirió mayoría aplastante en los dos que renovaron a parte de su plantilla: El IEE y el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), amén de las designaciones en el Poder Judicial, o los intentos -algunos de ellos alcanzados- de despedir a quienes, de alguna manera, no escucharon las voces de advertencia, que les decían algo así como que el Poder Judicial es, también, parte del otro poder, del de a de veras, el Ejecutivo. Podrán no apreciarse suficientemente otros logros de la administración estatal, pero la abrupta disminución de la ola homicida ha jugado un papel importante para mantenerse en la buena percepción de la mayoría de los gobernados, de ahí que se recibiera con beneplácito el rechazo del gobernador a usar otra vez el patrullaje militar en la entidad, aunque el total de los delitos no disminuya a los niveles previos al 2008. Campanazo del primer año de gobierno, el de la cobertura total en educación media superior y superior, ya no alcanzó la notoriedad en el segundo año, aunque tal decisión será una de las mejores herencias de la actual administración, elogiada, incluso, por el rector de la Unam, José Narro. En esos altibajos, ocupan parte destacada las desafortunadas frases del gobernador Duarte en todo lo referente al caso de Marisela Escobedo. la primera, cuando la descalificó al decirle que sus indagaciones no eran correctas, hasta la última, cuando la familia de Marisela desestimó que El Wicked fuera el asesino, el gobernador afirmó que "la familia de Marisela no busca justicia, sino venganza", en un asunto, si bien legalmente terminado, aparentemente, con la muerte de Sergio Barraza, presunto asesino de Ruby Frayre y Marisela Escobedo, en la percepción ciudadana permanecerá, por lo menos, en brumas. Otro de los pendientes: El asunto del agua. Ya cobró su primera víctima la guerra, la de Ismael Solorio, a quien rendimos un apasionado homenaje y deploramos su ausencia, para empujar en pro de las mejores causas de los chihuahuenses. Por puritita casualidad, a su muerte empezaron a aparecer las pruebas de la existencia de cientos de títulos apócrifos para la explotación de pozos acuíferos. En este panorama recibiremos el nuevo año. A pesar de todo, recibámoslo con entusiasmo ¡Que sean felices en 2013! "En la vida terminamos siendo los libros que leemos y los amigos de los que nos rodeamos." Ikram Antaki. Enviado desde mi iPad

viernes, 28 de diciembre de 2012

Stress post traumático

El Diario, 27 de diciembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Pasan los días, crece el número de incidentes, una buena parte de ellos mortales, causados por elementos policiacos y nadie, desde el gobierno, anuncia nada, ni parece preocuparse por algo que puede llegarnos cualquier día, las masacres, como las ocurridas recientemente en Estados Unidos, ¿La razón? el agudo stress al que se han visto sometidos miles de elementos policiacos y militares en la pasada guerra de Calderón. Plenamente documentada la afección mental causada en los participantes de los hechos militares, por el agudo stress a que se han visto sometidos, ya sea como víctima o como victimarios, o como integrantes de los distintos agrupamientos que concurren a los hechos de violencia, como los de los equipos de auxilio médico, de los equipos de prensa o de los servicios funerarios, el stress post traumático es un problema que puede ya estar presente, sobre todo, entre las agrupaciones policiacas existentes, particularmente las de Juárez y Chihuahua. Los distintos eventos mortales (si bien no son muchos, dan pie a pensar que el número de incidentes no mortales, la mayor parte de ellos reportados como hechos de violencia intrafamiliar) de los últimos días, con la participación de elementos de la policía municipal juarense y de la ministerial, ya sea con armas de fuego o en accidentes viales debieran prender los focos de alerta. El incidente más reciente -en el que, según la versión periodística de El Diario, la esposa de un policía lo asesinó con su arma de cargo, ante la presencia de un hermano, policía también, en la Nochebuena- es claro reflejo de los crecientes casos de violencia intrafamiliar, protagonizados por policías. A su vez, los accidentes viales mortales causados por dos policías ministeriales, en hechos separados, uno en la capital y el otro en Juárez, dan cuenta de muchos fenómenos, a saber, que aún y siendo parte de la estructura encargada de prevenir los accidentes viales causados por la ingesta de alcohol, caigan en tales situaciones, con el agravante de que, probablemente, su cargo les hacía sentir que no podrían ser sancionados, ni siquiera levemente. Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, hay un antecedente que debiera llevar a la toma de medidas preventivas de largo plazo. Los policías municipales de Juárez y Chihuahua han estado sometidas a situaciones de grave tensión, tanto, que han llevado a que en diversos momentos, en Juárez, el alcalde Héctor Murguía ha intentado mantenerlos apartados de sus domicilios y familias para evitar el riesgo de la ejecución. Igual ha ocurrido en la capital, aunque en menor grado, pero también han atravesado por distintas etapas en las que los objetivos homicidas han sido precisamente los integrantes de la policía municipal. Esas situaciones no pueden ocurrir sin causar perjuicios mentales y sicológicos, no tan solo entre los elementos policiacos, también en sus familias y mandos superiores; atenderlos es, por tanto, un asunto de políticas públicas porque en la medida que preservemos la salud mental de los miembros de las fuerzas de seguridad, de lo contrario ¿Cómo asegurarnos que se encuentran en plenitud de facultades físicas y mentales para afrontar las distintas situaciones de tensión y actual, siempre, dentro de los márgenes de la ley? Sirva como referencia que por lo menos mil militares padecen males psiquiátricos y algunos de ellos, en el nivel de mandos, aún desempeñan tareas de conducción de elementos y operaciones, como recientemente reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un caso de tortura de un grupo de militares a un civil, comandados por un oficial con un padecimiento psiquiátrico “que influye en su grado de agresividad” y por el que era catalogado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional con “pronóstico reservado ”. (Nota de El Universal, 25/XII/12). A raíz de lo anterior, la CNDH recomendó a la Sedena el mejoramiento de sus procedimientos de admisión, capacitación y evaluación de las tropas. Algo semejante deberá hacerse en las policías locales, e ir más allá, deberían aplicarse un conjunto de medidas como el de las revisiones psiquiátricas periódicas a los policías y a sus familias, el relevo alternado de tareas de menor y mayor riesgo (patrullajes diferenciados, por ejemplo) períodos vacacionales más frecuentes y prolongados, años sabáticos, etc., con el fin de garantizar la plenitud de facultades mentales y emocionales, con ello nos podríamos ahorrar, seguramente, tragedias como las anotadas y, probablemente, una mejoría en el otorgamiento del servicio.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Nuevo sexenio, contrastes

Aserto, No. 113, diciembre de 2012 Luis Javier Valero Flores La asunción de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, además de la descalificación de su contendiente, Andrés Manuel López Obrador, fue enmarcada por las violentas protestas en el centro histórico de la Cd. de México y el anuncio de trece medidas, algunas de ellas que recordaron, sin lugar a dudas, de las que tomara en su tiempo López Obrador, a su paso por la jefatura de gobierno del DF. Culmina el cuadro, de contrastes, el hecho de que los tres principales partidos firmaron, con Peña Nieto, el Pacto por México en el Castillo de Chapultepec que impulsará tres reformas en el corto plazo: cambios en la legislación de telecomunicaciones; reforma educativa y una ley de responsabilidad hacendaria que garantice mayor control de las finanzas de los estados y municipios, aspectos contenidos en el miniprograma de trece puntos dados a conocer el día de su toma de posesión y que implican, sí, un compromiso de PRI, PAN y PRD para estas reformas que tienen en su contra poderosas fuerzas políticas, sociales y económicas. No son los únicos escenarios contratantes, la composición del gabinete es otro de ellos. De entrada se puede afirmar que obedece a una concepción rayana en el provincianismo, pues casi la mitad de los primeros que se dieron a conocer -los más importantes, tanto por su peso específico, como por la notoriedad y relevancia en el quehacer público- fueron ocupados por los políticos mexiquenses, integrantes o no del grupo Atlacomulco, cuya existencia niegan pero que es un poderoso aglutinante de la clase política de esta entidad y que ahora se apresta a ejercer el poder, casi de manera avasallante al resto de los grupos del PRI. Y esa es otra figura contrastante, la de los priistas de todo el país que se imaginaban que podían, algunos de ellos, integrar al nuevo equipo de gobierno y asistir al encumbramiento de sólo dos grupos, el mexiquense y el de Hidalgo, que ahora será uno de los de mayor poder en el país pues tendrán bajo sus responsabilidades la seguridad pública, la seguridad nacional, la política interna y la procuración de justicia, a través de las figuras de Miguel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación -que luego contendrá una subsecretaría, la de seguridad pública- y de Jesús Murillo Karam (ambos ex gobernadores de Hidalgo) en la PGR. Así, muchos integrantes de la clase política priista están de plácemes por su regreso al poder, a la silla que algún día dijeron habían prestado, pero por otra parte deberán asumir que son otros los que ejercerán el poder y cuya conducta no fue muy incluyente. Por otra parte, si la voluntad política, asumida en el anuncio de las medidas es la misma al momento de intentar concretar algunas de las reformas, está claro que Peña Nieto necesitará del concurso de otras fuerzas. Las necesitará al momento de licitar la creación de dos cadenas nacionales de televisión, lo que lo llevará a enfrentar al duopolio televisivo, tan beneficiado de los sexenios panistas; luego, para llevar al cabo la reforma educativa -sin duda, la más aplaudida de sus medidas al momento de anunciarla- ocurrirá lo mismo para enfrentar a la lideresa magisterial y la capa burocrática del SNTE. Finalmente, a querer y no, la reforma para elevar los sistemas de control para el endeudamiento lo distanciará de no pocos gobernadores que en los últimos meses y años han llevado a un colosal endeudamiento a las finanzas estatales. Y si estas medidas -más la de bajar la edad para la pensión a los senectos- le acarrearán los votos de la izquierda (y en general de las fuerzas políticas), la reforma energética no le será fácil pues concitará la oposición de este sector y otros más, los mismos que se opusieron a ella cuando Calderón quiso aprobarla. Además, deberá resolver las consecuencias de los enfrentamientos del 1o. De diciembre. No será fácil. Por si faltara algún ingrediente, no olvidemos la matazón desatada en el país. Puros contrastes.

martes, 25 de diciembre de 2012

Viacrucis

El Diario, 25 de diciembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Hoy es, quizá, el día más relajado del mundo occidental; es, también, uno de los días más felices para millones de niños, pues desde los primeros momentos del día se solazan con los juguetes que distintas figuras (según las diversas creencias, Santa Clós, el Niño Dios, los Reyes Magos o simplemente los padres, abuelos, tíos, etc.) les trajeron en la noche. Esa es la realidad para muchos, probablemente no para la mayoría de los niños en México. Gracias al influjo de la religión católica, y de las cristianas en general, en nuestro mundo –tan ajeno al otro, que es infinitamente mayor, es decir, el oriental y en buena medida al africano– estas fechas pasaron de ser una amalgama de las creencias originarias y las católicas, a temporadas crecientemente comerciales en las que, a pesar de todo, las familias intentan reunirse para festejar la natividad cristiana, o tan sólo para reunirse, lo que en estos tiempos es motivo suficiente para esperarlas con alegría y, también, para quienes son creyentes (algunos más que otros) los dediquen a la celebración de los ritos propios de sus religiones. Pero, precisamente por aquellos dos motivos –la de los regalos y la de las reuniones familiares y los festejos con los amigos y compañeros– es uno de los días más tristes para sociedades como la nuestra, porque es cuando se aprecian, probablemente con mayor crudeza, las gravísimas desigualdades sociales y que llevan a la realización de actividades como las realizadas por el Gobierno de Chihuahua y la Presidencia Municipal de Juárez –repartir toneladas de menudo en el primer caso, y de pollos en el segundo– que denotan las enormes carencias sociales existentes en Chihuahua. Para percatarse de lo anterior no es necesario recurrir a las zonas marginales de nuestras ciudades, por desgracia, por doquier se empiezan a apreciar las huellas de las consecuencias de las políticas económicas aplicadas, pura pobreza dejan. Y la cauda de problemas generados por este fenómeno, cuya amplitud y profundidad van marcando a generación tras generación, que se convierten en el campo de cultivo propicio para toda suerte de defectos sociales, en primer lugar la ignorancia, la falta de educación, la ausencia de valores cívicos, acrecentados por la incompetencia y voracidad de la clase gobernante; el abandono de cientos de miles de niños y jóvenes, dejados al garete, no por los padres, obligados en la mayor parte de los casos a lanzarse sin paracaídas ni defensa alguna a la selva económica, a fin de obtener aunque sean mendrugos para sus hijos; la ausencia infinita de oportunidades para cientos de miles de jóvenes, pero también para los adultos mayores, los que no alcanzaron los privilegios de la seguridad social y que no son pocos. ¡Ah, bien vista la cosa, pocos motivos hay para alegrarse fuera de los ámbitos familiares! Si quisiéramos calificar la justicia presente en nuestra sociedad bastaría, solamente, con ver cuántos niños no alcanzan los mínimos de ingesta alimenticia, cuántos los adultos mayores obligados a trabajar –en el mejor de los casos– en los supermercados como chícharos, disputando las plazas con los niños, o apareciendo como fantasmas cuidando, como veladores, los negocios; cuántos los profesionistas obligados a aceptar cualquier trabajo ajeno a sus estudios. O las tragedias milenarias que se esconden en los miles y miles de paisanos que en estas fechas abarrotan carreteras, centrales camioneras, líneas de aviación (los menos), presurosos, gustosos –de ahí que soporten estoicamente todo– para ir al encuentro de las familias y no hallan un mínimo de sensibilidad en nuestras instancias institucionales, con el establecimiento infinito de retenes, revisiones, mil y un trámites, hasta el grado de exigir identificaciones (los del Instituto Nacional de Inmigración) para viajar ¡Al sur! ¿No alcanzan a entender que por cada persona que viaja en estas fechas, los que se fueron de sus tierras, existe una tragedia familiar, la que sufrió al desmembrarse a causa de la falta de oportunidades para algunos o todos de sus integrantes, ahí en su terruño? Es cuando se desea otra visión de los gobernantes, una que entienda que lo hecho hasta ahora, fundamentalmente, está mal hecho, que las desigualdades siguen creciendo, que las oportunidades de ser felices se escasean tanto que dejan como único momento de solaz estas fechas. Por lo tanto, aprovechémoslas ¡Felices fiestas!

lunes, 24 de diciembre de 2012

Epoca de informes y reformas

Aserto, 26 de septiembre de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Si en el ámbito nacional el último informe de Felipe Calderón transitó sin pena ni gloria, quizá porque la opinión pública ya no se interesaba tanto en el mandatario saliente sino en el entrante, por muy distintas y variadas razones, en el local crecen las expectativas, no tanto por lo que se vaya a informar, sino porque, a pesar de todo, los relevos en el Poder Legislativo y en las alcaldías empiezan a despertar el interés ciudadano, tanto para participar en alguna de las opciones, como para ratificar, en una buena parte del electorado, la decisión de no votar por ninguno de los candidatos propuestos. Y justamente al límite de los plazos para efectuarle reformas al marco legal electoral, la mayoría en el Congreso del Estado, después de abortar en agosto la reforma política impulsada por el actual gobierno estatal, en los primeros días de septiembre decidió proponer, de última hora, cambiar la fecha de inicio del proceso electoral, y con ello contar con el tiempo necesario para efectuar las modificaciones constitucionales que desea el grupo gobernante en Chihuahua. La modificación de la duración de las gestiones de alcaldes y diputados locales a 4 años y la disminución, por única vez, del período del próximo gobernador, a 5 años, es la razón para que de manera intempestiva se pretenda realizar tal modificación al calendario electoral. Al momento de redactar no se sabía del contenido del resto de las propuestas que se pretende aprobar antes del 15 de octubre, nueva fecha fatal para la aprobación de reformas electorales. Pero más allá de lo anterior, y del contenido de las iniciativas de ley propuestas, sigue sorprendiendo que la totalidad de los legisladores continúen legislando en esta materia sin tomar en cuenta a nadie más, y sin informar previamente a la sociedad de las pretendidas modificaciones. No es cosa menor. Por lo menos dos de los asuntos son trascendentales: El de meter a los candidatos a síndicos a la planilla de candidatos a alcaldes y regidores; y la de desaparecer la prelación en la designación de los diputados de representación proporcional. Si faltaran argumentos para impugnar tales pretensiones, basta uno: Ninguna de las fuerzas políticas existentes en Chihuahua tiene en su programa de gobierno, ni en sus propuestas de campaña tales modificaciones. No nos dijeron, cuando le pidieron el voto a los chihuahuenses que iban a hacer tales cambios. ¿Por qué realizarlos a destiempo y, peor aún, rebasados los tiempos para efectuarlas, deciden modificar la ley que determinaba los tiempos fatales? Y si es criticable tal conducta, en todos los partidos, más cuestionable lo es en el caso del PAN, pues este partido, cuando tuvo en sus manos la mayoría parlamentaria local, fue quien aprobó las figuras que hoy pretende desaparecer, y el PRD, autor de las más avanzadas reformas contenidas en la actual ley electoral, sorprende por su increíble inacción. Y si tal es la conducta de las fuerzas políticas existentes en el Poder Legislativo en estos asuntos, muy pocas expectativas levantarán en el enjuiciamiento de la labor desarrollada por gobernador y alcaldes y, por tanto, muy poca oportunidad tendrá la ciudadanía de contar con mayores elementos para evaluar adecuadamente la actuación de César Duarte, en el ámbito estatal, y de sus respectivos alcaldes. Aun es tiempo de recuperar algo de aquel empuje ciudadano que llevó a que los chihuahuenses gozaran, así fuera brevemente, de los visos de una vida republicana, en el sentido que las fuerzas de oposición evaluaban, comentaban, criticaban y se abrieron los cauces para que existiera una potente discusión política. Quizá sea tiempo de regresar a esos tiempos y mejorar la vida democrática de la entidad.

La decisión del TEPJF, oprobio nacional

Aserto, 26 de septiembre de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES La resolución, y los argumentos expresados por los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para declarar válida la elección presidencial y desechar la impugnación presentada por el Movimiento Progresista, constituyen uno de los peores atentados al estado de derecho, la gobernabilidad y la estabilidad del orden institucional hasta ahora vigente. Los magistrados vieron otra elección, muy distinta a la que protagonizaron los mexicanos. No sólo eso, al desestimar las pruebas presentadas, y reprobar a los impugnadores por no presentar más pruebas, hicieron a un lado todas las facultades y atribuciones del marco electoral legal, concedidas al máximo órgano jurisdiccional en esa materia, para investigar si las denuncias presentadas tenían sustento, no sólo para darles, o no, la razón en sus alegatos, sino, cosa más importante, para garantizarle a la nación que las elecciones estaban dentro de la legalidad constitucional establecida en el país. Prácticamente todos los principales medios de comunicación y los más connotados analistas de ellos, desestimaron en sus análisis y comentarios un aspecto toral para evaluar si lo resuelto por el TEPJF caía en el ámbito de lo legal. Y es que, contrariamente al resto de los tribunales y jueces, el máximo órgano jurisdiccional en lo electoral es, como su nombre lo dice, un tribunal de plena jurisdicción, es decir, que tiene las suficientes facultades como para allegarse de todos los recursos necesarios para elaborar sus conclusiones, máxime en una discusión sobre el carácter de las elecciones presidenciales del pasado julio. Es decir, si éstas cumplieron con lo establecido en el marco constitucional, y no, como es la creencia generalizada, en entregarle el triunfo al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Eso era lo que estaba en discusión, así lo planteó la alianza que postuló a López Obrador, quien alegó que las elecciones no habían sido libres ni auténticas, en una impugnación sobre la calidad de la elección presidencial y no, como tanto insistieron muchos, desde el mismísimo presidente del IFE, Leonardo Valdés, en las violaciones numéricas de la elección. No se trataba solamente, como lo dijeron los ministros, en evaluar si el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, habría rebasado los topes de campaña, y si así hubiese sucedido, aplicarle una sanción económica al partido y al candidato… en los meses de febrero o marzo de 2013. De acuerdo con las evidencias públicas, el TEPJF tenía la obligación -y la facultad- de investigar si las presentadas por el Movimiento Progresista tenían razón o no, y para ello debería echar mano de sus facultades, que solamente el IFE y este tribunal poseen, la de pedir a los bancos, a la Comisión Nacional Bancaria, a la PGR, y a todas las instancias que así resolviera, los informes de los movimientos bancarios y económicos de los candidatos y entes físicos o morales para llegar a lo más cercano de la realidad en cuanto a lo realmente gastado por Peña Nieto. Y no era un asunto de topes de campaña, sino de la complejidad financiera con la que se hubiese allegado de recursos económicos porque entre más complejo fuera el mecanismo, más elementos tendrían para coincidir con el planteamiento de la alianza de izquierda, es decir, la falta de libertad y de autenticidad del proceso electoral, amén de la falta de equidad, además de los posibles delitos electorales cometidos en el desarrollo de la contienda. Los excesos de los magistrados, en defensa del resultado electoral, más allá de la génesis de la votación, fueron de tal grado que negaron que la mercadotecnia moderna tuviese utilidad para influir en la voluntad ciudadana. Los magistrados determinaron, para sostener esta tesis, que los electores no son “autómatas”, que no se les puede influir de manera mecánica con la propaganda, que, al contrario, el ciudadano mexicano votó “en plena libertad”. ¿Habrá alguien que coincida con tan pedestre argumentación? Peña Nieto no recibió la mayoría de los votos de los electores, al contrario, sus opositores la recaudaron; recordemos que obtuvo poco menos del 39% de la votación oficialmente aceptada, apenas 4 de cada 6 sufragantes lo hicieron por el priista, por tanto, nadie tiene que aceptar, per se, su programa político, y mucho menos si, como conciben 3 de cada 10 electores, es una propuesta contraria a los intereses de la nación mexicana. Y ahí estriba el meollo de la profunda crisis política hoy existente en México, la que se agravará en el futuro inmediato. Abarcará a todo el territorio nacional, existen numerosas evidencias que nos llevan a pensar que la “normalidad”, a la que muchos pensaron que regresaríamos una vez definida la contienda presidencial, no regresará, vamos en el sentido del agravamiento de las diferencias políticas y sociales pues los procesos electorales no están sirviendo para darles cauces. ¿Por qué sostener tal aserto? Sólo pongamos por ejemplos tres de los grandes argumentos de la izquierda, contenidos en la impugnación de la elección presidencial: El de las encuestas, el de la participación de los gobiernos estatales en apoyo de Peña Nieto y el del uso del dinero en la campaña del mexiquense. El tribunal dictaminó que las primeras no influyeron y ¡estuvieron bien hechas! Luego, que no se demostró la participación de las estructuras gubernamentales en apoyo de Peña Nieto. Sólo quien no quiso ver tal fenómeno no lo vio. El exceso de recursos económicos en esa campaña fue insultante y fue evidenciado por infinidad de medios de comunicación. En este aspecto, sólo por no dejar ¿Por qué no investigaron la movilización aérea de Peña Nieto? No sólo la izquierda presentó evidencias, también el PAN y por si fuera poco, el periódico Reforma publicó un detallado y documentado reportaje sobre las naves aéreas usadas por el mexiquense ¿Por qué no se investigó? Así, el TEPJF consideró que no hubo compra y coacción del voto; que los medios de comunicación actuaron con imparcialidad; que las encuestas no fueron manipuladas para favorecer al candidato priísta Enrique Peña Nieto y que tampoco existió una campaña encubierta de Televisa y otros medios en favor del mexiquense. Más aún, que el priísta no rebasó los topes de gastos de campaña, ni que hubo financiamiento ilícito y rechazó la existencia de injerencia en el proceso electoral de los gobiernos estatales de extracción priísta. Además, los magistrados, por unanimidad, decretaron que la alianza de la izquierda no probó que los monederos de Banco Monex o las tarjetas Soriana fueran utilizadas para comprar el voto, sin que se detuvieran a reflexionar que una parte importante de las funciones de este tribunal -y del IFE- es investigar si las denuncias presentadas por algún partido (o un ciudadano) tienen sustento, desconocieron el hecho de que los denunciantes no son los únicos que deben aportar las pruebas de la comisión de irregularidades por parte de alguno de los actores de los procesos electorales. Nada más debemos imaginarnos que aparezcan algunos indicios (como en este caso) de la existencia de financiamientos irregulares a alguno de los candidatos y que el denunciante deba presentar todas las pruebas ¿Cómo accederá a los estados de cuenta, movimientos bancarios, depositarios y beneficiarios de las cuentas bancarias del denunciado? Para eso existen las regulaciones electorales que facultan a los órganos electorales para investigar tales movimientos. Del mismo modo, si se sospecha de aportaciones a las campañas de algunos candidatos del erario ¿Cómo acceder a tales informaciones? En la lógica de los magistrados electorales, quien denuncia tiene la obligación de demostrar la comisión de tales irregularidades, y el TEPJF, al eludir sus responsabilidades y facultades, nos lleva a la conclusión que en adelante no habrá investigación alguna en este aspecto, esencial para la estabilidad democrática del país pues si eso es lo aceptado por el TEPJF, su resolución se convierte en algo así como la voz de arranque para el batidero en que se convertirán todos los procesos electorales. En el rebase de topes de campaña asumieron idéntica actitud, como si el IFE y sus estructuras fueran ajenos a la jurisdicción del TEPJF, al momento de evaluar si el priista había rebasado los topes de campaña, determinaron que esa era una investigación “en curso” y para evaluarla había que esperar, eludiendo, como en todo el curso del proceso, sus facultades. Tal argumentación era esencial en la impugnación de la elección, que consistió, no en el hecho de que se hayan contado mal los votos, sino en la calidad de la elección, que había estado pletórica de hechos que la volvieron inequitativa y que diversos aspectos de la misma habían impedido que la votación fuera “libre y auténtica”, argumentación que hubiese llevado a auténticos jurisconsultos a evaluar, como parte central de la investigación, si efectivamente se podía demostrar el uso de millonarias cantidades que hubiesen demostrado el rebase de los topes de campaña. Pero todo estaba determinado, por lo menos la postura del ministro Salvador Nava Gomar, de entrada, al iniciar la sesión, lo demostró pues sólo le faltó la matraca, al expresar que “Si ustedes tienen a bien aprobar esta sentencia y lo conducente de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, México tiene a un presidente electo por el pueblo, el ciudadano Enrique Peña Nieto”. (Nota de Fabiola Martínez y Alonso Urrutia, La Jornada, 31/VIII/12). Los ministros desestimaron, incluso, las declaraciones de Jesús Murillo Karam, representante jurídico de Enrique Peña Nieto, quien reconoció que las tarjetas de Monex se habían usado para entregarles dineros a sus representantes electorales en todo el país, pero que era parte del gasto corriente, lo que era un contrasentido pues la ley, expresamente, estipula que el gasto corriente no puede ser empleado en actividades electorales, y si se hace así, entonces deberá considerarse como parte de los gastos de campaña. No lo estudiaron, vamos, ni siquiera lo consideraron como un asunto a estudiar en el futuro, ni, como era obvio hacerlo, estudiar el monto de tales operaciones que superaban, por mucho los topes de campaña. Igual sucedió con el tema de las encuestas. Días después del fallo, Rafael Giménez, integrante de la casa encuestadora Arcop, ex director de estudios de opinión de la Presidencia de la República, denunció que en México los sondeos de opinión están lejos de ser neutrales, y que buena parte de los estudios realizados en el pasado proceso electoral tuvieron graves errores no sólo en el pronóstico final sino a lo largo de la campaña. (Nota de Georgina Salierna, La Jornada, 1/VIII/12). La descalificación de las encuestas, por parte de este especialista es contundente: Afirmó que adolecen de falta de transparencia en su patrocinio, por la persistencia de un error sistemático en favor del PRI, por la subestimación sistemática de la izquierda y del PAN, y un aspecto aún más grave, que los encuestadores que participan en los “war rooms” (cuartos de guerra) de las campañas, difunden su trabajo como sondeos de medios de comunicación. Así, el mensaje de los ministros a la nación es verdaderamente lamentable: Usa la televisión, todos los medios de comunicación que puedas, crea las empresas encuestadoras que puedas, usa todo el dinero que puedas (sólo encúbrelo suficientemente), utiliza el aparato gubernamental que tengas en tu poder y haz todo lo necesario para ganar la elección que todo eso, todo, se vale. ¡Qué grave! Y todavía se dan el lujo de sonreír a quien, en adelante, le aceptarán todo ¿Dónde el gesto serio, formal de quienes encarnan la máxima sabiduría en materia de derecho electoral y que son, formalmente, depositarios de la soberanía de los mexicanos pues fueron responsabilizados de ser el último valladar en contra de las violaciones legales? Por ello, lo más temido por los poderes fácticos ha sucedido. En su primer mensaje a los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil, pues “Las elecciones no fueron, ni limpias, ni libres, ni auténticas… no voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las Leyes… el problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco... (aceptar el fraude electoral), en las actuales circunstancias, solo puede significar arreglos cupulares o componendas en contra del bienestar del pueblo y de la nación. Ojalá se entienda que así como ellos defienden por todos los medios al régimen de corrupción, nosotros estamos sinceramente empeñados en abolirlo. Y, como es lógico, en este propósito no daremos ninguna tregua ni concederemos la más mínima ventaja… La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo... El destino de México no tiene precio”. Al momento de cerrar la edición, se celebraba en el Zócalo de la Cd. de México el mitin convocado por AMLO para resolver su acción futura. En esta misma edición le daremos cuenta de las principales expresiones y decisiones.

Un mar de sangre y dolor

Aserto, 26 de septiembre de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Las estadísticas sobre criminalidad, en especial la de los homicidios cometidos, dadas a conocer por el INEGI, no sólo echaron abajo las que infinidad de medios y agencias habían manejado hasta entonces como ocurridas en todo el país, sino que las evidenció sensiblemente menores. La sorpresa fue mayúscula: Entre 2007 y 2011 se han cometido 95 mil 632 asesinatos. Y en Chihuahua se cometieron, en 2011, 4 mil 014 homicidios, según las cifras proporcionadas por el Inegi, cuyo valor consiste en que se basan en las otorgadas por las autoridades de cada estado y de las inscripciones de defunciones ante las oficinas del Registro Civil de cada entidad. Tal información, la particular de Chihuahua, develada exactamente cuando el gobernador de Chihuahua, César Duarte, daba la bienvenida a sus compañeros de partido, electos senadores para el próximo período legislativo, y recibía múltiples felicitaciones por la disminución de las cifras delictivas, lo turbó a tal modo que desestimó las cifras del organismo cumbre de las estadísticas en México, sin detenerse a ver que una vez analizadas, fríamente, le daban la razón: Existe una disminución de aproximadamente el 30% en los índices de homicidios cometidos entre 2010 y 2011 y una disminución poco mayor entre aquel año y 2012, pero que de ninguna manera puede llevar al arrebato optimista pues a pesar de la disminución la cifra de personas victimadas rebasa los 4 mil, representan el 16.7% de las asesinadas en todo el país, y eso es mucho sufrimiento, son muchos huérfanos, muchas viudas y madres presas del dolor y, sobre todo, significa que el salvajismo sigue presente entre nosotros en niveles que los habitantes de los países desarrollados ni siquiera alcanzan a comprender. No hay por qué echar las campanas al vuelo, en tanto que en 2010 la tasa en el estado fue de 188 ejecuciones por cada 100 mil habitantes, que nos convirtió en la entidad con la más alta en el mundo, para el 2011 bajó a 131 por cada 100 mil habitantes. Con otra manera de presentar tales estadísticas, el INEGI le aguó la fiesta senatorial al gobernador chihuahuense al informar que el índice de asesinatos en el Estado Grande había aumentado en un 595%, de inicios del sexenio de Felipe Calderón, a la fecha, al pasar de 648 homicidios en 2006, a los más de 4 mil en 2011, lo que significó una disminución de alrededor del 30%, respecto del año anterior, el más violento en la historia de la entidad. (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario, 21/VIII/12). La reacción del gobernador fue furibunda: “lo que se ha publicado está lejos de la verdad de lo que pasa en Chihuahua”. (Nota de Juan José García Amaro, Milenio, 22/VIII/12). Enojado, citó a Nueva Orleans, que “tiene 50 homicidios por cada 100 mil habitantes y vive del turismo y jamás se ha visto una nota de que es la ciudad más violenta de Estados Unidos. Tiene el doble de asesinatos que Ciudad Juárez para que me lo entiendan”, afirmó el mandatario. Pero resulta que hasta el 20 de agosto de este año, según cifras de la Fiscalía Zona Norte, han ocurrido 615 asesinatos en esa parte de Chihuahua, con un promedio de 2.67 homicidios diarios, que llevados al año, nos dice que podemos terminar 2012 con un total de 975 ejecuciones, con una tasa, entonces, de 46.47 asesinatos por cada 100 mil habitantes, muy similar a la citada por el mandatario. Y las cifras estatales de este año tampoco le ayudan al gobernante. “Conforme a los datos estatales... de enero a julio de este año van mil 757 muertos”. (Nota de Angélica Mercado, Milenio, 21/VIII/12). De mantenerse esa tendencia, terminaríamos el año con aproximadamente 3 mil 53 homicidios, un promedio de 8.36 diarios y una tasa de 92.54 por cada 100 mil habitantes, notoriamente inferior a las anteriores, pero aún por los cielos (o más bien, por los infiernos), que poco o nada le dicen a los deudos, pero que tengamos 38 muertos menos por cada 100 mil habitantes, es un mar de diferencia. Tales ejercicios aritméticos sirven para que ubiquemos bien el problema. Ni por mucho la entidad ha superado el problema de la violencia; no tenemos mucho que aportar al resto del país cuando las cifras mencionadas, para este año, serán infinitamente superiores a las de la entidad que se ubica en el segundo lugar, ya sea por el número de ejecuciones, o por la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Entrevistado en el marco de esa reunión, Duarte aseguró que el índice de asesinatos registrados en el estado "es mucho menor que en el 2010, por mucho". Sin ofrecer las cifras exactas, como debiera esperarse del mandatario de la entidad con este tipo de liderazgo, informó que “de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Chihuahua, en los primeros meses de 2012 las cifras de interrupciones de la vida cometidas de manera dolosa descendieron en 37 por ciento en relación a 2011 y en 47 por ciento respecto a 2010” y que los homicidios dolosos disminuyeron en 70% “en los dos últimos dos años”. ¿Pero que cambió en el estado? Se dice que la criminalidad disminuyó en Chihuahua, gracias a que ya ejerce hegemonía el Cártel de Sinaloa. Es decir, estamos igual que al principio, solo que cambió de manos la franquicia, otra vez, un grupo criminal se ha asentado en la entidad. A su vez, semanas atrás, el Fiscal General del estado, Carlos Manuel Salas, había declarado que los homicidios con arma de fuego habían disminuido en “más del 75%”, luego de comparar los dos meses más violentos en la historia del estado -octubre y agosto del 2010- con el mes de julio de 2012, como si así se hiciesen los comparativos y no, como es de esperarse de autoridades serias, que ofrecen análisis y estadísticas anuales, de tal modo que ayuden a la reflexión de la sociedad (Nota de Carlos Coria Rivas, Excélsior, 1/VIII/12). En la entrevista afirmó que "en octubre y agosto del 2010 hubo 628 y 625 homicidios, el día de hoy son 500 homicidios menos, son 165, eso habla de una baja extraordinaria, de más del 75% comparado con los meses más violentos que ha habido en el estado de Chihuahua". (Ibídem). Sin embargo, una investigación periodística, efectuada prácticamente en todo el país pues sólo las procuradurías de cuatro entidades se negaron a proporcionar información, arrojó, poco antes de que conociéramos los datos del INEGI, que en el actual sexenio han ocurrido 83 mil 541 asesinatos, que la mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 30 años y que las mujeres fueron el 8.4% de las víctimas (Reportaje de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 5/VIII/12) tales “datos oficiales fueron aportados por las agencias del Ministerio Público de 28 estados del país a través del Sistema de Transparencia”. Así, en Chihuahua se habían cometido 16 mil 592 asesinatos, seguido por el Estado de México (8 mil 602), Sinaloa (7 mil 443), Guerrero (7 mil 257), y Michoacán con 5 mil 045. De ese total, mil 304 fueron mujeres, lo que coloca a nuestro estado, otra vez, en el primer lugar de este siniestro rubro. (Ibídem). Estas fueron las cifras de Chihuahua en el sexenio de Calderón, Reyes Baeza y César Duarte: 2006, 52; 2007, 675 (Tasa de 22.5 por cada 100 mil habitantes); 2008, 2 mil 321 (74.87); 2009, 4 mil 134 (133.35); 2010, 5 mil 394 (188) y 2011 4 mil 014 asesinatos (130). Tales cifras esconden, a su vez, el infanticidio: 120 de las víctimas tenían de cero a 10 años y 2 mil 105 contaban entre 11 a 20 años de edad. Más aún, en la presentación de las cifras de la delincuencia en la entidad, el Observatorio Ciudadano (organismo ciudadano lidereado por la Confederación Patronal Mexicana -Coparmex-) informó que el número de robo de vehículos, de enero a julio, fue de 8,784, con un promedio diario de casi 42 automóviles robados en el estado, lo que significa que, en este delito, estamos muy lejos de la “normalidad”. Pero en el informe de esta organización apareció un hecho extraordinariamente preocupante, que evidencia una gran cantidad de rezagos en materia de procuración de justicia y de la profunda desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de ella. Según las cifras proporcionadas por el Observatorio Ciudadano, el 71.54% de los robos a casa habitación denunciados a la policía municipal en la ciudad de Chihuahua no trascienden a la Fiscalía, es decir, los afectados no acuden a denunciar penalmente el hecho, por lo que no se realiza investigación alguna. Del mismo modo, el 86.23% de las denuncias ante la Dirección de Seguridad Pública Municipal por robo a comercio, tampoco son ratificadas ante la Fiscalía. La explicación es sencilla, la mayoría de los afectados arguyen que es inútil efectuar la denuncia pues la autoridad encargada de la procuración de justicia no tiene capacidad para investigar el cúmulo de delitos denunciados. O no hay la voluntad para hacerlo. De tal manera que lo conducente será atemperar los ánimos, exigir más eficiencia de la autoridad, que ésta actúe con más realismo, sin ese falso optimismo, que además le servirá, porque a los chihuahuenses ya poco les pueden cambiar la percepción las declaraciones triunfalistas de los gobernantes; estamos en medio, y no es una frase, de un mar de sangre, dolor, sufrimiento, impotencia, corruptelas, ineficacias y rencores.

Barruntos de aquellos ayeres

Aserto, 15 de julio de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Más allá de las filias políticas, hay un hecho incontrovertible, aceptado por las dos principales fuerzas de oposición existentes en el país y la entidad: El cúmulo de acciones irregulares cometidas para imponer a Enrique Peña Nieto como presidente de la república. Puede discutirse el grado de influencia de las encuestas en el resultado electoral, pero también el del reparto de despensas, tarjetas de débito, sacos de papa, etc. De lo que estamos seguros, infinidad de ciudadanos, es que tales hechos sí sucedieron. De ninguna manera pueden ser subestimados o, peor aún, desestimados. Quedarán como un serio baldón, que desmienten la retórica de que el partido que regresa al poder es un nuevo partido, moderno, democrático y del talante de las democracias desarrolladas en el mundo. Si el uso patrimonialista del erario para ganar elecciones es lamentable, el uso de la estructura gubernamental con el mismo fin no lo es menos. Tales prácticas echan por tierra todos los esfuerzos por apartar de la disputa electoral al aparato gubernamental y crear verdaderos servidores públicos, para ello hasta nos inventamos el establecimiento del servicio civil de carrera. ¿Qué credibilidad puede haber en tales esfuerzos si con la mano en la cintura se llama indiscriminadamente a los trabajadores gubernamentales a realizar toda suerte de acciones electorales en el curso de las campañas, incluso en días y horas hábiles? Más aún, transformar el aparato gubernamental en un instrumento electoral en el cual los funcionarios de mayor rango aparecen con las principales responsabilidades en el ámbito de la estructura territorial, es una acción contraria a los más elementales principios de la democracia representativa y contradice los discursos, de campaña o de ejercicio gubernamental, de “gobernar para todos” y viola diversas regulaciones que pueden constituir delitos contra el patrimonio público. Efectuar tales reflexiones es de la mayor importancia pues nos encontramos en un momento en el que aún no se resuelve, desde el punto de vista legal, la elección presidencial y ya estamos inmersos en el proceso electoral local de mitad de sexenio, con un hecho que debiera preocupar a la fuerza hegemónica en Chihuahua, consistente en que las fuerzas de la oposición le han hecho diversos señalamientos en el sentido que aquí lo hemos hecho. No basta ejercer la mayoría, cuando se tiene, sino hacerlo dentro de los parámetros democráticos y de legalidad, como exigencia del desarrollo que los chihuahuenses le hemos dado a nuestro propio proceso político-electoral. Porque hacerlo de esa manera contribuye, no solamente al respeto de las decisiones ciudadanas y el desarrollo de la cultura democrática, sino también al fortalecimiento de las estructuras partidarias. Durante un sexenio, el de Francisco Barrio, el PRI chihuahuense fue forjándose como un verdadero partido político (más allá de las coincidencias, filias y fobias hacia él) y dejó de ser la agencia electoral del gobernante en turno. Tales características las conservó durante algunos años más, las fue perdiendo conforme el ejercicio del gobernante en turno lo iba exigiendo, pero en el camino perdió la libertad de elegir a sus candidatos y les apareció el fenómeno de los “candidatos de unidad” y se acentuaron los rasgos de aquel viejo PRI En el proceso electoral presidencial las estructuras partidarias fueron puestas bajo la conducción de los funcionarios de gobierno, en lo que es una regresión al pasado y que constituye una especie de anuncio de lo que pasará bajo la presidencia de un priísta. Tal proceso lo sufrirán hasta los gobernadores emanados del PRI, si regresa la vieja manera de conducción autoritaria. Fueron libres durante dos sexenios, puede que ya no lo sean. Y ni modo que canten así: “Ya probé la libertad… y me gustó…”.

Movilizaciones sin precedentes

Aserto, 15 de junio de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Nunca habíamos presenciado tal cosa: Que miles de -fundamentalmente- jóvenes se lanzaran a las calles a protestar, a expresar su repudio a un candidato, a una televisora, a un régimen en medio de una contienda presidencial. El catalizador fue el movimiento estudiantil, y se movilizaron por decenas de miles en decenas de ciudades, pero después del segundo debate esa movilización se transformó, se acrecentó y abarcó a prácticamente todas las ciudades visitadas por López Obrador a lo largo y ancho del país. A diferencia del 2006, cuando las movilizaciones más importantes se presentaron, como era lógico, en el centro y sur del país, ahora se extendieron a las conservadoras urbes del norte. Monterrey, Aguascalientes, San Luis Potosí, Culiacán, Hermosillo, Juárez, Chihuahua y Durango fueron escenario, en esta parte de la campaña, de gigantescas concentraciones, convocadas a deshoras del día y la semana -a mediodía, en días hábiles- como parte del cierre de campaña y que son evidencia clara de un cambio en las preferencias electorales, mostradas a partir de la irrupción estudiantil de la Ibero. Más aún, en esta masiva insurgencia político-electoral, el protagonista central son las capas medias y medias altas de la población, sectores tradicionalmente reacios ú opuestos al candidato de las izquierdas. Además, tales manifestaciones no podrían explicarse sin la participación de las redes sociales, especialmente las usadas por los jóvenes que vinieron a convertirse en algo así como los activistas del tabasqueño, y en removedores de conciencias, tabúes, esquemas y acartonamientos de sus mayores -padres, tíos, abuelos- y han hecho que una buena cantidad de personas a las que ni siquiera les importaba la política, o que no pensaban votar, ahora lo estén pensando seriamente, o de plano ya hayan resuelto hacerlo por el candidato de la izquierda mexicana que más mexicanos ha movilizado en una campaña electoral, y probablemente a lo largo de la historia, en cualquier otra actividad política. Todo ello explica lo sucedido en el segundo debate. Tanto Peña Nieto, como López Obrador se comportaron como los que iban al frente en las preferencias electorales. Hasta ese día. Es probable que nada esté escrito en la disputa por la Presidencia de México. Hasta mediados de mayo todo caminaba sobre ruedas para el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, las encuestas lo ubicaban adelante, muy adelante de los otros competidores, las campañas al Congreso de la Unión ubicaban a los candidatos priístas con la posibilidad de alzarse con la mayoría en ambas cámaras, la de Diputados y la de Senadores. Por si fuera poco, hasta en la disputa a las gubernaturas de Jalisco y Guanajuato los priístas parecían llevar la delantera. De ese modo, aparentemente, el tricolor recuperaría lo que hasta el momento son las joyas de la corona del blanquiazul. El regreso del PRI, y con “carro completo”. Ni en sus mejores sueños los estrategas y dirigentes de este partido que lo fue todo a lo largo de más de medio siglo, habían imaginado el retorno a la silla presidencial, a la mayoría en las cámaras ¡Y avalados por una avalancha de votos! La misma que les había devuelto varios gobiernos estatales, la misma que les permitió casi ser mayoría en 2009 y, sobre todo, la que le había permitido a Eruviel Avila convertirse en gobernador del Estado de México -el primero en muchos años ajeno al Grupo Atlacomulco- pero, ¡Qué importaba si uno de ellos regresaba, por fin, al máximo puesto público en México! Pero había algo que no cuadraba. Y les aparecía casi en cada encuesta levantada. López Obrador recuperaba votos y levantaba simpatías en sectores impensables seis años atrás, singularmente en el noreste del país y se enfilaba, en todos los estudios, a alcanzar a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y a rebasarla. Aspecto importante de tal despegue fue el primer debate. Contra lo razonado por muchos, la terquedad de López Obrador en mantener esencialmente el mismo discurso, -lógico, porque el país no ha cambiado- pudo ser el principal factor que convenció a muchos a asumirlo como su preferido en la contienda presidencial. De ese modo, casi como premonición, la advertencia lanzada por su ex líder nacional, el defenestrado Humberto Moreira, se alzaba como una amenaza que no habían contabilizado. Moreira lo había anticipado a principios de año: Nuestro verdadero adversario es López Obrador. Algo de eso mostró la encuesta del 13 de mayo de Demotecnia, la empresa de María de las Heras, publicada en UnoTv.com.mx: Le adjudicó a Peña Nieto 39% de las preferencias electorales, contra 31 de AMLO y 26 de la panista. Luego se soltaría la hecatombe de la Ibero y a partir de entonces ya nada fue fácil para el mexiquense. Enseguida, la encuesta de Reforma, que solo le dio 4 puntos de ventaja a López Obrador frente a Peña Nieto precipitó el cambio de estrategia del PRI. Debería enfocarse en desvirtuar la principal carta de presentación del izquierdista: Su honestidad. Y contra ese aspecto lanzaron todos los obuses mediáticos, reeditaron la acusación de la extrema derecha -es un peligro para México-; tomaron como base el informe presentado por AMLO de los gastos de la actual campaña, lo extrapolaron a las actividades realizadas durante los cinco años posteriores a las elecciones del 2006, lo calcularon en mil 200 millones de pesos y lo acusaron de no informar de esos gastos al IFE, de efectuar un fraude porque dicen no haber encontrado evidencias de la fundación “Honestidad” valiente; montaron el episodio de la recaudación de dinero en una cena en casa de Luis Creel, primo de Santiago del mismo apellido, y con un burdo montaje de un video intentaron hacerlo pasar como un político más que recurre a las mismas artes que el resto para recaudar dinero para las campañas electorales. Nada de eso les funcionó, país estaba inmerso en lo acaecido en las redes sociales, ese era el tema de todas las conversaciones de los interesados en la campaña electoral y la conclusión frecuente era la certidumbre, en unos, de que El Peje alcanzaría a Peña Nieto, y en otros, los más escépticos, o de plano simpatizantes de cualquiera de las otras candidaturas, la inquietud de si le alcanzaría al candidato de las izquierdas para lograr una hazaña electoral. De ahí la importancia del segundo debate. A él llegaron en un verdadero y profundo cambio en las tendencias prevalecientes las semanas anteriores: La ventaja de Peña Nieto estaba, no solo seriamente cuestionada, sino puesta en entredicho la confiabilidad de la mayoría de las empresas encuestadoras e inmerso en una disminución sostenida en las preferencias; Josefina Vázquez Mota perdió el segundo lugar que se le adjudicaba y López Obrador la había rebasado claramente. La candidata del partido gobernante ha quedado fuera de la disputa presidencial y ésta se ha convertido, nuevamente, en una elección parejera, ahora entre Peña Nieto y López Obrador, al igual que las tres elecciones precedentes, las de la época de la plena competencia electoral; plenamente sabedora de ocupar el tercer lugar explotó al máximo esa ubicación y pretendió utilizar tal posición para intentar cambiarlo a base de ataques, críticas y marrullerías, mezcladas con mentiras y verdades. Desnudado, Quadri se reveló tal cual, incapaz (porque a eso no lo mandaron) de emitir crítica alguna a Peña Nieto. Se excedió, para los fines de encubrir su verdadera tarea, en el ataque a López Obrador y Vázquez Mota, de paso, se colocó, no como un aspirante a la presidencia, sino como un ciudadano que les pide a los otros llevar al cabo tal y cual exigencia. Y develó nítidamente su relación con la dirigente sindical del magisterio. Así, el debate poco cambiará en la tendencia de las preferencias electorales, presentada a partir de los acontecimientos de la Ibero y la aparición del #YoSoy 132, es decir, Josefina quedará en un tercer lugar, ya estable, Peña Nieto perdiendo puntos, paulatinamente y López Obrador dando la sensación de que no solo alcanzará, sino que ganará la elección, algo que hasta en Chihuahua se aprecia, independientemente de los círculos sociales, a juzgar por las múltiples y variadas manifestaciones, no solamente las de las calles, sino las que expresan en corto, en privado. Por ello, Peña Nieto no lanzó ataque alguno a AMLO, pero tampoco éste, y los dos debieron defenderse de las acusaciones ideologizadas de la panista, y mentirosas. Porque en descargo de Peña Nieto, lo criticable de la relación de éste con su tío, Arturo Montiel, no es que la hayan tenido, sino que haya solapado los hechos corruptos de éste, denunciados en su tiempo por los mismos priístas. O del ataque a AMLO, por haber pertenecido al PRI, y sólo por ese hecho, sin detenerse a pensar que una buena parte de los últimos candidatos triunfadores de su partido proceden, precisamente, de ese partido, y que todos habían nacido después de la masacre de Tlatelolco. Por tales razones, creer que ganó el debate porque atacó a los otros, sin debatir sus propuestas, es una verdadera equivocación. Y López Obrador, sabedor de que la tendencia prevaleciente es la de su constante crecimiento, no solo en las encuestas, sino en la percepción de millones, que ha arrojado a decenas de miles de jóvenes a las calles, en decenas de manifestaciones como no se había visto en muchos años, y nunca en una campaña electoral presidencial, se dedicó a exponer más que a confrontar, aunque por momentos algunas de sus propuestas y posturas se repetían. Pero más allá de los debates (al momento de redactar este trabajo aún faltaba de realizarse el convocado por el #YoSoy132) lo cierto es que el eje central de la propuesta lopezobradorista ha prendido en amplias capas de la población y ha empatado con las posturas del más poderoso movimiento estudiantil de las últimas décadas, pues aunque pudiera desaparecer, sus posturas, los ejes que aglutinaron a decenas de miles de jóvenes y su poder de convocatoria, así como lo hondo que caló en la sociedad mexicana así lo ubican. Y una poderosa manifestación lo acompaña en la parte final de la campaña. Sus actos de cierre en las capitales estatales así lo demuestran, con la novedad que ahora, a diferencia de seis años atrás, lo masivo de los actos lo acompaña permanentemente, incluso en los enclaves del panismo, como Mexicali, Aguascalientes, San Luis Potosí o Hermosillo (Sí, no en todos gobierna, pero hasta hace poco eran terrenos del blanquiazul), configurando, quizá, la principal característica de la actual campaña. Pero nada de esto pudo realizarse sin la movilización estudiantil que nació, deberá recordarse permanentemente, en las capas medias altas de la ciudad de México y Monterrey. Se tardaron un sexenio en asimilar lo que tanto pregonó en la anterior campaña electoral, por el bien de todos, primero los pobres. Devastado el país por la inseguridad y la crisis económica (a pesar de las más altas reservas del Banco de México) no es una coincidencia que de esos estratos haya provenido la más profunda reflexión acerca del futuro inmediato del país. Sin embargo, conforme pasan los días se recrudece un fenómeno: El incremento de las manifestaciones en contra del candidato priísta, y en algunas de ellas, pocas por cierto, la aparición de agresiones, como la más reciente acaecida en Tepeaca, Puebla, en la que de manera sospechosa el vehículo de Peña Nieto fue atacado inmisericordemente, sin protección alguna, y eso que venía de un acto en el que sus guardias se excedieron y violentamente habían agredido a simpatizantes del priísta, cuando éstos superaron las vallas colocadas para impedir que cualquier persona se acercara al candidato. Eso es lo raro, hay excesos en su protección y decenas de opositores suyos pueden acceder libremente a su vehículo, en el que viajaba prácticamente sin protección. Por todos lados aparecen los datos de la honda preocupación por el ascenso del tabasqueño, en la misma noche del segundo debate, Felipe Calderón, sin haber escuchado o bien, o de otro modo, que lo hizo a sabiendas, criticó a AMLO por la cifra de los 300 mil millones de pesos que el candidato aseguró se podrían ahorrar combatiendo la corrupción y adelgazando la nómina federal. Enganchado, Calderón solo se fijó en la parte de la burocracia y alegó que ni corriendo a todos los trabajadores federales. A tal alegato lo secundaron prácticamente todos los medios de comunicación y los funcionarios federales. En el debate lo había expresado claramente López Obrador. De ese modo, hasta ilegalmente, Calderón pretendió subirse a la polémica electoral, enviando, de pasadita, el mensaje de que su candidata no tuvo, ni la información adecuada, ni probablemente la capacidad -a ojos de Calderón- para defender un aspecto tan importante de la administración federal. En tanto, en las redes sociales se incrementaban las expresiones de repudio al candidato del PRI, a Televisa y al régimen. ¿Alcanzará el tiempo para que se presente un vuelco electoral, sin precedentes en la historia nacional?

Final ominoso

Aserto, 15 de junio de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Conforme fueron apareciendo las evidencias de que la competencia presidencial se apretaba fueron apareciendo con mayor insistencia los hechos en los que la violencia era el signo característico. Ojalá no sea así y el día de los comicios podamos anochecernos con las noticias, independientemente de los resultados, de que la jornada transcurrió tranquilamente. El asesinato de dos personas, en hechos por separado, una en Chiapas y la otra en Guerrero y los varios incidentes en que fueron golpeados opositores al candidato priísta, Enrique Peña Nieto, o en los que algunos manifestantes -de características no precisadas- han agredido el vehículo del priísta, así como el incidente en que una persona armada estuvo junto a López Obrador, y las varias ocasiones en que se han presentado manifestantes en contra de la candidatura del mexiquense, son apenas muestras de lo riesgoso que puede convertirse la parte final de la contienda electoral. De ahí que los primeros en llamar a la mesura, y comportarse dentro de los parámetros de la civilidad política son los protagonistas políticos, especialmente candidatos y dirigentes partidarios. La agresión a la camioneta del candidato priísta en Tepeaca, Puebla, es un muy peligroso incidente, que puede convertirse en uno de los principales antecedentes de lo sostenido líneas arriba. Llama la atención la desprotección del candidato, precisamente porque venía de sufrir un incidente derivado del exceso de protección ofrecida en un acto previo al de la agresión. En tanto que los encargados de la seguridad del candidato en el mitin de la ciudad de Puebla, agredieron a simpatizantes de Peña Nieto porque rebasaron las vallas de una de las zonas reservadas para invitados especiales, en el lugar de la agresión sorprende la falta del operativo desplegado para protegerlo. Debemos decirlo claramente, las condiciones de violencia a que ha estado sometida la sociedad mexicana no pueden desestimarse a la ligera, seguramente que han incidido en el ánimo de muchas personas y la contienda electoral puede desatar muchas pasiones y hacer que puedan presentarse algunos hechos violentos. De ahí que quienes tienen mando sobre los órganos de seguridad del Estado son los que están más obligados a conservar la calma y no incurrir en excesos en las múltiples movilizaciones realizadas a lo largo y ancho del país por simpatizantes de todos los candidatos. Y dentro de tales recomendaciones se incluye, para la clase política, también, el evitar recurrir al linchamiento verbal y al uso de frases incendiarias. El exceso verbal del dirigente estatal del PRI en Chihuahua, Leonel de la Rosa, es el más claro ejemplo de lo que no debe hacerse. Sin más elementos que las simples notas informativas, de la Rosa afirmó que el PRD era el responsable de la agresión sufrida por Peña Nieto en Tepeaca, cuando ni siquiera la dirigencia nacional, o el candidato, hubieren expresado señalamientos semejantes. ¿Que estamos muy lejos del lugar de la agresión? No tiene importancia, dadas las condiciones de las comunicaciones hoy en día, lo importante es que tales conductas pueden convertirse en una especie de llamado a enfrentar con el uso de la violencia verbal, que puede derivar en la física, a los adversarios, habida cuenta que están por venir al estado los candidatos del PRI y de la izquierda y preparar un ambiente distensivo es primordial para evitar que se presenten hechos de tal naturaleza. Preservar el clima de tolerancia y respeto es primordial en las actuales condiciones, intentar prender el ánimo violento es lo que menos necesitamos, los más de 65 mil ejecutados a lo largo de los últimos cinco años es el mejor ejemplo de que la chispa puede encenderse fácilmente. Ojalá no.

Disputa sobre las ruinas

Aserto, 15 de mayo de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Inmersa la clase política en la disputa electoral poco se asoma al agravamiento de la crisis de seguridad pública abatida sobre el país. Literalmente se cierne un empeoramiento del baño de sangre, como lo ha sido a lo largo de los últimos cinco años, y el debate sobre las condiciones en las que la nueva administración federal asumirá las riendas del país, si todavía podrán tomarlas, no aparece. Por todas partes aparecen los signos de una gravísima descomposición, sin que las fuerzas gobernantes en el país asuman sus responsabilidades en momento tan difícil. Preocupados en catalogar al candidato de las izquierdas como el candidato del encono, los insultos y la venganza, o atacarlo porque “paralizó” (sic) el país en 2006, “al tomar la avenida Reforma”, o enfrascados, como desde diciembre de 2006 lo están, acusándose unos a otros de la responsabilidad acerca del crecimiento de los índices delictivos, priístas y panistas se olvidan que en sus manos tienen todos los instrumentos del Estado mexicano para hacerle frente al momento por el que atravesamos. A lo largo de este período gubernamental los mexicanos hemos visto de la enorme capacidad del crimen organizado. Sólo para recordar algunos hechos fundamentales en esta historia, ubiquemos los episodios en los que una organización delictiva fue capaz de colocar en más de 70 ciudades del país, de manera simultánea, un mensaje con el mismo texto y en distintas modalidades de anuncios. Si los gobernantes están calculando que esos grupos criminales no cuentan con la capacidad estratégica suficiente como para saber que el actual es un momento para avanzar en el control sobre más áreas de seguridad y de la conducción política del país, entonces sí que estamos ante la clase gobernante más deficiente de nuestra historia reciente. El vacío de poder existente, que se agrava conforme pasan los días, sobre todo porque los poderes fácticos insisten machaconamente, y con todos sus recursos, para hacerle creer a la población que el resultado de las elecciones es un asunto definido, es mayor porque se hace creer que una nueva fuerza política -el PRI- puede regresar a Palacio Nacional. Y así, como los que están todavía no se van y los que van a llegar aún no lo hacen (tal trabalenguas no es una perogrullada) se abre un peligrosísimo momento para el país porque los grupos criminales intentarán, como lo dice la clase política, “posicionarse” ante los nuevos gobernantes. Las señales son numerosas a lo largo del país, particularmente en las entidades más importantes para el trasiego de las drogas hacia los Estados Unidos, en las que los signos más visibles son las ejecuciones cuyo número se incrementa con los días. La capital de Chihuahua es un ejemplo fehaciente de tal fenómeno. En tanto, la confrontación política continúa y empiezan a aparecer manifestaciones de que tal clima puede agravarse si los dirigentes políticos -y aquí incluimos a los candidatos- insisten en aumentar el encono entre ellos. Y no estamos apostándole a bajar el tono del debate, lo que creemos es que deben conducirlo por el camino del debate de las propuestas, de los señalamientos, del desempeño gubernamental de cada fuerza y para ello se requiere que acuerden presentarse al mayor número de debates posibles, en los que se pueda, a través de los mensajes, imbuir en la población que se está en una contienda democrática y no en la confrontación violenta. Al plantear tal asunto lo hacemos porque ya son varios incidentes que muestran el hartazgo de una parte de la población -y para ejemplo, ahí está el incidente ocurrido a Peña Nieto en la Universidad Ibero Americana-, o la confrontación física entre los seguidores de los candidatos del PRI y la izquierda el día del primer debate. Conducir la campaña en la más amplia apertura para debatir será una de las condiciones para impedir que aparezca del México bronco.

Debate boicoteado

Aserto, 15 de mayo de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES En un entorno marcado por el escepticismo ciudadano y la sospecha acerca de la manipulación televisiva -y en general de los más grandes medios de comunicación del país-, además de una intensa ofensiva de los empresarios de la radio y la televisión en contra del IFE y con el objetivo de presionar a los próximos integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, se celebró el primer debate presidencial de la presente campaña electoral. Con un formato rígido, y con una serie de candados aprobados por los partidos, en lo referente al movimiento de las cámaras televisivas, a la falta de acercamientos, a los tiempos de intervención de los candidatos, la nota sobresaliente en el post debate, especialmente en las redes sociales de la internet, fue la brevísima aparición de la modelo Julia Orayén, con una vestimenta inapropiada para el evento, contratada para que los candidatos tomaran el turno que por sorteo les tocaría. Y si tal detalle ha levantado marejadas de preocupación, más originaron las descontroladas respuestas de los consejeros ciudadanos del IFE, en especial las del consejero presidente, Leonardo Valdés, quien, inquirido acerca del responsable de tal falla, la ubicó en la empresa “contratada”, como si tal asunto fuera ajeno a la responsabilidad de quien conduce el proceso electoral, parte esencial del cual lo constituyen los debates de los candidatos presidenciales. En los días inmediatamente previos el tema central fue -quien lo diría- la negativa de las dos cadenas televisivas a darle la mayor difusión al debate. Por una parte, Ricardo Salinas Pliego, propietario de Tv Azteca, de plano se opuso a transmitirlo y Emilio Azcárraga decidió hacerlo a través del canal 5, que sólo tiene una cobertura de poco más del 40% de los canales de Televisa. Finalmente Salinas Pliego decidió transmitirlo a través del canal 40, el de una ínfima audiencia. Si alguien hubiese planteado que se darían tal serie de coincidencias, podríamos haber dicho que eran imposibles. En primer lugar, el formato y fechas de los debates fueron consensados por los representantes de los candidatos y ahí se ubicó el primer error, los programaron en domingo, a la hora de la mayor audiencia televisiva. Era claro que los dueños de las concesiones televisivas no cambiarían sus programaciones a un debate en el que no ganan absolutamente nada, al contrario de las pasadas campañas electorales. Una vez fijada las fechas, la Federación Mexicana de Futbol resolvió, a petición de la directiva del equipo Monarcas de Morelia -propiedad de Salinas Pliego- realizar el segundo partido contra el Tigres de la UANL a la misma hora del debate -cosa desusada en el caso del Morelia- y luego, de manera hasta cínica el beneficiario de la colecta efectuada por Raúl Salinas de Gortari, de millones de dólares sin recibos de por medio, que sirvieron para que Salinas Pliego adquiriera Inversión, para transformarla en Tv Azteca, se mofó del IFE y de los partidos políticos. Desde luego podemos equivocarnos, pero resulta altamente sospechoso que nadie se hubiese planteado, en los minutos inmediatamente previos al debate, la pertinencia de una vestimenta como la portada por la modelo y que podría generar una serie de comentarios como los que han abarrotado a todos los medios de comunicación. Es muy probable que alguien haya pensado en la necesidad -por supuesto para quienes encabezan las encuestas- de lanzar un distractor para las redes sociales de internet y de ese modo prevenir que se generase una avalancha de comentarios adversos, dados los antecedentes en los que, tanto al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, como a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, no les había ido bien. Más aún, y como lo vimos en la mismísima noche del debate, ambos partidos se habían preparado para festejar el triunfo de su respectivo candidato. ¿Por qué no pensar que una variante como la ahora señalada la hubiesen previsto también? Pero al paso de los días, han aparecido más inquietantes coincidencias, ahora resulta que la empresa contratada para aportar todos los aspectos técnicos del debate había solicitado a Tv Azteca la renta del equipo televisivo para transmitirlo y en el colmo de las coincidencias ¡Hasta el maquillista contratado pertenecía a esa empresa televisora! ¿Quién ganó el debate? Esa es la pregunta y la conclusión a la que se ha lanzado a la sociedad entera, decretar un ganador de la confrontación que ahora alcanzó momentos de verdadero debate, interrumpidos por la rigidez del formato, pero que es imposible, de manera imparcial, declarar triunfador a alguno de ellos pues, necesariamente, para hacerlo, es imposible desligarse de las filias y fobias personales, incluidos aquellos reporteros -si acaso existiesen- que no las tuvieren. Y ahí radica el problema. No se puede decretar un ganador del mismo porque la inmensa mayoría de quienes lo vieron lo van a calificar de acuerdo con su estructura mental, sus concepciones y sus filias. No se trata de un partido de fútbol -o de cualquier otro deporte- en el que la manera de calificar es objetiva -cuántas veces entró el balón a la meta de cada equipo-. Seguramente que la mejor manera de medir quienes resultaron triunfadores es a través de las mediciones de las preferencias electorales (las verdaderas, las que se realizan para hacer esa medición y no las efectuadas para usarlas como instrumento de campaña) en las que se podrán apreciar las variaciones motivadas, sobre todo, por el debate. Con esa concepción, es probable que la perdedora sea la abanderada del PAN, si se confirma, en las encuestas, lo que mostraron los primeros sondeos en los que perdía el segundo lugar y era rebasada por el candidato de las izquierdas, -el Movimiento Progresista- Andrés Manuel López Obrador, y éste obtenía -y seguramente más que en los sondeos, en la percepción ciudadana- un ligero incremento en las preferencias electorales. A su vez, el candidato priísta logró mostrarse ante el país que no era el político sin tantas incapacidades que había permeado en la sociedad, merced a sus desaciertos anteriores y su persistente rechazo a participar en eventos no organizados por su partido. Tales afanes por encontrar un ganador tienen un solo propósito, como se ha hecho con las encuestas dadas a conocer de manera interesada por todos los protagonistas político-electorales, convertir tal hecho en instrumento electoral. Y ahora resulta que el triunfador, a ojos de muchos, fue el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri. Pero al contrario de la percepción de una buena parte de los televidentes, Quadri fue el candidato que reforzó la tarea del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto y presentó las propuestas más regresivas de la noche del domingo anterior. ¿Se imaginan que desaparezca el subsidio gubernamental al precio de la gasolina? ¿Soportaremos que se dispare a niveles de 20 pesos por litro? ¿Se imaginará el impacto inflacionario de tal medida? ¿O que desaparezcan los apoyos a los productores del campo, a través de Procampo y otros semejantes? ¿Sabrá Quadri que Japón y Estados Unidos, solo por mencionar a dos países desarrollados, subsidian a sus productores rurales, y no con migajas como aquí? Además se dijo partidario de cobrar peaje en los segundos pisos (por supuesto que cuando expresó lo anterior, AMLO se había ufanado de hacerlo gratuito en el DF, al contrario de lo construido por Peña Nieto en el Edomex) y de desaparecer el Procampo. Pero más allá de la participación del candidato del Panal, la inmensa mayoría de los medios de comunicación y algunos de los principales conductores de ellos, se han lanzado a la tarea de hacerle ver a los mexicanos que el debate fue ganado por Quadri y Peña Nieto, que López Obrador no dijo nada nuevo, que Josefina Vázquez no levanta y que el debate se convirtió en un ejercicio desechable. Sin embargo, las posturas expresadas por los principales candidatos, especialmente Peña Nieto y Vázquez Mota sí que son para preocuparse en extremo. Entre ellos destacan el financiamiento a los medios de comunicación, el petróleo, la corrupción gubernamental, el gasto corriente del gobierno, que implica fundamentalmente los salarios de los funcionarios de la administración federal, el número de diputados plurinominales, las inversiones en obra pública y los cobros en ella, las redes de comunicaciones, en especial las televisivas. En uno de los más ríspidos intercambios entre el priísta y el perredista, el del financiamiento a los medios de comunicación, Peña Nieto lanzó un obús que al paso de los días se le revertirá y que constituye el eje central de las acusaciones en contra de Peña Nieto, el de ser producto de las empresas televisivas, porque gastó inmensas fortunas en esa construcción de su imagen. Peña Nieto afirmó que el gobierno de López Obrador había gastado el doble que el suyo en comunicación social, mil millones de pesos, dijo. Por lo que, en su versión, la suma empleada por el mexiquense fue de 500 millones de pesos. López Obrador contestó y aseveró que Peña Nieto tan solo en dos años habían empleado 591 en un solo medio, Televisa. Y el viernes, el periódico Reforma publicó una información más preocupante y que echa por tierra las afirmaciones de Peña Nieto. El periódico, con documentos oficiales proporcionados a través de Transparencia del Estado de México, afirma que el ex gobernador pagó 52 millones de pesos en el sexenio tan solo para se efectuaran comentarios favorables a su gobierno y persona en distintos noticieros televisivos y radiales. (Nota de Enrique I. Gómez y Arturo Espinosa, Reforma, 11/V/12). El pago de tal cantidad era por el concepto de "apoyos informativos" que no eran, ni se contrataron así, spots formalmente contratados, sino “comentarios o entrevistas con conductores radiofónicos”, en un monto, en el que, por lo menos lo informado por el periódico, el 62% de ese dinero fue para pagar “menciones” en noticieros, entre los que se encuentra el de la estrella de Televisa, Joaquín López Dóriga, a través de “la razón social Astron Publicidad (que) cobró 9.2 millones de pesos al Gobierno del Edomex por el concepto comentarios... transmitidos dentro de su noticiero 'Joaquín López-Dóriga' y en el noticiero de Oscar Mario Beteta". De acuerdo con esta información “En total, el Gobierno del Edomex gastó 990.6 millones de pesos entre 2005 y 2011 en el rubro del programa de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo”. Antes se les llamaba “chayotes” a dichas maniobras corruptas. Más. Una investigación del reportero Jenaro Villamil, contenida en el libro “Si yo fuera presidente”, publicado en 2009, demostró que en 2005, Peña Nieto pactó el pago de 691 millones de pesos a publicidad televisiva (solo en Televisa), 327 de los cuales se destinarían a spots y 364 millones de pesos distribuidos en 180 notas informativas en los noticieros (305 mdp), pago de reportajes en la serie “Los Reporteros” de canal 2 de Televisa, seis entrevistas en varios noticieros y 10 millones de pesos para tres programas de “Zona abierta” conducido por Héctor Aguilar Camín. Además, el paquete de ese año incluía el pago de 37 publirreportajes en los impresos de Televisa. Con un costo de 10 millones 781 mil pesos el flamante gobernador que pretendía deslindarse de su tío, Arturo Montiel (así se lo aconsejaron mediante el pago de 47 millones de pesos pagados a otra empresa de Televisa) y encaminarse a la presidencia de la república, apareció en las páginas de Eres, Furia Musical, Cosmopolitan, Vanidades, Muy Interesante, Teleguía, y Tv Novelas. ¡Nomás! El reportero Villamil asegura que este plan se cumplió en todos los años del gobierno del mexiquense, de ahí que los señalamientos del tabasqueño se quedaran cortos y los efectos de ellos se verán en el curso de los próximos días. Pero ese tema le permitió a López Obrador realizar una de los más recordados señalamientos al priísta pues éste recordó el tema del dinero entregado por Carlos Ahumada a René Bejarano, lo que motivó una muy ágil respuesta del tabasqueño: “Le faltó mencionar a Ponce, que fue secretario de Finanzas de mi gobierno, pero él está en la cárcel y Bejarano estuvo también en la cárcel y usted está ahora aquí de candidato”, en una directísima acusación pues el puesto ocupado por Ponce era el similar al que Peña Nieto tuvo en la administración de su tío, Arturo Montiel, al que hasta su propia ex esposa (ahora en litigio por la custodia de sus hijos) ha denunciado que cuenta con una fortuna muy por encima de sus ingresos económicos, obtenidos de manera legal. Pero si en el pasado nos quejamos de las numerosas promesas de campaña, generalmente incumplidas, el debate fue pródigo. Vázquez Mota propuso la desaparición de las cuotas obrero-patronales, sin abundar en esa propuesta a todas luces imposible de cumplir, a menos que se proponga la desaparición del Imss y del ISSSTE pues éstos no podrían subsistir sin ese esquema de financiamiento. Luego, propuso la creación de una policía militarizada, ¿Única, en lugar de las policías estatales y las municipales, o solamente para sustituir a la federal? Quién sabe. Además, y para hacerse grata a los ojos de quienes, sin razonar acerca de una propuesta tan absurda como la de desaparecer a los diputados plurinominales, la abanderada del PAN la hizo suya. Peña Nieto, más moderado, pero en el mismo sentido, propuso la desaparición de 100 diputados “pluris”, y ninguno de ellos abundó en la necesidad de la reforma política que nos lleve al establecimiento de un régimen parlamentario, o semi parlamentario. Pero en cualquiera de las posturas, ninguno abordó el principal argumento de quienes impulsan tal propuesta que es el del ahorro presupuestario, sin que se sopese el inmenso gasto representado por la burocracia federal de los primeros niveles, que abarca hasta los delegados estatales de las dependencias federales, que en muchos de los casos cuentan con salarios por encima de los gobernantes estatales. Luego, Peña Nieto prometió que en su gobierno se crearía el seguro popular para toda la población y solo mencionaba, como todos en los últimos diez años, que se deberían aprobar las reformas estructurales, en especial la hacendaria, y que en éste sentido deberían “pagar más quienes tuvieran más”, en una réplica de la propuesta que el perredista ha hecho suya desde los lejanos tiempos de la campaña del año 2000. Y en tanto pasaba todo eso y Josefina insistía en acusar a Peña Nieto de no cumplir con sus compromisos en el Estado de México y de encabezar un gobierno corrupto en el EdoMex y éste le restregaba sus numerosas ausencias en las votaciones de asuntos trascendentales en la Cámara de Diputados, López Obrador insistía en la repetición de su principal argumento, la existencia de un grupo “que domina, que manda, pues los políticos son parapetos”, decía, sin apartarse de esa postura que le ha merecido el reclamo y el rechazo de numerosos ciudadanos de las capas medias, sobre todo las altas, pero que los primeros sondeos muestran que está calando en segmentos de todas las capas, según lo dejan ver, además de tales mediciones, el respaldo recibido por el tabasqueño en la Universidad Ibero Americana y en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, y en los actos celebrados en la capital regiomontana, al contrario de lo sucedido alrededor de Peña Nieto, especialmente en la primera institución educativa, en la que fue objeto de un masivo rechazo, del cual la cadena periodística Organización Editorial Mexicana (OEM), y a la cual pertenece el matutino local El Heraldo de Chihuahua, no se percató. Y si se necesitara ubicar un tema en cual se apreciara mejor la existencia de dos posturas encontradas, entre las de izquierda y derecha, ese fue el del petróleo. Ahí coincidieron Peña Nieto, Vázquez Mota y Quadri. Los tres, con distinto matiz, expresaron su acuerdo en impulsar la privatización de Pemex, en las áreas que ahora está prohibido y justamente cuando hace unas cuantas semanas se ha destapado la inmensa corrupción alrededor de la empresa española Repsol a raíz de la nacionalización que de sus empresas ha hecho el gobierno argentino de Cristina Fernández. Pero Peña Nieto reculó en la postura que ha presentado, sobre todo en el extranjero, pues afirmó que no era una privatización lo propuesto por él, sino una “modernización”. Ajá. La panista insistió en la vieja propuesta de Felipe Calderón, en la de hacernos dueños, a todos, dijo, de Pemex a través de la creación de los bonos petroleros. Propuesta rechazada masivamente en el debate nacional del 2007 y 2008. Más astuto, o menos comprometido, Quadri aludió al ejemplo de la empresa brasileña Petrobras, sin tomar en cuenta que incluso esta empresa estatal ha echado atrás los procesos de privatización iniciados por el gobierno de Luis Enrique Cardoso, y no por el de Luis Inacio Silva, Lula. Quienes impulsan tal privatización dejan de lado un argumento que es irrebatible (planteado en numerosos escenarios por el periodista Alejandro Salmón, en el entorno local) consistente en que parece de locos proponer la venta de un negocio que permite muy elevadas utilidades, pues la extracción de un barril de petróleo cuesta en México alrededor de 7 dólares y se vende por encima de los 80, dependiendo de la fluctuación del mercado mundial. Todos abordaron el tema del nuevo sistema de justicia penal, pero ninguno mencionó que tal sistema funcionará si se le otorga autonomía al ministerio público, verdadero cuello de botella de tal reforma. Queda, para la reflexión y la preocupación, la actitud de las empresas televisoras (que debemos recordar, no son empresas ajenas a los hombres más poderosos de México, al contrario, forman parte de las propiedades de éstos, incluida la refresquera más importante del mundo, Coca Cola) pues la transmisión del debate solo incluyó al canal 5 de Televisa (que sólo llega al 40% de los usuarios) y el canal 40 de Tv Azteca, de una escasísima audiencia, al contrario del canal 2 de Televisa, que llega a más del 90% de los mexicanos y de canal 13, de Tv Azteca, con una cobertura cercana al 70% de las localidades en el país. De ese modo, por ejemplo, solo los habitantes de las ciudades de Juárez y Chihuahua, en nuestra entidad, pudieron verlo a través de la señal abierta, es decir, dejaron fuera de tal evento al 39% de la población. ¡Nomás! Y en tal conducta, las televisoras fueron avaladas vergonzosamente por la mayoría de los consejeros electorales del IFE, que se negaron a ¡Solicitar! el establecimiento de la cadena nacional para la transmisión del debate. Sólo tenían que aprobar la solicitud, sabedores de que el gobierno de Calderón ya había manifestado que si lo hacían serían respaldados en tal resolución. Ganaron, nuevamente, los poderes fácticos. Todo, con tal de impedir que se vieran en cadena nacional los argumentos de sus candidatos. asertodechihuahua@yahoo.com.mx Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com

Elección cuasi referendista

Aserto, 15 de abril de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Iniciadas las campañas electorales, de la que podría considerarse la tercera etapa de elecciones presidenciales referendistas, es el momento de reflexionar -y sobre todo la clase política- acerca del rumbo de los procesos electorales, de la conducción del país, del sistema de partidos, de la composición de los órganos ciudadanizados, es decir, de un conjunto de aspectos de la vida política, social y económica que claramente hablan del agotamiento del régimen político hasta ahora existente en México. No se trata solamente de la posibilidad de que regrese el PRI al gobierno nacional, o de que la izquierda acceda al poder, o la continuidad de los gobiernos panistas, cualquiera que sea el resultado de las elecciones lo cierto es que estamos frente a una crisis de las instituciones creadas a lo largo del siglo anterior, y de las que lo fueron a lo largo de los últimos veinte años y que rápidamente se subsumieron en esa misma crisis. Las elecciones del 2000 y 2006 fueron una especie de referéndum, en ambas, al final, se convirtieron en una especie de segunda vuelta electoral pues privó en ellas el voto útil. Así, en la primera de ellas la pregunta que se hicieron los electores fue la de si debería seguir gobernando el PRI. La mayoría llegó a la conclusión de que no y, por tanto, decidieron, incluso votantes típicamente de izquierda, hacerlo por el candidato que parecía estar en mejores condiciones de derrotar al tricolor, Vicente Fox, y abandonaron al de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. En 2006, inmerso el país en una ríspida polarización, alentada sobre todo por Fox, se llegó hasta el extremo de imponer como pregunta referendista si debía llegar o no al gobierno un hombre de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. El país se fracturó a la mitad. En tanto unos lo consideraron un peligro para México -haciéndose eco de la propaganda del PAN y de los más poderosos hombres de empresa de México- la otra mitad se volcó en su apoyo. En tal disyuntiva, la mayoría de los electores del PRI, que resolvieron no hacerlo por este partido ante el hecho real que su candidato no ganaría, lo hicieron por el candidato del PAN, Felipe Calderón. En ese sentido actuaron varios de los priístas más connotados, incluida la recientemente salida del PRI, Elba Esther Gordillo, que se convirtió en un factor determinante en el resultado final. Hoy, el electorado mexicano acude a una elección cuasi referendista, deberá decidir si regresa, o no, el PRI a Palacio Nacional. A tal cuestionamiento le han dedicado su mayor atención el partido del gobierno -el PAN- y Felipe Calderón y seguramente se convertirá en uno de los principales ejes de la candidata de este partido, Josefina Vázquez Mota. El problema de tal disyuntiva es que, vista desde la óptica del blanquiazul, significaría la continuidad, por tercer sexenio consecutivo, del panismo en el gobierno y sus resultados están muy lejos de ser las mejores prendas que convenzan al electoral de otorgarle nuevamente su confianza. Y, por el otro lado, por lo menos en las mediciones de las preferencias electorales más confiables, el candidato de la izquierda, nuevamente Andrés Manuel López Obrador, no se encuentra, al momento de iniciar la campaña, en números cercanos al puntero, Enrique Peña Nieto. Nada está dicho, las distancias entre ellos pueden cambiar a lo largo de la campaña, y de manera más drástica si sucedieran cosas que se les fueran del control a quienes hoy se encuentran a la cabeza. Además, y es una novedad del actual proceso electoral, será la primera ocasión que las redes sociales de internet actuarán con mayor influencia y ese es un espacio en el que aún no se puede determinar quien goza de las preferencias. No se trata solamente de quienes “navegan” en ellas, sino de la influencia que ejercen en el resto de la sociedad, y esa será una novedad. Lanzada la moneda al aire, el ganador no podrá gobernar como hasta ahora lo han hecho, estará obligado a cambiar las estructuras del actual Estado mexicano.

Cárceles sin ley

Aserto, 15 de marzo de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Los más recientes acontecimientos ocurridos en el penal estatal de Juárez constituyen uno de los más graves sucesos ocurridos en la entidad. Al hacer semejante conclusión no deja de tomarse en cuenta el enorme baño de sangre ocurrido a partir de los primeros meses del año 2008 y la consecuente puesta en vigor de la Operación Conjunta Chihuahua. A la larga lista de episodios intensamente cruentos al interior de los penales -prácticamente en todos- en la que la suma de los asesinatos asciende a varias decenas, se vino a sumar el hecho, hasta ahora no desmentido por autoridad alguna, de que las armas encontradas recientemente eran las usadas en la comisión de crímenes afuera del reclusorio, de ahí el que fueran encontradas en tan buenas condiciones. Se podrá argumentar una y mil excusas, lo cierto es que el número de armas encontradas y su concordancia con los hallazgos de las pruebas periciales realizadas en varias escenas del crimen, de acuerdo con la versión oficial de la Fiscalía General de la Zona Norte, revela la profundidad de la corrupción y de las complicidades alguna parte del mundo oficial con el mundo del crimen, a tan alto grado que hace temer lo peor, es decir, que las fronteras entre uno y otro dejen de existir, o simplemente ya no existen. A tan peligrosas circunstancias viene a sumarse el fin de sexenio federal, ámbito al que compete la terrible situación por la que atravesamos, ya en otra ocasión hemos hablado de las increíbles limitaciones de las fuerzas de las entidades para hacer frente al crimen organizado, no solamente en la correlación de fuerzas y armas, sino también en el de las competencias y facultades, de ahí que adquiera una gran importancia el hecho de que la sucesión se dé en los mejores términos (y no hablamos que disminuyan la intensidad de la confrontación, sería pedir lo imposible a las actuales fuerzas políticas), y la entrega del poder se haga de inmediato mediante la instalación de los equipos de entrega-recepción y que estos funcionen adecuadamente para evitar que el largo impasse entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo presidente de la república se convierta en un verdadero infierno, peor que lo vivido hasta ahora. En ese escenario, terrible, lo existente en los penales de Chihuahua puede convertirse en uno de los factores que más pueden contribuir a la desestabilización del orden legal establecido y los hombres del crimen pueden llegar a ser extraordinariamente decisivos en el rumbo del país. El problema es que desde los penales pareciera que se arman los comandos que siembran el terror afuera de ellos -tal es la lectura que podemos hacer por los hallazgos referidos- lo que nos llevaría a concluir que la autoridad y los criminales son un solo cuerpo -por lo menos en el caso que nos ocupa- con circunstancias aún peores, como lo es que por la dirección de ese penal han pasado mandos pertenecientes a todos los grupos policiacos y militares existentes. De ahí que, -si no se consideraba así, se deberá cambiar- una de las principales prioridades en el ámbito de la seguridad pública, para la administración estatal, será el de poner un hasta aquí al evidente descontrol e ingobernabilidad existente en los penales, pues de no hacerlo muy caro le costará, no solamente en términos de rentabilidad electoral, sino del agravamiento de la crisis de seguridad pública por la que atravesamos. No es novedad asentar que deberá hacerlo con prontitud y eficacia, y partiendo del hecho que muy poco auxilio podrá esperar de una administración federal interesada solo en la contienda electoral y la que intenta, con desesperación, influir en el rumbo de la contienda. Y cinco meses es mucho tiempo, se puede desbarrancar el país.